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último secreto en asesinato de soria

mqh - 22 de agosto de 2006 - 02:44 - chile

[Jorge Molina Sanhueza] En 1993 ordenó a los agentes del Batallón de Inteligencia seguir a testigo confeso. El último secreto en crimen de Soria abre la puerta para condenar a brigadier (R) Lepe.

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.
El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército, brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.
Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante ‘La casa vieja' de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.
Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.

Búsqueda
La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.
Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.
Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.
Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.
"Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos ‘el Gitano', el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio", dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.
La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.
"Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín. Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él", sigue el relato judicial.
Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.
"En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante ‘La Casa Vieja', donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después", declaró Belmar Hoyos.

Hombre Invisible
Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. "... Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó", dijo a la policía.
Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.
"Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego".
Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.
"Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad", dijo.

Crimen Emblemático
El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.
El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.
La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo "destestuzaron", dijo Ríos San Martín, haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.
De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado a la justicia militar.
En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.
El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.
El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario ‘La Época', en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.
El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.

Sigue la Batalla
Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe psiquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense: inhabilitar al testigo clave.
Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.
La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del ejército y sin carrera en el poder judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.
Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.
Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: "El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró", declaró el policía.
Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía. El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.

Lo Que Siguió
La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.
Lepe siguió en el ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: "las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante sectores importantes de la ciudadanía".
Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda. Este último además envió una carta al diario ‘La Época', donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía "una personalidad anormal".
"Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones", declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.
Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que "para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos... ya que habiendo sido investigados por cinco jueces ... ninguno de ellos lo acusó... en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria".
En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.
Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla.

Ríos San Martín Reconoció Hechos al Juez y Lepe lo Negó
El ex agente José Remigio Ríos San Martín prestó declaración ante el ministro Madrid hace algunos meses. En la oportunidad reconoció los seguimientos del BIE, como también las reuniones con Lepe y Quilhot, en el restaurante de la comuna de Ñuñoa. En su testimonio, dijeron fuentes allegadas a la investigación, también aseguró haber recibido una camioneta como pago por su silencio. Los trámites de transferencia fueron realizados por su abogado, Sergio Miranda Carrington. A San Martín le siguió el propio Lepe, quien en una declaración ante el magistrado negó cualquier vínculo con los hechos, pese a las declaraciones de los agentes del BIE que le inculpan directamente. Por ahora, Madrid está buscando a los últimos miembros que le falta por interrogar y que pertenecieron a la Brigada Mulchén de la DINA, entre ellos el propio Quilhot, quien se encontraría en Punta Arenas, dijeron las fuentes consultadas. Una vez terminada esa fase, vendrán los autos de procesamiento.

"Suprema Debe Reabrir el Caso"
Carmen Soria, hija del diplomático español, manifestó ayer al ser consultada por este diario que debido a la aparición de estos nuevos antecedentes, la Corte Suprema debiera revocar la aplicación de la Ley de Amnistía decretada en el caso. "Si la Suprema hubieras sabido sobre estos hechos, quizás otro habría sido el criterio", dijo. En esa línea recordó que en España sigue abierto un juicio por parte del juez Baltasar Garzón, quien arriba al país este fin de mes, como también otro en Estados Unidos, quejándose de que el gobierno chileno no ha cumplido con el acuerdo de reparación económica que suscribió con la OEA y acusó a RN y la UDI de bloquear la iniciativa en el Senado. Los antecedentes hallados por el ministro Madrid, dijo Soria, "de seguro servirán para llevar adelante otros procesos que él tramita", como la muerte de Frei. Por último, Carmen Soria recordó que, con la declaraciones hechas por los agentes del BIE se confirmó que Lepe, sencillamente, "logró esconderse del brazo de la justicia, pero ésta última tarda pero llega".

21 de agosto de 2006
©la nación

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dos reportajes chilenos

mqh - 20 de agosto de 2006 - 15:03 - chile

1. Alcalde de Providencia era torturador. 2 Prostitutas extranjeras en Chile.

[Miguel Paz y Javier Rebolledo] Anatolio Zárate, el ex prisionero que inculpa al alcalde de Providencia. "Yo fui torturado por Labbé". Para el 11 de septiembre de 1973, el oficial de la marina mercante Anatolio Zárate se desempeñaba como presidente y jefe de flota de la estatizada pesquera Arauco en San Antonio. Como tal, representaba al presidente Salvador Allende en el directorio de la empresa. Además, Zárate era militante del Partido Socialista, hijo de un connotado ginecólogo y amigo personal de Allende. Su hermano era ahijado del presidente. Motivos suficientes para encabezar la lista de los más buscados en el puerto.
El día del golpe de estado fue detenido en su casa de calle Luis Alberto Araya de San Antonio por un oficial de reserva del ejército y un grupo de conscriptos. Los militares allanaron la residencia, lo interrogaron por casi dos horas y le comunicaron que estaba bajo arresto domiciliario. Nueve días después, el 20 de septiembre de 1973, fue enviado al Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, donde permaneció detenido hasta el 30 de octubre, acusado –al igual que muchos- de participar en el falso Plan Z.
En ese recinto comenzó su calvario. En diciembre de 2004, Zárate prestó declaración ante el juez Alejandro Solís en el marco de la investigación por la querella presentada por las víctimas de Tejas Verdes.
"Al llegar al regimiento me tuvieron con la frente apoyada en un muro, las manos atadas a la espalda y las piernas separadas desde las diez de la mañana hasta las siete y media de la tarde, aproximadamente. Después (...) me llevan al campamento de prisioneros, lugar donde permanezco 15 días a la intemperie, durmiendo al aire libre".
Días después hicieron dormir a los prisioneros en mediaguas construidas por ellos mismos. En ese período, Zárate asegura haber visto al regidor y presidente de la CUT de San Antonio, Luis Norambuena, y Ceferino Santis, dirigente del PS de la ciudad, que actualmente figuran como detenidos desaparecidos.
En la declaración de 2004 que dio Zárate, uno de los últimos en ser llamado a testificar ante Solís, relata los vejámenes que escuchó y los apremios a que fue sometido: "Nos hacían esperar debajo de la sala de torturas, donde escuchábamos los gritos de los torturados, los gritos de las mujeres que pedían que no las violaran. En la sala de tortura me aplicaban electricidad, sufrí colgamientos, golpes de pies y manos y el submarino de excremento".
También nombró a otros ex detenidos de San Antonio, entre ellos Ana Becerra, Mariela Bacciarini y Luis Sepúlveda. Además, Zárate declaró ante Solís que en su último interrogatorio logró ver a "un teniente que era uno de los principales torturadores; era alto, macizo, rubio, pecoso, pelo liso, muy salvaje y sé que se llamaba teniente Labbé, no sé su nombre de pila".
Al año siguiente el ex presidente de Pesquera Arauco se querelló contra Cristián Labbé, Manuel Contreras y otros militares. En dicha presentación detalló que cuando hablaba del "teniente Labbé" se refería a Cristián Labbé Galilea.
El sumario de Tejas Verdes aun permanece abierto. Hay varios procesados, entre ellos el mayor (R) de ejército Mario Jara Seguel, el ex prefecto de Investigaciones Nelson Patricio Valdés y el doctor Vittorio Orvietto Teplizky, identificados por Zárate como las personas que lo torturaron.
Sin embargo, el juez de la causa no ha estimado pieza suficiente de convicción la declaración de Zarate de 2004 para procesar, hasta la fecha, al alcalde de Providencia. Fuentes cercanas a tribunales aseguran que Solís no ha seguido con esa línea investigativa puesto que los abogados querellantes hasta ahora no habían entregado nuevos antecedentes ni solicitado otras diligencias.

