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frei fue asesinado con gas mostaza


Gas mostaza: hija de Frei cree que sólo falta ubicar a los culpables.
Familia del ex mandatario fallecido hace 25 años y abogado confirmaron la relevancia del estudio belga que señala la presencia de la sustancia utilizada como arma química. Pericia, por ahora, no concluye que sea la causa directa de la muerte.
Pese a que aún no se habla de una relación directa con la muerte, el gas mostaza encontrado en tejidos del cuerpo del ex presidente Eduardo Frei Montalva para su hija Carmen Frei Ruiz Tagle confirma la tesis de asesinato sustentada por la familia.
Hoy se conoció que un estudio de una universidad belga presentado al juez Alejandro Madrid señala la presencia de la sustancia tóxica, utilizada como arma química, en tejidos del ex mandatario fallecido el 22 de enero de 1982.
Esta mañana, la ex senador, en contacto desde Canadá, señaló que a partir de estos antecedentes "sabemos con qué producto fue intoxicado mi padre, ahora también ya sabemos con qué se hizo, y solamente nos quedaría identificar, entre pocas alternativas que van quedando, quién lo hizo".
Entrevistada por Canal 13, recordó que en el juicio por la investigación de la muerte de su padre, que ya está en su parte final, "también sabíamos que era el Dine (ex Dirección de Inteligencia del Ejército) el que producía estos productos químicos en un laboratorio secreto que estaba a cargo de un médico agente del Dine que después llegó a ser director general de sanidad del Ejército".
Carmen Frei, además, llamó la atención por el informe señalando que "esto es especialmente grave porque hoy día se comprueba que Chile tuvo productos químicos que se produjeron en Chile y que se usaron para eliminar personas".
Por su parte, el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, citado por radio Cooperativa optó por no ahondar en la materia, limitándose a decir que "nosotros somos parte del proceso y estamos regularmente informados",
"Efectivamente hay antecedentes que encaminan derechamente hacia la posibilidad de solucionar y obtener una aclaración judicial de la muerte del presidente Frei Montalva", agregó para luego, al ser requerido si acaso "este informe es clave en la investigación", afirmar que "sin lugar a dudas que las pericias son esenciales, si es esencial".
El jurista anticipó que "nosotros como parte querellante en la investigación de la muerte del presidente Frei Montalva estamos preparando nuevos pasos procesales, dado el estado en que se encuentra la investigación y de eso vamos a dar cuenta en el curso de la semana próxima".

21 de enero de 2007
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suprema rechaza amnistía


Y prescripción en caso de un desaparecido en 1973.
La Corte Suprema chilena rechazó hoy en decisión dividida aplicar la amnistía y la prescripción en el caso de un detenido desaparecido en 1973, y condenó a cinco años y un día de presidio efectivo al militar involucrado.
Se trata del asesinato de José Ñanco, pescador, predicador protestante y simpatizante de izquierda.
La mayor condena recayó en el Coronel retirado del Ejército Sergio Rivera, en tanto el ex recluta de la Armada Juan de Dios Caniulaf fue condenado a tres años de presidio efectivo.
Penas de 541 días recibieron Cristián Bórquez, Rodolfo Mondión, Julio Vera y Javier Vera, todos partícipes del homicidio de Ñanco, a quien luego arrojaron a aguas del Pacífico desde un helicóptero.
El fallo de mayoría, redactado por el ministro Alberto Chaigneau, establece que no se pueden aplicar las figuras de la amnistía y prescripción en este caso, ya que se trata de un crimen de lesa humanidad.
El máximo tribunal determinó además que las convenciones de Ginebra están por sobre la legislación nacional y, por lo tanto, es deber del estado sancionar este tipo de crímenes.
El fallo revierte las decisiones del juzgado de San José de la Mariquina y de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que habían rechazado condenar a los involucrados por considerar que la acción se encontraba prescrita.
José Ñanco, de 60 años, fue asesinado por militares del Ejército y la Armada en la comuna de San José de la Mariquina, 800 kilómetros al sur de Santiago, el 31 de octubre de 1973.

