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general santelices acusa ataque


General que dejó su cargo por su vinculación con los crímenes de la ‘Caravana de la Muerte' entregó mando de la Guarnición Militar de Santiago y emitió una declaración en la que asegura que sólo cumplió órdenes.
Santiago, Chile. Gonzalo Santelices, el general cuya renuncia voluntaria fue aceptada ayer por el comandante en jefe de la institución, Oscar Izurieta, emitió una declaración en la que enfatizó que en la época de su participación en el episodio Antofagasta de la Caravana de la Muerte era "impensado no cumplir una orden de un superior".
El hoy retirado general dio a conocer un texto tras proceder al cambio de mando de la Guarnición Militar de Santiago, cargo que dejó en manos del general Pedro Olid, tras una breve ceremonia privada realizada en el edificio de las Fuerzas Armadas.
El ex uniformado leyó el texto, de los cuales algunos párrafos fueron adelantados hoy por algunos medios de comunicación, tras lo cual no aceptó preguntas de la prensa.
En su dura declaración, Santelices señala que "me parece incomprensible y doloroso este el virulento ataque se hace a través mío al Ejército, que en definitiva puede causar un grave daño a Chile, porque el odio sólo engendra odio".
Más tarde, insistió en este punto al remarcar que "sólo tengo un gran sentimiento de preocupación por Chile, debido a que quienes propician el odio, no quieren la reconciliación y la paz que la mayoría desea, tienen cada vez mas éxito en el cumplimiento de sus especiales propósitos".
Reseña que "hace siete años comparecí como corresponde a cualquier ciudadano ante el juez Juan Guzmán con estricto apego a la verdad, como lo indica el honor militar, señalando con detalle todo lo ocurrido hacía más de treinta años atrás", añadiendo que tras esa declaración el magistrado "no me formuló cargo alguno".
En dicho testimonio judicial, que data de 2002, Santelices admitió que, siendo un subteniente de la Escuela de Blindados de Antofagasta, retiró a catorce detenidos desde la cárcel de esa ciudad, los condujo en dos camiones militares hasta un lugar de la pampa, los bajó y formó frente a los vehículos con la luces encendidas para que el escuadrón del general Sergio Arellano Stark y oficiales superiores de la Escuela de Blindados les dieran muerte. También reconoció haber recogido los cadáveres y llevado a la morgue en los mismos camiones.
Si bien en 2002 Santelices declaró como testigo ("bajo promesa de decir verdad"), ahora será interrogado en marzo en calidad de inculpado por el juez Víctor Montiglio, que instruye el proceso por estos episodios. Esto implica que está "exhortado" a decir la verdad como declaran quienes lo hacen en calidad de inculpados en el sistema procesal penal antiguo.
El renunciado general aprovechó la oportunidad de defender su trayectoria posterior a los hechos de Antofagasta, señalando que "como consecuencia del impacto que tuvo lo vivido por mí a los veinte años de edad, aun siendo menor de edad en esa época, me propuse firmemente trabajar en el Ejército en pro de la enseñanza de valores y principios basados en la verdad y en el honor militar, así como en la enseñanza de derechos humanos".

5 de febrero de 2008
©la nación
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boicot a uva de copiapó


Buscan boicotear uva de mesa copiapina en el extranjero. La campaña es impulsada desde el Sindicato de Trabajadores Temporeros y busca poner el tema a nivel mundial.
Copiapó, Chile. Una serie de organizaciones civiles europeas, tanto de España como Italia, están colaborando en una campaña internacional para boicotear el consumo de uva de mesa proveniente del valle de Copiapó, como una manera de apoyar las demandas salariales y laborales de los temporeros de la zona, quienes iniciaron movilizaciones en el último tiempo para mejorar sus condiciones de trabajo.
A través de correos electrónicos, la campaña consiste hasta el momento, en el envío de una carta a la que se pide adherir y en la que se describe el conflicto del sector, resaltando los apremios que viven los trabajadores temporeros. Así mismo, se adjunta un afiche con fotografías de los obreros en sus protestas.
La misiva señala que "mientras esas justas condiciones no lleguen, no se cumplan, devolveré la uva de Chile y fomentaré el boicot de este producto por todos mis medios".
El escrito solicita que la adhesión a la campaña sea enviada a una serie de correos electrónicos detallados en la carta, entre ellos, los del presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, Ronald Bown y la subsecretaria del Trabajo, Patricia Silva, medios de comunicación y autoridades regionales.
Entre las agrupaciones a las que ha sido enviada la misiva con la campaña, están las italianas Altromercato y Liberomondo, dedicadas al comercio justo y la solidaridad, además de sitios informativos y religiosos que tienen contacto directo con organizaciones ciudadanas.