"Era Él"
El viernes pasado la abogada de Anatolio Zárate, Alejandra Arriaza, entregó al tribunal una declaración jurada de su cliente, agregando antecedentes que sindicarían al coronel (R) Cristián Labbé Galilea como uno de los presentes mientras lo torturaban.
"Nos parece fundamental que se determine la responsabilidad de Labbé ya que hay más de un testigo que reconoce haberlo visto en Tejas Verdes. La motivación del señor Zárate para entregar este nuevo testimonio judicial es la búsqueda de la verdad y ratificar sus dichos para que se acelere la investigación de su querella", dice Arriaza.
Anatolio Zárate vive en un departamento ubicado en Providencia, muy cerca del municipio que dirige Labbé. Hoy asegura que en una de las sesiones de tortura a las que fue sometido lo reconoció claramente: "Era el teniente Labbé que hoy es la misma persona que es el alcalde (...) Yo fui torturado por Labbé. Desde el momento que él estaba en la sala de tortura, independiente si ponía o no la corriente, él participó". Cuenta que en dicha ocasión lo tenían con las manos amarradas tras la espalda, colgando de una cuerda en la posición de tortura conocida como "la palomita". Se encontraba en el subterráneo de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Señala que le aplicaron golpes de electricidad: "Me ponían corriente alternada en los pezones, en el ano, en los testículos. Uno se movía mucho o sentía que se movía mucho. Cuando a uno le ponen corriente uno siente que es una llamarada que le sale desde dentro de la cabeza".
A continuación relata que después de desnudarlo le habían colocado una gruesa capucha que no dejaba entrar ni siquiera la luz eléctrica de la habitación ni le permitía respirar. El interrogador se dio cuenta que estaba en malas condiciones. "Llamó al doctor y éste me auscultó. El facultativo le ordenó a una enfermera que me soltara la capucha porque me estaba asfixiando. Ahí sentí que me entró más aire", dice a LND.
En su nuevo testimonio judicial agrega que escuchaba a sus torturadores murmurar, excepto cuando le hacían preguntas: "Sólo las preguntas claras, como dónde está el arma o qué hiciste, eran fuertes".
Los golpes de corriente se sucedían vertiginosamente. Su cuerpo se contorneaba hasta que la cuerda que lo sostenía se cortó y Zárate cayó de bruces al piso. "Instintivamente di vuelta la cara y veo al doctor [Vittorio] Orvietto y a una enfermera rubia de la Cruz Roja. Entonces doy vuelta la cara hacia el otro lado y veo al capitán Mario Jara, al teniente Cristián Labbé y a [Nelson Patricio] Valdés [de la Policía de Investigaciones]. Estaban mirando así, como que no les importaba nada que yo me hubiera golpeado brutalmente contra el suelo. Entonces viene un tipo de atrás que no supe quién fue y, ¡tap!, me dio un tacazo en la columna. Ahí me quebraron una vértebra. Después del golpe en la espalda me volvieron a colgar y siguieron las torturas", se lee en la declaración jurada
El dolor fue insoportable y la fractura marcó su destino. Debido a la gravedad de las lesiones, el 30 de octubre de 1973 fue enviado al hospital de San Antonio, donde llegó con peligro de muerte. "Pese a que la ficha clínica dice que fui trasladado al Hospital San Juan de Dios, una completa mentira", añade a LND visiblemente afectado por los recuerdos.
Nunca más volvió a pisar Tejas Verdes. Hasta esta semana, cuando lo acompañamos a ese lugar donde se enfrentó con su pasado.

Reencuentro
Lo esperaban algunos de sus ex compañeros en el campo de concentración de Tejas Verdes. No se veían desde esos ingratos días. "Tengo sentimientos encontrados", dijo Zárate momentos antes de bajar del automóvil y encontrarse con los integrantes del Comité de Derechos Humanos de San Antonio. Luis Sepúlveda, presidente del organismo, lo reconoció de inmediato. Se dieron un fuerte abrazo. Un poco más atrás estaba Ana Becerra, detenida cuando tenía sólo 17 años. A Anatolio le costó reconocerla: ahora ella tiene algunos años más.
"Soy Ana Becerra", le dice.
"Mi padre me contó que la había traído al mundo a ella y a sus hermanos", responde Zárate mientras la abraza.
Aparece un tercer ex detenido. Se trata de Luis Barrera. En una ocasión se encontraron en la enfermería de la Cárcel Pública de San Antonio.
Según Zárate, ahí fue derivado tras la fractura de su columna. Los constantes traslados se debieron a que, a los pocos días de ser internado en San Antonio, llegaron médicos de la ONU. "Los doctores se fueron satisfechos, ya que comprobaron mi estado de salud. Pero a mí de inmediato me trasladaron a la Cárcel Pública de Santiago, donde me mantuvieron escondido durante mucho tiempo".
Mientras los ex detenidos están parados sobre el puente que da al campo de concentración, los recuerdos comienzan a aflorar. "Ahí estaban las mediaguas, y los baños, allá", comentan en el preciso instante que un grupo de conscriptos realiza ejercicios de guerra en el recinto.
Más tarde, el grupo visitó el Cuartel Rocas de Santo Domingo, ubicado a pocos kilómetros y desde donde desaparecieron decenas de presos políticos. Es el único lugar que Cristián Labbé reconoce haber pisado.

La Versión del Alcalde
En varias ocasiones, Cristián Labbé ha declarado por el caso Tejas Verdes. En su declaración del 22 de diciembre de 2003 ante Solís negó haber estado allí. El 2005 fue llamado a declarar nuevamente. Reiteró que nunca visitó el centro de detención.
Este medio accedió al testimonio de Raúl Humberto Quilodrán Alcayaga, prisionero en Tejas Verdes y querellante en la misma causa que sustancia Alejandro Solís, que lo contradice. En su declaración del 14 de enero de 2005 señala: "El 11 de Enero [de 1974] nos sacan de la celda y nos forman en el patio y un señor con voz enérgica nos dice: ‘Por órdenes superiores, a contar de este momento quedarán en libre plática', y ordena que nos saquen la venda. Es así como los soldados nos quitan la venda y logro ver que la persona que se dirigió a nosotros era Manuel Contreras Sepúlveda y al lado de él, para ser más exacto, al lado izquierdo de Contreras, se encontraba Cristián Labbé y varios funcionarios más, todos vestían uniformes. De eso estoy seguro porque son rostros inolvidables para mí por la situación que estaba viviendo".
Aunque han transcurrido más de tres décadas de ese capítulo, Quilodrán recuerda el hecho como si fuera hoy. Consultado por este medio recordó que el encuentro con Labbé relatado en su declaración tuvo sentido años más tarde un día frente a la televisión: "Estaba en una campaña política y al verlo no me cupo duda. Estaba un poco más viejo, pero sus facciones, como el lunar en la cara, son inconfundibles. Estoy seguro que la persona que vi es el actual alcalde de Providencia, el señor Cristián Labbé, que estaba al lado de Contreras. En Tejas Verdes los dos parecían muy cercanos. No portaban las armas. Dos soldados rasos a su lado eran los que se encargaban de eso".

En las Rocas
En su declaración por el caso Tejas Verdes del 22 de diciembre de 2003, Labbé señaló que estuvo en el Cuartel Rocas de Santo Domingo para hacer clases de educación física. "Pero sólo permanecí dos o tres días (...) Luego de este período fui nuevamente enviado a Santiago, para hacerme cargo de la seguridad del presidente Pinochet".
Su aseveración es retrucada por Samuel Fuenzalida Devia, ex agente de la DINA y uno de sus "alumnos" en Santo Domingo. Fuenzalida ha sido uno de los principales testigos en causas que comprometen a la organización que dirigía el general (R) Manuel Contreras. En octubre de 1976 huyó a Francia, desde donde comenzó a colaborar con la justicia. Afirma que los dichos de Labbé no son verídicos. "Él estuvo bastante tiempo más [en Rocas de Santo Domingo]. Éramos cerca de 600 alumnos de la DINA. Mi instrucción fue en diciembre de 1973 y duró unas tres semanas".
Fuenzalida dice que el trabajo de Labbé no se limitaba a las clases de educación física. Algo negado por el alcalde cuando fue careado con él. "El curso que me dictó era de inteligencia: cómo registrar, cómo seguir y reducir a una persona. En este trabajo funcionaba de la mano y coordinado con Miguel Krassnoff e Ingrid Olderock. Todos usaban el mismo manual que presentó Krassnoff en su defensa", dice Fuenzalida.
Se refiere a la argumentación del abogado de Krassnoff, Luis Valentín Ferrada, cuando presentó en 2004 estos manuales ante la justicia para probar que su cliente recibía órdenes del Ejército y que las torturas no fueron excesos individuales, sino una política de Estado. Ferrada entregó 19 documentos originales y mostró varios dibujos que explicitan el trato a los prisioneros y técnicas de tortura.
Fuenzalida recuerda que algunos de sus compañeros de generación en Rocas de Santo Domingo, durante diciembre de 1973, fueron Basclay Zapata, Luis Torres Méndez, Luis Pampillioni, Luis Escobar, Raúl Toro Montes, Luis Espinace y Luis Gordillo, todos agentes de la DINA, que después fueron destinados a centros de tortura como La Venda Sexy, Londres 38 y Villa Grimaldi. Algunos de ellos se hicieron célebres por el nivel de crueldad que alcanzaron.
"Labbé visitaba constantemente los centros de la DINA durante 1974", dice Fuenzalida. "Lo vi en Marcoleta 90, el cuartel general, en Villa Grimaldi y en Londres 38". No lo vio entrar a sesiones de tortura debido a que generalmente él estaba en la puerta. Agrega que Labbé pasaba directamente a las oficinas de las autoridades de cada uno de esos lugares.
Otro ex agente de la DINA, a condición de resguardar su identidad, afirma que recibió instrucción de Labbé y que éste permaneció al menos entre uno y dos meses en Rocas de Santo Domingo. En su caso, las clases fueron sólo de educación física.

Casa de Verano
Después de tantos años, el lugar donde Krassnoff y Labbé hicieron clases parece abandonado. El grupo de ex detenidos está expectante. Desde afuera se ve el conjunto de cabañas "A" que antes del golpe servía de centro de veraneo para los trabajadores de la CUT. Más tarde se transformó en uno de los más cruentos centros de tortura de Chile. El recinto sigue perteneciendo al Ejército y hasta hace dos años era utilizado como lugar de esparcimiento para el personal castrense. Dos de las integrantes de la agrupación que acompañan a Zárate en su visita al lugar, Ana Becerra y Teresa Soto, fueron torturadas ahí. "Pídeme que te hable de las torturas de Tejas Verdes, pero no en las Rocas de Santo Domingo. Es demasiado duro", dice Becerra.
Las puertas de las cabañas están abiertas. Ana y Teresa se cuelan hacia el interior. Antes de ingresar, Ana dice: "Recuerdo que aquí estaban los camarotes". Y ahí están todavía. Se acuesta sobre una cama. Le parece estar sobre el mismo somier. Lo recuerda bien porque durante un mes estuvo casi siempre tendida ahí. Teresa se sienta en una silla. Por la altura y ancho del respaldo, la siente como su silla de tortura. Extrañamente, tiene un hermoso tallado del rostro de Cristo.

