chile

piden fin de amnistía

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[Jorge Escalante] Fallo que rechazó la amnistía insta a parlamentarios a zanjar discusión. Afirman que es hora de que el Ejecutivo y el Congreso actúen.

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El abogado Nelson Caucoto destacó la resolución de la Suprema "por su contundencia" y porque profundizó en materia de legislación internacional de derechos humanos.
Con alegría recibieron organismos de derechos humanos el reciente fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que desechó la amnistía y la prescripción respecto de un oficial (R) de Ejército, invocando tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales, haciéndolos prevalecer por sobre la Constitución, la legislación penal interna y la soberanía del país.
Sin embargo, la resolución produjo una reacción entre parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes coincidieron en que tanto el Ejecutivo como el Congreso, no pueden esperar que los tribunales de justicia resuelvan un conflicto, que tiene elementos eminentemente políticos.
En privado, lo mismo comentan ministros de las cortes de Apelaciones y Suprema.

Vestigio de la Dictadura
En una opinión más integradora, el abogado del Fasic, Nelson Caucoto, autor del recurso de casación que dio origen al fallo de la Sala Penal, afirmó que "si bien siempre corresponde a los tribunales de justicia resolver en materia de crímenes, y sobre todo de crímenes de guerra y lesa humanidad, Chile debe terminar con la Ley de Amnistía, porque es un vestigio de la dictadura, que no podemos heredarle a nuestros hijos".
Los cinco ministros de la Sala Penal revocaron un dictamen de la jueza de la Corte de San Miguel, María Estela Elgarrista que, invocando la amnistía de 1978, sobreseyó en 2004 al brigadier (R) Víctor Pinto Pérez, procesado por el homicidio en 1973 del reservista Manuel Rojas.
Refiriéndose a la resolución de la Sala Penal, el diputado (PS) Sergio Aguiló dijo que "el fallo es un estímulo para que el Ejecutivo y el Legislativo resuelvan definitivamente el asunto de la amnistía en Chile", y agregó que "no podemos descansar sólo en el criterio de los jueces en materia de amnistía y prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Hoy nos toca a nosotros y al Gobierno".
En ese sentido, añadió "aún esperamos" que el Gobierno le ponga urgencia a un proyecto que aprobó la Cámara y está en el Senado, "para modificar el artículo 93 del Código Penal, introduciendo una disposición que establece que estos crímenes no pueden ser objeto de amnistía o prescripción".
Para el diputado UDI Felipe Salaberry, el fallo "nos inquieta, porque al no existir una interpretación única de la amnistía, genera incertidumbre a mucha gente en el país", y agregó que es el momento en que la cuestión de la amnistía y la prescripción debe ser resuelta por el Ejecutivo y el Parlamento. "No puede ser que la Corte Suprema haga nuestro trabajo".
Comentando el dictamen supremo, el abogado Caucoto lo destacó "por su contundencia", porque profundiza "en la relevancia del derecho internacional en materia de derechos humanos", y porque "finalmente, tratándose de un homicidio y no de un secuestro el de Manuel Rojas, la corte zanjó esta diferencia en materia de amnistía".

16 de marzo de 2007
©la nación

cárcel por consumo de marihuana

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Insólita decisión de jueces de provincia. Dictan prisión preventiva para ex directora regional del Sename por cultivo de marihuana

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La Corte de Apelaciones de Coyhaique decretó prisión preventiva para Verónica Venegas, la ex directora regional en Aisén del Servicio Nacional de Menores (Sename), quien se encuentra formalizada por el delito de cultivo de cannabis.
De este modo, el tribunal de alzada revocó la resolución adoptada por el tribunal de Garantía de la ciudad de Coyhaique.
Venegas fue detenida el miércoles 7 de marzo, luego de que la fiscalía local iniciara una investigación a raíz de una denuncia recibida a través del Fonodrogas y de que una amiga le chocara su vehículo donde se encontró restos de la yerba.
A raíz de la indagatoria se allanaron los domicilios de Luis Becerra (se encontraron 90 plantas) de Adolfo Correa (una mata) y el de Venegas, donde además de los 12 gramos.
A raíz de este hecho, la directora nacional del Sename, Paulina Fernández, le solicitó la renuncia "no voluntaria".

