chile

dialogan sobre marihuana terapéutica

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La comisión de Drogas y Alcohol de la Asociación Chilena de Municipalidades, se dio un plazo de 90 días para estudiar el tema y crear un informe para presentar al Congreso sobre la posibilidad de legislar sobre le uso medicinal de la droga.

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Santiago, Chile. Tras el fallo de la Corte Suprema en referencia al uso medicinal de la marihuana, la Asociación de Municipalidades, a través de su comisión de Drogas y Alcohol, decidió crear una comisión amplia, que estudie el tema y emita un informe para ser presentado al Congreso, abriendo el diálogo en el tema de la marihuana terapéutica.
Los ediles, representados por el presidente de la comisión de Drogas y Alcohol de la asociación, el concejal Francisco Olea, proponen a través del trabajo de esta nueva entidad, un debate amplio y sin tabúes sobre el uso medicinal de la droga que hoy se encuentra tipificada como prohibida por la ley 20.000.
Olea señaló que se hace necesario el debate de esta materia, más cuando cada días más países hacen la distinción entre el uso recreativo y el recreacional de la cannabis sativa, recordando que Israel hace pocos meses legisló sobre la materia.

¿Droga o Medicina?
Agregó que el plazo fijado es de 90 días y se espera que las recomendaciones puedan ser enviadas al Congreso para enriquecer el debate legislativo.
"Nosotros esperamos que en 90 días esta comisión de análisis, comprensión, debate y recomendación, pueda entregarnos un informe, serio, profundo, coherente y con fundamento", dijo.
El concejal explicó que "no podemos cerrar los ojos ante el universo de temáticas que se están abriendo en un Chile moderno, en una sociedad altamente crítica y donde nuestros contribuyentes y vecinos quieren cada día opinar y que su opinión y su punto de vista sea valorado, respetado y considerado en definiciones de políticas públicas y obviamente en definiciones de políticas normativas".
Dentro de los convocados al debate están los municipios, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, el mundo académico y actores de la sociedad civil, entre ellos los editores de la revista Cáñamo, además del abogado Alfredo Morgado, en su calidad de jurista destacado.
9 de octubre de 2011
©la nación

qué pasó con josé lagos

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La dura y triste realidad del jardinero que aclaró violaciones de derechos humanos.

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Santiago, Chile. José Lagos, testigo clave en el juicio contra Michael Townley por la muerte de Carmelo Soria y Orlando Letelier, vive con una pensión de gracia de $83 mil que no le alcanza para cubrir los gastos de su esposa que sufre Parkinson y demencia senil. Avergonzado, asegura que no ha recibido ayuda de ningún familiar de las víctimas a las cuales, arriesgando todo, ayudó.
"Este es el pago de Chile", asegura don José Lagos con los ojos llenos de lágrimas y destapando la olla con el desayuno, almuerzo y cena del día, un caldo transparente donde flota un poco de papa picada y algo de verduras.
Testigo clave en el juicio de los asesinatos del diplomático español Carmelo Soria, el ex vicepresidente Bernardo Leighton, el ex ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier y del ex químico militar Eugenio Berríos, el hombre de 66 años sólo recibe una pensión de gracia de $83 mil.
Dinero que sumado a la pensión de su esposa, Delia Santander (67), suman un poco más de $160 mensuales que deben estrujar para comprar los remedios que ayudan a controlar las crisis diarias de la mujer que sufre de Parkinson y demencia senil. Las cuentas básicas del pequeño departamento de San Bernardo, la comida y la ropa son gastos secundarios para la pareja que lleva 50 años de matrimonio.
El apoyo que le dan sus vecinos ha sido el empujón de caridad que le han permitido a José Lagos enfrentar su triste y durísima realidad. A veces son ellos que la cuidan para que él salga a hablar por teléfono o hacer algún trámite. También los que la ayudan a cargarla en sus crisis, trasladarla al consultorio o, simplemente, conseguir algo para echarle a la olla.