20 de agosto de 2006
©la nación

sexo transnacional

[Felipe Saleh] El continente ve a Chile como la tierra de las oportunidades. Muchas mujeres traen el cuerpo como capital. Algunas trabajan en schoperías nortinas. Otras se suman a las cartas de saunas y clubes nocturnos.

Las dos son nuevas en el negocio. Así lo asegura Cassandra, dando la sensación de que su experiencia ha sido una fiesta interminable. Paloma jura lo mismo, pero agacha la cabeza y no mira a la cara. La primera es ecuatoriana y la segunda colombiana, y antes de trabajar en la noche lo hacían en un mall. Cassandra en un shoping de Guayaquil y Paloma en una tienda de Almacenes París, adonde llegó desde Buenaventura.
Según datos extraoficiales de la Gobernación Provincial de Iquique, a diario cruzan hacia Chile unas seis mujeres de raza negra. Habitualmente, por los pasos de Chacalluta y Colchane, en la I Región.
Paloma, estuvo unos meses en el norte, donde "me sentí discriminada y porque todos creen que las negras somos prostitutas", dice. Compró pasajes a Santiago. Consiguió trabajo en la multitienda. Al año tuvo un hijo con un compañero de la sección para caballeros, al que ya no ve. Se encontró con el Chile real, donde su sueldo de 150 mil pesos le alcanzaba para enviar a su familia –donde lo multiplican por cuatro–, pero no para mantener al niño.
En cambio, es fácil entender la felicidad sin contrapeso de Cassandra. Llegó "hace unas semanas" pero ya conoce Valle Nevado y Viña del Mar. "Quedé impresionada con el brillo de la nieve", comenta. Trabajará hasta diciembre en el Platinum, un búnker emplazado en el subterráneo del centro comercial Plaza Lo Castillo. El club se preocupa de arrendar un departamento para ella en El Golf. Dice ganar unos dos millones de pesos mensuales.

Otras Compañeritas
Paloma vive en un departamento de dos dormitorios en el barrio Yungay. Trabaja "hace tres semanas" en un conocido sauna de la Alameda, cerca de plaza Italia, donde las paredes son tabiques de internit y el pasillo no tiene alfombra roja. Tampoco hay un ascensor hacia el subterráneo por el que bajan los clientes de Platinum, escoltados por guardias de traje negro y una "muela" en el oído. Aquí, la escolta es el par de jóvenes que enganchan público en la calle ofreciendo mujeres y cocaína. Acá, Paloma es "la negra". Se puede estar con ella por 20 mil pesos la hora. El color de su piel es una ventaja que le permite obtener unos 650 mil pesos al mes.
Después de las fiestas de fin de año, Cassandra viajará a Guayaquil para traer a "otras compañeritas", dispuestas a tener una hora de sexo por 150 mil pesos, y ser parte del "mejor club de Latinoamérica". Así lo asegura el administrador de Platinum, Rubén Gottelli. Él es odontólogo de profesión, pero le "apasiona" su actual trabajo. "Es problema de ellas lo que hagan fuera, a nosotros nos interesa que la chica saque harto trago", explica el tránsfuga dentista. Cualquier brebaje, igual que la entrada, vale 18 mil pesos. El encargado afirma que "el 80% de las chicas son chilenas, aunque las más exuberantes son las extranjeras". Pero la evidencia demuestra lo contrario. De cinco que se acercan, tres son foráneas: República Dominicana, Ecuador y Argentina, en ese orden. Dos compatriotas ofrecen irse con el cliente por el precio de una. "Estamos baratitas", dicen picaronas. Quizás porque no tienen deuda de bisturí, como Cassandra, que tiene dos globos imposibles de obviar. Según Gotelli, las nacionales no asisten a las charlas de cirugía plástica que "in situ" les brinda una clínica que ofrece precios especiales. Pero como todas, las criollas sí aprovechan los convenios para solárium, peluquería y tratamiento dental.
Paloma necesitaría un tratamiento de ortodoncia. Igual, su busto es grande pero no a partir de silicona, sino de los carbohidratos que al parecer dominan su dieta. Jamás podría hacer la "tarima" –el clásico barrote cromado de club nocturno–, porque su cuerpo no califica en la norma de un abdomen plano.
Tampoco sus clientes serán extranjeros de paso que le hablarán a veces en otro idioma de los excedentes del cobre y su influencia en los resultados macroeconómicos de Chile. Aunque su lugar de trabajo está frente al hotel Crowne Plaza, el público de Paloma es menos selecto de lo que ella quisiera: "Le pedí a uno que se lavara porque estaba fétido", cuenta. A pesar del contrapunto evidente, Paloma y Cassandra tienen en común que ninguna de las dos llegó engañada. En caso contrario, la migración de estas mujeres sería un delito, tipificado como trata de personas.

Por 500 Dólares
Ximena Castillo, prefecto inspector de la Policía de Investigaciones, al frente de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia (Jenafam), reconoce que en los últimos dos años se incrementó el ingreso de mujeres desde diversos países de Sudamérica. "Sobre todo de Ecuador, Colombia y Paraguay", afirma. Se instalan en las ciudades mineras, como Iquique, Calama y Antofagasta.
"Les ofrecen trabajo como meseras en bares o schoperías, pero cuando llegan las obligan a prostituirse, quitándoles los documentos. Así no pueden salir a la calle sin riesgo de ser detenidas por infringir la Ley de Extranjería. Entonces, no existe la instancia para que puedan denunciar", dice la prefecto Castillo.
Otra forma de amarre es la deuda que tienen con la organización que les pagó los pasajes y les da alojamiento. Los 250 ó 300 mil pesos que ganan a la semana "los gastan en arriendo, comisiones y otros intereses, y se quedan sin plata", cuenta un efectivo policial que investiga este tipo de redes. Según el funcionario, las contratan por tres meses, después de los cuales regresan a su país. Algunas vuelven a Chile porque "es una buena fuente de ingresos y ya conocen el negocio".
La experiencia policial demuestra que la trata de personas es un delito muy difícil de controlar. Aun así, este año se han aclarado dos casos. El primero involucra a la ciudadana boliviana Nelly Condori, que a través de una agencia de empleos en Tacna reclutó mujeres peruanas a las que alojó en la residencial Los Tajibos, ubicada en calle los Héroes de la Concepción, en Iquique. Dos de las víctimas, universitarias peruanas, lograron escapar y denunciar su situación. Teresa fue una de ellas. Estudiante de enfermería en Tacna y madre de un niño, declaró en el proceso que una agencia de empleos, Condori, les ofreció a ella y su amiga 500 dólares mensuales por atender una shopería en Iquique.
"Ella se hizo cargo de los gastos del viaje, pero nos quitó nuestros documentos. En Arica comimos algo y luego seguimos en un bus hasta Iquique. Llegamos a un hotel y hasta ahí todo era normal. Al otro día fuimos a comprar ropa y nos pagó una peluquera, pero insistía que esos gastos los teníamos que devolver y que debíamos atender muy bien a los clientes", relató la joven en el proceso. Llorando, reconoció que "me obligaron a entrar en un motel cerca de la playa. Ahí me eligió un extranjero y pagó por una hora. Traté que se pasara el tiempo rápido, conversé y le dije que tenía una infección. Pero al otro día llegó un grupo de borrachos hasta la residencial y volvieron a elegirme. Traté de hacer lo mismo, pero fue más violento y me tomó a la fuerza", declaró. La investigación conjunta –de la Brigada de Delitos Sexuales y la Fiscalía Provincial de Tacna– está cerrada y la sentencia debería conocerse el 28 de agosto.
En febrero, tres argentinas de Salta lograron arrancarse del restaurante donde vivían hacinadas en Antofagasta con otras compatriotas. La policía consiguió una orden del Ministerio Público para allanar el lugar, donde luego del almuerzo las meseras ofrecían ‘postre', eufemismo para referirse al sexo oral, que practicaban debajo de las mesas por siete mil pesos.
En la capital de la I Región hay 25 schoperías sólo en el centro de la ciudad. En algunas de ellas, donde la atención es tipo ‘café con piernas', pero con cerveza, es posible conseguir sexo en un ‘privado'.
La nutrida oferta de extranjeras provoca la ira de las prostitutas criollas, a quienes se les sindica como autoras del mito urbano de que una estupenda mulata colombiana contagió de sida a todo un turno (76 mineros) de la cuprífera Doña Inés de Collahuasi. La minera jamás se ha referido al tema y en el Servicio de Salud de la I Región niegan que haya existido o se pueda monitorear un contagio de tal magnitud.

