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acusan a carabineros por torturas


Denuncian tortura tipo Guantánamo contra estudiante de 18 años. Asesoría Ciudadana acusa a Carabineros de emplear contra un manifestante método waterboarding o ahogamiento a bordo de un micro policial estacionado en las afueras de la Usach.
[Manuel Torres] Santiago, Chile. "En un momento me acuestan de espalda en el pasillo de la micro, siempre esposado por la espalda. Me cubrieron la cara con la polera que tenía en el cuello y me empezaron a tirar agua en la cara. Me desesperé. Me ponía para el lado para poder respirar y ellos me volvían a agarrar para ponerme de espalda. Tosía y tosía y cuando me volvía a desesperar me dejaban de tirar agua. Me hacían descansar como 5 segundos y me volvían a tirar agua. Creo que fueron varias botellas. Fueron como 15 chorros en un lapso de 7 a10 minutos".
Así recuerda Sebastian Bravo Piña, estudiante de 18 años de edad, la especial forma de maltrato que recibió en un micro de Carabineros por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de la institución. El joven cuenta que fue detenido en las afueras de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), en la comuna de Estación Central, el 24 de agosto de este año, mientras participaba en una de las manifestaciones estudiantiles en favor de la educación pública, gratuita y de calidad.

"Rostro Parecía un Saco de Papas"
Francisco Gómez y Amaro Oróstica, estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile e integrantes de Asesoría Ciudadana (www.asesoriaciudadana.cl), un programa del Instituto Igualdad, descubrieron este caso en la Tercera Comisaría de Carabineros, durante su paralela labor como observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
"Su rostro parecía un saco de papas. La ropa toda rota. Cuando los policías nos vieron, lo dieron vuelta y empezaron a sacar. Nosotros le pedimos sus datos para ayudarlo, porque eran evidentes los malos tratos", rememora Francisco Gómez, quien junto a varios voluntarios recorren las comisarías en busca de casos de abusos policiales contra manifestantes.
Días después de la detención, los integrantes de Asesoría Ciudadana contactaron al joven, quien les narró los pormenores de su aprehensión. Tras analizar su relato, determinaron que el joven de 18 años había sido víctima de un método de tortura usado, por ejemplo, en Guantánamo: Waterboarding o ahogamiento.
"Nos parece muy grave que la policía utilice esta forma de tortura contra manifestantes y, en especial, contra un joven de sólo 18 años. Perfectamente podría haber sido aplicada a un menor de edad. Ello habla de una instrucción específica que poseen algunos funcionarios. No habíamos conocido un caso parecido", afirma tajante Amaro Oróstica.
Debido a la seriedad de los hechos, el abogado Eduardo Chía Ramírez interpuso el pasado 21 de octubre una querella ante el 6º Juzgado de Garantía por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves  y amenazas. La juez titular, Vania Boutaud Mejías, declaró admisible la querella 3 días después.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ese será uno de los casos emblemáticos que este viernes 28 de octubre presentará Asesoría Ciudadana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington. Allí expondrán los abogados Italo Jaque, Branislav Marelic y Hugo Valladares, coordinador del programa. La presentación busca que el organismo internacional condene a Chile por violación a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones estudiantiles y ciudadanas. Por su lado, el Estado chileno será representado por Miguel González Morales, director del programa de DD. HH. de la Cancillería.
La presentación programada para las 15 horas chilenas, será exhibida vía streaming en el Museo de la Memoria.