Consecuencias
"No me importa no tener luz y agua, me importa poder tener bien a la Delia y para eso son necesario sólo los remedios. Ella es mi vida, no renunciaría nunca a estar a su lado y por eso me atrevo a pedir alguna ayuda al gobierno o a las familias a las que ayudé con mi testimonio", cuenta el ex jardinero de Michael Tawnley.
El matrimonio, que trabajó durante 4 años en las labores domésticas de la casa de Vía Naranja bajo las órdenes de Mariana Callejas, hoy sufre las consecuencias de todo el estrés, miedo y persecución que vivió por agentes de la Dina.
"Todo esto es consecuencia de haber contado lo que vivimos, no me arrepiento porque, sino, hasta ahora no se sabría nada de esas personas. Pero me da pena que Chile no me agradezca ni siquiera con una silla de ruedas o pañales para mi esposa, que son cosas indispensables para su diario vivir", confiesa don José mientras mira sus manos dañadas por la artritis reumatoide que lo aqueja.

Necesidades
Delia se atiende de manera gratuita en el consultorio Raúl Braña de San Bernardo gracias a que el Parkinson esta incluido en el programa AUGE, y por el cual recibe de manera periódica ‘Quitalpina’, pastillas para tratar su enfermedad.
El problema: los medicamentos que le entregan en el centro de salud no son los que ella realmente necesita, por lo que el propio médico debe entregarle recetas para comprar fuera del consultorio ‘Asicot’, remedio que puede llegar a costar casi $60 mil la caja.
"El 13 de mayo de este año el abogado Nelson Caucoto envió una carta al Presidente Sebastián Piñera, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, contándole mi caso y pidiendo un aumento de mi pensión de gracia para poder solventar los gastos de mi esposa. Todavía no tengo ninguna respuesta", cuenta Lagos.
El Parkinson es una enfermedad degenerativa que tiene a Delia con un diagnóstico de "postrada moderada" que no la deja movilizarse por sus propios medios, pero que no es suficiente para entrar al "programa de apoyo a cuidadores de postrados severos" que entrega el estado, o hacerla acreedora de una silla de ruedas.
9 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
©la nación

violencia policial a la cidh

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En una audiencia que se realizará 28 de Octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará a los representantes del programa Asesoría Ciudadana, del Instituto Igualdad, quienes denunciarán "violaciones de varios derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas" en Chile y criticarán la "normativa que las regula".

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Santiago, Chile. El programa chileno Asesoría Ciudadana, dependiente del centro de estudios Instituto Igualdad, denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia fijada para el 28 de octubre en Washington, casos de violaciones de varios derechos humanos en el contexto de las recientes manifestaciones públicas, al tiempo que presentará cuestionamientos a las normativa que las regulan.
En un comunicado, este programa -que se presentará ante la Comisión como representantes de la sociedad civil chilena- dijo que su interés es que la CIDH "conozca lo que está ocurriendo en Chile y le manifieste al Estado chileno que los hechos de violencia no podrán volver a repetirse".

Objetivos
Nicolás Facuse, secretario ejecutivo de este programa, dijo a Nación.cl esperar "que la Comisión le recuerde al Estado chileno sus compromisos internacionales y le recomiende regular, de forma más cercana a la democracia, las convocatorias y el desarrollo de las manifestaciones".
Facuse apuntó también como muy importante el objetivo de que las autoridades chilenas "se comprometan a aclarar y castigar a los responsables de los abusos" de derechos humanos cometidos durante las manifestaciones.
Respecto a las convocatorias, Asesoría Ciudadana -agrupación de abogados que se dedica a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil-, ha criticado reiteradamente el Decreto 1.086 que establece todos los requisitos para solicitar autorización para realizar manifestaciones públicas, y ha exigido su modificación.
Para este grupo de asesores legales (formado principalmente por abogados y egresados de Derecho de las universidades de Chile, de Concepción y de Valparaíso) las autoridades deben hacerse responsable del accionar de la policía durante las manifestaciones públicas.
Al respecto, Facuse cuenta que su grupo ha asistido a varias de las manifestaciones realizadas en los últimos días, siendo testigos de abusos y visitando también comisarías para prestar asesoría a los detenidos.
En ese contexto, "el grupo ha iniciado una campaña para denunciar el abuso, ha interpuesto más de 15 querellas y se interpondrán otras decenas de denuncias de víctimas de abuso y represión", especifica el comunicado.

