chile

otro nombre para calle

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Proponen cambiar de nombre a la avenida Pedro Montt en San Antonio, Chile.

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San Antonio, Chile. A cien años de la matanza ocurrida en Iquique, la organización ha programado para mañana un acto cultural en el Centro Estación de Llo Lleo.
Luis Sepúlveda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Antonio, no quiere dejar pasar un minuto para expresar el descontento que le provoca que la avenida Pedro Montt lleve ese nombre.
Y esto porque con amargura expresa "que no puede ser posible que en este país se le honre de esta manera a un Presidente que un minuto determinado de la historia de Chile autorizara que se ejecutara una de las matanzas más grandes ocurridas en el mundo, como fue la ocurrida en la escuela Santa María de Iquique, en donde fueron acribillados 3 mil 600 obreros del salitre".
Es por ello que a través de la organización que preside entregaron al alcalde de San Antonio, Omar Vera y al Consejo Municipal la solicitud de cambio de nombre de esta céntrica arteria.
¿Qué es lo que proponen como Comisión de Derechos Humanos?
Que la avenida Pedro Montt lleve el nombre de Balmaceda, porque de esta manera se estaría reivindincando el nombre de un Mandatario que murió simplemente por su afán de nacionalizar el salitre.

Matanza de Iquique
A cien años de la matanza de Iquique la Comisión de Derechos Humanos ha organizado precisamente para mañana un acto cultural en la Estación de Llo Lleo.
En la oportunidad, el académico de la Universidad Arcis, Alejandro del Río expondrá los antecedentes históricos de esta masacre. La cita es a las 18 horas.

Un Poco de Historia
Los antecedentes de esta confrontación entre los trabajadores y la fuerza pública se remontan a las protestas y reclamos de cargadores y lancheros de varias empresas salitreras, las cuales les negaron el derecho a que se les pagara un sueldo de acuerdo con un cambio estable. Los obreros también solicitaron un aumento del salario, ya que este no les alcanzaba para alimentarse.
Al no ser tomados en cuenta, exigieron que les facilitaran los medios para volver al sur del país, desde donde ellos habían viajado.
Ante una nueva respuesta negativa a sus demandas, los trabajadores decidieron ir a la huelga, a la cual se plegaron rápidamente obreros de otras oficinas salitreras (12 de diciembre de 1907). Los mineros entregaron a las compañías un pliego de peticiones, el cual fue rechazado. En medio de las negociaciones los trabajadores no quisieron ir al Club Hípico, debido a que pensaban que iban a ser bombardeados en el camino por los cañones de los barcos que estaban apostados en la bahía. Sin embargo, el general Roberto Silva Renard y el coronel Sinforoso Ledesma insistieron al comité de los obreros y los amenazaron con disparar si no desocupaban el recinto.
En efecto, las tropas abrieron fuego contra los miembros del comité, ante la sorpresa de los obreros. Luego, el resto de los uniformados ingresó a la escuela con ametralladoras, matando a los hombres, mujeres y niños que se hallaban adentro.

[En muchas ciudades de Chile llevan calles, avenidas y plazas el nombe de este señor. No es el único de caso de notorios criminales honrados de esta manera. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Pérez Zujovic, un infame represor responsable de la última gran carnicería -de familias desarmadas acribilladas por carabineros- en el país antes del golpe de estado pinochetista].

23 de marzo de 2007
©líder de san antonio

procesan a asesino de víctor díaz

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[Jorge Escalante] Procesan a asesino de Víctor Díaz. Juez Montiglio encausó a cuatro ex agentes por el crimen del dirigente PC. [En la foto, la ex agente Joyce Ana Ahumada Despouy].

