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la revolución de la marinería


[Francisco Bañados Placencia] Balas sobre el puerto de Talcahuano en 1931.
Un episodio bizarro, casi al margen de los libros de historia, se vivió hace 75 años en la Base Naval de Talcahuano: la armada y el ejército se enfrentaron en una batalla fratricida, que pudo terminar en una tragedia de proporciones. Sobrevivientes de esa época relatan aquí los pormenores de una jornada que marcó el fin de una era para el puerto.
Las sirenas no paraban de sonar. A lo lejos se escuchaba el sonido inconfundible de las balas y, cada cierto tiempo, uno que otro cañonazo. Doña Rosario reunió a sus siete hijos en la cocina y dio una orden inapelable.
-Nadie se mueve de la casa. ¿Oyeron bien?
A los pocos minutos, entró don José Placencia, su marido, visiblemente preocupado, y confirmó lo que ya todos sospechaban.
-¡Llegaron los militares!
¿Qué podía significar esa frase, pronunciada en una casa al interior de la Base Naval de Talcahuano? Sólo lo peor: que Armada y Ejército se enfrentarían en una batalla de consecuencias imprevisibles.
Ricardo, de 16 años, el quinto de los hermanos Placencia, se sintió algo confundido. Su atención se posó entonces en el viejo diploma de su padre, en el cual el Comandante José María Bari, veterano héroe de la Guerra del Pacífico, lo reconocía como "segundo mejor alumno artillero de 1899". ¿Qué iba a pasar aquí? ¿Por qué diablos iban a enfrentarse militares y marinos, si juntos habían conseguido tantos triunfos heroicos para Chile?
Lo que no estaba en condiciones de comprender era que, ese 5 de septiembre de 1931, se viviría en el recinto naval de Talcahuano el desenlace de un pequeño párrafo en los libros de historia, pero con una gran implicancia para el puerto: el episodio conocido como ‘La Revolución de la Marinería'.

Génesis de la Insurrección
Por esos días, el país atravesaba por una grave crisis político-social que había desembocado, dos meses antes, en la caída del presidente Carlos Ibáñez del Campo. El gobierno había quedado momentáneamente en manos del presidente del Senado, Pedro Opaso Letelier y, pocas horas más tarde, del presidente de la Corte Suprema, Manuel Trucco.
Una de las primeras medidas del gobierno provisional fue intentar ordenar las finanzas públicas, a fin de hacer frente a los gastos más indispensables de la administración del estado. Para financiarlos, el ministro de Hacienda Pedro Blanquier anunció que se rebajarían los sueldos de todos los empleados fiscales, y eso incluía, por cierto, al personal de las Fuerzas Armadas. El anuncio fue percibido como una aberración por los afectados, considerando que sobrepasaba en un 35% la rebaja que ya había decretado Ibáñez, algunos meses antes.
Esta impopular medida generó una respuesta inmediata: la sublevación de los suboficiales de la Escuadra Nacional, que por esos días efectuaba su acostumbrada temporada invernal en la bahía de Tongoy, 15 millas al sur de Coquimbo.
Consigna el Libro de Oro de Talcahuano, escrito por Agustín Costa y Eduardo Moreno que, a las 16 horas del 31 de agosto, una comisión del personal subalterno del acorazado ‘Almirante Latorre' se entrevistó con el comodoro de la Escuadra, Alberto Hozvén, a fin de que éste hiciera llegar sus demandas al gobierno.
El alto oficial instó al comité a que depusieran su actitud de rebeldía, pero no tomó ninguna medida preventiva para detener el inicio de lo que en pocas horas se convertiría en un motín de enormes proporciones. El cronista Carlos Oliver explica que Hozvén "jamás imaginó que pudiera producirse un motín, y sólo pensó que las peticiones formuladas eran justas y que correspondían a una atendible aspiración sin faltar a la disciplina".
Pero se equivocó. En cuestión de horas toda la Escuadra de la Marina Nacional, compuesta de 11 naves y 5 mil hombres, se sumó a la revuelta. A bordo del acorazado ‘Almirante Latorre', el más grande y poderoso de la época, se constituyó un Comité Revolucionario.
El 1º de septiembre, el Comité ordenó apresar a todos los oficiales en sus camarotes. Acto seguido, envió un ultimátum al gobierno, dándole un plazo de 48 horas para dejar sin efecto la baja en las remuneraciones. La tercera medida fue ordenar que el destroyer Riveros y el acorazado Capitán Prat se trasladaran a Talcahuano, como una medida de presión.

