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cuerpos fueron desenterrados en 1978

mqh - 16 de enero de 2007 - 17:57 - chile

[Jorge Escalante] Coronel (R) Magaña confirma: cuerpos de Paine fueron desenterrados en 1978. En la llamada Operación retiro de televisores ordenada por Pinochet.

El oficial (R) que comandó los ajusticiamientos en octubre de 1973, reveló a la magistrada Virginia Rivera que en 1978 "gente de la inteligencia militar" lo llevó al lugar para identificarlo, con el fin de desenterrar los cadáveres y hacerlos desaparecer.
Los cuerpos de 17 personas ejecutadas en Paine en octubre de 1973 que se buscan desde el fin de semana en las excavaciones en un sector cercano al lago Rapel, luego de la confesión del coronel (R) Andrés Magaña, habrían sido desenterrados a fines de 1978 para hacer desaparecer definitivamente sus restos.
Esta información fue agregada por el mismo Magaña a la jueza a cargo de la investigación Virginia Rivera, revelando que ese año "gente de la inteligencia militar" sin aclarar si fue de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) o de la CNI, lo condujo al lugar de la sepultación clandestina para reconocerlo con el fin de exhumar los cuerpos y buscarles un destino final que, en la mayoría de los casos, significó el fondo del mar.

Ínfimas Partes
Sin embargo, la magistrada determinó que las excavaciones continúen para ver si es posible hallar pequeños restos óseos que quedaron producto de la remoción, como sucedió en otros casos como Calama, Peldehue, Chihuío y Cuesta Barriga.
La jueza dijo ayer a La Nación que "Hasta ahora no hay ninguna novedad, pero seguiremos trabajando hasta donde sea necesario".
En el terreno trabajan los peritos Gabriel Vargas, geólogo de la Universidad de Chile, y el arqueólogo de la Universidad de Tarapacá Cologero Santoro.
Seis conscriptos que participaron en los asesinatos y el entierro clandestino, no reconocieron el lugar aportado por Magaña en la indagación judicial. No obstante se cree que podrían estar desorientados debido al tiempo transcurrido.
De igual manera, el coronel (R) Magaña no devela hasta ahora el nombre de otros oficiales o suboficiales que participaron en octubre de 1973 en el escuadrón de ajusticiamiento que le tocó comandar, siendo un teniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Ayer al atardecer la jueza se reunió en el sitio de las exploraciones con la agrupación de familiares de las víctimas de Paine.
En el lugar han estado presentes en los últimos días personal de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Dudas Razonables
Ayer los expertos no verificaban si en el sitio entregado por Magaña efectivamente hubo cuerpos sepultados. Tampoco si hubo una remoción.
La llamada por los propios miembros del Ejército en algunos juicios por delitos de lesa humanidad Operación retiro de televisores, consistió en ubicar por el sur y norte del país fosas clandestinas donde permanecían sepultados opositores a la dictadura.
La misión fue desenterrarlos y lanzar sus restos al mar utilizando los helicópteros del Comando de Aviación de la institución.
La orden fue dada por Pinochet luego de que en noviembre de 1978 se hallaron los cuerpos de 15 campesinos escondidos en una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago.
Dentro de los detenidos desaparecidos de Paine se encuentra el padre de la abogada Pamela Pereira.

16 de enero de 2007
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pocas esperanzas en caso paine

mqh - 15 de enero de 2007 - 17:20 - chile

[Jorge Escalante] Desde el hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua en 1990, nunca más se encontró un número tan masivo de cuerpos.