20 de enero de 2007
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casa de allende es monumento nacional


La casa de la calle Tomás Moro, donde vivió el ex Presidente Salvador Allende, fue declarada Monumento Nacional por la ministra de Educación, Yasna Provoste, por orden de la Presidenta, Michelle Bachelet.
El diario oficial publicó hoy el decreto exento número 2.130 fechado en Santiago, el 26 de diciembre de 2006, según informó el diario La Segunda.
Tal como aparece en el documento oficial, el inmueble fue la residencia oficial del ex Presidente Allende y su familia hasta el 11 de septiembre de 1973, fecha en que fue bombardeada, al igual que La Moneda.
El decreto sostiene que en ese lugar se desarrollaron "múltiples encuentros y eventos (…) de gran valor histórico".
"Los lugares que han sido objeto de violencia durante el Golpe de Estado (…) deben recibir protección especial, dado que constituyen partes de la memoria histórica de nuestro país", señala el texto.
El decreto cuenta con el apoyo de la hija del ex Presidente, la diputada Isabel Allende, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Sergio Bitar, y otras personalidades del mundo de la política y la cultura.
La petición del decreto está firmada, entre otros, por Francisco Cuadrado Prats, nieto del General Prats que escupió el ataúd de Pinochet.
La casa, de Tomás Moro nº 200, sirve hoy como hogar de ancianos de Conaprán, Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, dependiente de la Fach.

20 de enero de 2007
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nueva condena para rata pinochetista


Ratifican condena contra ex jefe de la CNI que vendió Villa Grimaldi.
Corte Suprema ratificó ayer una nueva condena contra el ex director de la policía de Augusto Pinochet, Hugo Salas Wenzel, por el intento de lucrar con la venta del ex cuartel reconocido como centro de detención ilegal y tortura de opositores a la dictadura. El fallo se suma a la cadena perpetua por delitos de DDHH.
A la cadena perpetua que cumple por delitos de derechos humanos, principalmente en el marco de la Operación Albania, se sumó ayer una nueva condena contra el ex director de la última policía política de Augusto Pinochet, Hugo Salas Wenzel, esta vez por irregularidades en la venta de los terrenos que ocupaba el cuartel Terranova de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El lugar, en donde la DINA mantuvo el centro de detención y tortura Villa Grimaldi, estaba bajo el mando del retirado y ahora encarcelado general, cuando se produjo el traspaso a la empresa sociedad constructora EGPT Limitada, operación que se registró el 21 de septiembre de 1987 y le costó recién ahora la condena por "negociación incompatible" por el intento de lucrar con la venta.
Por ello, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la condena a 541 días de pena remitida luego que, en el año 2005, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago hizo lo mismo con un fallo similar de primera instancia, donde además se aplican 61 días a Alfredo González Leiva y Mauricio Tocornal Riesco.
La abogada querellante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre, manifestó la satisfacción del organismo ante la ratificación del fallo y luego de 20 años de disputa judicial.
Reconoció que se trató de "un proceso largo, difícil, en el cual obviamente quedó demostrada la realización de negociaciones incompatibles por parte de agentes de la CNI".
El CDE acusó a los ahora condenados por "traspasar bienes, cuestión que en su momento lograron, pero que permitió en definitiva poder esclarecer que en la transacción de Villa Grimaldi hubo la comisión de los ilícitos que fueron confirmados por la Corte Suprema".
El abogado defensor del ex militar, Fernando Uribe Echeverría, insistió que esta es "una situación bien especial, porque se trataba del inmueble donde funcionaba la Villa Grimaldi que después de muchos intentos se vendió y el general Salas firmó la escritura exclusivamente porque era el director de la CNI, nada más".

Convenios de Ginebra

La Corte Suprema revirtió ayer el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, descartando que la muerte de José Matías Ñanco en 1973 se encuentre prescrita, como planteó ese tribunal, condenando a los seis implicados en el caso y ratificando la vigencia de los Convenios de Ginebra, firmados en 1951 por parte de Chile.
El máximo tribunal confirmó su postura sobre los crímenes en contra de opositores políticos a la dictadura de Pinochet, los cuales son calificados de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles e inadmistiables.
Fueron así condenados el coronel en retiro Sergio Rivera Bozo (cinco años y un día), el ex recluta de la Armada Juan de Dios Cañulaf (tres años y un día), mientras que otros cuatro reclutas recibieron penas de 541 días.
Ñanco fue fusilado el 31 de octubre de 1973 en la localidad de Rahue, Décima Región, y su cuerpo fue arrojado al mar desde un helicóptero, crimen que el Juzgado de San José de la Mariquina y la Corte de Apelaciones de Valdivia consideraron prescrito, absolviendo a los implicados que ayer fueron condenados.

