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mismo lote para diferentes víctimas


El lote que está avaluado en 23 mil millones de pesos es disputado por un empresario, las víctimas del Bloque Vencedores de Arauca y los damnificados de DMG. Tanto ’el Mellizo’, como David Murcia, ofrecieron el lote de más de 17 mil metros cuadrados para reparar a sus víctimas.
Colombia. El punto de la discordia es un lote de 17 mil metros cuadrados  al norte de Bogotá, que el ex jefe paramilitar del Bloque Vencedores de Arauca, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘el Mellizo’, entregó al Fondo de Reparación.
Sin embargo, el lote no solo fue entregado por ’el Mellizo’ Mejía para reparar a sus víctimas, sino que también lo disputan los acreedores de David Murcia Guzmán y, un señor llamado Carlos López Piñeros, socio de la Banca de Inversiones Colbank S.A.
Tras el anuncio de la entrega del lote por parte de ‘el Mellizo’, en marzo de 2009 la Fiscalía de Justicia y Paz pidió que se tomaran medidas cautelares sobre el Bihar B, para que no se pudiera negociar ni embargar en algún pleito.
La versión de ‘el Mellizo’ sobre el Bihar B es que pasó a sus manos por un préstamo de un millón de dólares que su hermano Víctor y él le hicieron a Óscar Humberto Uribe Echeverri. Como Uribe Echeverri no pudo pagar su deuda con los hermanos Mejía Múnera, por eso les ofreció a los ’Mellizos’ esta propiedad para cancelar la deuda.
Esta persona fue señalada por el ex paramilitar como uno de sus socios en negocios de cocaína. Según los registros del Das, Uribe salió a San José de Costa Rica, donde es presidente de la sociedad ‘Tres-Ciento Uno-Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Doscientos Treinta y Dos S.A.’ y secretario de ‘International Led Advertisemnt S.A.’
Según relató Mejía Múnera, el cambio de titulación del lote se iba a hacer en mayo del 2008, pero el 29 de abril su hermano Víctor Manuel murió en un operativo de la Dijin en el bajo Cauca antioqueño. Cuatro días después, él mismo fue capturado por la policía en Tolima.
El otro que está en la pelea es Carlos López Piñeros del Colbank, quien alega que el lote está a nombre suyo y estaba ya comprometido en venta a una inmobiliaria. En audiencia anterior, aceptó que tenía relaciones comerciales con Uribe, su esposa y su hermana, pero dijo que el lote no era de ellos sino suyo. Incluso Uribe tuvo una opción de compra sobre Bihar B, pero, según los representantes de Colbank, nunca se hizo una promesa de venta, lo que le hubiera dado el derecho de entregarle el bien a ‘el Mellizo’.
En una charla con VerdadAbierta.com en diciembre del año pasado, representantes de Colbank dijeron que "no entendemos cómo alguien que no tenía la posesión, en este caso Óscar Uribe, podía prometerle el bien a ‘el Mellizo’. O Uribe estafó a Mejía Múnera o este (el ’Mellizo’) está mintiendo".
La única prueba que demuestra la presunta propiedad de ‘el Mellizo’ sobre el Bihar B es que pagaron impuestos sobre el predio. Sin embargo, Colbank argumenta que con sólo tener la matrícula y la dirección del bien, cualquier persona puede pagar el impuesto. Y que el impuesto de Bihar B fue pagado dos veces.
Para apoyar su versión López Piñeros, dueño de la franquicia KFC en Colombia y de Pollos Aretama, dijo que vendió el predio a Luis Eduardo Gutiérrez y a Juan Carlos Valencia, dueños de la inmobiliaria Guval, por 23 mil millones de pesos.
Gutiérrez y Valencia aseguraron que hicieron una promesa de venta con Colbank, para después revender el lote por 28 mil millones de pesos a Dmg, la captadora de dinero intervenida en noviembre de 2008 que en la que, según el gobierno, más de 500 mil personas perdieron sus ahorros. Ahora el predio también está en la mira de la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio para reparar los damnificados que dejó David Murcia.
Por considerarse el propietario legítimo del bien López Piñeros le solicitó un Magistrado de Justicia y Paz que levante las medidas cautelares que hay sobre el Bihar B. Además alega que con la medida cautelar se causan perjuicios a su nombre.

La Decisión del Magistrado
En la audiencia de este miércoles 3 de febrero, el Magistrado de Control de Garantías Julio Ospino Gutiérrez negó la solicitud de López Piñeros y decidió que se mantendrán las medidas cautelares sobre el Bihar B instauradas a través de Justicia y Paz.
El Magistrado afirmó que aunque Colbank figura como el titular del lote no es su propietario, ya que lo vendió y entregó su posesión. Explicó que como el Bihar B fue comprado por Luis Eduardo Gutiérrez y a Juan Carlos Valencia, el bien dejó de ser de Colbank desde el segundo semestre del 2008, razón por la que su solicitud no tiene validez.
El Magistrado cuestionó el hecho de que Colbank no presentara los comprobantes de pago de impuestos del lote con los sellos originales. Indicó que no se entiende cómo una empresa organizada y legalmente constituida no puede presentar esta documentación. Sobre este hecho, también dijo que es entendible que un grupo ilegal como el de ‘el Mellizo’ no presente este documento porque en la lógica criminal no se dejan rastros ni registros.
Igualmente, Ospino dijo que no compulsará copias sobre este caso, debido a que López Piñeros reconoció que "sí distinguía a Uribe Echeverri" pero que no tuvo relaciones cercanas con él. Asimismo, reconoció que la decisión de dictar medidas cautelares sobre el Bihar B podría generar perjuicios a López, pero indicó que ese tema no se debía tratar en la audiencia y que en ningún momento se señaló que él tuviera relaciones con ‘el Mellizo’.
Por otro lado, el Magistrado dijo que se debía tener presente que la Corte Suprema estableció que la entrega voluntaria de bienes debe ser entendida como una extensión de las versiones libres de los desmovilizados que se acogieron a Justicia y Paz. Lo anterior implica que si ‘el Mellizo’ hizo el ofrecimiento del Bihar B para reparación, éste debe estar sustentado en argumentos válidos porque de lo contrario sería expulsado de los beneficios de la Ley.
Sobre los alegatos de los agentes interventores de Dmg para que se levanten las medidas cautelares y este bien pase para la reparación de los damnificados de David Murcia, el magistrado Ospino los negó porque carecen de legitimidad, ya que los representantes de Dmg no se hicieron presentes durante la etapa de debate probatorio.
El Magistrado señaló que la audiencia fue citada para el 18 de noviembre, pero que la liquidadora de la captadora ilegal se hizo presente el 29 de diciembre.
Como la parte que representa a la liquidadora de Dmg no quedó conforme con la decisión del Magistrado de Justicia y Paz, presentará un recurso de apelación para que esta disputa sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

