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en defensa de la intimidad


Entre 61 días y 5 años de cárcel arriesgarán quienes divulguen fotografías o conversaciones que no sean de interés público.
Así lo plantea una moción de los senadores Carlos Ominami, Carlos Cantero, Guido Girardi y Jorge Pizarro, que pretende evitar que se produzcan situaciones como las que afectaron a la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco.
La publicación de fotografías o conversaciones correspondientes a la vida privada de las personas y que no sean de interés público o general, podrían ser sancionadas con penas de entre 61 días y 5 años de cárcel, de aprobarse el proyecto de ley que resguarda la vida privada y que fue presentado por el Vicepresidente del Senado, Carlos Ominami y los senadores Carlos Cantero, Guido Girardi y Jorge Pizarro.
La iniciativa, que busca evitar que se vuelvan a repetir situaciones como las que afectaron a la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, quien fue fotografiada mientras tomaba sol en topless en la terraza de su casa, también propone la aplicación de multas que fluctúan entre los $3.200.000 y los $48.450.000 aproximadamente.
En lo fundamental, el proyecto modifica el artículo 161- A del Código Penal, más conocido como la Ley Otero, estableciendo que el que vulnere la intimidad de otro, sin su consentimiento, y que por cualquier medio capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, o que fotografíe o filme imágenes o hechos de carácter particular, recibirá una pena de entre 61 días a 5 años de cárcel.
Además, se establece una multa de 100 a 1.000 Unidades Tributarias mensuales (es decir entre $3.200.000 y $32.300.000), la que también se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos anteriormente citados.
En el caso de que sea una misma persona la que haya obtenido y divulgado las conversaciones o fotografías, se le aplicará una pena de reclusión de 5 años y una multa entre 1.000 y 1.500 UTM, es decir, entre $32.300.000 y
$48.450.000, aproximadamente.

Vacío Legal
Según explicó el Vicepresidente del Senado, Carlos Ominami, el propósito de la iniciativa es suplir un vacío legal que permite vulnerar la vida privada de las personas, por públicas que éstas sean.
El parlamentario solidarizó con Cecilia Bolocco, pues considera que "ella ha sido objeto de una agresión brutal, apoyándose, en el caso de nuestro país, en la existencia de un vacío legal".
Explicó, que la idea es modificar la disposición actual sobre la materia, poniendo el acento en el interés general o particular de una determinada conversación o fotografía y no, si ésta se desarrolla en un lugar público o privado.
Esto, precisó el legislador, porque la actual normativa "tiene serios problemas, porque pone el acento en el carácter público o privado de los lugares donde las cosas ocurren y no en el fondo del asunto. Por ejemplo, con la actual ley, una conversación privada que transcurre en un lugar público no está protegida".
No obstante, explicó que la moción que presentaron establece los resguardos necesarios para que las policías puedan actuar sin problemas cuando se trate de inmiscuirse en esferas personales, en los casos que revisten interés público.

Límites
Por su parte, el senador Cantero manifestó que el objetivo del proyecto es "cautelar el derecho a la vida privada y establecer que el derecho a informar tiene un límite. Queremos actualizar nuestra legislación a la luz de los nuevos casos y pretendemos que una conversación privada, aún cuando se sostenga en un ámbito público, no se pueda difundir sin la autorización previa de los involucrados".
El legislador recordó que existe una sentencia de un tribunal europeo que falló a favor de la princesa Carolina de Mónaco por la publicación de unas fotos suyas, en el que se establece "que no hay que confundir el derecho a informa con el derecho a lucrar a veces sin ningún tipo de límite y control".
En tanto, el senador Girardi precisó que "somos sumamente partidarios de la libertad de expresión, cuando va detrás de un interés público general. El tema de fondo tiene que ver con el interés público y general".
En tal sentido, dijo que las fotografías de Cecilia Bolocco, tienen relación con "lo más íntimo y lo más propia que es la mayor autonomía de un ser humano en su dimensión afectiva, la expresión de su sexualidad y de su cariño y eso no es de interés general".

