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desprotección en empleo infantil


[José Miguel Jaque] La muerte de Christopher Pérez dejó en evidencia cómo los menores están más expuestos a abusos y riesgos que los adultos cuando la pobreza los obliga al trabajo.
Christopher Pérez iba a cumplir 16 años mañana. Aún no tenía la edad que exige la ley para trabajar, pero llevaba más de dos semanas contratado por una constructora a cargo de un condominio en Puente Alto.
Para hacerlo necesitó autorización de su padre. Le dijo que quería dejar el colegio este año y retomarlo el próximo. Éste accedió, pese a que la ley estipula que no debía dejar de estudiar. Antes de recibir su primer sueldo, un brazo de la grúa retroexcavadora le cayó encima. "No se cumplió con todas las medidas de seguridad", apunta el fiscal de Puente Alto, Claudio Orellana. De hecho, la Seremi de Salud suspendió las faenas en el lugar hasta que la empresa no presente un plan de trabajo con las disposiciones de seguridad suficientes para evitar que se repitan este tipo de accidentes. Para Christopher, ya es tarde.
El Centro Comunitario Infanto-Juvenil de Pudahuel acoge a niños de esa comuna que llevan impregnada la pobreza. Muchos de ellos trabajan desde pequeños. Su directora, Karina Santana, les comentó sobre el caso de Christopher Pérez para que lo debatieran. Algunos sabían de él por la tele.
"Ellos tienen conciencia de dónde están situados y saben que no es lo ideal que trabajen", dice la asistente social. "Pero dicen que trabajan porque son pobres y porque tienen que asumir esa realidad que les tocó".
La mayoría de los niños sobre 12 años que asiste al centro ha tenido alguna experiencia laboral esporádica.
Tal como en el caso de Christopher Pérez, la seguridad no está certificada. "Ayer me decía un niño que a veces tiene que descansar porque le duele el corazón cuando carga mucho peso". Ésa es la realidad de Jairo, de 10 años, quien trabaja de cargador en la feria.
En este caso, Karina Santana dice que la medida de seguridad la asigna el propio niño. "Dice ‘esto me duele, entonces no lo hago'. En el caso de Christopher, uno se da cuenta que hay adultos responsables que no tomaron las medidas necesarias para que el niño no asumiera un riesgo que no corresponde para ningún ser humano".
Héctor Rojo, encargado del Programa Comunitario de Apoyo y Acogida a Niñas y Niños Trabajadores de la Vicaría para la Pastoral Social, dice que al desempeñarse en el ámbito informal, los menores están más expuestos. "Por eso trabajamos con ellos el tema del autocuidado. Si han asumido el hecho de trabajar, tienen que ver que ese trabajo no se transforme en una explotación o autoexplotación".
Para Rojo, la inseguridad laboral de los niños pasa más por la edad que la labor misma. "La edad los condiciona porque no debieran trabajar y están al margen de la ley. No están reconocidos como trabajadores".

16 de noviembre de 2006
©la nación
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el misterioso señor schell


