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filme sobre dictador en berlinale

mqh - 27 de noviembre de 2007 - 00:35 - chile

Director de filme sobre dictadura de Pinochet presidirá Berlinale.

Berlín, Alemania. El consagrado director griego Constantin ‘Costa' Gavras, célebre por su cine político, presidirá el jurado internacional de la quincuagésimo-octava edición del festival de Berlín, la Berlinale, el próximo mes de febrero, según informaron hoy los organizadores del festival.
"Estoy muy satisfecho de que hayamos conseguido que un gran director como Costa-Gavras presida nuestro jurado", aseguró en un comunicado el director de la Berlinale, Dieter Kosslick, para quien la obra de Gavras combina "la crítica social y el arte".
Costa-Gavras, de 74 años, inició su carrera como ayudante de cine en Francia y ha firmado más de una veintena de películas como director, entre ellas su thriller político ‘Z' (1969), por el que obtuvo dos Oscar y el Premio del Jurado en Cannes (1969).
También su largometraje ‘Desaparecido' (1982), en el que relata el asesinato de un estadounidense al inicio de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, obtuvo la Palma de Oro en Cannes (1982) y el Oscar al mejor guión adaptado en 1981.
Con ‘La caja de música', la historia de un ex nazi que vive en EEUU con identidad falsa, el realizador, que comparte la nacionalidad griega y la francesa, se alzó con el Oso de Oro de la Berlinale de 1990.
El director presentó también en el certamen berlinés la cinta ‘Amen', junto a Ulrich Tukur y Ulrich Mühe, una adaptación de la obra dramática de Rolf Hochhuth ‘El vicario, una tragedia cristiana' (‘Der Strellvertreter') que alude a la vinculación entre el Vaticano y el Nacionalsocialismo. Con esta cinta obtuvo el César al mejor guión adaptado en el 2003.
Tras concluir su labor como presidente del jurado de la Berlinale, Costa-Gavras regresará en marzo "a su Grecia natal tras más de 40 años" para empezar a trabajar en su próxima película, que llevará por título ‘Eden is West', apuntaron desde la organización.

26 de noviembre de 2007
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revés para derechos humanos

mqh - 25 de noviembre de 2007 - 12:26 - chile

[Luis Narváez y Javier Rebolledo] El prefecto Rafael Castillo y su polémica salida de Investigaciones. "Las causas de derechos humanos se van a resentir".

Santiago, Chile. El histórico jefe del equipo policial que ha aclarado más del 95% de los delitos cometidos en dictadura fue llamado a retiro, lo que dejó en vilo el futuro de las investigaciones aún no resueltas. El detective habla aquí de los años duros de la transición y del costo que tuvo que pagar por enfrentarse al director de la policía civil, Arturo Herrera.
Su nombre comenzó a hacerse conocido a mediados de la década de los noventa, cuando se empezaron a investigar los primeros casos de violaciones de los derechos humanos. En ese entonces, Rafael Castillo dirigía el Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, brigada en la que se concentraron las indagaciones, incluidas las de mayor connotación pública, como el asesinato de Orlando Letelier o, más tarde, el caso Pinochet.
Él y sus hombres fueron hostigados por ex agentes de la dictadura, seguidos por la inteligencia militar y amenazados de muerte por encumbrados oficiales. Su carrera que comenzó como asistente policial culminó hace dos semanas, cuando, con el cargo de prefecto inspector, debió dejar el mando de la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado, Derechos Humanos y Asuntos Especiales.
Su salida ocurrió en medio de una polémica, que la justicia aún investiga, porque Castillo habría desobedecido, en 2005, una orden de la Dirección Nacional para favorecer a un general (R) del Ejército, involucrado en violaciones de los derechos humanos. Aquella vez, dos detectives de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos (BAES) se acercaron para denunciar que el director nacional, Arturo Herrera, los estaba presionando para modificar los resultados de una investigación que inculpaba al general de Ejército Miguel Trincado Araneda, entonces en servicio activo, en la inhumación ilegal de restos óseos de Calama. Castillo se enfrentó a Herrera, su amigo y compadre, diciéndole que la petición le parecía inaceptable.
Hoy dice que aquel episodio le costó su salida y que actualmente se sigue hostigando al resto del equipo que trabajó por más de diez años con él, responsable del esclarecimiento de más del 95% de los casos ocurridos durante y después de la dictadura militar.
Ya el año pasado, Herrera lo había marginado del alto mando, pero la Presidenta Michelle Bachelet ordenó reintegrarlo para que continuara al frente del trabajo de derechos humanos. Este año, sin embargo, Castillo pasó a retiro, tras 35 años de servicio. Y lo hizo sin haber revelado ni resuelto su más grande y secreto dolor: no haber dado con el paradero de sus primos, detenidos desaparecidos desde 1976.

