chile

denuncian violencia innecesaria

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Agrupaciones de derechos humanos denuncian violencia innecesaria de Carabineros.

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Santiago, Chile. Las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), interpusieron una denuncia por el delito de violencia innecesaria e incumplimiento grave de deberes militares en contra de las Fuerzas Especiales de Carabineros ante la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.
La acción judicial fue patrocinada por los abogados Rodrigo Román y Sergio Marabolí. Lo anterior responde a los hechos ocurridos el pasado 28 de enero cuando 13 mujeres de la AFDD y la AFEP realizaron una manifestación en apoyo a la adherente a la causa mapuche, Patricia Troncoso, quien se encontraba en huelga de hambre por más de 100 días.
En la protesta las participantes se encadenaron en la puerta de Morandé N 80, a un costado de La Moneda. Minutos más tarde, Fuerzas Especiales de Carabineros procedieron a cortar las cadenas y, según lo relatado por las agrupaciones, con una "violencia excesiva" subieron a las manifestantes a una micro de la institución, causándoles serias heridas porque todavía se encontraban con las cadenas adosadas a sus cuerpos.
Como resultado de la diligencia policial las 13 mujeres quedaron detenidas en la Tercera Comisaría de la capital. Además, de acuerdo a lo descrito en la denuncia, tres manifestantes debieron ser trasladadas al Hospital San Juan de Dios para constatar lesiones producto de dos bruscas frenadas que realizó el bus de Carabineros.
También resultaron heridas las detenidas y denunciantes de esta presentación, Mireya García (en la foto, abajo) y Gaby Rivera, quienes fueron remitidas al Hospital Traumatológico donde las atendieron por contusiones severas, esguinces y traumas.

8 de febrero de 2008
©la nación

condenados por desaparición

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Juez Billard condena carabinero (R) por desaparición de médico ecuatoriano.

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Santiago, Chile. El ministro de fuero Joaquín Billard [en la foto] condenó a Juan de Dios Fritz Vega, sargento primero (R) de Carabineros; a Omar Burgos Dejean, quien ostentaba el mismo cargo, y a Juan Miguel Bustamante León, mayor (R) de Carabineros, a la pena de ocho años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de secuestro calificado del médico ecuatoriano Félix García Franco.
Además, Hugo Opazo Inzunza, suboficial (R) de Carabineros, fue condenado a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio por su participación en la desaparición del profesional de la salud el 13 de septiembre de 1973.
El juez Billard también acogió la demanda civil solidaria por indemnización de perjuicio y daño moral interpuesta en contra de los carabineros en retiro, sentenciándolos al pago solidario de 30 millones de pesos.

8 de febrero de 2008
©la nación

causa mapuche llegó para quedarse

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[Eugenio Tironi] Es la opinión del sociólogo y columnista de El Mercurio, Eugenio Tironi.