3 de junio de 2007
30 de mayo de 2007
©la segunda
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más pinochetistas en la calle


Conceden libertad bajo fianza a 14 procesados por calle Conferencia.
Santiago, Chile. En un fallo unánime, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le concedió la libertad bajo fianza a 14 de los 40 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que la habían solicitado en esta oportunidad.
Los beneficiados son ex agentes de la entidad procesados por el ministro Víctor Montiglio en el bullado caso de calle Conferencia, donde desaparecieron dirigentes del Partido Comunista, en 1976.
Montiglio había negado previamente la libertad a los 40 ex agentes, quienes efectuaron una apelación que resultó positiva para 14 de ellos, los cuales deberán pagar una suma de cien mil pesos.
En total, son 56 los procesados y detenidos en esta causa, quienes permanecen detenidos en diversos recintos militares.

1 de junio de 2007
©emol
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dudas sobre la libertad en chile


[Eduardo Andrade Bone] La libertad de expresión es la regla de oro...pero de los empresarios.
Como suele ser habitual, cada cierto tiempo la presidenta Michelle Bachelet suele emitir cierto juicios que reflejan su caradura, su mediocridad o su ignorancia, cuando sobre un hecho puntual se trata. En este caso su punto de vista está relacionado con la caducidad de la concesión a RCTV de Venezuela, en donde de una manera solapada e indirecta ha señalado "que para Chile la libertad de expresión es la regla de oro, dada nuestra historia política y por lo tanto para nosotros el garantizar la libertad de expresión es un elemento principal".
Luego refiriéndose a la legítima y soberana decisión del gobierno de Hugo Chávez de no prorrogar la concesión a RCTV la mandataria agrega: "Chile observa esta situación esperando el análisis que la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) definirá con todos los datos a la vista, pero yo quiero insistir que para Chile la libertad de expresión es un hecho fundamental" reiteró.
Bueno, pero vamos por parte. Primero que nada debemos recordarle a la mandataria que el estado chileno, tiene varias demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por faltas a la "libertad de expresión" que se encuentra en proceso de investigación y que están relacionadas con la prohibición de editar al menos dos libros. Esa sin duda debe ser una de las reglas de oro de la primera mandataria.
En el parlamento chileno se encuentra en tramite un proyecto de ley, que pretender restringir la libertad de prensa y expresión, cuando se trata de personajes de la vida pública, que por lo demás deben tener la más plena transparencia en sus conductas cuando se trata de bienes públicos o que afecten los intereses de la nación, en un país en donde el tráfico de influencias y la corrupción es vox populi, sobretodo en las altas esferas del gobierno, de gran parte del parlamento y de los altos dirigentes políticos de la Concertación y la Alianza por Chile.
Los miembros de los tribunales de Justicia en Chile, han intentado hacer lo propio en cuanto a restringir la libertad de prensa, tratando de obstaculizar el trabajo de la prensa o lisa y llanamente prohibir informar sobre determinadas materias o causas que se encuentra en proceso de investigación, y que ha sido ampliamente condenado por organismos internacionales preocupados por la libertad de expresión y de prensa en la región. Esa debe ser otra de las reglas de oro de la presidenta en cuanto a libertad de expresión en Chile.
