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amenaza de muerte en caso woodward


Derechos humanos: Amenazada de muerte jueza que investiga caso Woodward.
Chile. Diputado Juan Bustos, querellante en el proceso por el crimen del sacerdote, denunció que Eliana Quezada "ha recibido amenazas de muerte para amedrentarla".
La jueza Eliana Quezada fue víctima de amenazas de muerte, por lo que debió pedir protección policial, denunció hoy el diputado Juan Bustos, quien actúa como querellante en el juicio por la muerte del sacerdote Miguel Woodward tras el golpe militar de 1973
Según Bustos, las amenazas contra la jueza se han hecho por teléfono. "No se ha identificado el origen, pero ha recibido amenazas de muerte para amedrentarla después de la investigación que ha realizado, que ha sido excelente", precisó. El parlamentario añadió que a causa de esta situación, "se ha trabado el avance que ha tenido el proceso".
Woodward fue detenido por personal de la Marina en octubre de 1973 y, según consta en el proceso, fue torturado y muerto a bordo del buque escuela Esmeralda, que durante algunas semanas fue utilizado como cárcel de prisioneros políticos.
Posteriormente, el cuerpo de Miguel Woodward fue sepultado en el Cementerio de Playa Ancha por funcionarios de la Armada en una fosa sin identificar. Allí se perdió su rastro, sin que haya podido ser encontrado hasta hoy.

29 de noviembre de 2007
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mediador para huelga de hambre


Cinco comuneros ayunan hace 51 días en el penal de Angol. Designarán mediador para huelga de hambre mapuche.
Santiago, Chile. Así lo informó el ex juez Juan Guzmán tras reunirse ayer con el ministro del Interior, Belisario Velasco, quien se comprometió a nombrar un negociador que gestione el término de la prolongada abstinencia de alimentos.
Más de 15 kilos de peso ya han perdido los cinco comuneros mapuches -Jaime Marileo Saravia, Patricia Troncoso Roble, Juan Millalén Milla, Héctor Llaitul Carrillanca y José Huenchunao- que permanecen en huelga de hambre hace 51 días en la cárcel de Angol.
El crítico estado de salud en que, según sus familiares se encuentran actualmente, llevó ayer al ex juez Juan Guzmán a reunirse con el ministro del Interior, Belisario Velasco, a quien solicitó la urgente intervención del Ejecutivo en favor de los cinco huelguistas, quienes purgan draconianas penas, ya que se le aplicó la Ley Antiterrorista promulgada durante la dictadura militar, motivo por el cual ellos se consideran como presos políticos mapuches (PPM).
Aunque el ex magistrado planteó al titular de Interior que el Gobierno evalúe presentar una moción que permita aplicar una amnistía general a los PPM acusados de conductas terroristas, el ministro Velasco sólo se habría comprometido a designar dentro de las próximas 48 horas un mediador para que inicie gestiones tendientes a que los comuneros puedan deponer la prolongada huelga de hambre.
El actual decano de Derecho de la Universidad Central también pidió al secretario de Estado el fin de "la militarización de la Araucanía", cuyas comunidades denuncian ser víctimas de un constante hostigamiento de parte de la policía uniformada, pero también advirtió que el inicio del diálogo entre representantes del Gobierno y los comuneros tiene que darse en un clima serio y de respeto, "no puede haber actuaciones violentas y deben desarrollarse reuniones pacíficas"

Codepu
Poco antes del encuentro en La Moneda el abogado Federico Aguirre, de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) criticó la "pasividad del Gobierno" ante las peticiones de los mapuches que se encuentran en prisión. Aguirre señaló que las demandas de los huelguistas son el término de la criminalización de la protesta social mapuche, la revisión de las condenas por la Ley Antiterrorista y el otorgamiento inmediato de los beneficios carcelarios de quienes se encuentren en condiciones de acceder a ellos."El Estado chileno no puede permanecer impasible antes estas reivindicaciones, más cuando la jurisdicción internacional (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha acogido a tramitación las demandas de los comuneros mapuches", afirmó Aguirre.