Detener Compra
La campaña es impulsada desde el Sindicato de Trabajadores Temporeros, y según su secretario, Gabriel Pino, la idea es "buscar una vía para que se estanque la compra de uva allá en Europa, directamente, por el tema de la explotación".
El dirigente señaló que "tenemos que hacer saber a nivel mundial a qué costo humano sale la fruta", añadiendo que esta es una forma de denunciar que, de alguna manera, no se están respetando las reglas de producción responsable a que obligan los acuerdos comerciales suscritos por Chile con los países europeos, en este caso. Pino dijo que esperan estrechar lazos con organizaciones civiles del viejo continente.

5 de febrero de 2008
©diario de atacama
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hay más criminales entre militares


Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos afirma que hay más violadores de derechos humanos en el ejército.
Santiago, Chile. La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Afdd), Viviana Díaz, afirmó que en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se manejan antecedentes respecto a la participación de funcionarios activos en hechos donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, como el caso del recientemente renunciado general de División, Gonzalo Santelices.
"Nosotros siempre hemos dicho que los antecedentes existen al interior de las Fuerzas Armadas. Cuando conversamos con el general Izurieta, él decía que no había más personas involucradas, que no habían antecedentes, y esto demuestra que siguen quedando personas al interior del Ejército, en este caso específico, que tuvieron participación y un grado de responsabilidad en los hechos, aún habiendo sido jóvenes subtenientes", sostuvo la dirigente a Agencia UPI.
Estas declaraciones surgen en respuesta a los dichos del comandante en jefe de la institución, general Óscar Izurieta, quien arguyó que el dimitido oficial tenía su hoja de vida limpia, y por eso habría ocupado el cargo que tenía, correspondiente a la jefatura de la Guarnición Militar de Santiago.
Izurieta informó este lunes que aceptó la renuncia de Santelices, quien aparece implicado en una arista del caso de violaciones a los DD.HH., protagonizadas en la llamada ‘Caravana de la Muerte'.
"Nosotros conversamos con la Presidenta de la República, en su momento ministra de Defensa, que no podíamos entender que no hubiese rigurosidad, a la hora de ascender a los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad", manifestó Díaz.
"No es posible que lleguen a generales de la República personas que tuvieron participación directa o indirecta en estos hechos", agregó.
Este planteamiento se basa en que según Díaz esto formaría parte de toda la historia del Ejército, porque en el pasado las FF.AA. negaron la existencia de los detenidos desaparecidos.
"Esto no ha sido algo que haya dependido de ellos, aportar los antecedentes ha sido producto de todo un esfuerzo que hemos tenido que realizar los familiares, junto a los abogados, por más de tres décadas en nuestro país", advirtió la vicepresidenta de Afdd.

Expectativa de Justicia
Respecto al actuar de los tribunales chilenos en estas causas, Díaz comentó que "valoramos que los jueces que están investigando, están realmente administrando justicia, y eso ha permitido avanzar en un número importante de causas".
Dentro de las expectativas de la agrupación en torno al poder judicial, se encuentra el que "no solamente algunos puedan ser investigados, sino que la totalidad de casos, de norte a sur del país, cuenten con un juez de dedicación exclusiva, que pueda investigar todo esto", concluyó.

5 de febrero de 2008
©la nación
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el ermitaño de la ruta 5 norte


[Mario Sánchez Péres] La enigmática historia del ermitaño de la Ruta 5 Norte.
Kilometro 1268, Panamericana Norte. A la altura del kilómetro 1268 de la Panamericana, sobrevive este extraño hombre que dice ser un feto no nato o un guardián del desierto y un ángel que espera ser enviado a un paraíso terrenal. Mientras vive en el medio de la nada.
La comida la saca de lo que le regalan los buses, es así como se alimenta este hombre, que por su contextura parece no tener problemas alimenticios.
El agua se la dan los camioneros, amigos de siempre de este personaje. Los reconoce, los saluda y a veces conversa con ellos, les da su bendición y los ayuda.

Explicaciones
La animita ubicada en este lugar está edificada en recuerdo de Patricio Cortés Durán, quien según lo escrito en la cripta se reunió con su madre.
Puede que éste sea el hijo que este ermitaño perdió y que lo hizo cambiar su vida por ésta, donde es dueño de toda la inmensidad. No se sabe, nadie tiene certeza de que así sea.
Lo cierto es que sigue ahí en la ruta, caminando de un lado a otro, recorriendo kilómetros de distancia en el medio de la pampa feroz que lo azota.
Quizás es verdad que es un mensajero, probablemente este lugar sí tiene algo de extrasensorial. A lo mejor él está en lo correcto y todos nosotros equivocados. Nadie por ahora lo sabe.