[Magdalena Parada] Sigue danza del oro del ex dictador. Operador alemán tendría certificado de lingotes a nombre de Pinochet.
Ahora no serían 9,6 toneladas de oro, sino que 9.620. Es decir, 185 mil millones de dólares, cifra que triplica la fortuna de Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Pero no serían de Pinochet. Él sólo habría prestado su nombre... quizás a un gobernante amigo. Eso es lo que afirma el alemán Robert Schell, dueño de la empresa de seguridad que custodia los supuestos documentos originales. El viernes pasado estuvimos en su oficina, ubicada en un pequeño y tranquilo pueblo vecino a Bonn, la capital de la ex República Federal Alemana. Aquí, una pieza más de una historia delirante.
Desde el 2000, Schell Security GmbH ocupa dos pisos de lo que antes fue el Banco Central de la región de Renania Westfalia. "Nuestras instalaciones cumplen con todos los requisitos de seguridad del Banco Central de Alemania", dice su dueño, Robert Schell, mostrando las ventanas de su oficina con la mano, todas antibalas. Sobre el escritorio reposa una pistola. El ingreso de la oficina parece el de cualquier pequeña sucursal de banco. Una puerta blindada de vidrio que se abre sólo desde dentro. La sala de espera está separada de las oficinas por un mostrador, también de vidrio blindado, con esas aperturas por donde se pasan las cuentas y el cajero entrega dinero.
Robert Schell, 53 años, fundó Schell Security en 1979 con el objetivo de colaborar en temas de seguridad con las embajadas que entonces estaban instaladas en Bonn, la antigua capital de la Alemania Federal. Hoy, en uno de sus depósitos, posee un documento que él afirma ser la llave para llegar a más de nueve mil toneladas de oro. Una fortuna calculada en 185 mil millones de dólares, cifra que sobrepasa la suma de las reservas en divisas de los Banco Centrales de Chile, Argentina y Brasil juntos.
Detrás de su escritorio hay un mapa del mundo y tres estatuas grandes de cerámica china. En la oficina hay un gran acuario con peces tropicales y por el lugar corretea un scott terrier negro azabache que saluda amistoso.
El ayudante nos hace pasar a la sala de conferencias, donde a un costado se destaca una enorme máquina para hacer capuchinos.

¿Tiene siempre un arma sobre la mesa?
No. Generalmente la llevo conmigo.

¿Tiene muchos clientes peligrosos?
En este negocio siempre se corren riesgos. Es parte del paquete. Pero yo soy rápido para disparar...

 

(Lo interrumpen. Quieren verificar cómo se escribe el apellido de un cliente ruso).

¿Tiene muchos clientes rusos?
Sí. Tenemos incluso una oficina en Moscú, además de la de Zug, en Suiza, y otra en Palma de Mallorca, España.

Miro una copia de la entrevista que le dio esta semana a ‘La Segunda', donde afirma que nunca ha dicho que el famoso documento que acreditaría la existencia del oro en el HSBC le llegó en el 2004. "Lo tengo desde 1994", dijo. "Todavía no entiendo cómo es posible que nadie me llame de su gobierno o de la embajada de Chile aquí en Alemania".

Pero usted dijo que no podía mostrar nada hasta que le llegara una orden judicial.
Sí, pero podría haber dado información. Aquí, ninguna entidad oficial, ya sea el HSBC o el gobierno de Chile o el abogado de Pinochet, me ha llamado. Sólo he recibido llamadas de la prensa. Esto me llama mucho la atención. ¿Han verificado la firma de Pinochet? ¿Es o no es de él la firma? ¿Por qué hablan de 9,6 toneladas cuando se trata de 9.600?

¿Y a usted no le interesa saber por qué alguien tiene un documento que certifica la existencia de tanto dinero desde hace más de diez años en sus bóvedas? ¿Por qué Pinochet habría firmado documentos que acreditan que poseería una fortuna sideral, tres veces superior a la de Bill Gates?
Mire, antes los bancos tomaban nombres de gente que tenía buena posición. Quizás se trate de dos gobernantes que quisieron ayudarse entre ellos. Cuando firmó este papel, Pinochet era gobernante de Chile. Por lo mismo, el gobierno de Chile debería estar interesado en saber si la firma coincide o no. Que el HSBC diga que los papeles son falsos me parece una práctica común de algunos bancos. ¿Cómo cree que se enriquecieron los bancos suizos? Acuérdese de que se apropiaron de muchas cuentas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, para hablar de un caso conocido. Por no hablar de las cuentas de Mobutu y muchos otros.

Usted declaró esta semana a la prensa chilena que el Gobierno de Chile ha manipulado la información. ¿Cuál sería el propósito de esa manipulación?
Bueno, lograron imponer una imagen negativa de Pinochet. O quizás querían lograr otra cosa...

