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reabrirán comisiones rettig y valech


El ministro Viera-Gallo explicó que la medida es parte del compromiso adquirido por el gobierno, cuyos resultados estarán listos el 2009. Durante seis meses los interesados podrán entregar los antecedentes para acceder a beneficios como víctimas de la represión.
Santiago, Chile. El gobierno ratificó el interés de reabrir las comisiones Rettig y Valech y que para ello hay una indicación que permite a quienes no alcanzaron a entregar sus antecedentes seguir con los trámites.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, aseguró que la decisión del Ejecutivo es parte del compromiso adquirido por gobierno con las organizaciones de derechos humanos.
Explicó que "nosotros presentamos una indicación de que, sobre todo las personas que fueron objeto de torturas o de prisión en la época de la dictadura y que no alcanzaron a presentar sus antecedentes por diversos motivos, puedan hacerlo".
Añadió que en los casos en que los afectados no presentaron antecedentes o éstos estaban incompletos, el nuevo Instituto de Derechos Humanos se hará cargo de hacer valer esos antecedentes en un plazo acotado de seis meses.
Viera-Gallo precisó que el organismo va a actuar sólo como un ente receptor de los antecedentes, tras lo cual la presidenta Michelle Bachelet va a nombrar una comisión "muy parecida a la otra comisión que actuó con mucha seriedad".
Acerca de los fondos compensatorios para aquellos que se acojan a esta nueva comisión, el ministro evitó confirmar o desmentir cantidades, asegurando que esas son materias que se deben verificar, y que él no es la persona indicada para hablar de montos.

23 de agosto de 2007
©la nación
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propuesta contra la pobreza


[Carlos Ignacio Kuschel Silva] Propuesta del político liberal Sebastián Piñera definiría un ingreso familiar mínimo.
Sebastián Piñera propuso la creación de un Ingreso Familiar Mínimo Ético garantizado que no distorsione o dañe el mercado laboral enfocado al ingreso familiar y no al salario individual. El ingreso familiar a diferencia del salario incorpora todos los ingresos, salarios, beneficios, subsidios y otras transferencias lo que con las características de tamaño de las familias permite calcular mejor el verdadero nivel de bienestar de las familias más pobres. La ventaja de este Ingreso Familiar Mínimo es que abarca también a las personas sin trabajo, a los jubilados, las mujeres y dueñas de casa que viven en la pobreza. Este ingreso familiar tampoco distorsiona el mercado laboral aumentando la cesantía que afecta a más de la mitad de los jóvenes del 20% más pobre de nuestra población, a mujeres y a personas mayores en edad laboral.
Si le creemos a la última Casen del Gobierno, tenemos 2,2 millones de pobres por lo que se propone crear una Asignación Familiar Antipobreza complementario a los ingresos familiares hasta alcanzar este Ingreso Familiar Mínimo ético garantizado. Éste se entregaría directamente, según la información social, sin intermediarios, burocracias, padrinos o aprovechamiento político. Esta asignación se deberá entregar idealmente en proporciones iguales a la madre y al padre cuando sea posible. Como contrapartida a esta asignación familiar antipobreza los miembros de la familia en edad y condiciones de trabajar que no lo estén haciendo deberán: a.- Buscar trabajo;

b.- hacer trabajos comunitarios o,
c.- participar en cursos de capacitación laboral.

El costo de esta iniciativa es totalmente viable porque en Chile ya tenemos una red básica de protección social y la diferencia de brecha de pobreza como porcentaje del PNB a transferir a los más pobres es de US$1.000 millones anuales, lo que es menos del 0.8% del PNB (cercano a 150 mil millones), algo menos que el 4% del gasto público y menos del 15% del superávit fiscal calculado para el 2007.

El autor es senador de la 17ª circunscripción.

23 de agosto de 2007
©estrella de chiloé
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sin justicia social no hay democracia


Declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Sin Justicia Social no hay Democracia Integral.
Santiago, Chile. 1. En este Mes de la Solidaridad los chilenos hemos sido testigos de un debate nacional sobre la equidad. Nos urge enfrentar como sociedad este apremiante tema de fondo.