Escepticismo existe entre las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura y abogados de derechos humanos, en hallar algunos restos de detenidos desaparecidos de Paine, considerando las informaciones que entregó el coronel (R) Andrés Magaña a la magistrada Virginia Rivera, momentáneamente a cargo de la investigación.
El oficial, ya procesado por estos crímenes y confeso de comandar los operativos de secuestro y exterminio, reveló que los restos estarían cerca del lago Rapel. Allí se habría sepultado clandestinamente los cuerpos de 17 personas, de los 31 asesinados en Paine en octubre de 1973. Desde el viernes se realizan diligencias en la zona para precisar el lugar y comenzar las excavaciones. Según fuentes cercanas a la investigación, éstas podrían comenzar hoy.
Sin embargo, dado a la llamada ‘Operación retiro de televisores', ordenada por Augusto Pinochet a fines de 1978, se hace muy difícil hallar los cuerpos buscados. Ésta consistió en ubicar, tanto en el sur como en el norte del país, fosas clandestinas donde permanecían sepultados opositores a la dictadura para desenterrarlos y lanzar sus restos al mar, usando helicópteros. Otros restos fueron convertidos en cenizas, en improvisados hornos crematorios al interior de regimientos, como sucedió en Linares.
De hecho, desde el hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua en 1990, nunca más se encontró un número tan masivo de cuerpos. En esa ocasión, se encontraron 19 osamentas bien conservadas correspondientes a víctimas asesinadas bajo las órdenes superiores del ya fallecido general Carlos Forestier, entonces comandante de la VI División de Ejército en Iquique.
El operativo que actualmente se investiga fue ordenado por Pinochet a través de mensajes cifrados (criptogramas), luego de que en noviembre de 1978, en el horno de una mina abandonada en Lonquén (al sur de Santiago), se encontraron los cuerpos de 15 campesinos exterminados. Este hecho fue el detonante para borrar toda huella y desenterrar los cuerpos que permanecían ocultos en distintos lugares del país.
Así ocurrió, por ejemplo, con los ejecutados por la Caravana de la Muerte en Calama, los obreros agrícolas de Chihuío y los alrededores en la precordillera a la altura de Valdivia, los ex GAP y asesores del Presidente Allende en Peldehue, y los militantes comunistas de Cuesta Barriga, al poniente de Santiago. En estos lugares sólo se hallaron pequeños restos óseos que condujeron a complicadas y erráticas identificaciones.
De esta manera, aunque los familiares no pierden la esperanza de hallar las osamentas de sus seres queridos, la realidad indica que en el caso de Paine también esas expectativas podrían frustrarse.
De acuerdo al informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos de 2000, los cuerpos de la mayoría de estos detenidos desaparecidos, incluidos los de Paine, habrían sido lanzados al mar, coincidentemente con la "Operación retiro de televisores" la que también ha sido reconocida en algunos procesos por oficiales retirados que las comandaron.

15 de enero de 2007
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el misterioso señor ramírez

mqh - 14 de enero de 2007 - 17:46 - chile

[Luis Narváez] La otra pieza clave de la mafia de las facturas falsas.

Un ilícito tan lucrativo, que logró vender 25 mil facturas falsas y descontar parte del IVA que el fisco devolvía, no podía haber resultado sin los contactos que un ex alto funcionario del SII puso a disposición de Juan Meyerholz y compañía.
Encerrado 23 horas al día en su celda de la Cárcel de Alta Seguridad, sin visitas ni contacto con otros internos. Sólo gendarmes por todos lados. Tras su captura y formalización de cargos, Manuel Arancibia Morales entendió el viernes que su participación en la organización criminal dedicada a falsificar facturas le puede costar bastante caro. Ese día se le imputaron cinco delitos y arriesga una pena mínima de 10 años de prisión efectiva, sin ningún beneficio.
La fiscal Nancy González, pese a su suave tono de voz y su imagen de joven abogada, con falda corta y cartera tipo mochila colgada a la espalda, se jugó todas sus cartas para imputar en una audiencia pública, por primera vez en este caso y con Arancibia a pocos metros de distancia, su actuación como uno de los jefes de una asociación ilícita.
Fue una arriesgada maniobra de la prosecutora, pues aún no están claramente definidos todos los miembros y cargos de la banda. González señaló a Arancibia y al empresario Juan Meyerholz Godoy, prófugo en Brasil desde hace dos meses, como líderes de la organización. Pero altas fuentes allegadas a la investigación buscan dilucidar la participación de otros sujetos en el funcionamiento de esta mafia que, como se dijo ese mismo día de la audiencia, llegó a comercializar unas 25 mil facturas, y que se estima llegó a acumular más de mil millones de pesos sólo en ganancias por descuento de IVA y comisiones.En esa pesquisa aparecen tres nombres que habrían tenido diversa responsabilidad y que ya fueron mencionados en la edición pasada de LND: Claudio Zalaquett, Mario Hirmas Yarur y un tercer y misterioso personaje, identificado hasta ahora como ‘el señor Ramírez' o por su alias de ‘El Curicó'.
Según las líneas de investigación que se siguen, tanto por los testimonios del captador y cobrador de la banda, Federico Soto Calderón, como por antecedentes que han surgido del material incautado, la estructura tenía como otro de sus ejecutivos o ‘gerentes', junto a Meyerholz, a un personaje que realizaba los contactos con el Servicio de Impuestos Internos. Esta función era vital para la continuidad del negocio de la venta de facturas, ya que los timbrajes se realizaban con una exigencia de documentación mínima o casi nula, y sin verificación de los antecedentes.
Las fuentes señalan que el ‘señor Ramírez' sería un ex funcionario del SII "que llegó a tener cargos de importancia en esa entidad". El personaje, de entre 50 y 55 años, estaría retirado hace al menos 10 años de la institución, pero que mantenía buenos contactos con jefes de las oficinas comunales y regionales.
‘El Curicó' tendría actualmente una oficina de asesoría tributaria en la VI Región, con negocios que van desde Rancagua a San Fernando y Curicó. De allí que exista preocupación por la detección de eventuales facturas falsas vinculadas a esta banda en empresas o sociedades de esa zona.Otro aspecto que interesa a los investigadores son los vínculos políticos de este sujeto, pues se cree que podría haber sido el nexo para colocar las facturas en los comandos de campaña de algunos candidatos. Hasta ahora, quienes habrían mantenido dichos contactos son el propio Juan Meyerholz y el empresario Sergio Ready, que acercó los documentos a la campaña de Lily Pérez. También el ‘señor Ramírez' tendría este tipo de vínculos.