Proxeneta Aficionado
El negocio es redondo y muy tentador. Así le pareció a Pedro (32), un ingeniero civil que hasta junio pasado mantuvo un prostíbulo en un departamento en Providencia "Estaba acogotado de deudas. Mi polola es argentina y un día, medio en broma, se lo propuse y a ella le encantó la idea. Hicimos los cálculos, partimos a Buenos Aires y pusimos un aviso en ‘Clarín'". Pedro hizo un ‘casting' y seleccionaron a siete. Todas viajaron con visa de turista a Santiago. Se instalaron en un departamento de Seminario, donde las niñas vivían y él llegaba a recoger la plata. Dice que le costó cumplir el compromiso con su polola de no meterse con ninguna "Cada vez que iba por la recaudación, me ofrecían quedarme a una fiestecita", cuenta.
El celular que compró para el negocio sonaba día y noche, a cualquier hora. "Fueron cinco meses casi sin dormir". La tarifa era de 120 mil pesos la hora y cuarto. Ellas debían atender ocho clientes y se quedaban con 50 mil por atención. "Tres veces cambié el departamento porque los vecinos avisaban a los pacos", dice.
El riesgo no le importó. Ganaba casi seis millones mensuales, pero entró en pánico el 15 de junio cuando leyó en la prensa que la policía desbarató la red encabezada por Myriam Gauto, una paraguaya que llegó a las oficinas de Extranjería para regularizar sus papeles. En el lugar fue reconocida por un detective que investiga estas organizaciones y habitualmente ingresa a la página sexo.cl, la misma donde Pedro ponía de carnada una foto de su polola argentina. Los interesados llamaban y les ofrecía a otras con la excusa de que la niña de la foto estaba ocupada. "En dos días desarmé todo el departamento, y el celular lo rompí. Las minas se fueron con otra gente, les quedó gustando el negocio. Algunas me han llamado para que trabaje con ellas. Me dicen que las trataba bien".

20 de agosto de 2006
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desafueran a ex dictador

mqh - 19 de agosto de 2006 - 09:33 - chile

Pinochet de nuevo desaforado en medio de polémica por sus exequias.

Augusto Pinochet nuevamente está en el centro de la polémica, debido al debate que abrió el comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, sobre los honores que se le rendirían en sus funerales, un tema que reflotó luego de la muerte el miércoles del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Al malestar que le expresó el gobierno al jefe castrense el jueves, la presidente Michelle Bachelet entró ayer al ruedo para precisar la posición del Ejecutivo al respecto.
Pero este debate sobre lo que ocurriría en su deceso, sorprendió a Pinochet con un nuevo traspié judicial, luego que ayer el pleno de la Corte Suprema aprobó el desafuero por la transferencia de fondos fiscales desde cuentas de la Casa Militar a cuentas personales o de sociedades que tenía el ex dictador. Además, en otro punto de la arena judicial, el nombre de Pinochet fue asociado por la senadora Carmen Frei Ruiz Tagle a la muerte de su padre Eduardo Frei Montalva, luego del testimonio televisivo del doctor Augusto Larraín sobre "manos negras" en el fallecimiento del ex presidente.
En medio de ese ambiente, la presidente Bachelet debió abordar la primera polémica que se abrió durante su gobierno con un jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas. Sin cuestionar directamente los dichos del general Oscar Izurieta, la jefe de estado apuntó que la ley es clara y corresponde evaluar caso a caso lo que sucederá. Además, reiteró el concepto que levantó en la campaña presidencial, cuando dijo que a la ciudadanía le violentaría rendir honores de estado a una figura como Pinochet, impugnado por casos de violaciones de Derechos Humanos e ilícitos con platas fiscales.
La mandataria fue enfática en separar el protocolo que debe cumplir el ejército hacia Pinochet, como su ex comandante en jefe, y lo que debe hacer el gobierno. "El ejército le rinde honores a todos sus comandantes en jefe y por lo tanto no veo que vayan a romper una tradición a menos que hubiera otro elemento que no está hoy", dijo Bachelet al programa ‘En boca de todos' de Canal 13.
La explicación de la jefa de estado va en consonancia con la aclaración que hizo Izurieta. Dado el revuelo que causaron sus palabras al programa Última Mirada de Chilevisión, y que gatilló una conversación con la ministra de Defensa Vivianne Blanlot, el comandante en jefe del ejército precisó el jueves por la tarde que la institución cumpliría con su reglamento, y que "las atribuciones que son privativas del gobierno, las resolverán en el momento que correspondan".
Respecto a los honores de estado, Bachelet sostuvo que en la "normativa para todos los protocolos y ceremoniales, el artículo 70 dice que personeros de alta investidura nacional o internacional que hayan hecho especiales servicios al país podrán recibir honores".
En ese caso, optó por no adelantarse a los hechos, al explicar que es "una decisión que cada gobierno que tiene que tomar en cada situación y la verdad y yo he señalado que yo voy a seguir con la normativa que el país establece pero creo que no es el momento para hablar de este tema".
El debate sobre los futuros funerales de Pinochet también reflotó los dichos de la mandataria mientras fue candidata presidencial. En ese período, dijo a la BBC que "sería muy violento para la conciencia chilena realizar un funeral de estado a Pinochet".
Consultada si, hoy instalada en La Moneda, mantiene sus dichos, la mandataria aclaró que lo que señaló fue que "la conciencia de los chilenos sería violentada de rendir honores a una persona que está procesada por temas de derechos humanos y por uso de recursos fiscales" y agregó que "bueno, yo soy chilena y yo voy a cumplir como jefe de estado lo que dice la normativa chilena es que se analiza caso a caso".

Otro Desafuero
El nuevo desafuero por el caso Riggs que acumula Pinochet ensombrece aún más su situación judicial. En este caso, ya está procesado por evasión tributaria y falsificación de pasaportes. A esto se suma que el ex dictador perdió en julio pasado su fuero por dos casos de la Caravana de la Muerte.
Pendiente se encuentra la resolución del máximo tribunal sobre el retiro de la inmunidad que determinó la Corte de Apelaciones de Santiago por las torturas en Villa Grimaldi.
El tribunal de alzada además debe pronunciarse sobre la petición de desafuero en el marco del caso Berríos.
Además, se pidió un nuevo desafuero en su contra por el caso del sacerdote español Antonio Llidó, y la familia Frei espera que el ministro Alejandro Madrid solicite el retiro de su inmunidad en el marco de la causa por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

19 de agosto de 2006
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presidente frei fue asesinado

mqh - 18 de agosto de 2006 - 08:50 - chile

Médico que operó a Frei Montalva: "Aquí hubo una mano negra".

El facultativo entrevistado por canal 13 apostó a la tesis de que la muerte del ex presidente no se explica por la versión oficial, sino sostiene que "hubo un agente químico externo", respaldando así la opinión de la familia Frei que cree que fue asesinado.
"Aquí hubo una mano negra", estas solas palabras dichas por el médico cirujano Augusto Larraín abren las puertas a confirmar los temores que por años ha mantenido la familia Frei de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado y no murió simplemente producto de crisis séptica derivada de una infección post operatoria.
Canal 13 difundió anoche una entrevista con el especialista que participó en la operación del líder de la Democracia Cristiana y quien por años mantuvo un total hermetismo en el caso.
Según relató el facultativo, la estadía de Frei Montalva en la Clínica Santa María estuvo rodeada de extraños hechos, y así no duda en señalar que "mi opinión es que hubo un agente químico externo, pero no puedo decir qué fue, quién lo puso, cómo lo pusieron".
El especialista explicó que el ex presidente sufrió complicaciones que lo llevaron en otras tres ocasiones al quirófano de la clínica, y precisa que él estuvo presente en la segunda operación, donde comprobó que no había fallado él, pues la lesión que ahora complicaba al ex mandatario no era atribuible a una bacteria, como se planteó oficialmente.
Explicó incluso que el punto de conflicto ya no se ubicaba en la zona del hiato -donde se unen el esófago con el estómago-, que era la que él intervino, sino que estaba en el intestino.
"No había ningún signo de inflamación peritoneal, o sea no habían gérmenes, era un abdomen absolutamente limpio, libre. En cambio, esta lesión, que yo no había visto nunca, que no la he visto nunca después, sólo podía explicarse por una irritación química local", aseveró a Teletrece.
Frei Montalva se sometió a una simple cirugía por una hernia al hiato, una operación considerada menor, a fines de 1981. No obstante, el cuadro se agravó pasando a una peritonitis aguda tras una obstrucción intestinal pasando entonces a la UTI del centro médico donde falleció el 22 de enero de 1982 producto, oficialmente, de un shock séptico.
Al respecto, el médico Larraín sostiene que "la lesión inflamatoria estaba en la parte que el ayudante bajó con la compresa, es decir que si algo se colocó o algo ocurrió o irritó, estaba en la compresa. Si yo quisiera pensar mal, pasó al lado de donde están las compresas y, sin que nadie sepa, le pongo una cosita y buenas noches".
Larraín ya fue interrogado por el juez del caso Alejandro Madrid y ante el magistrado precisó que "si decía de que había existido una agresión química, evidentemente que eso tenía connotaciones que yo no las podía dilucidar, pero tenía connotaciones políticas. Respecto a mí, iba a parecer como que estaba tratando de justificarme o disminuir una responsabilidad, cuando usted opera y se muere un paciente, la responsabilidad es suya", concluyó Augusto Larraín.
La muerte del ex presidente Frei ha estado cruzado siempre por las inquietudes de su familia ante lo extraño de su deceso y la eventual presencia del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Presidente Bachelet
A juicio de la presidente Michelle Bachelet lo importante en estas declaraciones es que se transparenten los hechos y queden en manos del juez Madrid para que adopte las medidas que corresponda.
"Entiendo que aquí hay un proceso que está llevando el juez Alejandro Madrid y creo que es muy efectivo, cuando fui ministro de Defensa llegaron oficios para que declaran una serie de personas", relató a canal 13 la mandataria, quien añadió que "la verdad es que si hay estos antecedentes tienen que ser puestos en manos del juez quien determinará las responsabilidades correspondientes. Creo que es muy importante que la verdad se sepa, creo que no sólo es importante para la familia Frei, sino para todo Chile que la verdad se sepa y que los responsables cumplan".