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Se trata de Juvenal Piña Garrido, ‘El Elefante', ex agente de la Brigada Lautaro de la DINA, confeso de asesinar al secretario general en la clandestinidad del PC. Con ello el juez Víctor Montiglio sumó ya 51 procesados en la causa Calle Conferencia.
El asesino confeso del secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad, Víctor Díaz, fue procesado por el juez Víctor Montiglio junto a otros tres ex agentes de la brigada Lautaro de la DINA, en la causa conocida como Calle Conferencia.
Tras su confesión hace unos días de haber asfixiado al dirigente con una bolsa plástica en la cabeza, a comienzos de 1977, en el cuartel clandestino de calle Simón Bolívar 8630 en la comuna de La Reina, mientras la teniente de Ejército de la misma brigada Gladys Calderón Carreño le inyectó cianuro para acelerar su muerte, el magistrado procesó a Juvenal Piña Garrido, alias ‘El Elefante', suboficial de Ejército (R). Éste declaró que le pidió perdón a Víctor Díaz por tener que darle muerte, "pero son las órdenes que me dieron".
Una de las nuevas procesadas es la ex agente Joyce Ana Ahumada Despouy.
Junto a ‘El Elefante', el juez que en esta nueva fase investigativa de esta causa por la desaparición de la primera dirección clandestina del PC en mayo de 1976 ya suma 51 encausados, también declaró reos a los ex agentes Pedro Gutiérrez Valdés, Claudio Orellana de la Pinta, suboficial (R) de Carabineros, y Joyce Ahumada Despouy, suboficial (R) de Ejército.
Todos formaban parte de la Brigada Lautaro que tuvo por misión principal asesinar en el cuartel de Simón Bolívar y luego hacer desaparecer los cuerpos de los dirigentes comunistas durante 1976, incluyendo a su segunda dirección encubierta de diciembre de ese año.
La Brigada Lautaro fue dirigida por el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, quien actuaba bajo las órdenes directas del jefe operativo de la DINA, Manuel Contreras, y con la supervisión del dictador Augusto Pinochet.
Con la inicial colaboración a fines de 2006 de un testigo fundamental a quien conocemos con el apodo de ‘Café para Dos', el juez Montiglio y la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, descubrieron un episodio hasta ahora desconocido de la represión de los años '70 a manos de la Brigada Lautaro, que al final resultó ser la más numerosa, impersonal (por el carácter casi anónimo de la mayoría de sus miembros), pero también la más brutal por sus métodos de exterminio.

21 de marzo de 2007
©la nación

cayó josé huenchunao

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[Carolina Abello Ross] En Cañete cayó el hombre más buscado de Chile, José Huenchunao, el número 1 de grupo rebelde mapuche.

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Cañete, Concepción, Chile. Hace apenas un mes fue detenido el jefe militar de la CAM, Héctor Llaitul, en Concepción. Antes, en noviembre de 2006, cayó José Llanquileo, el número 3. Todos están presos en las cárceles de Temuco y Angol. Huenchunao fue capturado cuando salía de la comunidad Pascual Coña, donde se refugiaba.
Sin siquiera mirar a las cámaras que lo enfocaban una y otra vez, casi insolente en su altivez, José Huenchunao Mariñán, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, de 36 años, permaneció impávido al interior del helicóptero que lo trasladaba al Tribunal de Garantía de Collipulli. Diez minutos estuvo en la losa de Carriel Sur (sección aeropolicial) fuertemente custodiado por cinco efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros y otra decena de policías en tierra, mientras se hacía el trámite de rigor.
Eran las 10 de la mañana y apenas habían transcurrido tres horas y media desde su detención, en el camino que une Cañete y Tirúa, cuando salía de la comunidad de Pascual Coña, su refugio desde que el 23 de agosto de 2004 no se presentó ante el Tribunal Oral en lo penal de Angol.
Huenchunao sabía que estaba condenado a 10 años y un día por el incendio al fundo Poluco Pidenco, ocurrido el 19 de diciembre de 2001.
Decidió huir. Nunca llegó al juzgado, pero la sentencia en su contra se dictó igual.
Desde la clandestinidad, dirigió todas las acciones del grupo indígena que mantuvieron en vilo a los empresarios forestales y propietarios de terrenos de la Octava y Novena regiones.
Dos años y medio alcanzó a estar prófugo de la justicia, hasta las 06:30 horas de ayer, cuando la policía asestó un golpe al movimiento mapuche.
Huenchunao no opuso resistencia a la detención. Ni siquiera portaba armas y caminaba solo. Desde Cañete fue llevado a Lebu para ser interrogado por el fiscal a cargo de todos las causas indígenas en la provincia de Arauco, Mario Elgueta Salinas. El abogado le consultó si sabía el motivo de su detención, a lo que el comunero le respondió que sí. No reclamó contra el personal policial. Es más, dijo que habían sido "muy caballeros". Elgueta le consultó sobre la enfermedad gástrica que lo afecta, a lo que éste respondió que se la estaba tratando.
En la sección aeropolicial, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Jaime Vasconcellos Avendaño, lo esperaba.
"Esta detención es producto de un trabajo de inteligencia y planificado. Logramos saber su ubicación; sabíamos cuáles eran las casas que frecuentaba y por eso esperábamos el momento oportuno para detenerlo.Incluso hubo allanamientos los días anteriores y estaba programado el uso del helicóptero para realizar la detención lo más rápidamente posible", reveló el general Vasconcellos.
El jefe policial explicó que Huenchunao logró mantenerse prófugo por tantos años, "porque vivía en una zona boscosa, de difícil acceso, y además era protegido por varias comunidades de esa zona; por eso transitaba con cierta seguridad.