20 de enero de 2007
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fascistas rechazan tribunal internacional


[Ivonne Toro A.] Fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos puso en guardia al gremialismo. UDI suma problema con la amnistía a su rechazo a aprobación del TPI.
En contraste con RN, que sólo exige la tipificación interna de los delitos que competen al Tribunal Penal Internacional, en la UDI hay mayor reticencia a que se acepte la jurisdicción de la entidad, en especial luego de que la CIDH se pronunció sobre la denegación de justicia en el caso Almonacid.
Fue en noviembre de 2006 cuando el gremialismo resolvió que el consensuado respaldo al Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya votación fue suspendida el martes por el Gobierno, ante la inminente falta de apoyo en el Senado, no se concretaría. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sancionó a Chile por denegación de justicia, a raíz de la aplicación de la ley de amnistía en la investigación del crimen de Luis Alfredo Almonacid Arellano -un profesor ejecutado el 17 de septiembre de 1973-, alertó a la oposición respecto de los riesgos que implica para el mundo militar, al cual el sector estuvo ligado durante la dictadura, ratificar el acuerdo con el Ejecutivo de aceptar la jurisdicción internacional.
El fallo de la CIDH fue crucial, incluso más que los reparos de Estados Unidos al TPI, al momento de definir la posición frente al proyecto que el Ejecutivo esperaba aprobar esta semana, porque, explicó ayer el timonel de la UDI, Hernán Larraín, la resolución "abrió una inquietud de que las reservas que la Constitución establecería y que habíamos convenido (con el Gobierno) no iban a ser respetadas por un tribunal externo".
En esta línea se estimó "que era prudente dejar pasar un tiempo y advertir cómo iba ser la operativa de la Corte Penal Internacional antes de que Chile adhiriera a ella". La lógica detrás de esta determinación es el temor, fundado tras el caso Almonacid, de que sean revisados por instituciones extraterritoriales procesos de violaciones a las garantías fundamentales que estén cerrados por la aplicación de la polémica normativa que absuelve crímenes contra los derechos humanos entre 1973 y 1978. De ahí la decisión de la UDI de retroceder en el comprometido apoyo a la validez del TPI.
Según Larraín, en la nueva perspectiva de su colectividad también han pesado otros elementos, ya que el acuerdo que se asumió con La Moneda en 2005 fue sobre la base de premisas que "han cambiado". "Entendíamos en ese minuto que no había consecuencias en la defensa y hay hechos que ocurrieron después y que según algunos son de una cierta magnitud", afirmó en referencia a la advertencia de Washington de frenar la cooperación militar con las naciones que apoyen la aplicación de las reglas del TPI.
Otro punto, agregó, es la necesidad de legislar acerca de los delitos de genocidio y lesa humanidad, normas que no existen en Chile. "Si nosotros no las tenemos y se aplica el tratado, se nos van a aplicar los conceptos de genocidio y delitos de lesa humanidad contenidos en el tratado, que son muy genéricos, muy amplios, es decir, hay un grado de incertidumbre jurídica muy grande", postuló Larraín.

Espina ‘Liberal'
Mientras en la UDI los argumentos para restar el apoyo al TPI son múltiples y prolíferos, en RN el senador Alberto Espina –que firmó el pacto con el Gobierno- está abierto a que la iniciativa sea aprobada con algunas condiciones. El legislador sostiene que, personalmente, la sentencia del caso Almonacid y los cuestionamientos a la ley de amnistía no inciden en su respaldo al Estatuto de Roma, pero -afirmó- él se resiste a dar su voto si el Ejecutivo no cumple con su promesa de enviar al Congreso una propuesta para complementar el tratado que creó el tribunal.
"El TPI sanciona tres delitos: delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Esos delitos no están tipificados en Chile y el TPI establece que si existe ese vacío, si alguien es acusado de alguno de esos ilícitos, es juzgado por la Corte Internacional. Si esos delitos existen en Chile son sancionados en nuestro territorio, y sólo si no se administra justicia, porque no operan los tribunales, pasa al TPI", explicó el parlamentario de RN.
Espina sostuvo que es un "falta de criterio" delegar a entidades externas la responsabilidad de penalizar ilícitos cuando es posible evitar tal instancia: "En Chile existen tribunales de justicia, pero está ese vacío, por eso es fundamental que se legisle, porque no se puede delegar la responsabilidad a organismos internacionales porque sí".
Para el representante del ala liberal de RN, "el Gobierno no se ha decidido a legislar sobre estas materias y, por lo tanto, si el TPI no se aprueba es sólo por responsabilidad del Ejecutivo".
La ratificación del TPI requiere de 23 votos, es decir, tres quintos del Senado, por lo cual los sufragios de la derecha son fundamentales. El problema es que si bien Espina y otros RN, como Andrés Allamand, podrían dar su apoyo al Estatuto de Roma, otros como el conservador Sergio Romero están más cerca de la directriz que ha seguido el gremialismo y que se aleja de aceptar la jurisdicción del TPI.