Documentos
Hablemos de los certificados. ¿No le llamó la atención la cantidad de faltas ortográficas en los documentos?
Mire documentos del UBS [banco suizo] y constatará que muchas veces los certificados que tratan oro tienen faltas de ortografía. Éstas son puestas ahí a propósito: son un método utilizado para verificar la autenticidad del documento en cuestión. No hay que pensar tan lógicamente cuando se trata de estas sumas. Si los documentos son falsos, ¿por qué no nos llama el HSBC y nos dice que tenemos papeles falsos? Nadie de la embajada ha venido. Nadie del Gobierno nos ha llamado. Para nosotros no sería un problema recibirlos y podrían verificar todo personalmente. Pinochet firmó este documento cuando era jefe de gobierno. Ojo, no estoy diciendo que se trate de su dinero. No lo es. Sólo puedo decir que Pinochet no es el dueño del oro.

¿Se trata de un estado? ¿De un ex gobernante?
Sí, podría ser de un estado. No le puedo decir. Usted tiene que entender que yo me debo a las leyes que resguardan el secreto entre el cliente y el banco.

Pero usted ha dicho que podría tratarse de un gobierno amigo de Pinochet. ¿Cómo lo sabe?
Bueno. Yo no dije exactamente eso.

Usted ha apuntado a la posibilidad de que se trate, por ejemplo, del ex dictador filipino Ferdinand Marcos, que en ese tiempo era amigo de Pinochet.
Mire, esas son posibilidades, pero no certezas. Posibilidades hay muchas. Lo que es cierto es que llegó un abogado australiano para entregarme el certificado a nombre de un cliente. Muchos de mis clientes me contactan a través de sus abogados. Entonces, yo compruebo que el abogado sea ciertamente un abogado, que los papeles estén en regla y que no se trate de un asunto criminal. Y eso es todo.

¿Se trataba de Kevin Shani? (el individuo que envió la documentación al broker de Los Ángeles Al Landry, ofreciendo la venta del oro al CCI Group).
No le puedo decir.

Usted, luego, ¿llamó al HSBC para certificar que el documento era auténtico?
No. Yo no llamé a ningún banco. Eso no me corresponde. Pero tengo muchos indicios de que se trata de un documento real.

¿Y qué pasa si no le pagan más por el depósito del documento? ¿El certificado pasaría a ser de su propiedad?
En Alemania existe el derecho al ‘pfand' [prenda o fianza]. Por ejemplo, si usted lleva un auto al mecánico y no paga la cuenta, el mecánico se puede quedar con el auto hasta que usted cancele. O vender el auto, quedarse con la suma debida y devolverle a usted el resto.

¿Cuánto cuesta depositar y certificar un documento de este tipo con Schell Security?
No se lo puedo decir.

Entonces, si quien le paga por mantener el documento deja de hacerlo, éste pasa a sus manos. ¿Usted podría ser multimillonario?
No lo sé. No lo he intentado. Podría hacerlo en cuanto dejaran de pagarme. Podría ir al banco y decir que tengo este documento por nueve mil toneladas de oro. El HSBC, como es normal, tendría que comprobar la autenticidad del documento, como se hace siempre cuando se trata de sumas tan altas. Y seguramente dirían que es falso, como ya lo hicieron. Y entonces tendría frente a mí una larga batalla legal.

Cuando usted recibió el documento, ¿no se preguntó quiénes podrían ser los dueños de ese oro? ¿No le pareció extraño tener que certificar un documento de ese valor astronómico?
Nuestro trabajo no es hacernos preguntas sobre lo que nos traen, sino ofrecer el servicio. Y de ahí cobrar una comisión.

¿Cómo se explica la aparición de la copia falsificada, la entregada por Al Landry en Estados Unidos?
Yo creo que este tratante de oro quería obtener dinero con su información. Él quería vender la información. Se trata de algún privado. No de la CIA o del FBI u otra agencia de inteligencia de algún gobierno. Ahora, no sé si el gobierno de Chile le pagó o no por esta información.