29 de noviembre de 2007
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295 fragmentos óseos


[Andrea Chaparro] Juez ordenó enviar restos al SML para que se comparen con muestras de banco de ADN. Con hallazgo de 295 fragmentos óseos acaba búsqueda de desaparecidos.
Santiago, Chile. El ministro en visita Héctor Solís, a cargo del caso Paine, también pidió realizar peritajes a 311 evidencias culturales, luego que el equipo que trabajó con él encontrara trozos de tela, botones, fragmentos de vidrios ópticos, anillos y broches en el sector del Lago Rapel.
Con el hallazgo de 295 piezas óseas acabó la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de Paine que encabezaba desde septiembre pasado el ministro en visita Héctor Solís en cercanías de la Quebrada de los Arrayanes, sector de Los Quillayes, en la zona del Lago Rapel.
Las diligencias terminaron el 26 de octubre y el juez ordenó de inmediato enviar estos restos al Servicio Médico Legal (SML) para que se comparen con las muestras guardadas en el banco de ADN.
Al respecto, el director del organismo forense, Patricio Bustos, sostuvo que "obviamente que encontrar osamentas que correspondan al tiempo en que hubo víctimas de la dictadura y que estén siendo buscados por ministros a cargo de distintas causas de derechos humanos es un tema muy importante".
Sobre el plazo en que habrá resultados concretos, expresó que "lo haremos en el menor tiempo posible, pero con la calidad técnica acreditada internacionalmente que esta situación amerita".
Añadió que el SML está capacitado para hacer el análisis que permitirá determinar la data de los restos y si efectivamente pertenecen o no a víctimas del régimen militar.
"Realizaremos todo el trabajo que podamos hacer en nuestro país y luego de ello se recurrirá a un laboratorio internacional", precisó Bustos.
El juez Solís pidió al organismo elaborar un preinforme con las conclusiones a las que lleguen tras estudiar las muestras.

Evidencia Cultural
El equipo dirigido por el magistrado también consiguió 311 evidencias culturales como trozos de tela, botones, fragmentos de vidrios ópticos, anillos y broches. El juez ordenó periciar estos elementos.
A ellos, se agregan al menos 100 vainillas de fusil y revólver y otros 150 proyectiles percutados. Este material será analizado por el laboratorio de Carabineros de Chile.
Las pesquisas en el sector de Rapel las realizó un equipo compuesto por cerca de 20 personas pertenecientes al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y profesionales del SML.

Querellantes Cautos
Pese a la gran cantidad de evidencia encontrada, los querellantes desde septiembre piden manejar la información con cautela, ya que en otras ocasiones ha habido problemas con la identificación de desaparecidos durante el régimen militar.
Los errores cometidos en la identificación de los restos en el caso Patio 29 han hecho que los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad tomen con calma este tipo de antecedentes.

29 de noviembre de 2007
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termina búsqueda de rastros


Derechos humanos: cráneo y anillo de compromiso entre osamentas de lago Rapel.
Santiago, Chile. Juez Solís dio por terminada la búsqueda de rastros de los 22 campesinos de Paine desaparecidos en manos de una patrulla militar. SML trabaja en identificación.
Un cráneo, cerca de 50 fragmentos óseos, zapatos, ropas y hasta un anillo de compromiso, fueron encontrados en los casi 3 meses de búsqueda de restos de desaparecidos de Paine ejecutados en una quebrada cercana al lago Rapel.
Así se conoció hoy al informarse el término de las pesquisas en la zona desarrolladas por orden del juez Héctor Solís, a cargo de la investigación del paradero de 22 dirigentes campesinos de Paine detenidos por una patrulla militar luego del golpe encabezado por Augusto Pinochet en 1973.
En la indagación de las identidades ya está el Servicio Médico Legal (SML), cuyo director nacional, Patricio Bustos, aseguró que dicha labor la "vamos a hacer en el menor tiempo posible, pero con la calidad técnica acreditada internacionalmente que esta situación amerita".
Además descartó que el equipo de expertos de la entidad dependiente del Ministerio de Justicia cometa errores similares a los que ya se cometieron con anterioridad en la identificación de otras víctimas de la dictadura.
"Nosotros estamos capacitados para hacer todo el trabajo que podamos hacer en nuestro país y luego de ellos recurrir a un laboratorio internacional", señaló la autoridad.