Sule Culpa a Oposición

El diputado del PRSD Alejandro Sule culpó directamente a la oposición por la postergación de la votación que incorpora a Chile al tratado que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI). De acuerdo con el parlamentario, dicha situación "es una irresponsabilidad de la derecha, sobre todo habiendo dado su palabra en octubre del 2005 a la Comisión de Constitución".
Sule aseveró que "se han generado excusas ante un tratado que es necesario firmar, pues da cuenta de la voluntad de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional de crear un TPI permanente e independiente".
"La Alianza había comprometido su apoyo y creo que el Gobierno actuó correctamente al retirar el proyecto debido a la amenaza de la derecha de votarlo en contra. Creo que el Gobierno está buscando una mejor instancia para que este tratado sea aprobado", agregó.

19 de enero de 2007
©la nación
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fascistas quieren carretera para pinochet


Diputados de extrema derecha de RN quieren dar nombre de criminal a carretera.
Presentan proyecto para que Carretera Austral se llame Presidente Augusto Pinochet. Los diputados de Renovación Nacional (RN, extrema derecha), Osvaldo Palma y Pablo Galilea, presentaron a la Cámara Baja un proyecto de acuerdo que daría pie para que la Carretera Austral lleve el nombre de Presidente Augusto Pinochet Ugarte.
Al respecto, Palma explicó que "estas regiones pobladas por tenaces compatriotas, que más allá del mayor sacrificio que significa vivir y trabajar en las difíciles condiciones climáticas, estuvieron sufriendo el aislamiento terrestre durante demasiado tiempo. Esta aspiración de disponer de un camino, que permanentemente los comunique con el resto del territorio nacional, fue asumido por el gobierno del Presidente Augusto Pinochet Ugarte, como una tarea prioritaria".
Además, el diputado enfatizó que por las duras condiciones climáticas y el alto costo de los traslados aéreos y marítimos, "debe ser prioritaria la pavimentación de esta carretera para mantenerla en condiciones de uso permanente, lo cual, en considerable medida, ya se está realizando".
Por lo mismo, los parlamentarios solicitaron al ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitran, que "se sirva tener a bien llamarla Carretera Austral Presidente Augusto Pinochet Ugarte y dar prioridad en los planes de pavimentación de esta carretera".

18 de enero de 2007
©emol
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frei quiere resolver asesinato de su padre


"Este es un año decisivo para que el juez pueda esclarecer la verdad".
El 2007 será el "año decisivo" para esclarecer la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Esa es la esperanza del titular de la Cámara Alta, Eduardo Frei Ruiz- Tagle, hijo del fallecido ex mandatario, quien apuesta a que durante este año se pueden dar las posibilidades más cercanas para dilucidar la investigación.
Esto, a raíz de los avances que ha podido lograr el juez Alejandro Madrid, a cargo de la causa, a la luz de los antecedentes recopilados.
En declaraciones a Radio Cooperativa, el senador DC sostuvo que la investigación no se encuentra "entrampada desde el punto de vista judicial, porque el juez ha avanzado muchísimo, ha trabajado casi seis años en esto y nosotros creemos que este es un año muy decisivo para que el juez pueda esclarecer la verdad".
En este sentido, Frei Ruiz- Tagle fue más allá a la hora de mostrar su decidido optimismo frente al caso de su padre. "Hemos pasado de una convicción moral a una convicción de que hubo intervención (de terceros) en su muerte por todos los antecedentes que están en el proceso, más de 12 tomos que conocemos, más todos los cuadernos reservados que tiene el ministro".
Asimismo, el presidente del Senado subrayó que espera la mayor colaboración de todos los sectores para esclarecer el caso.
El lunes 22 de enero se cumplen 25 años del fallecimiento del ex mandatario, para lo cual ya comenzaron una serie de actividades en su homenaje.
El pasado lunes se celebró un seminario sobre la figura del ex jefe de Estado en el que participaron amplios sectores políticos.