16 de marzo de 2007
©la nación

revocan sobreseimiento de brigadier

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[Jorge Escalante] Duro fallo de la Corte Suprema en contra de la amnistía. Corte Suprema revocó sobreseimiento de brigadier (R) Víctor Pinto.

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El ex director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército y condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez, se encontraba procesado por el homicidio del reservista Manuel Rojas, pero la jueza María Estela Elgarrista lo sobreseyó por amnistía.
En uno de los más directos y críticos fallos a los métodos de la represión y haciendo prevalecer la legislación internacional que protege los derechos humanos, incluso "por sobre la Constitución", la Sala Penal de la Corte Suprema, acogió una casación del abogado Nelson Caucoto, y revocó el sobreseimiento definitivo por amnistía con que en marzo de 2004 una jueza favoreció al brigadier (R) de Ejército Víctor Pinto Pérez, procesado por el homicidio del reservista de la Escuela de Infantería, Manuel Rojas Fuentes.
Este hecho se enmarca en el episodio de Cerro Chena, al sur de Santiago, una de las etapas de los crímenes de Paine cometidos por oficiales y suboficiales de esa escuela después del golpe militar de 1973.
Pinto Pérez, ex subdirector del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, DINE, está además condenado a ocho años de presidio por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez.
Por unanimidad de sus cinco miembros, la Sala Penal dijo en su resolución que un "delito de lesa humanidad" cuya "característica principal es la forma cruel y bestial" con que estos crímenes se cometen, no puede ser amnistiado ni prescribe por el paso del tiempo, porque así lo establecen los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y que están por sobre la ley chilena.
Explicando por qué en el caso del reservista prevalecen los Convenios de Ginebra respecto de prisioneros de guerra, los magistrados recordaron que el régimen militar decretó el 12 de septiembre de 1973 el "estado de guerra interno".
Aludiendo a la argumentación de la jueza María Estela Elgarrista que sobreseyó a Pinto Pérez, los ministros expusieron que "No es dable que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan desconocer su valor para ignorar las sanciones que imponen los tratados de Ginebra".
Calificando la conducta de la dictadura en materia de represión, la sala sostuvo que "por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables los responsables de determinados ilícitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral".
Refiriéndose a la amnistía, los magistrados afirmaron que este beneficio se orienta en el fin de un conflicto interno de un país "a favorecer a los vencidos en manos de quienes controlan el poder del Estado, facilitando el reestablecimiento de la paz social". Por el contrario, manifestaron que "la amnistía no puede ser utilizada en casos de delitos de guerra ejecutados por agentes oficiales u oficiosos del Estado, al amparo del ejercicio de un poder incontrolado".
Por último, la sala sostuvo que toda la legislación internacional en materia de derechos fundamentales de las personas "goza de primacía constitucional en Chile".
De esta manera, Víctor Pinto vuelve a ser sujeto penal activo en el proceso que ahora instruye la jueza Margarita Rivera, la misma que busca a los desaparecidos de Paine.

15 de marzo de 2007
©la nación

confesó asesino de víctor díaz

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[Jorge Escalante] Se trata del ex agente de la Brigada Lautaro apodado ‘El Elefante. Arrepentido, dijo que si no lo hacía, lo habrían matado a él. [En la foto, una de las criminales, la agente María Angélica Guerrero Soto].