¿Cómo reaccionó cuando le informaron de las presiones a favor de Trincado?
Yo no acepté la presión bajo ningún punto de vista ni cambié mi parecer. Pero supe que el costo iba a ser alto y que me iban a hacer la vida imposible pasándome a retiro. Preferí pagar ese costo antes que lo hiciera mi gente, que estaba trabajando en forma honesta, esclareciendo toda la verdad.

Sucedió lo que usted temía.
Sí, pero mucha gente se dio cuenta que era por no dar cumplimiento a una orden que, a mi parecer, era ilegal. No iba a sacrificar un trabajo investigativo de diez años porque alguien me pidiera que cambiara un informe.

¿Esa petición le llegó a usted directamente?
Lógico.

¿Por qué cree que Herrera habría sugerido cambiar los resultados de una investigación que ya estaba en poder de un tribunal?
No lo sé. El general [Trincado] reconoce que fue en un par de oportunidades a la casa del director [Herrera] y que se había articulado una operación para echarme a mí y al director, y que otra persona quedara a cargo de la institución. Lo que tengo claro es que, si hubiese aceptado esa petición, el director, los funcionarios de Investigaciones y yo estaríamos todos presos por obstrucción a la justicia.

¿Querían sacar a Arturo Herrera?
Claro. Pero los asesores que tiene no son los mejores. Lo único que hice fue salvar la imagen de nuestro director y decirle: señor, no se puede hacer y no se aceptará ningún tipo de presión, porque el responsable de esa jefatura soy yo.

¿Lo conversaron personalmente?
Sí, cara a cara. Le hice ver mi punto de vista y le dije, en forma responsable, que como subalterno siempre le iba a ser leal, lo que no significaba que vulneraría la ley.

¿Cree que durante el período en que siguió en Investigaciones gracias a una decisión de la Presidenta se respetó su trabajo y el de la unidad?
Pienso que no, porque no dieron los medios que correspondían para hacer una buena investigación. Eso se ve en el caso de Pamela Pereira, cuando se descubrieron los restos óseos de los fusilados y se dijo que no había dinero para contratar gente y agilizar los trabajos. La señora Pereira fue, habló con gente y de repente apareció una cantidad mínima de recursos para seguir con esos trabajos. No hubo el apoyo económico como sí lo hubo cuando estaba [Nelson] Mery. Mery era un tipo muy honesto, fue un gran gestor en la solución de los problemas de derechos humanos.

Finalmente, este año el director nuevamente lo llamó a retiro, ahora con éxito.
Sí. Aunque lo respeto mucho, creo que está mal asesorado.

Hay gente de su equipo que ha sido separada de sus funciones. El comisario Sandro Gaete está como jefe de archivo. ¿Cree que se busca desmantelar el trabajo en derechos humanos?
Las causas de derechos humanos se van a resentir. Todos los detectives tienen un nivel profesional alto, pero a la gente involucrada en este tema es difícil reemplazarla, porque se pierde mucho conocimiento. Hay información que manejan a cabalidad, y si se les pregunta por una persona con un apodo, ellos saben de quién se trata. Un agente que no sabe puede estar buscándolo durante muchos meses.

¿Por qué sus detectives son perseguidos?
Porque debo haber sido uno de los pocos que contradijo la orden de un superior. Pero fue en beneficio del mismo director y de la institución.

¿Hay una voluntad de perjudicarlos?
Sí, pero no por el jefe nacional. Es voluntad de otra gente dentro de la institución.

Hostigamientos
¿Le duele lo que está ocurriendo?
Me duele mucho porque el que tuvo que tomar una decisión fui yo, y tuve que pagar por tomar una decisión que iba contra mi dignidad. A mí me pasaron la cuenta. Yo estoy muy agradecido con la institución, porque lo mejor que tiene en estos momentos son sus hombres, pero no tiene todos los medios que merecen.

¿Cree que Investigaciones ha sido postergada?
No puede haber tanta diferencia con los beneficios de las fuerzas armadas. Lo menos que se puede hacer es igualarlos en cuanto a medios y la parte económica, respetarlos en su trabajo y no presionarlos para que hagan cosas indebidas. Pero los controles internos son buenos. Durante varios años estuve a cargo del Departamento Quinto, Asuntos Internos, y durante ese tiempo la institución se ganó un prestigio. Quiero que eso perdure, porque la gente lo merece, pero también quiero que se les respete como profesionales que son. Que no les digan de la noche a la mañana que se tienen que ir.

¿Fueron hostigados por la inteligencia policial?
Lo que más me duele fue el seguimiento que me hicieron, a mí y a mi gente, en los momentos más críticos. Mi propia gente vio cómo estaban filmando el funeral de mi madre, en una iglesia evangélica. Un asunto privado. Lo hicieron para ver qué personas me apoyaban en esa oportunidad. Cuando se llega a esos extremos, o a intervenir teléfonos, es muy grave el asunto. Muy desagradable para mí.

