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perpetua para jefe de cni

mqh - 29 de agosto de 2007 - 09:40 - chile

Hugo Salas Wenzel es el primer general (R) que recibe la máxima pena
Perpetua para ex jefe de la CNI por caso Albania.

Santiago, Chile. La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó el presidio perpetuo simple para el ex jefe de la CNI. Otros 14 ex agentes fueron sentenciados a diferentes condenas. Salas deberá cumplir efectivamente 20 años de prisión, antes de optar a algún beneficio de libertad.
La primera condena a presidio perpetuo en contra de un jefe máximo de los servicios represivos de la dictadura, fue dictada ayer por la Sala Penal de la Corte Suprema en contra del ex director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, por los crímenes de la Operación Albania.
Junto a Salas fueron condenados igualmente como autores (sólo uno como encubridor) otros 14 ex agentes de la CNI, por los homicidios calificados de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurridos entre el 15 y 16 de junio de 1987 en diversos lugares de Santiago.
Para asegurarse de que no intentará fugarse al igual que Raúl Iturriaga, la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones ha estado tras sus pasos en los últimos días.
Según la investigación, Salas Wenzel dio personalmente la orden para matar a siete frentistas que permanecieron unas horas detenidos en el cuartel Borgoño de la CNI en Independencia, porque los otros fueron acribillados en sus casas o en la calle.
El general (R) Salas debe cumplir condena a partir del ‘cúmplase' que dictará el ministro Mario Carroza, a cargo de la causa.
De los 15 condenados, sólo cinco deberán cumplir la condena en prisión puesto que contra el resto se dictaron penas menores a cinco años y un día, lo que les permite cumplir la pena en libertad con el beneficio de la remisión condicional o el sistema de libertad vigilada.
Otro de los condenados a 20 años fue el ex jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán, quien ya cumple presidio perpetuo por el crimen del carpintero Juan Alegría.
También deberán ingresar a cumplir sentencia el teniente coronel de Carabineros (R) Iván Quiroz Ruiz, castigado con 10 años y un día; el teniente coronel (R) de Ejército Emilio Neira Donoso, condenado a ocho años; y el ex empleado civil del Ejército Miguel Morales Acevedo, que deberá cumplir cinco años y un día.

Otros Condenados
Los otros condenados son: el mayor (R) de Ejército Rodrigo Pérez Martínez (5 años); ex policía civil Hugo Guzmán Rojas (541 días y el único cómplice); ex policía civil Gonzalo Maas del Valle (3 años 1 día); suboficial (R) de Ejército René Valdovinos Morales (3 años); ex empleado civil de Ejército César Acuña Luengo (3 años); suboficial (R) de Ejército Fernando Burgos Díaz (5 años); ex policía civil José Morales Morales (3 años 1 día); el suboficial (R) FACH Hernán Miquel Carmona (5 años); y el teniente coronel (R) de Ejército Erich Silva Reichart, sentenciado a 5 años de presidio.
La resolución de la Sala Penal confirmó algunas de las penas (entre ellas la de Salas Wenzel) dictadas en primera instancia en enero de 2005 por el ministro Hugo Dolmestch, y en segunda instancia por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2005.
El abogado querellante Nelson Caucoto, manifestó ayer su satisfacción expresando que, aunque sólo cinco de los 15 condenados cumplirán su condena en prisión, "lo principal es que se han cumplido los principios que debe perseguir la justicia: que se conozca la verdad, se dicten penas, y haya reparación del daño causado".
Con esto Caucoto aludió a la reparación monetaria de 300 millones de pesos que el fisco deberá pagar a cada una de las familias de los frentistas asesinados.

La Verdadera Venganza
La Operación Albania fue la venganza que el ex dictador Augusto Pinochet y la CNI, planificaron para cobrar al FPMR el atentado del 6 de septiembre de 1986 en el que murieron cinco de sus escoltas. Los doce frentistas fueron seguidos por meses por los hombres de Corbalán, que lideró el operativo.
Como quedó establecido en la investigación judicial, Pinochet era permanentemente informado de los resultados, y estuvo al tanto de los detalles en las horas previas a la masacre.

Las Víctimas
Los doce frentistas eliminados son: Ignacio Valenzuela Pohorecky, Patricio Acosta Castro, Julio Guerra Olivares, Wilson Henríquez Gallegos, Juan Henríquez Araya, Patricia Quiroz Nilo, José Valenzuela Levy, Esther Cabrera Hinojosa, Ricardo Rivera Silva, Elizabeth Escobar Mondaca, Manuel Rivera Calderón y Ricardo Silva Soto. El régimen de Pinochet justificó en su momento la matanza, calificándola de "un enfrentamiento", cuestión que en la indagatoria quedó desvirtuado comprobándose de que casi todos fueron eliminados indefensos.

29 de agosto de 2007
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prosigue juicio de cura torturador

mqh - 28 de agosto de 2007 - 18:41 - chile

[Irina Hauser] Velasco, acusó a von Wernich y el cura contraatacó con Etchecolatz. "Que el tribunal le pregunte dónde están".

Buenos Aires, Argentina. Un testigo clave en el juicio al ex capellán de la Policía Bonaerense contó que le decía: "Hijo mío, la vida de los hombres la decide Dios y tu colaboración". El cura lo señaló como colaboracionista.
Era el día de Luis Velasco, un testigo primordial en el juicio contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich. Era una audiencia esperada por los querellantes por ser un sobreviviente que recibió las visitas siniestras del cura en centros de exterminio y que presenció sus diálogos con otros detenidos que siguen desaparecidos. Ayer reprodujo algunas de las frases que solía decirles, como "hijo mío, la vida de los hombres la deciden Dios y tu colaboración"; "los hijos deben pagar la culpa de los padres" y "ustedes no tienen que odiar cuando los torturan". Velasco vive en España y viajó especialmente para declarar. Pero Von Wernich hizo todo para pelearle el papel protagónico: pidió hablar por primera vez ante el tribunal y lo acusó de haber sido un agente de inteligencia del Batallón 601 que colaboró con la última dictadura. Imperturbable, se jactó de saberlo por una conversación reciente con el represor Miguel Etchecolatz, con quien compartió tareas en el terrorismo de Estado y ahora comparte pabellón en Marcos Paz.
Para los familiares, las víctimas presentes y los organismos de derechos humanos no fue sorpresivo lo que dijo Von Wernich. Ya lo había publicado en el blog de ultraderecha ‘Cristiandad y Justicia'. Pero pocos esperaban que apareciera en el recinto y pidiera "ampliar" su declaración "indagatoria". Había concurrido el primer día del juicio a comienzos de julio, se negó a declarar y tuvo que ir una vez para ser reconocido por un testigo.
Velasco aguardaba en un despacho contiguo y no escuchó nada. Su reacción ante la presencia del cura fue un pedido a los jueces. "Aprovechando que el señor Von Wernich está presente, quisiera que el tribunal le pregunte dónde están...", y ahí se trabó en un sollozo hasta que pudo reponerse y nombrar a varios de sus compañeros de celda que están desaparecidos: Gustavo Pérez Monçalves, Marcelino Pérez Roi, Jorge Andreani, Ricardo San Martín, Héctor Baratti, Ricardo Bonín, Néstor Bozzi, Humberto Fraccaroli. "Todos ellos fueron visitados por el sacerdote Von Wernich y están desaparecidos", afirmó. "Que diga cuál fue el destino de Ana Libertad Baratti", reclamó también en alusión a una beba nacida en cautiverio que no recuperó su identidad.
Alguien entre el público inició un aplauso y atinaron a sumarse otros tantos, pero enseguida el presidente del tribunal, Carlos Rozanski, pidió evitar cualquier tipo de "expresiones". En primera y segunda fila había Madres de Plaza de Mayo visiblemente conmovidas. También estaba, adelante, Alicia "Licha" Zubasnabald de De la Cuadra, la abuela de Ana Libertad.
A la provocación de Von Wernich la abogada que representa a Velasco, Guadalupe Godoy, retrucó: "Es un deseo de los organismos de derechos humanos obtener la lista" de todos los agentes que formaban parte del ‘Batallón 601', una nómina que nunca fue reconstruida. Lo mismo pidió el letrado de la APDH, Marcelo Ponce Núñez, quien agregó que se cite al juicio a Etchecolatz para que ratifique (o no) los dichos de Von Wernich. El ex comisario, condenado el año pasado a cadena perpetua, está acusado en otra causa por el secuestro de Velasco. El tribunal aún no resolvió.