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El enorme suboficial (R) de Ejército lloró y dijo arrepentirse del crimen. Los dos infantes de Marina que hasta ahora aparecían como los autores materiales, participaron preparando el cuerpo para arrojarlo al mar.
Un ex agente de la Brigada Lautaro de la DINA que operó en el cuartel de Simón Bolívar 8630 en La Reina, confesó haber asesinado en enero de 1977 al secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad, Víctor Díaz López.
Se trata de un suboficial (R) del Ejército, apodado 'El Elefante' por su contextura física, que si bien se encuentra detenido, aún no ha sido procesado por el juez Víctor Montiglio que instruye el proceso conocido como Calle Conferencia.
Este nuevo antecedente se suma a la gran cantidad de información desconocida, obtenida en el marco de esta investigación de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y el juez Montiglio.
Hasta ahora aparecían los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro, procesados en la causa, como quienes habían cometido materialmente el crimen del dirigente comunista. Sin embargo, ahora se sabe que fue El Elefante el que puso una bolsa plástica en la cabeza de Díaz para asfixiarlo, mientras la teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño le inyectó cianuro para acelerar su muerte.
Los dos infantes de Marina, hoy suboficiales retirados, estaban presentes y prepararon el cuerpo para ser lanzado al mar desde un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército.
En la investigación algunos ex agentes también confesaron que en el cuartel de Simón Bolívar se "experimentó" con los rostros de algunos prisioneros, desfigurándolos. Además de practicarles otras formas de tormentos "comparables sólo a los de los nazis en los campos de concentración", de acuerdo a una fuente vinculada a la indagatoria.

Nuevos Procesados
El ministro Víctor Montiglio continúa procesando a más ex agentes de la Brigada Lautaro, todos hasta ahora absolutamente desconocidos. Los tres nuevos declarados reos en las últimas horas, que se suman a los anteriores 44 encausados, son los ex agentes María Angélica Guerrero Soto, suboficial (R) del Ejército; Sergio Castro Andrade, suboficial (R) de Carabineros; y Luis Lagos Yáñez, entonces empleado civil adscrito a la Fuerza Aérea.
De acuerdo a fuentes estrechamente ligadas al proceso, "El Elefante" habría llegado incluso a las lágrimas, manifestándose "arrepentido" por el crimen cometido, argumentando que "si no cumplía las órdenes", sería él quien sufriría el mismo destino de los prisioneros.
Los antecedentes de esta investigación judicial indican que tanto la Brigada Lautaro, que ahora se sabe que fue al final la más numerosa y bestial de la DINA, como el cuartel de calle Simón Bolívar operaron como entes de exterminio de militantes y dirigentes del Partido Comunista que trabajaron después del golpe militar de 1973 en forma encubierta. Principalmente sus dos direcciones clandestinas de 1976, secuestradas y hechas desaparecer.
La Brigada Lautaro fue dirigida por el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, pero fue una agrupación sobre la cual, tanto Manuel Contreras como Augusto Pinochet, mantuvieron un control directo.

14 de marzo de 2007
©la nación

recuerdan asesinato de alberto bachelet

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Presidente de Chile conmemora aniversario de la muerte de su padre. Fue asesinado, entre otros, por padre de la diputado de extrema derecha, Evelyn Matthei.

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Ayer se conmemoró el 33er aniversario de la muerte del general de la Fuerza Área, Alberto Bachelet, padre de la presidenta de la república. La mandataria hizo un alto en su agenda y visitó el mausoleo familiar, ubicado en el Cementerio General, acompañada de su madre, Ángela Jeria, más algunos familiares y amigos. A la privada ceremonia concurrió también el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, quien se desempeñó junto al general Bachelet en la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización, durante el gobierno del presidente Salvador Allende.
La mandataria entró al mausoleo familiar pasadas las 13 horas, depositó flores a su padre y, quince minutos después, se retiró del cementerio para continuar con las actividades oficiales. El general Bachelet falleció debido a la tortura a la que fue sometido en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, por parte de sus propios compañeros de armas, después del golpe militar. A raíz de los padecimientos durante su detención sufrió un ataque al corazón, falleciendo el 12 de marzo de 1974, luego de permanecer detenido varios meses. Días después del golpe militar, fueron detenidos varios oficiales y suboficiales de las diferentes ramas de la Fuerzas Armadas, bajo la acusación de haber sostenido reuniones con partidos de izquierda y de colaborar con éstos. Por ello la FACH abrió un proceso a los militares detenidos, el que culminó en un consejo de guerra con varias condenas a muerte y penas de prisión efectiva. La principal acusación fue "traición a la patria". La Academia de Guerra, que fue encabezada por el general Fernando Matthei, se convirtió a la larga en un centro de detención y torturas para militares simpatizantes del gobierno de la UP.

