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impugnan rechazo a exhorto de garzón


Fundación Allende impugna rechazo a exhorto del juez Garzón.
Santiago, Chile. La Fundación Presidente Allende de España impugnó ayer ante la Corte Suprema chilena el informe de una fiscal que recomendó no dar curso a un exhorto del juez español Baltasar Garzón relacionado con el blanqueo de capitales que se le imputan a la familia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
Según informes judiciales, la impugnación atañe a la fiscal Mónica Maldonado, quien afirmó que el exhorto debe ser rechazado porque el magistrado español intenta investigar delitos que ya están siendo indagados "por un tribunal chileno que tiene jurisdicción y es competente respecto de dichos asuntos, existiendo por tanto una investigación penal vigente".
Sin embargo, en un documento que entró ayer en la Corte Suprema, la Fundación representada por Víctor Araya Anchia sostiene que Maldonado cometió un error al decir que los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes "están siendo indagados en Chile por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama".
Según la entidad "el único delito que el señor ministro (Valderrama) singulariza (en su informe) como actualmente objeto de una investigación es el de malversación de caudales públicos".
La Fundación agregó en su escrito que "por lo demás, así lo ha señalado públicamente el señor ministro Valderrama en declaraciones a la prensa, donde al ser consultado a propósito de este exhorto internacional, sostuvo que el blanqueo de capitales no era materia de su investigación".
Expresa además la Fundación que aunque en Chile se investigaran delitos cometidos por la familia de Pinochet, como el blanqueo de capitales, estos hechos "no pueden ser los mismos que se investigan en España, y que dicen en relación con el lavado de dinero cometido fuera de las fronteras de Chile".
Garzón persigue a Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, a su abogado y albacea Óscar Aitken Lavanchy y a dos ejecutivos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira.
Este último fue el gerente de la entidad en Nueva York, donde Pinochet depositó supuestamente parte de su fortuna.

21 de abril de 2010
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juez madrid niega empatía


Juez Madrid niega empatía con los Frei y prejuicio contra ex agentes. La aclaración del magistrado, no hecha pública hasta ahora, se conoció ayer durante la vista de la recusación interpuesta en su contra por el abogado Claudio Feller.
[Jorge Escalante] Santiago, Chile. El juez Alejandro Madrid manifestó en un escrito que fue la propia oficina de Comunicaciones del Poder Judicial la que el 7 de diciembre pasado le expresó el interés de la prensa para que se refiriera al procesamiento que dictó ese día en la causa del ex presidente Frei Montalva.
Con ello, Madrid aclaró que no fue él quien tomó la iniciativa de hablar con los medios acerca del asunto porque, como le acusa la defensa de los procesados, tuviera la intención de marcar empatía a favor de la familia Frei Ruiz-Tagle y mostrar animadversión en contra de los seis ex agentes y médicos encausados.
La aclaración del magistrado, no hecha pública hasta ahora, se conoció ayer durante la vista de la recusación interpuesta en su contra por el abogado Claudio Feller, representante legal del médico y ex agente DINA-CNI, Pedro Valdivia, uno de los seis procesados por el juez.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó ayer pendiente su decisión respecto de la solicitud para sacar definitivamente al juez Madrid del proceso, cuestión central a la que apunta el recurso interpuesto por Feller.
Madrid dijo aquel día que "es penoso" que en Chile ocurrieron hechos como el homicidio del ex Mandatario, lo que debía "hacer reflexionar a la sociedad" chilena, agregando que "es bueno que se conozca lo que realmente ocurrió".
Según Feller, estos dichos revelan que el juez demostró "empatía" con la familia Frei Ruiz-Tagle, y "animadversión" en contra de los encausados, no debiendo hacerlo porque el proceso sigue abierto y el juez debe aún adoptar otras decisiones.
El juez negó aquello en sus descargos, argumentando que explicitar su convencimiento de que efectivamente se cometió un delito, como lo verificó la larga investigación realizada, "no constituye un prejuzgamiento".
Por otro lado, quienes alegaron ayer para pedir que no se acoja la recusación y se reponga al magistrado en la causa, recordaron que fue la misma Corte Suprema la que en su momento abogó para que los jueces difundieran públicamente sus resoluciones.

