Tanto en el Ejecutivo como en los organismos especializados se reconocen ‘cifras negras' de plagios que no se pueden cuantificar por su naturaleza. Secuestros encubiertos como adopciones, desapariciones o trata de personas son algunos ejemplos que constituyen la incipiente industria del secuestro en Chile.
Si el gobierno pone a sus más altos funcionarios en alerta; si el propio general director de Carabineros encabeza operativos y pide a los medios abstenerse de informar; si el Ministerio Público instala a tres fiscales especializados en negociación de crisis en la calle, probablemente estemos frente a un secuestro. Lo sucedido con Ignacio, un niño de 11 años, que fue plagiado por dos mujeres durante siete horas, previo pago de un rescate, inquietó a las autoridades del país.
Y las razones para tal despliegue no se encuentran solamente en el hecho de que se tratara de un menor, sino porque preocupa la ocurrencia de tres casos en los últimos dos meses con características muy particulares. Hace algunas semanas hubo un intento de secuestro que afectó a la hija de un ministro de una corte en regiones y también se intentó plagiar a una bebé, hija de un asesor de gobierno.
Claro está, en cada uno de esos casos el dispositivo policial funcionó y no hubo que lamentar lo sucedido en el caso de Ignacio y su familia, que debieron soportar horas tensas, mientras se negociaba con las inesperadas secuestradoras.
Varios casos de secuestros extorsivos, esos donde una persona es aprehendida y se exige el pago por su rescate, se han detectado. Sólo el 2006, la Fiscalía Metropolitana Sur se encargó de desarticular dos bandas que en esa zona de Santiago aterrorizaron al mundo más íntimo del propio narcotráfico local. Los ‘Cara de pelotas' y la banda del ‘Señor B' se llevaban por algunas horas a hijos de traficantes y delincuentes pudientes, a quienes se les exigían montos bajos para su liberación. Hoy, todos los integrantes de aquellos grupos están tras las rejas y enfrentando penas de prisión perpetua.
El Casi Plagio en La MonedaCon el caso de Ignacio resucitaron los temores hacia las medidas de seguridad y los resguardos que se deben tomar frente a quién permitir el ingreso a una casa. Entre las teorías más bulladas para explicar estos casos se encuentra aquella que vincula el delito con la ayuda logística del "personal de servicio" de los hogares, llámense empleadas domésticas, jardineros, choferes, etc.
Hace un año, un importante asesor de una subsecretaría sufrió en carne propia el casi secuestro de su hija. Alertado oportunamente a través de una extraña llamada telefónica, fue advertido de un plan para secuestrar a su bebé. De inmediato se activó un operativo para proteger a la familia. Se le asignaron protección policial, rutas específicas para llegar a diversos destinos y comenzó un seguimiento a personas vinculadas a la familia que tuvieran acceso a la menor. Tras varios días de pesquisas se descubrió el verdadero plan: los investigadores se percataron que desde el hogar se sustrajo el certificado de nacimiento de la bebé.
Tras identificar a la responsable como la empleada de la casa, se inició su búsqueda para capturarla, hasta que se determinó que había escapado hacia Argentina. Todo indica que se trataría de un intento de secuestro para sacar a la guagua del país y venderla para su adopción en el extranjero.
LND llevó a cabo un pequeño muestreo sobre dos agencias de empleo. Birgit Nevermann, gerente de selección de personal de laborum.com, nos explica que los antecedentes penales por sí solos dicen muy poco de un postulante. "No reflejan que una persona haya sido procesada por un delito grave en algún momento de su vida, ya que la legislación actual permite que una vez cumplida la condena, los papeles de antecedentes sean limpiados. Así, un violador perfectamente puede insertarse a una empresa sin saberlo".
Si bien Laborum está enfocada a prestar servicios a empresas, Nevermann, con 13 años de experiencia en el campo de la selección de personal, considera que en los cargos más bajos los trastornos de personalidad son más frecuentes. "Salir del colegio o graduarse en la universidad son logros que teniendo un problema psiquiátrico pueden dejar afuera a esa persona. Este es un filtro importante", explica. El trabajo de selección en esta agencia de empleo combina las entrevistas personales con los clásicos tests de personalidad y otros que miden destrezas laborales para lograr una proyección del desempeño laboral de una persona.
Un método más criollo se encuentra en nanasdelsur.cl, agencia especializada en proporcionar empleadas domésticas a los hogares de Concepción. Su propietaria, Rosa Altamirano, nos da algunas recetas: "Realizo una entrevista larga y me hago amiga de ellas, porque es la única manera de conocerlas. También son importantes las recomendaciones, que siempre compruebo. Además, de marzo a diciembre cuento con tests sicológicos de estudiantes de la Universidad de Concepción", resalta.
