las injusticias de mapiripán
10 de febrero de 2010
VerdadAbierta.com estuvo en el pueblo del Meta, sinónimo de muerte y tragedia. En este especial recuerda la masacre que sucedió hace 12 años, por qué se dio, cómo se extendió, y sobre lo poco que se ha hecho por los sobrevivientes.
Colombia. El 14 de julio de 1997 Mapiripán era un pueblo de mil habitantes a orillas del río Guaviare que vivió la muerte. Cerca de 120 hombres encapuchados y vestidos con uniformes de camuflaje del ejército irrumpieron en el casco urbano, se apoderaron del lugar, secuestraron por cinco días a sus habitantes y mataron uno a uno a 60 personas que hacían parte de su arbitrario listado de "sapos de la guerrilla". La mayoría de los asesinados fueron arrojados al Río Guaviare y permanecen desaparecidos.
"Nos dimos cuenta que no era la Fuerza Pública por los grafitis que decían Auc de Urabá", le contó una mujer que vivió en el pueblo a VerdadAbierta.com. Los paramilitares no se fueron nunca del todo de este caserío triste en el extremo sur del Meta. Sufrió otra toma paramilitar 2002 y ha habido otras varias matanzas en la zona del Alto y Bajo Ariari.
Mapiripán fue y sigue siendo un punto estratégico a donde confluye la base de coca de extensos cultivos de producción cocalera y de donde sale la droga para los mercados en Brasil.
VerdadAbierta.com estuvo en Mapiripán y vio la gran presencia militar. Sin embargo, la gente aún se siente desprotegida, pues hay demasiados paramilitares en la zona y nadie parece estarlos persiguiendo. De los 2.500 habitantes que huyeron cuando la masacre, muy pocos han regresado, y viven en diferentes barriadas urbanas del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por acción y omisión en la masacre, pero nadie ha sido aún reparado. Algunos oficiales del Ejército, entre ellos el general Jaime Humberto Uscátegui, fueron condenados por su complicidad en el asesinato masivo.
©verdad abierta 
Colombia. Un intenso debate este miércoles en la universidad Jorge Tadeo Lozano puso contra la pared al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien recibió duros cuestionamientos de respetados opinadores como la politóloga Claudia López; la decana Natalia Springer y el rector de la universidad José Fernando Isaza.
Colombia. Las declaraciones se conocieron durante la reanudación de las audiencias de juzgamiento de los diez militares acusados de participar en la masacre. Y se realizaran hasta mañana en el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia.
Colombia. Los familiares de las víctimas no olvidan a sus seres queridos y luchan porque se imparta justicia.
El proceso de desmovilización de 37 grupos de las Auc que adelantó el gobierno entre 2003 y 2007 ha sido y es calificado por el presidente Uribe y miembros de su gobierno como exitoso porque llevó a que más de 30.000 combatientes dejaran las armas y se comprometieran a entrar en programas de reinserción e integración en la vida civil. Sin embargo, la organización Human Rights Watch, HRW, no piensa lo mismo y el informe ‘Herederos de los paramilitares’ que hizo público esta semana, producto de dos años de investigación y seguimiento al proceso, llega a conclusiones que no precisamente coinciden con las del gobierno. Según el informe de 126 páginas que fue presentado por el director de la ONG, José Miguel Vivanco, en la desmovilización de las Auc hubo fraude, estructuras completas de esa organización siguen activas, las llamadas ’Águilas Negras’ existen, los sucesores de los paramilitares han tenido un impacto brutal en la crisis humanitaria y de derechos humanos, y existe tolerancia de miembros de la fuerza pública, cuando no alianzas, con las nuevas bandas criminales. Según HRW, en julio de 2009 estos grupos tenían presencia en por lo menos 173 municipios de 24 departamentos, y están dedicados a reclutar adolescentes y desmovilizados para "montar una sofisticada organización a nivel nacional".
Colombia. El 26 de enero, mientras el Ministerio de Defensa realizaba una jornada con lechona, payasos y rifas para los 46 uniformados procesados por las ejecuciones extrajudiciales de 16 jóvenes de Soacha que habían quedado en libertad por vencimiento de términos, sus madres y hermanas recibían en sus hogares panfletos, correos electrónicos y llamadas con amenazas de muerte. "Cállense viejas lloronas o las vamos a matar", decían los mensajes. Han recibido 11 amenazas de muerte y pese a ello carecen de protección por parte del Estado. Al dolor y la frustración por la ausencia de justicia, ahora se suma el temor por sus vidas. Están solas y temen salir a la calle para protestar y exigir sus derechos. "Esas amenazas me dieron mucho miedo y lloradera -dice Ana Cecilia, hermana de Mario Alexánder Arenas, desaparecido en enero de 2008 y presentado por el Ejército como guerrillero siete meses después-. Pero más tristeza me dio la lechona que les prepararon a los militares para celebrar su libertad... Es el mundo al revés: ellos festejan y a nosotras nos amenazan".
Colombia. El ente investigador señaló que fueron presentados como guerrilleros del Eln muertos en combate, pero la investigación arrojó que fueron bajados de un bus en la ruta Yopal (Casanare) - Sogamoso (Boyacá) el 30 de marzo del 2007.
Colombia. Altos mandos militares de la Brigada XVII recurrieron de manera frecuente a guías paramilitares para que guiaran a sus tropas en operaciones contrainsurgentes desarrolladas entre 1995 y 2005 en el Urabá antioqueño. Varios testimonios provenientes de diversos procesos judiciales han coincidido en revelar esta práctica. Y ahora, en el juicio que se desarrolla esta semana contra diez militares acusados de participar en una masacre del 21 y 22 de febrero de 2005 en la zona rural de Apartadó, Urabá antioqueño, se conocieron nuevos testimonios de ex oficiales militares que describieron en detalle cómo se usaron guías paramilitares para orientar a las tropas en una operación militar.