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cacería de chilenos en brasil

mqh - 14 de enero de 2008 - 01:24 - chile

Documentos demuestran que servicio secreto pidió captura de exiliados chilenos Adriana Leticia Padín Villegas, Fernando Garrido Manzol y Oscar Mateluna Peña.

Brasil. Dos documentos del servicio secreto de la dictadura brasileña (1964- 1985) revelan que Brasil persiguió exiliados chilenos y argentinos en la llamada ‘Operación Cóndor', aplicada por los gobiernos militares en el Cono Sur, informa hoy la prensa.
El diario Folha de Sao Paulo tuvo acceso a los dos documentos enviados, uno en 1976 y otro en 1977, por el Servicio Nacional de Información (SNI) al Departamento del Orden Político y Social (DOPS), ambos organismos de la dictadura.
En esa época el director del SNI era el general Joao Baptista Figueiredo, a la postre el último dictador brasileño (1979- 1985). Su nombre ya había sido citado como el responsable de la ‘Operación Cóndor' en Brasil por el periodista estadounidense John Dinges, en el libro ‘Los años del Cóndor'.
Uno de los ex ministros de Figueiredo, Jarbas Passarinho, admitió en una reciente entrevista con el diario de mayor circulación del país que Brasil, "efectivamente, participó de la operación".
La historiadora María Aparecida de Aquino, especialista en los archivos del DOPS en Sao Paulo, resaltó la importancia de los dos documentos, donde el SNI pide la captura de chilenos y argentinos.
"Ellos ayudan a reconstituir la posible participación de Brasil en ese caso. Por medio de textos como esos se pueden descubrir más detalles y hacer preguntas que antes no se hacían", apuntó la profesora de la pública Universidad de Sao Paulo (USP).
Uno de los documentos pide informaciones sobre los chilenos Adriana Leticia Padín Villegas, Fernando Garrido Manzol y Oscar Mateluna Peña, la primera abogada y los otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El otro documento con el rótulo de "confidencial", sin nombres y fechado el 27 de diciembre de 1977, pide investigar a "todos los argentinos sospechosos de nexos con movimientos subversivos".
Tres años después, los argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viñas, ambos con nacionalidad italiana y considerados miembros del grupo revolucionario Montoneros, desaparecen en Brasil.
Esas y otras 23 desapariciones de italianos, llevó a que la jueza de Roma Luisianna Figliolia expidiera 140 órdenes de detención de ciudadanos latinoamericanos, entre ellos ex dictadores y militares responsables de la ‘Operación Cóndor' en los años 70 y 80.

13 de enero de 2008
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oscuro fortuna de la familia vega

mqh - 13 de enero de 2008 - 15:57 - chile

[Luis Narváez y Javier Rebolledo] Los documentos que complican a la familia de Ramón Vega. Los secretos del dossier mirage.

Santiago, Chile. Tras la acumulación de pruebas, tanto en Bélgica como en Chile, las autoridades judiciales se han preguntado si hay coherencia entre los ingresos que percibió el general en retiro Ramón Vega y los bienes que él y los suyos lograron acumular. Acá, parte de lo que Estados Unidos reveló cuando levantó el secreto bancario a la justicia belga.
Propiedades en La Dehesa, Las Condes, Villarrica, Estados Unidos e Inglaterra; vehículos lujosos, tanto modelos modernos como antiguos de colección; cuentas en los principales bancos nacionales y algunos extranjeros. Son parte de los bienes que ha logrado amasar el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y después senador institucional Ramón Vega Hidalgo, junto a su familia, a lo largo de los años.
Hace años que jueces, detectives y parlamentarios se preguntan cuál es el origen del dinero que le permitió a Vega reunir esa pequeña fortuna. Todo porque la justicia de Bélgica ha descubierto una serie de transacciones financieras, vinculadas al pago de comisiones ilegales por la compra de 25 aviones Mirage para la FACH, en las cuales los hijos del general retirado habrían recibido dinero.
La compra data de 1994, cuando Vega estaba al mando de la aviación y el Gobierno tomó la decisión de aceptar la oferta que hizo la empresa belga Sabca, dedicada al rubro de la aeronáutica. Ésta, que disponía de un stock de cazabombarderos Mirage 5 dados de baja por la Fuerza Aérea de Bélgica, los había repotenciado a través del programa Mirsip (Mirage Safety Improvement Program) y logró colocarlos en Chile a cambio de 109 millones de dólares. Fueron 20 aviones modernizados, más otros cinco sin modernizar que fueron utilizados como fuente de repuestos, y que en nuestro país fueron rebautizados como Elkan.
En 1995 estalló en Bélgica un gigantesco escándalo de corrupción, cuando se descubrió que empresas de armamento habían pagado coimas a una serie de altos funcionarios de Gobierno. Al revisar los contratos de venta de material bélico surgieron sospechas respecto de varios operadores, entre ellos una empresa denominada Europavia, subsidiaria de Sabca, y la venta de los aviones Mirage a Chile.
La investigación quedó en manos del juez Daniel Fransen. Fue éste mismo quien, ante la imposibilidad de perseguir criminalmente a ciudadanos chilenos involucrados en el pago de comisiones ilegales, y frente a la amenaza de la prescripción, decidió enviar a nuestro país un voluminoso exhorto: la copia íntegra del dossier del caso, caratulado con el número de rol 2001/36 del Primer Juzgado de Instrucción de Bruselas.