Para Tener en Cuenta
Quizá todo lo expresado por Luis es fruto de una locura aumentada por su situación en que vive, por el dolor de perderlo todo o por la increíble soledad en que vive.
Sin embargo, no son pocos los avistamientos de objetos voladores no identificados que se han registrado en esta zona y sólo por referencia, esta animita está a pocos kilómetros del observatorio astronómico más grande del mundo.
Por ello quizá sí se trate de un lugar especial. Un lugar donde se reúnen elementos místicos difíciles de explicar o Luis Álvarez Soroya es alguien que sabe más que todos nosotros.
La respuesta está en su cabeza. Cubierta y curtida por los inclementes rayos del sol y por el frío terrible de la pampa.
Luis por ahora se sumerge en su mundo paralelo en esa soledad extraña de saberse en el medio de la nada. Esperando que su hijo renazca desde las cenizas.
Esperando que el tiempo se lo lleve como a todos sus seres queridos. Por ahora, sólo camina en la soledad, camina acompañado de sus números e ideas. Sólo y ermitaño.
Luis Álvarez dice que en la construcción de esta extraordinaria edificación fue ayudado por los espíritus. Que es un santuario para que los visitantes de mundos paralelos puedan sentirse cómodos y que está sólo reservado para los niños de este mundo terrenal.
Dice que su nombre es Luis Alberto Álvarez Soroya, dice que su edad es 54 años y entre un mar de frases inconexas cuenta que proviene de Iquique. Esta es parte de la historia de un ser enigmático y que en las carreteras del norte se ha vuelto legendario.
La zona tiene una extraña pero inconfundible belleza. Rodeada por la pampa más desoladora. Es un lugar casi místico donde la soledad es el elemento más sobrecogedor.

Historia del Ermitaño de la Ruta 5
Cuenta la historia que su hijo murió en esta fatídica carretera, a la altura del kilómetro 1268 y ante la pena de su partida, este hombre de expresión enigmática y rasgos duros, partió a vivir en el medio de la nada.
¿Cuánto hay de leyenda y cuánto hay de verdad en estas afirmaciones? Ni siquiera él puede dar pistas de ese pasado trágico, ni siquiera él puede entregar una respuesta a la pregunta esencial de este caso. ¿Porqué vivir en el medio de la nada?
Dice llamarse Luis Álvarez Soroya, pero es conocido como el ermitaño de la Ruta 5 Norte. Vive a la altura del kilómetro 1268 de la Carretera Panamericana y su vida es todo un misterio.
Lo cierto es que este hombre, al parecer culto y de modales educados, comenzó a vivir en esta animita que hoy se ha convertido en todo un búnker hace más de cinco años.
Su casa es una serie de instalaciones parecidas a los ayllús de San Pedro de Atacama, regados con cal y en forma de iglú, se mimetizan en el calor desgarrador del desierto más inhóspito del mundo.
Al acercarse a la animita , Luis camina por la inmensidad de la pampa con dos baldes vacíos, unas vistosas orejeras y una barba de siempre.
Su primera frase es un "muy buenas tardes, ¿cómo les va?. Entonces uno cae en cuenta que esta persona es educada. Sin embargo, luego remata la frase con un: "¿Sabes?, yo soy el guardián del universo y ese lugar donde ustedes están es mi lápida, la construyeron mis abuelos para mi muerte que será en el 2025 después de la gran era".
Entonces nos pregunta el motivo de tan "grata visita". Y uno no sabe qué decir.
Nos identificados como reporteros y queremos saber cómo llegó ahí y cuál es su historia.
Luis se toma un tiempo y retoma su conversación mientras camina al lado de la carretera. Son las 13.30 horas y la temperatura en este paraje se eleva por sobre los cuarenta grados. Ni hablar de sombra.
Se acerca a su refugio y saluda a los demás reporteros que nos encontramos esperándolo. Nos dice que depende del día, es un guardián o un emisario de un mundo exterior, que tiene contacto con seres de otro planeta.
Señala que en ese lugar suelen visitarlo fantasmas o seres extraplanetarios que le ayudaron a construir esta impresionante edificación. Que su casa es un templo de oración de mundos místicos y que él es el guardián.
La entrada a este búnker está velada, dice que sólo pueden entrar niños y que él está en la continua búsqueda de la verdad eterna.
Todos los términos muy bien estudiados. Todo envuelto en esa aura de simbolismos. Nos cuenta que él es un "no nato" o sea que él nacerá en unos cinco años más, cuando el mundo se purifique y esté capacitado para entender lo que realmente pasa en el universo.

5 de febrero de 2008
©estrella del norte
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trasladan a la chepa a temuco


Anoche fue trasladada Patricia Troncoso a Temuco.
Chillán/Temuco, Chile. Tal como llegó, en completo hermetismo, pasadas las 21.30 horas de anoche fue trasladada desde el Hospital Herminda Martín de Chillán la comunera mapuche Patricia Troncoso Robles, quien el pasado miércoles terminó una extensa huelga de hambre que mantuvo durante 112 días. El procedimiento, autorizado por su equipo médico tratante y llevado a cabo por personal de Gendarmería, tomó sólo algunos minutos y permitió que la ‘Chepa' retornara al hospital de Temuco, desde donde fue retirada el pasado 15 de enero, en una suerte de movida estratégica del gobierno para descongestionar a la zona de la Araucanía del conflicto mapuche. De esta forma, la comunera, quien cumple una condena de diez años por su participación en la quema de un fundo de propiedad de la Forestal Mininco, continuará en la Región de la Araucanía su recuperación, la que en estos primeros días ha sido catalogada por los profesionales de la Salud como "favorable".

