chile

gobierno defiende a rata

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Caso Paine: Goñi afirma que general Castro no será marginado de su cargo.

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Santiago, Chile. El ministro de Defensa, José Goñi, señaló este jueves que mientras el comandante de la Segunda División de Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, no sea procesado permanecerá en su cargo y en la institución.
De esta forma se refirió el secretario de Estado la indagatoria a la que fue sometido el oficial en calidad de inculpado, en el marco de las diligencias del caso Paine, por el secuestro y homicidio de personas ocurridos entre septiembre y octubre de 1973.
"Si hubiese algún tipo de procesamiento naturalmente las situaciones cambian. No está en duda (su permanencia) en la medida que no esté procesado" a la vez que agregó que no hay perspectivas de que lo sea".
Así respondió Goñi al ser consultado por la petición de agrupaciones de derechos humanos en cuanto a que Castro sea marginado de sus funciones mientras siga en la investigación por las víctimas de la matanza entre las que se cuenta el padre de la abogada de derechos humanos, Pamela Pereira.
El titular de Defensa también se detuvo en la presunción de inocencia como un derecho que tiene el uniformado, descartando de paso que la posición del gobierno en este caso implique un deterioro en el trabajo con el mundo de los derechos humanos.
"Hay una presunción de inocencia que vale, para el general, como para usted, como para mí, en tanto no exista acusación formal o no se pruebe, no hay violación al profundo respeto de las instituciones, del gobierno a los derechos humanos", apuntó.

18 de enero de 2008
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el misterio de los oficiales de paine

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[Jorge Escalante] Junto al entonces subteniente Andrés Magaña Bau, actuaron esa noche de 1973 dos subtenientes más nuevos que él. Magaña y otros cinco militares conocen quienes son, pero no hablan.

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Dos son los oficiales que acompañaron la noche del 16 de octubre de 1973 al entonces subteniente Andrés Magaña para asesinar a 22 campesinos y pequeños industriales de Paine.
Magaña, hoy coronel retirado, sabe quiénes son, pero no entrega sus nombres porque, entre otras cosas, tiene un hijo que hoy es teniente de Ejército.
Quienes conocen los vericuetos que dan origen a esta nota, sostienen que Magaña ha comentado que si lo hace "a mi hijo se le termina su carrera". Éste sabe que esos dos oficiales "tienen poder" en el Ejército. Fuentes consultadas afirman que los dos están en servicio activo.
Pero Magaña también dijo al juez Héctor Solís que "no entrego los nombres porque yo no traiciono a mis compañeros".
Estos dos oficiales que tomaron parte en los sucesos, incluso disparando en la Quebrada Los Arrayanes, al noreste del lago Rapel, tenían también entonces el grado de subteniente al igual que Magaña, pero eran menos antiguos que él, por ello éste comandó la operación.
En un careo extrajudicial ocurrido hace un tiempo en el marco de la investigación, Magaña negó que con él viajaran además otros dos oficiales aquella noche, pero entonces al careo fueron llamados tres suboficiales ya retirados que formaron parte del pelotón, y muy alterados a Magaña se le fueron literalmente encima diciéndole que mentía. Entonces Magaña admitió que era verdad. Después, judicialmente volvió a mentir, pero sí reconoció que "pudo ser cierto".
Respecto del general Guillermo Castro, al menos hay una persona que lo nombra tomando parte esa noche en los acontecimientos, pero su afirmación no es totalmente certera.
El interrogatorio que tuvo Castro el lunes fue parte de las indagatorias del juez Solís para saber quiénes son esos dos oficiales que participaron con Magaña esa noche.
El juez se abocará a interrogar a todos los oficiales que, con grado de subteniente, cumplían servicio en 1973 en la Escuela de Infantería de San Bernardo. El grado preciso tiene que ver con que, si había un teniente, éste tendría que haber comandado la operación y no Magaña, por jerarquía militar.
Nuestros informantes afirman que, además de Magaña existen cinco personas que conocen la identidad de estos dos subtenientes. Tres son suboficiales (alguno de ellos activo) y dos oficiales en servicio activo que hoy tendrían grado de coronel o general.
Estas cinco personas se reunieron informalmente a "comentar" el caso Paine, y uno de los puntos que se discutieron fue por qué un subteniente comandó esa operación y no alguien de grado superior.
Magaña reconoció en el proceso que, en algún momento, recibió amenazas de superiores para que callara los antecedentes del operativo.
Aclarar la identidad de estos dos oficiales que también tomaron parte en esta masacre, es hoy uno de los puntos cruciales del caso para el juez Solís, porque antes "con otros magistrados no hubo voluntad para aclarar este punto", sostiene un buen conocedor del proceso.