Batalla de Mar y Tierra
Hoy, 75 años después y con 91 años a cuestas, don Ricardo Placencia recuerda con sorprendente nitidez los detalles de ese episodio -aislado y muy fuera de lo común, por cierto- que marcó sus recuerdos de adolescente en la Base Naval.
"El 5 de septiembre llegaron al puerto el ‘Capitán Prat' y el ‘Riveros'. Ahí los esperaban los amotinados de la Base, los obreros y los empleados de los Arsenales de Marina. En pocos minutos, la comuna ya se había puesto pintura de guerra, con barricadas de resistencia organizadas al toque de sirenas", relata.
Desde La Moneda llegó la orden a las autoridades locales, al Ejército y a la naciente Fuerza Aérea, de "proceder con la mayor energía para sofocar la rebelión". A las seis de la mañana, las fuerzas militares de Concepción -al mando del general Guillermo Novoa- ya se habían apoderado de la plaza de Talcahuano, sin ninguna resistencia. Pero al llegar a la Puerta de los Leones, en el acceso de la Base, se encontraron con la violenta respuesta de los rebeldes.
A las 10 de la mañana, una comisión de amotinados, encabezada por el capellán Presbítero Doconing, se entrevistó con el general Novoa y le pidió plazo para entregar pacíficamente el Apostadero Naval.
Ante la falta de novedades, los militares se hartaron de esperar y a las 3 de la tarde se precipitaron a los cerros, avanzando hacia el interior de la Base. "Nosotros vivíamos al lado del teatro de la Base, y desde ahí escuchábamos los disparos cruzados en la zona de las canchas", comenta don Ricardo.
En paralelo, dos baterías ligeras del grupo Silva Renard -al mando del capitán de navío Guillermo Nef- se dirigieron al fuerte El Morro, y desde ahí abrieron fuego de cañones contra el ‘Capitán Prat' y el ‘Riveros'. Este último recibió varios impactos, y terminó con la cubierta, la torre de mando y las calderas destrozadas. Pero antes de fondear en la Quiriquina, alcanzó a responder al fuego: uno de sus disparos cayó en pleno cerro David Fuentes, pero afortunadamente no dañó ninguna vivienda.

Bandera Blanca
Al siguiente amanecer, un hidroplano de la Fuerza Aérea advirtió a los sublevados que si no se rendían bombardearían la Base. Ricardo Placencia explica que, ante eso, no había mucho que pensar.
"Los amotinados sabían que podían resistir por mucho tiempo; tenían suficientes armas y conocían bien el terreno. Pero había un gran problema: en medio del fuego estaban sus propias familias, que vivían en la misma Base. Si no se rendían de seguro iba a haber muchas muertes de civiles, en la Base y en Talcahuano, y los marinos no estaban dispuestos a vivir con esa culpa en la conciencia", agrega.
A las 10 de la mañana, los marinos levantaron la bandera de la rendición. Don Ricardo recuerda que, ese mismo 6 de septiembre, los militares iniciaron un recorrido por todas las casas del Apostadero.
Relata: "Golpeaban las puertas y ordenaban: ‘Mujeres y niños se quedan en las casas, y los adultos vienen con nosotros'. Ahí se llevaron detenidos a mi hermano mayor y a mi papá, que era empleado civil y que había jubilado recién".
Cuenta que a todos los subieron a los carros de un tren, apiñados, y que de ahí se los llevaron al Regimiento Usares de Angol, donde estuvieron detenidos más de un mes. Su madre, doña Rosario, y su hermana Maruja, viajaron a verlos en varias oportunidades "Ese 18 de septiembre, fue el más triste de que se tenga memoria en Talcahuano", comenta don Ricardo.
Al historiador y escritor porteño Guillermo Silva, hoy de 83 años, también le detuvieron un hermano, que, asegura, fue uno de los comandantes de la rebelión. Comenta que, aunque las cifras oficiales hablan de pocos muertos (9 marinos y 12 militares), el daño que este episodio le produjo a Talcahuano fue muy grande.
"Creo que el puerto nunca se pudo recuperar del golpe a la autoestima. Pienso que ese hecho marca el fin del período de oro de Talcahuano, y que de ahí, empezaría a decaer".
Don Ricardo, en cambio, no está tan seguro de que ese 5 y 6 de septiembre hayan sido un punto de inflexión para la comuna. Pero sí tiene claro que ese capítulo marcó su adolescencia, tanto que tres cuartos de siglo más tarde lo sigue recordando como si lo hubiera vivido ayer. "Fue como ser parte de un pedacito de historia", confiesa.