Según el testimonio del estudiante, los abusos policiales se efectuaron a bordo de un micro estacionado por la Alameda, a un costado de la Usach. Y comenzaron a eso de las 16 horas.
"Apenas me subieron a la micro me esposaron por la espalda y me empezaron a pegar y tirar escupos. Me pegaron patadas y rodillazos. Me dieron muchas cachetadas y combos. Me decían ‘habla ahora si tú nos odiai’. Yo no decía nada. Me pegaban y me escupían. Me golpeaban como entre 6 y se iban rotando. Me deben haber golpeado sin parar como 2 minutos. Para finalizar, un paco gigante me pegó un rodillazo en la frente. Quedé mareado", recuerda Sebastian Bravo, quien asegura que fue el único detenido a bordo del vehículo policial.
Como a los 10 minutos de la golpiza, afirma que conoció el apodo de uno de sus captores por un diálogo que se produjo entre los funcionarios. "¿Quién lo agarró?", preguntó un carabinero y otro respondió: "El Chino lo pescó al la’o del quiosco".
Cuenta que su calvario continuó con pisadas en los tobillos y que posteriormente, con la cabeza  completamente cubierta por sus aprehensores, fue víctima del waterboarding.
"Yo creo que me tiraban agua de una botella, porque sentía el borboteo y porque después, cuando se les acabó el agua, me metieron el gollete de la botella en mi boca, por encima de la polera que tenía en la cara", explica el joven.
"las pirañas de los DD.HH".
Pero el maltrato no terminó ahí. Luego de una pausa, asevera que de manera individual, un funcionario lo humilló brutalmente. "Me pegó una patá y me dijo ‘levántate’. Me intenté levantar y esposado me tomó del pecho y me abría la boca y me escupía adentro de la boca. Eran pollos carraspeados. Me pegó mucho. No me pegó combos. Puras cachetadas. Era un paco gigante. Yo creo que ese fue el que me dejó la cara más marcada. Quedé con el rostro caliente, hinchado. Me pegó entre 20 a 30 cachetadas. Me decía ‘ahora te vai a arrepentir perro culiao’", evoca el estudiante.
Luego fue trasladado a un furgón policial y enseguida a otra micro. En este último vehículo llegó hasta la Tercera Comisaría de Santiago.
"Yo estaba en la micro y una paca dijo al ver a la gente de Asesoría Ciudadana ‘ahí están esas pirañas culiás’. ‘¿Quiénes?’, preguntó un paco. ‘Esas pirañas culiás de los DD.HH. Andan buscando pega’", fue el dialogo que escuchó Sebastián antes de que lo bajaran en el cuartel.
Ya en el recinto, cuenta que lo pusieron en una fila que iba a un galpón y calcula que habían como 80 personas detenidas.
"Mucha gente me preguntó que me había pasado, porque quedaban pa’ adentro al verme. En eso un paco me tomó del brazo y me adelantó en la fila. Me dijo ‘pónete aquí adelante pa’ que nos vamos más rápido’. Había alguien, como en una oficina chica, con delantal blanco, y yo le pasé un papel. No sé si era médico o qué. Me miró y preguntó ‘¿lesiones?’. Yo pensé: ‘putas, no sabís mirar’. Y le dije: ‘sí, la cara, los labios. Ni me miró. Anotó y me pasó el papel. El paco me sacó de ahí", detalla Sebastián sobre su paso por la comisaría.
Finalmente, ya de noche, relata que fue trasladado a la 21 Comisaría de Estación Central, donde se le acusó de desordenes leves.
Francisco Gómez, de Asesoría Ciudadana, realizó gestiones para que lo liberaran. "Allí no lo pasaron por desórdenes graves. A mi juicio, no lo quisieron pasar al control de identidad, porque era tan serio el estado en que se encontraba su cara y cuerpo, que el juez de garantía habría preguntado qué le pasó a este cabro. Lo peor de todo es que Carabineros nunca ni siquiera le consultó su edad. Podría haber sido perfectamente un menor".
La dura jornada de Sebastian Bravo finalizó en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Aníbal Ariztía de la comuna de Las Condes. Allí, junto a su familia, constató lesiones, en su mayoría, contusiones de mediana gravedad. Después, estamparon una denuncia en la 47º Comisaría de Las Condes.