Logro
La fiscal regional Ximena Hassi Thumala explicó que esto "es un logro para el Ministerio Público, porque entre noviembre de 2006 y hoy fueron detenidos los tres principales cabecillas de la Coordinadora Arauco Malleco". Tras la audiencia , Huenchunao fue enviado a la cárcel de Angol, donde empezó a cumplir su condena.

Perfil del Nº 1 de la CAM
José Huenchunao Mariñán es werkén cofundador de la CAM. Entre 1995 y 1999 organizó a las comunidades lafkenches de Arauco, en las inmediaciones del lago Lleu-Lleu.
Participó en las movilizaciones mapuches en el sector costero de Arauco, y fue acusado de promover desórdenes públicos y ocupaciones de tierras.
Fue detenido en noviembre de 2002 en un operativo policial en Tirúa. Estuvo en la cárcel El Manzano, acusado de "asociación ilícita terrorista". Fue condenado a 541 días de pena remitida.
También fue acusado del incendio al fundo Poluco Pidenco, el 19 de diciembre de 2001, que arrasó 100 hectáreas de bosque. Allí, Huenchunao incluso declaró en el juicio. "En lugar de judicializar un conflicto que existe en la Araucanía entre mapuches y particulares (entre ellos las empresas forestales), se debía prestar mayor atención al daño que se estaba haciendo a la tierra y al medio ambiente con las plantaciones de bosques", dijo en el tribunal.

Caminando por una Plaza Cayó el Nº2 de la CAM
Hace casi un mes, el segundo hombre de la CAM cayó en Concepción, prácticamente por casualidad. El miércoles 21 de febrero Héctor Llaitul Carillanca (39) caminaba por la plaza Acevedo de Concepción, cuando detectives le realizaron un control de identidad.
No portaba el carné y además llevaba una pistola 9 milímetros y 63 balas.
Estaba prófugo desde 2004.
Pasó la noche en el cuartel de Investigaciones y al día siguiente fue llevado al tribunal de Garantía, donde el fiscal Julio Contardo Escobar levantó cargos en su contra por porte y tenencia ilegal de arma de fuego, y solicitó que quedara en prisión preventiva. Pero como también era requerido por el tribunal de Garantía de Nueva Imperial, fue trasladado en la madrugada del 23, bajó una fuerte custodia policial.
Allá era requerido por el delito de incendio. Quedó preso en la cárcel de Temuco.
Ayer, su defensa solicitó su traslado a la cárcel de Angol, ya que a su familia - que viven en Lleu Leu- le es muy caro ir a verlo. La jueza Karina Rubio Solís pidió informes a Gendarmería para evaluar la seguridad de ese penal.