21 de abril de 2010
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obispo propone indultar a pinochetistas


Iglesia: Indulto considera también a presos por causas de derechos humanos. "No excluimos a nadie, serán las autoridades quienes resolverán sobre los nombres", explicó el presidente de la Conferecia Episcopal, obispo Alejandro Goic. Pero empezó pidiendo indulto solo por delitos comunes.
Santiago, Chile. El presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Alejandro Goic, aseguró que el indulto jubilar que propondrá la Iglesia Católica al gobierno no excluye a nadie y considera sujetos del beneficio a personas condenadas por casos de Derechos Humanos.
Ante la consulta si dentro del listado que llevarán a las autoridades hay nombres de individuos condenados por violaciones a las libertades fundamentales, se mencionó a Manuel Contreras, monseñor Goic dijo: "No excluimos a nadie, serán las autoridades quienes resolverán sobre los nombres".
Goic se refirió así al punto 5 del documento emitido con motivo de la clausura de la 99ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, desarrollada en Punta de Tralca la semana pasada.
Otro tema relevante del documento invita a las nuevas autoridades "poner siempre a las personas en el centro de las políticas públicas".
El mensaje de los obispos plantea a los partidos opositores desarrollar su rol de manera tal que siempre se persiga el beneficio mayor del país.
"(A la) actual oposición, les invitamos a buscar con respeto los mejores caminos para hacer realidad los sueños de Chile", planteó Goic.
En dicha conferencia de prensa, Goic pidió a nombre la Iglesia chilena perdón a las víctimas de abusos sexuales realizados por religiosos.

20 de abril de 2010
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juez se inhabilita en caso anfruns


En su reemplazo asumirá la investigación el ministro Alejandro Madrid, quien a su vez está marginado del proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Asesinato de niño de 6 pudo ser cometido por agentes de la dictadura.
[A. Ch.] Santiago, Chile. El ministro en visita Manuel Valderrama se inhabilitó ayer de la investigación que dirige por el secuestro y homicidio de Rodrigo Anfruns Papi (6), ocurrido en junio de 1979, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera a trámite la implicancia interpuesta en su contra por el abogado Roberto Celedón, quien representa a la familia del menor.
Su marginación del proceso judicial se extenderá hasta que el tribunal de alzada revise el fondo de la presentación y determine si corresponde o no su alejamiento permanente del caso.
Durante ese período asumirá la causa, en su reemplazo, el ministro Alejandro Madrid quien a su vez está inhabilitado en la investigación que instruye por el crimen del ex presidente Eduardo Frei Montalva, fallecido en enero de 1982.
La familia Anfruns, en la presentación contra Valderrama, afirma que el juez debe ser marginado de la indagatoria debido a que ya tiene una opinión formada del caso.
"Al momento de cerrar el sumario (el 19 de junio de 2009), declara que está agotada la investigación y señala ‘que la verdad material, real y/o procesal establecida anteriormente se confirma’, está emitiendo opinión sobre el fondo", explicó el abogado Celedón.
En ese fallo, de junio de 2009, el juez consigna que cierra el sumario con la convicción de que el asesino de Rodrigo Anfruns es P. P. V. (de 16 años a la fecha del crimen), quien se encuentra declarado sin discernimiento, y que no hubo participación de agentes del Estado en los hechos.
A igual conclusión arribó en octubre 2006 la jueza Dobra Lusic, cuando decretó el cierre del caso. Pero, en 2007, la Corte ordenó reabrir y, 15 días después, la magistrada decidió inhabilitarse para seguir a cargo de la investigación.
El pasado 1 de abril, nuevamente el tribunal de alzada disponía la reapertura. Sin embargo, esta vez, apuntaba explícitamente a eventuales responsabilidades de agentes del Estado y pedía al juez indagar una posible asociación ilícita para el crimen.

20 de abril de 2010
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renunció director de gendarmería


Andrusco renuncia a dirección de Gendarmería. El general (R) reveló que había sido amenazado de muerte. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, lamentó su alejamiento y dijo que "este episodio ha sido un retroceso en la agenda de derechos humanos".
Santiago, Chile. El general (R) de Carabineros Iván Andrusco renunció ayer a la dirección de Gendarmería en medio de fuertes cuestionamientos de familiares, agrupaciones, parlamentarios y abogados del mundo de los derechos humanos por su presunta vinculación con el llamado caso Degollados.
A través de una declaración pública, que se difundió cerca de las 20 horas, el renunciado general (R) aseguró que "jamás he estado involucrado ni directa ni indirectamente en algún acto vinculado a violaciones de los derechos humanos".
Reveló además que debido a que "me han amenazado de muerte" decidió dejar el cargo, pues consideraba su obligación "no exponer la integridad de mi familia.
Agregó que constataba con dolor que "grupos minoritarios, utilizando la bandera de los derechos humanos, pretendan manipular su causa para perseguir a personas cuyo único "pecado" fue pertenecer (...) a instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden".
En ese sentido, señaló que -a su juicio- "el chantaje político y el odio sin límites siguen instalados en Chile.
En la misma declaración pública, manifestó estar "muy agradecido por la confianza que depositaron en mí sucesivamente los gobiernos de la Concertación y el gobierno del Presidente Sebastián Piñera".
Pero antes que el alejamiento de Andrusco trascendiera, el diputado PC Hugo Gutiérrez, cuya denuncia puso el nombre del general (R) en el centro de la polémica, hacía otra acusación pública.
Esta vez contra el jefe de gabinete del subsecretario de Defensa Óscar Izurieta, el general (R) Mario Larenas, quien estaría vinculado con el caso de violaciones de los derechos humanos Caravana de la Muerte.
Según el parlamentario, "existen declaraciones de conscriptos que involucran a Larenas" y éste, dijo, "prestó declaración en el caso". Por ello, pidió al gobierno que "tome cartas en el asunto, mediante la destitución del funcionario".
Ayer, además, el diputado asistió a una marcha convocada en el frontis de La Moneda por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y los parientes y amigos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, cuyo objetivo era insistir en la necesidad de destituir al recién asumido director de Gendarmería.
Pero el gobierno mantenía su posición respecto del nombramiento, y este jueves, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, reiteraba -en la cuenta pública de la Fiscalía- que no había antecedentes serios sobre la supuesta vinculación de la máxima autoridad de recintos penitenciarios con violaciones de los derechos humanos.