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Chile. La Iglesia Católica -nuevamente la Iglesia- hubo de mediar para que el Estado chileno flexibilizara su posición, evitando así un hecho que hubiese tenido consecuencias imprevisibles: la muerte de una activista indígena, actualmente presa bajo la ‘Ley Antiterrorista', por efectos de una huelga de hambre en protesta por las medidas disciplinarias a las que está sometida. Este episodio ha sido sólo la punta de un iceberg. En los últimos meses se han venido incrementando las protestas indígenas en el sur, con signos crecientes de violencia.
Lamentablemente, todo indica que esta situación de efervescencia no es pasajera, sino que está aquí para quedarse.
Hace algunos meses se efectuó una encuesta ( www.ecosocialsurvey.org) que cubrió la población de las grandes ciudades de siete países latinoamericanos (México, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Chile). Ésta contiene una serie de preguntas sobre la identificación étnica y sus efectos. El sociólogo brasileño Simón Schwartzman analizó estos datos en un libro de Cieplan que saldrá en abril; pero en momentos en que el asunto está en el debate público, vale quizás la pena echarles una breve mirada.
Lo primero que llama la atención es que, si bien la autoclasificación de indígena desde el punto de vista racial es baja (apenas dos por ciento), un cuarto de los encuestados se clasifica a sí mismo como "mezcla de blanco con indígena". El vínculo con lo indígena está, por lo tanto, bastante internalizado, incluso en la población urbana. La proporción de quienes se autoclasifican como indígenas o mestizos (un quinto) y que declaran "pertenecer" culturalmente a un pueblo indígena es elevada: 85 por ciento en el primer caso y 43 en el segundo. La ‘causa' indígena, por lo que se ve, tiene un sustrato cultural significativo.
Si se analiza ese grupo de la población urbana que se declara indígena, veremos que tiene menos acceso a los bienes y servicios propios de la modernidad (teléfono, TV cable, auto, moto, computadora, internet, etcétera) que el resto de la población, y la proporción que sólo ha accedido a la educación primaria más que duplica al promedio. Se trata, pues, de un grupo que vive en una clara condición de marginalidad.
Se les preguntó a los encuestados si se han sentido discriminados, entre otras causas, "por el color de su piel, raza o etnia". En Chile, este sentimiento no es particularmente alto, pero presenta un rasgo curioso: es el único país donde la percepción de discriminación se incrementa según aumenta el nivel educacional; pasa de 12 por ciento entre quienes tienen sólo primaria, para llegar a 29 por ciento entre quienes poseen educación superior. En otras palabras, y a diferencia de todos los demás países, en Chile la educación no crea un sentimiento de integración a la sociedad, sino que acrecienta el sentimiento de segregación. Algo está fallando en el sistema, y la prueba está en esos activistas que protagonizan los conflictos en el sur, la mayoría con formación universitaria.
El Gobierno ha creado la figura inédita de un "alto comisionado" a cargo de coordinar todas las políticas públicas referidas a la "cuestión indígena". Esta medida parece adecuada, pero no es mucho lo que vamos a lograr si no se ataca el problema básico: hacer de la sociedad chilena una máquina de integración y acogida, no de marginación y discriminación del mundo indígena. Esto nos podría ahorrar dramáticos conflictos futuros; pero, sobre todo, nos permitiría dar un salto hacia la creación de una sociedad multicultural, una sociedad realmente moderna.

7 de febrero de 2008
5 de febrero de 2008
©el mercurio

que digan la verdad

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Goñi llama a oficiales de las Fuerzas Armadas a "contar la verdad". El ministro de Defensa emplazó a los uniformados a entregar la información que posean sobre casos de violaciones a los derechos humanos a los tribunales de justicia.

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Santiago, Chile. El ministro de Defensa, José Goñi, hizo un llamado esta tarde a los oficiales de las Fuerzas Armadas que tengan información acerca de los casos de violaciones a los derechos humanos a que la entreguen en los tribunales de justicia, de acuerdo al honor militar y con el fin último de colaborar en la reconstrucción de la confianza en el país.
En el marco de la renuncia del general Gonzalo Santelices tras publicarse su vinculación con el caso Caravana de la Muerte, el titular de Defensa, dijo que este tema "tiene que ver con el profundo honor militar", por lo que es necesario la entrega de información.
En entrevista con radio Bío Bío, Goñi sostuvo que "hablar significa contar la verdad, contar en los tribunales o a quien corresponda, la información que cada uno de ellos puede tener, porque nunca vamos a olvidar estas cosas, pero tenemos que mirarlas con otra madurez".
En este sentido el titular de Defensa recalcó que el país tiene que enfrentar este proceso y "construir nuestro futuro, en base a nuestra historia, (pero) también mirando con mucha confianza el futuro, y esas confianzas tenemos que reconstruirlas profundamente entre todos y para eso necesitamos conocer la verdad".

Gobierno No Conocía Antecedentes
Horas antes y por medio de una declaración pública, el secretario de Estado sostuvo -tal como lo hizo el lunes pasado- que el Ejecutivo desconocía la vinculación de Santelices con el caso Caravana de la Muerte.
"Este ministro afirma que dichos antecedentes no fueron informados por los canales institucionales del Ejército al Ejecutivo, tanto en el ascenso a General de Brigada el año 2003 como a General de División el 2007", afirmó.
Asimismo, Goñi expresó que "la situación de este alto oficial e integrante del alto mando del Ejército se origina en hechos condenables que acontecieron después del golpe militar de 1973 y que fueron protagonizados por integrantes de la llamada Caravana de La Muerte".
El secretario de Estado comentó, además, que el propio Santelices confesó que "le correspondió una participación en los hechos aludidos cuando era teniente, cuestión que lo motivó para que, luego, declarara en calidad de testigo ante el ex juez Juan Guzmán".
A juicio del titular de Defensa, la renuncia del ex general "no hace otra cosa que corregir la falta de antecedentes necesarios para haber propuesto su ascenso y haberlo aprobado, más allá de la legítima presunción de inocencia a que todo ciudadano tiene derecho".
Por último, el secretario de Estado sostuvo que no deben existir cuestionamientos que dañen la legitimidad del Ejército frente a la ciudadanía.