5 de febrero de 2010
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reelección de uribe es inconstitucional


El referéndum reeleccionista es inconstitucional, según un magistrado. La reelección bis del presidente de Colombia comienza una cuenta regresiva que, en principio, parece no favorecerlo. Ayer se supo que fue negativa la ponencia para estudiar si la ley de referéndum es constitucional.
[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. La reelección del presidente de Colombia, álvaro Uribe, comienza hoy una cuenta regresiva que, en principio, parece no favorecerlo. Ayer se supo que fue negativa la ponencia para estudiar si la ley de referéndum es constitucional. Que el referendo reeleccionista es inconstitucional es la premisa del magistrado Humberto Sierra Porto, encargado de presentar a la Corte Constitucional los argumentos iniciales para evaluar la legalidad de la consulta que, en caso de pasar este requisito y ganar en las urnas, cambiaría la Constitución colombiana a favor de Uribe para que, por tercera vez, pueda ser candidato presidencial. Con ello el político antioqueño podría sumar doce años consecutivos en el poder.
La noticia agitó aún más el ambiente político nacional. Los precandidatos presidenciales uribistas manifestaron que siguen apoyando la reelección, mientras que el presidente se declaró prudente. Como candidato virtual que es, con cualquier declaración equivocada podría incurrir en violaciones a la ley de garantías electorales y ello, en teoría, le impediría ser reelecto. "Aportaré prudencia para contribuir al tranquilo discurrir de las decisiones", afirmó el jefe de Estado a una emisora local rompiendo el silencio que guardó desde que el referendo empezó su curso. Sin embargo, no respondió si desea ser otra vez presidente, a pesar de que todo está dicho desde que puso a andar su maquinaria política para pasar la ley del referendo. Solo dijo que su candidato preferido es aquel que defienda con firmeza la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.
En todo caso, a partir de la próxima semana todos los jueves y viernes la Corte Constitucional estudiará el documento de 400 páginas presentado por el magistrado Sierra. Tienen sesenta días a partir de hoy para tomar una determinación. El presidente de la Corte, Nilson Pinilla, calcula que el estudio no les llevará todo ese tiempo y aseguró que el concepto negativo de la ponencia de Sierra "es un proyecto, una orientación, un orden lógico y no es una decisión". Sin embargo, es un precedente de valor para el país, teniendo en cuenta que la oposición y hasta algunos uribistas han denunciado que la forma en que se aprobó la ley del referendo no es constitucional. Las razones que expusieron, por ejemplo, en el Congreso durante la votación, y en las denuncias penales presentadas, son casi las mismas que expone Sierra en su ponencia: la ley tiene vicios de forma.
El texto elaborado por el juez es reservado. Sin embargo, a los medios explicó que son cinco los puntos que alega para dejar sin piso el referendo. Por ejemplo, la recolección de firmas para presentar el proyecto de ley en el Congreso fue irregular. Las cuentas de la financiación no cuadran, los aportantes excedieron el tope individual permitido y, en general, se gastó más dinero de lo establecido por ley. En medio de este debate sobre la financiación, la Registraduría Nacional no entregó a tiempo el visto bueno y el trámite del referendo en el Congreso se inició sin esta certificación. Es decir, que era inválido el proceso para ese momento.
Entre otras cosas, durante el trámite del Congreso también se presentaron errores, según Sierra, como el del cambio de la pregunta en las urnas. El magistrado considera que el Congreso no tenía facultades para modificar la frase "quien haya ejercido en la Presidencia de la República por dos períodos", por "quien haya sido elegido por dos períodos constitucionales podrá ser elegido para otro período". Además, la sesión en la que se aprobó finalmente la ley fue una sesión extra, lo cual no fue notificado, como manda la ley, en el diario oficial. El transfuguismo en el que incurrieron los parlamentarios que aprobaron el referendo para no seguir las directrices de su ex partido de votar negativamente sería otra violación a la norma.
Mientras se da la discusión, desde ayer mismo Álvaro Uribe dio evidencias de que arrancó una estrategia, desconocida hasta hoy, para fortalecer su coalición política. Recibió a varios líderes uribistas en su palacio, entre ellos a los por ahora candidatos presidenciales, también ex ministros suyos, Andrés Felipe Arias y Juan Manuel Santos.