Con todo, Rosa le da gracias a Dios debido a que tiene la capacidad para que la gente se sincere con ella. "De repente me han dicho: ‘Usted es tan amorosa que le tengo que contar algo'. Me salen con unas barbaridades enormes. Por ejemplo, en una ocasión una chica me contó que no tiene permiso para sacar a sus hijos de un hogar de acogida por maltrato", relata.
Cifras PreocupantesPero los secuestros no siempre adquieren una forma tan definida y existen casos en que ni siquiera se sabe cómo una persona pudo desaparecer sin dejar huellas. De allí que quienes están dedicados a la búsqueda de personas cuya desaparición ha sido denunciada estén alertas.
El subprefecto de la Brigada de Ubicación de Personas de Investigaciones, Héctor Arenas, afirma que el número de personas desaparecidas cada año es marginal y que muchas veces la opinión pública se lleva una impresión errada debido a la interpretación de los datos, más aún cuando del total de personas perdidas cada año, los menores de edad corresponden aproximadamente al 40% del universo total (ver entrevista al subsecretario del Interior en pág. 7).
Arenas explica que de las casi 7.400 desapariciones correspondientes a 2004, sólo unos 490 casos no fueron resueltos; en 2005, en tanto, se encontraron aproximadamente 4.400 personas de un total de 5.300 que habían sido denunciadas inicialmente. "Al número de personas que cada año no se encuentran hay que restarle todas aquellas denunciadas por presunta desgracia debido a que tienen órdenes de aprehensiones pendientes; el hecho de que un cónyuge se escape del hogar junto a un hijo; los casos de los menores de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) que se fugan constantemente de los hogares y por los cuales también se interponen denuncias que engruesan las listas, pero que no necesariamente representan la realidad", explica.
Añade que actualmente se está trabajando en la separación de cada uno de los factores descritos y que, probablemente, durante este año el número de personas realmente perdidas disminuya significativamente, producto de la nueva modalidad.
Plagios en la Zona Sur de SantiagoRespecto a los menores en riesgo de ser captados por estas organizaciones criminales, Osvaldo Torres, director ejecutivo de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas (Achnu), dice que la realidad nacional ofrece un mayor nivel de seguridad en cuanto a la protección de menores frente al secuestro o desapariciones, en comparación a Latinoamérica. Agrega que hoy "las repuestas del Estado son más rápidas para limitar el tiempo desde el inicio de la denuncia al comienzo de la búsqueda cuando está amenazada la libertad o la vida del niño". Explica que en esto hay enseñanzas obtenidas del bochornoso caso de Alto Hospicio, donde "como se trataba de niños pobres la repuesta policial y estatal fue tardía, lo que implicó un conjunto de especulaciones de lo que estaba ocurriendo con la vida de esos niños".
Sobre secuestros de niños propiamente tal, Torres dice que la Achnu ha recibido antecedentes "de casos en la zona sur de Santiago, que está controlada por el narcotráfico. Esto genera un indicador de que la situación no está plenamente controlada para la integridad de los niños, los que quedan a merced de los carteles como mecanismo extorsivo entre pandillas".
NarcosecuestrosEs en estos sectores y lo que ocurre entre las bandas de narcotraficantes donde muchos secuestros no se encuentran en todos los registros que maneja el Ministerio del Interior. Una fuente de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales explica que los plagios en este segmento corresponden al doble de lo que se denuncia. Se insiste en que la razón está en que "muchos delincuentes prefieren no concurrir a las autoridades por desconfianza o porque se encuentran con órdenes de aprehensión pendientes y, al hacerlo, automáticamente quedarían detenidos", relata una fuente de esa unidad.
Conocedora del silencio que guardan los narcos afectados, actuaba Jessica Pérez Carranza, conocida como ‘La mujer de los mil disfraces' o ‘La Keka'. "Ella sabía que no denunciarían. Como conocía los días en que llegaba la droga o cuándo los traficantes tenían dinero en su poder, secuestraba a miembros de las bandas y a familiares directos, como sus madres, y también a sus hijos", explica.