Las Platas
La fiscal Nancy González ubica a Manuel Arancibia dentro de la plana gerencial de la asociación ilícita, pero el ex tinterillo de tribunales, en su breve intervención del viernes, sostuvo escuetamente que "yo sólo era un empleado". En su defensa se argumenta que Arancibia no aparece como un beneficiado económicamente en un negocio que generó pingües beneficios. Cercanos a la investigación sostienen que el dinero está escondido o insinúan que lo habría ocultado Meyerholz. Algo de su otra realidad la relata su pareja, Isabel Nancy Ramírez, quien estaba en casa de su hermana, en Quilicura, cuando Arancibia fue capturado, y que el mismo viernes reclamó a viva voz por los destrozos que los detectives causaron en el lugar."Desde hace muchos meses que Manuel no recibía ningún tipo de sueldo y nosotros estábamos muy mal", sostiene Isabel Ramírez, quien conoció a Arancibia como cliente habitual del Café Copacabana, un reducto tradicional de jueces, abogados y tinterillos ubicado en calle Bandera, detrás del Palacio de Tribunales. "Ahí lo conocí, él me sacó de ahí, nos pusimos a pololear y me pagó los estudios", dice. Ramírez, quien estudia tercer año de la carrera de Criminalística, asegura también que su pareja no recibía más dinero que el que le pagaba Meyerholz. Por eso, la policía investiga la existencia de bienes o cuentas en bancos de todas las personas mencionadas en la causa, aunque se desconoce si hasta ahora se ha encontrado evidencia del destino de los fondos que produjo por este lucrativo negocio ilícito.

14 de enero de 2007
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denuncian xenofobia en chile

mqh - 11 de enero de 2007 - 15:23 - chile

[Angélica Baeza Palavecino] El Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes (OCIM), denunció hoy nuevos casos de discriminación y xenofobia ocurridos en el último tiempo en el país.