5 de febrero de 2010
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los nuevos paramilitares


Human Rights Watch criticó al gobierno de Colombia por fracasar en castigar a los grupos de ultraderecha. El informe de la organización defensora de los derechos humanos describe la brutal participación de los nuevos grupos paramilitares en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones y extorsión.
Colombia. La violencia parece no tener fin en Colombia. En un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), la organización denunció la existencia de "abusos graves y generalizados" perpetrados por nuevos grupos armados considerados los sucesores de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ONG criticó asimismo la gestión del presidente Alvaro Uribe por "no haber abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema, fracasando en hacer un esfuerzo serio en romper los vínculos, denunciar y castigar". Ante las críticas, el gobierno colombiano salió a controlar los daños inmediatamente, calificando al informe de "mentiroso y basado en especulaciones."
"Entre 2003 y 2006 Colombia implementó un proceso de desmovilización de la violenta coalición armada AUC. Según el gobierno, el proceso fue exitoso y desde entonces han afirmado en varias oportunidades que ya no existen paramilitares en su país. Sin embargo poco después de la desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo Colombia que continuaron con la actividad delictiva, logrando un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en el país", reza la introducción del informe presentado ayer en Bogotá "Herederos de los Paramilitares: La nueva Cara de la violencia en Colombia".
Tras dos años de trabajo de campo, el informe de 126 páginas describe la brutal participación de estos nuevos grupos armados en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones y extorsión, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia. Su presencia se extiende a prácticamente todo el país, habiéndose confirmado su actividad en 24 de los 32 departamentos colombianos.
"El gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes", señaló de manera crítica el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. "Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón. Casi todos sus líderes eran mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron o cometieron fraude con ese proceso. Muchos fueron contratados para hacerse pasar por paramilitares y los verdaderos mantuvieron intactas sus estructuras", indicó el responsable de la organización defensora de los derechos humanos.
Los nuevos grupos armados han logrado instalarse tanto en zonas rurales como en urbanas, destacándose el caso particular de Medellín, que sufrió un incremento del ciento por ciento en el número de homicidios durante el último año. De acuerdo con la policía nacional colombiana, el número de integrantes armados rondaría los 4000 miembros nucleados en ocho organizaciones diferentes. Sin embargo, HRW advirtió que algunas estimaciones llevarían esa cifra a los 10.000 integrantes. Estas bandas, con nombres como Aguilas Negras, Rastrojos o Los Paisas reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación, aseguró el dossier.
El surgimiento de los grupos sucesores era predecible de acuerdo con la HRW. El gobierno colombiano no logró desarticular las redes criminales de manera eficaz por una implementación inadecuada y mal concebida de las desmovilizaciones entre 2003 y 2006. Asimismo, la ONG manifiesta preocupación por las denuncias de supuesta "tolerancia" de algunos funcionarios del Estado y de sectores de la fuerza pública frente a la actuación de los paramilitares. Fiscales y miembros de alto rango de la policía indicaron a la organización que esto obtaculiza su labor.
"Queremos recordar al gobierno del presidente Alvaro Uribe que tiene obligaciones para enfrentar a esos grupos y proteger a la población civil. Creemos que hay una actitud pasiva y un discurso dirigido a minimizar la importancia de este problema. No hay suficientes policías en las zonas en que actúan estos grupos y no vemos el despliegue de recursos necesarios. Tampoco notamos esfuerzos para enfrentar la tolerancia con estos grupos", señaló el director de la HRW, mientras que expresó su confianza en que este informe sirva para redefinir las prioridades vigentes del actual gobierno en materia de seguridad.
El documento de la HRW fue tajantemente rechazado por el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva. "Es un informe que no se basa en la realidad. No tiene información, sino especulaciones, son generalidades que cuando uno las confronta con los hechos nunca son capaces de demostrarlo", dijo el funcionario a los medios locales, tras cancelar la entrevista que tenía prevista ayer con Vivanco.

4 de febrero de 2010
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la conexión bloque norte-das


En el juicio contra Jorge Noguera, el ex jefe paramilitar alias ‘Don Antonio’ reveló cómo se filtró información de inteligencia del DAS hacia el Bloque Norte de las AUC además de su relación con funcionarios de la entidad, aunque negó cualquier vínculo con Noguera.
Colombia. En el segundo día de audiencia ante la Corte Suprema, el ex comandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, Edgar Ignacio Fierro alias ‘Don Antonio’ afirmó no tener conocimiento sobre los presuntos vínculos del ex director del DAS, Jorge Noguera, con el Bloque Norte de las AUC.
Sin embargo, según su declaración ante la Corte Suprema, su vínculo con el DAS hace referencia a un archivo encontrado en su computador  en 2006 con las hojas de vida de presuntos colaboradores de la guerrilla residentes en Barranquilla.  El archivo, según él, le fue suministrado por el ex jefe de informática del DAS y testigo clave de la parapolítica, Rafael García.
Además de revelar  detalles de la reunión en la que Rafael García le suministró la información, ‘Don Antonio’ aceptó haber tenido una "relación estrecha" con el ex subdirector del DAS regional en Magdalena, Javier Valle Anaya. "Era amigo mío… conocía a mi familia… conocía de mis vínculos con las AUC… me ayudó en varias oportunidades a transportarme en época de desmovilización con recursos del DAS" señaló el ex jefe paramilitar.
A pesar de haber sido hombre cercano a ´Jorge 40’, Fierro Flórez aseguró no tener conocimiento de otros nexos entre  comandantes de los frentes del Bloque Norte con funcionarios de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad del estado, entre ellos, el DAS.
"Nunca supe de la relación de Noguera con el Bloque Norte" puntualizó el ex jefe paramilitar.