13 de marzo de 2007
©la nación

los límites de la tolerancia

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columna de mérici

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Hace algún tiempo me enteré en una plataforma chilena online de la siguiente historia: Una activa participante renunciaba a seguir contribuyendo a su foro debido a su descubrimiento de que entre los otros miembros del grupo había también pinochetistas. Algunos lectores le escribieron apoyándola sin reservas. Otros le dijeron había que ser tolerantes y que ese portal, justamente, se definía por su tolerancia. Un nuevo Chile sería un país tolerante y abierto a todas las corrientes de opinión, incluyendo la pinochetista.
Este último punto de vista me parece realmente extravagante. Pensándolo bien, creo que quienes adhieren a esta definición más bien aberrante de tolerancia, se acercan mucho más a las víctimas del síntoma de Estocolmo que a otra cosa. No lo considero un punto de vista realmente político.
Para empezar, ¿existe algo que podamos llamar pinochetismo? ¿Hay un punto de vista pinochetista? Yo lo pongo en duda. Creo que después de todo lo que sabemos sobre Pinochet y sus cómplices, pretender que hay o hubo un punto de vista ideológico o político detrás de sus acciones, es simplemente una pretensión, para decirlo gentilmente, inverosímil.
Muchos definen las acciones de Pinochet como el resultado del intento de impedir que Chile cayese en manos del comunismo. Pero esta es una falsedad de todo punto de vista. No fue un motivo de Pinochet -que, ha de recordarse, fue pagado por el gobierno norteamericano para que cometiese el golpe de estado y eliminase a los opositores- terminar con el comunismo, ni representaba el comunismo una amenaza para la democracia.

Veamos. Durante el gobierno de Salvador Allende hubo muchos grupos y muchas acciones de amenaza a la democracia. Quizás la primera, o una de las primeras amenazas serias, fue el asesinato del general Schneider, comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas. El general Schneider era un hombre de bien y un constitucionalista, que se habría opuesto a los planes de provocar un golpe de estado contra el presidente Allende.
En esa época, Estados Unidos (vale decir, Nixon y Kissinger) habían decidido provocar un levantamiento violento de los militares porque creían que los demócrata-cristianos estaban demasiado a la izquierda como para esperar las elecciones de 1976. Y ese país había contratado los servicios del diario chileno El Mercurio para que, por medio de la difusión de noticias falsas, preparase el terreno para legitimar un golpe de estado (dos millones de dólares fue la suma que recibió su dueño, Agustín Edwards). El grupo terrorista Patria y Libertad (fundado y financiado por la embajada norteamericana en Santiago), recibió cincuenta mil dólares para cometer atentados terroristas en Chile.
Se decidió pues matar al general Schneider. Su asesinato fue presentado por El Mercurio como un atentado de un grupo de extrema izquierda, aun sabiendo, ciertamente, que sus ejecutores eran elementos de la extrema derecha, entre ellos el ex general Viaux (que recibió otros cincuenta mil dólares de manos de personal de la embajada norteamericana). Pero la verdad se descubrió a los pocos días, o incluso al día siguiente del alevoso asesinato y el general Viaux fue prontamente encarcelado.
Los primeros en atentar seriamente contra el orden constitucional chileno fueron personajes de la extrema derecha y criminales mercenarios pagados por Estados Unidos (como el recién nombrado grupo, falsamente fascista, Patria y Libertad). Y se actuó contra esa gente del único modo que era razonable actuar: persiguiéndolos y encarcelándolos y sometiéndoles a juicio.
También hubo amenazas de extrema izquierda contra la democracia. Y los autores de esas amenazas fueron similarmente perseguidos por las autoridades socialistas de la época.
La idea de que estas tendencias extremistas eran importantes o lo suficientemente importantes como para poner en jaque el orden constitucional chileno es una falacia y no fue nunca el caso, a pesar de la gravedad de los atentados y crímenes cometidos por la extrema derecha y el personal de la embajada norteamericana en Santiago.
Así, la principal justificación política en cuanto a que existió una ideología política pinochetista, se derrumba por sí sola. Esa ideología política no existió nunca. Chile nunca corrió peligro de caer en manos del comunismo, ni los tres mil ciudadanos luego asesinados por la dictadura constituyeron nunca un peligro para las instituciones democráticas de Chile -excepto probablemente algunas excepciones que, de haber cometido algún delito, debieron ser llevados a justicia y procesados, y no torturados ni ejecutados extrajudicialmente como hizo la Bestia y sus cómplices.