Asistencias
Respecto a la audiencia de fin de mes en Washington, Facuse explicó que su agrupación presentará un informe con casos a la Comisión (órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos y cuya misión es cautelar el respeto y promoción de los derechos humanos en los países miembros de la OEA) y una copia al Estado chileno.
Respecto a la asistencia de las autoridades chilenas a esta audiencia, el secretario ejecutivo explicó que la Comisión cita a ambas partes, pero no hay claridad sobre si el Estado chileno se presentará al encuentro.
Ante esto Asistencia Ciudadana "espera que el Estado de Chile asista y responda a nuestra presentación".
7 de octubre de 2011
©la nación

prohibición de cannabis es ilegal

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Marihuana medicinal: Suprema estimó "ilegal" prohibición del SAG. Tercera Sala, en forma unánime, acogió recurso de productora Agrofuturo Ltda. contra revocación del permiso para el cultivo de cannabis sativa con esos fines que había resuelto el Servicio Agrícola y Ganadero.

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Santiago, Chile. El cultivo de marihuana con fines medicinales que pretende la empresa Agrofuturo Ltda, de la Región del Biobío, fue validado este viernes por la Tercera Sala de la Corte Suprema que en forma unánime acogió  el recurso en contra de la prohibición que determinó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
El máximo tribunal determinó que la entidad de Agricultura no respetó el principio de igualdad ante la ley, al revocar un permiso inicial otorgado sin la realización de una audiencia previa en la que se permita exponer argumentos.
Destaca que inicialmente, el SAG había autorizado el cultivo, siembra, plantación y cosecha de cannabis sativa, sin embargo, "revocó" luego esa autorización tras una serie de consultas con otros organismos públicos sin aceptar la intervención de la empresa de Álvaro Gómez.

Detalles de la Resolución de la Suprema
En parte del fallo se señala que "la autoridad recurrida optó por emplear un ‘procedimiento de revocación’ que no resultaba admisible, especialmente porque no acepta la intervención de quienes podían ser afectados por la decisión".
"Si bien el órgano administrativo realizó un acto de su competencia, ejerció su potestad al margen de las formas legales, lo que le resta validez, tornándolo ilegal (…) Ha conculcado la garantía de los administrados recurrentes consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República", agrega.
Concluye que "la falsa aplicación de la normativa que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas hacía procedente el procedimiento de invalidación regulado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, potestad que exige como trámite indispensable la audiencia de los recurrentes en su posición de interesados, lo que no se llevó a cabo".
7 de octubre de 2011
©la nación

reconstitución ratifica asesinato

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Ex sargento Millacura disparó contra Manuel Gutiérrez. Por más de cuatro horas duró se extendió el procedimiento encabezado por la fiscal militar Paola Jofré, que investiga la muerte del joven producida el pasado 25 de agosto en el marco del paro nacional de la CUT.

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Santiago, Chile. La reconstitución de escena del fallecimiento de Manuel Gutiérrez, producido el 25 de agosto en el marco del paro nacional de la CUT, corroboró que los disparos que causaron la muerte del joven fueron realizados por el ex sargento de Carabineros Miguel Millacura Cárcamo.
El procedimiento investigativo fue encabezado por la fiscal militar Paola Jofré, duró por más de cuatro horas (comenzó a las 21:00 del miércoles y finalizó a las 1:30 de este jueves) y se llevó a cabo en la avenida Américo Vespucio, a la altura del pasaje Amanda Labarca.
Tras la reconstitución, la fiscal declaró que "se tomaron antecedentes y datos nuevos, pero finalmente se corrobora que efectivamente el disparo fue efectuado por el funcionario Millacura en el mismo lugar donde él dice que fue. Con las distancias y con el peritaje balístico se confirma que el ángulo es exactamente el mismo".
Los testigos Gerson Gutiérrez, hermano de la víctima, y Giussepe Ramírez, amigo, participaron de la diligencia.