17 de enero de 2008
©la nación

piden traslado de patricia

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Para evitar un mayor deterioro de su estado, familia de Patricia Troncoso pide su traslado a un hospital de Santiago. Huelguista mapuche al borde de la muerte.

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Chillán, Chile. El siguiente es el comunicado entregado a la prensa por la familia de Patricia Troncoso. Atentan contra su vida. Familia Troncoso Robles.
Ante la internación de Patricia Troncoso en el Hospital Herminda Martin de Chillán, sus familiares declaramos lo siguiente:
Hemos sido testigos de que Patricia se encuentra en un estado visiblemente afectado que se agrava todavía más a causa de su traslado a Chillán. Al momento de ser trasladada sufrió un desmayo en Temuco y otro en pleno vuelo de la avioneta que le trasladaba, y hoy puede observarse el deterioro de su condición, aislada de sus hermanos presos políticos mapuche, lo que en 98 días de huelga de hambre representa un atentado contra su estado de salud.
Patricia fue sacada de la cárcel de Angol al hospital de Temuco y de allí al hospital de Chillán con la evidente intención de recluirla en la cárcel de Chillán, para, de este modo, silenciar su caso. Declaramos, además, que esta determinación fue tomada sin comunicarla a la familia.
A través de los medios de comunicación, autoridades de gobierno y de Gendarmería han comunicado que Patricia se encontraría favorecida al ser trasladada de Temuco a Chillán y que esta medida habría sido solicitada por nosotros, los familiares. Desmentimos estas afirmaciones en todos sus puntos por cuanto jamás los familiares hemos hecho esta solicitud que se traduce, en la práctica, en un aceleramiento de su agravamiento.
Gendarmería ha prohibido desde hoy las visitas a Patricia, lo que representa un mayor aislamiento con el propósito de dañar su moral, rodeada de un aparataje de seguridad desproporcionado y atemorizante.
Exigimos al gobierno las condiciones humanas para Patricia, por tanto, su traslado urgente a hospitales de Santiago, con la atención que garantice su vida. No cesaremos de decir la verdad y de reclamar por la vida de Patricia.

¡Exigimos el inmediato traslado de Patricia Troncoso a Santiago!

16 de enero de 2008
©piensachile

ofensiva contra juez pinochetista

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[Jorge Escalante] Ofensiva de organizaciones de derechos humanos contra juez Ballesteros. Por su participación en consejos de guerra de 1973.