Recuperación
Según el médico tratante, Roberto Baos, la comunera ha respondido bien al proceso de realimentación, el cual se inició el miércoles, con la administración de un alimento especial, llamado Ensure, el cual en una primera etapa se entregará diluido, para ir haciéndolo paulatinamente más sólido. A la ‘Chepa' se le retiró el catéter por donde se le estaba suministrando la alimentación parenteral, lo mismo que el suero, recibiendo por primera vez el jueves, alimentación vía oral. El viernes, en tanto, se le administró alimentación e hidratación sólo por vía oral, tolerándola muy bien y no mostrando ningún tipo de complicación o molestia con el procedimiento. Además, se puso de pie, y deambuló por las dependencias del hospital Herminda Martín sin ningún problema. La favorable recuperación presentada por Patricia Troncoso influyó en que su traslado se produjera anoche, y no dentro de los próximos días, como se había pensado inicialmente. Conocidos los resultados del examen neurológico al que fue sometida, el doctor Baos, señaló que es poco probable que la ‘Chepa' sufra consecuencias físicas producto de su extendido ayuno. No obstante, el equipo médico que la atiende estará al pendiente de la posible presencia de síntomas como dificultades renales y cardíacas, o problemas en su sistema reproductor.

Beneficios
El jueves por la tarde, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, confirmó que los beneficios intracarcelarios otorgados a la ‘Chepa' y otros dos comuneros en virtud del acuerdo logrado con el gobierno –traslado a un Centro de Estudios y Trabajos con custodia de Gendarmería y libertad condicional los fines de semana- sólo los llevará a cabo Gendarmería a partir del mes de marzo. Al respecto, lo que ha señalado la institución es que "en el marco del reglamento de las atribuciones que le concede el director nacional, se puede conceder esta gracia. De todas maneras, si fuera necesario realizar algún ajuste reglamentario, se hará", indicó el ministro Maldonado. Cabe recordar que la UDI anunció que impugnará ante la Contraloría la decisión de la Moneda de concederle a la comunera mapuche la libertad condicional los fines de semana y el traslado a un centro especial de Gendarmería. El titular de Justicia rechazó los cuestionamientos de la oposición, señalando que el gobierno actuó en este caso según las plenas facultades que le otorga la Constitución. Sin duda, una pelea legal que ya ha enfrentado a través de la prensa a destacados juristas nacionales, y que tendrá ocupada a Patricia y a los simpatizantes del movimiento mapuche durante todo el verano.

4 de febrero de 2008
©la discusión
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renunció general homicida


General Santelices presentó "renuncia voluntaria" al Ejército.
Santiago, Chile. El comandante en Jefe de Ejército, general Oscar Izurieta, informó esta mañana que aceptó la renuncia del General de División Gonzalo Santelices. Oficial debe declarar como inculpado por su presunta participación en la Caravana de la Muerte.
El comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, informó que el comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, general de división Gonzalo Santelices, presentó su "renuncia voluntaria" al cargo.
El oficial, quien debía retomar sus funciones hoy tras el fin de sus vacaciones, decidió dimitir luego del escenario judicial en que se encuentra dado que debe declarar por su presunta participación en los crímenes de la Caravana de la Muerte, en Antofagasta en octubre de 1973.
La salida de Santelices del Ejército era esperada luego que el gobierno manifestara a Izurieta su "opinión", como dijo el vocero y ministro de Defensa (S) Francisco Vidal. De ahí que se consideraba como inminente el alejamiento del oficial.
Por ello, en una declaración emitida esta mañana, Izurieta aseguró que la renuncia de Santelices se funda en el "elevado propósito de no implicar al Ejército en una causa que se tramita en tribunales de justicia".
Ante consultas de la prensa, el jefe castrense comentó que "obviamente que todas estas cosas afectan a la institución (...) todo lo que se publica en la prensa sin que esté resuelto por los tribunales afecta al Ejército".
El comandante en jefe de la institución insistió en señalar que la dimisión del oficial responde a su "sentido del honor como persona" y que se trata de un hecho para el cual no "no hay precedentes" en las Fuerzas Armadas. Indicó además que la renuncia "ennoblece y enaltece al oficial" y que el Ejército "la acepta y la encuentra muy noble y muy hombre".
En su declaración, Izurieta reiteró el compromiso de la institución con la justicia y con la colaboración con los tribunales, quienes, remarcó, son los "únicos facultados para presumir y determinar responsabilidades penales", agregando que asignarlas a través de los medios de comunicación "no contribuye a que se alcance la justicia".
El conflicto con Santelices estalló tras la publicación de La Nación Domingo en su edición del 27 de enero sobre la participación que cumplió en 1973 en el asesinato de catorce prisioneros en Antofagasta, a manos del escuadrón del general Sergio Arellano y oficiales de la Escuela de Blindados.
Santelices espera ser interrogado por el ministro Víctor Montiglio en marzo, luego que la ministra reemplazante Adriana Sottovía acogiera la petición del abogado Hugo Gutiérrez de interrogar al general en calidad de inculpado.