Ruta del Dinero
Como lo informó LND en su edición del 16 de diciembre pasado, dicho expediente se encuentra por estos días en dependencias del 32 Juzgado del Crimen de Santiago, donde está radicada una investigación por el delito de exacción ilegal, o, lo que es lo mismo, pago de coimas a funcionarios públicos.
"La responsabilidad de ciudadanos chilenos debe ser resuelta por tribunales chilenos y acá está muy encima la prescripción", señaló a este diario una alta fuente de la Oficina Central para la Represión de la Corrupción, un ente fiscal belga que ha hecho de parte acusadora en el caso.
La documentación enviada por Fransen, contenida en una decena de cajas, es trascendental para el futuro de la investigación en Chile. El dossier incluye informes de las autoridades financieras de Estados Unidos y Suiza, las que, a petición de la justicia belga, accedieron a levantar el secreto bancario para estudiar los movimientos en las cuentas de varios de los intermediarios que triangularon las comisiones ilegales.
Fue así como se descubrió que, desde cuentas de sociedades al portador (off shore) creadas en paraísos fiscales, se realizaron, entre 1996 y 1997, depósitos y transferencias de fuertes sumas de dinero a los tres hijos del general Vega: Gustavo, Verónica y Rosa María Vega Pizarro.
Los fondos, que alcanzan a los 700 mil dólares, provenían de cuentas de la empresa Berthier Investment Inc. Esta compañía, propiedad del chileno de origen checo Carlos Honzik Hubka fallecido en 1999, estuvo a cargo de recibir el monto total que Sabca pagó en comisiones a los intermediarios en la venta de los Mirage: 14,45 millones de dólares.
El seguimiento de la ruta, despejada por las autoridades suizas y estadounidenses, permitió llegar hasta los bancos Coutts and Co. hoy de propiedad del español Santander y Espirito Santo, ambos con sede en Miami. En ellos se hallaron cuentas asociadas a la ruta de las comisiones.
En el primero de los mencionados, se descubrió una cuenta a nombre de Gustavo Vega, quien, según la documentación oficial de la entidad financiera, actuaba en representación de su padre, Ramón Vega. El 28 de marzo de 1996, dos días después de que la cuenta fuera abierta, los Vega recibieron, según el banco, un depósito de 441.189 dólares proveniente de la cuenta TABA del mismo Coutts, que era la denominación utilizada para la cuenta de Berthier.

Respuestas que No Calzan
En varias ocasiones, La Nación Domingo ha intentado obtener una versión del ex uniformado, pero éste se ha negado. El general sí ha concedido algunas entrevistas a los diarios La Segunda y La Tercera, y este viernes publicó un artículo en la revista Qué Pasa, titulado ‘Vega se defiende', en el cual insiste en que el negocio que terminó con la compra de los Mirage se hizo de gobierno a gobierno, y que por ello no correspondería el pago de comisiones.
Sin embargo, en ninguna de sus declaraciones Vega hace referencia a las cuentas y las transferencias de dinero a sus hijos descubiertas por la justicia belga, ni a la relación que tuvo él con los intermediarios.
"Un pago de este tipo no debe existir, tanto porque esta operación se realizó de gobierno a gobierno como porque, aun suponiendo que un jefe de servicio quisiera establecer condiciones irregulares de venta, esta posibilidad de influir en forma determinante se vería impedida por el sistema legal vigente y por la intervención de numerosos organismos", señaló a Qué Pasa.
Asimismo, Vega insiste en que ni Carlos Honzik ni su doble yerno, Bernard van Meer (quien se ha casado con sus dos hijas, en distintos períodos), tuvieron ninguna influencia en las tratativas. "En ningún momento tuvieron participación", sostiene.
Sin embargo, su propio pariente político contradice al ex comandante en jefe de la FACH. En una declaración que prestó en Londres, en 2005, a detectives chilenos, Van Meer, empresario de origen holandés, reconoce haber recibido comisiones por la venta de los aviones Mirage.
El actual gerente de marketing y ventas de Sabca, Marc Humblet, fue el principal ejecutivo de la empresa belga al frente del negocio con Chile entre 1992 y 1996. Humblet ha declarado a la justicia que se contactó a Bernard van Meer precisamente por su posición privilegiada como representante de empresas y su condición de yerno de Vega.
También, menciona claramente la participación de Carlos Honzik en el dispositivo para conquistar el mercado chileno y "convencer" a las autoridades locales para que se decidieran por la oferta que hacía Sabca.