La Reunión entre ‘Don Antonio’ y Rafael García
Durante la audiencia, ‘Don Antonio’ reconoció haberse reunido en una oportunidad con el ex jefe de informática del DAS, Rafael García. La reunión fue coordinada por el ex jefe paramilitar David Hernández Rojas alias ‘39’, antiguo comandante del Frente Mártires de Valledupar. Según Fierro Flores, ‘39’ era el contacto del AUC con el DAS, específicamente con Rafael García. Y dijo que fue García mismo quien le sugirió que se reuniera con el ex jefe de informática.
El ex paramilitar aseguró que la reunión fue cuadrada por ‘39’, ya que García tenía información clave de inteligencia del DAS sobre supuestos colaboradores de la guerrilla en el Atlántico. ’Don Antonio’ había sido enviado por el jefe ’Jorge 40’ a extender el poderío de los paramilitares a este departamento, con un grupo que llamaron Frente José Pablo Díaz.
La reunión se realizó entre abril y mayo de 2004, en un reconocido restaurante en el Rodadero, en Santa Marta. Rafael García llevaba un computador portátil en el que cargaba la información con las hojas de vida de varios líderes sociales e intelectuales, a quienes la entidad había señalado como "miembros del Partido Comunista Clandestino Colombiano" que vivían en Barranquilla.
Según ‘Don Antonio’, García le ofreció la lista además de borrar sus antecedentes delictivos, a cambio de 100 millones de pesos.  Después de negociar con García, el precio por la información quedó pactado en 80 millones. ‘Don Antonio’ le entregó en ese momento 10 millones de pesos por 3 hojas de vida.
El ex comandante paramilitar reveló que cuatro o cinco meses después de esa reunión, y a través de su jefe de finanzas, alias ‘Gabriel’, se pactó el intercambio del dinero por la información restante.
La información que finalmente filtró Rafael García a ‘Don Antonio’ es la misma que se encontró en su computador, confiscado por las autoridades en un apartamento en Santa Marta en 2006 bajo el nombre "Amigos del DAS. En esa carpeta se leen los nombres de once personas, a quien las Auc tenía en  la mira.
De acuerdo con el relato de ‘Don Antonio’, luego de tener la lista completa, el grupo paramilitar se dio a la tarea de rastrear a cada uno de los miembros reportados en esa lista.
Fue la colaboración de personal del DAS lo que les facilitó a los paramilitares asesinar en el Atlántico a más de 50 personas entre ellas al sindicalista Adan Alberto Pacheco, el sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andréis y el ex secretario distrital Pedro Pérez. En el listado figuraban reconocidos académicos, estudiantes, defensores de derechos humanos y sindicalistas.
‘Don Antonio’ seguirá declarando esta semana ante la Corte Suprema.
Vea un resumen de los cargos que formuló el entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguaran,  en abril de 2009 contra  Noguera en Jorge Noguera lo niega todo.

4 de febrero de 2010
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juego de identificaciones


El Laboratorio de Antropología Biológica de la Universidad Nacional logró establecer la identificación de 10 personas muertas en los hechos del Palacio de Justicia.
Colombia. Entre ellas estaban René Francisco Acuña (derecho) y Fabio Becerra (izquierda). Estos son los rostros reconstruidos.
René Guarín, hermano de Cristina, desaparecida durante el holocausto del Palacio de Justicia, considera "sospechosa" la supuesta aparición de restos humanos de empleados de la cafetería.
La presunta aparición de dos cuerpos de personas muertas durante la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, identificados por la Fiscalía reactivó la polémica sobre la suerte de los empleados de la cafetería, desaparecidos desde entonces.
Los cuerpos investigados estuvieron hasta el año pasado en los laboratorios de antropología Física de la Universidad Nacional y posteriormente fueron llevados al búnker de la Fiscalía para ser estudiados.
Sin embargo, según fuentes judiciales citadas por Caracol Radio, los cuerpos no pertenecen a los de los 11 desaparecidos durante la toma del edificio, por lo cual la justicia ordinaria está procesando al coronel retirado, Alfonso Plazas Vega.
La misma emisora reveló los nombres de los cadáveres identificados: René Francisco Acuña Jiménez y Fabio Becerra Correa. Los cuerpos de estas personas ya habían sido exhumados por la Fiscalía junto con otros 27 que fueron hallados en una fosa común del Cementerio del Sur.
En 2001, el informe del ente de control dijo que ninguno de los 29 cuerpos exhumados, a los cuales calificó como N.N, pertenecía a las  personas que desaparecieron durante los hechos y de las cuáles hay evidencia de que salieron vivas del Palacio.
Acuña Jiménez, quien según el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia "murió como consecuencia del cruce de disparos", era un empleado de un almacén cercano al edificio y la misma comisión. En el listado de las víctimas del Palacio, la Comisión lo clasifica como ‘transeúnte’.
No obstante, el cuerpo de él, después que la Fiscalía diera a conocer su informe, fue llevado al laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional junto al de otros cuerpos, entre ellos el de Fabio Becerra. Esos cuerpos, junto al de otras 8 personas fueron después estudiados por el Laboratorio de Antropología Biológica de la Universidad Nacional, en un proceso de reconstrucción facial. Ese estudio en 2004 estableció sus identidades.
Según señala el informe de la Comisión de la Verdad, el cuerpo de Francisco Acuña no ha sido devuelto a su mamá para su entierro.
El cuerpo de Fabio Becerra Correa, según la versión de la cadena radial del informe de Fiscalía, aparece como supuesto empleado de la cafetería. No obstante, el cuerpo de Becerra, según el mismo informe de la Comisión ya había sido entregado a su familia, en 2005, lo cual deja más preguntas abiertas. ¿Por qué aparece otra vez en la Universidad Nacional si supuestamente ya había sido devuelto a sus familiares?
En el informe del Tribunal Especial creado en 1986, por el ex presidente Belisario Betancurt, para la investigación de los hechos del Palacio de Justicia, Fabio Becerra fue identificado como guerrillero del M-19. Él aparece en la lista de los 15 insurgentes "plenamente identificados" y a los que ya se les había hecho para la época "reconocimiento médico legal".
Por esta razón, para el hermano de Cristina Guarín (desaparecida durante la toma del Palacio), René, el hallazgo del peritaje forense "es sospechoso". En entrevista con Semana.com Guarín dijo que "el problema de fondo es que se pretende presentar a dos cuerpos de personas ya identificadas como desaparecidas".
El hecho, según la interpretación del vocero de las víctimas de la desaparición, pretende cambiar la tipificación del delito de desaparición forzosa, que es imprescriptible. "Es sorprendente que digan ahora que los cuerpos de los desaparecidos estaban en la Universidad Nacional, justo a cuatro semanas de que salga un fallo histórico en el juicio al coronel Plazas Vega", dijo Guarín.
El magistrado integrante de la Comisión de la Verdad, Nilson Pinilla, dijo que el hallazgo de estos cuerpos no aporta nada nuevo a la investigación de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Instó a los militares responsables de estas desapariciones a que digan dónde están los cuerpos, pues el hecho evidente fue que hubo personas que salieron con vida y de las que no se supo más.