En La Moneda
En la misma línea, pero horas antes, el vocero (s) de gobierno, Augusto Prado, insistió que el Ejecutivo desconocía los antecedentes del renunciado general.
El portavoz (s) de La Moneda también desmintió las afirmaciones de Ravinet, asegurando que "acá ha habido sólo una línea por parte del gobierno. El ministro de Defensa, don José Goñi no tenía los antecedentes de los que habla el señor (Jaime) Ravinet, es decir, no conocíamos los antecedentes del general Santelices y según entendemos, según sabemos el general (Oscar) Izurieta tampoco lo sabía".
Consultado respecto de si la Mandataria desconocía el pasado militar del uniformado, Prado reiteró que "la palabra del gobierno es esa: los antecedentes del general Santelices, en ese momento, no eran conocidos por el gobierno".
En 2002, el renunciado general declaró como testigo ante el juez Juan Guzmán Tapia por el caso Caravana de la Muerte, donde, según la investigación judicial, el uniformado trasladó a 14 presos políticos, con la vista vendada y maniatados, desde la cárcel de Antofagasta hasta la Quebrada del Way, donde fueron ejecutados por la comitiva que encabezaba el general (r) Sergio Arellano Stark. Pese a la vinculación de Santelices con los hechos, el propio juez Guzmán afirmó que el ex militar "no tenía responsabilidad criminal en el caso".
"Esa es la opinión particular de un ex juez de la República", dijo Prado en respuesta a Guzmán, atribuyendo esas declaraciones a la "locuacidad" del ex magistrado. "El gobierno no puede estar comentando las opiniones de cada actor ciudadano que existe", agregó.
Respecto de las presiones que recibiera el Ejército por parte de La Moneda, específicamente del ministro Francisco Vidal, y de parlamentarios de la Concertación, el ministro (s) Prado sostuvo que "el gobierno no presiona, no ha presionado y no va a presionar a ninguna institución pública ni tampoco a una institución militar como es el Ejército, ni tampoco se va a dejar presionar (…) Acá no hay presiones de ninguna naturaleza".

7 de febrero de 2008
©la tercera

títeres llegan a chillán

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Títeres se toman la ciudad.

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Chillán, Chile. Pequeños y coloridos seres se dan cita desde mañana y hasta el domingo en nuestra ciudad, y vienen de diferentes partes del mundo a presentarnos la ‘Cuarta versión del festival de títeres Ñubletíteres 2008' la cual, adoptando carácter internacional, contará este año con la presencia de cinco elencos provenientes de Argentina, Francia y Chile.
La actividad es realizada por la Compañía de Teatro de Títeres Vagabundo de Chillán y la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad.
Las presentaciones de estos nuevos amigos de 15 centímetros serán nueve y están dirigidas a todo tipo de público, particularmente familiar. Están distribuidas en diferentes espacios locales, como la Plaza de Armas, el Mercado y la Sala Lázaro Cárdenas, la cual se encuentra a un costado de la Escuela México.
Dentro de los elencos que están invitados a este encuentro está la compañía Clakbretelles de Francia, que presentará la obra ‘Pasamanos'; Dedos Pintados de Santiago de Chile, exhibirá ‘Pantaleón el león y Ramiro el ratón'; Chachakün de Argentina presentará ‘El Investigatopo'; los anfitriones, Vagabundo mostrarán ‘La fantasma de Canter-Villa' y por último la compañía chileno-argentina el Chonchón exhibirá ‘Los Bufos de la matiné'. En la Plaza de Armas, las funciones se realizarán mañana y el viernes a las 12 y a las 20 horas, al igual que el viernes y el sábado, y tienen un valor de 500 pesos.
En la Plaza de Armas en tanto, las funciones serán el día jueves a las 19 y el domingo a las 20 horas y, de la misma forma se realizarán en el Mercado el viernes a las 10 horas. Son gratuitas y para todo espectador.
Desde el 2001, la Compañía de Teatro de Títeres Vagabundo de Chillán, ha venido desarrollando e impulsando el teatro de títeres en nuestra ciudad como también en la provincia, llevando espectáculos para niños a distintas escuelas, pero además, instalando esta manifestación artística en las calles de la comuna, transformándose poco a poco, en una alternativa de entretención durante el período estival tanto para los transeúntes locales, como para los visitantes de otras ciudades, por lo que pretende captar nuestra atención por los siguientes días.