En Contulmo Cayó Vocero
José Llanquileo Antileo (27) fue el primero en caer detenido. El número 3 de la CAM cayó el 17 de noviembre de 2006 en la comunidad mapuche Juana Millahual, del área del lago Lleu Lleu, en la comuna de Contulmo.
Llanquileo, quien ejerció como vocero de la citada entidad, fue detenido por personal de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) de Carabineros.
El líder mapuche tenía una orden de detención pendiente desde 2004 por incendio terrorista, también por el caso Poluco- Pidenco Por ello, fue llevado vía terrestre hasta Lebu, desde donde fue trasladado en helicóptero hacia Angol, donde quedó en prisión preventiva.
Llanquileo había sido declarado en rebeldía por el tribunal angolino por no presentarse al primer juicio oral por el incendio de Poluco Pidenco.
En febrero de este año comenzó el juicio oral en su contra, el cuarto que ya se realiza en esa causa debido a que los mapuches no se presentaron.
Llanquileo fue condenado a cinco años y un día por ese delito. Su defensa logró que los jueces descartaran la connotación de terrorista y lo calificaron de un incendio común.
Algunas frases delwerkén José Huenchunao fue werkén de las comunidades de Arauco. En una entrevista concedida a EL SUR en 1998, dijo: "El problema de los mapuches se enmarca dentro de un nuevo cuadro políticosocial, porque nuestras comunidades han asumido en forma natural las movilizaciones, por el estado de desesperanza que existe. Si esta administración política, si los actores de la sociedad civil no toman en cuenta nuestra situación, estamos a las puertas de que los conflictos se reproduzcan con mayor fuerza y de forma coordinada".
En otra entrevista, en un sitio web, señaló que "no es casualidad que en las zonas donde están concentradas nuestras comunidades y en donde las forestales tienen sus propiedades, se nos esté secando el agua y que nuestras tierras ya no sean capaces de producir lo que sembramos".

21 de marzo de 2007
©el sur

terneros clonados viven dos horas

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[Alejandro Rosales] Clonados en la Universidad Austral logran sobrevivir sólo dos horas.

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Luego de varios intentos, el científico del Instituto de Reproducción Animal de la Universidad Austral, Mario Martínez, logró clonar a dos terneros de la raza Overo colorado. Lamentablemente los ejemplares sólo pudieron sobrevivir dos horas.
En agosto de 2006, la primea vaca preñada con clones abortó. Pero a pesar de ello y de la muerte de los dos terneros, el hecho es considerado el mayor avance en la materia en el país, ya que en anteriores experimentos, los clones habían muerto antes de nacer.
El alumbramiento se dio el pasado 30 de enero en el predio Dollinco, propiedad de la Uach, y corresponde a un proyecto Fondecyt que lleva dos años de operación y utiliza los procedimientos universales de clonación.
El proceso consistió en obtener células madres extraídas de la oreja de una vaca adulta overo colorado. paralelamente se obtienen ovocitos sacados de ovarios de otro ejemplar, los cuales fueron transferidos a una tercera vaquilla que engendraría a los terneros. De acuerdo a lo que relató el científico, el primer ternero pesó 11,5 kilos y el segundo 13,5. "Los análisis de ADN dieron como resultado que eran genéticamente idénticos al animal que aportó sus células", señaló Martínez.
El hecho de que los terneros hayan fallecido es explicado por su nacimiento prematuro de siete meses, en consecuencia que el ciclo de gestación es entre 276 a 290 días. Por este motivo, los ejemplares fallecieron a causa de una insuficiencia pulmonar y bajas defensas.
Hasta el momento Martínez transfería dos embriones al útero, pero ahora, explica, "la tendencia es transferir sólo un embrión".
Pero el fracaso de enero no termina con la investigación, ya que Martínez continúa trabajando con cuatro vacas que se encuentran preñadas y que tienen cuatro meses de gestación.

20 de marzo de 2007
©la tercera

fiscal amenazada sale del país

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Fiscal de Publicam toma vacaciones tras amenazas de agentes pinochetistas.

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La fiscal que investiga la arista tributaria del caso Publicam, Nancy González, tomó vacaciones por diez días, a partir de ayer, luego que se conociera públicamente, a través de LND que era víctima de seguimientos por parte de ex agentes de la CNI.
La profesional del área especializada en delitos económicos y funcionarios de la Fiscalía Centro Norte viajaría fuera de Chile junto a su familia.
Nancy González ha debido seguir la pista a una turbia madeja donde no están ausentes los lazos con conocidos ex agentes de la CNI, como Álvaro Corvalán y Patricio Castro.
El principal nexo se estableció al descubrir que Juan Meyerholz, arrendatario de las oficinas de la empresa fantasma, había sido procesado por el llamado caso Cutufa II.
Hace un par de meses, funcionarios de Investigaciones, alertados por el pasado de Meyerholz, establecieron protección a distancia de la fiscal y de detectaron a ex agentes del organismo represor de la dictadura que rondaban el domicilio de Nancy González, en la comuna de Providencia.
Al comprobar que no se trataría de un hecho aislado y en coordinación con el Ministerio Público, se determinó poner un ‘PPI' (detective de protección de personas importantes) de punto fijo, las 24 horas del día, junto a la fiscal. La situación mantiene alerta sobre la seguridad de la funcionaria, quien decidió, junto a sus superiores, tomarse un tiempo de vacaciones fuera del país para evaluar el caso.