El pinochetismo es una ideología absurda de defensa de crímenes sin nombre, injustificados y estúpidos, anclados en la codicia y en el espíritu arrastrado y vulgar de Pinochet y otros militares, que querían complacer a las clases altas, devolviéndoles los privilegios perdidos y el lugar prominente que habían ocupado alguna vez en la sociedad chilena -privilegios y preeminencia a las que el gobierno socialista había puesto fin.
Pero aun así sería absurdo creer que Pinochet fue motivado por una ideología política que fundamentara el predominio de las clases ricas en detrimento de las clases laboriosas, de una ideología que creyera que el mundo imaginado y gobernado por las clases ricas era mejor que cualquier otro. Pinochet y los otros militares tenían otros motivos, y es posible hasta que ignoraran que existen ideologías que justifican en términos morales y prácticos el gobierno de las clases altas. Para entender a Pinochet y los suyos hay que entender a los perros guardianes y a las hienas, hay que saber más de zoología y conducta animal que de historia y política.

Los militares mataron para ocultar sus crímenes. Calificaron de comunistas a sus víctimas para justificar sus crímenes, según creían que lo hacían, ante la sociedad chilena. No podían dejar con vida a las víctimas de sus torturas cobardes e innobles justamente para seguir pretendiendo que eran o habían sido comunistas, para evitar que hablaran. Y para poder seguir cobrando ante sus amos. Querían imponerse por el terror y nada les importaba. Cuando en 1974 y 1975 se implementa la política de torturar masivamente y sin motivos a cualquiera, queda en evidencia que el régimen en realidad carece de ideología. Ese plan represivo -calcado de las dictaduras comunistas de Europa del Este- consistía en detener y torturar durante una noche, sin formular cargos y acusando a las víctimas de las estupideces más inverosímiles, a todo ciudadano sorprendido en primera instancia en la calle después del toque de queda. Lamentablemente para los chilenos, como las comandancias funcionaban sobre la base de cuotas de detenidos determinadas por Pinochet mismo, cuando no había suficientes infractores del toque de queda, los militares procedían a acordonar calles enteras y llevarse a los hombres a los cuarteles y comisarías. Las víctimas eran usualmente dejadas en libertad a la mañana siguiente, sin que se enterasen nunca del porqué de su detención y tortura. A muchos de ellos ni siquiera se les tomaban sus datos.