Ministro Bulnes: No Se Respetaron Sus Derechos
Consultado ayer por la renuncia del director de Gendarmería, el ministro de Justicia manifestó que "lamento profundamente que a don Iván Andrusco no se le hayan respetado los derechos humanos fundamentales, como son el derecho de la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre y a la honra".
Dijo además que "no sólo se le intentó lapidar, al margen de cualquier proceso judicial, sino que, además, se alentó de tal manera un debate desbordado, propio de la arena política". A su juicio, "todo este episodio ha sido un retroceso y no un avance en la agenda de derechos humanos".

17 de abril de 2010
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a un paso de una dictadura legal


Gobierno apoya auditoría externa a Ministerio Público. El jefe de la Fiscalía Nacional, Sabas Chahuán, rechazó el planteamiento del Ejecutivo y exigió que, si se aplica este criterio al organismo, se haga lo mismo con todos los "organismos autónomos, como la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial".
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. "Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo ayer el presidente Sebastián Piñera al término de la cuenta pública que rinde anualmente el organismo.
Minutos después, el fiscal nacional Sabas Chahuán -que estaba a sólo unos metros del Mandatario- reiteraba su rechazo al planteamiento del Ejecutivo.
Al respecto, el jefe del Ministerio Público advirtió que "tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web (...). Creemos que no se puede, de acuerdo a la Constitución, hacer una auditoría impuesta a la fiscalía".
Sólo aceptará la aplicación de este criterio si se realiza en todos los organismos autónomos. "Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial (…) de otra manera creemos que va más allá de la Constitución", dijo.

Justicia: "No Es Sinónimo de Confianza"
Consultado por el tema, el ministro de Justicia Felipe Bulnes expresó que una auditoría no tiene por qué poner en riesgo la autonomía del Ministerio Público.
"No son fenómenos incompatibles (...) Queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público pero creemos, al mismo tiempo, que las instituciones se fortalecen y se legitiman en la medida en que mayor información se dé a la ciudadanía", afirmó el secretario de Estado.
En ese sentido, precisó que la autonomía no está en discusión "sino las instancias de información y control de la gestión del Ministerio Público". También aclaró que esto "no es sinónimo de desconfianza, al contrario, creemos que el Ministerio Público va a salir fortalecido".
Sin embargo, aún no hay una fórmula definida para materializar la auditoría. "Por el momento, lo que me interesaba era plantear el concepto y la necesidad, cuando llegue el momento se dará a conocer la fórmula", dijo el ministro Bulnes.
Sobre la posibilidad de auditar al Poder Judicial y a otros organismos autónomos, como lo planteó el fiscal nacional, aclaró que "nadie ha pedido una auditoría al Poder Judicial".
Pero confirmó que la cartera participará -junto con el Poder Judicial, la fiscalía y la defensoría- de una mesa que analizará cada dos meses el funcionamiento de la justicia penal. En esa instancia se podrían discutir casos como el del violador de Placilla y determinar en "qué se falló".