Pero la copia que entregó el señor Landry tiene el sello de su compañía, y usted dijo que era verídica.
Lo que dije es que la copia fue hecha del original, que incluye información del original. Pero no tiene el formato del original en el que se incluye la firma del señor Pinochet. Yo supongo que el gobierno de Chile puede verificar la firma de Pinochet. Hoy, todos dicen que se trata de una falsificación. Repito, la aparición de una firma no implica que se trate del dueño. Estos certificados son traspasables. Pinochet en ningún momento pudo haber tenido nueve mil toneladas de oro. En el gobierno de Chile debería haber gente que también pueda pensar lógicamente. Tienen todos los documentos y los medios para comprobar. ¿Cómo no pueden ver la diferencia entre nueve mil kilos y nueve mil toneladas?

¿Ha trabajado en el pasado para el gobierno de Chile o para el ejército de Chile?
La primera vez que hablé con un chileno fue cuando usted me llamó por teléfono hace tres semanas. No he trabajado para los militares chilenos. Yo llego a conclusiones a través de un análisis lógico. No he tenido que ver con el gobierno de Chile, ni tampoco con Pinochet. Soy totalmente neutral.

12 de noviembre de 2006
©la nación
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se reabre caso de jonathan moyle


Corte ordenó reabrir caso por misteriosa muerte de periodista Jonathan Moyle.
Luego de tres años, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la extraña muerte del periodista inglés especialista en temas de Defensa Jonathan Moyle, por su posible vinculación con tráfico de armas, según publicó el diario electrónico El Mostrador.
El caso había sido sobreseído juez Juan Carlos Urrutia del Quinto Juzgado del Crimen, por falta de antecedentes.
El fallo dudó de la versión que señala que Moyle (28) se habría suicidado en un acto de connotación sexual en su habitación del Hotel Carrera el 31 de marzo de 1990.
Pero los ministros estimaron que aún quedan muchas dudas sobre la muerte del periodista. Por ello dispuso que el tribunal de primera instancia practicara nuevas diligencias como interrogar a varios testigos, recopilar antecedentes extranjeros y efectuar una nueva pericia forense para determinar la real causa de la muerte.
Pero llama la atención que la Corte ordenara realizar al menos dos indagatorias para aclarar la posible vinculación entre la muerte de Moyle y el tráfico de armas que se habría realizado desde Chile a países del Golfo Pérsico como Irán e Irak, informó el medio digital.
Los jueces además calificaron la investigación anterior "incompleta" ya que no se cumplió con todas las diligencias necesarias para poder decretar el cierre del proceso.

10 de noviembre de 2006
©la nación
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procesan a contreras por secuestro