2. En el reciente conflicto en Codelco, fue posible alcanzar acuerdos mediante el contacto directo entre las partes involucradas, pese a la complejidad del tema y a los obstáculos existentes. Estos acuerdos se lograron gracias a la ayuda que prestó el Obispo de Rancagua, con su disponibilidad permanente para facilitar el diálogo.

3. Como consecuencia de ese hecho y de las demandas crecientes de organizaciones de trabajadores, diversos sectores del país han acogido positivamente el llamado que ha hecho el Presidente de la Conferencia Episcopal a asumir la deuda pendiente, en cuanto a una mejor distribución de la riqueza, y la compensación ética y digna del trabajo humano.

4. Interpelados por el Evangelio, por la doctrina social de la Iglesia y por el testimonio de nuestros santos y mártires, abordamos estas materias desde la misión de pastores que nos ha sido confiada. Lo hacemos porque a la conciencia cristiana de Chile no le puede resultar indiferente el sufrimiento de tantos hombres y mujeres -trabajadores, jubilados, pensionados y montepiados-, que no logran vivir con dignidad si no acceden a un ingreso que permita a una familia satisfacer sus necesidades básicas acordes con la naturaleza de quienes son hijos de Dios.

5. Creemos que las decisiones económicas y las políticas públicas deben estar siempre motivadas por el bien de las personas, considerando de un modo privilegiado a los más vulnerables, a los más pobres. No podemos resignarnos a aceptar la inequidad y la injusticia social como datos de la realidad. No podemos separar la ética de la vida ni de la economía.

6. Es por ello que consideramos imprescindible lograr acuerdos consensuados entre el gobierno y la oposición en favor de la equidad, de modo que las políticas públicas y los emprendimientos del sector privado promuevan la creación de empleo, especialmente en los sectores más necesitados, e impulsen la productividad. También es necesario llegar a un acuerdo nacional que dé a la educación de calidad la prioridad que se merece. Sin estas medidas en el orden laboral y educacional no lograremos reducir substancialmente las brechas de ingreso que existen en nuestra sociedad.

7. Agradecemos sinceramente a todas las personas e instituciones que han acogido nuestro llamado a promover la justicia y la equidad con buena disposición y búsqueda de propuestas. Ante la proximidad del Bicentenario, no quisiéramos que esta voluntad quedara archivada como una más entre las buenas intenciones. Por eso, sentimos nuestro deber, como Obispos de la Iglesia Católica, perseverar en nuestro empeño de invitar a la sociedad a dar nuevos pasos en este camino.

8. Hacemos un llamado al diálogo nacional que incluya todas las miradas que busquen el progreso de nuestro país y de las familias más pobres, para acercar posiciones y lograr acuerdos entre los actores con mayor responsabilidad por el bien común, y de esta manera, puedan impulsar las medidas que conduzcan a una patria con mayor justicia social. De nuestra parte, siempre estaremos dispuestos a motivar dicho diálogo y a facilitarlo. Invitamos a comprometerse en él a los católicos y a las personas de buena voluntad que sirven en el mundo laboral, político, académico, científico y comunicacional.

9. Tal como expresábamos en nuestra declaración del 18 de julio pasado, necesitamos "escucharnos y abrirnos a buscar soluciones que integren los distintos puntos de vista, para resolver los dramáticos problemas de pobreza y trabajo precario". Creemos en el diálogo y por eso hacemos este llamado. Nuestra Iglesia está dispuesta a colaborar en él, cumpliendo así el encargo que recibió de Jesucristo y por el cual nos juzgará un día. (cfr. Mt 25, 31ss).

10. "Sin justicia social no puede existir democracia integral", nos decía san Alberto Hurtado, cuya fiesta recordamos este 18 de agosto, Día de la Solidaridad. Que su testimonio inspire el diálogo y que éste produzca abundante fruto. Todo ello se lo encomendamos a la protección de María Reina, Madre de Jesús, cuyo reino no tendrá fin.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, Presidente. Gonzalo Duarte García de Cortázar, Obispo de Valparaíso, Vicepresidente. Francisco Javier Errázuriz Ossa, Cardenal Arzobispo de Santiago. Ricardo Ezzati Andrello, Arzobispo de Concepción. Cristián Contreras Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago, Secretario General.