La libertad de prensa en Chile dice la mandataria, es un "hecho fundamental, principal". Sin embargo la presidenta no dice que la prensa en Chile, en más de un 90% esta en manos del pinochetismo, la extrema derecha o la clásica derecha chilena, en donde la cobertura de prensa y el pluralismo está determinado por puntos de vista uniforme procedentes de la Concertación y la Alianza por Chile y sus instituciones.
La propiedad de los medios de comunicación y en especial de la prensa escrita, esta supeditada a la concentración que mantienes de éstos, el órgano oficial de la CIA en Chile, el diario golpista El Mercurio y su cadena de pasquines a través del país, y por otro lado, tenemos el Consorcio Copesa, que edita el diario La Tercera y otros, cuyo principal dueño fue uno de los estrechos colaboradores de la dictadura en el ámbito universitario.
Pero no solo eso, la "regla de oro" de esta situación y como lo expresaba una periodista hace poco tiempo atrás es que "anualmente el estado invierte 4.315 millones de pesos en publicidad para la prensa escrita", cifra que ahora debe ser mayor, concentrando dicha inversión mayoritariamente en El Mercurio con un 48%, y los golpistas de COPESA (diario La Tercera y sus filiales) con un 29%.
Ello explica por qué hoy en Chile casi no existen medios escritos independientes como en dictadura, y por qué ninguno de los medios que mantuvieron viva la llama de la lucha contra el régimen militar hoy ya no existen. Las revistas Análisis, APSI, Cauce, Fortín Mapocho, Rocinante, Diario Siete, etc., todos tuvieron que cerrar ahogados por la falta de avisaje. Y nos referimos a las empresas del estado porque es un deber, al menos en un país democrático, garantizar el pluralismo informativo y el respeto a la diversidad de ideas.
Cuestión que hoy no existe en la tutelada y restringida democracia chilena. En el caso del avisaje de las empresas privadas, aún existe un fuerte sectarismo ideológico retrogrado, conservador, autoritario, que impide que esos avisos vayan a medios progresistas, humanistas o de izquierda.
En Chile no está garantizada la libertad de expresión y de prensa, no está garantizado el pluralismo y la democracia, además del respeto a la diversidad ideológica, menos en un país en donde los medios de prensa escrito, la TV y gran parte de las radioemisoras están en manos de la extrema derecha (UDI-RN), y por otro lado sigue imperando la censura a través de la publicidad de las empresas del estado que solo benefician a los medios antes mencionados.
Lo que existe en Chile es el abuso de la libertad de expresión de los dueños de los medios de comunicación, que son los que establecen las líneas editoriales y de prensa, y que tiene derecho a decir lo que a ellos les da la gana. Tienen derecho tergiversar la información, a manipularla, a difamar y a esconder la verdad de los hechos cuando se trata de los intereses de los grandes empresarios, las multinacionales, la oligarquía económica y financiera del país, y la corrupta clase política que administra el país, esa es la regla de oro de la cual habla la presidenta Bachelet.
A propósito del término de la concesión de RCTV en Venezuela, hemos podido observar como los medios de comunicación escritos chilenos, que se encuentran en la red y que circulan en el país, han cerrado filas en su campaña propagandística y difamadora contra el presidente Hugo Chávez. Campaña a la que se ha sumado el sector golpista de la Democracia Cristiana, y nada menos que el actual presidente del Partido Socialista neoliberal, Camilo Escalona, un ignorante mediocre, rastrero y trepador de primera línea de lo que hoy llaman socialismo en Chile, y al cual la presidenta Bachelet le hace guiños a nombre de su regla de oro de lo que la mandataria entiende por libertad de expresión.

1 de junio de 2007
©piensa chile
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tercera muerte por frío en chile