¿Nuevos Hallazgos?
El año pasado, después de una de las diligencias del juicio del Plazas Vega, el coronel dijo a los periodistas que los cuerpos de los desaparecidos del Palacio de Justicia se encontraban en el laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional. La declaración obligó a la juez del caso ordenar una nueva investigación de los cuerpos del laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Nacional.
Para los familiares de las víctimas, las declaraciones de Plazas Vega fueron interpretadas como una estrategia de dilación, pues estos cuerpos ya habían sido exhumados e identificados y una nueva identificación con ADN podría tardar varios años.
Otro dato que sorprende es el anuncio este miércoles de que la Fiscalía sacó de la Universidad Nacional, además de los 16 cuerpos que ya habían sido estudiados en 2004, otros cincuenta para estudiarlos. Los restos humanos fueron llevados al búnker de la Fiscalía.
Según dice el diario El Tiempo, una fuente de la Universidad Nacional dijo que los cuerpos eran utilizados para investigaciones de los estudiantes, y otra fuente de Fiscalía indicó que no pertenecen a los que fueron exhumados del Cementerio del Sur y llevados al laboratorio del campus.
La pregunta que surge es: ¿cómo aparecieron esos nuevos cuerpos, que después fueron llevados a la Fiscalía, en la Universidad?
Voceros de la Universidad dijeron que los cuerpos no eran utilizados para la investigación y que desde 2001 la Facultad de Antropología Física trabaja junto con la Fiscalía para la identificación de los cuerpos que fueron exhumados del Cementerio del Sur.
También indicaron que los cuerpos de las personas reconocidas por la Fiscalía ya habían sido identificados en una primera investigación y que la nueva investigación lo único que hace es confirmar, con mayor evidencia, que los cuerpos pertenecen a René Francisco Acuña y Fabio Becerra.
La Fiscalía General de la Nación entregará en las próximas horas el nuevo informe de la identificación de los cadáveres. Seguramente se conocerán más detalles del peritazgo que los investigadores están haciendo.

4 de febrero de 2010
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colombia no hace lo suficiente


HRW: Gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir a los sucesores de los ‘paras’. Medellín, el Urabá chocoano, Meta y Nariño son las cuatro zonas más azotadas por la nueva generación del paramilitarismo en Colombia, según un informe de la Human Rights Watch.
Colombia. La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles ‘Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia’, un informe sobre lo que ha ocurrido después de la última desmovilización de las autodefensas, en el 2006, que devela la preocupante situación de los sucesores de los paramilitares. Según el organismo, ellos han cometido masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, al igual que durante 20 años lo hicieron sus predecesores.
Dos años de investigación en siete regiones del país fueron suficientes para concluir que la nueva generación del paramilitarismo en Colombia está azotando especialmente a Medellín, el Urabá chocoano, Meta y Nariño. Según el organismo, en estas zonas atacan a menudo defensores de derechos humanos, sindicalistas y víctimas de los paramilitares.
"Independientemente de cómo se les llame a estos grupos —paramilitares, bandas criminales u otra denominación— no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. "Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos", agregó.
El ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien justamente esta tarde tiene una reunión con Vivanco, descalificó este informe y aseguró que tiene claras intenciones políticas. "Tiene opiniones equivocadas, sesgadas, se meten hasta con el proceso electoral en Colombia", dijo el ministro, quien dijo que no tenía esperanzas de la reunión con Vivanco, "porque sabemos que ellos no aceptan razones". 
Cifras de la Policía, citadas en el informe, indican que estas organizaciones tienen más de 4.000 miembros en al menos 173 municipios de 24 departamentos del país. "Los grupos reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación", dice el informe.
Muchas de estas conclusiones coinciden con las que otros organismos han revelado en los últimos meses. Por ejemplo, en lo que respecta a Medellín, donde se incrementaron los índices de criminalidad el año pasado, el problema se salió de madre, en parte, con las organizaciones criminales que dejaron los paras de ‘Don Berna’ después de su extradición.
Las autoridades tienen identificadas en toda Colombia organizaciones como Los Urabeños, Los Rastrojos, el Erpac, Los Paisas, Los Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio y Renacer. "Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles sobre la existencia de otros grupos, como los Águilas Negras en Nariño, que la Policía no incluye en su lista", señala en su informe.