Sospechas Oficiales
A partir de 2003, cuando se fueron acumulando las pruebas que aparecen en el proceso, la justicia chilena comenzó silenciosamente a indagar respecto a las propiedades que los Vega habían adquirido en los últimos 10 ó 12 años. Durante 2005, por ejemplo, los conservadores de bienes raíces de Santiago y de la Araucanía enviaron sendos informes indicando la existencia de bienes raíces a nombre de la familia.
Por otro lado, aunque con más demora por la resistencia que aún imponen algunos bancos para entregar información, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, también elaboró un informe indicando las entidades donde Vega y los suyos mantienen instrumentos financieros.
Una fuente ligada al caso señala que tanto en los investigadores como en el CDE de inmediato surgieron dudas con respecto a la capacidad de la familia para sostener, con sus ingresos normales, el estilo de vida que llevaban.
Algunos meses después de que la cuenta de Gustavo Vega en el Coutts and Co. de Miami recibiera los más de 441 mil dólares, la esposa del aviador, Rosa María Pizarro Pinochet, compró una valiosa propiedad en calle Monasterio 11054, en La Dehesa. Según los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la casa, adquirida el 28 de noviembre de 1997, costó 10.300 unidades de fomento, es decir, más de 200 millones de pesos actualmente.
Ramón Vega, en tanto, aparece en el Boletín de Informaciones Comerciales como propietario de un bien raíz ubicado en calle El Olivar 1490, en Las Condes, el que, sólo por avalúo fiscal, está valorado en más de 261 millones de pesos. Su hijo Gustavo vive en una propiedad en calle Los Trapenses, también en La Dehesa, y su hija Verónica tiene un lujoso departamento en la calle 27 de Nueva York.
Gustavo Vega junto a su ex esposa, Andrea Espinace, formaron una empresa inmobiliaria denominada Pizarro Propiedades, dedicada a la venta y corretaje. El 12 de noviembre de 2004, el hijo del general vendió una propiedad, cerca del Estadio Italiano, por más de 105 millones de pesos.
Otra de las sociedades activas con que realizaron algunos negocios fue Calafquén S.A. Ésta fue creada en enero de 1995 por Gustavo, Verónica y un primo. Su participación en esta sociedad fue consignada por Vega a la hora de abrir la cuenta en el Coutts.
Ese mismo año, el único hijo varón del general Vega abrió otra sociedad: la Sociedad Transportes H. P. Limitada, también llamada Horse Power Ltda., y la mencionada Propiedades Pizarro.
Actualmente, la documentación enviada por la justicia belga está a la espera de que sea traducida por la Cancillería para ser oficialmente incorporada al expediente del caso.
Una vez que eso suceda habrá una serie de diligencias, entre las que se cuentan nuevos interrogatorios a Vega, su esposa y sus hijos, para que expliquen por qué aparecen recibiendo dineros del mayor comisionista del negocio de los Mirage, Carlos Honzik.

Amistades Peligrosas
El inicio de la década de los noventa fue, económicamente hablando, un buen período para la familia de Vega. Mientras el jefe del clan hacía uso de la imponente construcción destinada a los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, en Las Condes, dos de sus hijos, Gustavo y Verónica, también disfrutaban de los lujos que ofrecía el inmueble.
Sus cercanos dicen que el pasatiempo favorito del general en retiro, que mantiene hasta hoy, es la colección de motos y automóviles antiguos. Un ex oficial que visitó la casa en aquellos días recuerda que entonces el aviador pasaba horas al cuidado de sus "juguetes", y que ello llamaba la atención de muchos de sus colegas. "Ver a un general con ese nivel de vida te hacía creer que, si uno llegaba alto dentro de las Fuerzas Armadas, podía acceder a ese nivel de vida", recuerda.
Una fuente de inteligencia militar reconoce, sin embargo, que ya en aquel tiempo se comentaba en círculos castrenses que la familia Vega no podía mantener ese estatus de vida sólo gracias a las rentas que obtenía de su trabajo para el Estado. "La relación con el general Pinochet, que recibía a muchos intermediarios en venta de armas personalmente en su casa, y también la relación de varios miembros de la FACH con intermediarios, hacía sospechar al resto de las ramas que ahí también se cocían habas", cuenta el oficial.
La misma fuente reconoce que cuando LND publicó los detalles de la investigación belga del caso Mirage, varios cercanos a la comunidad militar terminaron por atar cabos, respecto a una serie de situaciones sospechosas. "Una de las cuestiones que llamó la atención fue que Conrado Ariztía uno de los intermediarios que habría repartido comisiones de los Mirage tuvo durante mucho tiempo una agencia de viajes que le vendía todos los pasajes a la FACH. También, se sabía que Ariztía tenía una estrecha relación con el otro ex comandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos, con quien alguna vez habría mantenido una sociedad", completa el agente de inteligencia.