18 de agosto de 2006
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qué pasa si muere la bestia

mqh - 18 de agosto de 2006 - 08:48 - chile

[Carolina Miranda] En caso de muerte de Pinochet, ejército quiere enterrarlo con honores.

Asegurando que "no me parece adecuado estar discutiendo este tema, francamente", la ministro de Defensa, Vivianne Blanlot, salió al paso de las palabras del comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, quien señaló que la institución castrense esperaría que -de no haber cambios en su situación procesal- La Moneda rindiera honores correspondientes a un ex presidente de la república al general (r) Augusto Pinochet al momento de su muerte.
"No me parece apropiado estar discutiendo este tema. Creo que no es un tema de debate", afirmó Blanlot antes de reunirse con la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, ayer en la tarde en La Moneda.
Las afirmaciones de la ministra se produjeron pocas horas después de que Izurieta señalara -en entrevista con Chilevisión- que el ejército rendirá a Pinochet todos los honores que la Ordenanza del Ejército dispone para un ex comandante en jefe.
En la entrevista, el jefe castrense expresó su esperanza de que el gobierno rinda al renunciado senador vitalicio honores correspondientes a jefe de estado. En todo caso, Izurieta precisó que una condición sine qua non del anhelo de la institución es que Pinochet no haya sido condenado en los procesos en su contra. A su juicio, sin fallo ejecutoriado se debe presumir la inocencia de Pinochet. El ex gobernante está encausado por violaciones de derechos humanos y el escándalo de Banco Riggs.
Blanlot recordó ayer que "existen normas protocolares que tienen que ver con este tipo de situaciones y en el momento que algo así se produzca, se tendrán que considerar esas normas y considerar en general la percepción de Chile respecto a lo que está ocurriendo. La presidenta tomará la decisión de qué es lo que se hace".
Blanlot ayer llamó a Izurieta para hacerle presente el malestar que causaron en el gobierno sus palabras, aunque ello no significó -precisó la ministra- "un llamado de atención".
"No hubo un llamado de atención. Hubo una conversación (en la que señalé), solamente que no me parece que sea un tema adecuado para debatirlo o para que se convierta en un tema de debate nacional", explicó en La Moneda. Las declaraciones de Izurieta causaron malestar en el gobierno. Fuentes de palacio interpretaron que el comandante en jefe emitió una opinión que linda en lo político.
Si bien la institución puede definir el procedimiento que seguirá a la muerte de Pinochet en su calidad de ex comandante en jefe, no debe inmiscuirse en una resolución que es privativa de la presidente. Aunque el procedimiento para el fallecimiento de ex autoridades, incluyendo presidentes, nacionales y extranjeras, se encuentra definido por el protocolo de la cancillería, éste se puede modificar y además no es obligatorio, sino que constituye una línea generales de acción.
En este contexto, agregan, si Pinochet fallece durante la administración Bachelet, se prevé que no habrá funeral de estado ni se le rendirían honores como ex presidente, toda vez que este cargo no lo obtuvo por elección popular.
En palacio existe conciencia que el día en que Pinochet fallezca, el mundo seguirá con atención lo que haga el gobierno y rendir honores de ex Jefe de Estado sería validarlo como ex Presidente, algo impensable tras la lucha que en contra de su régimen dio la Concertación. La Moneda -añaden las fuentes- enviaría obviamente un representante al funeral, posiblemente quien esté a cargo de Defensa.

Aclaración
La línea de La Moneda, en todo caso, ya ha sido fijada por Bachelet. Durante su campaña expresó que rendir honores a Pinochet "violenta la conciencia de los chilenos. Rendir honores a una persona que ha estado involucrada no sólo en temas de derechos humanos, sino incluso en temas de uso de dineros fiscales".
Agregó que cada persona "puede tener un funeral digno y respetable, pero desde el punto de vista de ceremonias oficiales, francamente, a mí me violentaría mucho hacer una cosa de esa naturaleza y mi percepción es que el reglamento no dice eso".
Por ello ayer algunas fuentes indicaron que lo de Izurieta podría haber sido un testo sobre si la posición de la jefe de estado se ha modificado.
En este ámbito, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, expresó ayer que "desde el punto de vista político, creo que hay un juicio bastante acabado respecto de la figura del general Pinochet en la sociedad chilena en su conjunto y creo que de manera bastante transversal".

Militar Afirma Que Cumplirá Con la Ordenanza
A pesar del malestar gubernamental, en el ejército existía tranquilidad tras las palabras del comandante en jefe del ejército, Óscar Izurieta, pues -explicaron- el jefe castrense sólo se había referido al procedimiento que seguiría la institución a la muerte del general (r) Augusto Pinochet. Tras entregar a su homólogo boliviano, general Freddy Bersatti, una réplica de la espada de Bernardo O'Higgins, distinción dada a las visitas ilustres del ejército, Izurieta señaló que a la muerte de Pinochet su institución cumplirá con la ordenanza definida para este tipo de situaciones.
"Quiero ser muy enfático: dije taxativamente ayer (miércoles) que el ejército iba a cumplir la ordenanza de la institución, que eran las atribuciones que la institución tiene", explicó. A renglón seguido advirtió: "Las atribuciones que son privativas del gobierno, de todo aquello que vaya sobre las atribuciones del ejército, las resolverán las autoridades en el momento que corresponde".
El reglamento de la institución establece que para la muerte de ex comandantes en jefe o generales debe haber un destacamento de honor compuesto por una compañía de 90 hombres con estandarte y banda instrumental. Además, los honores deben rendirse sólo en el cementerio. El féretro debe ir cubierto con la bandera nacional y sobre ella el uniforme del militar fallecido.
Las escuetas declaraciones del general se produjeron luego de la conversación que sostuvo con la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, en la que se le representó el malestar gubernamental por lo que se consideró una intromisión en materias políticas.
Este es el primer impasse de Izurieta con la administración de Michelle Bachelet desde que asumió la jefatura del ejército, el 10 de marzo de 2006. Asimismo, se transformó en la primera tensión entre La Moneda y las fuerzas armadas, lo que -en fuentes gubernamentales- no deja de llamar la atención considerando que Bachelet fue ex ministra de Defensa y que todos los actuales comandantes en jefe conocen la línea que en estas materias desarrolla la jefe de estado.

Resistencia
Un homenaje y reconocimiento a quienes estuvieron en la ‘resistencia' en contra del régimen de Augusto Pinochet realizó ayer un grupo de diputados en el Congreso Nacional. Se trató de un almuerzo al cual llegaron los ex MIR y ex FPMR César Bunster, Gonzalo Rovira, Andrés Pascal Allende y Patricia Zalaquett. Ellos fueron invitados por los diputados Marco Enríquez-Ominami y Clemira Pacheco, ambos del PS, y se adhirieron el PPD René Alinco y el radical Alejandro Sule.
Enríquez-Ominami explicó que se trató de un ejercicio soberano que tienen los parlamentarios se "hacer homenaje y reconocimiento en un edificio que es público, que a nuestro juicio hay que hacerlo más honesto y transparente respecto de su historia más reciente y más emotiva y combativa que es la historia de la dictadura".
Señaló además que con motivo del aniversario del MIR, que fue el l5 de agosto, a través de esta reunión se quiso generar un hecho político en un edificio donde "se paseó el señor Augusto Pinochet, Rodolfo Stange, y una cantidad de ex militares que han sido parte de la historia más horrorosa que recuerde Chile. La historia más vergonzosa que recuerda América Latina". Agregó que lo que se pretendió con el encuentro fue "reconocer a grandes resistentes en la historia de Chile un status distinto".

18 de agosto de 2006
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tráfico de sangre y otros reportajes

mqh - 16 de agosto de 2006 - 10:07 - chile

[Andrés López Vergara] Ministerio Público y el Servicio de Salud Oriente indagan, desde enero, el caso. Investigan tráfico de sangre hacia clínica privada desde el Hospital del Salvador.