23 de agosto de 2007
©documentos iglesia
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en libertad asesino de general prats


Arancibia Clavel: autor del homicidio del general (r) Prats en Argentina es beneficiado con la libertad condicional.
Buenos Aires, Argentina. El diario argentino Clarín reveló hoy que el ex agente de inteligencia chileno, Enrique Arancibia Clavel recuperó la libertad después de 12 años de cárcel en Argentina por crímenes de lesa humanidad. La medida se basó en el cómputo que un tribunal hizo sobre el tiempo que permaneció en prisión sin que le dictaran ninguna sentencia, precisó el periódico bonaerense. Arancibia Clavel se vio favorecido por una cláusula que prevén muchos tratados internacionales de derechos humanos. Se la conoce como ‘dos por uno' y establece que, cumplidos los dos primeros años de prisión preventiva, cada día que una persona sin condena firme -técnicamente considerada inocente- transcurre detenida, se le debe contar doble. Esto ocurrió en el segundo de los casos por los que Arancibia Clavel fue juzgado en Agentina: el secuestro y las torturas de las chilenas Laura Elgueta Díaz y Sonia Magdalena Díaz Ureta, de 18 y 21 años, respectivamente. En octubre de 2004, el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires le impuso una pena de 12 años. Arancibia estaba preso desde 1996; a partir de 1998, sus días detenidos se empezaron a contar por dos. Sin embargo, en noviembre de 2000 había sido condenado a presidio perpetuo por otro juzgado, por el asesinato del general (r) del Ejército de Chile, Carlos Prats González, y de su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en la capital trasandina en 1974. Aunque se conoció recién ayer, la liberación de Arancibia se produjo hace un mes, según informó su defensor, Eduardo Gerome.

23 de agosto de 2007
©el sur
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exhuman restos de asesinados


Exhuman restos de matanza de la Escuela Santa María. Determinarán cuántos fueron los muertos.
Iquique, Chile. Los restos de 820 presuntas víctimas de una histórica matanza de obreros del salitre ocurrida en 1907 en Iquique fueron exhumadas por expertos que buscan precisar cuántos fueron los que murieron.
El próximo 21 de diciembre se cumplirán cien años de la llamada Matanza de la Escuela Santa María en la que, según la historia del sindicalismo chileno, fueron masacrados 3.600 huelguistas, sus mujeres y sus hijos, mientras los registros del Servicio de Salud admitieron sólo 261 víctimas.
Los diarios de esa época, cuando Chile era gobernado por Pedro Montt (1906-1910), fijaron en 130 el número de muertos a manos de las tropas enviadas por el gobierno para reprimir la huelga, que afectaba la producción de salitre, principal riqueza.
Con el objeto de reconstruir la historia y determinar con exactitud la cantidad de víctimas, que nunca fueron contadas, un equipo de expertos comenzó hace tres semanas a exhumar restos desde un patio del Servicio Médico Legal de Iquique.
Hasta ahora se han exhumado restos de 820 personas, además de ropas, zapatos, documentos y diarios de la época, pero falta por determinar cuántos cadáveres corresponden a los huelguistas masacrados.
Los trabajos han abarcado un 60% de la fosa común, en la que además hay cadáveres de personas fallecidas en otras épocas y circunstancias, según el arqueólogo Francisco Téllez, responsable de la tarea.
Explicó que los cadáveres de las víctimas de la matanza fueron trasladados al lugar en 1940, a causa de una reducción de restos en un Cementerio de Iquique.