Negocios de Familia
El Banco Coutts and Co. de Miami consigna que tiene en sus registros la cuenta Nº 54418911, cuyo titular era Gustavo Vega Pizarro. En la ficha ‘Client History and Profile' (historia y perfil del cliente) se consigna: "Account name: Gustavo Vega P. ITF (In Trust For) Ramón Vega H.", lo que quiere decir que el hijo actuaba en representación del padre.
La cuenta fue abierta el 26 de marzo de 1996, y sólo dos días después recibió un depósito de 441.189 dólares. Dicha transferencia provenía de otra cuenta del mismo banco, con el número 543165 y bajo la denominación de "TABA". Esta cuenta era de Berthier Investment Inc., una empresa de papel creada en las Islas Vírgenes por el comerciante de armas Carlos Honzik, amigo de Vega.
Otro documento, fechado el 15 de julio de 1996, indica que Carlos Honzik transfiere desde "TABA" 20 mil dólares a la cuenta Nº 38336977, que Rosa María Vega Pizarro, una de las hijas del general Vega, mantenía en el Midland Bank de Londres. Dos años más tarde, en marzo de 1998, la mujer recibe dos depósitos, por un total de 100 mil dólares, en su cuenta (62983140), esta vez en el Banco Coutts de Londres.
Casi un año antes, en diciembre de 1995, Honzik transfiere otros 20 mil dólares a la cuenta 0051191203 que Verónica Vega Pizarro, la otra hija del ex comandante en jefe de la FACH, mantenía en el Chase Manhattan Bank.

13 de enero de 2008
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las nanas de la ex ministro

mqh - 13 de enero de 2008 - 07:46 - chile

Los días de furia de Mónica Madariaga. Tres mujeres acusan haber recibido golpes de la ex ministra de justicia.

Santiago, Chile. La abogada tenía dos querellas por violencia. Sonia Lagos, su ex nana, se enteró por las noticias y decidió sumarse a las denuncias. A poco más de un año de haber vivido en carne propia "el infierno", aquí acusa castigos y amenazas. El hermano de Madariaga sale en su defensa: "No se puede pretender que cualquier persona que está sometida a tratamiento por cáncer actúe en forma normal".
Nada tienen en común Dyane Wilson, María Coñué y Sonia Lagos, salvo que las tres habrían sido violentadas por la misma persona: Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia y de Educación de la dictadura.
Eso es lo que relatan al abogado Hugo Gutiérrez en su oficina de la Corporación de Asistencia Judicial. Las dos primeras ya presentaron una querella en contra de la prima de Pinochet; la última, en cambio, sólo dejó constancia en Carabineros a fines de diciembre pasado y aún se atora con las lágrimas cuando intenta recordar los dramáticos momentos que -dice- vivió como empleada doméstica en la casa de la abogada.
Sonia Lagos escuchó por las noticias sobre los episodios de violencia que la ex secretaria de Estado tuvo con Wilson y Coñué. Se armó de valor pese a que tiembla al hablar de su ex patrona y buscó la ayuda de Gutiérrez, patrocinador de las anteriores acciones judiciales.
Para Sonia, el tiempo que pasó como empleada en la casa de Madariaga fue una pesadilla. No sólo trabajó con la ex ministra, sino que vivió varios meses a su lado y asegura que durante ese tiempo sintió en carne viva "el infierno".
Sonia está notoriamente emocionada y derrama lágrimas de impotencia mientras cuenta sobre las riñas de "la señora Mónica" y una amiga que frecuentaba su casa: "A los pocos días que llegué a trabajar empezaron las dos a pelear con armas tenían revólveres . Que te voy a matar, se gritaban. Una vez quedó la media escoba. La señora Angelina su amiga la empujó cuando ella tenía un yogur en la boca y al otro día tenía los labios moreteados. En la mañana la encontré limpiando... Fueron de terror todos esos días".
Sonia tiene 42 años. Es morena y de baja estatura. Afirma haber aceptado y resistido el trabajo de empleada puertas adentro para pagarle la carrera técnica de contador auditor a su hija. Soportó más que sólo un espectáculo violento. "Les llevaba comida. Les ponía mesitas a las dos. Una vez se enojó por cómo le había aliñado la ensalada a la señora Ange. Pescó la bandeja y me la refregó en la cara. Me apoyó contra el ropero. Yo no paraba de llorar".
Recuerda haber pasado muy mal aquella noche, encerrada en su pieza. La cosa estaba lejos de terminarse. Junto con sufrir estos golpes, vio los moretones que su propia jefa le enseñaba "producto de las golpizas en que se enfrascaba muchas veces con unos tragos de más", según cuenta.
Y es que éste era uno de los motivos constantes de pelea en la casa de Mónica Madariaga: "Ella se ponía a tomar y en la tarde se agarraban a cachetadas. Quien pegaba más era la señora Angelina".
Sonia relata que cuando fue a dejar constancia en Carabineros fue inútil, ya que, según señala, en la comisaría se rieron de ella. "Me dijeron que por qué yo no le había hecho lo mismo (pegarle). Yo les dije que me dio miedo, ya que estaba sola y ellas eran dos personas altas".
En su cabeza no hay claridad. No puede contabilizar el tiempo que transcurrió en la casa de la que por fin salió, aunque con amenazas. "Me hizo firmar los papeles apurada y ni siquiera vi lo que estaba firmando. No podía irme porque si lo hacía sin llevarme mi ropa, dijo que iba a acusarme de abandono de trabajo".
Sonia se animó a denunciar el hecho porque por las noticias comprobó que no era la única.
El abogado Hugo Gutiérrez siente que en vez de dejar una constancia en Carabineros, Sonia no haya tomado una decisión más drástica y denunciara el hecho ante los tribunales; aun así, cree que es posible visualizar futuras acciones legales. "En el caso de Sonia debería proceder una querella por amenazas, ya que Madariaga la obligó a firmar su renuncia para no pagarle nada", sentencia.