Manuel Contreras fue procesado por secuestro de mirista.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime proceso a Manuel Contreras y a otros dos miembros de la DINA por el secuestro calificado del médico veterinario y militante del MIR, Jorge Humberto D'Orival Briceño, quien fue detenido el 31 de octubre de 1974
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime, procesó a Manuel Contreras y a otros dos miembros de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como autores del delito de secuestro calificado del médico veterinario y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge Humberto D'Orival Briceño, acontecido el 31 de octubre de 1974.
El tribunal de alzada capitalino, que estuvo integrado por los ministros Jorge Dahm, Manuel Valderrama y el abogado integrante Luis Orlandini, resolvió dictar un nuevo encausamiento contra el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda; el brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchenko, y el suboficial (r) Basclay Zapata Reyes, por su responsabilidad en este crimen adscrito al episodio del centro clandestino de José Domingo Cañas.
El fallo señala que en el referido cuartel del la ex DINA, la víctima fue sometida a diversas formas de opresión y tortura, manteniéndolo privado de alimentos, agua o sueño, hacinado en recintos estrechos, donde se le sometía a diversas formas de violencia física, ocasionándoles lesiones.
El año 2005, esta misma sala, pero con otros integrantes había dejado sin efecto las encargatorias de reo contra los agentes de la policía secreta de la dictadura, a lo cual apeló el abogado querellante Hernán Quezada.
Por ello, los jueces de la Corte de Apelaciones fundamentan su sentencia en que el crimen descrito constituye el delito de secuestro previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 4° del Código Penal, "calificado por el tiempo en que se ha prolongado el ilícito, desde la fecha de su detención y encierro en contra de su voluntad, el 31 de octubre de 1974 hasta el momento presente, sin que haya sido posible determinar su paradero".
Además, deja establecido que atendidas las circunstancias y la época de comisión del ilícito, así como el hecho de que se acreditó la intervención de agentes del eEstado, organizados en entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia, "en un régimen calificado administrativamente como de excepción, e, inclusive, de guerra interna, cabe concluir que toda cuestión acerca de la eventual aplicación de normas sobre amnistía o, en su caso, sobre prescripción, ha de ser planteada y conocida una vez concluido el estadio procesal reinvestigación de los hechos, esto es, una vez iniciado el plenario".
El dictamen agregó que una prescripción de los hechos debe ser resuelta por la sentencia definitiva "con acopio de los antecedentes obtenidos en la investigación y de los allegados en la etapa de prueba aportada y discutida por las partes en este ultimo estadio; motivo por el cual, en opinión de estos jueces, no corresponde abocarse ahora al conocimiento y discusión del referido asunto".
En el proceso se logró establecer que Jorge Humberto D'Orival Briceño, fue arrestado en la comuna de San Miguel, por agentes del organismo represor de la dictadura que se movilizaban en dos camionetas. En uno de los vehículos era trasladado también Marcelo Salinas Eytel, actualmente detenido desaparecido, que fue internado en diferentes centros de detención, entre otros, en José Domingo Cañas y Cuatro Álamos.
De acuerdo al relato de personas que pasaron por el mencionado centro de reclusión, el joven mirista exhibía muestras evidentes de haber sido torturado, con hematomas en todo el cuerpo, y particularmente su cara y labios amoratados, con heridas en los pies y marcas de haber sido inyectado en sus brazos, totalmente deshidratado, sin comer desde el día de su detención.
El nombre del afectado figura en una lista difundida por la dictadura, de 59 chilenos, miembros del MIR, dados por muertos, heridos o evadidos en acciones guerrilleras con fuerzas policiales argentinas, acaecidas en la localidad de Salta, y publicada en el diario O'Día, de Curitiba, Brasil.
Esta nómina, unida a otra en la que figuran los nombres de 60 chilenos supuestamente muertos "por sus compañeros de lucha", en diversos países extranjeros (Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia), y publicada en la Revista ‘Lea' de Buenos Aires, se conoce como el caso de los 119 u Operación Colombo.

10 de noviembre de 2006
©la nación
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libertad provisional para la bestia


[Carolina Valenzuela] Corte concede libertad provisional a Pinochet en caso Villa Grimaldi.
Santiago, Chile. En una resolución unánime, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió conceder la libertad provisional al general (r) Augusto Pinochet en el marco del caso Villa Grimaldi.
El ex gobernante permanece detenido en su domicilio desde el lunes 30 de octubre pasado, cuando fue notificado del procesamiento por secuestro, torturas y homicidio que dictó en su contra el ministro de fuero Alejandro Solís.
En esa oportunidad la defensa de Pinochet solicitó que se le concediera la excarcelación, pero el magistrado lo rechazó por considerar que por la gravedad de los delitos el ex gobernante constituye un peligro para la sociedad.
Dicha resolución fue apelada por su defensa, razón por la cual la Cuarta Sala debió analizar el caso hoy.
Tras escuchar los alegatos de la defensa de Pinochet y de los querellantes, el Tribunal le concedió el beneficio previo pago de una fianza de 500 mil pesos.