El caso de trece niños con leucemia dio la luz de alerta. En una de las transfusiones se contagiaron con el virus de la hepatitis B. Parte de la sangre venía del Hospital del Salvador, pese a que ellos se atendían en una clínica. Aunque una investigación determinará las responsabilidades de todos los involucrados, queda claro que la sangre tiene precio. Y algunos lucran con ella.
A fines del año pasado Marcela constató que su hijo Martín de siete años había sido contagiado con hepatitis B. Pensó que se trataba sólo de un episodio. Quizás mala suerte. Pero a los pocos meses descubrió que cerca de 13 menores estaban en la misma situación que Martín. Y todos tenían algo en común. El segundo semestre de 2004 habían recibido transfusiones sanguíneas en la clínica oncológica del doctor Juan Quintana, ubicada en calle Tabancura 1091, Vitacura. Todos, además, luchaban contra la leucemia.
Marcela pensó entonces que algo extraño estaba ocurriendo. La realidad le estalló de golpe en la cara cuando descubrió que la sangre provenía del banco del Hospital del Salvador. Se acercó al establecimiento para solicitar los registros donde se anotaban los retiros de unidades de hemoderivados, y las autoridades tomaron -supuestamente- conocimiento del hecho por primera vez.
La inquietud de Marcela llegó a oídos del jefe del banco de sangre del hospital, Mario Donoso Scroppo, quien se dio cuenta de que había serias irregularidades en los formularios de retiro, debido a que muchas de las unidades registradas en ese entonces no tenían destino conocido. Esto motivó que el Ministerio Público y el Servicio de Salud Oriente iniciaran en enero de este año una investigación conjunta para determinar el origen de la sangre infectada y en qué forma se contagiaron los niños con el virus de la hepatitis B.
A medida que avanzaba el proceso, la fiscal Patricia Villablanca descubrió que Miguel Manosalva, tecnólogo médico del banco de sangre del Hospital del Salvador, abastecía a Quintana con sangre del hospital. El sumario arrojó que el funcionario no registraba las unidades de hemoderivados que sacaba y que recibía honorarios por el servicio prestado.
Una auditoría realizada entre noviembre de 2003 y abril de 2004 al registro del banco de sangre, determinó que 20 de las 90 bolsas del grupo sanguíneo Rh negativo -elemento de gran escasez-, no tenían destino conocido y que de ese grupo, tres habían sido retiradas por Manosalva para efectuar transfusiones en la clínica de Quintana.
El proceso también arrojó que la clínica de Quintana cerró en diciembre de 2005 luego de funcionar por diez años sin los permisos sanitarios correspondientes.
El Servicio de Salud Metropolitano Oriente formuló cargos en contra de Manosalva por retirar sangre del hospital sin autorización, realizar esta actividad en su horario de trabajo y derivar la sangre a una clínica privada. Quintana también corrió la misma suerte al ser procesado por abrir su clínica sin el permiso del Servicio de Salud.

Acusaciones Cruzadas
En su defensa, Manosalva -dirigente sindical de la institución- reclama que es objeto de una persecución personal por parte del jefe del banco de sangre del hospital, Mario Donoso Scroppo.
Sin embargo, reconoce su participación en los hechos. En el sumario administrativo instruido por la fiscal del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Paula Valenzuela, señaló que ésta era una práctica común entre los tecnólogos que trabajaban en el banco de sangre, ya que muchos hacían servicio a domicilio sin dejar registro de las unidades. "¿Por qué la investigación sólo se detiene en mí y no se averigua quiénes sacaron otras unidades del banco de sangre? La respuesta es simple: los demás funcionarios que también lo hacían no han tenido problemas con el jefe del banco de sangre, tampoco se atreven a señalar que las unidades también eran retiradas por la propia cónyuge del Dr. Donoso", indican los descargos que presentó ante la fiscal.
Según el reglamento ‘Orientaciones de los centro de Sangre y Unidades de Medicina Trasnfusional' elaborado por el Ministerio de Salud se deja claro que los préstamos solidarios sólo se pueden efectuar entre los bancos de sangre de instituciones médicas privadas y públicas, dejando registro en el formulario de intercambio. En el documento se indica que sólo se debe devolver los insumos prestados -bolsas- y no reponer la sangre ocupada en las transfusiones.
Sin embargo, la declaración de Manosalva acusa una práctica habitual y remunerada.
El tecnólogo reconoció a La Nación que recibía un sueldo por llevar las bolsas a la clínica de Quintana para tener siempre el stock necesario para las transfusiones. "Hubiera una o diez bolsas, siempre recibía trescientos mil pesos".
"Yo sé que a un paciente le cobraron un millón doscientos por hacer una transfusión de dos bolsas de hemoderivados en una clínica privada. A pesar de que la sangre es un bien gratuito, su cobro se disfraza a través del día cama, la postura de la aguja y una serie de exámenes que salen en la boleta de pago", señaló Manosalva.
Respecto a esto, el director del Hospital del Salvador, doctor Carlos Altamirano, señaló que lo más importante es que si salió sangre a un determinado lugar, ese retiro debe estar registrado, de lo contrario, se trataría de un robo. "Cuando recibí la denuncia y vi que faltaban los registros de préstamo, inicié la investigación inmediatamente".
Respecto al abastecimiento irregular de sangre a la clínica, La Nación intentó conversar con el doctor Juan Quintana, quien descartó referirse al tema. "Todas mis declaraciones se encuentran en el sumario", se limitó a decir.

Préstamos
El doctor Mario Donoso Scroppo asumió como jefe del banco en noviembre del año 2003. Hasta la fecha, asegura que se han invertido más de 155 millones de pesos para mejorar el funcionamiento de su unidad y que las cerca de 34 mil transfusiones de sangre que se realizan al año poseen altos estándares de seguridad.
Donoso dijo que a su llegada al servicio de salud prohibió de inmediato el retiro de sangre para usos particulares y tiene registro de todo préstamo efectuado al sector público y privado. Sin embargo, esta afirmación es refutada por Manosalva, quien dice que la práctica nunca fue prohibida.
"El señor Manosalva efectúa acusaciones al voleo y debe decir de una vez por todas los nombres de las personas a las cuales acusa de haber sacado sangre sin permiso. A mí me queda duda sobre si efectivamente las bolsas con las que hizo las transfusiones a los niños pertenecen al hospital. Sólo sabemos que sacó cuatro bolsas de nuestra unidad y por eso está siendo investigado", dijo Donoso.
La tecnóloga médica a cargo de la auditoria realizada en el 2004, Lucía Martínez, reconoce que en ese tiempo existían préstamos de sangre que no se registraban, por lo que no se sabía en qué eran ocupados. "Las veinte bolsas auditadas no están por ningún lado y eso es un hecho objetivo que derivó de la investigación. Nosotros hemos implementado una serie de filtros para evitar que sucedan estas fugas, sin embargo, siempre los sistemas pueden ser vulnerados".
En el sumario, la profesional declaró ante la fiscal que "las normativas internas son conocidas por todos y que es posible retirar unidades de hemoderivados vulnerando las normas establecidas y conocidas por todos los funcionarios".
Una tecnóloga médica del mismo establecimiento declaró en el sumario que los profesionales de la unidad "tenemos facilidades de realizar transfusiones particulares, pero asesorados por un médico, por el hecho de trabajar en un banco de sangre y tener la calidad de tecnólogo médico. Cuando se realizan transfusiones particulares con unidades del banco de sangre, no existen registros de éstos dado que el software del banco no permite ingresar transfusiones a domicilio".
A pesar de las acusaciones cruzadas, Marcela no entiende de cifras. Menos de viejas rencillas entre funcionarios. Lo que ella quiere es que alguien responda por el daño que sufrió su hijo. Y a pesar de su profundo dolor está dispuesta a todo. Marcela ya dio el primer paso. Ahora es el turno de la justicia.

16 de agosto de 2006
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nuevas pistas en desaparición

[Jorge Escalante] Al matemático norteamericano se le perdió el rastro en Colonia Dignidad en 1985. Grabación se convierte en nueva pista por desaparición de Boris Weisfeiler. Se espera que ahora el ministro Jorge Zepeda pueda retomar esta hebra del caso y que interrogue y confronte a los ex jerarcas Mücke y Schnellenkamp para obtener la información del real sentido del diálogo captado por un radioaficionado.

Una grabación realizada por un radioaficionado en abril de 1985 a una conversación en clave entre los integrantes de la jerarquía de Colonia Dignidad, Kurt Schnellenkamp y Gerhard Mücke, podría dar nuevas pistas sobre el destino del desaparecido matemático estadounidense Boris Weisfeiler.
La grabación fue hecha el 2 de abril de 1985, tres meses después de que Weisfeiler fuera arrestado por una patrulla militar en la intersección de los ríos Ñuble y El Sauce, en la precordillera de la comuna de San Fabián de Alico, ubicada en el límite entre las regiones Séptima y Octava en el borde sur del enclave. De acuerdo con diversos antecedentes del proceso que instruye el juez Jorge Zepeda, el matemático fue entregado por la patrulla a Colonia Dignidad.
La importancia del contenido de la cinta cobra hoy relevancia por la existencia de una nueva información -escueta, pero muy dirigida- surgida en los últimos días del entorno del prófugo de Dignidad Albert Schreiber, refugiado en Alemania, que por primera vez vincula directamente a Schnellenkamp y Mücke al destino final que habría tenido Weisfeiler dentro del recinto.
En la referida cinta del diálogo de 1985 en alemán por radio (no telefónica) entre Mücke y Schnellenkamp, de la cual nuestro diario posee una copia, el asunto central de la conversación dice relación con que habría una persona que ya estaría sepultada "bajo el cementerio" y de la cual "las papas ya se están alimentando".
En esta grabación adjunta al proceso, Schnellenkamp, quien habla desde afuera de la colonia, presumiblemente desde Concepción, a Mücke, que se halla adentro, le da cuenta de una reunión que acaba de sostener junto a otra persona con altas autoridades, pues le indica en forma jocosa que "nos estaban esperando y pasamos de inmediato a sentarnos en los grandes sillones".
Si a partir del nuevo antecedente se pone hoy atención al contenido de la grabación de 1985, incluso hablando los personajes con muchas claves se puede presumir, según fuentes vinculadas al caso, que Schnellenkamp y Mücke podrían haber estado hablando de la situación de Weisfeiler.
Se espera que ahora el ministro Jorge Zepeda pueda retomar esta hebra del caso y que interrogue y confronte a Mücke con Schnellenkamp, para obtener de ellos la información del real sentido del extraño diálogo.