20 de marzo de 2007
©la nación

¿ley de punto final?

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columna de mérici

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Hay quienes defienden una ley de punto final en relación con los militares que cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pinochetista en Chile. Una ley semejante es, según creo, y por muchos motivos, indeseable.
Para comenzar, desde un punto de vista ideológico, tratándose de crímenes tan innobles, cobardes e inhumanos, no es deseable que sean perdonados ni olvidados. Al contrario. Muchos militares, culpables de los crímenes más horrendos e injustificados imaginables, viven aún en libertad y ni siquiera han sido llevados a justicia. Es necesario que los jueces reciban orden de acelerar los juicios existentes, a fin de dictar sentencia y cumplir con uno de los objetivos de las leyes: castigar y sentar ejemplo. Y los militares que todavía escapan de la justicia han de ser capturados y procesados.
Ha de recordarse que, aparte los crímenes atentatorios contra las personas, los militares y otros que participaron en la dictadura, y en todo caso en el golpe de estado, cometieron un crimen que, de acuerdo a la legislación militar actual, se castiga con la pena de muerte: la traición a la patria. Este delito, del que Pinochet y otros nunca fueron acusados, es sin embargo fácil de demostrar. Pinochet y otros militares atentaron contra el orden constitucional democrático chileno para satisfacer los anhelos de la administración norteamericana de entonces. Para ello, fueron pagados. (Según se sabe, recibió Pinochet dos millones de dólares, la misma suma que recibió Agustín Edwards, dueño de El Mercurio para que, por medio de la difusión de noticias falsas, contribuyera a crear un ambiente que justificase la intervención militar. Patria y Libertad, el grupo que se hacía llamar de extrema derecha y que fue fundado y financiado por la embajada norteamericana, recibió, al igual que la pandilla del general Viaux, cincuenta mil dólares cada uno -según sabemos por la numerosa documentación disponible, muy en especial el libro de Peter Kornbluh, ‘Pinochet: los archivos secretos', y los documentos desclasificados durante las audiencias de la comisión parlamentaria norteamericana que estudió estos pagos a Pinochet).
En segundo lugar, muchos de los crímenes cometidos por los militares son de lesa humanidad y/o crímenes de guerra (vale decir, cometidos durante el período que los militares llamaron de guerra, a pesar de que nunca hubo ninguna guerra en el país). Y estos delitos no prescriben. No juzgarlos sería contrario a las leyes chilenas.
En tercer lugar, en estos casos tiene preeminencia el derecho internacional, que tratándose de crímenes como estos, de lesa humanidad, y violaciones graves a los derechos humanos, no caben ni amnistías ni indultos.
En este último caso, tampoco es relevante el criterio de soberanía, ni debe utilizarse esta argumentación para defender lo indefendible.
Muy al contrario, la ciudadanía debe exigir mayor rigor y mayor celeridad a la hora de juzgar a los criminales y no esperar a que la muerte, natural o por enfermedad o accidente, solucione los problemas que debe resolver la justicia, como lamentablemente ocurrió con el caso de Pinochet. Estos militares deben ser excluidos de beneficios de cualquier tipo y ser condenados a firme y, en el caso de violaciones graves a los derechos humanos, a perpetua.
Los ciudadanos chilenos de hoy, y las futuras generaciones, deben recordar siempre que el período de la dictadura pinochetista es la página más tenebrosa y siniestra de la historia de Chile, escrita con la sangre de miles de víctimas inocentes y de cientos de miles de ciudadanos exiliados y torturados, de generaciones enteras que fueron sacrificadas por la codicia e inhumanidad del estamento militar y las clases ricas del país. Como tal, es un período que no ha de olvidarse ni perdonarse y que debiese ser recordado como un período de infamia y de crímenes sin nombre cometidos contra el pueblo, contra Dios y contra la patria chilena.
Yo iría todavía más lejos e implementaría las leyes que prohíben y penalizan la apología y justificación del crimen y del terrorismo, y la aplicaría por ende a todo aquel que, individualmente o como miembro de alguna organización, defienda la dictadura militar y los crímenes que esta cometió. Prohibiría, igualmente, toda organización que defienda y/o justifique la dictadura pinochetista, por considerarla una asociación criminal de corte terrorista -un poco a la manera en que en Europa se castiga a quienes niegan el exterminio de los judíos o hacen apología de Hitler y el nazismo.