Contraataque
La sala de audiencias estaba repleta. Había un bullicio permanente en todo el lugar que transmitía un clima de efervescencia.
Velasco ya declaró en distintas oportunidades sobre sus circunstancias de detención y el papel de Von Wernich como hombre de la policía de Ramón Camps. Ayer volvió a detallar las tres veces que recuerda haberlo visto en centros clandestinos y otras dos después que lo liberaron. "En medio de todo ese horror" donde "nos torturaban, pateaban y tiraban pastillas de gamexane para matar los piojos", "que llegara una persona y te hablara bien podía inducir a ciertos compañeros a pensar que había una vía de escape", explicó el testigo. El cura "defendía la tortura y decía que teníamos que pagar porque le habíamos hecho daño a la patria", añadió.
Von Wernich estaba enfundado en un chaleco antibalas y un pulóver oscuro. Pidió la palabra para "hacer una ampliación sobre una sola persona, Luis Velasco Blake", a quien acusa de "difamarlo".
"Para mí, sacando cuentas, dos veces lo vi: una en la Brigada (de La Plata) y otra en la casa de sus tíos, los Blake Von Wernich, en Carlos Casares, porque su tío está casado con una Von Wernich", dijo el represor. "¿Qué otra vez podría ser?", insistió, monocorde. Se acordó, dijo en pose de desentendido, que un día que estando preso le llevaron quesos de regalo de los monjes benedictinos. "Porque una mañana yo le llevaba quesos al general Camps y cuando entro a la secretaría privada estaba el coronel Rospide (que murió), un señor de civil y Luis Velasco Blake", dijo. Sostuvo que Camps le preguntó si la Iglesia tenía residencia para estudiantes universitarios en Madrid, que él quedó en averiguar y que Etchecolatz estaba al tanto. "Al final Camps me dijo: ‘Ya no lo necesito, su pariente prestó un gran servicio a la policía'. En el momento no le di importancia. Pero ahora que estoy alojado con Etchecolatz, le pregunté ¿qué servicio prestó Velasco a la policía?", recapituló. La respuesta, dijo, fue que pertenecía al Batallón 601 y que "gracias a sus informes se produjeron allanamientos importantes en el área de La Plata".
Von Wernich no quiso contestar preguntas, se sentó junto a su abogado, se puso anteojos y escuchó a Velasco. Anotó todo lo que decía.

Testimonio
Velasco usa barba candado, anteojos de marco gris, tiene el pelo cortito y entrecano, y la voz áspera. Empezó por describir su secuestro, el 7 de julio de 1977 en un operativo "que abarcaba toda la cuadra". Al reconstruir su recorrido por distintos campos de concentración de la Bonaerense, que duró un mes fue intercalando sus encuentros con Von Wernich. "Iba a la celda a hablar de lo que los prisioneros quisieran", dijo. "Jamás lo vi repartir ningún sacramento", aseguró. Entraba sin custodia y, contra lo habitual, les hacía quitar la venda a los detenidos. No le pudo ver el rostro, dijo, a ningún otro carcelero.

- La primera vez que se topó con él estando detenido fue en la Brigada de Investigaciones de La Plata. "Me dijo ‘sacate la remera'. Me tocó los pelitos del pecho y me empezó a hacer bromas porque me los habían quemado en la tortura", contó. En Arana, retrocedió, había sido torturado con picana eléctrica, también en los genitales. "Como había militado en el Partido Comunista Revolucionario me preguntaban por caras y dirigentes del partido". En aquella misma conversación con el párroco, "Néstor Bozzi se arrodilló y le dijo ‘padre no quiero morir'. El le contestó: ‘Hijo mío, la vida de los hombres la deciden Dios y tu colaboración", relató el testigo.

- Volvió a ver al represor en la Comisaría quinta. El cura empezó a hablarle de su familia con "datos concretos". "Me dijo: ‘tranquilo, yo soy primo de Monona", en alusión una tía suya. Le pregunté por la salud de mi mamá, quise avanzar más y me dijo basta", repasó Velasco. "Efectivamente Von Wernich estaba emparentado con mi tía Monona. Ella incluso le llevó una foto mía, pero en todo el mes que estuve desaparecido él no pasó ningún dato sobre mí", sostuvo.

- Otra vez en la comisaría quinta, Velasco escuchó un nuevo sermón de Von Wernich, algo que le parecía su "obsesión": "Ustedes no tienen que odiar cuando los torturan", les insistía.

–¿Qué culpa tiene mi hija que nació en cautiverio? –contó que le replicó su compañero Baratti, quien acaba de enterarse de que su mujer, Elena de la Cuadra, acaba de dar a luz en cautiverio.
–Los hijos deben pagar la culpa de los padres –fue la respuesta.

- Velasco fue liberado el 8 de agosto y se fue transitoriamente a vivir con sus tíos. Mientras se recuperaba de una operación de apendicitis, estando solo en la casa apareció Von Wernich. "Me corrió un frío por la espalda (...) Me dijo vos sos un boludo, te hiciste mierda en la parrilla y en la celda nombraste gente. Yo le dije que no, entonces contestó, ‘o sea que no cantaste todo". Velasco le preguntó qué tuvo que ver con su liberación. "Lo único que les dije es que a éste lárguenlo o mátenlo, porque sino nos mata a nosotros", dice que contestó el cura. "Le pregunté qué se siente al ver torturar gente y me contestó que nada", narró. Ahí mismo, admitió, Von Wernich le ofreció un contacto para obtener los documentos e irse. El se fue a Perú por dos años y luego a España.

- La última vez que se vieron fue en una cena familiar. Nadie tocó el tema.

"Declaré muchas veces y espero que ésta sea la última", dijo Velasco cerca de terminar. Y volvió a conmoverse: "Para el testimoniante es muy difícil. Cada vez se recuerda, se revive el dolor, espero que esto termine, se juzgue a los culpables, y a seguir viviendo".

28 de agosto de 2007
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la mano blanda de la corte

mqh - 26 de agosto de 2007 - 23:02 - chile

[Jorge Escalante y Andrés López V.] Supremas rebajas. Corte reduce sanciones a violadores de derechos humanos.

Santiago, Chile. A partir del beneficio de la ‘irreprochable conducta', la Sala Penal de la Corte Suprema ha suavizado numerosas condenas en contra de agentes represivos. Al dolor y la frustración de los familiares se suma la expectación que rodea las sentencias de la Operación Albania, que se conocerán esta semana.
Desde mayo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema está aplicando, en forma sistemática, un nuevo criterio jurídico que tiene dolidos, frustrados y enervados a los familiares de las víctimas de la dictadura y sus abogados.
Fallando en última instancia las sentencias condenatorias para los ex agentes que cometieron los crímenes, esta sala ha rebajado sustancialmente las condenas, considerando, entre otras cuestiones, que los autores cuentan con ‘irreprochable conducta'.
Los familiares sienten que lucharon en contra de la denegación de justicia, la arbitrariedad y sumisión de la gran mayoría de los jueces a la tiranía militar, y que, cuando comenzaban a sentir que se hacía justicia con algunos jueces que dictan penas que se corresponden con la magnitud de los delitos, vuelven a revivir la sensación de injusticia, burla e impunidad.
Una de las últimas situaciones que les volvió a helar los huesos fue que, para rebajar condenas de 10 a 5 años de presidio al ex jefe de la Brigada Purén y ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, general (R) Raúl Iturriaga Neumann, los magistrados de la Sala Penal invocaron su "muy calificada irreprochable conducta, puesto que se trata de una persona de 69 años de edad y que exhibe un comportamiento anterior exento de tacha".
A Iturriaga se le concedió aquella disminución de pena en los casos de secuestro y desaparición de Dagoberto San Martín, Víctor Olea Alegría y Mario Carrasco Díaz. La última sentencia de este tipo dictada por la Sala Penal integrada por los ministros Alberto Chaigneau, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Nibaldo Segura es del 22 de agosto de 2007, por Olea y Carrasco.
Los afectados no entienden cómo los jueces pueden considerar que Iturriaga tiene una "muy calificada irreprochable conducta anterior", cuando comandó una de las brigadas que más perversiones sexuales cometió contra mujeres prisioneras en el centro de tortura conocido como Venda Sexy, y fue acusado él mismo de violar detenidas que tenían tapados los ojos. Además, fue pieza principal en el doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, y en el diseño de la Operación Colombo, en la que desaparecieron 119 prisioneros.
Y si bien, en estricto rigor, la atenuante de ‘irreprochable conducta' opera cuando el reo no ha sido antes condenado por otro delito, a juicio de los afectados, aquella interpretación no puede desatender el largo prontuario criminal de cada uno de los ex agentes que conformaron los grupos operativos de exterminio.