¿No se respetó la intención de la Presidenta de que siguiera con las investigaciones?
No, para nada.

Herrera quiere crear una jefatura de derechos humanos. ¿No le parece una medida oportuna?
Si eso se hubiera hecho en un comienzo, si los medios hubieran llegado antes, estaría de acuerdo. Pero ahora todos saben que los casos de derechos humanos se están agotando y están casi todos resueltos.

¿Es un volador de luces?
No diría eso. Al Gobierno le interesa que a este tema se le den más medios. Pero durante mi jefatura no se dieron los medios que correspondían.

¿Cómo cree que su trabajo aportó al país?
Soy un tipo idealista, con creencias políticas y religiosas. No hay ningún militar que pueda cuestionar que no le di la dignidad que correspondía. Eso es lo que más se respetó. Los informes se hicieron para que Chile se viera como un país transparente. Asistí a varias reuniones para explicar que en Chile se respetan los derechos humanos y que la corrupción era mínima. Eso sirvió para que Chile pudiera tener tratados económicos, porque los temas principales son los de derechos humanos y medio ambiente, que también estaban a mi cargo.

¿Tuvo que pagar muchos costos por trabajar temas de derechos humanos?
A mí me tocaron los tiempos más complicados para investigar, y siempre salí airoso y victorioso. Porque tuve suerte con los equipos de trabajo que tuve.

Los organismos internacionales de derechos humanos creen que usted también es una víctima.
No me siento víctima, soy un funcionario que cumplió con su deber, que hizo lo que tenía que hacer. Me voy orgulloso de una institución a la que pertenecí por más de 30 años y donde jamás hice nada ilegal.

Muchos creen que sus problemas comenzaron porque quería ser director.
Ese fue un comentario muy malintencionado. Eso lo hablé con el director y le dije que no tenía ninguna aspiración, porque soy un tipo de bajo perfil. Pero pienso que se pudieron hacer muchas cosas en beneficio de la institución y del país. El tiempo me dará la razón, el tiempo se va a encargar de aclarar que jamás he sido un traidor y que lo único que hice fue pelear por los derechos de los demás detectives.

Familia Perdida
¿Es cierto que tiene familiares detenidos desaparecidos?
Es un tema muy personal que nunca he comentado. Tengo dos primos hermanos de Quinta Normal, con quienes compartí mucho desde chico, que en 1977 fueron secuestrados desde una población y nunca más se supo de ellos. Su madre todavía tiene la pieza tal cual como si hubiesen salido a trabajar. Les cambia las sábanas de la cama y ordena su ropa. Además, les deja la puerta sin seguro, por si algún día llegan en la noche.

¿Tenían militancia política?
Ninguna. Estaban junto a unos amigos en la calle y pasó un camión con gente vestida con camuflaje. Eran como cinco y a ellos no se los querían llevar, pero pidieron acompañar a los detenidos. Nunca más se supo de ellos. Irónicamente, es parte del 5% de casos que no pudimos resolver.

Con todo el poder que tuvo no lo pudo solucionar.
Lo he tratado de investigar sin resultados. A veces pasa así. Mi tía me pregunta todo el tiempo: "Rafita, ¿qué has sabido de mis hijos?". Pero es un tema del que no me gusta hablar, en parte porque se puede cuestionar mi trabajo profesional.

¿Nunca nadie intentó ofrecerle información de sus familiares a cambio de algún favor?
No, porque esto no lo sabía casi nadie, sólo gente de mi círculo familiar más cercano.

Jueces
¿Hay jueces que pudieron hacer más para resolver los casos de derechos humanos?
No soy el más indicado para criticar a jueces, ellos son los dueños de la investigación. Nosotros sólo somos un órgano asesor.

¿Hubo presiones sobre el juez del caso Letelier, Adolfo Bañados?
Recibió muchas, sobre todo a nivel familiar. A mí me tocó investigar algunas y tuve que darlas a conocer al Gobierno porque, además, yo era su investigador escolta.

¿Fueron meses de mucha tensión?
Sí. De hecho, alguien arrojó en su jardín el arma que utilizó el hijo del general Manuel Contreras para asesinar a una persona, en una clara señal de provocación. Pero Bañados fue muy valiente y perseverante en el trabajo investigativo; aprendí mucho de él.

Amenazas
¿Fue un período complicado para investigar?
Recibí amenazas de muerte, envenenaron a mis dos perros e intentaron quemar mi casa. Fue muy complicado, porque ellos contaban con todos los medios. Y no me refiero al Ejército como institución, sino a ex agentes de las fuerzas armadas que estaban siendo investigados, algunos de ellos en servicio activo. Pero eso no impidió nuestro objetivo final.