19 de marzo de 2007
mérici

desaparece clase media

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Tradicional clase media chilena se desvaneció. La herencia se traduce en varios sectores heterogéneos con identidad diversa.

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Chile. Especialistas del sector social, financiero y de una organización de consumidores hablan de cómo la clase media enfrenta sola sus problemas, especialmente los económicos.
El apogeo de la clase media chilena es historia de la década de los años ´40 y ‘50 gracias a un estado protector que llegó a tener a su amparo en 1975 a 325.000 funcionarios públicos.
Según la socióloga francesa e investigadora de la Universidad de Chile, Emmanuelle Barozet, este grupo social perdió su singularidad con la reducción del Estado (privatización de empresas), "con lo que desaparece el marco de estabilidad del cual se había beneficiado durante décadas y los subsidios que le habían permitido mantener su estatus".
Desde entonces se habla de clase media en plural, es decir, grupos heterogéneos con identidades y niveles de ingresos más diversos.
¿Qué perdieron de ese pasado común? Según la socióloga, la "cuestión social" generó en el debate político un impulso para que el estado se hiciera responsable por la salud; en los años ‘40 llegaron las Cajas de Previsión Social para funcionarios públicos y privados y el Servicio Médico Nacional de Empleados. Estas estructuras que, entre otras, dieron un acceso expedito a la clase media a los beneficios del Estado, ya no existen en la actualidad.
Tanto es así que el asesor legal de la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, Alejandro Pujá, señala que hoy las cooperativas y cajas de compensación de antaño funcionan como cualquier financiera del sistema privado al relacionarse con su público.
Tal vez eso es lo que hace que la actual clase media recurra a las entidades financieras para enfrentar el día a día. Roger Hermosilla, agente zonal de la Banca de Personas del Banco del Desarrollo, dice que ve a la clase media muy endeudada. Es muy extraño encontrar a familias que ahorren para comprar bienes y, en cambio, lo frecuente es que se endeuden. Agrega que la gran apuesta para salir del estancamiento es la educación de los hijos la que, sin embargo, cada día es más costosa.
¿Y qué quedó de ese pasado común de la clase media? El estatuto de la clase media tradicional chilena depende mucho del capital social y poco del capital económico, según Emmanuelle Barozet.
Por eso señala que en el pasado, en virtud del Estado y hoy del mercado, las personas de estos sectores sociales buscan proteger sus intereses grupales con el intercambio de favores (pituto). "No basta el acceso individual a algunos servicios que provee el estado y luego el mercado: debe existir un sistema tácito de ayuda mutua extensible al conjunto de este estrato social".
Aunque la principal acción del pituto se usa para conseguir un trabajo, su importancia se entiende por el acceso a un gran número de bienes y servicios: permisos, documentos, préstamos, cuidados médicos, revisión técnica del auto, inscripción de un niño en un colegio o exención del servicio militar.

Las Familias No Quieren Limosna
Alejandro Pujá, asesor legal de la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, dice que para salir de sus aprietos las familias la clase media no quieren limosna ni subsidios estatales. "Los chilenos somos buenos pagadores, cumplidores, pero hoy la clase media está muy sola".
En vez de subsidios se requiere de pequeñas ayudas, como el proyecto que acaba de ingresar al Parlamento que permite declarar la insolvencia de los hogares. A veces se trata sólo de oportunidades para diferir pagos, como la de cambiar para junio el pago de los permisos de circulación.
Pujá insiste en que, más que un subsidio la gente quiere igualdad de oportunidades.
Agrega que muchas veces las familias de clase media se preguntan por qué están fuera de toda red de apoyo público, especialmente cuando se esfuerzan por cumplir. Por eso, Pujá estima que es un tema de voluntad.