4 de febrero de 2008
©la nación
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el peso de las estrellas


[J. Escalante, L. Narváez y J. Rebolledo] La generación de tenientes del Ejército y las violaciones de los derechos humanos.
Santiago, Chile. Cinco de los nueve generales de División que actualmente conforman la cabeza del alto mando del Ejército están cuestionados. El fantasma por su posible participación en causas de lesa humanidad los vuelve a perseguir ahora que están en el momento más álgido de sus carreras. Cerca del 30% de los oficiales de las FFAA y de Orden por sobre el rango de mayor hoy en servicio activo formaron parte de las huestes de la CNI, lo que podría generar nuevas interrogantes y conflictos a 18 años del fin de la dictadura.
Se sentaron frente al juez y se mostraron los dientes. Habían asesinado juntos, pero esta vez el conductor del camión que transportó a los 22 campesinos prisioneros de Paine a la muerte le faltó el respeto.
Juan Quintanilla Jerez, uno de los civiles que participó en el operativo, tenía al frente a quien fue su jefe en la masacre, el ahora coronel retirado Andrés Magaña Bau.
Esa noche de octubre de 1973, Quintanilla condujo por caminos ocultos hasta hallar la quebrada que serviría de paredón. Ahora, más de tres décadas después, confrontados ambos ante el juez Héctor Solís, surgió un antecedente relevante: habían matado de día "con el sol en la cara de los detenidos", declaró el civil.
Y aunque siempre los soldados contaron a la justicia que actuaron de noche, alumbrados tan sólo por los focos del camión y algunas linternas, fue esa la presunta penumbra donde se escudaron para asegurar que nunca pudieron distinguir los rostros de sus superiores.
Quintanilla no tenía dudas de que junto a él, en la cabina amplia del camión iban, además de Magaña, otros dos oficiales jóvenes con el grado de subteniente.
Son los militares que ahora busca el juez. O, mejor dicho, los dos ‘fantasmas', porque, extrañamente, nadie recuerda sus nombres. Según los querellantes están atados por un "pacto de silencio" que por más de 34 años han conservado como el mayor secreto de familia.
Dos fantasmas a los que no sólo vio Quintanilla, sino también varios de los conscriptos que fueron obligados a disparar, entre ellos Carlos Lazo Santibáñez y Víctor Sandoval Muñoz, tal como lo confesaron al magistrado.
El pelotón de la Escuela de Infantería de San Bernardo que actuó aquel amanecer contaba con unos 30 efectivos. Todos comienzan ahora a recordar que el sol ya brillaba por el este cuando apretaron el gatillo y escondieron los cuerpos.
Pero el coronel Magaña se mantuvo estoico en su negativa frente a Quintanilla y el juez. "¡Jamás hubo otros dos subtenientes!". Quintanilla insistió y lo agredió verbalmente: "Usted me obligó a disparar, diciéndome que si no lo hacía, también iba a parar al fondo de la quebrada junto al resto".
Los dos subtenientes que viajaban en la cabina junto a Magaña, según quienes los vieron, no se quedaron dentro del camión. Descendieron y ninguno llevaba el rostro cubierto cuando el sol brillaba.
Quintanilla entregó otro dato preciado. Interrumpiendo a Magaña, que seguía negando, dijo: "Eran dos subtenientes recién egresados de la Escuela Militar".
¿Cómo conocía aquel detalle certero?
Unos pocos meses después, hacia fines de 2007, el impenetrable Magaña, vuelto a ser interrogado por el magistrado acerca de los dos jóvenes fantasmas, cometió un desliz, tal vez involuntario: "Si hubiesen viajado otros oficiales, debieron ser subtenientes recién egresados de la Escuela Militar, en agosto de 1973". Pero súbitamente volvió a recuperar su línea y siguió negando.
Había deslizado exactamente el mismo antecedente que entregó Quintanilla: subtenientes recién egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar, destinados a la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Nudo Fantasmal
Guillermo Castro Muñoz, Eduardo Aldunate Hermann, Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo, son los nombres de los cuatro generales en servicio activo que irrumpieron en la prensa este verano ardiente, haciendo sonar las alarmas en el edificio de calle Zenteno, sede de las FFAA.
Forman parte de los 39 subtenientes egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar que fueron destinados a la Escuela de Infantería y que hoy son sospechosos de haber acompañado a Magaña ese triste amanecer de octubre.
Ahí está el nudo del conflicto para ellos, porque, aunque quizás sean inocentes, entraron en el universo acotado donde el juez busca identificar a los dos subtenientes que nadie quiere revelar.
Una lista de 1984 enviada por el entonces ministro de Defensa, Patricio Carvajal, a la justicia militar con todos los oficiales y suboficiales que servían en la Escuela de Infantería en esa fecha, incluye a Castro, Baeza y Le Dantec.
La nómina identifica a 39 subtenientes. Aldunate no figura, pero altas fuentes militares dicen que fue destinado también a ese cuartel en agosto de ese año.
Su foto resalta en la revista de la Escuela Militar ‘Cien Águilas' de 1973, dentro de los destinados a Infantería junto a los otros tres generales en servicio activo. Ahora, el juez Solís trabaja con esa publicación, para descubrir la identidad de los otros dos subtenientes de Paine.
En entrevista concedida en 2005 a La Nación, Aldunate reconoció que estuvo destinado en la CNI algunos meses y que sólo realizó labores de seguridad para visitas extranjeras. Sin embargo, LND tuvo acceso a información que lo vincula al organismo por lo menos hasta 1982, siendo visto en al menos dos cuarteles.
Nadie menciona hasta ahora en el proceso a Aldunate, Baeza y Le Dantec como los posibles subtenientes que junto a Magaña al mando del grupo por antigüedad tomaron parte en los crímenes.
Pero el recientemente retirado prefecto de Investigaciones, Rafael Castillo, sí nombra a Castro. "El señor Magaña deja entrever que uno de los subtenientes involucrados en estos hechos es el señor Castro, que actualmente sería un general en servicio activo. No tengo problemas en carearme con Magaña", afirmó Castillo al juez relatando parte de su investigación.
Por cierto, Magaña negó en el careo entre ambos, realizado el pasado 15 de enero, haberle entregado algún nombre.