¿Cuál fue la amenaza más directa que recibió?
Otro detective y yo fuimos amenazados de muerte por un ex director de la CNI, cuando lo entrevistábamos en su despacho.

25 de noviembre de 2007
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arresto de ratas pinochetistas

mqh - 24 de noviembre de 2007 - 22:47 - chile

[ Jorge Escalante] Decretan arresto de generales (R) Miguel Trincado y Julio Salazar en caso Calama.

Los procesamientos en esta causa de violaciones de DD.HH. fueron dictados ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. La magistrada encausó además al coronel (R) Luis Aracena y a tres suboficiales (R). Todos están acusados como autores del desentierro y lanzamiento al mar a fines de 1975 o comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.
Los generales (R) Miguel Trincado Araneda y Julio Salazar Lantery, junto al coronel (R) Luis Aracena Romo, y tres suboficiales (R), fueron procesados como autores del desentierro y desaparición entre fines de 1975 y comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.
El encausamiento fue resuelto ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, quien decretó además los arrestos de los encartados. La magistrada instruye la causa por las exhumaciones y lanzamiento al mar de estos cuerpos a bordo de un avión Fach.
El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.
El coronel (R) Aracena Romo era en 1975 el segundo comandante del regimiento Calama, y estuvo también presente en el desentierro. El comandante del Calama era, en aquel tiempo, el coronel Eduardo Ibáñez Tillería, quien falleció con el grado de general.
Los otros tres procesados son los suboficiales (R) Héctor Iturra Orrego, Wilson Pacheco Obreque y Emilio Pardo Pardo. Estos eran subordinados de Trincado en la Sección de Inteligencia del Calama, e igualmente tuvieron participación en la exhumación de los restos.
Ya se encontraban encausados por la ministra Pinto los entonces suboficiales de inteligencia del regimiento Calama, hoy en retiro, Manuel Aguirre Cortés y Juan Carlos González Reyes. Ambos también tomaron parte en el desentierro.

Mecánico Confeso
Aguirre fue el primero que inculpó judicialmente a Trincado en 2005, acusándolo de comandar la operación e incluso manejar el camión en el cual se trasladaron los cadáveres ensacados hasta el aeródromo de Calama, donde esperaba un avión C-47 de la Fach a bordo del cual los arrojaron el mar. "Yo iba de copiloto en el camión junto a Trincado", dijo Aguirre en el proceso.
Cuando Aguirre acusó a Trincado, La Nación publicó la información el 3 de mayo de 2005, pero el Ejército bajo la jefatura del general Juan Emilio Cheyre, desmintió tanto la participación de Trincado como el hecho mismo.
"El Ejército rechaza categóricamente estas imputaciones por ser injustas, lesionar innecesariamente la imagen de la institución, y comprometer la honra del citado oficial (Trincado)", dijo el comunicado.
El otro que ya se encontraba encausado por la magistrada Pinto, es el suboficial (R) de la Fach, Sergio López Maldonado. Este confesó en el proceso que fue el mecánico que viajó en el C-47 y declaró que "cuando habían pasado unas dos horas de vuelo, el piloto me hizo una seña. Entonces abrí la escotilla y tiré los bultos al océano".
Es la primera vez que Salazar Lantery y Aracena Romo son encartados por violaciones a los derechos humanos.
Trincado había sido procesado este año por propia iniciativa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero ese tribunal cometió un error procesal al encausarlo por los crímenes de los 26 prisioneros cometidos por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, hechos que investiga en Santiago el ministro Víctor Montiglio y para lo cual, ni esa corte ni la magistrada Pinto tienen competencia.

Primer Episodio ‘Retiro de Televisores'
El caso desentierro de Calama es el primer episodio de la llamada por la inteligencia del Ejército ‘Operación Retiro de Televisores', la que masivamente se llevó a efecto a lo largo del país a partir de diciembre de 1978. Fue la fecha en que en los hornos de una mina en Lonquén, al sur de Santiago, se hallaron los cuerpos de quince campesinos asesinados por Carabineros que escondieron sus cadáveres.
La ‘Operación Retiro de Televisores' consistió en el desentierro de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados en fosas clandestinas por el norte, el sur y la zona centro de Chile. Los cuerpos fueron arrojados al mar. La operación la decretó entonces el dictador Augusto Pinochet, a través de criptogramas (mensaje cifrado en código) que envió a los regimientos del país con la orden. Uno de los primeros en fijar la fecha del desentierro en Calama fue el coronel (R) Aracena Romo, quien declaró judicialmente que el hecho sucedió "en los últimos días de 1975".
Por su parte, Salazar Lantery reconoció en el juicio que "a fines de 1974 ó 1975, hubo acuerdo para sacar los cuerpos, porque supimos que los familiares los andaban buscando por el desierto".
A pesar de que Trincado sigue negando su participación, en la investigación judicial hay al menos ocho suboficiales que lo acusan de comandar el operativo, o de dirigir la Sección de Inteligencia del regimiento Calama en ese tiempo.
El próximo paso podría quedar en manos del ministro Montiglio, pues la parte querellante sostiene que no se trata simplemente de que los procesados cometieron el delito de exhumación ilegal al desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, sino que en su actuar habrían incurrido, al menos, como encubridores de secuestro y homicidio porque actuaron para borrar las huellas de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973.
Por ello existe la posibilidad de que, tras estos encausamientos, la ministra Pinto se declare incompetente y envíe la causa a Santiago al juez Montiglio.