Terror en el Supermercado
Diciembre, 21, año 2004. Mientras la ciudadana escocesa de 38 años Dyane Wilson hacía las compras en el Jumbo de La Reina para Navidad, la que pasaría junto a su marido chileno y a sus dos hijos, que en ese momento la acompañaban, la fila de pago sufrió un atraso.
Dos lugares más atrás estaba Madariaga. En ese momento, la extranjera relata que aunque no entendía muy bien el español, pudo percatarse del fuerte lenguaje usado por la ex ministra, quien luego pasó junto a ella con notoria molestia. Wilson le dijo que no era necesario enojarse. Mónica volvió a explotar.
"Ella se da una vuelta y dice, con cara de mucha rabia: ¡Yo soy la ministra de Justicia de Pinochet y tú eres una perra! Luego me pega. Mi hijo de cinco años cayó al suelo llorando. Yo quise ayudarlo y continuó pegándome y después se fue. Yo pedía ayuda, gritaba ¡policía, policía! , y no pasó nada. Y aunque en ese momento no era ministra, ella dice yo soy. Esto fue muy malo para mí. Fui al doctor, no paraba de llorar. Tengo miedo, pienso que puede matarme en la noche".
Según evoca, nadie en el supermercado se acercó a ayudarla. Luego tuvo que irse sola con sus hijos hasta la Clínica Alemana.
A estos dos casos se suma el de la cajera de supermercado María Coñué, quien también fue agredida por la prima de Augusto Pinochet. "Mientras le pegaba le decía perra, inepta, ladrona, clonadora de tarjetas y muerta de hambre... Le tomaba el pelo y la agredía", dice el abogado de la causa, Hugo Gutiérrez, quien asegura que Madariaga "vive anclada en el pasado, en un cargo que tuvo en dictadura y que prolonga hasta el día de hoy. Sigue abusando de lo que en su momento significó. El Poder Judicial debería tomar las medidas para que este abuso cese y permita a todas las personas que agredió verse satisfechas en sus pretensiones de la sanción penal".
Aunque LND intentó comunicarse con Mónica Madariaga, no contestó el teléfono. Sin embargo, su hermano Patricio Madariaga, ex cónsul en Estados Unidos, justifica su actitud, atribuyendo sus bruscos ataques de mal humor al tratamiento médico a que se ha sometido por su cáncer de mamas.
"Hay que entender que ella ha estado bajo tratamiento y no se puede pretender que cualquier persona que está sometida a tratamiento por cáncer, con todas las radiaciones y quimioterapias, actúe en forma normal. Ella tenía un cáncer que ahora está detenido y que primero le tomó las mamas, después la espina dorsal, se le fue a los huesos.
Es muy complicado. Lógicamente, por razones políticas, la gente se aprovecha para atacarla, pero no es una persona en estos momentos que pueda ser sometida a ataques".

13 de enero de 2008
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más años para rata pinochetista

mqh - 11 de enero de 2008 - 19:21 - chile

‘Mamo' condenado por crímenes de La Legua. Ex jefe de la DINA sumó a su largo prontuario el secuestro de siete dirigentes poblacionales. Cuatro de ellos fueron ejecutados luego en la comuna de Cerro Navia.