Castro en cerro Chena
En su declaración judicial del pasado 14 de enero en calidad de "inculpado" ante el juez Solís, el general Castro negó haber actuado junto a Magaña. Pero admitió algo que, a juicio de los querellantes, es grave: sirvió en una compañía de fusileros adscrita al ‘Cuartel Dos', nombre con que se conocía el otro estamento de la Escuela de Infantería ubicado en cerro Chena.
"Pero allí nunca vi detenidos, sólo supe después por la prensa que los hubo", se adelantó a decir al juez. Sin embargo, el mismo coronel Magaña declaró: "Yo quería fusilar a los detenidos en el campo de prisioneros que tenía la escuela en cerro Chena", pero sostiene que sus superiores no le aceptaron la propuesta esa noche.
El general Castro agrega en su declaración judicial a otro subteniente a la ya larga lista que indaga el juez. "Cuando fui asignado en octubre de 1973 a la Compañía de Fusileros que estuvo en el Cuartel [Dos], ésta era comandada por el capitán Rojas, y también la integraba el subteniente Benjamín Ovalle", declaró.
En la ya citada revista ‘Cien Águilas' aparece junto a los cuatro futuros generales un subteniente destinado a Infantería: "Benjamín Ovalle Maturana". Tampoco éste figura en la lista de Carvajal de 1984.