Guerra en Investigaciones
El proceso por los desentierros en Calama fue el detonante de la pugna abierta en la Policía de Investigaciones. Quien desató la disputa fue el general Miguel Trincado, cuando estando en servicio activo visitó al director de la policía civil Arturo Herrera, para pedirle que ordenara cambiar un informe policial que en julio de 2005 le imputó responsabilidad en la operación por la cual ayer fue procesado.
Oficiales de esa policía afirmaron en el proceso que instruye la ministra Pinto que el director Herrera intentó que el informe se alterara, pero se encontró con la oposición de los autores del escrito y de su jefe directo, el prefecto recién retirado Rafael Castillo.
A partir de ese momento, se trabó una dura disputa entre Castillo y Herrera, lo que trajo diversas situaciones al interior de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.
En 2006, Castillo venía pasado a retiro por Herrera, pero el gobierno vetó esa disposición y repuso a Castillo en servicio activo. Este año, sin embargo, el gobierno no lo siguió respaldando y el director Herrera lo pasó a retiro.

24 de noviembre de 2007
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garzón procesará a asesinos de soria

mqh - 23 de noviembre de 2007 - 03:10 - chile

Corte Suprema entregará antecedentes del caso Soria al juez Baltasar Garzón.

Santiago, Chile. La Corte Suprema chilena acogió este jueves un exhorto del juez español Baltasar Garzón en el que pide antecedentes de ex ministros y ex agentes del gobierno de Augusto Pinochet con el fin de someterlos a proceso por genocidio, terrorismo y torturas, confirmaron hoy fuentes judiciales.
La Fundación española Presidente Salvador Allende pidió al juez Garzón, de la Audiencia Nacional española, que procese a quince personas, entre ellas dos ex ministros, un ex subsecretario y doce ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), por la muerte del diplomático español Carmelo Soria.
El magistrado, que envió el exhorto a la justicia chilena en septiembre pasado, pide en su carta rogatoria conocer la situación procesal de los requeridos antes de su eventual procesamiento, específicamente si existen antecedentes penales en Chile en su contra.
Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la Guerra Civil española (1936-1939), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago y según consta en el proceso el asesinato fue cometido por efectivos de la Dina.
En su solicitud al tribunal chileno, Garzón invocó el Convenio bilateral de Extradición y Asistencia Judicial entre Chile y España suscrito en 1990.Al acoger el exhorto, la Corte Suprema chilena estimó que se cumplen los preceptos de cooperación internacional para acceder a la petición de Garzón.
En esa línea, la Sala Penal del máximo tribunal ordenó que la Oficina de Asesoría y Computación de la Corporación Administrativa del poder judicial dé "cumplimiento a lo solicitado."La petición afecta a los ex ministros de la dictadura (1973-1990) Mónica Madariaga, de Justicia; Sergio Fernández, del Interior, y al ex subsecretario del Interior, Enrique Montero Marx.
También figuran el general retirado Herman Brady Roche, los ex jefes de la Dina, Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga, el jubilado general y ex secretario del Ejército Jaime Lepe y el coronel Guillermo Salinas.
Engrosan la lista los militares retirados Pablo Belmar, René Patricio Quilot y Rolf Wenderoth, Juan Delmas, el ex director de Investigaciones Ernesto Baeza y Ricardo Benavides.
Carmen Soria, hija del asesinado funcionario de Naciones Unidas, señaló el pasado 8 de octubre, durante una ceremonia en memoria de su padre, que si la justicia chilena no logra procesar y condenar a los asesinos de éste, el magistrado Baltasar Garzón podrá hacerlo.
Tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, el proceso por el asesinato de Soria fue archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, dejar sin efecto la ley de amnistía de 1978 y el pago de una indemnización de 1,5 millones de dólares a la familia.

22 de noviembre de 2007
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desidia en causa de pisagua

mqh - 22 de noviembre de 2007 - 13:18 - chile

[Jorge Escalante] El proceso está a cargo de Joaquín Billard. Acusan a juez por "desidia" en causa Pisagua. El abogado querellante, Adil Brkovic, afirma que tras diez años "no se ha hecho justicia en los crímenes de Pisagua".