Bien, dicho esto quiero volver al asunto con que empecé esta crónica. Cuando se nos dice que debemos tolerar a gente que defiende el régimen militar, se nos está diciendo que ellos, como nosotros, tenemos derecho a defender nuestras ideologías. Pero, en el caso de que esa gente tenga una ideología, lo que dudo, digo, en el caso de que tuvieran una, esa ideología consiste en la apología del crimen y la defensa de cosas indefendibles, como la tortura y el asesinato. Admitir que esa gentuza tiene derecho a expresarse es admitir que los nazis tienen derecho a expresarse y yo creo, justamente, que los nazis y toda gente que defienda el crimen no deben tener nunca, en ninguna parte, derecho a expresarse. Y que, en realidad, la defensa de esas ideologías debe constituir un delito: el delito de apología de la violencia o del crimen, apología de la discriminación y de la intolerancia. De la intolerancia, recordemos, pues si hoy podemos escribir y hablar lo que queramos es gracias al hecho de que ya no hay dictadura, vale decir, no hay pinochetistas en el poder, pues de haberlos, estaríamos todos, incluyendo los tolerantes del foro mencionado, o encarcelados, o en el exilio, o muertos.
Esta idea de que los demócratas y los pinochetistas, los judíos y los nazis, los partidarios de la libertad y los derechos humanos y los partidarios de la opresión (léase campos de concentración y exterminio) y el crimen somos iguales es una estupidez y un insulto, y es ciertamente simplemente inaceptable. No somos iguales. La opinión del ex presidente Lagos, de que en realidad somos iguales -que se puso de manifiesto cuando defendió el indulto que concedió al asesino del dirigente sindical Tucapel Jiménez-, es un insulto a las víctimas de los crímenes de la dictadura y un insulto a los familiares de los asesinados por los militares y sus cómplices.
¿Pretenderán también, los que defienden esa insólita acepción de tolerancia, que debemos tolerar la defensa, digamos, del asesinato de prostitutas, de la esclavitud, del cine snuff, de la violación de los niños, de la mutilación y otras desviaciones igualmente dramáticas y criminales del alma humana? ¿Si un pinochetista puede defender los crímenes sin nombre de la Bestia, no deberíamos también admitir en amable sociabilidad que algún nazi o neonazi defendiese la necesidad del exterminio de los judíos o comunistas u homosexuales? ¿Si se puede justificar a Pinochet, no se debería justificar también los crímenes de las dictaduras argentinas y de Centro América, los crímenes de grupos terroristas como Sendero Luminoso, los crímenes -con o sin ideología- del caníbal de África, Idi Amin Dada? ¿Si se puede justificar que los pinochetistas introdujeran ratas en las vaginas de las torturadas, por qué no admitir que se defiendan las violaciones incestuosas de los recién nacidos o la decapitación de las madres solteras? ¿Si se puede defender que Pinochet matara impunemente, por qué no admitir la defensa de que los dictadores argentinos detuvieran a mujeres embarazadas, las acusaran de comunistas, les quitaran sus bebés recién nacidos para venderlos o donarlos a otras familias de militares y mataran luego a las madres? ¿Me puede explicar alguien cuál es la diferencia?

Pinochet pertenece tanto o más a la historia de la crónica roja y la psicología criminal, como a la historia política o social de Chile. Y tenemos todo el derecho a rehusar la compañía de criminales como él y sus partidarios, y reivindicar que la defensa o apología del crimen es un delito, no una ideología política.
Nos pongamos como nos pongamos, no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo.

13 de marzo de 2007
viene de mérici

la brigada más cruel de la dina

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[Jorge Escalante] La justicia descubre el enigma de la misteriosa ‘Lautaro'.