1 de diciembre de 2006
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crecen conexiones a internet


Conexiones a Internet crecen 52,4% en Chile en tercer trimestre de 2006.
Santiago, Chile. Las conexiones de banda ancha a Internet durante el tercer trimestre aumentaron en 52,4% en Chile con respecto a igual período del año anterior, de acuerdo a la última versión del Barómetro Cisco de Banda Ancha elaborado por la empresa Cisco Systems, difundido este jueves en Santiago.
Al 30 de septiembre de 2006, las conexiones llegaron a las 985.015, señaló el informe, que agregó que estas podrían superar el millón al cierre de este año.
La penetración de conexiones en Chile es de 6,5 por cada 100 habitantes, el índice más alto de la región. En Argentina es de 3,2, en Brasil es de un 2,6, en Perú de un 1,5 y en Colombia de un 1,1, de acuerdo al estudio de Cisco.
Según el último censo de población del año 2002, el 14% del total de viviendas en el país tiene conexión a internet con tecnología de banda ancha.

1 de diciembre de 2006
©mi punto
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quema de libros en santiago


Manifestantes encapuchados queman 1.200 libros de la Universidad de Chile.
El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, se manifestó consternado este jueves por una manifestación de protesta que culminó con la quema de 1.200 libros de una biblioteca de esa casa de estudios.
"Esto recuerda la época más oscura de la historia de la humanidad y del país", dijo el académico, en alusión a las quemas de libros que efectuaron los militares durante los primeros días de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Los volúmenes fueron incinerados la noche del miércoles por 40 manifestantes encapuchados que encendieron fogatas en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que dejaron en el lugar impresos en los que exigían la liberación de indígenas mapuches procesados en el sur de Chile por ocupaciones de tierras y ataques incendiarios.
"Es parte de la cultura del país la que ha sido afectada", agregó el rector, al presentar una demanda en los tribunales para identificar y castigar a los responsables de la incineración.
Entre los volúmenes destruidos figuran colecciones que donaron a la Universidad el poeta Pablo Neruda -Premio Nobel de Literatura en 1971- y otros intelectuales chilenos.
La Sociedad de Escritores de Chile manifestó su estupor frente al atentado y repudió "la violencia fascista que se oculta tras consignas libertarias".
"La incineración de libros que afecta a la primera universidad de la República nos recuerda los negros momentos del golpe militar, cuando ardieron millones de ejemplares a lo largo de todo el territorio, mientras compatriotas nuestros eran asesinados y torturados", agregó la declaración de los escritores.