Los Errores del Gobierno
Igual que otros organismos como la Mapp-OEA, la Human dice que con la última desmovilización de paramilitares en el 2006 (en total fueron 31.671 paramilitares que se desmovilizaron), este fenómeno no se acabó. Por eso critica fuertemente al gobierno central que siempre ha dicho que los paramilitares ya no existen en el país.
"El gobierno (...) no ha destinado recursos suficientes a las unidades de Policía encargadas de combatir a estos grupos, ni al grupo de fiscales responsables de investigarlos. No ha hecho prácticamente nada por investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores y los agentes del estado o las fuerzas de seguridad pública. Y aún no ha adoptado medidas específicas para proteger a los civiles frente a esta nueva amenaza. En lugar de ello, el gobierno se ha mostrado renuente a asignar fondos suficientes y a tiempo al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (...) y en ocasiones organismos del estado habrían denegado asistencia a civiles que denunciaban haber sido desplazados por los grupos sucesores", señala el documento, que tiene 126 páginas.
Por ejemplo, en varias ocasiones, Human Rights Watch recibió quejas porque la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) se negó a registrar y brindar asistencia a personas que reportaban haber sido desplazados por paramilitares (refiriéndose a grupos sucesores), con el argumento de que ya no existían los paramilitares. "Si bien Acción Social afirma que estos casos no reflejan la política oficial del gobierno, debe tomar medidas efectivas para asegurar que esta denegación no continúe en el ámbito local", asegura HRW.
El organismo también ve con preocupación que el gobierno no haya aprovechado el proceso para interrogar a los paramilitares sobre los activos, los cómplices y las operaciones delictivas de estos grupos. Muestra de ello es que a pesar de la desmovilización de Freddy Rendón, ‘El Alemán’, ex jefe del Bloque Élmer Cárdenas, lo reemplazó su hermano Daniel, alias ‘Don Mario’, quien continuó muchas de las actividades del bloque como narcotráfico, extorsión, protección de terrenos apropiados en forma ilícita por personas vinculadas con los paramilitares y hostigamiento de civiles en la región de Urabá. Este último finalmente fue capturado el año pasado.
Salvo algunas excepciones, dice Human Rights Watch, los fiscales no han investigado en profundidad las operaciones delictivas de las AUC, las fuentes que las financian y las redes que las respaldan. "Los grupos sucesores han podido reemplazar fácilmente a las AUC, y han empleado los recursos masivos que ya tenían o podían obtener rápidamente por medios delictivos para reclutar a nuevos miembros y continuar controlando a la población civil y cometiendo abusos contra ella".
Otro problema es el tema de la corrupción en los organismos del estado que dificulta la posibilidad de rastrear, enfrentar y juzgar a estos grupos. El ejemplo más evidente es la actual investigación penal contra el ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio (hermano del actual Ministro del Interior y Justicia), por haber colaborado con una de las bandas emergentes. "Como se describe en este informe, Human Rights Watch también recibió múltiples denuncias en Nariño, Chocó, Medellín y Meta de situaciones en las que miembros de la policía o el Ejército al parecer toleraban actividades de los grupos sucesores".
 Para ver el informe completo haga click aquí. Vea además el informe especial multimedia sobre las atrocidades de los parmailitares en Colombia, después del 2006.

4 de febrero de 2010
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condenan a ex congresista