El ABC del Grupo Socioeconómico (GSE)
En Chile la clasemedia es tan diversa que sus ingresos familiares pueden variar entre los $300.000 y $1.200.000. Los especialistas en márketing clasificaron los hogares en los siguientes grupos socioeconómicos (GSE): AB: Hogares que gozan de las rentas más altas en la comunidad. Ganan en promedio $6.250.000 mensuales.
C1: Cubre sus necesidades sin problemas y goza de comodidades. Viaja 1 vez al año fuera de Chile. Gana más de 2 millones al mes.
C2: Cubre lo básico y algunas comodidades.
Gana más de $1,2 millón mensuales.
C3: Cubre lo básico y pocas comodidades. Su ingreso promedio es de $430.000 al mes.
D: Tiene ingreso estable, pero reducido. Su ingreso es de $300.000.
E: De ingreso intermitente y en extrema pobreza. Su ingreso no supera los $57.000 mensuales.

Más Que el Pituto, la Educación
La educación es como un machete para abrirse camino en la selva de la vida", dice Luciano Díaz Cortés (36), jefe de una sucursal bancaria de Concepción. No habría imaginado nunca su posición actual sin la formación académica superior.
Felipe Neira, estudiante de Derecho, e Isidora Enríquez (alumna de Ingeniería Mecánica) creen que el intercambio de favores es parte de la cultura nacional. El éxito es un conjunto de educación y contactos, dice Isidora, quien se siente parte de lo que hoy se entiende por clase media.
Mario Reyes (35) apostó por la educación. A los 27 años era vendedor y siguió estudios en el área de las finanzas. Hoy es supervisor y, aunque no gana muchomás, la calidad de vida ha cambiado del cielo a la tierra.
Pamela Leiva y Lilian Acosta trabajan en un centro de estimulación temprana (Escuela Diferencial) y estudian en la Universidad de Los Lagos la carrera de Educación General Básica. Opinan que la formación superior es una importante herramienta de promoción social.
Gonzalo Segura tiene 24 años y también ha optado por la fórmula del trabajo y del estudio como una forma de mejorar sus trabajo actual.
En contraste, Jorge Araneda se siente parte del modelo que describe Emmanuelle Barozet, quien dice que quien no tiene pituto enfrenta "una rápida degradación del capital económico, debido a que el acceso a un empleo también depende del intercambio de favores".
Así, Araneda se siente parte de otra clase social, la de esclavo del dinero, en donde su única esperanza es ganar la Lotería.

18 de marzo de 2007
©el sur

perros de pinochet siguen vivos

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[Soraya Rodríguez] Ex CNI acechan a fiscal de Publicam. Nancy González tiene escoltas las 24 horas del día.

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La Policía de Investigaciones alertó a la profesional del Ministerio Público sobre la presencia de ex agentes del organismo de seguridad de la dictadura en los alrededores de su domicilio. Varios imputados del bullado caso tuvieron estrechos vínculos con la Central Nacional de Informaciones. Y parece que los nexos nunca se rompieron.
La borrascosa bruma que hace sospechar de todo cuanto enmarca al llamado caso Publicam presenta un lazo con el pasado "reciente" de nuestro país, con aquello que algunos quieren dar por superado, pero que cada cierto tiempo reaparece alertando sobre las deudas de justicia que persisten. La fiscal Nancy González, que investiga los delitos tributarios cometidos con la entrega de facturas falsas, mantiene desde hace más de un mes protección policial permanente, luego que se detectara la presencia, en las cercanías de su domicilio, de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
La decisión para que la fiscal contara con un servicio de protección de personas importantes era estudiada con detalle desde el comienzo de la investigación, pero se definió al comprobar la presencia de los ex agentes de seguridad de la dictadura en el condominio ubicado en un tradicional sector de la comuna de Providencia, donde ella reside.
Fuentes judiciales confirmaron que se avistó en el sector, en más de una ocasión, la presencia de antiguos miembros del organismo represor. Eso bastó para decidir otorgarle protección especial las 24 horas.
Aunque no se confirmó la existencia de amenazas explícitas contra la fiscal, tampoco se descartó que no las hubiera, tema que se maneja con reserva al interior del Ministerio Público.