Simulacro en el Puente Indus Lever
Los voluntarios de Asesoría Ciudadana también han detectado otros casos graves en que ellos estiman se han violan los derechos humanos.
Uno de ellos se produjo en contra del estudiante universitario Jaime Navarrete Quezada, de 20 años. El joven fue detenido por Carabineros la tarde del jueves 25 de agosto de 2011 en calle Romero al llegar a Chacabuco, en la comuna de Estación Central. Asegura que tipo 19 horas caminaba tranquilamente por la vereda junto a su hermano y un amigo, cuando siente un alboroto a sus espaldas.
"De repente, siento gente correr detrás mío. Me doy vuelta y veo que venía Carabineros con lumas en las manos. Me golpearon en la cabeza y me tiraron al suelo. Eran como 14 policías. Los que me golpearon a mí y a mi amigo eran como 8. Eran golpes de puño, pies y con objetos contundentes. Después que nos golpearon por un par de minutos, nos subieron a un furgón. Estábamos semi inconscientes", rememora el estudiante.
Posteriormente, calcula que viajaron como 15 minutos a bordo de un furgón policial. Afirma que los bajaron a golpes y con agresiones verbales en un lugar que en ese momento desconocían. El sitio era baldío y oscuro. "Nos bajaron a golpes debajo del puente de la IndusLever. Nos amenazaron con armas de fuego. Eran UZI. Nos gritaron ‘corran conchesumadres, los vamos a matar’. Eran como 4 ó 5 carabineros. Me volteé en un momento para tratar de ver algo, el rostro de algún carabinero o la patente del vehículo, pero me gritaron ‘date vuelta, te voy a matar culiao’. Corrimos y corrimos, tuvimos que subir el puente y ahí empezamos a pedir ayuda", detalla Jaime sobre la dura experiencia.
El universitario confiesa que "pensamos que de verdad nos iban a matar, porque no hicieron ningún procedimiento legal desde que nos detuvieron. Se iban a sacar al tiro el cacho de encima".
Esa misma noche, fue atendido y constató lesiones en el Consultorio Adalberto Steeger de la comuna de Cerro Navia. Lo más grave: Un corte en el pómulo derecho de 4 cms. de largo y que se tradujo en 3 puntos.
Se interpuso una querella ante el 7º Juzgado de Garantía por los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves  y amenazas.
28 de octubre de 2011
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libre asesino de 14 personas


Corte Suprema dictamina libertad vigilada para militar condenado por asesinato de Tucapel Jiménez. Víctor Pinto Pérez deberá cumplir cinco años de presidio por un total de trece condenas.
Santiago, Chile. La Corte Suprema eximió de la pena de cárcel a Víctor Pinto Pérez, exmilitar condenado como autor de la desaparición y homicidio de trece víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y lo obligó a cumplir cinco años en libertad vigilada.
El condenado se encuentra actualmente en prisión cumpliendo otra sentencia de 8 años por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, y ha sido procesado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
En su nuevo fallo, el alto tribunal dictó una condena única para tres casos.
El primero se refiere a los secuestros y homicidios calificados de Ramón Luis Vivanco, Adiel Monsalves, Manuel Zacarías González, José Leningrado Morales, Arturo Koyck, Joel Guillermo Silva, Roberto Segundo Ávila, Alfredo Acevedo, Raúl Humberto Castro, Pedro Enrique Oyarzún y Hernán Elías, perpetrados entre el 27 y 28 de septiembre de 1973.
El segundo y tercero corresponden a los homicidios calificados de Manuel Tomás Rojas Fuentes y René Máximo Martínez Aliste, respectivamente, cometidos entre el 4 y 8 de diciembre de 1973.
Víctor Pinto Pérez, brigadier retirado del Ejército, fue condenado como autor de todos estos hechos, ocurridos en la Escuela de Infantería de San Bernardo, al suroeste de Santiago.
La sentencia de la Corte Suprema lo eximió de cumplir esta condena en prisión al acoger recursos de casación presentados contra fallos emitidos por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Ese tribunal había fijado penas de diez años y un día de presidio por once víctimas, y cinco años y un día por cada uno de los otros dos fallecidos.
Con ello, el tribunal de alzada ya rebajó las penas fijadas en primera instancia por el juez Héctor Solís, que decretó quince años y un día de prisión por las once primeras víctimas, y diez años y un día de presidio por cada una de las otras dos.
Según los informes oficiales sobre el gobierno militar, las once primeras víctimas, con edades entre los 17 y 48 años, eran militantes del Partido Comunista y trabajaban en la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, donde fueron detenidos bajo la acusación, nunca respaldada, de que querían volar un gasoducto.
Por su parte, tanto Manuel Tomás Rojas como René Máximo Martínez tenían 20 años y eran reservistas de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
El segundo desapareció cuando fue a preguntar a un cuartel militar por el paradero de su padre, Juan Domingo Martínez, que había sido dirigente socialista y también fue ejecutado.
26 de octubre de 2011
©la tercera