18 de enero de 2007
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regresa a la escena del crimen


[Jorge Escalante] Coronel (R) Magaña volvió a zona donde asesinó a 17 campesinos en 1973. Con traje de policía acompañó a la magistrada Virginia Rivera.
A las 09:00 horas la jueza Virginia Rivera dio inicio ayer a la reconstitución del recorridoue en octubre de 1973 hizo un grupo de 17 personas de Paine, hasta ser ejecutados extrajudicialmente. El coronel (R) Andrés Magaña puso ahora en duda el lugar que indicó a la magistrada.
Con un chaleco antibala y disfrazado con una casaquilla y un gorro de la Policía de Investigaciones, el coronel (R) Andrés Magaña bajó a las 17:30 horas de ayer al lugar donde se excava desde la semana pasada en las cercanías del lago Rapel en la VI Región, intentando hallar restos de 17 personas asesinadas en octubre de 1973.
El lugar fue fijado hace unos días ante la jueza Virginia Rivera por el mismo Magaña que comandó el operativo junto a un grupo de otros oficiales, suboficiales y soldados que cumplían el servicio militar en la Escuela de Infantería de San Bernardo.
La diligencia comenzó ayer temprano por la mañana cuando la magistrada inició la reconstrucción del crimen desde la misma localidad de Paine donde los efectivos militares fueron deteniendo a los opositores a la dictadura, la mayoría campesinos de la zona.
Todo iba bien hasta cerca del mediodía, cuando tanto el suboficial (R) de apellido Quintanilla -quien condujo el camión que trasladó a los prisioneros hasta el lugar de su ejecución y sepultación clandestina- como el mismo coronel Magaña, comenzaron a discrepar entre ellos respecto del real lugar de los hechos.

Comienzan los Problemas
Quintanilla no concuerda con Magaña respecto del sitio que el coronel indicó a la jueza donde se sigue excavando, y lo mismo hacen algunos de los soldados conscriptos que participaron en la operación de exterminio, los que en todo caso ayer no participaron de la reconstrucción.
Pero ayer el propio Magaña comenzó también a dudar del sitio que fijó a la jueza Rivera.
Ello significó que, una vez repasados ayer los lugares donde se practicaron las detenciones, cerca del mediodía la comitiva que integraban también funcionarios de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y el abogado Joseph Beraud del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, debiera desviarse del sendero que los conducía al sitio donde se excava para concluir allí la diligencia.
Comenzó entonces un largo y tedioso ir y venir desde una zona a otra, donde Magaña y Quintanilla condujeron a la ministra al menos a seis o siete puntos distintos que "eventualmente" podrían corresponder también a sitios en que se debe buscar.

Retiro de Televisores
Si bien el recorrido de octubre de 1973 se hizo de noche y el operativo terminó al amanecer, fuentes vinculadas a la investigación recuerdan que el mismo Magaña admitió en sus últimas declaraciones que en 1978 lo contactó personal de la "inteligencia militar", para que ubicara el sitio donde estaban sepultadas las víctimas y desenterrar los cadáveres para hacerlos desaparecer definitivamente como parte de lo que se conoció como la "Operación retiro de televisores".
Las fuentes sospechan que este cambio de actitud del coronel Magaña, podría tal vez deberse a amenazas que eventualmente hubiese recibido en estos días por otros coautores de los crímenes, o a maniobras para distraer la investigación de la jueza.
No obstante, las fuentes sostienen que "si damos el beneficio de la duda, habría que pensar también que todos podrían estar bastante confundidos por el paso del tiempo".
La diligencia hecha por la policía podría dar con el paradero, entre otras persaonas, del padre de la abogada Pamela Pereira.
Hasta ahora, sin embargo, no hay indicios de que en el lugar hayan restos de los detenidos desparecidos de Paine.
Algunas fuentes atribuyen este hecho al paso del tiempo y a la obvia modificación del terreno, ubicado en una quebrada que recibe año a año el golpe de la lluvia lo que permite que la fisonomía no sea exactamente igual que en 1973.

Datos
Arribada ayer la comitiva al lugar donde se excava en una quebrada a unos dos kilómetros de rivera sureste del lago Rapel, por instrucciones de la jueza los policías procedieron a colocar a Magaña que vestía jeans y camisa rosada, primero un chaleco antibalas y luego una parka institucional azulmarino, además de un gorro. Disfrazado, el autor confeso, todos, incluido la magistrada, volvieron a subir a los vehículos para dirigirse al lugar exacto donde peritos trabajan en la excavación, sin resultados positivos hasta ahora. A la altura de la fosa el coronel de baja estatura y algo subido de peso que también llevaba lentes de sol, fue bajado de nuevo del vehículo para ser descendido a la quebrada de las excavaciones, sitio protegido con una malla.

18 de enero de 2007
©la nación
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