Otros Premiados
En el caso del secuestro de Manuel Cortés Joo, y teniendo como uno de los antecedentes el mismo criterio de la ‘irreprochable conducta', el 27 de junio de 2007 la Sala Penal de la Corte Suprema rebajó de 10 a 5 años las condenas del ex jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (R) Miguel Krassnoff, y del ex jefe de Villa Grimaldi Marcelo Moren Brito. Por el mismo caso, también rebajó de 10 a 5 años la pena del ex subjefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y ex jefe del centro clandestino Londres 38, coronel (R) Rolf Wenderoth.
También benefició con una disminución de 5 a 3 años la condena del ex agente Basclay Zapata (‘El Troglo'), quien fue ‘yunta' de Osvaldo Romo, afirmando que tenía una "muy calificada irreprochable conducta". De paso, los jueces resolvieron que Zapata podía cumplir la pena en ‘libertad vigilada'.
Por el crimen del militante comunista Juan Luis Rivera Matus, y con rebajas similares e iguales argumentos, los magistrados favorecieron al ex jefe del Comando Conjunto, general (R) de la Fuerza Aérea César Ruiz Bunge, y al ex agente de esa asociación ilícita Carlos Madrid Hayden.
Los jueces de la Sala Penal rebajaron las condenas de Ruiz y Madrid de 10 a 3 años, y la del ex jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI, mayor (R) Álvaro Corbalán, de 15 a 4 años. La del oficial (R) de Ejército Sergio Díaz López bajó de 10 a 4 años y, además, se le concedió el beneficio de la ‘libertad vigilada'.
Otro argumento para otorgar tales rebajas en este episodio fue la llamada ‘media prescripción' por el transcurso del tiempo, debido a que los restos de Rivera aparecieron el año 2001 en el Fuerte Arteaga.
De esta manera, estos jueces dieron un paso atrás en el criterio jurídico que habían aplicado, atenidos a la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad, y que sostiene que el delito de secuestro con desaparecimiento u homicidio, si se hallara el cuerpo de la víctima se trata siempre de un crimen de lesa humanidad, que no puede ser amnistiado ni prescribe con el tiempo.
En el episodio de Olea y Carrasco, otro de los favorecidos fue el ex agente Risiere Altez España, a quien atribuyeron también la "muy calificada irreprochable conducta anterior".
Altez, policía de Investigaciones, fue jefe del grupo de detectives conocido como ‘Los Papis', cuyas características principales en la DINA fueron la tortura y la violación de prisioneras. Altez, incluso, fue expulsado del organismo y de la policía cuando intentó violar a la colaboradora socialista Luz Arce, protegida ya por la plana mayor de la DINA.
Sin embargo, el fallo de la Sala Penal sostiene que Altez "se retiró de manera temprana de la institución, incorporándose de manera responsable a labores productivas dentro de un medio familiar protector".

Hablan los Afectados
¿Cuál es la razón para este retroceso de la justicia por los crímenes de la dictadura? Nadie lo sabe y sólo se supone. Pero en los últimos suicidios de los ex agentes Gonzalo Asenjo Zegers (CNI, octubre 2006) y Carlos Marcos Muñoz (Brigada Lautaro, mayo 2007), junto con la fuga de Iturriaga Neumann, podría hallarse una explicación.
"En el caso de Víctor Olea, atendido a que los ministros de la Corte Suprema no pudieron aplicar la media prescripción como lo hicieron en otro fallo, para rebajar las condenas recurrieron a la muy calificada irreprochable conducta anterior de los autores, lo que a mi juicio no se condice con el expediente donde no hay antecedentes que lo acrediten", señala Loreto Meza, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que lleva varias de estas causas y además fue querellante particular en el episodio Olea Alegría. "A los familiares les queda una sensación de injusticia e impunidad muy fuerte", comenta.
Para el abogado Nelson Caucoto, en tanto, "el actuar de estos magistrados se debe a que están por dictar condenas simbólicas, para que nadie pueda reprocharles que no sancionaron los delitos de lesa humanidad. Esto es una muy mala señal, porque se pierde el verdadero valor de la vida y la libertad".
Caucoto sostiene que el hecho de que se estén aplicando penas más elevadas para otro tipo de delitos, como el narcotráfico o los abusos sexuales, ‘distorsiona' la percepción de justicia. "Las penas que hoy se dictan por robos o delitos sexuales son más duras que las que se aplican por la desaparición de personas", señaló.

Albania en el Horizonte
Más crítica es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, para quien, con estas actuaciones, el Poder Judicial "sigue siendo parte y cómplice de los delitos" acontecidos en la dictadura militar.
"Queremos que de una vez por todas se entienda que estas personas están condenadas por violaciones de los derechos humanos, pero las penas que se están aplicando hoy son irrisorias", señala la dirigente, quien sostiene que uno de los hitos que habría influido en los ministros fue la fuga de Iturriaga y sus mensajes en contra de la figura del secuestro calificado.
Gaby Rivera, la hija de Juan Rivera Matus, tampoco entiende por qué la Corte Suprema decidió bajar de 15 a 4 años la pena de Álvaro Corbalán. "Al bajar las condenas la Corte Suprema vuelve a amparar a los asesinos de quienes lucharon contra la dictadura. Los ministros de la Segunda Sala no tienen conciencia de que éstos son crímenes de lesa humanidad y no es como robarse una gallina", dice.
Ahora, las miradas están puestas en lo que resolverá la Sala Penal de la Corte Suprema respecto de las condenas ya dictadas en contra de los autores de los crímenes de la Operación Albania, donde el ex jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, está sentenciado a presidio perpetuo.
El criterio de la Sala Penal de la Suprema no es privativo de esa instancia, y también se observa en algunas salas de la Corte de Apelaciones, donde varios magistrados observan incómodos cómo sus sentencias son rebajadas. El pasado 2 de agosto, por ejemplo, la Primera Sala de este tribunal anuló las condenas en contra de la cúpula del Comando Conjunto, en el caso de la desaparición del estudiante David Urrutia Galaz.
"Cada vez más pesa el argumento de que cuando hay militares que tienen muchas condenas sobre sus hombros, no es necesario seguir aumentado los años de presidio porque en su mayoría tienen 70 años en promedio de edad, y algunos ya están cumpliendo penas", señaló a LND un magistrado de la Corte de Apelaciones.

26 de agosto de 2007
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desaparecidos no serán encontrados

mqh - 26 de agosto de 2007 - 21:43 - chile

[Nelly Yáñez y Sergio Espinosa] El documento del ex mayor Carlos Herrera Jiménez sobre lo que no se ha dicho en DD.HH. La última revelación del asesino de Tucapel Jiménez.

Santiago, Chile. La iniciativa de la Jefe de Estado para recabar más información sobre los detenidos desaparecidos fue bien recibida por organismos de derechos humanos, aunque esta vez hubo un mayor escepticismo.
En un reservado escrito de 34 páginas realizado en junio de 2006, al que tuvo acceso El Mercurio tras la decisión presidencial de reactivar las comisiones Rettig y Valech, el ex miembro de la CNI cuestiona con dureza el escaso avance de las investigaciones judiciales desde el regreso de la democracia, y que se haya castigado más a los que ejecutaron las órdenes de torturar y matar que a quienes las dieron. El ex oficial, quien ha sido el único en pedir perdón por sus actos, explica en detalle cómo operaron los organismos represivos del régimen militar para hacer desaparecer los cuerpos y por qué nunca serán encontrados.
La detallada descripción de cómo se eliminó a los detenidos: "Los DD.DD. nunca serán encontrados, porque el sistema funcionó lamentablemente muy bien".
El ex militar critica con dureza el lento ritmo que han tenido las investigaciones para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, señalando que "el conocimiento de la verdad histórica no es todo lo exitoso que se pretende hacer creer".
Para demostrar sus dichos, hace los siguientes cálculos, luego de 16 años de gobiernos de la Concertación: "¡No hay más que ocho causas terminadas y aclaradas!, de una estimación aproximada de más de 480 procesos en desarrollo a lo largo del país. Al mismo tiempo, de un total de 1.464 detenidos desaparecidos, se han identificado y entregado a sus familiares 162 cadáveres, incluidos los 96 ahora en duda del Patio 29 en el Cementerio General. Es ¡sólo el 12 por ciento!"
Haciendo una proyección, sostiene que "como hay en instrucción alrededor de 480 causas judiciales, de continuarse fallando a la misma velocidad tenida hasta ahora, una por año, quizá se necesitarían los mismos 480 años para poder pensar en lograr un 'definitivo reencuentro' entre todos los chilenos, es decir para el año 2486 nos podremos reconciliar".
Así, constata que "si dividimos la cantidad de cadáveres encontrados e identificados -172- por los 16 años de gobiernos de la Concertación, da el lamentable promedio de 10,125 cadáveres por año; para recuperar el total de detenidos desaparecidos, con la certeza tenida hasta ahora, se necesitarían 145 años".
"Convengamos, entonces, el sistema en ejecución adoptado para esclarecer las violaciones a los derechos humamos es insanablemente malo; por este camino, NUNCA se sabrá la verdad", concluye.