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La existencia de esta unidad de exterminio, que operaba en un cuartel de La Reina, fue un secreto bien guardado por casi 34 años y que recién hoy comienza a develar la investigación del juez Víctor Montiglio. Dueños de una brutalidad inusitada, fueron los agentes encargados de asesinar a la dirección clandestina del PC en 1976.
Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?
Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano –a quien, para proteger su identidad, llamaremos ‘Café para Dos'–, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.
Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la ‘calumnia' que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron ‘ablandando' y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.
Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

Los Otros Comunistas
Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.
Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.
La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.
El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros –entre ellos varias mujeres–, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.
Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.
Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como ‘cosa juzgada' y quedó fuera del proceso.

Del Sarín al Cianuro
La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.
Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.
El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley "porque resultó afectado por el gas".
Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.
En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.
Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

Del Puma al Mar
Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.
La ‘preparación' para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos –que ataron con más alambre– y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.
Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados. LND

La Lista de Montiglio
La siguiente es la nómina de los procesados por los crímenes de Simón Bolívar, todos en situación de retiro:

Del Ejército: el ex ministro de Interior y miembro de la Junta Militar general César Benavides, los brigadieres Miguel Krassnoff Marchenko, Carlos López Tapia y Antonio Palomo Contreras, los coroneles Juan Morales Salgado y Carlos Mardones Díaz, el teniente coronel Federico Chaigneau Sepúlveda, el mayor Luis Felipe Polanco, la teniente Gladys Calderón Carreño y los suboficiales Pedro Bitterlich Jaramillo, Manuel Obreque Henríquez, Eduardo Oyarce Riquelme, Orlando Torrejón Gatica, Elisa Magna Astudillo, Guillermo Ferrán Martínez, Jorge Escobar Fuentes, René Riveros Valderrama, Carlos Marcos Muñoz y Jorge Pichunmán Curiqueo, además del agente civil Eduardo Garea Guzmán.

De la Armada: Los suboficiales (Infantería de Marina) Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro los suboficiales Orlando Altamirano Sanhueza y Jorge Manríquez Manterota y las ex agentes Celinda Aspé Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González.

De la Fuerza Aérea: los suboficiales Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Eduardo Díaz Ramírez y Jorge Arraigada Mora, y la ex agente Ana Vilches Muñoz.

De Carabineros: el teniente coronel Ricardo Lawrence Mires y los suboficiales Heriberto Acevedo Acevedo, Gustavo Guerrero Aguilera, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardía Monje, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Italia Vacarella Giglio, Héctor Valdevenito Araya y Orfa Saavedra Vásquez.

Algunos de ellos también están encausados por el asesinato de la militante comunista Marta Ugarte, la única de las víctimas que el mar devolvió y que apareció varada en la playa La Ballena, en Los Molles, debido a que el trozo de riel se soltó de la amarra.

11 de marzo de 2007
©la nación

gladys marín, hija ilustre

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[Paula Riquelme] Alcalde declara a Gladys Marín Hija Ilustre de Curepto.

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Talca, Chile. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, convocada por el Partido Comunista de Talca, el alcalde de Curepto, Armando González (RN) oficializó la declaración de Gladys Marín como hija ilustre de esta comuna e hizo entrega del decreto alcaldicio, firmado en octubre del año 2003, al hijo mayor de la ex secretaria general del partido comunista de Chile, Rodrigo Muñoz.
El edil de derecha, destacó en su discurso, ante medio millar de militantes comunistas, " la perseverancia, el espíritu y consecuencia de vida de Gladys Marín, lo que es muy valedero en el mundo actual, donde para llevar una vida fácil, muchas veces se transan valores y principios y ella nunca transó sus ideas, que son distintas a las mías".
Tras recibir el decreto alcaldicio, Rodrigo Muñoz, informó que el documento será trasladado a la sede de la Fundación Gladys Marín, ubicada en Carmen 340, en Santiago.
"Queremos que este reconocimiento esté allí, dentro de toda la documentación relacionada con Gladys, porque es importante que se sepa que Curepto, su pueblo natal, reconoce en ella, tal como dijo el alcalde, a la persona con mayor connotación nacional que haya salido de esa comuna".

9 de marzo de 2007
©la tercera