El caso de ‘La Keka' fue conocido en el mundo delictual debido a su crueldad al momento de realizar los secuestros. En varios casos, junto a su banda, llegó al punto de cercenar los genitales de sus víctimas masculinas debido a que habría sido abusada durante su infancia. Era astuta y los detectives tuvieron que seguirla por cerca de nueve meses, hasta que en octubre de 2004 finalmente dieron con ella. Paradójicamente, Jessica no era perseguida por sus secuestros. Las órdenes de aprehensión que pesaban sobre su persona eran por robo, asalto y falsificación. Cálculos posteriores determinaron que realizó cerca de 30 plagios anuales desde 2001 hasta la fecha de su detención. En muchos casos, para llevar a cabo los ilícitos utilizaba la indumentaria de los detectives, placa incluida.
Otro célebre plagiador que junto a su banda también se caracterizaba por su crueldad fue Bernardino Moraga Echeverría, conocido como ‘El Indio Danilo' o ‘El Señor B', quien actuaba preferentemente en la comuna de Lo Espejo efectuando secuestros express. Según testimonios de sus víctimas, los quemaba con cigarrillos, los torturaba con corriente y, por lo menos en una ocasión, llevó a cabo una violación. En este caso, sus presas preferentes también eran familiares de narcotraficantes. Finalmente, su detención se produjo en enero de 2006, tras huir a Buenos Aires, para luego ser deportado a Chile.
Adopciones FraudulentasA partir de 1999 se encuentra en vigencia la Ley 19.620, que regula el conjunto de requisitos necesarios para adoptar a un menor. El instrumento legal también tipifica aquellas conductas ilícitas vinculadas a la entrega directa de niños a través de intermediarios, situación recurrente antes de que la ley entrara en vigencia. Sin embargo, en la actualidad un proyecto para modificarla se encuentra en la cámara baja debido a que existen resquicios para burlarla. La jefa de la Unidad de Adopción del Sename, Raquel Morales, explica que en varios casos de simulación de adopción "no se puede acreditar que se trata de un delito, dado que cuando se investiga las personas involucradas argumentan que su acción no tenía una finalidad adoptiva. En la práctica esto genera que no se pueda acreditar el ilícito. El proyecto vinculado a tráfico y trata, entre otros aspectos, busca regular la salida de niños que no sea con una finalidad adoptiva y así detener estas prácticas", explica.
En la actualidad, el sistema más común para sacar niños del país sin que pasen por los controles de la Ley de Adopción es la entrega de la tuición. El trámite es simple.
El progenitor firma un acuerdo notarial con la persona que se hará cargo del menor, entregándole su tuición y la posibilidad de sacarlo del país. Todo es sacramentado mediante una aprobación judicial.
Pocos son los casos de este tipo que conoce el Sename. Corresponden a matrimonios extranjeros engañados por chilenos que han recibido menores bajo el argumento de que mediante esta fórmula lograrían la adopción. "Una vez en su país intentan iniciar los trámites de adopción y se dan cuenta que han sido engañados", cuenta Morales.
Lo ocurrido esta semana con el secuestro de Ignacio despertó gran inquietud en las familias que ven en peligro la seguridad de sus hijos. Lo más complejo es que este flagelo puede adoptar varias caras, oculto en vacíos legales o donde la ignorancia, la falta de atención y ayuda oportuna son cómplices de afectar a los que tienen menos posibilidades de defenderse: los niños.
rata de Menores
Hace pocas semanas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó un estudio revelador y alarmante: a nivel mundial, el tráfico y trata de personas se transformó en el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del narcotráfico y el tráfico de armas. Y sobre Chile, el mismo estudio advirtió acerca de las falencias en la legislación para perseguir y sancionar estos delitos.
Marcela Castillo, abogada consultora de la OIM, explica que no hay dudas de que en Chile existe tráfico de personas y que la mayoría, "donde también detectamos casos de menores de 18 años, son sometidos a explotación sexual y comercial y a explotación laboral".
La experta señala que en todos esos casos hay retención de las personas y que "el secuestro como tal puede aparecer al inicio o al final de esta cadena de delitos".
Respecto a la legislación, Castillo sostiene que hay graves falencias para perseguir y sancionar estos delitos. Esto facilita que las personas sean secuestradas.
"El secuestro, entendido como sustracción de menores, tiene altas penas para sus captores. Pero en relación a las normativas internacionales para prevenir el tráfico de personas es sumamente débil. Acá se sanciona el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas, pero no se contemplan muchos elementos que el Protocolo de Palermo estableció como fundamentales para detener este flagelo. Por ejemplo, se sanciona el traspaso de frontera con fines comerciales de explotación sexual, dejando fuera la trata interna y otros fines distintos al que no sea la explotación sexual, como la trata laboral, la servidumbre y la extracción de órganos".