1 de diciembre de 2006
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alcalde pinochetista ampara a chacal


[Jorge Escalante] Emplazan a Labbé a exonerar a ‘Pete el Negro'.
Iván Fariña, hermano de la víctima más joven de la dictadura de Pinochet, Carlos Fariña, emplazó al ex agente de la DINA, coronel (R) y alcalde de Providencia, Cristián Labbé, a poner fin "al amparo" del funcionario de ese municipio de Enrique Sandoval Arancibia, alias ‘Pete el Negro', autor material confeso del asesinato del menor.
"Es inaceptable que todavía hoy el asesino de mi hermano, Enrique Sandoval Arancibia, continúe bajo el amparo y la protección del alcalde de Providencia Cristián Labbé", afirmó Iván Fariña a La Nación.
"Labbé declaró en diciembre de 2005 su apoyo personal y del municipio al ex agente Sandoval, cuando éste fue procesado como autor del crimen de mi hermano, y ahora que éste confesó el crimen Labbé está en silencio. Yo lo emplazo a que se pronuncie públicamente sobre la permanencia de este criminal en su municipio", agregó Iván Fariña.
Hoy familiares del niño Fariña se reúnen con el juez de la causa Jorge Zepeda, y preparan una cita con concejales de la Concertación de la Municipalidad de Providencia, con el objeto de que el Concejo Municipal fije una posición al respecto.
El ex agente Enrique Sandoval está procesado y acusado formalmente como el autor material del homicidio del menor cometido la madrugada del 14 de octubre de 1973, y como quien le prendió fuego a su cuerpo luego de que conscriptos lo rociaron con combustible. Luego sepultaron clandestinamente el cuerpo que fue hallado recién el 30 de junio de 2000 oculto en un sitio despoblado al poniente de Santiago.
En confesión ante el juez Zepeda, el ex agente quien tiene el cargo de "supervisor técnico de los contratos externos de la Dirección de Seguridad Vecinal" del municipio, reconoció el crimen pero culpó al ex comandante del regimiento Yungay.

1 de diciembre de 2006
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asesinos recuperan libertad


En insólita decisión, corte concede libertad a ex militares por caso Caravana de la Muerte.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió hoy la libertad provisional a los cuatro militares en retiro que fueron procesados por su presunta implicancia en episodios del llamado caso Caravana de la Muerte.
El tribunal de alzada capitalino, integrado por los ministros Haroldo Brito, Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Nelson Pozo, permitió que Hernán Núñez Manríquez, Oscar Haag Blaschke, Carlos Massouh Mehech y César Corvalán Palma accedieran al beneficio previo pago de 100.000 pesos como fianza. Los cuatro estuvieron recluidos en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.
Núñez Manríquez y Haag Blaschke, fueron encausados por Montiglio tras acreditarse su responsabilidad en las desapariciones de al menos 40 disidentes a la dictadura en las ciudades de Calama y Copiapó, en la zona norte del país.
En junio pasado, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó los procesamientos que dictó Montiglio en los episodios de Copiapó y Calama, resolviendo que las desapariciones de los opositores a la dictadura deben quedar configuradas como secuestros permanentes y no como homicidios calificados.
Así la sala revocó el dictamen del juez, quien a fines de marzo pasado, cambió la tipificación de los crímenes cometidos contra 16 víctimas en octubre de 1973.
Con este fallo quedó establecido que se continuarán las indagaciones por las desapariciones de las tres personas en la Tercera Región y de trece en la Segunda Región.
Además, se ordenó el procesamiento de los militares que participaron en la comitiva que recorrió distintas ciudades del país luego del 11 de septiembre de 1973.
En la nómina de ex uniformados involucrados en los episodios de Copiapó y Calama se encuentran Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Armando Fernández Larios, Juan Chiminelli, César Arredondo, Carlos Rojas Hidalgo, Emilio de la Mahotiere González y Luis Felipe Polanco.

Episodio Curicó
En tanto, Massouh Mehech y Corvalán Palma fueron encargados reos por su implicancia en el secuestro y posterior ejecución de dos ex agentes del Grupo de Amigos Personales (GAP) del derrocado Presidente Salvador Allende, Wagner Salinas y Francisco Lara, en hechos acontecido en octubre de 1973.
Este viernes la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago debe resolver si concede o no la libertad al ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Augusto Pinochet Ugarte, quien se encuentra bajo arresto domiciliario luego que Montiglio lo sometiera a proceso por su implicancia en el secuestro y posterior ejecución de Wagner Salinas y Francisco Lara.
También la sala deberá pronunciarse respecto a las excarcelaciones Luis Mena Sepúlveda, y Luis Ramírez Pineda, también encausados por el episodio Curicó.