El primero hecho denunciado se registró en febrero de 2005. El gobierno hizo entrega de 45 casas a familias de escasos recursos, sin suministro de agua potable. A la fecha, en la población Las Llosyas en Alto Ramírez, a 7 kilómetros de Arica, sólo quedan viviendo cuatro familias que dependen de un camión aljibe que semanalmente surte al estanque comunitario.
La única solución que les han dado a los pobladores es que cada familia pague 160 mil pesos en el comité de aguas o que como población agrupada cancelen cerca de 900 mil, es decir 20 mil pesos cada uno. La OMC rechaza categóricamente esta medida, ya que afirman que "todos los recursos necesarios son fiscales, por lo tanto de todos los chilenos".
Por otro lado, en noviembre pasado, cuatro adultos golpearon a una estudiante colombiana de 15 años, la que dejó de asistir a clases por miedo a ser nuevamente atacada. El motivo de la golpiza supuestamente serían constantes disputas entre la niña y una compañera de colegio que, mezclado con sentimientos xenófobos llevaron a los adultos a atacar a la joven colombiana.
Y por último, el 25 de diciembre un grupo de jóvenes chilenos luego de un altercado con peruanos prendieron fuego a su vivienda dejando cinco lesionados, tres de ellos de origen peruano.
A pesar de que estos hechos no se hicieron masivos, el OCIM tomará medidas legales y sociales para proteger a quienes han sido perjudicados y para que no se vuelvan a repetir.

11 de enero de 2007
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hijos del incesto

mqh - 08 de enero de 2007 - 18:42 - chile

[Leyla Ramírez] El drama de los hijos del incesto. Estudio del Cemera revela cómo están más expuestos a negligencia, maltrato y muerte.

Una tortura. Así viven su maternidad las adolescentes que quedan embarazadas producto de incesto. En su vientre no sólo crece su bebé. También el dolor y la ira contra el agresor. El rechazo suele desembocar en maltrato e incluso la muerte de su hijo, ya sea ésta intencional o por abandono extremo. La entrega en adopción aparece como la opción más recomendable.
Apenas tenía 16 años cuando se dio cuenta que su menstruación tardaba más de lo debido. Su corazón se estrujó. Quería morir. El miedo la hizo guardar silencio, pero pronto su vientre comenzó a abultarse. El embarazo era un hecho y no le quedó más remedio que contárselo al padre del bebé: su propio padre biológico.
Pamela (nombre ficticio) llevaba en su vientre el fruto de un incesto y la prueba de años de maltratos y abusos sexuales que comenzaron cuando apenas era una niña. El secreto que la obligaron a callar por años salía a la luz y de la forma más inesperada. Una verdadera bomba de racimo en medio de la apacible vida familiar.
La solución fue dolorosa, pero pragmática. El tema no saldría de las paredes hogareñas, se inventaría un padre ficticio para el bebé, la familia se haría cargo del nuevo integrante y se intentaría seguir adelante. Se pensó en la adopción, pero nunca se concretó. Hasta que parió una niña. Al principio todo el mundo se conmovió con su ternura y la familia pareció olvidar las trágicas circunstancias en que fue concebida. Pero Pamela no. Ella nunca olvidó. Con su agresor en casa y sin sanción, su rabia inevitablemente se concentró en su hija. La veía como un estorbo.
El resto del grupo familiar fue delegando el cuidado de la menor en Pamela a medida que la niña crecía y comenzaba a generar mayores responsabilidades. Su vida era un infierno. Pero la de su hija también. La niña, abandonada a su suerte, acostumbraba llorar en busca de la atención que no le otorgaban. Hasta que una tarde Pamela no la soportó más y la metió a la fuerza en un canasto lleno de ropa, puso la tapa sobre él y dejó a la pequeña ahí hasta que callara. A los minutos la niña efectivamente no lloró más. Pamela suspiró aliviaba. Su sola vocecita, su presencia, todo lo que tuviera que ver con la pequeña le era intolerable. No la fue a ver más. Hasta que horas más tarde se sabría por qué la niña, de tres años, permanecía en silencio: había muerto por asfixia.