28 de noviembre de 2007
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rata se niega a confesar


[Jorge Escalante] Un zorro que husmeaba en la fosa de Calama le ayudó a ubicar la fosa con los cuerpos. Testigos acusan a Minoletti del desentierro.
Santiago, Chile. Hasta ahora se conoce que si bien el mayor (R) Carlos Minoletti reconoció comandar el entierro clandestino de los 26 cuerpos en 1973, entrega elementos ‘distractivos' sobre la remoción de 1975-1976.
Cuando el mayor (R) Carlos Minoletti fue interrogado -en septiembre de 2003- en Miami por la Policía de Investigaciones acerca de su participación en el entierro y desentierro de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en 1973, admitió parte de los hechos, pero negó el resto.
Minoletti reconoció esa vez que comandó la sepultación de los cuerpos la noche del 19 de octubre de 1973, "me lo ordenaron". Pero negó dirigir también la operación de desentierro a fines de 1975 o primeros días de 1976. "Nunca recibí la orden de removerlos", dijo.
Ahora, el lunes pasado, ante el ministro Víctor Montiglio volvió a reconocer la sepultación, pero lanzó distractivos respecto de la remoción y su participación. Sin embargo, en la investigación existen declaraciones de oficiales y suboficiales (R) que lo involucran en el operativo de exhumación de los cuerpos para tirarlos al mar, junto a los hoy generales (R) Miguel Trincado y Julio Salazar Lantery.
El suboficial (R) Héctor Iturra Orrego era subordinado de Minoletti que entonces comandó la compañía de ingenieros, autor material del entierro y posterior remoción.
Iturra sostiene que a comienzos de 1976, junto a Minoletti fueron a a la pampa a ubicar la fosa para desenterrar los cuerpos, porque "llegó la orden" desde Antofagasta. "Minoletti me dijo que el general Carol Urzúa, -que entonces comandaba la I División de Antofagasta- ordenó ubicar los cuerpos".
Dice Iturra que encontraron la fosa "porque de ella sobresalía una pierna que se la estaba comiendo un zorro". El brillo de una botella de pisco vacía ayudó al encuentro.
Otro suboficial (R), Manuel Aguirre Cortés, afirma que la noche del desentierro para llevar los "sacos" al aeródromo de Calama y subirlos al avión FACH "Minoletti integró el equipo, junto a Trincado y Salazar Lantery ( ) Se usó una retroexcavadora y después Minoletti ordenó lavar el camión donde se transportaron los cuerpos, y se quemó la ropa que usamos".
Minoletti advirtió a Montiglio sobre su "grave afección cardiaca" para volver a subir a la altura de Calama, si se decretaba su presencia en la fosa.

28 de noviembre de 2007
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enterrador fue detenido