Abogado: "Hay Pruebas para Establecer la Responsabilidad de Millacura"
Washington Lizana, abogado de la familia de Manuel Gutiérrez, se refirió al acusado y criticó su actitud, ya que "ha ido modificando su declaración a medida que se ha ido conociendo cada detalle y científicamente la manera en que ocurrieron los hechos".
Según el profesional, "el objetivo de él es tratar de justificar su accionar, planteando distintas coartadas. Primero negó los hechos, con posterioridad señala que él habría disparado al aire y después cambia su versión y dice que ya no fue al aire sino que en diagonal".
"Hay pruebas más que suficientes para establecer la responsabilidad de él y que el proceder que se realizó el día 25 de agosto fue injustificado", agregó.
6 de octubre de 2011
©la nación

chacal contreras quiere salir a la calle

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‘Mamo’ Contreras presenta recurso para que le den la salida dominical. Autor de cientos de asesinatos, fue condenado a más de 300 años y dos perpetuas.

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Santiago, Chile. Ex director de la DINA recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago ante negativa de Gendarmería para concederle el beneficio. Alega que ya cumplió más de seis años preso por uno de sus crímenes. Hasta marzo pasado, estaba condenado a más de tres siglos de cárcel y a dos cadenas perpetuas.
Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, ex director de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), presentó este miércoles un recurso de protección en contra de Gendarmería, porque la entidad le negó el beneficio de la salida dominical.
El general (R) Contreras cumple sus numerosas condenas en el penal Cordillera de Peñalolén. Entre los años 1974 y 1977, "El Mamo" encabezó la brutal represión del régimen de Augusto Pinochet en contra de cualquier tipo de disidencia.
Hasta marzo pasado, el ex director de la DINA estaba sentenciado a más de 300 años de cárcel y a dos cadenas perpetuas por diversos crímenes, entre ellos torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Los más graves son los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del general Carlos Prats.
El "Mamo" Contreras recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago por estimar que tiene derecho a la salida dominical, después de cumplir más de seis años encarcelado por el secuestro permanente (desaparición) del mirista Miguel Angel Sandoval en 1975.
El tribunal de alzada capitalino solicitó a Gendarmería que explique las razones del rechazo para resolver en los próximos días el recurso del "Mamo". En opinión de Contreras, la negativa de la entidad carcelaria es "arbitraria e injusta".
El general (R) tiene 82 años (nació el 4 de mayo de 1929) y sufre de cáncer al colon, diabetes, hipertensión y trombosis.
El penal Cordillera se ubica al interior del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén. Este recinto y el de Punta Peuco, en Tiltil, no tienen problemas de hacinamiento. Todo lo contrario, son considerados penales "5 estrellas".
El domingo 6 de marzo pasado, en el blog "El once de un gran mes", Contreras escribió que "después de haber reflexionado profundamente acerca de la situación que viven los presos políticos militares (…) si el gobierno cumple con lo prometido y los uniformados regresan a sus hogares, seremos los primeros en apoyarlos para que continúen otro período".
5 de octubre de 2011
©la nación

en caso bombas, acusados son sobreseídos

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Acusados por el caso bombas son sobreseídos y anuncian demanda contra el Estado. En tanto, el fiscal nacional Sabas Chahuán pidió un informe de la causa a la fiscalía sur. Mientras que el abogado Rodrigo Román anunció el recurso judicial contra el Estado por daños y perjuicios.