Santiago, Chile. Revocando una cuestionada decisión del ministro de fuero Joaquín Billard, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro de siete personas entre el 18 y 22 diciembre de 1973.
En votación unánime, los magistrados determinaron sentenciar con 10 años y un día de presidio al general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y José Friz Esparza.
Estos ex miembro de la policía represiva de la dictadura de Augusto Pinochet en primera instancia había sido favorecidos por Billard quien los había absuelto por aplicación del principio de la prescripción de la acción penal.
Esta vez, la sala conformada por Dobra Lusic Nadal, Manuel Antonio Valderrama y la abogada integrante María Victoria Valencia, desestimó tales argumentos y determinó calificar los hechos como "crímenes de guerra" aplicando los denominados Convenios de Ginebra para determinar la condena.
En parte del fallo se señala que "debe tenerse presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de ius cogens, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra mandada por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo)".
De este modo, agrega, "el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales".
La condena se dictó por los secuestros calificados de: Carlos Alberto Cuevas Moya, Luis Alberto Canales Vivanco, Alejandro Patricio Gómez Vega, Pedro Patricio Rojas Castro y Luis Emilio Orellana Pérez, perpetrados igualmente entre los días 18 y 22 de diciembre de 1973.
Todos ellos eran dirigentes del denominado Comité Galo Andrade de la población La Legua y fueron ejecutados el 22 de diciembre en un sector de Cerro Navia.
En tanto, en los casos de Margarita del Carmen Durán Gajardo y Sigfrido Orellana Pérez, perpetrados el 18 y 21 de diciembre de 1973, la condena es sólo por el delito de secuestro simple, ya que ellos no fueron ejecutados.

11 de enero de 2008
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libre asesino de tucapel jiménez

mqh - 11 de enero de 2008 - 13:49 - chile

[Jorge Escalante] Suboficial (R) Letelier cumplió condena de 8 años.

Chile. El ex agente Miguel Letelier Verdugo recuperó su libertad el viernes pasado desde Punta Peuco. Nunca se arrepintió del crimen que cometió junto al mayor (R) Carlos Herrera y al suboficial (R) Manuel Contreras, indultado por el ex Presidente Lagos.
En libertad salió el viernes pasado desde el penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo, coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Letelier obtuvo el beneficio luego de cumplir su pena de ocho años a la que fue condenado en el proceso que instruyó el juez Sergio Muñoz, último magistrado que tuvo a cargo esta causa.
Nunca mostró arrepentimiento del crimen, como sí lo hizo el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, indultado en 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Su decisión fue en aquel momento duramente criticada por el actual diputado independiente Tucapel Jiménez, hijo del dirigente.
Ambos suboficiales hoy en retiro fueron junto al mayor Carlos Herrera Jiménez los tres autores materiales del homicidio. Herrera cumple por ello presidio perpetuo en el penal Punta Peuco. Gendarmería confirmó a La Nación la salida de Letelier Verdugo "tras haber cumplido íntegramente su condena de ocho años".
Al suboficial (R) que integró la DINE le fue computado el período que estuvo detenido antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema confirmara el 9 de marzo de 2004 las condenas aplicadas por el juez Sergio Muñoz en su sentencia del 5 de agosto de 2002.
A pesar de que el juez Muñoz ya conocía durante la investigación las identidades de Letelier y Contreras Donaire como quienes acompañaron a Herrera a cometer materialmente el crimen, en la fase probatoria y pública del juicio quedó para el recuerdo el momento en que a Herrera, respondiendo consultas del juez Muñoz, se le escaparon de la boca los nombres de ambos.
Hasta ese instante Herrera nunca había mencionado las identidades de sus dos acompañantes.
También mostró después arrepentimiento por el crimen, e incluso pidió perdón público a la familia del líder sindical, pero hasta ahora nunca le ha sido concedido el indulto presidencial que ha solicitado.

11 de enero de 2008
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piden modificar leyes pinochetistas

mqh - 10 de enero de 2008 - 22:38 - chile

Piden urgencia a proyecto que modifica Ley Antiterrorista.