23 de agosto de 2007
©el sur
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nueva condena para represores


Contreras suma nueva condena de diez años.
Santiago, Chile. La Corte Suprema mantuvo la sanción en contra de cinco ex integrantes de la DINA, entre ellos el otrora prófugo de la justicia Raúl Iturriaga Neumann por dos casos de detenidos desaparecidos.
La Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo la condena de diez años y un día de presidio en contra del ex director del DINA Manuel Contreras por los secuestros permanentes de Víctor Olea Alegría y Mario Carrasco Díaz, ocurridos el 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.
En un fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal fijo también na pena de cinco años y un día para Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González y Alejandro Molina Cisternas, mientras que Rigiere Altez España recibió una sanción de 3 años y un día.
El voto a favor de mantener la pena fue de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura y Jaime Rodríguez, quienes estimaron que correspondía seguir aplicando la figura del secuestro permanente; mientras que el ministro Rubén Ballesteros y el abogado integrante Ricardo Peralta fueron partidarios de absolver a los condenados aplicando la prescripción.
El caso estuvo en manos del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien el 6 de junio de 2005 condenó a Contreras Sepúlveda a 4 años; Raúl Iturriaga Neumann. 4 años; Gerardo Urrich González. 4 años; Alejandro Molina Cisternas 4 años con beneficio de libertad vigilada; y Risiere Altez España 800 días con beneficio de remisión condicional. Sin embargo, al año siguiente la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las sanciones.
Olea Alegría y Carrasco Díaz eran militantes del Partido Socialista y según los antecedentes recopilados en la causa estuvieron detenidos en el recinto de calle Irán 3037, esquina Los Plátanos, conocida como la ‘Venda Sexy', desde donde desaparecieron en septiembre de 1974.

22 de agosto de 2007
©la nación
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médicos parias con fianza


Otorgan libertad bajo fianza a médicos y oficial implicados en caso Berríos.
Santiago, Chile. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió este martes la libertad provisional al coronel (r) Enrique Ibarra, implicado en el secuestro y homicidio del bioquímico y ex agente de la disuelta DINA, Eugenio Berríos.
La decisión la adoptaron los magistrados Raúl Rocha, Manuel Valderrama y el abogado integrante Marcos Thomas, con lo cual Ibarra podrá abandonar, previo pago de una fianza de 500 mil pesos, el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, donde se encuentra preso desde hace casi un mes.
El mencionado oficial, junto al ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, fueron sometidos a proceso por el ministro en visita Alejandro Madrid por su responsabilidad en el plan con el cual Berríos fue sacado del país y llevado a Uruguay en 1991, a fin de que no prestara declaración en la causa por el crimen del ex canciller Orlando Letelier.
El cadáver del bioquímico fue hallado en abril de 1995 con dos impactos de bala en el cráneo, en el balneario de El Pinar.
En tanto, el mismo tribunal concedió la libertad a tres de los cinco médicos implicados en la muerte del cabo Manuel Jesús Leyton, en hechos acontecidos en 1977. Con el beneficio se vieron favorecidos Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton y Federico Chaigneau.
La resolución se transformó en el segundo revés que sufre el juez Alejandro Madrid, puesto que la semana pasada se le dio la libertad a la enfermera María Eliana Bolumburú.
Por este crimen, conexo a las indagatorias de los homicidios del ex presidente Eduardo Frei y del bioquímico Eugenio Berríos, el 23 de julio pasado Madrid determinó responsabilidad de los otrora miembros del departamento de sanidad de la desaparecida DINA: Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Teplisky y Hernán Taricco Lavín. Los dos primeros quedaron presos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), mientras que los otros en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.
Leyton pereció en 1977, luego de ser descubierto su papel de integrante del organismo represor al robar una Renoleta por orden del fallecido coronel Germán Barriga, en ese entonces jefe de Brigada Purén.

21 de agosto de 2007
©la tercera
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otro caso de detención arbitraria


[Ernesto Carmona] Asesino impune de Leonardo Henrichsen, es protegido por Carabineros.
Santiago, Chile. Esta mañana, al regresar del hospital, donde acudí a tomarme una muestra de sangre para un control hematológico que tengo mañana, recibí una llamada amenazante en el teléfono de mi casa, relacionada con la Funa efectuada el sábado al ex cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez, asesino impune del periodista argentino Leonardo Henrichsen, muerto el 29 de junio de 1973. (Estoy recibiendo tratamiento para una leucemia mielítica aguda que me fue diagnosticada definitivamente el martes pasado, en base a semanas de análisis y estudios de mi médula espinal, situación que trastorna mi vida y me obliga a concurrir a muchas citas médicas y a tomas de muestras para efectos de control de mi enfermedad, que por cierto conocí después de un infarto que no tuvo mayor trascendencia, ocurrido hace 2 meses).
Desde el teléfono 56 2 442 67 26, a las 9:40 de esta mañana del 20 de agosto de 2007, un sujeto me llamó para preguntarme :

–Carmona, ¿a qué hora es la Funa?
–La funa fue el sábado–, respondí.
–Como no trabajas con honestidad, concha e tu madre, te vamos a...