Desapariciones Planificadas
Pero es su explicación de la raíz del problema lo más revelador y sorprendente:
"¿Cómo explicarse que cadáveres, según se dijo (en la Mesa de Diálogo), lanzados al mar, apareciesen inhumados en el fuerte Arteaga del Ejército? ¿O hubo temor del Alto Mando de entregar la verdad, porque se les pudo enrostrar a ellos para responsabilidad penal? ¿O mejor se esperó que la verdad, o parte de ella, aflorare por algún subalterno y fuere éste, finalmente, sentenciado? ¿O acaso ese alto mando no pudo darla, porque sencillamente no la sabe? ¿O las autoridades militares y de Carabineros no se atrevieron a revelar la verdad por el impacto público que ésta pudiere provocar al quedar de manifiesto el brutal e inhumano procedimiento empleado?
"En este mismo organismo instrumental (Mesa de Diálogo), se dijo que en la cuesta Barriga, entre otros lugares, se habían inhumado cadáveres. Efectuadas las investigaciones por un ministro en visita, se encontraron huesos humanos menores que no hacían posible identificar a nadie; a su alrededor, muchas osamentas de perros.
"La cuestión es que, efectivamente, hubo exhumaciones ilegales entre los años 1978 y 1979, dispuestas por el director nacional de Informaciones, general Odlanier Mena Salinas; se sacaron de dicho lugar, previa recolección de perros muertos atropellados en la carretera Norte-Sur y, posteriormente, lanzados al mar en helicópteros. Dicha acción deja de manifiesto la planificación destinada a una 'solución final' para dicho problema, o sea, el engaño e impedir el encuentro de las personas y la verdad.
"Ni el oficial subalterno y los agentes que realizaron las exhumaciones, como la tripulación de los helicópteros que trasladaron los cuerpos, saben sobre qué cadáveres se hizo tal tratamiento.
"Y las respuestas a aquello, ¡por favor! no la busquen encarcelando a este oficial o a los pilotos, pues no saben más que lo que he indicado. ¡Exíjansela al general Pinochet, a su vicecomandante en jefe del Ejército, a su jefe del Estado Mayor, general Odlanier Mena, a su subdirector, su jefe del Estado mayor CNI, a su jefe de operaciones CNI, al comandante de Aviación del Ejército de aquellos años, a su segundo comandante y al jefe de operaciones aéreas, que realizaban los respectivos planes de vuelo. Ya está bueno que la justicia se centre sólo en los cabos mecánicos de helicópteros y en sus pilotos (...) así ha sido hasta hoy.

Cómo Mataban a los Detenidos

Según Herrera, la desaparición de personas tuvo varios procedimientos:

"1.- Hubo coordinación y mando de oficiales superiores o generales: por órdenes superiores, personal de una unidad detenía personas con nombre, apellidos y domicilio, los entregaba en otra unidad donde eran retenidos, quemados o destruidos los documentos identificatorios y se les cambiaba por un número. Ya sin identidad, los detenidos eran llevados a otro lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber a quiénes, ya que a esas alturas eran sólo números. Luego, envueltos en sacos, por otro personal, inhumados o lanzados al mar y quienes hacían esta 'labor' sólo veían bultos, no personas.

"2.- Patrullas de las Fuerzas Armadas al mando de jóvenes subtenientes y tenientes o sargentos y cabos, hicieron de juez y parte frente a hechos de 'delación política', como jefes de las JAP, por ejemplo. También, frente a denuncias de delitos flagrantes o creyendo que así eran, fusilaron a personas sospechosas de tales actos in situ, pese a ser ilegal, aún en aquel tiempo. Quienes cometieron ese ilícito no obedecían a instrucciones de sus mandos.

"3.- Carabineros integrantes de un retén, en conocimiento de cuatreros en su sector, los fusilaron e inhumaron, muchas veces con ayuda de civiles interesados en terminar con aquel delito. (...) También hubo muertos en ciudades, pueblos o localidades donde no existía presencia de FF.AA: Lonquén es un ejemplo. ¿Quién dio la orden?

"4.- Unidades de la Policía de Investigaciones, sabedores que en su sector había delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel -como siempre ha sido-, en operaciones secretas y clandestinas los eliminaron actuando como escuadrones de la muerte. Tampoco correspondió a instrucciones del mando institucional.

"De los procedimientos señalados en los puntos 2 al 4 ha habido información y se ha logrado avanzar algo en la materia. Respecto del primer procedimiento, nada.
"La otra verdad resistida a revelar, oficialmente, es que buena parte de los detenidos desaparecidos NUNCA serán encontrados, porque el primer sistema descrito, aunque complejo, funcionó, en este caso, 'lamentablemente muy bien'.
"Esta es la gran verdad que tiene entrampado al país (...) creo que todos los chilenos la sabemos, pero esperamos que sean personas responsables, con autoridad y necesidad de saber que, dando la cara al país, oficialmente nos la explique, sin eufemismos, sino en forma clara y dejando palmariamente establecido, de una buena vez, que la posibilidad de encontrar el grueso de los detenidos desaparecidos es material e insalvablemente imposible, porque (...) el primer procedimiento explicado, por su complejidad y dado el tiempo transcurrido, más militares y carabineros partícipes que han fallecido, hacen materialmente imposible toda posibilidad de reconstruirlo.
"¡El grueso de los detenidos desaparecidos que aún faltan no serán encontrados, pues fueron arrojados al mar en diferentes lugares! O lo fueron poco tiempo después de ser detenidos o los lanzaron luego de las exhumaciones hechas entre 1978 y 1979.
"Me parece una gran injusticia y miserable falta de respeto para con los familiares de aquellos, que esta triste y vergonzosa verdad no sea develada clara, contundente y documentadamente a la brevedad".

Cronología: 17 Años de Búsqueda
24 de abril de 1990: Patricio Aylwin crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Rettig.

8 de febrero de 1991: Comisión Rettig entrega su informe de 1.300 páginas al Presidente.

4 de marzo de 1991: Se da a conocer públicamente el informe, que concluye que la Dina es el mayor responsable de las desapariciones.

8 de febrero de 1992: Se publica en el Diario Oficial la Ley 19.123 que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

10 de agosto de 1993: Es enviada al Congreso la llamada Ley Aylwin, que busca designar ministros en visita para acelerar la investigación sobre atentados a los DD.HH.

3 de septiembre de 1993: Por peticiones de la propia Concertación, el Presidente Aylwin retira la urgencia a la normativa.

Julio de 1999: Impulsada por el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma se pone en marcha la llamada Mesa de Diálogo.

5 de enero de 2001: Las FF.AA. entregan a la Mesa de Diálogo su informe sobre el paradero de unos 200 detenidos desaparecidos.

6 de enero de 2001: El Presidente Ricardo Lagos entrega a la Corte Suprema la información sobre detenidos desaparecidos que le hicieron llegar las Fuerzas Armadas e instituciones religiosas y morales del país.

Abril de 2001: Lagos conforma una comisión interna y reservada de asesoría sobre DD.HH., que preside José Miguel Insulza.

Mayo de 2003: El senador UDI Jaime Orpis varias reuniones con familiares de detenidos desaparecidos en el Norte, quienes le piden buscar una solución. El presidente de ese partido, Pablo Longueira, se suma a las tratativas y propone un proyecto que busca entregar a estas personas herramientas legales para que puedan pedir el cierre de los procesos, declarar la muerte presunta y acceder a compensaciones económicas.