[José Muñoz Jarpa] Anciana muere por hipotermia en Bulnes, Chile.
Conmocionada se encuentra la comunidad de Bulnes tras el deceso de una anciana por hipotermia. El cuerpo de la mujer de 73 años, identificada como María Teresa Echeverría Otárola, fue hallado la mañana del pasado miércoles por vecinos en las afueras de su vivienda, en la transitada calle Arturo Prat.
Según explicaron testigos, en principio pensaron que había sufrido una caída o un ataque al corazón, sin embargo, horas más tarde, en el hospital de Bulnes se confirmó que su deceso se había producido por hipotermia, precisamente en uno de los días en que se registró una de las temperaturas más bajas de los últimos 5 años.
Personal de Carabineros y del municipio, que llegaron hasta el inmueble, comprobaron que la mujer vivía en condiciones infrahumanas.
Estaba llena de ratones y fecas de animales.
Allí también se encontraba el hermano de la anciana, Pedro Pablo Echeverría Otárola, de 76 años, quien es no vidente y tiene sus facultades mentales perturbadas.
De hecho no entendía bien qué le había pasado a su hermana.
Vecinos del sector comentaron que María Teresa Echeverría no recibía asistencia alguna y que varias veces habían alertado al municipio de la crítica situación en que se encontraba, pero nunca hubo respuesta.
Ahora, los esfuerzos se concentran en rescatar del abandono a Pedro Echeverría, aunque hasta ayer por la tarde no estaba claro que institución se haría cargo.

1 de junio de 2007
©la discusión
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cuatro ratas más en proceso


Desaparición de campesinos de Santa Bárbara. Procesan a 4 uniformados en caso de derechos humanos.
Ministro Carlos Aldana investiga otras 14 causas en la región. Algunas corresponden al ex alcalde de Cañete Elías Jaña y a los miristas Jane Vanini y Hugo Candia.Ya ha dictado sentencia en una causa.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones confirmó el procesamiento de cuatro uniformados y absolvió a otros dos por la muerte y desaparición de 13 campesinos de Santa Bárbara, causa que está siendo investigada por el ministro en visita Carlos Aldana Fuentes.
Los hechos ocurrieron en 1973, en la zona precordillerana en Biobio, en donde tras el golpe militar se desató una cacería por parte de civiles y militares en contra de opositores al régimen. Trece campesinos murieron y la gran mayoría de los cuerpos nunca fueron encontrados, lo que dio lugar a una causa por secuestro calificado que hoy está en manos del ministro en visita Carlos Aldana, quien investiga 14 casos de violación de derechos humanos en la zona.
El tribunal de alzada, con los antecedentes aportados por el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ratificó los procesamientos y absolvió a dos de los imputados de los secuestros calificados.

1 de junio de 2007
©el sur
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criminales de la dina en libertad


Corte de Apelaciones concedió libertad a mujeres implicadas en caso Calle Conferencia.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime, concedió la libertad provisional a las seis ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procesadas por su implicancia en la investigación de los crímenes cometidos por el denominado caso Calle Conferencia.
El tribunal, integrado por los magistrados Juan Fuentes Belmar, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Jorge Lagos, dejó a firme la decisión del ministro en visita Víctor Montiglio, quien había concedido el beneficio previo pago de 100.000 pesos.
A comienzos de semana, la misma sala actuó con similar criterio a favor de Eduardo Garea Guzmán y Jorge Marcelo Escobar Fuentes, ambos suboficiales en retiro del Ejército encausados, también por Montiglio, por su responsabilidad en el secuestro y desaparición en mayo de 1976 de la dirección clandestina del Partido Comunista (PC).

31 de mayo de 2007
©la nación
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más ratas pinochetistas a juicio


Juez Montiglio dictó nuevos procesamientos por Calle Conferencia.
El ministro en visita Víctor Montiglio dictó este martes 26 nuevos procesamientos contra 17 ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), implicados en los secuestros y homicidios calificados de los miembros de la dirigencia clandestina del partido Comunista en 1976.
Los imputados fueron encausados por su responsabilidad en los casos de Jorge Muñoz, Mario Zamorano Donoso, Jaime Donato Avedaño, Uldarico Donaire Cortés y Elisa Escobar Cepeda.
En el año 1976 se dio un plan por parte de la DINA para detener, torturar y hacer desaparecer a la mayoría de los dirigentes de la colectividad de izquierda que ya se encontraba proscrita.
Todos los procesados se encuentran detenidos en los distintos recintos asignados por las ramas de las Fuerzas Armadas.
Entre los encargados reos figuran: Pedro Bitterlich, Orlando Altamirano, Eduardo Cabezas, Jorge Díaz, Guillermo Diaz, Orlando Torrejon, Eduardo Reyez, José Ojeda, Juvenal Piña, Carlos Rinaldi, Heriberto Acevedo, Emilio Troncoso, Claudio Pacheco, Víctor Álvarez, José Friz, Eduardo Garea, Rufino Astorga.