Niños Víctimas
Electra González, asistente social del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia (Cemera) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, conoció el caso de Pamela, quien con un embarazo ya avanzado llegó a este centro para ser tratada. "Era una niña que venía del sur, en ella como en muchas otras niñas que han sufrido este tipo de situaciones el rechazo hacia sus hijos es muy fuerte. Acá suelen llegar cuando ya están con embarazos muy avanzados, por lo que trabajar con ellas el apego es difícil, aunque a veces se logra. Pero en la mayoría de los casos no quieren seguir con las terapias, porque lo único que quieren es olvidarse de esa etapa de sus vidas y sienten que venir acá sólo les recuerda lo que les pasó", cuenta.
Preocupada de estas niñas-madres, González se dedicó a realizar diversos estudios, a entrevistarse con ellas y a hacerles seguimiento. Más de una década en el área le han dejado en claro una cosa: los niños que nacen producto de violaciones y –peor aún- de relaciones incestuosas son mucho más propensos a ser maltratados, sufrir accidentes, enfermar más e incluso morir. "Muchas entregan sus bebés en adopción, pero en otros casos deben hacerse cargo un familiar, aunque claro también hubo algunas mujeres que asumieron la maternidad. También observamos que estos niños eran más propensos a los accidentes, muchos graves, conduciendo, incluso, a la muerte de los menores",
Según uno de sus trabajos, de 112 niños nacidos producto de una violación, el 4,3% (por incesto) y el 10% (por un desconocido), habían fallecido antes de cumplir los seis meses. La mayoría por negligencia o abandono extremo más que por infanticidio.

Rechazo Dura Años
El odio es una batalla cotidiana, que a las madres también daña, y contra el cuesta luchar. "Cuando nació José fue bien difícil, porque tenía mucho miedo, sentía que no lo quería, sentía mucha rabia contra él. Un sacerdote me ayudó y me dijo que mi hijo no tenía la culpa", dice una de las madres encuestadas por González.
Las cifras son aún más decidoras. Consultadas por el sentimiento que tenían hacia sus hijos un 88,1% de las chicas que fueron violadas por familiares cercanos dijeron sentir rechazo y un 11,9% dudas profundas sobre sus sentimientos. Cuando la violación la perpetró un desconocido, el rechazo al hijo baja a un 69%. "Nunca veo a mi hija, la tienen unos tíos. No me gusta pensar en ella, me da pena. Yo sé que no tuvo la culpa, pero la miro y me acuerdo y por eso se las pasé a mis tíos. Cuando la tuve chiquitita me daban ganas de pegarle y después me ponía a llorar por que me sentía mala".
En tanto, de 225 adolescentes víctimas de violación atendidas en el centro un 22,2% fue agredida por su padre, abuelo, hermano o tío, mientras un 18,2% por otro familiar.
La asistente social sostiene que -en términos generales- es más saludable para la madre y el niño que sea dado en adopción. "Por supuesto que hay excepciones, pero al conversar con estas mujeres ellas comentan, con mucho pesar que, si bien saben que el niño no tiene la culpa, sienten rabia, no desean cuidarlo, tampoco quieren amamantarlo y cuando han empezado una nueva vida, con otros hijos, les cuesta demostrarle cariño porque al verlo no pueden olvidar las circunstancias en que fue concebido", plantea.

Atrapadas por la Violencia
González dice que en sus investigaciones también pudo constatar que las adolescentes que habían sufrido violación intrafamiliar o extrafamiliar tenían antecedente de maltrato. "Lo más peligroso es que el círculo se repite, ya que muchas de estas jóvenes tienden a ser madres maltratadoras", comenta la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
En un grupo de 225 adolescentes embarazadas producto de una violación, un 59% de las chicas que habían sufrido incesto vivieron maltrato doméstico previo, mientras un 41% de las agredidas sexualmente por alguien extraño a su familia había vivido igual situación.

8 de enero de 2007
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tribunal popular para dictador

mqh - 07 de enero de 2007 - 01:17 - chile

Organizaciones de DDHH inician "juicio popular" contra Augusto Pinochet.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y organizaciones de derechos humanos, iniciaron hoy un "juicio popular" en contra del fallecido ex general Augusto Pinochet, a través de la campaña "Yo acuso, Chile acusa".
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Patricia Silva, hizo un llamado a no olvidar y aplicar "justicia popular" tras la muerte de Pinochet, el pasado 10 de diciembre, sin que fuera condenado por los tribunales.
En rueda de prensa, junto al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Giorgio Boccardo, Silva explicó que esta campaña está diseñada para que en un plazo de cuatro meses se constituya un tribunal con juristas nacionales e internacionales y se realice una condena por parte de la comunidad.
Dijo que "como no existe justicia en los tribunales, el conjunto de organizaciones sociales y personalidades aquí presentes inauguran hoy esta campaña: yo acuso, Chile acusa".
"Esta condena es por la vida de nuestros familiares, por las desapariciones, por la tortura, por el exilio, pero también por los tremendos crímenes económicos que se basan y se sustentan en la imposición del modelo neoliberal", puntualizó la dirigente.
Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Pinochet (19731990), en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.197 corresponden a detenidos desaparecidos.
Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en ese período al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio.
Por su parte, el presidente de la FECH, Giorgio Boccardo, hizo un llamado al sector estudiantil a reconstruir la memoria histórica del país para que sea "popular y democrático".
6 de enero de 2007
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garzón sobre pinochet