Marcela Castillo encabezó un equipo que recorrió el país buscando las zonas donde se registra trata de personas. "Hay movimiento de menores, no pudimos detectar cantidades, pero pudimos identificar puntos en zonas rurales. Todo ello supone secuestro, es decir chicos que son captados, retenidos contra su voluntad y obligados a prostituirse. Eso no se pesquisa oportunamente y no pasa por negligencia policial, sino por falta de denuncias. La gente no tiene conciencia de ser víctima de delitos, y si la tienen es muy difícil que puedan acceder a algún tipo de ayuda".
CNI en la Mira: El Plagio del Hijo de Cruzat
El subprefecto de Investigaciones Héctor Arenas descarta que exista una tendencia al alza en los secuestros en Chile. "Si se dijera que ello ocurre sería alertar gratuitamente a la comunidad y eso no traería más que temor", advierte. Una situación completamente distinta a la que le tocó vivir en la década de los '80, cuando la guerra entre la CNI y el FPMR arreciaba en las calles de Santiago. En esa época de secuestros –sobre todo a empresarios prominentes– sí se volvió una tendencia preocupante. Tanto que la Policía de Investigaciones formó una brigada específica, con integrantes de varias ramas de la institución, que dedicaba las 24 horas del día a resolver este tipo de casos. Conocidos son varios de los secuestros efectuados por el FPMR; sin embargo, Arenas afirma que integrantes de la CNI activos y otros "en retiro" efectuaban esta labor a la par con los integrantes del movimientos de izquierda. El fin habría sido el mismo: recaudar fondos.
Uno de los casos que más marcó a este subprefecto fue un secuestro ocurrido el 4 de abril de 1984. Ese día, Nicolás, el hijo de 10 años del millonario empresario Manuel Cruzat, fue secuestrado durante cinco días. El tema tuvo a la policía civil de cabeza tras la pista de los responsables. Por lo menos en cuatro ocasiones, el fundador del Banco de Santiago debió asistir solo y con un impermeable negro hasta el Burger Inn ubicado en Plaza Italia, en espera de que los captores se hicieran presentes y retiraran un maletín lleno de dinero. Una y otra vez el magnate concurrió hasta el lugar y esperó sin éxito. Los secuestradores habían amenazado a su entorno señalando que contaban con la logística necesaria como para detectar cualquier seguimiento. Finalmente, la transacción se llevó a cabo y al poco tiempo los responsables fueron identificados como miembros del FPMR. Sin embargo, explica Arenas, siempre quedaron dudas en torno al caso. "La detención finalmente la realizó la CNI. Nosotros interrogamos a los frentistas y ellos desconocían datos fundamentales sobre el secuestro. Junto a otros antecedentes, siempre nos quedó la duda si el secuestro del menor en verdad había sido montado por la propia CNI", cuenta.
21 de enero de 2007
©la nación
Berna, Suiza. Suiza envió documentación bancaria a Chile relacionada con las investigaciones que se llevan a cabo en el país sobre las cuentas secretas en el extranjero que mantenía el fallecido general (r) Augusto Pinochet.
La indagatoria del juez Víctor Montiglio y la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones determinó que la casa de calle Simón Bolívar fue el destino final de varios prisioneros comunistas cuyos cuerpos fueron después lanzados al mar.
El juez Víctor Montiglio procesó a siete ex uniformados por el secuestro y homicidio en 1976 del ex subsecretario general del Partido Comunista chileno, Víctor Díaz, padre de la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.
El ministro Alejandro Solís podría ahora dictar sentencia de primera instancia en abril. El juez reconoció que su trabajo fue "complicado" y "bastante forzado", debido al "alto nivel jerárquico militar" de los autores del doble homicidio cometido por la DINA, en septiembre de 1974, en Buenos Aires.
El ex comandante de la Guarnición de Santiago, general (R) Miguel Trincado, está acusado de dirigir la operación de desentierro y lanzamiento al mar de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en Calama en octubre de 1973.
El historiador de la UC Cristián Gazmuri ha escrito hasta ahora la más completa biografía del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), un texto que -en todo caso- no gustó del todo a la familia del mandatario de cuya muerte hoy se cumplen 25 años. A propósito de este aniversario, el académico analiza las claves para entender la figura más relevante que ha tenido la Democracia Cristiana.
Cada día llegan a los hospitales públicos adolescentes que se inducen el aborto. A falta de Postinor, secuestrado por los poderes fácticos, las jóvenes recurren a medicamentos contra la úlcera, o las vomitivas combinaciones de anovulatorios. Algunas pierden el útero y otras se desangran en las salas de espera.