Chile. Una de las primeras causas por las que el ex dictador Augusto Pinochet y varios oficiales (R) fueron querellados en 1998, como son los sucesos de Pisagua, no avanza y hace casi 10 años el proceso está en el mismo punto.
Según abogados querellantes en otros juicios por delitos de lesa humanidad en manos del juez Joaquín Billard -el instructor de Pisagua-, el magistrado tendría un desorden en su tribunal, y es muy amigo, sobre todo en el último tiempo, de cerrar las investigaciones, o sin culpables, o con los hechos indagados a medias.
"No me puedo explicar la desidia, en los crímenes de Pisagua no se ha hecho justicia y hay suficientes antecedentes para condenar a los responsables. Como que se quiere dilatar todo hasta que uno se canse", afirma Adil Brkovic, querellante en la causa.
El problema es que en el caso de Pisagua, como puede ocurrir en otras causas que instruye Billard, los responsables se van muriendo sin recibir su condena. Así ocurrió con el general (R) Carlos Forestier y el fiscal militar Mario Acuña, que figuraron entre los culpables por los delitos de Pisagua. "En este proceso existen encausados, pero está detenido desde hace tiempo", opina Brkovic.
Otro ejemplo que aporta el abogado respecto de este proceso, es que "a pesar de que la jueza Carmen Garay (ministra interina) procesó en 2004 en calidad de autor por los crímenes de Pisagua al entonces edecán de la Cámara de Diputados, el coronel (R) Jaime Krauss Rusque, el ministro Billard revocó el procesamiento, a pesar de los antecedentes que avalan su culpabilidad".
Brkovic agrega que "lo más doloroso es que el mismo Consejo de Defensa del Estado (CDE) del que era miembro una de las víctimas de Pisagua como el abogado Julio Cabezas, se desistió de la apelación contra la revocatoria del encausamiento de Krauss. Pero volveremos a pedir el procesamiento de este señor, porque él mismo reconoció que estuvo en el campo de concentración de Pisagua con el grado de capitán, cuando sucedieron algunos de esos crímenes". En Pisagua fueron asesinados 26 prisioneros, algunos de ellos tras supuestos consejos de guerra. En 1990, el abogado Héctor Salazar junto al ex prisionero Alberto Neumann, volvieron a la caleta y hallaron una fosa clandestina con 19 cuerpos. Aún falta encontrar a siete desaparecidos.
De todas maneras, también hay abogados que, a pesar de coincidir en el desorden que tendría Billard en su tribunal y en su tendencia a cerrar los casos sin culpables o a medio investigar, destacan que es un juez que ha dictado algunas "buenas sentencias" y no es partidario de la amnistía ni la prescripción, y respeta los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y condenan los delitos de lesa humanidad.

22 de noviembre de 2007
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reencarnarse con permiso

mqh - 20 de noviembre de 2007 - 16:48 - chile

[Slavoj Zizek] Nos mostramos tolerantes con las cosas que no tomamos en serio.