6 de febrero de 2008
©la discusión

homenaje a violeta parra

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A 41 años de su muerte, Partido Comunista rinde homenaje a Violeta Parra.

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Santiago, Chile. El Partido Comunista (PC) conmemoró este martes los 41 años del fallecimiento de la artista Violeta Parra, creadora de célebres canciones del folklore chileno, como ‘Gracias a la vida'.
A la conmemoración, efectuada en el Cementerio General, donde descansan los restos de la artista, asistió el menor de sus hermanos, Oscar Parra, para quien la presencia de jóvenes en el acto fue motivo de "orgullo".
Frente a su tumba sonaron versiones de sus más conocidos temas, interpretados por grupos locales como La Tribu, Viola Rock y músicos ambulantes.
Luego de varios intentos fallidos, Violeta Parra se suicidó un 5 de febrero de 1967, a los 49 años, dejando un gran legado artístico.
Como pocos, Parra exploró diversas disciplinas creativas, entre las que destacan la música, la literatura y las artes visuales. Es considerada una gran renovadora y una recopiladora del folklore chileno, las composiciones de la cantautora son destacadas hasta hoy por los expertos, debido a la complejidad de su música y la poesía de sus letras.
También es recordada por su creación plástica que la convirtió en la primera latinoamericana que logró exponer sus obras de forma individual en el Museo del Louvre de París.
Actualmente, este patrimonio compuesto por 25 óleos, 13 arpilleras y nueve obras en papel maché, están en exposición en el Centro Cultural Palacio de La Moneda.
Este año, además, sus emblemáticas composiciones musicales, serán recordadas por su nieta, la cantante Javiera Parra, quien lanzará en abril próximo un disco donde interpretará las melodías de la última etapa de la creadora con canciones como ‘Gracias a la Vida' y ‘Volver a los 17'.
De igual forma, para octubre de este año está prevista la edición del primer box set (recopilación) de la artista, bajo el sello Warner.

6 de febrero de 2008
©la nación

proponen monumento a víctimas

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Diputados oficialistas proponen crear monumento a víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Estadio Nacional.

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Valparaíso, Chile. La moción estipula la creación de un sitio de memoria y homenaje en conmemoración a las víctimas torturadas y asesinadas en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, cuando ese recinto deportivo fue utilizado como sitio de detención.
Un grupo de parlamentarios de la Concertación, encabezados por el diputado radical Marcos Espinosa, presentó una moción especial en el Congreso para evaluar la posibilidad de crear, en el Estadio Nacional, un museo abierto en homenaje a quienes murieron o fueron torturados durante los primeros tres meses del gobierno militar.
La propuesta está contenida en una moción que será estudiada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y su texto legal estipula la creación de un sitio de memoria y homenaje en conmemoración a las víctimas torturadas y asesinadas en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, cuando ese recinto deportivo fue utilizado por el Ejército como un sitio de detención.
En la moción parlamentaria, los autores -entre los que se encuentran los diputados Isabel Allende (PS), Tucapel Jiménez (IND), Marco Enríquez-Ominami (PS) y Ximena Vidal (PPD)- explicaron que las obras serían financiadas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, y que serían depositadas en un fondo destinado especialmente para ello.
De acuerdo al texto, la idea de los legisladores también considera la creación de una comisión especial para gestionar y determinar la fecha y la forma en que se realizarán las colectas públicas que otorgarían recursos para la construcción del museo. Dicha comisión estaría conformada por 3 representantes de organizaciones de víctimas de prisión política, tortura, relegación y exilio, elegidas por éstos mismos; 2 representantes de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en materia de promoción y defensa de los derechos humanos; el senador y el diputado que presidan las Comisiones de Derechos Humanos de cada Cámara; y un representante de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
En coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales, la comisión deberá determinar la ubicación en que se emplazarán las obras, además de disponer y supervigilar su construcción en el plazo establecido y convocar para su diseño y ejecución a los arquitectos interesados en participar.
Adicionalmente, la comisión se encargará de administrar el fondo creado y de abrir una cuenta corriente bancaria especial para gestionarlo.
Respecto de los plazos, la propuesta de los diputados oficialistas establece que las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 10 años a partir de la publicación de la ley. Si vencido dicho plazo no se han ejecutado las obras, los recursos obtenidos hasta esa fecha serían aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión estime pertinentes.
Si al concluir la construcción de los monumentos quedaran excedentes, éstos serían destinados al fin específico que la comisión especial determine.

