La abogada penalista sostiene que el trabajo del programa de ddhh del ministerio del Interior no cambiará y opina que "en delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni prescripción". Se opone a fijar plazo de término a los procesos.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.
Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será "pluralista" y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.
¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?
Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.
¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.
¿Cuáles serían los casos en que no correspondería presentar querellas?
Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.
Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?
Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.
¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?
También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.
¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?
El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.
¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?
El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.
¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?
El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.
¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?
En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.
Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?
Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.
¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?
Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.
¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?
He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.
¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?
Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.
Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…
No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.
Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…
Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.
¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?
No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.
Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.
Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.
Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?
Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.
¿De qué manera?
Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.
El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.
El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.
¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?
Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.
Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…
Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.
Caso Soria: Razones de la Petición de Apertura
Una de las primeras acciones efectuadas por el Programa de Derechos Humanos al mando de Rossy Lama fue solicitar la reapertura del caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Lama explicó a LND las razones que llevaron a esta entidad a persistir en la investigación de esta causa emblemática de derechos humanos, hecho ocurrido a mediados de la década del 70. Incluso, en 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía, confirmando una resolución de la justicia militar.
Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?
Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.
¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?
Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.11 de abril de 2010
©la nación
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