denuncian a chile por brutalidad policial


Confech irá a la Corte Interamericana de DDHH por el derecho a la educación. Convocó a una "jornada nacional de protesta, agitación y propaganda" para el jueves 27 de octubre, además de otras movilizaciones para el 5 y 8 de noviembre. Hubo molestia contra Camila Vallejo y Giorgio Jackson.
Osorno, Chile. Tras una larga reunión que se desarrolló en el Campus Osorno de la Universidad de Los Lagos y que duró por más de 12 horas, la Confech afirmó que se acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los apremios que han recibido por parte de Carabineros durante las manifestaciones del movimiento estudiantil.
Patricio Contreras, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, fue el encargado de dar a conocer el comunicado oficial.
"Se va a asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Centro de Estudios Jurídicos de la FECH va a llevar 117 casos donde se puede evidenciar que hoy día las Fuerzas Especiales de Carabineros han reprimido fuertemente. Eso es un apremio ilegítimo, que en cualquier otro país del mundo se llama tortura, porque eso es lo que estamos recibiendo los estudiantes por manifestarnos por nuestro derecho a educarnos", afirmó el dirigente universitario.
Expresó su crítica a "cualquier tipo de medida represiva que se manifieste hacia los estudiantes que han determinado no comenzar el segundo semestre. El gobierno ha sido indolente y ha jugado con la entrega de los beneficios a los estudiantes más pobres de las universidades poniendo así en grave perjuicio a las instituciones".

Convocó a Protestas Nacionales
Contreras hizo una invitación a todos los movimientos estudiantiles y sociales "para este jueves a una jornada nacional de protesta, agitación y propaganda… Para el sábado 5 de noviembre, a una gran jornada de manifestación ciudadana y familiar con todos los actores y sectores sociales y para el 8 de noviembre a una gran movilización nacional centrada en Valparaíso para presionar al Parlamento y las bancadas políticas".
Llamó al Congreso a "detener la violencia contra los estudiantes ordenando desalojos y ejerciendo otras represalias".
También reiteró el rechazo al proyecto del Presupuesto 2012, "ya que en ningún caso responde a las demandas estudiantiles y sociales, sino que todo lo contrario, ya que se avanza a una agenda privatizadora".
Además pidió la "libertad y respeto a los compañeros que han sido procesados bajo circunstancias inusuales", dando como ejemplo los casos de David Silva, Víctor García y Manuel Villagrán, de la Universidad Católica de Temuco, "quienes han sido víctimas de montajes y se encuentran en este momento privados de libertad".