Presumo que este tipo está relacionado con Bustamante Gómez, a quien denuncié como el asesino de Henrichsen. También relaciono estas cobardes amenazas desde el anonimato de un teléfono público de la ciudad con lo ocurrido el sábado, después de la Funa que organizaciones sociales le hicieran a Bustamante Gómez en su domicilio de calle Berna 1538, Población Juanita Aguirre (Unidad Vecinal Nº 26), comuna de Conchalí. Allí, en la vía pública, Carabineros practicó la detención ilegal del camarógrafo argentino Benjamín Ávila y de sus colaboradores chilenos Mario Puerto (sonidista) y Arturo Peraldi (asistente), quienes se quedaron rezagados del grueso de la Funa, que recorrió el sector tal como ocurre, por ejemplo, en una procesión. Con megáfonos, bombo, caja y gritos, la Funa advirtió a los vecinos de que viven cerca de un criminal. Muchos vecinos y vecinas, incluso los participantes de una reunión católica que interrumpieron su actividad en la unidad escolar para plegarse a la Funa, se quejaron de que cuando llaman a Carabineros de Conchalí para que acudan a combatir a los delincuentes, los policías alegan que tienen poco personal o que les falta bencina. "Pero a proteger a un asesino llegan al tiro", exclamó una indignada dirigenta de la Unidad Vecinal Nº 26.
Cuando los moradores de la casa de Bustamante Gómez, que permanecieron todo el tiempo escondidos y sin darse por enterados de la ruidosa Funa, observaron que el camarógrafo y sus colaboradores habían quedado solos, llamaron a sus amigos Carabineros de la Subcomisaría Conchalí Norte, adscrita a la Quinta Comisaría, Independencia 6208, quienes acudieron con 2 motocicletas, la Comisaría Móvil Z 3247 y el radio patrulla placa RP 479, un gran despliegue de fuerza policial contra tres trabajadores de prensa, a quienes acusaron de "desórdenes públicos" y convencieron al fiscal de turno Marcos Meneses de aplicarles el artículo 26, como autores de desórdenes públicos cuando realizaban una cobertura documental y periodística de un hecho social absolutamente legal. Digo que Carabineros de Conchalí son amigos de Bustamante Gómez porque cuando me hallaba en la Comisaría esperando la libertad de los detenidos, observé que la esposa y la hija de Bustamante Gómez aparecieron en el edificio para abogar en contra de los presos, donde les dieron acceso directo a la oficina del capitán jefe de la Comisaría, sin ninguna dificultad ni pedirles identificación. ¿A qué fueron? ¿Qué hablaron?
Gracias a los esfuerzos del presidente del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros; del abogado de la organización Funa Chile, Rodrigo Román; y de otras personas que se hicieron presentes o intervinieron, como una periodista del ministerio del Interior, los detenidos fueron puestos en libertad al cabo de dos horas de detención ilegal y arbitraria, a las 14 horas. Pero no se pudo obtener que la policía levantara los cargos y que el periodista argentino no fuera citado a declarar a los tribunales. Benjamín Ávila viajó exclusivamente a la cobertura de la Funa y debía regresar a su país el domingo. Por tal motivo, los afectados anunciaron que se querellarán contra Carabineros de Chile por detención arbitraria e ilegal. Los Carabineros de Conchalí convencieron al fiscal de turno del Ministerio Público Marcos Meneses de fabricar el cargo de "desórdenes públicos".
Por mi parte, como consejero nacional, periodista y ciudadano, solicito algún gesto del Colegio expresando su preocupación por estos hechos, que además ocurren en total clandestinidad, sin que se reflejen en los medios de comunicación, con la excepción notable de Radio Bío Bío y muy pocos otros medios independientes.

20 de agosto de 2007
©piensa chile
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