12 de agosto de 2003: El Gobierno da a conocer una propuesta de 40 páginas sobre DD.HH.. Bajo el nombre ‘No hay mañana sin ayer', propone cuatro medidas principales: formar una comisión sobre prisión política y tortura, mejorar las pensiones de los familiares de detenidos desaparecidos, otorgar un grado de perdón a quienes no estuvieran en posición ejecutiva en los crímenes más graves y crear un Instituto de Derechos Humanos.

13 de noviembre de 2003: Se forma la Comisión Valech, que preside monseñor Sergio Valech.

5 de noviembre de 2004: Se produce el histórico ‘Nunca Más' del comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.

28 de noviembre de 2004: El Presidente Lagos da a conocer el Informe Valech. Son 28 mil las personas que según la ley de reparación dictada, recibirán una pensión mensual, por violaciones a los derechos humanos.

15 de diciembre de 2004: El Congreso despacha a tramitación el proyecto de ley que entrega beneficios a las víctimas de la tortura y la prisión política. Mientras los menores de 70 años recibirán $1.353.798 anuales, y los mayores de 70 pero menores de 75 lo harán en $1.480.284, los mayores a esa edad percibirán una pensión de $1.549.422 anuales.

Mayo de 2005: El gobierno ingresa al Congreso un proyecto de ley que establece la creación de un Instituto de Derechos Humanos.

22 de mayo de 2007: Sergio Bitar propone integrar al PC al Gobierno a través del Instituto de DD.HH.

22 de agosto de 2007: Presidenta Bachelet decide reabrir las comisiones Valech y Rettig por seis meses, por medio de la creación de una instancia asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, que no hayan sido incluidos en las instancias presididas por el abogado Raúl Rettig y monseñor Valech.

26 de agosto de 2007
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el secuestro de carreño

mqh - 26 de agosto de 2007 - 19:46 - chile

Juez dispuesto a reabrir investigación por plagio de coronel de Famae. La verdadera historia detrás del secuestro de Carreño.

Una de las más mediáticas acciones políticas del FPMR, realizada en 1987, se está transformando en una operación que estaría vinculada al tráfico de armas y a la disputa de dos bandos por liderar un negocio ilícito con Irán. Existen sospechas de que miembros de las FF.AA. actuaron y que el Frente fue infiltrado hace 20 años.
Cerca de la esquina de Vicuña Mackenna con Santa Isabel, un coronel retirado camina con paso firme, siempre con la vista al frente y las manos en los bolsillos. Su rostro parece inmutable, pero, mirados más de cerca, sus ojos, casi ocultos bajo un jockey cuadrillé, se agitan constantemente de lado a lado recorriendo toda la visual posible. Los bultos que Carlos Carreño Barrera lleva en los bolsillos de su abrigo azul son un par de manos tensas que parecieran apretar o empuñar algo, alertas frente a cualquier imprevisto. Es que hace ya 20 años el coronel retirado fue el protagonista de uno de los episodios más espectaculares que registran las crónicas nacionales de plagios, luego de que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) lo secuestrara el 1 de septiembre de 1987.
Carreño sobrevivió a esta situación, pues fue liberado tres meses después de su captura. Y tres años más tarde, el Ejército lo llamó a retiro anticipadamente por "problemas de salud". Pasó varios años en un autoexilio y hoy vive de su pensión y gracias a las clases de balística que dicta en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Su experiencia no pasó inadvertida para varios de los jueces que actualmente investigan violaciones de los derechos humanos y tráfico de armas. Ha declarado como testigo en más de un caso y su relato hoy está más cerca que nunca de echar por tierra las motivaciones que hubo para su supuesto secuestro. El contexto en que ocurrieron los hechos también está puesto en duda, ahora que la justicia ha logrado determinar los oscuros negocios que se realizaron en las postrimerías de la dictadura.
Hace tres años, el expediente de este caso, que permanecía empolvado en el archivo judicial, fue adjuntado a la investigación de la desaparición de cinco jóvenes frentistas, ocurrido una semana después de que Carreño fuera plagiado. Actualmente, el caso está en manos del ministro Mario Carroza y registra una intensa actividad. Lo más relevante es que el magistrado está dispuesto a abrir una investigación paralela por su secuestro, en consideración a los antecedentes que están apareciendo.

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¿Fue el secuestro de Carreño una operación vinculada al tráfico de armas y a la disputa entre Famae y las Industrias Cardoen? ¿Quién se beneficiaba con esta acción militar? ¿Hubo infiltración al interior del FPMR que facilitó la elección de Carreño como objetivo?
El juez Carroza lleva varias semanas estudiando el expediente y, aunque ya se dictaron procesamientos, su objetivo apunta a aclarar cualquier delito conexo al caso. En este sentido, el magistrado confirmó a LND que existen antecedentes fundados para abrir un cuaderno separado para el caso Carreño. Con ello reabriría la caja de Pandora de una historia que, supuestamente, se había cerrado hace dos décadas.
A la espera de un decisivo informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la policía civil, el juez sostiene que aún no ha tomado conocimiento directo de los antecedentes, pero "entiendo que apuntan a la responsabilidad de otras personas. Si eso es así, lo que corresponde es la apertura de una investigación".
Consultado respecto a un eventual conflicto con la justicia militar, que está a cargo del caso, Carroza señala que "primero hay que iniciar la investigación y si en ese camino se descubren similitudes o hechos que puedan discutir una contienda, se verá en su momento".

El Hombre de Azul
Hasta ahora, y pese al tiempo que ha pasado, Carlos Carreño continúa asustado por lo que le tocó vivir durante el secuestro a manos del FPMR. El coronel (R) teme a sus captores, quienes lo habrían dejado libre luego que llegara a un acuerdo con ellos, convenciéndolos de que él no era la persona indicada para proporcionarles la información que buscaban. Pero, sobre todo, desconfía de los servicios de inteligencia del Ejército de la época, porque durante el período que duró su cautiverio (93 días) y en los momentos posteriores, fueron ellos los que lo hicieron temer por su vida.
Fuentes ligadas a la investigación efectuada por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, que cerró el caso tras confirmarse las condenas dictadas inicialmente contra miembros del Frente, indicaron que las indagaciones del ex fiscal del Ejército Fernando Torres Silva fueron "livianas" y siempre orientadas exclusivamente hacia la participación del Frente. Por ello es que hay preocupación en círculos militares debido a las dimensiones que podría adquirir la investigación de Carroza, considerando que se investigaría la posible infiltración del grupo subversivo, a los oficiales o la entidad militar que estuvo detrás, y el verdadero propósito del mediático secuestro.