1 de diciembre de 2006
©la tercera
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sicario sabe más de lo que dice


[Jorge Molina Sanhueza] Desaparición de cinco frentistas en 1987 fue obra de la CNI y la DINE. Así lo declaró el mayor (R) Álvaro Corbalán en un careo realizado en el penal de Punta Peuco.
El ministro Haroldo Brito enfrentó los dichos entre Corbalán y los oficiales (R) procesados Arturo Sanhueza, Krantz Bauer Donoso y Rodrigo Pérez. El primero desligó su responsabilidades en los jefes de la CNI y la DINA, Hugo Salas Wenzel y Hugo Prado (DINE), respectivamente.
Una reservada diligencia realizó ayer el ministro Haroldo Brito que sustancia el proceso por la desaparición de cinco frentistas en 1987.
El magistrado citó a tres ex agentes de la CNI al Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones y posteriormente se dirigió en un auto institucional hasta el penal de Punta Peuco. Se trataba de tres procesados por la muerte los militantes del FPMR, Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez y Krantz Bauer Donoso.
Una vez en el recinto y ante la sorpresa de los ex agentes, Brito llamó al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla para carearlos y determinar que sucedió con Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, una vez que fueron detenidos y entregados a este último.
De acuerdo con la versión obtenida por La Nación con una fuente cercana a la investigación, los tres ex militares mantuvieron sus dichos, en torno a que en 1987 detuvieron a los frentistas por una orden emanada de la justicia militar en el marco de la indagatoria que realizaba la CNI, por el secuestro del coronel Carlos Carreño. Hecho esto se los entregaron a Corbalán, perdiéndoles el rastro, debido a la compartimentación que existía en dicho servicio de inteligencia.

Tesis-rumor
La molestia entre los ex agentes cundió cuando Corbalán aseguró carecer de información al respecto. Señaló al ministro Brito que la coordinación para terminar con la vida de los cinco frentistas y su posterior lanzamiento al mar en el helicóptero de Pinochet, la hicieron los entonces jefes máximos de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), los generales (R) Hugo Salas Wenzel y Hugo Prado, respectivamente.
La diligencia, de acuerdo con la fuente consultada, logró establecer que Corbalán, en efecto sabe más de lo que asegura desconocer, toda vez que imputa a la DINE, la tesis que ha corrido desde los últimos dos años en el caso, en torno a que el secuestro de Carreño se habría tratado de una infiltración en el FPMR.

Los Procesados
Actualmente, están procesados por secuestro calificado los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza y Luis Santibáñez. En calidad de coautores Hugo Salas Wenzel y sus dos colaboradores, Álvaro Corbalán y Krantz Bauer. Les siguen por el mismo delito Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos. Como encubridores están los oficiales (R) del ejército Gonzalo Asenjo (quien se suicidó en octubre) y Rodrigo Pérez.

29 de noviembre de 2006
©la nación
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nuevo arresto por asesinato


[Carolina Valenzuela] Caso Caravana: Pinochet es procesado por episodio Curicó.
Santiago, Chile. Un nuevo procesamiento sumó hoy el general (r) Augusto Pinochet, luego que el ministro de fuero Víctor Montiglio lo encausara por los secuestros y homicidios de dos ex guardias del presidente Salvador Allende.
Se trata de Wagner Salinas y Francisco Lara, quienes fueron detenidos en Curicó el 30 de septiembre de 1973 y luego trasladados a Santiago, donde fueron ejecutados días después.
Aunque aún la resolución no es oficial, trascendió que el magistrado dictó detención domiciliaria para el ex gobernante, quien el sábado celebró su cumpleaños número 91.