Londres, Gran Bretaña. La prensa libera occidental rió de buena gana en agosto cuando la Administración Nacional de Asuntos Religiosos anunció la Ordenanza No. 5, una ley que cubre "el manejo de medidas para la reencarnación de Budas vivos en el budismo tibetano". Esta "importante decisión para institucionalizar la gestión de la reencarnación" prohíbe básicamente que los monjes budistas retornen de entre los muertos sin el permiso del gobierno: nadie fuera de China puede influir en el proceso de reencarnación; sólo los monasterios en China pueden solicitar el permiso.
Antes de que estallemos de ira por el hecho de que el totalitarismo de los comunistas chinos quiera ahora gobernar también la vida de sus ciudadanos después de la muerte, deberíamos recordar que esas medidas no son desconocidas en la historia europea. La Paz de Augsburgo en 1555, el primer paso hacia la Paz de Westfalia en 1648 que puso fin a la Guerra de Treinta Años, declaró que la religión del príncipe local era la fe oficial de una región o país (cuius regio, eius religio). El objetivo era poner fin a la violencia entre católicos y luteranos germánicos, pero también significó que cuando un nuevo gobernante de una religión diferente llegaba al poder, enormes grupos de la población tenían que convertirse. Así, la primera gran medida institucional hacia la tolerancia religiosa en la Europa moderna implicó una paradoja del mismo tipo que la Ordenanza No. 5: nuestras creencias religiosas, un asunto de la experiencia espiritual más íntima, son reguladas por los caprichos de nuestro soberano en asuntos seculares.
Al contrario de lo que se cree tradicionalmente, el gobierno chino no es antirreligioso. Su preocupación explícita es la ‘armonía' social -la dimensión política de la religión. Para limitar los excesos de la desintegración social causada por la explosión capitalista, ahora los funcionarios celebran las religiones que fomentan la estabilidad social, desde el budismo hasta el confusionismo -las mismas ideologías que fueron el blanco de la Revolución Cultural. El año pasado, Ye Xiaowen, el más importante funcionario en asuntos religiosos, dijo a Xinhua, la agencia de noticias oficial, que "la religión es una de las fuerzas importantes de las que China obtiene su fortaleza", y destacó el budismo por su "importante papel en el fomento de una sociedad armoniosa".
Lo que molesta a las autoridades chinas son sectas como Falun Gong, que insisten en ser independientes del control estatal. En el mismo sentido, el problema con el budismo tibetano reside en el hecho obvio que muchos entusiastas occidentales olvidan convenientemente: la estructura política tradicional del Tibet es una teocracia, con el Dalai Lama en el centro. Él reúne el poder religioso y secular -así que cuando hablamos de la reencarnación del Dalai Lama, estamos hablando sobre a quién elegir como jefe de estado. Es curioso oír a autoproclamados defensores de la democracia denunciar la persecución de los seguidores del Dalai Lama -un líder que no fue elegido democráticamente.
En los últimos años, los chinos han cambiado su estrategia en el Tibet: además de la coerción militar, descansan cada vez más en la colonización económica y étnica.
Lasa se está transformando en la versión china del Salvaje Oeste capitalista, con bares de karaoke y parques temáticos budistas al estilo de Disney.
En resumen, la imagen en los medios de comunicación de brutales soldados chinos aterrorizando a los monjes budistas oculta una transformación socioeconómica de estilo americano mucho más efectiva: en una o dos décadas, los tibetanos serán reducidos a la condición de los nativos americanos en Estados Unidos. Pekín finalmente aprendió la lección: ¿dónde queda el poder opresivo de las fuerzas policiales secretas, campos y Guardias Rojas destruyendo monumentos antiguos en comparación con el poder de un capitalismo desenfrenado que socava todas las relaciones sociales tradicionales?
Es demasiado fácil reír con la idea de un poder ateo regulando algo que, a sus ojos, ni siquiera existe. Sin embargo, ¿creemos nosotros? Cuando en 2001 los talibanes destruyeron las antiguas estatuas budistas de Bamiyan, muchos occidentales clamaron escándalo -pero ¿cuántos de ellos creían en la divinidad de Buda? Más, nos provocó escándalo porque los talibanes no mostraron el respeto adecuado por el ‘legado cultural' de su país. A diferencia de nosotros, que somos sofisticados, ellos creían realmente en su religión y por tanto no tenían ningún respeto por el valor cultural de otras religiones.
El tema significativo para Occidente no son los Budas y lamas, sino lo que queremos decir cuando hablamos de ‘cultura'. Todas las ciencias humanas se están convirtiendo en departamentos de estudios culturales. Mientras que hay, por supuesto, muchos creyentes religiosos en Occidente, especialmente en Estados Unidos, grandes números de nuestra elite social observa algunos rituales y mores religiosas sólo por respeto al ‘estilo de vida' de la comunidad a la que pertenecemos: los árboles navideños en los centros comerciales en diciembre; la caza de huevos de Pascua en el vecindario; las cenas de Pascua que celebran los judíos no observantes.
La ‘cultura' se ha convertido comúnmente en el nombre que damos a las cosas que practicamos sin tomarlas realmente en serio. Y es por esto que desechamos a los creyentes fundamentalistas como ‘bárbaros' con ‘mentalidades medievales': ellos se atreven a tomar sus creencias en serio. Hoy, parece que creemos que la última amenaza a la cultura proviene de los que viven inmediatamente en su cultura, que carecen de la distancia propia.
Quizás encontramos escandalosas las leyes sobre la reencarnación de China no porque sean ajenas a nuestra sensibilidad, sino porque revelan el secreto de lo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo: respetar tolerantemente las cosas que no tomamos en serio, y tratar de contener sus consecuencias políticas mediante leyes.

Slavoj Zizek, director internacional del Instituto Birbeck de Humanidades, es autor de ‘The Parallax View'.

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rebajan penas a ratas pinochetistas

mqh - 20 de noviembre de 2007 - 16:15 - chile

[Leslie Ayala Castro] Tres ex agentes de la DINA, el ex senador DC y el analista de inteligencia entre los beneficiados. Rebajan condenas a Lavandero, Guardia, Contreras, Moren y Krassnoff.