Endurecer Leyes Anticorrupción y Antiterrorista
El uso de agentes y la realización de operaciones encubiertas en casos de corrupción y de conductas terroristas, la intervención de comunicaciones telefónicas sin mediar una autorización judicial y la creación de un registro nacional de reos son algunas de las modificaciones que planteó ayer el fiscal nacional Sabas Chahuán en la cuenta pública anual (ver texto completo en www.lanacion.cl) realizada ayer en el terreno donde se emplazará el nuevo edificio del Ministerio Público, ubicado en calle Catedral 1437.
También propuso una modificación legal que excluya la aplicación de beneficios a los condenados por delitos sexuales y a quienes reincidan en la comisión de esta clase de delitos.
En materia de corrupción pidió hacer cambios a la ley para poder usar "técnicas especiales de investigación" que hoy sólo están autorizadas para casos de narcotráfico y lavado de dinero. Modificaciones similares solicitó respecto de la ley sobre conductas terroristas, puntualizando que para una labor más efectiva de la fiscalía se requiere, por ejemplo, del uso de agentes encubiertos que puedan infiltrarse en organizaciones de este tipo, lo que no está permitido respecto de ilícitos de esta índole.
Tampoco es posible hoy interceptar las comunicaciones telefónicas sin autorización de un juez. Para Chahuán resultaría más eficiente si cada fiscal pudiera pedir directamente a las compañías la localización y el tráfico de llamadas sin autorización judicial.
Por último, planteó la posibilidad de crear un registro nacional de reos (mediante un decreto del Ministerio de Justicia), con características específicas de los reclusos (características físicas, cicatrices, enfermedades, condenas anteriores).

16 de abril de 2010
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en libertad asesino pinochetista


Corte Suprema dicta nuevamente ridícula sentencia contra homicida pinochetista.
Santiago, Chile. La Corte Suprema dictó este jueves sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Gerardo Antonio Encina Pérez, ocurrido a partir del 2 de octubre de 1973 en la comuna de San Javier, condenando a cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, a Claudio Lecaros Carrasco.
En fallo dividido los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Kunsemüller aplicaron la sanción contra Lecaros por su compromiso en el crimen del militante del PS.
La resolución se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes fueron del parecer de aplicar la figuras de la prescripción de la acción penal.
Cabe recordar que la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca, Juana Venegas, en primera instancia había determinado la absolución de Lecaros y el tribunal de alzada dictó una sanción de cinco años y un día de presidio sin beneficio.

15 de abril de 2010
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interrogan a chacal contreras


Interrogan a Manuel Contreras por asesinato de niño de 6 años en caso Anfruns. El ex director de la DINA declaró ayer en el recinto penitenciario, donde cumple condenas por violaciones de los derechos humanos. Este es el cuarto interrogatorio a ex agentes luego que se reabriera la investigación por el crimen del menor, ocurrido en Santiago en 1979.
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. Por cerca de dos horas prestó declaración ayer en calidad de inculpado el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (R) Manuel Contreras, ante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Manuel Valderrama, quien dirige la investigación por el secuestro y homicidio del menor Rodrigo Anfruns Papi, de seis años, ocurrido en Santiago en 1979.
La diligencia, ordenada por el tribunal de alzada capitalino al reabrir el caso, se realizó en el penal Cordillera donde el ex agente cumple condena por una serie de violaciones de los derechos humanos.
Esta es la cuarta entrevista que efectúa el magistrado luego de la resolución judicial que dispuso retomar la etapa indagatoria de la causa.
La semana pasada el juez tomó declaración a los ex jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), mayores (R) Carlos Herrera Jiménez y Álvaro Corbalán así como al ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, el general (R) Raúl Iturriaga, quienes permanecen recluidos en Punta Peuco por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Reapertura
A juicio de la Corte, según reseña el fallo de 1 de abril último, los antecedentes recabados en la indagatoria a cargo del juez Valderrama apuntan a que hubo participación de agentes del Estado en la muerte de Rodrigo Anfruns.
Por ello, el tribunal no sólo dispuso una ronda de interrogatorios a ex miembros de organismos represivos del régimen militar sino también la apertura de un proceso por el delito de asociación ilícita
Además se solicitó al juez oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que el organismo que defiende los intereses fiscales evalúe la posibilidad de intervenir en la causa. El magistrado ya cumplió con esta diligencia y ahora está a la espera de la respuesta del CDE.
El organismo discutiría el tema primero en comité penal y, posteriormente, en consejo, según se informó.
También se pidió realizar nuevas diligencias para aclarar una serie de declaraciones y peritajes contradictorios.

Inhabilidad
Pocos días después de notificada la resolución judicial, el abogado que representa a la familia Anfruns, Roberto Celedón, presentó un incidente de implicancia contra el juez Valderrama.
En el escrito, el profesional manifiesta que el magistrado debe marginarse del caso pues ya se ha pronunciado sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para dictar sentencia.
Lo anterior, porque en junio de 2009 el juez llegó a la convicción de que el asesino del menor fue P. P. V., entonces de 16 años, y decretó el cierre de la indagación sin establecer responsabilidad de agentes del Estado.
El lunes pasado el ministro rechazó el incidente y comenzó a correr el plazo de cinco días para que la familia Anfruns recurra a la Corte.
Consultado, el abogado Roberto Celedón confirmó que apelará a fines de esta semana. Así será el tribunal de alzada el que resuelva si inhabilita o no al juez para seguir instruyendo la causa.

14 de abril de 2010
©la nación 
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