"¡No nosotros!"
Entre lo que Schnellenkamp le comenta a Mücke en relación al destino de la persona de la cual hablan, está la frase "pero nos recomienda que no lo hagamos nosotros, ¡no nosotros!, sino uno de acá que ya está en camino".
Dos sonidos de "toses" emitidas por Mücke en sus comentarios implicarían, de acuerdo con quienes permanecieron estrechamente ligados a Paul Schäfer y la jerarquía de Colinia Dignidad, el significado de "balazos".
De acuerdo con antecedentes aportados a La Nación por el radioaficionado que hizo la grabación en 1985, que es un buen conocedor de la vida dentro de Dignidad, al momento en que Schnellenkamp inicia la comunicación hacia Mücke, con un "aquí el número ocho, llamando desde el entorno", podría estar saliendo de una reunión con militares del Regimiento Chacabuco de Concepción, unidad de la cual eran miembros los oficiales y suboficiales que integraban la o las patrullas (porque habrían sido dos) que detuvieron y golpearon a Weisfeiler entregándolo luego a Dignidad, según uno de los suboficiales identificado como "Daniel" que participó en el arresto.
El caso de Boris Weisfeiler se sigue perfilando así como uno de los más apasionantes enigmas de la historia de la dictadura, donde existen múltiples pistas, documentos desclasificados tarjados, nombres, cargos militares y policiales, diplomáticos chilenos y estadounidenses, testigos que desaparecen, otros "suicidados" y cuatro jueces que han tenido ya la investigación en sus manos y que, tras 21 años, no han conseguido dar una respuesta judicial.
Todo esto último ha sido planteado insistentemente como preocupación a los gobiernos de la Concertación por congresistas estadounidenses y el Gobierno de ese país, que han reclamado por la no solución del caso. A ello se suma la visita a Chile en cinco oportunidades de Olga Weisfeiler, hermana del matemático desaparecido, sin haber vuelto con resultados aclaratorios.

[Álvaro Peña] A 29 años de su muerte ‘El rey del rock' aún vive en Concepción. Uno de los cinco fans club oficiales y Juan Quiroga, el mayor coleccionista del autor de ‘Hotel nostálgico' en la región, recuerdan al ídolo popular cuando se cumple un año más de su muerte.

Algunos dicen que trabaja anónimamente en una estación de servicio, otros que su cuerpo está congelado.
Por muy ridículos que hoy resulten los mitos en torno a la muerte de Elvis Presley, lo cierto es que su legado sigue vivo en todo el mundo, y Concepción no es la excepción. Hoy se cumplen 29 años de su muerte y los fanáticos penquistas sacan sus chaquetas con flecos y desempolvan aquel viejo vinilo, todo para rendir tributo al legendario ‘rey del rock'.

Elvismaníaco
Ese fatídico martes de 1977 un joven que caminaba por las calles de Concepción se vio profundamente afectado con la noticia, tras lo cual comenzó un recorrido por radios y tiendas de discos buscando material del ídolo. Su nombre es Juan Quiroga y hoy es el principal coleccionista de Elvis en la región. Actualmente expone parte de su colección en un local de libros usados en calle Maipú, donde se puede ver desde banderines, muñecos y libros hasta los individuales de un show en las Vegas o trozos de ropa usados en sus películas.
Quiroga comentó que hace algunos años tuvo un fan club oficial en Temuco pero envió la renuncia debido a que desde Estados Unidos le solicitaban cuotas y dinero para beneficencias en ese país. Es por ello que en su regreso a Concepción fundó un Club de Amigos, con un sesgo más familiar y orientado a beneficiar a la comunidad a través de donaciones. "Es lo que Elvis hubiera querido" cuenta con orgullo.
Además de la variedad de recuerdos del cantante, Quiroga atesora su colección de discos de vinilo, la que supera las 200 producciones. "Este año pude completarla gracias al apoyo de Juan Antonio Alamos, uno de los coleccionistas más importantes de Elvis en Sudamérica y quien además me regaló diarios de Memphis y cintas de 35 milímetros de las películas".
Quiroga comentó que entre sus joyitas destacan algunos discos de filmes, en especial el de ‘Rubias, morenas y pelirrojas'. "La película no es muy buena, pero el disco es muy escaso. Aunque hoy aparecen reediciones en vinilo que se pueden encontrar en Santiago o traerlas desde EE.UU.", dijo el fanático, quien luce copias de joyas que usó el ‘rey', así como gorros, poleras y afiches relativos a su figura."En el club hay gente de todas las edades, incluso un niño de 13 años que se llama Elvis Aaron. Muchos piensan que los fanáticos son gente mayor, pero no es así, y prueba de ello es que hoy sigue siendo una de las personalidades que más imitadores tiene en todo el mundo, más que Madonna o Los Beatles".

"Imperdibles"
Es muy difícil determinar la cantidad de álbumes que lanzó Elvis en su carrera. La mezcla de distintos singles, los soundtracks de sus más de 30 películas, recitales en vivo, programas de televisión, la aparición de ‘rarezas' o la reedición de sus placas en el extranjero hacen que la cifra sea incierta.
A continuación mencionamos algunos de los más conocidos.
‘Elvis Presley' (1956), ‘Love Me Tender' (1956), ‘Jailhouse Rock' (1957), ‘King Creole' (1958), ‘Elvis is Back!' (1960), ‘G.I. Blues' (1960), ‘His Hand in Mine' (1960), ‘Something for Everybody' (1961), ‘Blue Hawaii' (1961), ‘Girls! Girls! Girls!' (1962), ‘Viva Las Vegas' (1964), ‘Roustabout' (1964), ‘Tickle Me' (1965), ‘Harum Scarum' (1965), ‘Spinout' (1966), ‘How Great Thou Art' (1967), ‘Let's Be Friends' (1970), ‘That's The Way It Is' (1970), ‘Elvis Country' (1971), ‘Elvis Now' (1972), ‘He Touched Me' (1972), ‘The Fool Album' (1973), ‘Raised on Rock' (1973), ‘Good Times' (1974), ‘Promised Land' (1975), ‘The Sun Sessions' (1976), ‘Moody Blue' (1977) y ‘Elvis in Concert' (1977).

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último naufragio de la armada

mqh - 13 de agosto de 2006 - 18:23 - chile

[Antonio Valencia] Caso Palamara: adiós a la justicia militar para civiles. Corte Interamericana de Derechos Humanos promulgó dura condena de Chile.

Lunes 7 de agosto de 2006. Avisos clasificados de La Nación. "En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara, se publica el capítulo relativo a...". En minúscula letra, el encabezado es seguido de tres páginas con el contenido del fallo que por segunda vez condenó al Estado chileno en materias de libertad de expresión. La primera fue 'La última tentación de Cristo', historia zanjada en 2001.
No era todo. Tres días después, las primeras cinco páginas del Diario Oficial daban cuenta del mismo hecho, del mismo fallo, de las mismas violaciones al derecho internacional cometidas por Chile. La resolución es tan contundente que obliga al Estado a dar íntegra publicidad al texto legal que, además de brindar un nuevo triunfo a la libertad de opinión, cambiará la justicia militar tal como se conoce hasta ahora.
La historia suma años de litigios, injusticias y calvarios. Trece años después del incidente inicial, Chile fue castigado por arrollar los estándares internacionales sobre libertad de expresión y por violar los derechos de un civil sometido a la maquinaria institucional de la Armada y al peso de la poco independiente justicia militar. Todo por querer lanzar el libro ‘Ética y servicios de inteligencia'.
Todo comenzó el verano de 1993, cuando Humberto Palamara, ingeniero naval mecánico, ex oficial de Marina entre 1973 y 1992, y a la fecha funcionario "civil a contrata" de la Armada en Punta Arenas, mandó a imprimir mil ejemplares del texto cuyo último capítulo, ‘Guerra sucia', desató la censura previa del alto mando. Allí, sin nombres ni casos precisos, cuestionó la tortura, el secuestro y el asesinato con fines de ‘inteligencia'.
"Nunca imaginé que podía pasar todo lo que vino después", comenta hoy Palamara. El primer obstáculo fue la Ordenanza de la Armada, que prohíbe publicar sin autorización textos que critiquen a la institución o develen asuntos secretos. De eso, el funcionario civil supo una vez que le comentó la idea a su jefe.
Y entonces, conducto regular de por medio, Palamara repartió cuatro de las copias y pidió la obvia autorización. El ‘no' fue rotundo, pues el alto mando estimó que el libro comprometía la seguridad nacional. Como no estuvo de acuerdo, insistió en publicar. Y peor le fue. No pasó un día y le ordenaron entregar los libros impresos. Y como Palamara contó esto a la prensa, la Armada lo acusó de "quebrantar solemne juramento", instruyó un sumario, inició un proceso por desobediencia y otro por incumplimiento de deberes militares. Nada menos.
En un mes, Palamara pasó de manifestar su intención de publicar a estar procesado en un tribunal militar por varios delitos. Y más. Allanaron la imprenta y su casa, decomisaron un diskette con el original del libro, se llevaron la matricería, borraron el disco duro del computador, decretaron orden de arraigo y hasta lo detuvieron (15 de marzo de 1993) sin notificarle motivo ni cargos.
Y no era todo. A fines de marzo, la enfurecida Armada dio curso a otro proceso por desobediencia cuando Palamara opinó en ‘La Prensa Austral' que le parecía "increíble" que la Corte de Apelaciones –argumentando que "no era de su incumbencia"– haya rechazado un recurso de protección por vulnerar garantías constitucionales. Dicho fallo dejó huérfano al civil Palamara. A entera disposición de la justicia militar.
Y claro, más procesos le cayeron. En abril, dos peritos de la Armada confirmaron que el libro ni revelaba secretos militares ni comprometía la seguridad nacional. Además parecía normal que su superior directo fuera comandante en jefe de la III Zona y además juez naval de Magallanes. Juez y parte.
La prensa se convirtió en el único refugio de Palamara, que a esa altura era objeto de seguimientos y amenazas veladas. "El miedo me llevó a hacer todo público", declara. El tercer proceso por desobediencia comenzó cuando el 5 de mayo de 1993 dio una entrevista en Radio Nacional de Punta Arenas. Le habían ordenado guardar silencio.
La bola de nieve parecía imparable. El civil Palamara fue encarcelado de nuevo y el tribunal militar impuso férreo secreto de sumario. Fue tanto el celo, que sólo después de un año y siete meses la defensa logró ver, por primera vez, el expediente de su defendido.
Pero faltaba más. También en mayo de 1993 lo habían procesado por desacato luego de que convocara una rueda de prensa para denunciar que la libertad de expresión estaba siendo reprimida y que tenía razones para suponer que se habían adulterado documentos y mentido a la Corte de Apelaciones para evitar un fallo adverso.
Ahí vino otra amarga sorpresa. Palamara llegó a ser absuelto del desacato, pero los acusadores acudieron a una instancia superior, la Corte Marcial, y el ente, que revocó la absolución, condenó a 61 días de reclusión y lo multó con 11 sueldos vitales. Ya en el suelo, en julio de 1995 un recurso de queja en la Corte Suprema pareció ser la salvación. Pero otra vez la justicia ordinaria le dio la espalda a Palamara: recurso rechazado.
Y peor. En junio de 1996 le impusieron 61 días de reclusión por incumplimiento de deberes militares, 540 días por desobediencia y otros 61 días nuevamente por desobediencia.
Pero no todo parecía perdido. En enero de 1997, el fiscal de la Corte Suprema acogió el recurso de casación y señaló que no correspondía someter a civiles a tribunales militares. Sólo era un espejismo. Seis meses después, la bofetada de la Suprema fue demoledora. Rechazaron el recurso de casación. "Perdí 6-0, fallo en que votó el auditor general del Ejército", recuerda. La indefensión era total.