Valparaíso, Chile. El Senador Alejandro Navarro y organizaciones indígenas buscan que mapuches condenados se favorezcan con una rebaja en sus penas al no considerarse como acto terrorista los delitos contra la propiedad.
Una carta en que se solicita que el Gobierno le dé urgencia al proyecto de ley que busca eliminar de la Ley Antiterrorista los delitos contra la propiedad entregaron esta mañana en La Moneda el senador Alejandro Navarro y miembros de diversas organizaciones indígenas.
El proyecto de ley, de propia iniciativa del Ejecutivo, provocaría una rebaja de penas para los presos mapuches condenados bajo la Ley Antiterrorista, según lo contempla el propio Código Penal, al cambiar el tipo penal bajo el cual fueron juzgados y por obligación de los tribunales de aplicar la nueva ley siempre y cuando favorezca al afectado.
En la ocasión, Navarro aprovechó para emplazar al nuevo ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, a asumir que la temática indígena "ha llegado para instalarse en la agenda pública", en directa alusión a la muerte del estudiante mapuche Matías Catrileo y la situación de la activista mapuche Patricia Troncoso, quien permanece en huelga de hambre hace 90 días en una cárcel de Angol.
"Esta problemática requiere una preocupación política del Gobierno, no una preocupación militar, por lo tanto, yo espero que las respuestas a partir de ahora se den, digan relación con los temas de fondo y no se resuelva poniendo más carabineros, porque ocupar militarmente la Araucanía ha sido un fracaso", dijo el senador.
La misiva también busca que la Presidenta rechace la declaración interpretativa al Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. A juicio de los firmantes la interpretación al convenio "pretende mutilar sus plenos efectos".
Las organizaciones indígenas plantean que el Convenio de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) de la Naciones Unidas no sea votado la próxima semana, sino que pase a la Comisión de Constitución del Senado, para que se analice la validez, legalidad, y pertinencia de la declaración interpretativa.
El senador por la Región del Bío Bío indicó que le "causa vergüenza", la interpretación del Convenio que ha hecho el Senado, ya que "la OIT no acepta las declaraciones interpretativas ni las reservas", según señala se lo ha confirmado su propio director, Juan Somavía.
El legislador subrayó que La Presidenta "puede aceptar o rechazar la declaración interpretativa al Convenio 169, instruir al ministro Viera-Gallo a rechazarla en la votación de la sala, y darle urgencia al proyecto de ley del Ejecutivo".
La Carta entregada a la Presidenta fue firmada por el Senador Navarro, el Consejero Indígena Aymara Zenón Alarcón, el Consejero Mapuche Urbano José Llancapán, el Presidente del Consejo de Todas las Tierras Aucán Huilcamán, y el presidente de la Corporación Aymara Jacha Marka Aru, Juan Carlos Guarache.

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ex prisioneros demandan a estado

mqh - 10 de enero de 2008 - 21:40 - chile

Ex prisioneros de Isla Dawson presentan millonaria demanda contra el Estado.

Santiago, Chile. Un grupo de 31 ex detenidos en Isla Dawson al inicio de de la dictadura militar, presentaron una millonaria demanda reparatoria contra el Estado de Chile. Los ex presos políticos acusan a agentes del Estado de secuestros, torturas, trabajos forzados y otros delitos que vulneran los pactos internacionales, como la Convención de Ginebra, firmados por Chile.
La demanda presentada hoy en los tribunales de justicia por una treintena de ex prisioneros en Isla Dawson durante los dos primeros años de la dictadura, solicitan una indemnización de $400 millones por cada uno, además de $500 mil por cada de día de reclusión.
El abogado patrocinante de la demanda, Víctor Rosas señaló la urgencia de que "los poderes del Estado, especialmente el Ejecutivo y Legislativo, se aboquen a respetar la resolución de la Naciones Unidas, que obliga que estos juicios de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tengan acceso a una justicia rápida y eficaz, y no sigamos bajo el procedimiento de juicio de Hacienda, que es lo más largo y engorroso que puede haber, con una serie de prerrogativas para el demandado Fisco".
Unas 700 personas -entre ellas 35 ex colaboradores del gobierno del presidente Salvador Allende- fueron confinadas en la isla austral durante 1973 y 1974. La totalidad de los ex prisioneros de Magallanes sufrieron flagrantes, masivas y sistemáticas violaciones a sus derechos que incluyeron secuestros, largos periodos de incomunicación, torturas, trabajos forzados y vejaciones de todo tipo, dice el extenso escrito presentado ante tribunales por el abogado Víctor Rosas, en representación de los demandantes.
"En Magallanes la represión hacia las organizaciones sociales y políticas afines al gobierno depuesto comenzó con antelación al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, por ello y proporcionalmente -de acuerdo a su población de época- fue más masiva que en otras regiones del país. Más de 2 mil personas fueron detenidas en los primeros meses de instalación de la dictadura militar", dijo Eliecer Valencia, uno de los demandantes.
"La totalidad de los agentes que actuaron en la represión lo hicieron bajo las órdenes de jefes militares de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, usaron instalaciones fiscales (regimientos, estadios, bases militares), medios de transportes (buques, aviones, camiones y vehículos menores) e innumerables otros recursos destinados a las ramas castrenses. Tras el golpe militar, en Magallanes fueron usados 32 recintos de reclusión", añadió el ex prisionero Miguel Loguercio, quien era menor de edad cuando estaba en la Isla Dawson.
"Los derechos básicos de miles de magallánicos fueron vulnerados por una práctica sistemática de agentes estatales durante la dictadura. El Estado de Chile es el responsable último de estas violaciones. El Estado es el garante y responsable, en todo momento y bajo cualquier tipo de gobierno, de la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. Las violaciones de derechos humanos en Magallanes tuvieron un carácter masivo y sistemático", dice la demanda presentada ante tribunales y que en más de 80 páginas describe los atropellos que sufrieron los ex prisioneros, relata las torturas a que fueron sometidos y menciona los nombres de los agentes directamente involucrados en los atropellos.
La demanda será tramitada por el 18 Juzgado Civil de Santiago.