8 de noviembre de 2006
©el mercurio
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mandó a matar a sacerdote


Por trece votos contra ocho la Corte de Apelaciones determinó desaforar al ex dictador por el conocimiento que tuvo de la detención y desaparición del religioso español.
Santiago, Chile. En una decisión categórica de trece votos contra ocho, el pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió dar curso al desafuero de Augusto Pinochet por la muerte del sacerdote español Antonio Llidó.
El tribunal resolvió de inmediato luego de escuchar desde primera hora de hoy los alegatos de las partes. La familia de Llidó fue representada religioso por los abogados Fabiola Letelier y Héctor Salazar mientras que Pinochet fue representado por el jurista Fernando Rabat.
En la audiencia los querellantes insistieron que existen presunciones fundadas del conocimiento que tuvo Pinochet de este ilícito.
A modo de ejemplo recordaron las palabras del obispo luterano Helmut Frenz quien dijo ante la justicia que en noviembre de 1974, junto a otros miembros del comité Pro Paz (entidad previa a la Vicaria de la Solidaridad) , se entrevistó con el entonces dictador y que éste habría afirmado que Llido no era un hombre de fe sino un comunista.
En la otra cara de la medalla, el abogado Rabat restó veracidad a este de declaraciones y sostuvo que jamás Pinochet tuvo antecedente alguno sobre el clérigo hispano.
La resolución del dictamen quedó en manos del ministro Carlos Cerda, quien plasmará el debate que hoy se produjo en la sesión.
Antonio Llidó Mengual tenía 38 años al momento de su detención acaecida el 24 de septiembre de 1974 y era miembro del Grupo Cristianos por el Socialismo, formados por laicos y religiosos en el gobierno de la Unidad Popular. Según organismos de derechos humanos su captura fue obra de la DINA que lo trasladó al recinto de José Domingo Cañas donde fue visto hasta mediados de octubre de ese mismo año, posteriormente estuvo –según consta en relatos de otros detenidos- en Tres Alamos desde donde desapareció probablemente el 25 de octubre.
Según recoge el sitio www.memoriaviva.com, existen testimonios que dan fe que fue cruelmente torturado y vejado por su condición de sacerdote.
La Corte Suprema deberá pronunciarse en última instancia de este desafuero para que luego el juez de la causa Jorge Zepeda determine si interroga a Pinochet y eventualmente lo procesa.

8 de noviembre de 2006
©la nación
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investigan nexo de dina con dignidad


[Andrés López Vergara] En la Jipol interrogaron a nexo DINA con la Colonia Dignidad. Comandante (R) Guy Neckelmann declaró ante juez Zepeda por muerte de Juan Maino.
El militar estuvo a cargo de la sede de la DINA en Parral y fue el encargado de los hostigamientos y seguimientos a los opositores de la dictadura militar en esa región.
El ministro en vista del caso Colonia Dignidad, Jorge Zepeda, interrogó ayer por seis horas al teniente coronel (R) Guy Neckelmann, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Parral, por su responsabilidad en el asesinato del militante del Mapu, Juan Maino Canales, ocurrido en mayo de 1976.
La diligencia se llevó a cabo en las dependencias de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Investigaciones (Jipol) con la intención de identificar la forma en que Neckelman trabajaba con los jerarcas del enclave alemán.
Esta indagatoria se enmarcaría en el pedido del gobierno alemán sobre estos antecedentes para juzgar dentro de sus fronteras al ex colaborador de Paul Schäfer, Albert Schreiber, quien está prófugo en tierras germanas.
Alemania decidió el mes pasado investigar al ex traductor del "tío permanente" para iniciar un proceso por los delitos de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. El magistrado ha trabajado intensamente durante estos días para cumplir con los requerimientos.

Nexos
A mediados de los setenta, la DINA ocupaba en Parral una casa ubicada en calle Carrera Pinto 262, cedida por Paul Schäfer, en donde se monitoreaba el accionar de personas contrarias a la dictadura militar gracias a la información entregadas por los colonos. Neckelmann hablaba perfecto alemán y cumplió algunas tareas financieras encargadas por Manuel Contreras mientras estuvo al mando de la unidad. Además tuvo entre sus funciones el hostigamiento a representantes de la Iglesia Católica de la región.
En sus dependencias vivían otros ex DINA como Rolf Wenderoth, Gómez Segovia, Augusto Deichler Guzmán y Nelson Luvvece Massera.
Desde comienzos de los años 90, la residencia fue ocupada como sede de la Asociación Nacional de Amigos de la Colonia Dignidad.
Durante un careo entre Manuel Contreras y Augusto Pinochet, salió a luz pública que Neckelmann fue uno de los encargados de incinerar los archivos del organismo represivo.