mqh - 03 de enero de 2007 - 18:18 - chile

[Ernesto Ezaizer]"Las víctimas de Pinochet se merecían una sentencia".

El pedido de captura internacional lanzado por el juez español Baltasar Garzón en 1998 fue un hito en los avances de la justicia global. En esta entrevista, Garzón habla sobre el legado Pinochet.
Baltasar Garzón (Jaén, 1955) se lo pensó no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces más antes de estampar su firma, sobre las tres de la tarde del 16 de octubre de 1998, a solas en su despacho de la Audiencia Nacional, en la orden de arresto internacional de Augusto Pinochet con destino a Londres. Uno de los sabuesos de extradición de Scotland Yard –el detective inspector Andrew Hewett– había convocado a su despacho a los enlaces españoles en la Embajada de España en Londres –el comisario Angel Fernández Cobos y el inspector Francisco López de Arenosa– para que transmitieran al entonces responsable de Interpol Madrid, comisario Mariano Rayón, su disposición a detener al ex dictador, que se recuperaba de una operación de hernia discal en la London Clinic, única manera de garantizar que el juez Garzón pudiera tomarle declaración, según había solicitado dos días antes. "En aquellos días yo no contaba con el respaldo que te da una declaración de competencia de la jurisdicción española sobre delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Había un riesgo a correr. Esa resolución, por fortuna, llegó el 30 de octubre de 1998 y sin ella Pinochet hubiese sido puesto en libertad tras 14 días de arresto', recordó en una entrevista con este diario.

Pinochet regresó a Chile en marzo de 2000, tras ser puesto en libertad por el ministro británico Jack Straw. La Justicia chilena ha investigado, pero en seis años no ha sido capaz de poner una sola sentencia en los más de 300 casos instruidos. ¿Por qué?
Siento mucho que no haya tenido lugar al menos una sentencia. Las víctimas, que tanto se movilizaron en Chile y en todo el mundo, lo merecían. Para mí debería ser una sentencia condenatoria. Probablemente, las trabas puestas por la defensa de Pinochet, por un lado, y posiciones divergentes en la Corte Suprema, por el otro, han provocado lentitud e ineficacia. No sé...

La supervivencia de la Ley de Amnistía de 1978, que protegía a Pinochet y sus colaboradores frente a los crímenes cometidos, ¿no le parece una razón poderosa? ¿Podía movilizarse una Justicia como la chilena sin impulso político?
La Ley de Amnistía ciertamente iba a afectar la decisión final, pero no debía necesariamente impedir la resolución judicial.

¿Pero no quitaba el conocimiento de esa decisión final el interés vital de los jueces a la hora de dictar sentencia? El juez Juan Guzmán, por ejemplo, pidió el retiro después de instruir uno de los casos más importantes, el de la Caravana de la Muerte. Y estaba claro que si él no escribía la sentencia nadie lo haría en su lugar.
No sé qué pasó con la Ley de Amnistía, por qué razón no se derogó. Pero en todo caso se podían hacer cosas. Algunas se hicieron, como el levantamiento del fuero de senador y el procesamiento de Pinochet. También es cierto que, habiendo regresado a Chile por una decisión política del ministro Straw en la cual se sostenía que el ex dictador no estaba en condiciones de salud mental para someterse a un juicio justo, la defensa de Pinochet utilizó a fondo ese argumento para dividir y dilatar las decisiones judiciales. Al final del día es cierto que no ha habido sentencia y el resultado para las víctimas ha sido negativo. En cambio, el procedimiento español ha procurado hacer justicia e incluso resarcir a las víctimas. Unas 20.000 personas se han registrado para cobrar en Chile parte de los ocho millones de dólares que desde aquí, y gracias a la tenacidad del abogado Joan Garcés, hemos logrado obtener del Banco Riggs, donde Pinochet mantenía sus fondos ocultos.