Molestia contra Vallejo y Jackson
Bajo la molestia e incluso insultos del resto de los asistentes se retiraron de la reunión los dirigentes Camila Vallejo y Giorgio Jackson.
El enfado se debió a que ambos se fueron de la jornada antes de que terminara la asamblea, sin esperar la conferencia de prensa a la que ellos debían haber estado.
Los dos dirigentes universitarios se excusaron, diciendo que no podían quedarse ya que el bus que los llevaría de vuelta a Santiago salía a las 22:30.
24 de octubre de 2011
23 de octubre de 2011
©la nación

jueces rechazan amenazas de ministro


Juica responde a ministro de Justicia: "Los jueces están para respetar el estado de derecho". El presidente de la Corte Suprema se mostró sorprendido por los dichos de Teodoro Ribera, quien dijo que el gobierno analizará los fallos de los jueces cuando estos sean candidatos a un ascenso en el Poder Judicial.
Santiago, Chile. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, se mostró sorprendido por las declaraciones del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien dijo que el Ejecutivo analizará los fallos de los jueces cuando estos sean candidatos para ascender en el Poder Judicial.
Juica dijo que "me parece naturalmente sorprendente, porque no hay un motivo que uno pudiera entender para qué se hacen estas declaraciones, sobre todo sobre el tema de los nombramientos que todo el mundo sabe cómo se nombran los jueces. No sé por qué se puede enfatizar el criterio que puede tener un Poder Ejecutivo para hacer las designaciones porque eso está en la ley y se supone que él tendrá que elegir los mejores jueces que están en la terna".
Juica agregó que "nos llama la atención las expresiones de poco criterio hacia los jueces y, en general, las explicaciones que se dan respecto de que los jueces están para defender los intereses superiores del Estado, lo cual nos parece que es muy ambiguo".
El juez, agregó que el Estado "actúa naturalmente a través de su órganos y sus órganos representan también algunas cosas. Hoy hay acciones penales que están dirigidas o patrocinadas por el Ministerio del Interior o las intendencias y esos son órganos del Estado ¿son esos los intereses superiores o de una de las partes? Entonces es lamentable que se hagan este tipo de declaraciones, especialmente en un momento en que la ciudadanía requiere cierta cautela, un cierto apaciguamiento, sobre todo de las autoridades para buscar fórmula de solución de los grandes conflictos sociales que todo el mundo observa".
El presidente del máximo tribunal informó que el Pleno de la Corte Suprema tomó conocimiento de estas declaraciones, porque él se lo informó durante el desarrollo de las Jornadas de Reflexión en la ciudad de Concepción.
"No sé si el Pleno va a tomar alguna decisión pero preocupó naturalmente por la forma en que se emiten opiniones sobre todo en un momento de cierta complicación que todos entendemos y estamos muy preocupados por los grados de conflictividad que se han producido en el paí­s, con las marchas y con los actos de violencia. Todos estamos preocupados, pero enfatizar en la preocupación de los jueces nos parece preocupante, porque los jueces naturalmente están para respetar el estado de Derecho, respetar la institucionalidad, creer y proteger los derechos y garantías de los justiciables y por tanto eso lo tiene que hacer con una absoluta independencia. Y la absoluta independencia pasa porque los poderes del Estado no intervengan en esas materias tan importantes para la sociedad chilena", dijo Juica.
Consultado si estas declaraciones eran una presión para el Poder Judicial, dijo que "no hay otra explicación de dar explicaciones sobre cómo se deben nombrar los jueces enfatizando en que se deben preocupar de aquellos jueces que defienden los intereses del Estado. Nos parece sí­ una manera indirecta de hacer una presión sobre los jueces. Y en eso nosotros vamos a ser muy firmes. Vamos a respetar hasta el último momento la independencia de los jueces".
Agregó que "siempre esperamos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuando le corresponda utilice naturalmente un cierto grado de justicia, de examen completo de antecedentes de los postulantes y no empiecen a escrudiñar la manera cómo resuelven los conflictos para decidir el nombramiento de ellos".
Consultado el presidente de la Corte Suprema si esto se puede entender como un veto dijo: "No sé, el tiempo lo dirá cómo va a pasar el sistema, pero desde luego es muy preocupante para nosotros que el ministro de Justicia esté en una actitud que ya había partido hace pocos días con las declaraciones muy poco felices del ministro señor Chadwick y del subsecretario Ubilla, quienes también hicieron  comentarios muy desafortunados en relación a la independencia de los jueces".
23 de octubre de 2011
22 de octubre de 2011
©la tercera