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Santiago, Chile. Familiares de desaparecidos y el diputado Aguiló se reunieron ayer con el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín. Éste prometió enviar los antecedentes a la Comisión de Etica del máximo tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, se comprometió con familiares de detenidos desaparecidos a pedir que la Comisión de Etica de ese tribunal investigue la participación del ministro de la Sala Penal de esa corte, Rubén Ballesteros, en los consejos de guerra realizados en Osorno tras el golpe militar de 1973.
En el mismo sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien participó en la audiencia con Marín, anunció que la AFDD "ampliará en contra de Ballesteros la querella que presentamos en España en contra de miembros de la junta militar y algunos de los ministros de Pinochet, que instruye el juez Baltasar Garzón".
La dirigenta manifestó que "de esta manera, también deberá expedirse por España una orden de captura internacional en contra del señor Ballesteros, porque consideramos que él se ha convertido en cómplice de estos delitos de lesa humanidad".
Ballesteros presidió en calidad de ‘auditor' varios consejos de guerra en Osorno en contra de prisioneros, cuando era juez del crimen de esa ciudad.
Además, Inés Barría, participante en la reunión con Marín junto a su abogado Hugo Gutiérrez y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló, le manifestó al presidente de la corte que Ballesteros redactó la sentencia por la cual el pasado 27 de diciembre esa Sala Penal absolvió a cinco oficiales y suboficiales (R) de Carabineros, del secuestro y desaparición de sus hermanos Guido y Héctor Barría Bassay en Río Negro, X Región.
Los asistentes dijeron a Marín que uno de los cinco absueltos de las penas de diez años a los que estaban condenados, fue el actual coronel (R) de Carabineros Hans Schernberger, quien integró los mismos consejos de guerra en Osorno con Ballesteros.
"Eso es una inmoralidad, y el juez Ballesteros no puede seguir en la Sala Penal porque está inhabilitado moral y éticamente", dijeron los asistentes tras el fin del encuentro.
Casi siempre el ministro Ballesteros falla a favor de militares que violaron los derechos humanos y rechaza la legislación penal internacional que persigue los delitos de lesa humanidad.

16 de enero de 2008
©la nación

interrogan a juez militar

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[Jorge Escalante] Interrogado juez militar de Santiago en caso Paine. El General Guillermo Castro, quien además es comandante de la Segunda División del Ejército con asiento en la Región Metropolitana, declaró en calidad de inculpado.

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Santiago, Chile. El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, interrogó ayer lunes en calidad de inculpado por los crímenes de Paine, al comandante de la segunda división del Ejército de la Región Metropolitana y juez militar de Santiago, general activo Guillermo Castro Muñoz.
De acuerdo a informaciones del proceso, al menos habrían dos militares que nombraron a Castro en relación al episodio de Paine, en cual entre septiembre y octubre de 1973 efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo y civiles asesinaron a 29 campesinos de esa localidad al sur de Santiago.
El interrogatorio al general Castro fue producto de una petición que hizo al juez Solis el abogado Luciano Foullioux, quien representa en esta causa a la abogada Pamela Pererira. El padre de esta abogada se encuentra entre las víctimas cuyos cuerpos fueron escondidos en una quebrada y luego desenterrados en 1978 y lanzados al mar.
Durante cuatro horas declaró hoy ante el juez Héctor Solís el prefecto (R) de la Policía de Investigaciones Rafael Castillo. El ex jefe del crimen organizado fue consultado para que ratificara las investigaciones policiales que le correspondió supervigilar, y que dicen relación con la vinculación del general Castro en este episodio. Este tenía el grado de teniente o capitán a 1973 cuando sucedieron los hechos.
Castillo fue hoy también careado con el coronel (R) Andrés Magaña Bau, quien es uno de los procesados como coautor material de asesinar a los campesinos. Magaña comandaba el pelotón de la Escuela de Infantería que participó en estos hechos, junto a un grupo de civiles que fueron encausados también hace unos días por el juez Solís.

15 de enero de 2008
©la nación

últimas fotos de los asesinos del pc

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[Jorge Escalante] Eran los encargados del cianuro y el soplete en la Brigada Lautaro.