[Jorge Escalante] Está procesado desde 2006 como coautor de los crímenes de la Caravana de la Muerte en Calama. Minoletti quedó detenido tras declarar seis horas con el juez Víctor Montiglio.
Hasta ahora el mayor (R) Carlos Minoletti niega su culpabilidad y, aunque decidió entregarse, se sospecha que aún podría intentar distorsionar los hechos para salvarse.
El mayor (R) Carlos Minoletti quedó detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, tras ser interrogado por seis horas por el ministro Víctor Montiglio en el palacio de tribunales.
Minoletti, quien se entregó voluntariamente, llegó ayer a Santiago desde Miami donde residía desde 1998, cuando salió eludiendo la justicia en el juicio por la Caravana de la Muerte.
Está acusado de comandar en octubre de 1973 el entierro clandestino en el desierto de Atacama de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en Calama. A esa fecha Minoletti era comandante de la compañía de ingenieros del regimiento de esa ciudad con el grado de capitán.
La Policía de Investigaciones desarrolló una labor fundamental en su llegada a Chile.
Minoletti estaba encausado por el juez Montiglio desde el 20 de marzo de 2006 como coautor de los homicidios de los 26 prisioneros, luego de la declaración que hizo ante el juez Juan Guzmán en 2001 cuando vino de visita a Chile. Esa vez fue detenido en el aeropuerto y puesto a disposición de Guzmán, que había dictado orden de arresto en su contra. Pero después de declarar no quedó detenido, por lo que Minoletti volvió a huir a Miami al día siguiente.
En marzo de 2006 el ministro procesó también por el mismo delito a los coroneles (R) Eugenio Rivera Desgroux y Carlos Langer von Fürstemberg, al oficial (R) Víctor Santander Véliz y al suboficial (R) Jerónimo Rojo.
Fue el primer encausamiento dictado en contra de militares del Regimiento Calama por los crímenes de la caravana. Antes, por estas ejecuciones extrajudiciales el juez Guzmán encartó a los integrantes del pelotón que entre septiembre y octubre de 1973 dirigió el general Sergio Arellano Stark por el norte y sur del país.

Antofagasta
En las próximas horas Minoletti debe declarar en Antofagasta ante la ministra Rosa María Pinto, quien instruye un proceso por el desentierro y lanzamiento al mar de esos 26 cuerpos.
La exhumación de los restos ocurrió entre fines de 1975 y comienzo de 1976, y fue el mismo Minoletti, quien ubicó la fosa y dirigió el desentierro con su compañía de ingenieros.
La operación del traslado de los restos al aeródromo de Calama donde fueron subidos a un avión FACH a bordo del cual los arrojaron al mar, estuvo a cargo del entonces jefe de la sección de inteligencia del Regimiento Calama con el grado de teniente, el actual general (R) Miguel Trincado.
Este operativo lo supervisó en terreno el entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército en Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery. Ambos fueron procesados el sábado como autores del desentierro y lanzamiento al mar por la jueza Pinto, quien además declaró reo al coronel (R) Luis Aracena y a cinco suboficiales (R).
Con la detención de Minoletti que renunció al Ejército en 1979, el último prófugo por los crímenes de la Caravana de la Muerte es el mayor (R) Armando Fernández Larios. Este también huyó a Estados Unidos en febrero de 1987 en un acuerdo con el gobierno norteamericano, para declarar en el juicio por el crimen de Orlando Letelier.

27 de noviembre de 2007
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niños, víctimas olvidadas