gobierno amenaza a jueces


Gobierno dice que evaluará el criterio de los jueces antes de decidir su promoción. El ministro de Justicia dijo que cuando realiza las nóminas de los postulantes a la Corte Suprema o de Apelaciones también estudia la "jurisprudencia y criterio jurídico" de los magistrados.
Santiago, Chile. El ministro de Justicia, Teodoro Ribera dijo que el gobierno evaluará los fallos de los jueces de garantía sobre los detenidos por desórdenes públicos antes de decidir su promoción dentro del Poder Judicial, al señalar que el marco de decisión de los jueces debe "ser razonable y prudente".
Ribera señaló que "hay que tener claro que también en los ascensos de los jueces no es un tema exclusivo de los jueces, sino que es un tema donde también participan otros poderes del Estado, por eso que quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa considerar adecuadamente los intereses individuales y los intereses colectivos".
"Por lo menos el Ministerio de Justicia, cuando le corresponde participar en el nombramiento de ministros de la Corte de Apelaciones y participar en la proposición que el Presidente de la República hace a la Corte Suprema, obviamente que revisa la jurisprudencia, los criterios de juez, su moralidad pública y privada y los informes que ha hecho sobre ellos las propias Corte Suprema y Corte de Apelaciones", dijo Ribera.
El ministro agregó que es en el marco de la interpretación legal donde se denota la calidad técnica de los jueces, por lo que indicó que "obviamente que cuando uno tiene que hacer planteamientos de nuevos miembros para la Corte Suprema y tiene que enviarlos al Senado de la República, uno también estudia su jurisprudencia y su criterio jurídico".
Ribera además señaló que el tema le preocupa al gobierno y a la ciudadanía "tener un juez en algún tribunal que solamente se preocupa del orden público, pero no de la seguridad de los imputados, es tan terrible como tener un juez que solamente se preocupa de los imputados y no del bien común que es también la seguridad colectiva", indicó.
22 de octubre de 2011
21 de octubre de 2011
©la tercera

memorias en parque por la paz


Parque por la Paz Villa Grimaldi presentó audiovisual ‘Memorias’. En el contexto del III Seminario de Pedagogía de la Memoria fue presentado el audiovisual ‘Memorias’ por el Programa Archivo Oral de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi en la sede del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH.
Santiago, Chile. La producción ‘Memorias’ es el cuarto audiovisual de la colección de testimonios del Archivo Oral de Villa Grimaldi. Antes fueron producidos ‘Fragmentos’ y ‘La importancia de testimoniar’, además de tres micro documentales  pedagógicos incluidos en la colección ‘Cuadernillos Docentes’ del Área de Educación, que se encuentran disponibles en www.villagrimaldi.cl
‘Memorias’, atraviesa la historia reciente de Chile a través del análisis y reflexión de algunos ejes temáticos de los últimos 40 años. La participación popular, el día del golpe, la represión y la resistencia en Villa Grimaldi, los detenidos desaparecidos, son algunos de los contenidos de este relato audiovisual, elaborado en base a la selección de testimonios de sobrevivientes hombres y mujeres de Villa Grimaldi.
El Archivo Oral, inaugurado en enero pasado, es una iniciativa de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi con la colaboración del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI) y tiene como objetivo el constituir un archivo testimonial referido a la historia de Villa Grimaldi (ex Cuartel Terranova de la DINA), centro clandestino de detención, tortura y desaparición de la Dictadura Militar.
La colección está compuesta por 145 cápsulas que en  enero próximo ascenderán a 164, totalizando alrededor de 500 horas de grabación. Ellas contienen entrevistas en profundidad  a ex detenidos y detenidas, familiares y expertos en la materia etc. El  archivo esta en formato mini DVD y en promedio cada una de estas capsulas tiene una duración aproximada de 3 horas; son de consulta pública y están dirigidas a estudiantes, profesionales, investigadores y público en general de Chile y el mundo.
El lanzamiento de esta nueva producción lo realizó la coordinadora del Programa Archivo Oral, la antropóloga Loreto López junto a su colega Claudia Fernández. López señaló que el audiovisual presentado "servirá también para interesar a los espectadores en la colección del Archivo Oral, e interiorizarse en los temas y los contextos aludidos (...) puede servir de arranque para conversaciones y debates sobre el pasado reciente y como apoyo a la labor docente".