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Santiago, Chile. Los ex agentes Gladys Calderón y Jorge Pichunmán tuvieron activa participación en el exterminio de la dirigencia comunista clandestina en el cuartel Simón Bolívar. Una inyectaba cianuro a los prisioneros para causar o acelerar su muerte, y el otro quemó sus cuerpos para desfigurarlos.
Dos de los últimos ex agentes de la Brigada Lautaro procesados en la causa calle Conferencia puestos en libertad provisional por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, corresponden a quienes aparecen en estas fotografías más recientes.
La teniente (R) de Ejército y enfermera Gladys Calderón Carreño, conocida como ‘El ángel del cianuro' y el suboficial (R) de Carabineros, Jorge Pichunmán Curiqueo, nombrado ‘El verdugo del soplete', fueron dos de los más crueles agentes que participaron en el exterminio de la dirigencia comunista en la clandestinidad, en el cuartel donde operó esta brigada en la Avenida Simón Bolívar, comuna de La Reina.
Gladys Calderón, que obtuvo la libertad provisional (sigue procesada) el pasado 14 de diciembre después de permanecer casi un año detenida en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén, era quien inyectaba cianuro a los prisioneros para causarles o acelerar su muerte cuando éstos quedaban moribundos luego de las torturas. Fue quien inyectó también al líder PC encubierto en 1976, Víctor Díaz López.
Luego de muertos, Pichunmán fue el encargado de quemar a los detenidos sus huellas dactilares y desfigurarles el rostro y borrar cicatrices, con el fin de que quedaran irreconocibles. Lo hizo con Víctor Díaz y los otros comunistas asesinados en ese lugar. Aún permanecen detenidos preventivamente (también procesados) los ex agentes infantes de marina, Bernardo Daza Navarro y Sergio Escalona Acuña, quienes también se destacaron por actuar con ensañamiento en los crímenes cometidos en aquel cuartel.

Fernández Larios
Tanto en el proceso por Calle Conferencia (lugar de Santiago donde en 1976 fue secuestrada la primera dirigencia comunista clandestina), como en la causa por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, los ministros Víctor Montiglio y Alejandro Madrid indagan acerca de la participación del mayor (R) Armando Fernández Larios en los crímenes cometidos por esta organización.
Hasta ahora sólo se ubicaba a Fernández formando parte del pelotón de la Caravana de la Muerte, donde actuó con extrema violencia. Pero al menos los ex agentes Luis Lagos Yáñez y Guillermo Ferrán Martínez, declaran en estas causas ser testigos de la presencia de él en el cuartel Simón Bolívar, interrogando y torturando prisioneros.
Según Ferrán, Fernández, radicado en Estados Unidos adonde huyó en 1987, actuó algunas veces en estos hechos junto a Gladys Calderón y el jefe de la Lautaro, Juan Morales Salgado.
Desde Estados Unidos, hasta ahora Fernández Larios se ha negado a responder interrogatorios respecto de delitos que cometió en Chile, amparándose en la protección que ese país le brindó por su colaboración en el juicio por el crimen de Orlando Letelier en Washington.

15 de enero de 2008
©la nación

urgente llamado de senador navarro

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Navarro llama al Gobierno a hacerse cargo de huelga mapuche.

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Valparaíso, Chile. "Si Patricia Troncoso, la 'Chepa', muere, será única y exclusiva responsabilidad del Ministro de Justicia Carlos Maldonado, quien ha actuado con indolencias e ineficacia en el caso de la activista que lleva 93 días en huelga de hambre", dijo el senador Alejandro Navarro, quien llamó con urgencia al gobierno a dar respuesta a la Carta que entregara a la Presidenta Michelle Bachelet junto a comuneros mapuches.
En la misiva se pide "dar urgencia al proyecto que el propio gobierno enviara al Parlamento el 5 de junio de 2006, para excluir de la ley antiterrorista los delitos contra la propiedad. La que con su aprobación beneficiaría a los presos mapuches con la rebaja de penas, posibilitando que accedan a beneficios carcelarios", explicó el legislador.
El parlamentario dijo que "el gobierno está haciendo oídos sordos, la Concertación está haciendo oídos sordos y, particularmente, el Ministro Maldonado", apuntando que será este último "quien deberá responder si la Chepa fallece en las próximas horas, ya que no es entendible que se le ponga tanta traba y burocracia a unas demandas justas y aterrizadas, que son del todo posibles con voluntad y eficacia".
Asimismo, el legislador criticó la petición del ministro secretario general de la Presidencia , José Antonio Viera Gallo, sobre la reserva del informe de salud. "Este es un tema político, es nacional y tiene ribetes internacionales, por lo que el estado de salud de la Chepa no es de la exclusividad del manejo clínico. La gente tiene derecho a saber la verdad, el diagnóstico debe hacerse público a la brevedad".
El legislador dijo que "la Chepa no pide que la dejen en libertad, sino que se le de un trato justo y se le permita ser trasladada a un centro de trabajo, y poder optar a la libertad dominical. Espero que mi gobierno reaccione, ya que en estos momentos estamos en contra del tiempo y porque tenemos la responsabilidad moral de revertir esta situación, que a todas luces se ve negativa".
"El gobierno-expresó el parlamentario- debe garantizar la integridad Patricia que hoy protestan por el castigo desmesurado que la condenó injustamente junto a sus compañeros a pasar 10 años en la cárcel y a pagar 425 millones de pesos de indemnización a la Forestal Mininco , tras ser procesados por el incendio de cien hectáreas ocurrido el 2001 en un bosque perteneciente a la empresa".
Por otro lado Navarro subrayó que " la Presidenta ha puesto a los ministros para anticipar las crisis, pero tiene asesores ineficaces que no dan el ancho para prever y resolver conflictos"
El parlamentario dijo que " la Ley Antiterrorista contra los mapuches, además de ser cuestionada a nivel nacional, también ha sido criticada en el ámbito internacional, donde se ha reprochado a nuestro país por aplicar esta dura condena que viene a ser la segunda en el marco de la Reforma Procesal Penal en el que se invoca esta ley".