[Tito Tricot ] Niños detenidos, encarcelados y sometidos a salvajes torturas durante dictadura de Pinochet.
De repente el tenso silencio de la noche fue atravesado hasta el alma por un grito desgarrador, y otro y otro más. Nadie habló, nadie dijo nada, nadie se movió, simplemente esperamos sobrecogidos en medio de la abrumadora oscuridad que a aquella niña no la siguieran torturando. Y siguieron los hijos de puta, entonces apretamos los puños y los dientes ante la impotencia de no poder hacer nada por ella, sumidos en nuestro propio dolor. Amarrados, vendados y torturados hasta el cansancio, solo podíamos entregar nuestra silente solidaridad a la niña de ojos claros que pedía a gritos que la mataran, pero que por favor no la violaran más.
Porque los cobardes militares chilenos no solo torturaron, asesinaron y desaparecieron a millares de hombres y mujeres, sino que también lo hicieron con niños, inocentes víctimas de una guerra declarada por las fuerzas armadas contra su propio pueblo. Sin embargo, la inmensa mayoría de estos niños no fueron considerados en el ‘Informe sobre Prisión Política y Tortura' publicado a fines del año pasado [noviembre de 2004].
Por lo mismo, un grupo de ex menores se ha organizado para demandar del Estado que la Comisión Valech, responsable del Informe, considere sus casos, pues, como señala Ana Cortez, de la ‘Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura', "la Comisión no tuvo una línea de investigación clara hacia quienes sufrimos este tipo de vejámenes, hay importantes omisiones en su trabajo, porque son muchos los que fueron víctimas de tortura intrauterina, personas que nacieron en prisión; personas cuya gestación se debe a las reiteradas violaciones de sus madres en regimientos y centros de tortura; personas que fueron secuestradas para que sus padres se entregaran a los organismos de represión; personas que fueron secuestradas y detenidas en comisarías, hogares de menores o cárceles y personas que permanecieron secuestradas en sus propios hogares convertidos en ratoneras".
Es que durante la dictadura el país entero se transformó en un campo de concentración donde se enseñorearon el miedo, la incertidumbre y la violencia que afectó a los niños y niñas de Chile incluso antes de nacer.
Es el caso de Takuri Tricot cuya madre fue detenida por la Central Nacional de Informaciones CNI en 1987 cuando tenía cinco meses de embarazo. "Fue detenida- señala Takuri - en la casa donde vivía, que se transformó en una ratonera esperando a mi padre; los agentes de la CNI destruyeron y se robaron lo poco que había, golpeando a un niño de solo 7 años, nieto de la dueña de casa. Luego mi madre fue llevada al Cuartel General de Investigaciones donde permaneció dos días en un calabozo, sin luz, sin ventanas, sin comida. De ahí fue trasladada a la Cárcel de Hombres de San Miguel donde sufrió síntomas de pérdida y, por supuesto, no recibió atención médica alguna. Producto de lo sucedido, nací con una parálisis cerebral leve e hipertonía, que es un problema de tonicidad muscular, además de tortícolis; estuve dos años en un doloroso tratamiento y, afortunadamente, gracias a esta terapia, en la actualidad he logrado superar los principales problemas, porque si no hubiese tenido serias dificultades motrices y de desarrollo intelectual. Ni en el vientre materno respetaban la vida los militares".