Incidente
El pasado 8 de febrero, al finalizar la audiencia de revisión de medidas cautelares de Luis Jofré, ex funcionario del SII de San Bernardo, detenido y formalizado por estafa al fisco en esta investigación, éste se pasó de la raya.
Jofré estaba detenido desde noviembre y en la audiencia fue dejado en libertad provisional por el juez Patricio Álvarez, del Séptimo Juzgado, quien, además, no accedió a formalizarlo en esa ocasión por asociación ilícita.
Al retirarse del tribunal, Jofré hizo un gesto amenazador en contra de la fiscal. Ella (quien estaba de espaldas) fue advertida del hecho por el abogado del Consejo de Defensa del Estado Ricardo González, y se dirigió al juez para advertir la situación. Pero el magistrado se excusó por no haber visto nada, ante lo cual Nancy González pidió el registro de los videos de la audiencia.
Una semana después, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad de Jofré y el 12 de marzo fue formalizado por la fiscal por cohecho y asociación ilícita.

Los Nexos
Desde que estalló el caso Publicam, en octubre del año pasado, hubo un aspecto que no quedó en el vacío, tanto para los investigadores como para las policías: el nexo de algunos de los imputados con el caso de la Cutufa II, y, por ende, la nuevamente oscura presencia de la CNI.
Juan Sebastián Meyerholz Godoy, sindicado como uno de los cabecillas de Publicam, tenía un pasado no desconocido: fue acusado de asociación ilícita y apropiación indebida en la investigación de la Cutufa II, donde también aparece como uno de los principales inculpados el mayor (R) de Ejército y ex agente de la CNI Patricio Castro.
Desde la Cutufa I y II existe la idea de una gran operación financiera montada por ex agentes de los organismos represivos de la dictadura, quienes, acostumbrados a un pasar holgado, vieron con temor su futuro no sólo judicial, sino especialmente económico, y habrían aprovechado sus "ventajas comparativas" para idear la fórmula que les permitiera manejar millonarias cuentas de dudosa procedencia.
El abogado de Meyerholz, Marcelo Jadue –defensor histórico de Patricio Castro, amigo de Augusto Pinochet Hiriart, de Álvaro Corbalán y de Arturo Pinochet Campos, dueño de la disco César, en Reñaca, donde solían divertirse los agentes de la dictadura–, reaccionó con descalificación ante la denuncia de la ex contadora de la Cutufa II Beatriz Ugarte. En noviembre, ella afirmó que su defendido era parte de una "mafia" que "está en todas partes" y que "es amigo de Patricio Castro, y también tengo claro y me consta que abastecía de IVA para que vendiera la Paula Bocaz" (pareja de Castro e implicada en la financiera ilegal).
Ugarte, en declaración ante la fiscal Nancy González, agregó que Castro fue varias veces a las oficinas de Publicam (arrendadas por Meyerholz) a cambiar cheques a Manuel Arancibia.
Meyerholz, acusado por asociación ilícita y apropiación indebida en dicho proceso, apareció como arrendatario de dos inmuebles vinculados a Publicam el año pasado, y luego de huir a Brasil por 78 días regresó a Chile el 8 de febrero, quedó en prisión preventiva y fue formalizado como uno de los creadores del fraudulento negocio.
Para mayores "coincidencias", otro de los detenidos por Publicam, Federico Soto Calderón, se jactaba de haber trabajado en la DINA, según afirmó su nuera, Claudia Vivanco.
Jerusalem Soto Fernández y su hermana Carolina (hijas de Federico) eran socias de Héctor Ferrada del Pozo, socio de Patricio Castro en la constitución de la empresa Montaña de Cobre S.A.
Y así... en la trama se cruzan nombres conocidos, como Luis Alberto Undurraga Finlay, ex socio de Marco Antonio Pinochet y ex gerente de una empresa de Edgardo Bathich Villarroel y Héctor Novoa, hermano del senador de la UDI.

Investigadora Especializada
Nancy González tiene 35 años, es casada, estudió Derecho en la Universidad de Chile. Es candidata a magíster de Gestión y Planificación Tributaria en la U. de Santiago.
Antes de trabajar en el Ministerio Público se desempeñó como abogada del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios en el SII y como abogada del Departamento de Defensa Judicial.
Actualmente, en la Fiscalía Centro Norte labora en el área especializada en delitos económicos y funcionarios.

18 de marzo de 2007
©la nación