6 de febrero de 2008
©la tercera

condición de inhabilidad

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Diario La Nación se defiende de acusaciones de la extrema derecha en relación con caso del general Santelices.

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Santiago, Chile. Será la justicia quien determinará el grado de responsabilidad que tuvo el entonces subteniente Santelices en los hechos. Se puede suponer que en su caso existen múltiples atenuantes. Puede ser muy legítimo cumplir una orden que de no hacerlo pone en peligro la propia vida, como ilegítimo lo es quitarle la vida a otro. Por otra parte, es de lamentar que recién en el año 2002 el general Santelices haya reconocido su participación en los hechos.
Este medio concuerda plenamente con el comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer en su declaración de ayer, respecto a que la renuncia del general de división Gonzalo Santelices Cuevas demuestra de parte de él un alto sentido del honor como persona. Esto no sólo lo ennoblece y prestigia sino que también enaltece la dignidad del Ejército de Chile.
El diario La Nación jamás ha pretendido sustituir a los tribunales de justicia ni menoscabar la honra de las personas, y menos aún socavar la imagen del Ejército, institución fundamental de la República, como lo indica el propio general Izurieta.
La presunción de inocencia es un derecho fundamental inalienable de todos los chilenos y este diario no ha atribuido mañosamente responsabilidades a nadie, menos aún al general Santelices.
En lo que refiere a este caso, La Nación se limitó a publicar en su edición del domingo antepasado declaraciones del propio general Santelices ante la justicia, realizadas en el año 2002 dentro del marco de la investigación del caso denominado ‘Caravana de la Muerte'. De sus palabras se establece que en su calidad de subteniente le tocó ser testigo directo en octubre de 1973 de un crimen por el cual han sido procesados altos oficiales del Ejército.
Será la justicia quien determinará el grado de responsabilidad que tuvo el entonces subteniente Santelices en los hechos. Se puede suponer que en su caso existen múltiples atenuantes. Puede ser muy legítimo cumplir una orden que de no hacerlo pone en peligro la propia vida, como ilegítimo lo es quitarle la vida a otro. Por otra parte, es de lamentar que recién en el año 2002 el general Santelices haya reconocido su participación en los hechos.
Debemos suponer que el alto mando desconocía esta situación, puesto que de lo contrario hubiera tomado resguardos previos a sus últimos ascensos, asumiendo que ésta es la política seguida por los gobiernos democráticos y materializada en los últimos años por el propio Ejército de Chile.
Lo que se puso en tabla o en discusión en estos días no es la presunción de inocencia, principio básico al que adscriben hoy todas las democracias modernas, sino la colisión que se produce en este caso entre dos derechos, el de presunción de inocencia, al que tiene absolutamente derecho toda persona y por cierto el general Santelices, y el derecho de la sociedad a sentirse gobernada y dirigida por personas absolutamente intachables, más aún si se trata de las jerarquías castrenses, a quienes la sociedad cede el monopolio del uso de las armas.
El mero hecho de que una persona sea llamada a declarar ante los tribunales de justicia en calidad de inculpado en un gravísimo caso de violaciones de los derechos humanos, por más que sea una situación transitoria y que no implique culpabilidad, es razón suficiente para que éste sea puesto en condición de inhabilidad. Creada esta situación, por cierto es esperable que en un alto oficial de la República la materialice por vía de la renuncia, tal como ha ocurrido y debiera ocurrir siempre en todos los estamentos de la sociedad civil, como es el caso de los funcionarios del Gobierno, de la Justicia, del Parlamento y los partidos políticos.

5 de febrero de 2008
©la nación