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Cuba. Tras liberar a Carreño en Sao Paulo, parte del grupo que lo secuestró arribó a La Habana. Uno de ellos, Mauricio Hernández Norambuena, ‘Ramiro', llevó fotos, videos y documentos escritos por el coronel en cautiverio.
Nada que se sospechara el 1 de septiembre de 1987, cuando el coronel Carlos Carreño fue plagiado a las afueras de su casa ubicada en Simón Bolívar, cuando se disponía a partir a las oficinas de Famae en calle Rondizzoni, por un comando integrado por cuatro frentistas.
Durante los casi 100 días que permaneció en cautiverio, Carreño estuvo en Santiago, Buenos Aires y S o Paulo. Conforme pasaba el tiempo, la relación con sus captores se fue estrechando, al punto que se enteró de situaciones digitadas por los organismos de inteligencia chilenos, que más que resguardar su vida, la ponían en peligro.
Lo más grave fue la noticia del secuestro de los cinco frentistas. En un principio, el hecho fue interpretado como el intento por buscar una moneda de cambio para recuperar al coronel. Pero, con la desaparición de los subversivos, el mensaje para Carreño y sus raptores fue evidente: no había intención de negociar por su vida. En su círculo íntimo, el coronel (R) ha reconocido que llegó a tener una estrecha relación con los frentistas, al punto que, poco antes de ser liberado en Brasil, selló un pacto de silencio con sus captores.
Durante los tres meses en que estuvieron juntos, Carreño fue interrogado sobre el diseño de armas y la venta de las bombas avispa a Irán. Además, hablaron de fútbol, música y comidas. Hasta ahora, el ex militar está convencido de que esa relación fue decisiva para su liberación.
Mientras vivió el cautiverio, su familia pasaba por el calvario que significa desconocer el real destino de un ser querido.
Dentro de este tenso período, el actual director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Ricardo Ortega, era un teniente comisionado al G-4, grupo a cargo de reprimir movimientos subversivos en los sectores populares. Como tal, visitó en varias ocasiones la casa de Carreño, se entrevistó con su esposa y el resto de la familia. En todo momento, el entorno del secuestrado coronel sintió que Ortega desconfiaba de ellos, que insinuaba una supuesta traición e intentaba sacarles información.
Los padres del coronel Carreño, desesperados al ver la actitud del Ejército, acudieron a las oficinas del general Santiago Sinclair, entonces vicecomandante del Ejército, para solicitar información. Sin embargo, no obtuvieron ninguna ayuda. Salieron de su oficina llorando y temiendo lo peor.
Lo que ahora está claro en las indagaciones llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones es que, en ese entonces, los frentistas descartaron asesinarlo, a sabiendas que cinco de sus camaradas habían sido secuestrados.
El 3 de diciembre de 1987, Carreño fue dejado libre en Sao Paulo, en la puerta del diario O Estado, donde lo recibió un joven periodista de la sección internacional, Cristián Bofill. El lugar fue elegido para proteger su vida, ya que los secuestradores temían que los organismos de inteligencia nacionales lo encontraran antes y terminaran con su vida. ¿Por qué el Frente creía que Carreño podría ser asesinado por sus camaradas de armas?
El coronel todavía no lo entiende. Sin embargo, cuando fue recibido por el fiscal Torres Silva, su temor creció, porque lejos de estar contento con su regreso, parecía molesto. La relación entre ambos se fue tensionando hasta llegar a un límite. Torres, convencido de una tesis investigativa, se negó en ocasiones sucesivas a escuchar los detalles de la declaración prestada por Carreño. Una fuente cercana al caso recuerda: "Uno de los pocos lugares que el coronel recordaba bien eran los baños donde había permanecido, ya que era el único sitio donde se podía quitar la venda. El fiscal lo llevó hasta una casa donde supuestamente había permanecido. Le mostró el baño y le dijo: Mire este lugar, porque usted estuvo aquí . No, señor, yo jamás he pisado este sitio. Estoy completamente seguro , respondió Carreño. ¡Sí, estuvo aquí! , agregó ásperamente Torres Silva. Bueno, para qué me pregunta entonces. Si usted dice que estuve, entonces es así , terminó el diálogo Carreño que, en ese momento, ya se veía muy temeroso".

El Negocio
El secuestro de Carreño se produjo en una etapa crítica del incipiente negocio de armas que por ese tiempo había iniciado la dictadura, a través de Famae. Un año antes, en 1986, varios altos oficiales del Ejército se frotaban las manos pensando en lo que podía ser el negocio de sus vidas. Famae, asociada con la empresa fantasma Ferrimar, había logrado un millonario contrato con el gobierno de Irán: la venta de 300 bombas, tipo cluster, también llamadas ‘avispa'.
La apertura de ese mercado abría perspectivas insospechadas para esa época, ya que el país persa se encontraba enfrascado en una larga, sangrienta y millonaria guerra con su vecino Irak, este último apoyado por Estados Unidos.
Las tratativas, logradas gracias la intervención del traficante de armas francés Bernard Stroiazzo, habían facilitado un mecanismo para burlar el embargo que la ONU impuso al régimen de los ayatolás. Sin embargo, poco tiempo después, todo pareció desplomarse.
Tres de los 15 artefactos que Famae había enviado secretamente para ser probados por la aviación iraní fallaron. No sólo no funcionaron, sino que destruyeron un cazabombardero Phantom F-4 y, en el accidente, resultó herido de gravedad el segundo hombre de la Fuerza Aérea persa.
Teherán, de inmediato, solicitó compensaciones. Pinochet debió convocar a la negociación al comandante en jefe de la FACh e integrante de la Junta Militar de Gobierno, Fernando Matthei, para disponer aviones para probar las "avispas" y preparar la venta a bajo costo de 15 aviones F-5, de dotación de la aviación nacional.
El representante del Ministerio de Defensa iraní, Mohamed Hosseini, viajó a Chile junto al francés Stroiazzo. Ambos sostuvieron una reunión con altos personeros de la FACh y Famae, para cerrar el nuevo trato. Carlos Carreño estuvo en esa reunión.
En agosto de 1987 estaba todo listo para que el coronel viajara a Teherán. No obstante, fuentes calificadas sostienen que el gerente comercial de Famae llevaría en el maletín una propuesta mucho más ambiciosa que la venta de los aviones.
El propio Carreño ha manifestado en el último tiempo, tanto a la policía como a cercanos, que no había tales compensaciones, y que el verdadero propósito de Irán era que Chile, a través de Famae, suscribiera un contrato para enviar importantes cargamentos de armas por 15 años. Por ese entones, Famae tenía entre sus principales proyectos, a concretar en un mediano plazo, la fabricación de poderosas minas submarinas las que habría resultado clave para bloquear el golfo Pérsico , el polémico cohete Rayo y la licencia para fabricar carros Mowag.
Algunos de los que conocieron detalles de la operación recuerdan que a esas alturas, la relación entre el jefe de la aviación y el dictador era sumamente fría, y que Matthei no estaba de acuerdo con las negociaciones que se estaban realizando con Irán. Fuentes vinculadas al negocio de las armas reconocen que el ex comandante en jefe de la FACh y el empresario Carlos Cardoen, entonces propietario de Industrias Cardoen S.A., fábrica de armas que competía exitosamente con Famae, mantenían una estrecha amistad.
Años antes, Cardoen había diseñado un efectivo modelo de bomba ‘racimo' que redundó en un millonario negocio que concretó con Irak. Cuando se conoció que Famae había desarrollado un modelo similar, se desató una pugna pública y judicial entre ambas empresas, por la acusación del empresario sobre el plagio de su diseño. La situación era a lo menos insólita: dos empresas nacionales realizando acciones concretas para proveer de material bélico a bandos contrarios en una guerra.
De allí que la tesis de que el secuestro del coronel Carreño haya tenido sólo motivaciones políticas por parte del FPMR disminuya su fuerza. La idea se ha acentuado sobre la base de los insólitos interrogatorios a los que fue sometido el coronel, tanto por sus captores del FPMR como por miembros del Ejército, una vez que fue liberado. En ambos casos el tema central fue la venta de armas a Irán.
Ahora bien, ¿qué tenía que ver el FPMR en todo esto?

El Topo
Foto_04 W:200 H:150 10 kb. Párrafos Escogidos
"No podemos los uniformados ( ) actuar contra NUESTRA Patria", dice Carreño. El FPMR condicionó su liberación a la lectura de este manifiesto y a la entrega de alimentos en poblaciones. El cura Alfredo Soiza-Piñeyro actuó de mediador. Todavía ve a Carreño y su familia.
Hace varios meses, en el departamento de un sencillo barrio de Bruselas (Bélgica), se realizó una particular reunión de chilenos. Hasta allí fueron llegando uno a uno antiguos jerarcas del FPMR.
"El Frente nunca ha sido completamente desarticulado; desde que cesaron las operaciones violentas, ellos se mantienen en contacto, se reúnen y se entrenan. No me pregunte para qué", señalan en la Policía de Investigaciones respecto a los movimientos que, cada cierto tiempo, realizan los remanentes de esa organización.
Hasta donde pudo conocer LND, una de las discusiones más sensibles es el reconocimiento de que el FPMR fue infiltrado antes de 1987. El secuestro del coronel Carlos Carreño habría sido digitado por miembros del Ejército y llevado a la práctica por un ‘topo' que convenció a la dirección del FPMR de la conveniencia de la acción.
Esto es parte de los antecedentes acumulados en el último tiempo, en conocimiento de la policía y de algunos jueces que indagan violaciones de los derechos humanos y tráfico de armas.
Las indagaciones en el marco del caso de los cinco frentistas han llegado incluso a Bélgica. Luego de varios viajes por Europa y entrevistas con las altas jerarquías, la Policía de Investigaciones ha confeccionado una carpeta con los posibles nombres del infiltrado. Se trataría de un miembro del Ejército ingresado a las huestes rodriguistas desde su juventud. El ‘topo' habría llegado a tener una posición influyente dentro de la estructura y habría sido él quien, luego del descarte del primer objetivo a secuestrar, recomendó el nombre de Carreño. Actualmente las sospechas recaen sobre cuatro integrantes del FPMR; sin embargo, uno en especial genera mayores sospechas dentro de la policía civil. El personaje en cuestión tiene un apellido compuesto cuyas iniciales son D. P.
Un grupo importante de viejos comandantes y mandos medios estima que las posibilidades de infiltración siempre estuvieron dentro de los temas con que debieron lidiar. Pero, en lo que respecta a Carreño, recuerdan que el hecho ocurrió justo en momentos en que las discusiones internas provocaron la división del grupo y el nacimiento del Frente Autónomo, alejado de la órbita del PC.
Así, personas que habían ocupado mandos medios, que no pertenecían a la generación fundadora, asumieron cargos directivos. Hoy, las sospechas apuntan a ese grupo.