14 de enero de 2008
©la nación

murió patricia verdugo

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Verdugo, la periodista chilena que develó los crímenes de Pinochet.

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Santiago, Chile. Su obra más conocida, ‘Los Zarpazos del Puma', fue prohibida por la dictadura, pero circuló de forma masiva en ediciones piratas, llegando a convertirse en un emblema de la lucha a favor de los derechos humanos.
La periodista chilena Patricia Verdugo, cuyos trabajos de investigación sacaron a la luz pública los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet, fue autora de numerosos libros de investigación periodística.
La calidad de su trabajo le significó recibir en 1993 el premio María Moors Cabot, en Estados Unidos, y en 1997, en Chile, el Premio Nacional de Periodismo.
Verdugo estudió periodismo en la Universidad Católica y desde 1969 trabajó en diversos medios, especialmente en las revistas Ercilla, Hoy y Apsi, pero destacó principalmente por los libros que publicó.
La causa de los derechos humanos fue el gran tema que eligió para su labor, tras la muerte de su padre, en 1976, a manos de la policía secreta de la dictadura de Pinochet.
En 1985 publicó ‘Los Zarpazos del Puma', tal vez el libro más leído en la historia de Chile, en el que relata los asesinatos de más de 70 opositores a manos de los integrantes de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió el país asesinando presos políticos entre octubre y noviembre de 1973.
El libro, que se convirtió en un emblema de la lucha a favor de los derechos humanos, fue prohibido por la dictadura, pero ello no impidió que circulara de forma masiva en ediciones piratas que se vendían en las calles.
Prácticamente todos los datos expuestos en la obra de Verdugo fueron confirmados posteriormente durante la investigación judicial del caso, llevada a cabo por el juez Juan Guzmán, quien procesó a Pinochet por su responsabilidad en los crímenes denunciados.
Otros libros escritos por Verdugo fueron ‘André de La Victoria' (1984), sobre el asesinato del cura francés André Jarland; ‘Quemados Vivos' (1986), sobre la historia de dos jóvenes apresados por militares que los rociaron con gasolina y les prendieron fuego, y ‘Bucarest 187', sobre el asesinato de su padre.
En su obra también están presentes ‘Operación Siglo XX' (1990), libro sobre el atentado contra Pinochet por parte de un grupo de izquierda y escrito en colaboración con la abogada Carmen Hertz; ‘Tiempos de días claros' (1990) y ‘Conversaciones con Nemesio Antúnez' (1995).
La muerte de la periodista y escritora fue recibida con general pesar en el ámbito periodístico y entre las víctimas de la dictadura.

14 de enero de 2008
©la nación


[La periodista murió de un cáncer a la vesícula en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Su velatorio se realiza a partir del mediodía de hoy en la iglesia San José de La Reina. Sus funerales se realizarán mañana martes a las 12:30 en el cementerio Parque de los Recuerdos].