¿Tenía usted ambición de trazar una raya en la historia del derecho internacional, un antes y un después del caso Pinochet?
¿Quién podía tener alguna idea del impacto que tuvo aquella decisión? Nadie. Para mí no fue una decisión sencilla. Recordará usted que en aquel momento la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que presidía Siro García no se había pronunciado sobre la competencia de la jurisdicción española para los crímenes de genocidio, terrorismo y torturas. Eso ocurrió 14 días más tarde de que yo cursara la orden de arresto a Londres, el 30 de octubre de 1998. Si la sala no hubiera apoyado la competencia española en los casos de Argentina y Chile, las consecuencias hubiesen sido directas: el arresto de Pinochet hubiese sido declarado nulo y todo el procedimiento de extradición hubiera caído por su propio peso. Nunca será bastante subrayar la importancia del auto de la Sala de lo Penal. Fue un momento culminante. Luego han llegado otras resoluciones judiciales como la del Tribunal Constitucional sobre Guatemala, donde se da carta de naturaleza absoluta a nuestra competencia para investigar los citados crímenes internacionales. Y en el ámbito de la justicia mundial no digamos. Cuando ves los avances en Europa de la jurisdicción universal y te dicen que en Argentina la Corte Suprema anuló la ley de obediencia debida y punto final que protegía a aquellos que asesinaron, violaron e hicieron desaparecer a hombres, mujeres y niños, bueno es que uno siente que ha hecho lo que debía hacer.

El caso argentino ilustra una diferencia. El presidente chileno Ricardo Lagos declaró a este periódico en 2003 que lo había intentado, pero que no podría conseguir la anulación de la citada ley.
El proceso de la justicia global ha avanzado, pero al mismo tiempo sería ingenuo pensar que las fuerzas que se oponían a él se limitarían a contemplar esos avances.

En este avance, ¿cómo sitúa usted a Irak, un país cuya invasión ilegal usted denunció?
Los tribunales que funcionan en Irak son nacionales y reflejan la caótica situación de la guerra y la ocupación extranjera. La condena a muerte no me parece el mejor método para pacificar a un país que así lo está clamando a gritos. Hay que poner el cuidado en las garantías. Un tribunal penal internacional o mixto quizá hubiera sido el mejor camino.

La falta de garantías en el juicio contra Saddam Hussein ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos. La pregunta iba dirigida a ver qué relación puede tener el precedente Pinochet con la responsabilidad de aquellos que desencadenaron la guerra.
Quizá sea pronto para saberlo. Hay expectativas en Estados Unidos, por ejemplo, sobre cómo pueden evolucionar querellas contra personajes como el dimitido secretario de Defensa Donald Rumsfeld como la que acaba de presentarse en Alemania. Que la guerra de Irak es una guerra ilegal es algo de lo que duda muy poca gente.

Usted y el fiscal Carlos Castresana fueron condecorados por el Senado chileno en agosto al tiempo que recibieron también varios doctorados honoris causa. ¿Fue el reconocimiento definitivo ser bien acogido nada menos que en Chile?
Fue muy emocionante. Sobre todo recuerdo el cariño de los jóvenes chilenos en las calles y en las universidades.

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demonio muerto y sobreseído

mqh - 02 de enero de 2007 - 17:50 - chile

El criminal más feroz de la historia de Chile murió en diciembre y fue sobreseído por los tribunales de justicia.