Carreño, Segundo Obejtivo
Con 39 años a cuestas y una discreta vida profesional, el teniente coronel y subdirector de Famae era un tipo común y corriente. De bajo perfil, sin vínculos políticos evidentes ni un historial de violencia, a diferencia de personajes odiados por la oposición, como Manuel Contreras o Álvaro Corbalán, su rutina transcurría de la casa al trabajo y viceversa. Casado con Loreto Rojas y padre de tres hijos, Carlos Carreño Barrera seguía el camino lógico para un oficial sin ambiciones de generalato ni aprecio por el mando de tropa. Había sí algo que lo movía: el desarrollo de armas. Materia a la que se dedicó con afán de cirujano desde 1979, año en que se incorporó a Famae.
La decisión que terminó con Carreño secuestrado sigue siendo un misterio dilucidado a medias. ‘Simón', uno de los responsables de trasladar a Carreño a Brasil y liberarlo en Sao Paulo, aseguró a los autores del libro ‘Operación Príncipe', que en julio de 1987 recopilaron información sobre cinco candidatos del Ejército. También que, a mediados del mes siguiente, "se hizo una preselección de tres de ellos: uno principal, uno secundario y uno de reserva. En ese momento, la prioridad la tuvo el teniente coronel Carlos Carreño". ¿Por qué? "En primer lugar, sabíamos que era un militar que no estaba comprometido en crímenes contra la oposición; si no hubiera sido así, en vez de secuestrarlo amigablemente , quizás habríamos realizado una operación más contundente. En segundo lugar, era hombre profundamente cristiano: iba a ser más receptivo al mensaje que queríamos enviarle a las Fuerzas Armadas. Y, en tercer lugar, era el que tenía menos custodia". Entre todos, el último punto es quizá el más relevante. Carreño, además, era uno de los pocos oficiales que no vivía en condominios castrenses.
Otros frentistas que tomaron parte de las tareas de exploración previas aseguran que Carreño no era el principal candidato, sino que Gerardo Ramírez Chovar. El comandante formaba parte de la escolta de Pinochet. También era un experimentado comando que había instruido a varios agentes de la CNI en técnicas de lucha antisubversiva. En su caso, dicen las fuentes consultadas, era altamente probable que el secuestro no fuera ‘amigable'.
Ramírez Chovar, actualmente coronel en retiro, vivía en una casa de avenida Salvador, a media cuadra de José Domingo Cañas. El grupo de exploración chequeó sin problemas sus movimientos. Sin embargo, el secuestro se abortó porque el día escogido "había un lechero, un barrendero, tipos que durante los chequeos previos nunca habían aparecido", dice un miembro del grupo. "Fue ahí que Carreño tuvo prioridad", sostuvo.
El ex coronel no quiere hablar del tema, evade cualquier contacto con la prensa y reclama por la tranquilidad propia y la de su familia. Vive sumido en un aparente silencio, oculto tras los equipos del laboratorio donde hoy enseña a sus alumnos a aclarar crímenes, identificando distintos tipos de armamentos. Y muy pocos saben el límite de sus verdaderos conocimientos.

Los Desaparecidos
Una semana después del plagio del coronel Carlos Carreño, cinco miembros del FPMR fueron secuestrados por agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI.
La investigación iniciada por el ex ministro de la Corte de Apelaciones Hugo Dolmetsch acreditó que Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez fueron llevados hasta el Cuartel Borgoño, donde permanecieron detenidos por varios días. Posteriormente, fueron entregados a funcionarios del ex Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), quienes los habrían asesinado y lanzado al mar en las cercanías del puerto de San Antonio.
Este acto criminal es el único donde se encuentra probada la acción de integrantes del aparato de inteligencia del Ejército, luego de que Álvaro Corbalán declarara que habían participado en conjunto con los aparatos de inteligencia del Ejército. La afirmación hizo crecer las sospechas respecto de la verdadera naturaleza del secuestro tanto de Carreño como de los miembros del FPMR.
Por este caso permanecen procesados por secuestro calificado los miembros de la CNI Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza y Luis Santibáñez. En calidad de coautores, Hugo Salas Wenzel y sus dos colaboradores, Álvaro Corbalán y Krantz Bauer. Les siguen por el mismo delito Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos. Como encubridores están los oficiales (R) del Ejército Gonzalo Asenjo –quien se suicidó en octubre– y Rodrigo Pérez.
Posteriormente, en 2007 fueron procesados el jefe del BIE, Julio Cerda Carrasco, y Fernando Rafael Rojas Tapia como coautores. En calidad de encubridores fueron encausados Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Mario Campos Valladares y Hugo Rodrigo Barría Rogers.

26 de agosto de 2007
©la nación

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viven con menos de un euro al día

mqh - 26 de agosto de 2007 - 07:10 - chile

[Carlos Rodríguez Ilabaca] Seguidor de la obra de San Alberto Hurtado dijo que la pobreza y la delincuencia se combaten entregando oportunidades a los sectores más carenciados.

San Antonio, Chile. El director social del Hogar de Cristo, el sicólogo Benito Baranda Ferrán, entregó datos reveladores y sorprendentes acerca de la pobreza en Chile. Uno de los ellos, tal vez el más impactante, es que pese a los esfuerzos gubernamentales, todavía existen 2 millones 200 mil chilenos en condición de extrema pobreza, vale decir, que viven con menos de dos dólares diarios (mil 400 pesos). Y de esos, 500 mil lo hacen con menos de un dólar diario (700 pesos).
La estadística la entregó en su exposición ‘La Solidaridad como fuente de crecimiento', ofrecida en su calidad de orador del sexto desayuno foro San Antonio Futuro, organizado por diario El Líder en conjunto con San Antonio Terminal Internacional (STI).
Baranda reconoció que nuestro país ha avanzado en el combate a la pobreza -mencionó que en 1987 la mitad del país vivía con menos de dos dólares diarios-, pero señaló que a nivel país todavía queda mucho por hacer.
El seguidor de la obra de San Alberto Hurtado resaltó que será muy difícil que esas 2 millones 200 mil personas abandonen la pobreza si no reciben oportunidades reales para lograr la movilidad social. El sicólogo de la UC derribó algunos mitos. Como por ejemplo, la creencia popular que el pobre no surge porque es flojo. "La gente hace esfuerzos para modificar su condición social, pero muchos no lo consiguen precisamente por la falta de oportunidades".
Uno de los pilares fundamentales para la superación de la pobreza es la educación. Y muchos pobres no tienen acceso a ella, o si la tienen, es de mala calidad. "Yo siempre he dicho que el Estado debería gastar lo mismo en un joven de población que está fuera del sistema escolar que en un preso. Pero eso no se hace. El reo que recupera la libertad vuelve a delinquir al poco tiempo precisamente porque no tiene oportunidades de revertir su comportamiento", indicó.
En las poblaciones populares la deserción escolar alcanza niveles preocupantes. Basta pensar que 75 mil jóvenes entre 13 y 17 años no asisten a la enseñanza media, y que el 56% de los jóvenes más pobres entre 19 y 24 años no tiene un trabajo.
Baranda se mostró partidario de implementar un sistema estatal de subvención diferenciada -el proyecto lleva 4 años durmiendo en el Congreso-, de manera que las escuelas más pobres, y por consiguiente con peor calidad de educación, puedan recibir mayores recursos y así elevar sus aprendizajes. De otra manera, dijo, difícilmente se podrá mejorar la educación en esos colegios.

Allegados
Según Baranda, actualmente 8 mil personas viven en situación de calle, aunque no todas ellas son pobres. Muchas tienen problemas mentales o llegaron a la calle tras quiebres matrimoniales o conflictos personales. Otra cifra reveladora es que un millón 500 mil chilenos viven de allegados, y otros 100 mil lo hacen en campamentos. Baranda auguró que para el 2010 probablemente se erradicarán definitivamente los campamentos, "pero seguirá el problema de los allegados".
Expuso además que la integración de la mujer al mundo laboral es clave para abandonar la pobreza. En ese sentido, mencionó que es de vital importancia que se aumenten las redes de cuidado infantil, que las mujeres puedan regularizar sus estudios y que se incentive su integración al mundo laboral. Actualmente, el 44% de los hogares más pobres del país son encabezados por mujeres jefas de hogar y el 70% de los niños menores de 4 años no tiene acceso a sala cuna ni a jardín infantil.