Camino Difícil
La tensión producida por la aparición de los nombres de generales activos mencionados en casos de violaciones de los derechos humanos nuevamente volvió a generar las reuniones extraordinarias entre representantes políticos y castrenses.
El propio Comité Político de la Presidenta Bachelet trató el tema y se vio enfrascado en una breve pero fuerte diferencia de opiniones entre los ministros secretario general de Gobierno y de Presidencia, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo.
La semana pasada, el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, debió postergar sus vacaciones para reunirse con los abogados Pamela Pereira y Luciano Fouilloux.
Ambos tienen una trayectoria íntimamente ligada a casos de violaciones de derechos humanos, no tan sólo por ser querellantes de las víctimas del caso Paine, sino porque ambos integraron la Mesa de Diálogo, intento fallido para dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos.
Trascendió que en dicha reunión el jefe castrense, que estaba acompañado por el auditor general, Juan Arab, comprometió toda su voluntad para colaborar con la justicia y aclarar presuntas responsabilidades.
Sin duda que el más afectado por esta disposición es el general Gonzalo Santelices, actual jefe de la Guarnición de Santiago, involucrado en un caso que nada tiene que ver con Paine.
En una nota entregada durante la semana al Ejército, el Gobierno sugirió la necesidad de que Santelices sea separado de sus funciones lo antes posible. Y casi al mismo tiempo, Izurieta habría manifestado a su Estado Mayor que resolvería este tema en marzo, aunque no se descarta que sea reasignado a otras funciones mientras la justicia determina si se lo somete a proceso o si queda libre por falta de méritos.
Hace más de cinco años que el militar reconoció judicialmente que participó en la comitiva que trasladó a 14 prisioneros políticos de Calama, que posteriormente fueron fusilados por la Caravana de la Muerte. Bastó que se recordara este hecho en La Nación y que el abogado Hugo Gutiérrez solicitara que declarara en el proceso que instruye el ministro Víctor Montiglio como "inculpado", para que su suerte quedara aparentemente sellada. Su alejamiento o traslado de la guarnición sería inminente.
La generación de generales mencionados eran subtenientes en 1973. Tanto Pereira como Fouilloux critican que no se informara oportunamente acerca de sus pasadas destinaciones, especialmente aquellas que podían haberlos expuesto a delitos de lesa humanidad.
Pero no es la única información que no se ha entregado. ¿Hay más miembros de las FFAA, Carabineros o Investigaciones en servicio activo que hayan tenido un mínimo de participación, desconocida hasta hoy, en los organismos represivos de la dictadura? ¿Qué debiera suceder con ellos?
En el Gobierno reconocen que en todas las ramas de las FFAA aún se encuentran en servicio activo ex agentes que pasaron por el temido organismo represor. Sólo el Ejército conformaba el 70% de la dotación de la CNI y destinaba cada año cerca de 250 efectivos.
Al interior del actual alto mando, se dice que la principal defensa en el Ejército para enfrentar esta situación es que la diferencia radical con generaciones anteriores es que se trata de oficiales y suboficiales que no cumplieron labores operativas antisubversivas, violentas, ni funciones que actualmente sean objeto de investigaciones judiciales.
"La CNI era un organismo muy grande. Tenía una de las dotaciones más numerosas y las funciones que se cumplían ahí eran múltiples", comenta un alto oficial militar que pide mantener su anonimato.
Estimaciones realizadas por el propio Ejército calculan que entre un 30 o 40% de los oficiales pasó por los cuarteles de la CNI. Se trata de oficiales que actualmente ostentan los grados de mayor, coronel y general.
Sólo a finales del 2005, cuando Izurieta asumió la Comandancia en Jefe, 13 de los 30 generales que se encontraban en servicio activo habían pasado por la CNI.
Durante la administración del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta, se sentó un precedente claro para los casos de militares involucrados en causas de derechos humanos: si algún juez los procesaba, inmediatamente se les cursaba el retiro. Uno de los casos que inició dicha doctrina fue el procesamiento del general Hernán Ramírez Hald, por el caso Tucapel Jiménez.
Sin embargo, la situación que actualmente enfrenta el general Santelices podría cambiar radicalmente este panorama, ya que el solo reconocimiento por su parte de la participación en un hecho delictivo, probablemente se traducirá en su alejamiento de la institución, tal como lo recomendó el Gobierno, no obstante que Izurieta pidió esperar a su regreso de vacaciones para resolver.
En momentos en que los tribunales se encuentran en plena fase de condenas en los casos de derechos humanos, los funcionarios que por cualquier motivo pasaron o vivieron una situación cercana a hechos relativos a delitos de lesa humanidad se escudan en la jerarquía institucional para invocar en su defensa la obediencia debida.
Pero más allá de eso, la abogada Pamela Pereira cuestiona que no se transparente la información de modo que el Gobierno tome una mejor decisión en torno a quiénes componen el alto mando.
"No puede ser que se sostenga que aquí hay antecedentes que se omiten para que no nos enteremos y no se produzca el impacto que produce el saber este tipo de información. Ésta debe ser real y no se pueden omitir datos para que entonces no se haga la vinculación entre determinados hechos con determinadas personas", sostiene.
Por su parte, Luciano Fouilloux dice que el general Izurieta ha manifestado su intención de colaborar en torno al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos. "Hay un compromiso público, dicho en una reunión con él, de que no van a repetirse actitudes de secretismo legal ante los tribunales de justicia y que se va a entregar toda la información que se posea", dice.
Más allá de quienes son investigados por la justicia y aquellos que por azar les tocó pasar por organismos represivos o estar cerca de lugares donde ocurrieron hechos de sangre, la actual situación pone el principal acento en el proceso que debe concluir con el nombramiento del sucesor del general Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército, que debe salir de los actuales generales en activo, para que el nominado tenga una hoja de vida impecable.
Por otro lado, los organismos defensores de los derechos humanosaspiran a que el bicentenario traiga consigo, por primera vez desde el retorno a la democracia, un alto mando libre de toda sospecha.