Testimonios
Los testimonios entregados perteneces a personas que hoy son profesoras, médicos, artesanos, economistas e incluso "estudiantes" y la  mayoría supera los 50 años. En las entrevistas hablan de sus proyectos de vida y militancias previas al golpe de Estado y las duras experiencias vividas durante la dictadura, en particular lo que vivieron  en Villa Grimaldi. En esos relatos también hay referencias al término de la dictadura y los años de transición. En la actualidad la colección de Archivo Oral, existente en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, no siendo la única, con certeza es la más valiosa existente en nuestro país en número de testimoniante y duración de las entrevistas.
21 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
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acusan de asesinato a general gonzález


General Director de Carabineros es identificado como supuesto asesino de niño de 14 años durante la dictadura. Gustavo González Jure contó con la protección de su padre el general González (El Huaso).
Santiago, Chile. Como lo informó Panorama News, en su edición número 43, existían serias dudas sobre la verdadera responsabilidad del actual número uno de Carabineros de Chile, en el homicidio de un joven de 14 años, durante una protesta realizada, el 30 de agosto del año 1988, en la comuna de la Granja. En ese entonces, el actual General Director, era comisario.
El asesinato está consignado en el informe Rettig: "Sergio Williams Albornoz Matus, 14 años, se desempeñaba como aprendiz de albañil. El 30 de agosto las bodegas ubicadas en un Parque Municipal cercano a la villa La Cultura (Santiago), fueron asaltadas e incendiadas por manifestantes. Se hicieron presentes carabineros y bomberos. En ese contexto se produjeron disparos con armas de fuego de diversos orígenes. Una bala lo impactó provocándole la muerte. Los antecedentes específicos del hecho y los datos generales del contexto permiten a esta comisión llegar a la convicción que Sergio Albornoz murió víctima de la violencia política".
Así mismo el diario la Nación publicó el año 2005 lo siguiente sobre el caso:

FISCO DEBERÁ PAGAR 50 MILLONES DE PESOS A FAMILIA DE JOVEN QUE MURIÓ EN PROTESTA CONTRA PINOCHET
La Cuarta Sala de la Corte Suprema, en votación unánime, condenó al fisco al pago de una indemnización de cincuenta millones de pesos a la familia de Sergio Albornoz Matus, quien murió abatido en medio de una protesta en agosto de 1988.
El 30 de agosto de ese año, en el marco de una manifestación en contra de Augusto Pinochet, personal de la policía uniformada intentó controlar a los activistas en la comuna de La Granja, a raíz de la quema de la sede del desaparecido POH.
En la resolución se consigna que el joven de 14 años pereció a raíz del impacto de una bala del arma que portaba el carabinero Miguel Ángel Ortiz, a quien en 1994, la Corte Marcial le aplicó una pena de 541 días de reclusión como autor de cuasidelito de homicidio. Se consigna, en el fallo, que Sergio Albornoz había salido a comprar cuando recibió el impacto de bala que le causó la muerte.
Corría el año 1988 cuando, el actual Director General de Carabineros, Gustavo González Jure, era capitán de la 13° Comisaría de la Granja. En esos álgidos días, de división política y social, el General Pinochet había oficializado su candidatura a presidente de Chile. La gente salió a las calles a repudiar su designación por parte de la Junta Militar.
La familia del actual teniente coronel, Miguel Ángel Ortiz, condenado por el crimen, no cree en la versión oficial y va más allá. En conversación exclusiva con Panorama News, el teniente de Ejército, Ignacio Avello Ortiz, reveló que dialogó con su tío, quién le señaló que había pagado por un crimen que no cometió; que él no mató al joven; y que todo lo hizo por el amor que le tenía a la institución. La confesión de inocencia fue escuchada, además, por dos personas.
Según testigos, lo que sucedió esa noche fue lo siguiente. El comisario González Jure, actual General Director de Carabineros, disparó, con un arma UZI en un tiro rasante, al joven de 14 años, lo que le provocó, de inmediato, la muerte. El joven oficial estaba asustado y abrió fuego para disuadir a la turba.
Esto último, se opone a la información institucional que dice que el tiro tuvo una trayectoria descendente. Por eso, la familia del teniente coronel, Miguel Ángel Ortiz, pide periciar el cuerpo del joven, reabrir la investigación y que paguen los verdaderos responsables. "Nuestro tío ha cargado por años con una cruz que no le corresponde".
Luego de disparar, González Jure llegó a la comisaría. Llamó a su padre, el general González, quién se presentó en el lugar. En ese momento, despertaron al joven subteniente Ortiz.
González Jure y su padre, le pidieron inculparse con la promesa de cuidarlo durante toda su carrera.
Cambiaron y manipularon los armamentos. Prepararon el terreno para que, Ortiz, recibiera una baja condena y se mantuviera en la institución. Desde el año 2000, y con la entrada en vigencia de la Ley de Probidad, muchos funcionarios de las fuerzas armadas, condenados a una pena mayor a seis días, debieron alejarse de sus instituciones. Tenían un plazo de diez días para renunciar a su cargo bajo el apercibimeinto de ser dados de baja. Pero González Jure, se desempeñaba como Director de personal, puesto clave para proteger al teniente coronel, Miguel Ángel Ortiz quién, aunque se le impuso una condenada de 541 días, se mantiene hasta hoy en Carabineros.
Por último, el sobrino del inculpado, al igual que el Ministro del Interior, en su campaña, en contra de la delincuencia, realizó un llamado a las personas que tuvieran información, sobre este delito, para entregarla a la justicia. "Queremos que los testigos declaren y puedan recibir los beneficios y garantías de la justicia por su colaboración. Es importante terminar con la impunidad".
19 de octubre de 2011
9 de octubre de 2011
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patio 29, entregan nueva víctima


El niño Daniel Rodríguez era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 15 años cuando fue detenido por una patrulla de Carabineros en la intersección de Avenida Einstein y Las Torres, en la comuna de Conchalí, la tarde del 25 de septiembre de 1973. Desde entonces no se supo de su paradero.
Santiago, Chile. A las 10:00 horas de hoy, el Servicio Médico Legal se reunió con los familiares de Daniel Eliseo Rodríguez Lazo, víctima de la dictadura militar asociada al caso Patio 29.
Daniel Rodríguez era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 15 años cuando fue detenido por una patrulla de Carabineros en la intersección de Avenida Einstein y Las Torres, en la comuna de Conchalí, la tarde del 25 de septiembre de 1973. Desde entonces no se supo de su paradero.
Su identificación fue posible gracias a los análisis antropológicos realizados por un equipo multidisciplinario del SML, y posterior cotejo de ADN llevados a cabo en el laboratorio de la University of North Texas.
La entrega de hoy se suma a la realizada ayer por el organismo forense, donde fueron restituidos a sus familias los restos mortales de José Luis Astudillo Celedón, estudiante de 16 años, detenido el 17 de octubre de 1973 en Avenida callejón Lo Ovalle con Pasaje 16 en la población Santa Adriana, por Carabineros de la Cuarta Comisaría.
Ambas familias fueron notificadas de las respectivas identificaciones en julio de este año por el ministro instructor Alejandro Solís y el director nacional del SML, Dr. Patricio Bustos.
16 de octubre de 2011
15 de octubre de 2011
©la nación