A la Deriva
Tras años de diversos procesos, Palamara no sólo transitó el tormento castrense. Las esquirlas lo dañaron por todos lados. En mayo de 1993 lo despidieron del trabajo y, tras 19 años de vinculación, le impidieron completar los 20 años necesarios para recibir una pensión.
Sin trabajo y profesionalmente vetado en la Armada, Palamara tuvo que dejar a su esposa y sus tres hijos en Punta Arenas para trasladarse a Valparaíso. Pero en Viña la ‘familia naval' lo aisló. Relacionarse social y laboralmente con el ‘traidor', como le enrostraban a sus hijos en Punta Arenas, era mal visto y hasta peligroso. Nadie confiaba en él. Palamara se convirtió en un paria. Sólo una persona le dio una mano: Manuel Losada –el mismo de la Operación Océano– había comprado unos barcos rusos en una ganga y buscaba un ingeniero naval en mecánica. El vínculo duró poco.
Su esposa y dos de sus hijos se alejaron de la pesadilla y se fueron a España. Adiós matrimonio. Adiós familia. Todo estaba perdido. En Chile no había nada más que hacer. Pero la batalla podía cruzar fronteras.

Bendita Corte
"Yo no tenía idea que existía la Corte Interamericana de Derechos Humanos", confiesa hoy Palamara. Fue un joven abogado el que lo ubicó. "Yo tenía 24 años. No me acuerdo cómo conseguí su teléfono, pero lo contacté y fui a verlo", cuenta, diez años más tarde, Nicolás Espejo.
El recién egresado trabajaba como ayudante en una investigación de la U. Diego Portales sobre libertad de expresión y no en cualquier contexto: el 21 de agosto de 1990, Chile reconoció la competencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese día, el país no sólo globalizó su economía. También el derecho.
Las primeras diligencias se iniciaron en 1996. El caso lo tomaron Mauricio Duce y luego Francisco Cox, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. En octubre de 2001 la causa fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó a las partes para buscar una salida amistosa. Pero Chile ni asomó.
Ya en 2003 la Comisión había recomendado restituir al ex marino sus derechos vulnerados, reintegrar los libros, reparar los daños e impulsar una legislación interna acorde al derecho internacional en materia de libertad de expresión y competencia de la justicia militar. Pero nada. Ni una respuesta del Estado.
Chile solicitó tres prórrogas, pero nunca presentó sus observaciones. El plazo venció en abril de 2004 y entonces la Comisión Interamericana demandó al Estado chileno en la Corte Interamericana. Dos años y medio después, la democracia chilena fue condenada por violar nada menos que cinco derechos básicos: libertad de pensamiento, propiedad privada, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal. Palamara, por fin, respiró aliviado.
El fallo obliga a permitir la publicación del libro, a restituir el material incautado, a indemnizar con casi 50 mil dólares al afectado, a anular las tres sentencias condenatorias de la justicia militar y a darle publicidad al fallo en el "Diario Oficial" y en un diario de circulación nacional. Pero más importante aún –apuntan Espejo y Cox–, el fallo le dice a Chile que debe modificar en un plazo razonable la normativa interna para hacerla compatible con los estándares internacionales.
"Este fallo firmó el acta de defunción de la justicia militar en Chile", concuerdan Espejo y Cox. No sólo porque nunca más un civil puede ser juzgado por militares –"lo que incluye el maltrato de obra a carabineros e incluso lleva a tribunales ordinarios las muertes ocurridas en los cuarteles", ejemplifican–, sino que convierte al Código de Justicia Militar casi en una normativa disciplinaria.
Humberto Palamara vive en casa de su madre en Viña del Mar y se las arregla explotando un pequeño bosque de eucaliptus de su padre. También administra un pub y de pronto hace clases de ciencias políticas. Pero aún no le devuelven los libros ni la matricería. Tampoco ha recibido un peso de la indemnización y sus papeles siguen manchados. Pero ahora piensa que es cosa de tiempo. También sabe que ya no está solo. Sabe que por fin ganó.

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ex dictador dejó de ser demente

mqh - 11 de agosto de 2006 - 15:25 - chile

Riggs: Cerda rechaza sobreseer a Pinochet por demencia. El ministro Carlos Cerda, instructor del caso Riggs, rechazó la petición de sobreseimiento definitivo o parcial que la defensa del general (R) Augusto Pinochet presentó, hace poco más de un año.

En ese escrito, el abogado Pablo Rodríguez invocó la "minusvalidez mental" y la "incapacidad procesal" de su cliente.
En su resolución, el magistrado argumentó en más de treinta puntos su negativa. Entre ellos, el ministro enumeró declaraciones del propio Pinochet que demuestran que sus facultades cognitivas no están afectadas.
Cerda también incluyó el testimonio de su ex secretaria privada Mónica Ananías, quien asegura que durante 2004 recibió órdenes específicas de su jefe respecto de operaciones financieras.
Añadió los antecedentes que entregaron en los interrogatorios cerca de una veintena de colaboradores cercanos al ex uniformado, como oficiales de la guardia personal de Pinochet, escoltas, mayordomos, enfermeros y choferes.
Todos ellos se refieren a las actividades que Pinochet realizaba habitualmente. Así, el personal que servía al general en retiro describió que el ex militar leía El Mercurio, La Tercera, La Cuarta y La Segunda, que veía películas y le gustaban las caminatas.
Los encargados de la seguridad personal del ex dictador agregaron que a fines de 2004 "entre septiembre y diciembre, el jefe efectuó personalmente gestiones bancarias, principalmente en la sucursal ubicada en el denominado Cantagallo de Vitacura", se consignó en el dictamen.
Uno de ellos -incluso- agregó que el calendario de actividades diarias de Pinochet incluía reuniones con conocidos, amigos, senadores, ex ministros y subsecretarios, cuyo registro quedaba en la bitácora de su jefe.
Junto con ello, Cerda recordó la existencia de algunos documentos anexados al expediente que demostrarían que el ex uniformado no está incapacitado para enfrentar un proceso judicial.
Por ello, el juez mencionó la carta en la que Pinochet asume toda la responsabilidad "por los hechos que se investigan en esta causa", en agosto de 2005, cuando se procesó a gran parte de su familia.
También precisó que hay múltiples exámenes neurológicos y psiquiátricos que avalan la tesis de que su capacidad mental -respecto de sus facultades cognitivas- no está menoscabada por alguna enfermedad.

Interrogan a General Activo
En tanto, esta mañana los detectives que trabajan con el ministro Cerda tomarán declaración al general Guillermo del Castillo, segundo hombre de la misión militar de Chile en Washington, Estados Unidos, en la arista de gastos reservados.
Según trascendió el uniformado habría viajado el miércoles por la noche desde el país del norte para cumplir con la entrevista en Chile y precisar algunos datos contenidos en el proceso.

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