Corte Suprema condena al ex congresista Dixon Tapasco por parapolítica. La Sala Penal condenó a siete años y medio de prisón al ex representante de Caldas por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Auc.
Colombia. En la sesión de este miércoles, la Sala Penal de la Corte condenó al ex representante a la Cámara del Partido Liberal por el delito de concierto para delinquir con paramilitares. La sentencia también incluye una multa de 6.500 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
Para la Corte es claro que "el doctor Dixon Ferney Tapasco Triviño se concertó con la finalidad de promover un grupo armado al margen de la ley, pues con su concurso logró que las autodefensas posicionaran su proyecto político al garantizar sus fines electorales en el Norte del departamento de Caldas (en 2006)".
Según el Alto Tribunal, aunque Tapasco no se haya reunido con grupos paramilitares en Caldas, si incurrió en un delito puesto que  "como candidato y como líder de un sector importante del partido liberal" nunca desautorizó los pactos y reuniones que miembros del partido tuvieron con las autodefensas.
Para la Corte "no puede pasar desapercibido" el hecho que Tapasco aceptó "sin mayores discusiones" la inclusión del estudiante Juan Pablo Sánchez, candidato apoyado por ‘Ernesto Báez’, en la lista al Congreso del partido liberal en 2006.
Como parte de decisión, la Corte compulsó copias del caso a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para que estudie la posible exclusión de ‘Ernesto Báez’ del proceso de Justicia y Paz, puesto que "al haber actuado por fuera de los acuerdos con el gobierno y con el apoyo del Frente Cacique Pipintá de las AUC  (en época de desmovilización)… incurre en desacato a los pactos que se refiere la ley de Justicia y paz".
Para el Alto Tribunal el pacto de Tapasco con las Auc se dio justo después del asesinato de Óscar Gonzalez el 18 de marzo de 2005, representante a la Cámara cercano a Báez, quien, al ocurrir el homicidio, le pide a Alberto Guerrero, jefe militar del frente Cacique Pipintá, que organizara una reunión con Enrique Emilio Ángel Barco, Francisco Ferney Tapasco González y Dixon Ferney Tapasco Triviño, con el fin de convenir la participación de las autodefensas en el proceso electoral.
Es cuando Báez les informa que no permitiría que el movimiento de Oscar González Grisales desapareciera y que en lo que a las autodefensas concernía, en el municipio de Pácora y en otras zonas del norte del departamento de Caldas, la votación debía favorecer a Emilio Enrique Ángel.    
Según la investigación, Tapasco desobedeció la orden del jefe político de las Auc, por lo que éste último citó a una nueva reunión el 4 de febrero de 2006 a la que asistieron además de Ángel Barco, Eurídice Moreno, alias "Diana", Alberto Guerrero y Francisco Ferney Tapasco, y en la que el paramilitar ordenó que se respetaran los acuerdos de división electoral.
Pero este no fue el único acuerdo que llegaron los políticos de Caldas con las Auc. Según la investigación de la Fiscalía, en 2005 Dixon Ferney Tapasco Triviño, Alberto Guerrero y Enrique Emilio Ángel definieron la candidatura de Alberto Aníbal Echeverri a la alcaldía de Palestina en complicidad con las Auc.
En la sentencia la Corte también señala al padre de Tapasco, de mismo nombre, como protagonista de los pactos con las Auc. "Según lo ratificó Carlos Enrique Vélez, alias Víctor -; hechos todos que en su criterio permiten inferir el libre concurso de Dixon Ferney Tapasco en los pactos ilegales, pese a que "Báez" y Guerrero, lideres de la organización ilegal, con el fin de evadir cualquier responsabilidad, traten de explicar la presencia del padre del político enjuiciado en diferentes reuniones como una cuestión circunstancial", dice el fallo de la Corte.
Para el Alto Tribunal Ferney Tapasco González estaba actuando como director del Partido Liberal en Caldas y no como padre del representante a la Cámara, quien a su vez tuvo que estar enterado de los pactos que hicieron con Báez. 
Por último, indica la Corte, ’Báez’ señaló que Tapasco González les ofreció un renglón a la cámara a los estudiantes reunidos en Fipaz, quienes a pesar de que no vieron en principio con agrado la presencia y el ofrecimiento del político, terminaron por aceptar que Juan Pablo Sánchez hiciera parte de la lista del movimiento de Tapasco Triviño.
"Es posible aceptar que Dixon Ferney Tapasco Triviño no hubiera conocido y participado de esos pactos, pues si se asume que Ferney Tapasco era Director del Partido Liberal y su hijo candidato, lo menos que se debía esperar es que como Director del partido – no como padre –  enterase al candidato – no al hijo – de lo que había sucedido en la reunión de El Tambor, dado que el tema no era de poca monta en el entendido que tenía una incidencia directa en las aspiraciones del candidato y en la proyección del partido", dice la Corte.
Sánchez hoy es investigado por concierto para delinquir y se encuentra detenido a órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

El Juicio contra Tapasco
El juicio de Tapasco inició el pasado 21 de julio, luego de que la Fiscalía lo sindicara de tener presuntos vínculos con el Frente Cacique Pipintá, al mando del desmovilizado ’Ernesto Báez’. Como parte de su defensa, el ex representante aseguró que en las campañas electorales de 2002 y 2006, no tuvo nexos ni participó en reuniones con paramilitares, y que incluso trató de evitar hacer proselitismo en zonas controladas por paramilitares.
No obstante, la Fiscalía sostuvo que Tapasco hizo campaña electoral en todos los municipios del departamento, con lo que reafirmó los argumentos con los que llevó al ex congresista caldense a juicio ante un juez especializado en Bogotá.
La Fiscalía recogió los argumentos de la investigación para acusar a Tapasco de tener nexos con el Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar de las Auc. El fiscal del caso sostuvo que el político asistió a una reunión en la vereda El Tambor del municipio de La Merced en 2006, en la que también estuvieron el entonces jefe político de las Auc, ‘Ernesto Báez’, y el presidente del Directorio Liberal de Caldas y padre del ex congresista, Ferney Tapasco.
Según el fiscal, en esta reunión se acordó dividir la votación del norte del departamento entre Enrique Emilio Ángel Barco (ex congresista ya condenado por parapolítica) y Tapasco, e incluso que el primero debía recibir el apoyo de las personas que antes votaron por Óscar González, congresista asesinado en 2006.
Sin embargo, durante esta primera audiencia, el ex representante Tapasco se declaró inocente negando su participación en la reunión de El Tambor y alegando que en los periodos electorales de 2002 y 2006 para Congreso, sólo hizo campaña en los municipios del occidente de Caldas, donde no hubo presencia política ni militar de grupos paramilitares. 
Según Tapasco, los grupos paramilitares liderados por ‘Ernesto Báez’ ejercieron dominio solo en el norte del departamento, en donde por cuestiones ‘financieras’, él nunca hizo campaña.  También argumentó que el reparto de distritos electorales se hizo al interior del Partido Liberal al cual pertenecía, y que su campaña política tuvo escasa presencia en municipios del norte de Caldas como Pácora, en donde la presencia paramilitar aparentemente influenció los resultados electorales de 2006. 
De igual forma, el ex congresista negó su participación y la del grupo de juventudes liberales que lideró, en reuniones políticas realizadas por ‘Ernesto Báez’. Tapasco aseguró que a las reuniones a las que asistió ‘Báez’ participaron grupos vinculados a otras organizaciones políticas como FIPAZ (Fundación de Iniciativas Universitarias para la Paz). 
Tapasco dijo que durante su gestión como congresista rechazó el proyecto político y militar de los paramilitares, defendiendo en su momento ante el Congreso, una ponencia alternativa "menos flexible a lo que posteriormente se conocería como Ley de Justicia y Paz".