Fueron ocho años en que sumó cientos de investigaciones, procesamientos, querellas, demandas y recursos, todos ahora se reducen a una simple palabra: sobreseído. Los tribunales que antes rechazaron escritos, hoy terminaron este ciclo sin poder concretar las aspiraciones de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, una condena. Ahora los jueces confían en agilizar sus pesquisas, cerrar procesos, y por fin sentenciar a quienes sobreviven al general (r).
Aunque los procesos siguen adelante con la muerte de Augusto Pinochet se cierra una era en los tribunales, la de las pesquisas en materias de derechos humanos, y se acerca a paso más firme la dictación de condena a los cientos de personas, ex uniformados en su mayoría, que aparecen involucrados en estos ilícitos.
Las casi trescientas querellas que conoció en su momento el ministro Juan Guzmán hoy se han convertido en procesos que en manos de no más de cinco jueces permitieron levantar presunciones fundadas de su participación en delitos y sólo eso.
Lamentablemente para la comunidad de derechos humanos, Pinochet dejó la historia como un mero inculpado y no como un responsable de delitos, dato no menor, aún así su muerte destraba más de una pesquisa y con ello las condenas aparecen cada vez más cerca, al punto que a mediados del 2007 podría haber una en algunos de las causas emblemáticas.
La incógnita que sigue adelante es qué sucederá con otros procesos que se tramitan en el extranjero como España, Francia, Italia y Alemania, en donde las legislaciones podrían permitir que las pesquisas se mantuvieran inalterables, incluso sentenciándolo.
Si primero fue el ministro Víctor Montiglio ( Caravana de la Muerte y Operación Colombo) y luego Juan González (subrogante en el caso Riggs) luego será el turno de Alejandro Solís (con permiso en la actualidad), quien deberá firmar el documento en que se constata el sobreseimiento parcial y definitivo de Pinochet por muerte en la causa de Villa Grimaldi.
Con esto se cierra el círculo que comenzó en enero de 1998 cuando la entonces presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín plasmó el primer escrito en que pedía que se investigara al ex dictador por la desaparición de personas. Desde ese minuto e impulsado de sobremanera por su detención en Londres, los procesos judiciales en Chile permitieron a los jueces hacer lo que antes no hicieron: aplicar justicia a favor de las víctimas de la represión.
A paso de tortuga avanzaron en su primera etapa estas investigaciones, pesquisas que de pronto tuvieron un vuelco con el primer desafuero (agosto del 2000), el primer procesamiento (diciembre del 2000), el primer interrogatorio, sus primeros exámenes médicos (enero de 2001), actividades que conmocionaban a los tribunales y los instalaban en el ojo del huracán.
Hoy los pasillos en cambio denotan que la calma se ha instalado ya no hay más maniobras dilatorias como denunciaban los querellantes acusando al equipo jurídico de Pinochet y por lo mismo sólo se encuentran los ex agentes de la DINA y la CNI algunos de los cuales ya son habitantes de los penales de Punta Peuco o del Regimiento de Telecomunicaciones.
Más aún gran parte de ellos, con el correr de los años, han optado por colaborar como sucedió por ejemplo en Operación Albania con tal de acceder a pequeños beneficios, valiosos para personas que enfrentan cargos de homicidio o aplicación de tormentos.
En la retina de estos mismos ex agentes o ex oficiales pesa y pesará con seguridad las constantes evasivas del ex dictador quien nunca admitió los horrores cometidos bajo su régimen y se limitó a decir simplemente que fueron "excesos", al punto incluso que en la controvertida entrevista que dio a canal de Miami sostuvo que era un "ángel" y se autoconsultó: "¿por qué tenía que pedir perdón?".
Si bien muchos esperan que con la muerte del ex dictador se acabe el pacto de silencio que por años se mantuvo entre los más fieles pinochetistas, no es menos cierto de que ya muchos han decidido colaborar y sólo confían en que sus sanciones sean suavizadas con fórmulas como la media prescripción que se impuso en el caso del homicidio de Tucapel Jiménez o bien de plano se liberen de responsabilidad a los bandos medios.

La Plata Sí Importa
Aunque fueron ocho años de pesquisas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por la DINA, CNI, SIFA, Comando Conjunto, por mencionar algunos, el verdadero golpe que sufrió Pinochet vino por la plata.
Las pesquisas que concluyeron en el hallazgo de su fortuna repartida por el mundo, en especial en el Riggs Bank de Estados Unidos, fue sin duda el mayor dolor de cabeza del ex uniformado, pues puso a su familia tras las rejas por algunos momentos y promete restar algo de su fortuna. En este caso las pesquisas impulsadas por el Servicio de Impuestos Internos, seguirán manteniéndolo n la noticia, así como a su clan altamente complicado en esta causa.
Con ello se cierra definitivamente un círculo en que Pinochet abandona por siempre su paso por la justicia.

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