Represión a Toda la Familia
Ambos padres de Takuri fueron detenidos por la CNI, pues fue recurrente durante la época de dictadura que familias enteras fueran diezmadas por los aparatos represivos, tanto física como psicológicamente. Y, acorde a múltiples testimonios, esta planificada y sistemática orgía de terror no se circunscribió a los primeros años post golpe como algunos plantean, sino que se verificó hasta el último día de la dictadura.
De hecho, en las postrimerías del régimen de Pinochet en 1987, Tania Salas, una pequeña de tan solo cinco años de edad fue, al igual que su hermano de diez años, víctima de la violencia militar. Ella recuerda solo retazos de lo sucedido y ha debido reconstruir los eventos de aquella tarde de otoño con ayuda de su familia, todos los cuales, también, fueron víctimas de la represión, porque ese día la CNI llegó "y se lanzó contra mis papás, y los agentes comenzaron a golpearlos brutalmente, también a mi hermano. A él y a mí nos golpearon con un bate y a varillazos, todo esto dentro de la casa de madera que era nuestro modesto hogar. Yo era dependiente de varios medicamentos, los cuales destrozaron frente a mis ojos, lo que me produjo una angustia tremenda, miedo e inseguridad la que aun persiste y que se ha manifestado en mis dificultades de aprendizaje y una hiper- dependencia de mis papás. Yo no entendía nada, pero el miedo era muy grande. Todo esto no lo recordaba muy bien, pero los vecinos, mis tíos y tías, me ayudaron a recordar. Pero sí recuerdo que fue mucho el tiempo que los de la CNI estuvieron dentro de la casa, después llevaron a mi papá hacia la parte de afuera en donde estaba el baño, le envolvieron la cabeza con ropa y le hicieron un simulacro de fusilamiento. A mis padres los seguían golpeando y mi hermano casi no podía hablar con los golpes, los varillazos y otras cosas que le hacían entre insultos y amenazas de muerte. Luis Salas, hermano de Tania, refrenda lo señalado manifestando que "nos golpearon a todos, además que se toparon dos grupos y discutieron y pelearon entre ellos, ofreciéndose balazos. Por eso la situación era muy tensa, a mí me tiraban del pelo y me preguntaban dónde había cosas enterradas, a mi papá le quebraron tres costillas".
Pero la crueldad de los agentes represivos se extendió también a otros miembros de la familia, puesto que en un momento en la casa contigua, donde residía la abuela materna, niños de tres, cuatro años y apenas un mes de vida, "fueron retenidos en una pieza, desnudados, golpeados y amenazados de muerte. La casa de mi abuelita fue allanada, destruida. A las guaguas mis tías no las pudieron alimentar, ni mudar, ni abrigar."
El secuestro de la familia es un método aplicado por los organismos represivos para detener y aterrorizar a opositores y, en este caso, "un grupo de civiles armados se quedó en las dos casas mientras otros se llevaron a mi mamá y papá. Esos hombres siguieron golpeando a mis tíos, tías, primos y a mi abuelita. Las guaguas lloraban mucho y eso desesperaba a todos; fue espantoso, porque ni los vecinos se salvaron de allanamientos y golpes, sostiene Tania". Claro, porque en el país nadie estaba a salvo de las atrocidades cometidas por los militares, ni siquiera los menores, que en la inocencia de su corta edad, fueron testigos directos de la violencia hacia sus padres o víctimas ellos mismos de la crueldad de los uniformados.
Tal es el caso de Álvaro Reyes, actualmente profesor de Educación Física y quien señala haber sido detenido en 1984 cuando tenía tan solo "12 años y mi hermano Gabriel tenía 5 años. En julio de ese año la Central Nacional de Informaciones realizó un operativo en el sector de Macul con muchos agentes y con seudo periodistas de las filas de ese organismo represivo. Fue un verdadero saqueo, se robaron todo lo de valor que encontraron, además de intimidar y maltratar a todos los que vivíamos ahí. En esa ocasión detuvieron a toda mi familia y a mí y a mi hermano nos llevaron a un hogar de menores controlado por Carabineros desde donde posteriormente fuimos rescatados por familiares. Mi padre y mi madre fueron incomunicados y mantenidos en un recinto de torturas. Después de mucho tiempo nuestros padres, y en especial mi madre, lograron contarnos algo de su macabra experiencia. Sabíamos del traumático momento, pero no preguntábamos nada".