Caso Maino
Zepeda procesó en 2005 como autores del secuestro de Maino al ex jefe de la Dina, Manuel Contreras y a los ex uniformados Rolf Wenderoth, Carlos López Tapia, Osvaldo Pinchetti y Eugenio Fieldhouse, Paul Schäfer y en calidad de cómplice al doctor Hartmut Hopp.
Maino fue detenido por efectivos militares en mayo de 1976 y fue trasladado al centro de detención y tortura Villa Grimaldi, en donde se le perdió el rastro. Sin embargo, una citroneta usada en el operativo y otro automóvil del mismo modelo -que era de propiedad de Maino- fue la pista que vinculó la desaparición del fotógrafo con Colonia Dignidad.
Ambos vehículos fueron vistos en el recinto y, según diversos testimonios, los colonos los utilizaron en diversas ocasiones.

3 de noviembre de 2006
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anulado fallo de tribunal oral


[Carla Gallegos] Por octava vez Corte anuló fallo de tribunal oral de Puente Alto. Resolución sostiene que los jueces no se hicieron cargo de la prueba rendida, una vez más.
El criterio de los jueces de dicha comuna ha llevado al Ministerio Público a manifestar su preocupación por la idoneidad de los magistrados Alessandra Tubino, Colomba Guerrero y Gabriela Gómez.
Un nuevo fallo dictado por el tribunal oral en lo penal de Puente Alto y que involucra delitos sexuales, fue anulado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, bajo el argumento de que los jueces no se hicieron cargo de la prueba rendida por el Ministerio Público.
En votación unánime, los ministros Jorge Pizarro y María Stella Elgarrista y el abogado integrante Luis Labra acogieron el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía de Puente Alto, luego de estimar que el fallo vulnera disposiciones legales sobre la fundamentación de las sentencias.
El fiscal a cargo de la indagatoria, Guillermo Adasme, dijo que el 31 de octubre de 2005 Luis Rojas y Rodrigo Chávez, asaltaron a un hombre que resultó herido a bala.
Los antisociales, informados de que la víctima había denunciado el hecho, ubicaron su domicilio, donde además de robar, Chávez obligó a la esposa del dueño de casa a desnudarse e intentó violarla. Su cómplice, luego de increparlo, lo disuadió para que no concretara el ultraje.
En casos similares donde el aspecto sexual es parte del delito, el tribunal oral usó el mismo criterio, omitiendo los antecedentes en la sentencia. Por esta razón es que el fiscal jefe de Puente Alto, Pablo Sabaj, manifestó la semana pasada a La Nación su preocupación por las cifras crecientes de juicios anulados por la mala valoración de la prueba.
En respuesta, el defensor jefe de Puente Alto, Juan Pablo Moreno, aseguró que son los fiscales los que presentan pruebas de baja calidad y hacen débil uso de ella.

Consignación
Las dos situaciones se configuran como un robo con violencia y un robo con violación tentada.
Expuestos los antecedentes en el juicio, los magistrados Alessandra Tubino, Colomba Guerrero y Gabriela Gómez absolvieron a Chávez del primer ilícito sin explicar en el fallo los porqués de la decisión, omitiendo además pronunciarse sobre los antecedentes rendidos sobre el delito sexual.
Además, en ausencia de cualquier argumento, se recalificó el segundo delito de "robo con violación" a "robo con violencia".
Al respecto, la Corte de San Miguel resolvió anular el juicio no sin antes reparar en un criterio usado por la Corte Suprema.
"Si bien se ha facultado a los tribunales para apreciar la prueba con libertad [...] exige que para hacer esa valoración, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba con los cuales se dieren por probados cada uno de los hechos", sostiene el dictamen.
La Corte estimó también que el tribunal oral obvió injustificadamente indicar razones legales y doctrinarias para condenar o absolver a los acusados.

1 de noviembre de 2006
©la nación
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