27 de noviembre de 2006
©emol
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chacal pinochetista en providencia


[Jorge Escalante] La temible historia de ‘Pete el Negro', Enrique Sandoval, ‘supervisor' de la seguridad de Providencia.
El ex agente de la DINA y la CNI, en 1973 mató por la espalda al niño Carlos Fariña y quemó el cadáver de la víctima más joven de la dictadura. En 1979 comandó la ‘limpieza' de los cuerpos enterrados en cuesta Barriga para arrojarlos al mar. En 1981 mató al mirista Lisandro Sandoval. Hoy trabaja junto al coronel (R) Cristián Labbé, actual alcalde de Providencia, comuna segura.
En medio de la noche de octubre de 1973, iluminada sólo por los focos del camión, el niño miró al oficial y gritó que no quería morir. Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, ‘Pete el Negro', ordenó a dos soldados que lo pusieran de espalda, porque no lo quería mirar. El niño siguió pidiendo clemencia. El oficial levantó su pistola Steier y le dio cuatro tiros en la cabeza. Luego, un conscripto roció el cuerpo con combustible y el oficial del Regimiento Yungay encendió un fósforo y lo tiró encima. La llamarada alumbró los rostros de espanto de los dos soldados, que se taparon la cara para que el hedor de la carne abrasada no se les metiera como recuerdo imborrable en el alma. Pete permaneció imperturbable. Nadie dijo más. Cavaron rápido la sepultura clandestina en el sitio despoblado.
Con 14 años, Carlos Fariña Oyarce se convirtió en la víctima más joven de la dictadura de Pinochet. Consumida la gasolina y con la escena envuelta en la penumbra infernal de los faroles del vehículo, empujaron los restos humeantes a la improvisada tumba. La tierra que comenzó a tapar al niño no alcanzó a liberar a los soldados del espanto. Pete no se conmovió y permaneció duro en el mando. Limpiaron todo rastro y regresaron en silencio al Internado Barros Arana en Quinta Normal. Ese fue el lugar elegido donde se instalaron los efectivos de un destacamento del Yungay que provenía de la ciudad de San Felipe, en la V Región, al mando de su comandante, Donato López Almarza.
Convirtiendo las salas de clases en celdas de prisión y tortura para quienes iban cayendo en razzias callejeras y detenciones selectivas, allí instalaron su cuartel general horas después del golpe militar de 1973. Su misión en Santiago: reforzar el terror.
Con 24 años y el grado de teniente ‘Pete el Negro' –como le decían en el Ejército por su feo aspecto– estaba por esos días al mando de la Segunda Sección de la Primera Compañía del destacamento del Yungay. Pocos meses antes del golpe de estado viajó a la Escuela de las Américas en Panamá para aprender a reprimir con eficacia.
Su fiereza lo hizo escalar posiciones para trabajar en Villa Grimaldi comandando la Agrupación Cóndor de la Brigada Caupolicán, allanando y deteniendo gente al lado del grupo selecto de Miguel Krassnoff y el ‘Ronco' Marcelo Moren Brito.
Hoy, Sandoval Arancibia –procesado por el juez Jorge Zepeda con la acusación de matar y quemar al niño Fariña– es, paradojalmente, el supervisor de la seguridad de la comuna de Providencia, bajo el mando del también ex agente de la DINA coronel (R) y alcalde Cristián Labbé. La función de ‘Pete' es "la Inspección Técnica de los contratos externos de la Dirección de la Seguridad Vecinal".