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aprueban reforma previsional

mqh - 10 de enero de 2008 - 14:25 - chile

Senado aprueba reforma previsional. Pero rechaza indicación que permitía al BancoEstado participar en ese mercado.

Valparaíso, Chile. La reforma aprobó pensión mínima de 255 mil pesos mensuales para los cotizantes con derecho a jubilación y una pensión básica para los que no lo tienen de 70 mil pesos; ambas, pagaderas a partir de julio de este año.
Después de dos maratónicas sesiones de sala realizadas ayer, el Senado aprobó, en segundo trámite legislativo, la reforma previsional, sin el articulado que permitía a los bancos constituir filiales como sociedades administradoras de fondos de pensiones.
Tras conocerse el resultado de la votación, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que no se puede empañar un gran proyecto como el de la reforma previsional por el rechazo del ingreso de la banca al negocio de la AFP. Y añadió que las "escaramuzas" del debate no deben afectar el resultado final.
El secretario de Estado agradeció a los senadores de la derecha y de la Concertación "porque se ha aprobado hoy día un gran proyecto de ley, una reforma que va a hacer historia". Luego, agregó que "hoy comienza el segundo tiempo en materia de pensiones para Chile".
Velasco dijo que el panorama actual de los chilenos será muy diferente con el nuevo sistema de pensiones, "más justo, más solidario, con más competencia y, por lo tanto, con más tranquilidad para las familias y (por eso) el Gobierno celebra la aprobación en el Senado".
Por su parte, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, destacó el acuerdo que permitió la aprobación de la reforma, calificándolo como un "amplísimo acuerdo". Y, aunque lamentó que la banca no lograra ingresar al negocio de las AFP, admitió que era algo que estaba dentro de las posibilidades y "no empaña en absoluto la profundidad de la reforma", haciendo referencia a la pensión básica solidaria para los pensionados de escasos recursos que se aprobó en la misma sesión.
Andrade se refería al itinerario que recorrió el articulado relacionado con la banca en la tramitación en el Senado. La normativa, que había sido aprobada en primer trámite por la Cámara de Diputados, durante el trámite en general en el Senado había sido rechazada. Razón por la cual el Ejecutivo la había repuesto a través de una indicación ingresada el pasado 4 de enero.
Pero ésta fue rechaza ayer por 20 votos -de los senadores de la Alianza e independientes- y 18 de los senadores de la Concertación a favor. Cerrándose así, definitivamente, el debate en torno a la posibilidad de que BancoEstado pudiera constituir una AFP estatal.
No obstante, por 30 votos a favor, cinco en contra y 2 abstenciones, se aprobó la norma que faculta a los bancos a constituir filiales de asesoría previsional. Esto permitiría a BancoEstado, al menos, participar en los procesos de licitación de carteras de pensionados, sin administrar fondos previsionales.
La reforma previsional, uno de los proyectos "estrella" del Gobierno, pasó así a tercer trámite a la Cámara de Diputados, instancia que deberá en los próximos días ratificar el proyecto tal y como salió ayer de la cámara alta, para dejar la iniciativa en condiciones de ser promulgada como ley de la República.
La reforma crea una Pensión Básica Solidaria que se entregará a todos los mayores de 65 años -independientemente del sexo- que no hayan cotizado y que ascenderá a $ 75 mil en pleno régimen. Asimismo, establece un Aporte Previsional Solidario (APS) que permite una pensión mínima garantizada de 255 mil pesos mensuales a los cotizantes del sistema con derecho a pensión.
También, norma una bonificación a las mujeres por cada hijo nacido vivo, que se le sumará a su fondo previsional.

Afp Estatal
Ayer terminó de echarse por tierra definitivamente la posibilidad de creación de una AFP estatal, luego de que a los 16 senadores de la UDI y RN se sumaran los cuatro integrantes de la bancada de independientes, entre ellos el ex DC Adolfo Zaldívar y el ex PPD Fernando Flores, para rechazar la indicación que permitía que el BancoEstado entrara al sistema.
La idea de que una entidad pública dotara de mayor competitividad a un mercado privado excesivamente concentrado estaba contenida en el proyecto original, enviado en diciembre de 2006 al Congreso por el Gobierno.
Fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados, pero una vez en el Senado trabó el avance del proyecto en su conjunto. Razón por la cual el Ejecutivo negoció con la derecha un acuerdo que no incluía los articulados relacionados a ese objetivo, lo que permitió que el proyecto pasara a la sala para ser votado en general sin ese articulado, en diciembre pasado.
Sin embargo, en la votación en particular realizada ayer, el Ejecutivo insistió en el tema a través de una indicación que fue rechazada por 20 contra 18 votos. La reforma ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados tal y como salió del Senado. Es decir, sin AFP estatal.

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