¿Por Qué No Aparecemos en Ninguna Parte?
El hecho de no haber preguntado nada en ese momento no es equivalente al olvido, por el contrario, aunque es habitual que los niños recuerden pocos detalles de lo acaecido, ello no oblitera el trauma, los miedos, la angustia.
Por lo mismo, la Agrupación de Ex Menores está realizando una labor, no solo de denuncia y demanda hacia el Estado para que se les reconsidere como víctimas, sino que también de reconstrucción de la memoria histórica. Es en este contexto que una interrogante recurrente es, como indica Álvaro, "¿Por qué no aparecemos en ninguna parte? ¿Por qué no aparecemos en ninguna parte como detenidos? ¿Quién se preocupa de nosotros? Nos tuvimos que cambiar de ciudad y mucha gente se alejó de nosotros, porque, según ellos, nuestra situación les podía afectar".
Es la misma pregunta que se hace Javiera Herrera, quien tenía tan solo tres años cuando, en 1984, la CNI allanó su casa en el sector de El Recodo en Concepción en un operativo en la ciudad que culminó con el asesinato de su padre. Javiera, al igual que muchos de los niños victimas de la violencia, no recuerda todo lo sucedido y ha debido ir reconstruyendo su historia personal a partir de fragmentos y relatos de familiares, pero sí recuerda haber llegado a su casa "en un transporte escolar y que me trasladaron a un lugar que, según supe después, era el Hogar Nº 2 de Carabineros donde un tío doctor me encontró días después. ¿Por qué fuimos sometidos a estos vejámenes? se pregunta Javiera, y la respuesta ha de hallarse en la inhumanidad de la dictadura, así de simple y así de terrible. Porque, aunque resulta casi increíble, las fuerzas armadas no trepidaron en torturar y asesinar a niños, tampoco en utilizarlos como rehenes para detener a sus padres o familiares. Al menos 80 niños de 15 años o menos murieron como consecuencia de la represión y casi 700 niños quedaron huérfanos cuando sus padres fueron detenidos y desaparecidos. Esto, sin considerar los miles de niños que sufrieron el exilio y, por cierto, la generalizada represión dictatorial.
Sin embargo, para muchos de estos niños aún continúa el drama de vivir o revivir el pasado y algunos, como es el caso de Luis Salas, debieron sufrir la ignominia de hacer el servicio militar. Luis rememora que hace algunos años "tuve que presentarme en San Bernardo y de ahí me mandaron al sur a Coyhaique y a Puerto Natales. Todos los días, especialmente en las madrugadas, me llevaban a la Sección 2 de Inteligencia. Una vez me mostraron fotos de los fugados de la cárcel. Me obligaron a trabajar con un suboficial que me contaba que era gurka, que había matado a muchos comunistas. No fue fácil todo eso". Tampoco es fácil aceptar que a los niños de ayer se les nieguen sus derechos y, por lo mismo, sostiene Salas, "el gobierno tiene la obligación moral de reconocernos, la Democracia de hoy se debe a nuestros padres. El mayor peso se lo llevaron nuestros padres, nuestras familias, los desaparecidos, los torturados".
Por todo ello, afirma Takuri Tricot, "nosotros luchamos como Agrupación y como personas para que se haga justicia en Chile y porque somos parte de la historia. Que todos los culpables paguen los crímenes cometidos contra niños y niñas inocentes".

El autor es sociólogo, y director del Centro de Estudios Interculturales ILWEN.

27 de noviembre de 2007
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muestra sobre niños encarcelados


Niños encarcelados durante el gobierno militar. La muestra recuerda a 188 menores que fueron gestados, nacieron o estuvieron detenidos durante el gobierno de Augusto Pinochet.
Valparaíso, Chile. La exposición, que se exhibe hasta el viernes 30 en el Hall Mezzanina, pertenece a la artista visual Marta Durán, quien expone, con el apoyo de la Universidad de Playa Ancha, su trabajo ‘Proyecto 188', relativo a uno de los capítulos más oscuros de la reciente historia de nuestro país.
"El hecho de haber instalado esta muestra fotográfica en la Cámara de Diputados crea otra perspectiva en la necesidad de resolver un tema que en Chile aún no está resuelto", señaló la artista al inaugurar la muestra.
"Esto aporta al proceso de recomposición de la memoria y abre un espacio en la necesidad de avanzar en el tema de los Derechos Humanos en Chile. Espero que esta muestra sea el inicio de una etapa de reconocimiento y construcción", añadió.
A la inauguración asistieron varios legisladores, entre ellos Tucapel Jiménez, patrocinador de la actividad, Isabel Allende, la artista Marta Durán, y los diputados Denise Pascal, Guido Girardi y Alvaro Escobar).
Este último, Presidente de la Comisión Especial para la Cultura y las Artes, señaló que "la cultura y las artes lo son todo, y como herramientas de lucha para graficar y construir la verdad son muy efectivas, y esto es una maravillosa demostración de ello".
La exposición permanecerá abierta al público de 9 a 17 horas, en horario continuado.

27 de noviembre de 2007
©diario de la cámara
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