Confesión Intencionada
Los restos del niño Fariña se hallaron casualmente el 30 de junio de 2000, tras una excavación en el sector de la avenida Américo Vespucio con San Pablo, al oeste de Santiago.
Hace una semana, Sandoval confesó finalmente el crimen del menor ante el ministro Zepeda. Aunque intentó encubrir el asesinato como un "fusilamiento por un pelotón" ante el cual "puse al menor de frente y di la orden de disparar", gracias a la colaboración de los doce conscriptos que esa noche comandó "Pete", en la investigación judicial se habria establecido que el crimen ocurrió como está relatado en esta crónica. Así, al menos lo certifica el auto de procesamiento y el documento de formalización de la acusación dictada en contra de Sandoval y López Almarza por el juez.
Pero la prueba más clara de que Fariña no murió como asegura Sandoval, es el protocolo de autopsia practicado a sus restos e incorporado al expediente, que indica que le dispararon por la espalda. En su confesión, ‘Pete' culpó a quien era su comandante, López Almarza, de ordenarle "eliminar y hacer desaparecer" al niño el mismo día de su detención en La Pincoya el 13 de octubre de 1973, durante un allanamiento masivo en búsqueda de "extremistas".

Operación Cuesta Barriga
Desaparecida la DINA a fines de 1977, ‘Pete' pasó a la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde se convirtió en uno de los preferidos de Álvaro Corbalán y llegó a comandar la Brigada Azul que persiguió al MIR. Allí operó con la chapa de ‘Roberto Hernán Fuenzalida Palma'.
Corrían los días de enero de 1979; poco antes –en noviembre de 1978–, los cuerpos de 15 campesinos fueron encontrados en una mina abandona de Lonquén, al sur de Santiago. Jerónimo Pantoja, al mando de la CNI en reemplazo de general Odlanier Mena, que estaba de vacaciones, ordenó a Pete: "¡Vuele la mina de cuesta Barriga. No queremos más problemas!".
Al cuartel general de la CNI llegó la información, aportada por un cazador de conejos, de la existencia de varios cuerpos humanos tirados en un pique de la mina. Sus perros dieron con los restos por el olfato. Según dichos judiciales de Sandoval, el cazador contó el hallazgo primero en la Vicaría de la Solidaridad y pidió dinero, "pero se demoraron mucho y llegué primero".
Primero pensaron en volar la mina, pero el explosivo necesario "provocaría un temblor grado tres" que sería registrado por los sismógrafos. Entonces, Pantoja le ordenó quemar los cuerpos con ácido, lo que rechazó por el peligro que implicaba para él y su gente.
‘Pete' llamó al general Mena a su casa de veraneo en Mehuín y le dijo que era urgente su retorno a Santiago. A las doce del día siguiente, al aeródromo de Tobalaba arribó el helicóptero de la CNI y Mena ordenó: "¡Saque los cuerpos y limpie la mina!".
Sandoval alias ‘Pete' cuenta que eligió diez agentes y partió a la cuesta con "cien sacos paperos" y los implementos necesarios. Trabajaron tres días y tres noches y llenaron "unos 50 a 80 sacos con restos humanos". Algunos estaban esqueletizados, "pocos todavía tenían tejidos, pero el olor era putrefacto".
En algunos de los sacos pusieron también restos de ropas. "Había que sacar todo lo que revelara la presencia de restos humanos", afirmó el agente en el proceso de cuesta Barriga. No pudo precisar la cantidad de cuerpos extraídos, pero sospecha que fueron más de 20, todos desarticulados.

A Malloco y Peldehue
Terminada la tarea improvisaron una gran escoba con ramas de arbustos y barrieron bien para no dejar rastros. Subieron los sacos a un camión y los disimularon con fardos de pasto que llevaron para ello. Encima rociaron avena "para minimizar el olor de la carga, por si nos topábamos con gente".
Según Sandoval, bajo las órdenes "del general Mena" llevaron los restos a la parcela expropiada al MIR en Malloco, donde pasaron la noche. A la mañana siguiente, muy temprano, partieron al campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, donde subieron los sacos a un helicóptero y los arrojaron al mar atados a rieles.
Para esta fase de la operación, ‘Pete' recuerda que "tomamos la ruta que lleva al santuario de Sor Teresita de los Andes".
Finiquitado todo, Sandoval Arancibia regresó a la mina y tiró cinco perros muertos al pique, "para justificar la presencia de huesos ahí, como había dicho el cazador a la Vicaría".
Dos años después, en agosto de 1981, siendo un capitán de la CNI y en compañía de "Juan Pablo Aguilera Espinoza", que resultó ser el agente Víctor Manuel Molina Astete, ‘El Choco', en la cercanía de la estación de Metro Ecuador, en Santiago, Pete mató a tiros al mirista Lisandro Sandoval Torres. El crimen lo confesó en el juicio, pero fue favorecido con el beneficio de la prescripción del delito.