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recuerdan a víctimas de alfa carbón 1

mqh - 24 de agosto de 2007 - 05:04 - chile

Nueve personas fallecieron en distintas ciudades del sur del país. Recuerdan a dirigentes del MIR muertos en 1984.

Los Ángeles, Chile. Estos crímenes son caratulados en el Informe Rettig como muertes por violencia innecesaria por parte de agentes del Estado", aseguró Mauricio Aedo, vocero de la agrupación Memoria Viva de Bío Bío.
"¡Todos tenían que morir sin demora! Esa era la orden que emanaba de la Central Nacional de Informaciones (CNI) para aniquilar y descabezar a la dirigencia de la zona sur del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M1R), que operaba desde la VIII hasta la X región".
Así parte el relato de Mauricio Aedo Arias, vocero de la Agrupación Memoria Viva de Bío Bío, al recordar hoy un nuevo año de la muerte de nueve personas opositoras al régimen militar, en distintas ciudades del país. Un operativo llevado a cabo en 1984 bajo el nombre de Alfa Carbón 1 dejó como triste saldo el fallecimiento de la plana mayor del MIR en la zona sur: dos personas en Santiago, dos en Concepción, uno en Hualpencillo, uno en Los Ángeles y tres en Valdivia.
A 23 años de este hecho, Mauricio Aedo denunció que "aún no hay condena para los responsables, y es que los agentes de seguridad que actuaron (mas de un centenar) en esta matanza lo hicieron con todos resguardos del régimen, evitando por décadas su identificación. Hoy, la versión oficial que habla de enfrentamientos es contrastada por la de los testigos presenciales, que en forma inédita dan cuenta de cómo ocurrieron los hechos".

Talcahuano y Concepción
Mauricio Aedo se dio el tiempo para contar detalles de los hechos que marcaron el fatídico 23 de agosto de 1984, donde su hermano Luciano fue una de las víctimas.
"La operación Alfa Carbón 1 comenzó en la mañana del 23 de agosto en Concepción, específicamente a las 12,45 horas en el sector de Hualpencillo, hoy comuna de Hualpén, donde fue muerto Luciano Humberto Aedo Arias, de 32 años de edad. La versión oficial de ese entonces dio cuenta de un enfrentamiento casual entre Luciano Aedo y personal de seguridad. La CNI informó que ‘Aedo disparó contra los agentes y que estos respondieron hiriéndole de muerte'. Testigos oculares descartan el encuentro fortuito".
Aedo afirmó que a su hermano le dispararon por la espalda "y lo remataron en el suelo con tiros de ametralladora".
En la tarde de ese día en el sector de la Vega Monumental de Concepción también cayeron fallecidos Nelson Herrera Riveras, de 30 años, y Mario Lagos Rodríguez, de 34 años de edad.
"El parte médico muestra que Octavio Lagos tenía un disparo debajo de la axila derecha", recordó Aedo, mientras Nelson Herrera Riveros, "se atemorizó al ver caído a su compañero, quiso escudarse detrás de unas personas y luego corrió al otro lado del taxibus. Pero no fue lejos. Se encontró de frente con varios agentes que rápidamente lo inmovilizaron. Lo bajaron con violencia y lo llevaron a un vehículo de color de taxi".

En Los Ángeles
El mismo día 23 de agosto de 1984 este escenario continuó en la ciudad de Los Ángeles. "En calle Bombero Vichmaister de la población Orompello, siendo las 18,30 asesinan a Mario Mújica Barros. Lo matan dentro de su propia casa, poniendo como escenario un falso enfrentamiento, el mismo modus operandi que se hizo con los muertos en la Operación Albania el año 1987, donde murieron 12 jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez", afirmó Mauricio Aedo.
El vocero de la Agrupación Memoria Viva de Bío Bío agregó que "esta caravana de la muerte se trasladó a la ciudad de Valdivia, sector Puente Estancilla, donde ejecutaron a Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientes Matamala. Pero el exterminio de las direcciones regionales sur del MIR no terminó el día 23, sino que el día viernes 24 de agosto asesinan en su propio domicilio de la misma forma que lo hicieron con Mario Mújica en Los Ángeles, a Juan José Boncompte Andreu".
Según Mauricio Aedo, "en la Operación Alfa Carbón 1 no hubo detención previa, pero de cada persona sabían mucho. Se usaron medios del Ejército para el alojamiento del personal. La oficina de trabajo fue el cuartel general de la III División del Ejercito, además de las oficinas de la CNI". Aseguró que participaron más de 150 efectivos.

Búsqueda de Justicia
Mauricio Aedo comentó que los abogados que representan las familias de los fallecidos en la Vega Monumental de Concepción "han podido establecer fehacientemente y desenmascarar un número importantes de agentes que actuaron con caretas en esta operación".
Añadió que los abogados querellantes y los familiares se encuentran optimistas en que los procesos pasen a la justicia civil, ya que de esa forma "se podrá hacer una verdadera justicia", porque "estos crímenes son caratulados en el Informe Rettig como muertes por violencia innecesaria por parte de agentes del Estado".
Aedo comentó que "los pobladores junto a sus familiares y amigos de las víctimas recuerdan cada año en emotivos homenajes la memoria de estos jóvenes dirigentes y luchadores", y adelantó que "bajo todos estos antecedentes recopilados, pesquisados y analizados durante años, los familiares de las víctimas, patrocinados por los abogados de derechos humanos Nelson Caucoto y Héctor Salazar, presentarán dentro de estos días sendas querellas por violencia innecesaria, con resultado de muerte".

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piden despenalización de marihuana

mqh - 24 de agosto de 2007 - 03:54 - chile

[Karen Retamal] Marihuana: la polémica continúa. La marihuana es una droga que busca ser despenalizada por algunos sectores. El debate sigue abierto.

Concepción, Chile. La marihuana no está legalizada, pero los instrumentos que se utilizan para consumirla no están bajo ninguna norma, pues no se puede presumir que éstos sean utilizados para fines alucinógenos.
Opiniones muy diversas giran en torno al tema del consumo de la marihuana en nuestra zona. Mientras unos buscan la despenalización de su cultivo, otros mantienen una postura firme contra cualquier tipo de ‘ablandamiento' de las actuales normativas.
En países de Europa y Latinoamérica, los defensores del uso de la planta buscan la total legalización de la cannabis sativa. En Concepción, en cambio, quienes defienden su consumo, se remiten a la eliminación del carácter penal del cultivo para uso personal.

Derecho a Cultivar
El penquista Rodrigo Mena es miembro del movimiento Cultiva Tus Derechos. El joven indicó que la organización está en contra del narcotráfico. "Estamos a favor de la hierba natural. Los que fumamos nos gusta tener la planta en la casa y consumirla", dijo.
Marcos Cerna, joven de la tendencia rasta, opinó que "hay que consumirla responsablemente y que legalizarla no es la mejor opción. Lo mejor sería la despenalización".
Por otro lado, el senador Alejandro Navarro indicó que pronto se abrirá un debate sobre el tema. "Se gastó plata en programas que no están funcionando, porque cada vez hay más drogadicción. Por lo que si la penalización no resultó, habrá que ver qué pasa con la despenalización", dijo el parlamentario socialista.

Conace: Es una Droga Peligrosa
El coordinador regional del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), Rogelio Galindo, manifestó que la marihuana es una droga de alta dependencia y que no es inofensiva.
"Este alucinógeno inhibe la percepción de riesgo. La persona no está totalmente consciente de lo que hace", señaló, agregando que "por lo general la gente que consumen varias drogas comenzó utilizando la marihuana y el alcohol. Cuando viene gente a consultar, por lo general los llevo a los centros donde hay pacientes para que vean por sus propios ojos como es la real situación".
"Nuestra postura es contra cualquier tipo de droga. Y si ésta se utiliza con fines terapéuticos o médicos, siempre están supervisadas por un especialista que sabe muy bien cómo y para qué debe ser usada", manifestó el coordinador.
Asimismo indicó que en los últimos estudios sobre el asunto, hay una investigación suiza que manifiesta que hay una relación entre la cannabis y la esquizofrenia.

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