Santiago, Chile. Comisión integrada por miembros del Poder Judicial otorga este beneficio que significa la disminución de hasta tres meses por cada año que se haya sentenciado a los condenados que postulen a él.
La comisión de rebaja de condena otorgó dicho beneficio al ex senador Jorge Lavandero, al sociólogo y analista de inteligencia Lenin Guardia, al general (R) y ex jefe de la DINA Manuel Contreras, al brigadier (R) Miguel Krassnoff y al coronel (R) Marcelo Moren Brito. Estos tres últimos condenados por violación de los derechos humanos durante el régimen militar.
Fuentes judiciales indicaron que son acreedores de esta disminución de la pena por cumplir con los requisitos necesarios para optar a esta calificación y acogerse a la Ley 19.856, que busca premiar a quienes manifiesten una actitud positiva durante el cumplimiento de su castigo.
En el caso del ex parlamentario DC Jorge Lavandero, la rebaja consistió en tres meses por cada uno de los cinco años a los que fue sentenciado por abuso sexual en contra cuatro menores. Además se acoge al máximo de beneficio, porque lleva más de la mitad de la condena cumplida y ya fue favorecido con libertad condicional, trámite que está siendo analizado por el Ministerio de Justicia.
Asimismo, al ex miembro de la oficina de seguridad pública Lenin Guardia Basso, se le aplicó tres meses de rebaja por cada uno de los 11 años a los que fue sentenciado en el caso de las cartas bomba enviadas a la embajada de Estados Unidos el 27 de septiembre de 2001, tras los atentados en el país del norte. Tanto el ex senador como el analista de inteligencia postularon cuando el grupo visitó la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

Penal Cordillera
La última inspección de la comisión se concretó este lunes en el penal Cordillera. Tras la visita fueron acogidas las peticiones de los ex miembros de la DINA, Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff.
Aunque los ex militares están procesados y condenados en diversas causas de derechos humanos, cumplen los requisitos que estipula la legislación sobre quienes pueden optar a la rebaja de condena. Es decir demuestran una actitud positiva al interior del recinto penal, asisten a los cursos que se imparten en los recintos carcelarios y entregan sus conocimientos a los otros internos y mantienen un buen comportamiento.
La norma excluye a los condenados a presidio perpetuo simple o calificado, quienes hayan intentado eludir la acción de la justicia, delinquido durante su castigo o recibido antes el beneficio, ya que no es acumulable.
Un factor clave para determinar una buena conducta calificada es el contexto en el que se cumple condena. Es relevante que un interno de un penal hacinado logre destacarse. Por ello, fuentes judiciales señalaron que en la ex Penitenciaría se habría beneficiado a cerca de 3 mil internos.
El grupo está integrado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Amanda Valdovinos y los jueces orales Pablo Droppelmann, Carlos Iturra, Enrique Durán, Raquel Lermanda, Danilo Báez y Héctor Plaza, que trabajan desde hace 17 días visitando los recintos correspondientes a la jurisdicción capitalina.

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buscan a víctimas de militares

mqh - 20 de noviembre de 2007 - 14:26 - chile

Comenzó investigación por el hallazgo de posible detenidos desaparecidos.

Caldera, Chile. La brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, a cargo del subcomisario Freddy Orellana, junto a peritos del Servicio Médico Legal (SML), arribaron en la tarde de ayer a Caldera para indagar en ese lugar osamentas humanas que, posiblemente, podrían corresponder a desaparecidos desde 1973.
La policía civil habría recibido una denuncia en Santiago sobre restos humanos enterrados en una zona desértica, a unos 20 kms. de ese puerto de la región de Atacama, que corresponderían a alguno de los dirigentes que trabajaron en Codelco, como Benito Tapia Tapia, Ricardo García Posada y Maguindo Castillo Andrade, quienes desaparecieron tras el paso de la denominada ‘Caravana de la Muerte', por el norte del país.
Por esto, familiares de Maguindo Castillo, provenientes de Coquimbo, concurrieron hasta el lugar de las excavaciones para cerciorase de la veracidad de la denuncia.
Según las primeras indagaciones, las osamentas avistadas corresponderían a un varón y se descartaría que se tratase de un indígena de la zona.
Sin embargo, tanto los policías como peritos, no quisieron entregar mayores detalles de las pericias, porque recién están en etapa preliminar.
Los tres dirigentes se desempeñaban en la empresa minera Cobresal, antecesora de la actual División Salvador de Codelco, y entre el 14 y 18 de septiembre fueron detenidos y trasladados hasta Copiapó.
Según el Informe Rettig, el 18 de octubre las esposas de los prisioneros recibieron una comunicación suscrita por el secretario del Consejo de Guerra, que no contenía ni su nombre ni su firma. En ella se les comunicaba que sus respectivos cónyuges habían sido ejecutados ese mismo día, a las 4.00 horas, en virtud del Consejo de Guerra Nº 3, cuya sentencia, decía la nota, fue aprobada por la Honorable Junta de Gobierno.
El documento no hace más referencia al proceso o a la sentencia, ni indica los cargos.
Se señala en la misma comunicación que los restos serían inhumados en el cementerio local a las 19:00 horas. Sin embargo, hasta ahora los restos de los dirigentes mineros jamás fueron encontrados.

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