Tres Muertes y un Sentimiento
¿Pero por qué debía morir el niño Fariña? ¿Cuál era el interés del comandante López Almarza para ordenar la muerte de un escolar de 14 años?
La Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones logró descifrar el misterio tras ubicar a los conscriptos que participaron en el allanamiento en La Pincoya, donde Fariña fue detenido, y quienes lo sacaron del Barros Arana comandados por Sandoval Arancibia.
De acuerdo a los antecedentes recabados, Carlos Fariña Oyarce habría muerto a causa de una venganza gatillada por una relación sentimental, y no por motivos políticos. A su muerte se logró vincular otros dos crímenes cometidos por efectivos militares, uno en las mismas horas del asesinato de Fariña, y el otro, días después.
Poco antes del golpe militar, jugando con un arma de fuego, Carlos Fariña hirió casualmente a un niño de seis años. Por ello fue internado en un hogar de menores, del que se fugó y se refugió en casa de su madre, Josefina Oyarce, en La Pincoya.
Estaba en cama con fiebre el día que el contingente del Yungay realizó la operación rastrillo y ordenaron que todos los hombres mayores salieran a una cancha cercana, para luego subirlos a unos buses.
Un oficial entró a la casa de los Fariña y obligó a la madre a entregarle a Carlos, en una acción selectiva. A su vez, "un oficial joven, de bigotes, que llevaba una boina negra y ejercía el mando sobre su grupo", según se estableció en el proceso, sustrajo de otra calle de la población a Víctor Iván Vidal Tejeda. El menor, de 16 años, tuvo el mismo destino que Fariña, pero su cuerpo fue entregado a la morgue en la madrugada del 14 de octubre de 1973.
Seis días después, en un sector de Américo Vespucio, apareció el cuerpo del artesano Ramón Zúñiga Sánchez, de 31 años, según la autopsia fallecido a raíz de impactos de balas de grueso calibre "efectuados desde larga distancia".

La Pista Clave
¿Qué unió las tres muertes? En declaraciones procesales de Leontina Díaz Huerta, madre del niño herido por Fariña, sostiene que el comandante del Regimiento Yungay, Donato López, entabló con ella una relación sentimental y que después del golpe militar la sacó de La Pincoya, instalándola en otra casa fuera del lugar, visitándola a veces.
El artesano Ramón Zúñiga Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado baleado, era el esposo de Leontina y a la vez el padre del niño herido por Fariña. Zúñiga Sánchez tenía a su vez otra relación paralela con una mujer, que resultó ser hermana mayor del adolescente de 16 años Víctor Vidal Tejeda.
De esta manera, la fina investigación policial logró determinar que las muertes de Carlos Fariña, Víctor Vidal y Ramón Zúñiga Sánchez están unidas por un vínculo sentimental.
En su confesión de la semana pasada ante el juez Zepeda, ‘Pete el Negro' sostiene que la noche que el comandante Donato López le ordenó matar a Fariña, le dijo: "Es un pato malo involucrado en delitos. Un peligro para la población. El otro día le disparó a un niño de seis años. ¡Mátelo y haga desaparecer su cuerpo!".
Tanto el actual ‘supervisor' de la seguridad de los vecinos de Providencia como López Almarza están procesados y acusados por el ministro Zepeda como autores del secuestro y homicidio calificado de Carlos Fariña, y arriesgan condena de prisión.
Lo que ahora queda por acreditar judicialmente, habiéndose logrado en forma policial, es el vínculo entre las muertes del niño Fariña y los otros dos pobladores.

26 de noviembre de 2006
©la nación
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