Ex CNI También en Investigaciones
La Operación Albania es uno de los episodios más sangrientos ocurridos durante la década del ochenta. Por eso no era de extrañar las constantes críticas hacia la Policía de Investigaciones, que demoró más de cuatro meses en capturar al teniente coronel (R) de Carabineros Iván Quiroz. Este ex policía fue uno de los jefes de brigada de la CNI y hoy cumple una condena de 10 años por esas muertes. Quiroz se retiró de Carabineros recién en 1995.
Pero en la misma institución que lo persiguió hay un conocido camarada de Quiroz. Se trata del prefecto Sergio Mellado Faúndez, jefe nacional de Informática y Telecomunicaciones de Investigaciones. El alto oficial fue propuesto al Gobierno por el actual director de la policía civil, Arturo Herrera y, por ende, se lo señala como uno de sus más cercanos colaboradores.
Según consta en tribunales, Mellado Faúndez ha declarado en varios procesos judiciales (entre otros, la Operación Albania) debido a que fue un agente operativo de la CNI, es decir, cumplió funciones en terreno. Ha declarado ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard y Jorge Zepeda. Para muchos fue una sorpresa que el ex agente haya ascendido de jefe de una pequeña brigada comunal (Bricrim Peñaflor) a una jefatura nacional.
Otro ex agente que ha pasado inadvertido en Investigaciones es el subprefecto Héctor Silva Calderón, actual jefe de la Brigada de Homicidios de Coyhaique. El policía fue encargado del registro de huellas dactilares de la CNI y, por ello, ha sido llamado a declarar en varias ocasiones. Una de ellas fue por la misma Operación Albania.

3 de febrero de 2008
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retroceso en derechos humanos


Fasic constata que durante el 2007 hubo retroceso en casos de derechos humanos.
Santiago, Chile. Abogados de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) afirmaron que el año 2007 se constató un retroceso en los juicios sobre Derechos Humanos en Chile por la aplicación de la prescripción de penas y la rebaja de sanciones a los responsables, en una posición que sólo puede calificarse como de impunidad.
Los profesionales ofrecieron hoy una conferencia prensa, ocasión en la que dieron a conocer un balance sobre la situación jurídica de casos de Derechos Humanos en el país durante el año pasado.
Afirmaron que la situación de impunidad vivida en los casos de Derechos Humanos es una consecuencia de un "sistema electoral binominal, que se ha extendido a la integración de ministros de la Corte Suprema, debido a que el nombramiento de los magistrados del alto tribunal es fruto de negociaciones políticas entre los partidos de la Alianza y los partidos de la Concertación".
Comentaron que, en virtud de este escenario, se han registrado sentencias contradictorias, como producto de mayorías circunstanciales, en las cuales se advierte un desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
"Hacemos un llamado al máximo tribunal para poder salvar las contradicciones y poder fijar criterios uniformes", subrayó el abogado Nelson Caucoto, haciendo alusión a los casos donde se han producido amnistías y prescripciones.
Además, recordó que el ministro Carlos Cerda -quien tuvo a su cargo el caso por las millonarias cuentas del fallecido general (r) Augusto Pinochet y su familia en el Banco Riggs- fue objeto de un proceso disciplinario por haber dicho que la Sala Penal era la única que estaba en mayor consonancia con el Derecho Internacional, haciendo una crítica al caso de la Tercera Sala Constitucional donde, a juicio del abogado, "el Derecho Internacional no existe en esa sala".
El equipo jurídico del Fasic también manifestó su preocupación por el cierre de los Tribunales del Crimen, "los únicos competentes para conocer de los delitos cometidos durante la dictadura militar, y, por esta razón, exhortamos a las autoridades judiciales y legislativas a adoptar las medidas que correspondan para la reinstalación de jueces con dedicación exclusiva para conocer estos casos", destacaron.
Al mismo tiempo, manifestaron que "observamos una suerte de rutinización en el quehacer principal del Ministerio Público, como por ejemplo órdenes de allanamientos masivos sin autoridad controladora, y sólo órdenes verbales para detener y allanar".
Por último, agradecieron la preocupación del gobierno por corregir los errores detectados en el Servicio Médico Legal (SML) en la identificación de osamentas del Patio 29, de personas detenidas desparecidas y ejecutadas políticas, como también valoraron la preocupación por prestar asistencia en salud mental a los familiares afectados por estos desaciertos.

Situación Mapuche
Con respecto a las disputas con las comunidades mapuches, subrayaron que los casos han estado marcados por la ausencia de mecanismos civilizados para la resolución de conflictos, "ya que en ocasiones hay uso de la fuerza pública muchas veces desmedido y abusivo; nos hace recordar situaciones del pasado reciente, con todos sus contenidos discriminatorios y de afectación de derechos civiles y políticos", dijeron.
Además, criticaron la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista a los comuneros mapuches, por lo que pidieron que fuera revisada o resuelta con criterios de justicia por la vía legislativa o administrativa.
En la misma línea, hicieron alusión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ), sobre pueblos indígenas y tribales, enfatizando el "agravante" que representa el haberse aprobado por la Comisión Técnica del Senado una declaración interpretativa que deja sin aplicación normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Consuetudinario.
El abogado Héctor Salazar resaltó que "el no cumplir con estos convenios internacionales, perjudicará las aspiraciones de nuestro país de ganar la demanda marítima, interpuesta por Perú en el Tribunal Internacional de La Haya".

2 de febrero de 2008
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