30 de mayo de 2007
©la nación

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piden asamblea constituyente


Movimiento ciudadano demanda convocatoria de asamblea constituyente para rescribir constitución chilena.
Con las palabras introductorias del vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Eduardo Arancibia, se dio la partida, el pasado 24 de mayo, a la formación de un movimiento ciudadano que se propone demandar la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En el evento, que repletó la Sala de Plenarios de la FECH en Santiago, se discutió un documento – borrador en el que se postula "una nueva Constitución Política del Estado en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo de Chile".
El abogado Roberto Garretón explicó la imposibilidad de reformar la actual constitución pinochetista en el marco del actual sistema político chileno y describió el proceso desarrollado en Colombia que, tras una propuesta de la Federación Universitaria, obligó a las autoridades a convocar a una consulta a todo el electorado, en la que obtuvo amplia mayoría la opción de convocar a una Asamblea Constituyente, de la que emanó la actual Constitución Política de ese país, una de las más democráticas del continente.
A continuación se mencionaron las numerosas adhesiones que ha concitado esta iniciativa de ciudadanos que en Chile y en el exterior, superando divergencias de orden ideológico y valórico, se han decidido a participar en esta gran batalla democrática cuya amplitud sólo es comparable con el abanico de fuerzas antidictatoriales que confluyó en la Asamblea Democrática, en los años 80 del siglo pasado. Como resolución principal de la jornada, se acordó emprender múltiples iniciativas que permitan reunir decenas de miles de adhesiones a la demanda de una nueva Constitución Política del Estado de Chile.
Se resolvió, además, realizar un acto público en el transcurso de las próximas semanas para difundir el texto definitivo del llamamiento con las primeras mil adhesiones, entre las que se cuentan el ex Rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, los dirigentes universitarios Giorgio Bocardo, Felipe Hazbún y Eduardo Arancibia, los sindicalistas Etiel Moraga, de la CUT, Nelson Viveros de la ANEF y Oscar Torres, de la Plataforma Rural por la Tierra, los ex Ministros Jacques Chonchol, Humberto Martones, Enrique Silva Cimma, Jorge Arrate, los abogados Mauricio Salinas, Julio Stuardo González, Miguel Ávila, Héctor Salazar Ardiles, Humberto Lagos Schufenegger, Roberto Ávila; los dirigentes políticos Carmen Lazo, Carlos Moya, Luis Casado, Lautaro Videla, Esteban Silva, Carlos Tomic, Jorge Cisternas, Atilio Barrios, María Emilia Marchi; los académicos Roberto Aldunce, Pedro Alejandro Matta, Orlando Caputo, Graciela Galarce, Danilo Salcedo, Héctor Vega, Claudio Pérez, Sergio Muñoz, los dirigentes sociales Miguel Retamal, Ramón Núñez, Alfredo Estrada, Patricio Valenzuela, Fernando Lira, Celsa Parrau, Gustavo Ruz, Juana García, Edgardo Condeza; los artistas Vicky Larraín, Aníbal Reyna, Toño Kadima y Mónica Echeverría, entre otros.
El texto del llamamiento, que recoge las enmiendas formuladas durante esta asamblea, es el siguiente:

Por la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos.
La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación. No sólo es ilegítima en su origen. Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro por sobre la dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y jurídico fuera del alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos insalvables para su modificación. Representa, en definitiva, la continuidad jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen verdaderamente democrático.
Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que, amparado en la Constitución de 1980, favorece la concentración monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social. Así, el capital extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones, sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad y la precariedad del empleo, la deficiente atención en salud, educación y vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad que beneficia a muchos civiles y militares responsables de graves crímenes contra la humanidad, la discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato público, la crisis del transporte urbano y la escandalosa y creciente desigualdad entre ricos y pobres, son resultado de un modelo económico e institucional que se ampara en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado de Sitio por la Junta Militar bajo la denominación de "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO". Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por el Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y autoritaria.
Porque nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos, más allá de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la constitución pinochetista, hemos decidido iniciar un proceso de consulta y organización ciudadana para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental, que restablezca los grandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo veinte, que haga efectivas las libertades y derechos proclamados en las heroicas jornadas de lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a manos de su único titular: el pueblo de Chile.
Deberemos afrontar enormes obstáculos que opondrán quienes se obstinan en mantener sus mezquinos privilegios, a saber: la oligarquía y el autoritarismo de viejo cuño que han sido capaces de cooptar a dirigentes políticos que, en el pasado, criticaron a la dictadura pero que actúan ahora como administradores de su nefasta herencia.
Para conservar la vieja institucionalidad, las elites privilegiadas fomentan la apatía ciudadana y desalientan todo signo de cohesión y solidaridad en la base social. Resultado de lo anterior es que, en 1989, los ciudadanos que no participaron en las elecciones, o votaron nulo o blanco, representaban el 15,4%. Después de 16 años aumentaron al 42,5%. Confirma esta tendencia el hecho de que entre el 85 % y el 90 % de los chilenos desconfían del parlamento, del Poder Judicial y de los partidos políticos.

Llamamiento
El rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las jóvenes generaciones y nos conduce inexorablemente a la pérdida de independencia, libertad y dignidad. Chile, con su colosal riqueza y su extensa trayectoria republicana, se encuentra en condiciones de proveer, con creces, la satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de toda su población. Para que ello sea una realidad, no podemos soslayar los temas institucionales.
No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca, por tiempo indefinido, bajo la tutela del capital foráneo y los poderes fácticos locales.
Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de su frágil subsistencia, a todos los empresarios hastiados de los privilegios que se otorgan al capital extranjero, a todos los jóvenes que culminan agobiadoras jornadas de estudio con un título de cesantes, a los sectores religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de valores de quienes amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos; a los adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por las AFP que se apropian de sus ahorros previsionales con fines especulativos; a lo mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad científica y académica, a nuestros artistas y gestores culturales, a los pueblos originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y política que demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas tendencias que se plantean la defensa de la especie humana ante el peligro de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial.
Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que –paradojalmente- sirven a la mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la fuerza de la mayoría ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía, dignidad y libertad.
Nuestro objetivo no admite postergaciones ni ambigüedades: generar un gran movimiento ciudadano que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política del Estado en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo de Chile.
Entre otras acciones proponemos que, en las próximas elecciones municipales, al momento de marcar nuestra preferencia, escribamos en la papeleta la frase "Constitución democrática ahora" lo que, según la ley vigente, no invalida el sufragio. Vigilaremos que esos votos sean rigurosamente escrutados, computados y contados.
Llamamos a todos los chilenos y chilenas –donde sea que se encuentren- para que, desde ahora mismo, suscriban este llamamiento, promuevan debates y emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos comunales, o barriales, foros y charlas en agrupaciones estudiantiles, poblacionales, campesinas, colegios profesionales, etc., que pongan de manifiesto el mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental.
De esta forma, paso a paso, se irá configurando una gran fuerza unitaria que represente la aspiración colectiva de quienes amamos a Chile y nos sentimos parte de un pueblo que, recogiendo las lecciones de la historia, asume la construcción de su propio destino, entrañablemente hermanado con el de los pueblos latinoamericanos y con la paz y la solidaridad en todo el planeta.

31 de mayo de 2007
©piensa chile
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