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Santiago, Chile. El Ministerio Público finalmente sobreseyó a los líderes del caso bombas, Rodolfo Retamales y Pablo Morales, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara pruebas que la Fiscalía Sur iba a presentar en el juicio oral en contra de los imputados. Ante este hecho, los abogados defensores de los 13 imputados - que en total hoy fueron sobreseídos por el delito de asociación ilícita- interpondrán una demanda civil contra el Estado.
El abogado Rodrigo Román dijo a La Tercera que este libelo será posiblemente presentado la próxima semana y responderá a la figura de daños y perjuicios en contra de los imputados.

Sobreseimientos
De los absueltos en la causa, destaca también la estudiante Candelaria Cortés-Monroy, luego de que fuera formalizada por un atentado explosivo, sin embargo, las pruebas para acreditar su participación no eran concretas.
En tanto, en el juicio oral del caso bombas serán imputados por el delito de colocación de explosivos, Mónica Caballero, Felipe Guerra, Francisco Solar y Cristián Cancino, que será sometido a preparación de juicio oral a parte por el delito de asociación ilícita.
Por otro lado, Omar Hermosilla y Carlos Riveros será imputado por el financiamiento de la red.

Reacciones
El abogado querellante, Rodrigo Román, indicó que "hay tranquilidad por parte de la defensa sin perjuicio de que sorprende la contumacia por parte del persecutor, las palabras del fiscal Nuñez y Rojas, que insisten en sostener una acotación infundada. Aquí derechamente lo que ocurrió no fue es que se haya desechado, es que nunca existió la prueba suficiente como para formar siquiera una formalización. Hay que recordar que acá hay una investigación que realizó la Fiscalía Oriente por más de cinco años donde el fiscal oriente, a la sazón, el fiscal Armendáriz señaló expresamente que no tenían los antecedentes suficientes como ni siquiera para formalizar, lo curioso es que el fiscal Peña en dos meses hace síntesis, formaliza, luego acusa, pide cadenas perpetuas finalmente lo que termina habiendo un sobreseimiento definitivo. Sorprende entonces que por un tema de justicia, por un tema de razón lo que hay es contumacia por parte del Ministerio Público, y lo que queda entonces es que el día 28 de noviembre parta el juicio donde el único camino es la absolución".
Por otro lado, el también abogado de la parte querellante Julio Cortés Morales sostuvo que esta "figura de la asociación ilícita es delito fantasmal, persecución política, estas personas que son sobreseídas definitivamente, tal como lo dijo el juez no estaban los elementos penales para hacer una acusación y estas personas que estuvieron 10 meses en prisión preventiva es responsabilidad que le compete al Ministerio del Interior".
5 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
©la tercera

criminalización de la protesta

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Conclusiones del informe sobre dd.hh. En Chile "se criminaliza la protesta."

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Chile. Un informe sobre derechos humanos reveló ayer la criminalización de la protesta social en Chile y el incumplimiento del respeto de los derechos fundamentales durante las movilizaciones masivas impulsadas por el movimiento estudiantil que reclama reformas estructurales a la educación. La protesta social y el abuso policial figuran como dos fenómenos contrastantes de una misma realidad, que se consolidan como una tendencia en la sociedad chilena, sostuvo la novena versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2011, publicado ayer por la Universidad Diego Portales.
"Durante 2011, la protesta se ha situado en el centro de la noticia; se han realizado las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia (1990), pero su masividad y la atención que han recibido hasta ahora contrasta con la satisfacción de los derechos involucrados", afirma el documento. La protesta social en Chile posee "un entorno de restricciones tanto desde la perspectiva del ejercicio de derechos constitucionales, como de restricciones que van desde amenazas de prohibición a regulaciones innecesarias o injustificadas en una democracia y proyectos de ley que buscan desplazar el eje de responsabilidad por el resguardo del orden público desde el Estado a los particulares". "La responsabilidad por la mantención del orden durante las manifestaciones corresponde al Estado y sus fuerzas de orden público, no a los manifestantes ni los organizadores."
"A las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanzaaguas, disolviendo marchas pacíficas en lugares residenciales, y los jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta", denunció el informe.
5 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
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