Dixon Tapasco y  la ‘Parapolítica’ en Caldas
Desde hace más de tres años la Corte Suprema de Justicia puso en su mira a Caldas por la parapolítica. En el norte las Autodefensas celebraron reuniones en El Tambor (La Merced) y en Arma (Aguadas), con presencia de los jefes del Frente Cacique Pipintá, encabezado por ’Ernesto Báez’, y miembros del Partido Liberal, a las que varios ’paras’ señalaron que había asistido Ferney Tapasco. En Villamaría hubo reuniones en el sector de Miraflores.
La investigación contra Tapasco fue iniciada por la Corte Suprema a partir de varios anónimos en los que se denunciaban vínculos de Tapasco y otros políticos de Caldas con el ex jefe paramilitar ’Ernesto Báez’. 
A principios de 2008, La Corte Suprema de Justicia acusó a Tapasco, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado por tener vínculos con grupos paramilitares de la región.
Desde agosto del 2007 se conocía que la Corte Suprema adelantaba indagaciones preliminares para determinar la veracidad de denuncias sobre parapolítica en Caldas. La lista de investigados incluía a la senadora Adriana Gutiérrez, del Partido de la U; y a Dixon Ferney Tapasco y Enrique Emilio Ángel, del Partido Liberal quienes fueron detenidos el 25 de febrero del 2008.
El 4 de marzo de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la medida de detención contra Tapasco. Tras escucharlo en indagatoria tomó la determinación y rechazó otorgarle el beneficio de detención domiciliaria. Unos meses después, Tapasco renunció a su curul, dejando la investigación en manos de la Fiscalía General. Desde entonces, el ex congresista ha cumplido 17 meses recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.

Otros Testigos
Dos desmovilizados del Frente Cacique Pipintá de las autodefensas rindieron también testimonio en el juicio contra el ex representante Tapasco. Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, comandante militar del ‘Cacique Pipintá’ aseguró que nunca antes había visto a Dixon Tapasco, pero aclaró que sí tuvo conocimiento de los vínculos de Ferney Tapasco, padre de Dixon,  con los paramilitares de Caldas, y que todavía existen ‘asuntos pendientes’ que explicará en su momento ante los fiscales de Justicia y Paz que llevan su caso. 
Según sus declaraciones, ‘Víctor’  tuvo conocimiento de las relaciones entre Ferney Tapasco y las autodefensas de Caldas en el momento en que se dio la operación para asesinar al indígena Gabriel Ángel Cartagena.  Aunque no dio más detalles del hecho, el paramilitar aseguró que proporcionará toda la información del caso al fiscal de Derechos Humanos  y Derecho Internacional Humanitario que tiene a cargo esta investigación. 
De otro lado, Eurídice Cortes Velasco alias ‘Diana’, comisaria política del Frente Cacique Pipintá, declaró que presenció el momento en el que el comandante paramilitar ‘Alberto Guerrero’ habló por teléfono con Dixon Tapasco. Según  le dijo ‘Alberto Guerrero’ a ‘Diana’, en esa conversación Tapasco agradeció al ex jefe paramilitar por su ‘resurrección política y electoral’.  Aparentemente esto fue lo único que el comandante ‘Guerrero’ mencionó en ese momento con relación a la conversación con el ex representante Tapasco.

‘El Pacto de Caldas’
A diferencia de algunos departamentos en la Costa Atlántica en los que la toma del poder político por parte de los paramilitares hizo parte de su plan de expansión, en Caldas este hecho solo se fue a dar a partir del año 2003, cuando ’Ernesto Báez’ con una estrategia similar a la de ’Jorge 40’ en el Cesar y Magdalena, estableció distritos electorales y repartió los municipios a los candidatos cercanos a las Auc.
El frente Cacique Pipintá, comandado por Báez y Alberto Guerrero, empezó a influir en forma directa en la conformación de concejos municipales y alcaldías, dominio que se consolidó con las elecciones al Congreso de 2006, en las que algunos candidatos se reunieron con jefes de las Auc para formalizar su alianza y repartirse el monopolio electoral.
La primera reunión se realizó en el municipio de La Merced, en el sitio conocido como El Tambor, a la que presuntamente asistieron Dixon Ferney Tapasco y Emilio Enrique Ángel Barco. Allí se decidió junto con políticos la manera como se procedería para repartirse las elecciones, pero además se habló de la constitución de una organización de estudiantes de las universidades llamada Fipaz, en donde posteriormente fue elegido un representante de los estudiantes, Juan Pablo Sánchez, quien resultó siendo sobrino de Samuel Arturo Sánchez, abogado de Báez.
Según las confesiones de la comandante política de las Auc en ese departamento, Eurídice Cortés Velasco, y los ‘paras’ Luis Ariolfo, alias Cony, y Carlos Vélez, alias el Comandante Víctor Diana, se convino en ese encuentro que las autodefensas  financiarían la campaña de Enrique Emilio Ángel y lo comprometieron "a que si salía elegido debía darle unos tres meses al estudiante para que asistiera a la Cámara". Como resultado de esa alianza, los paramilitares se adueñaron de la alcaldía de Palestina luego de que se concertara una nueva reunión entre Báez, Alberto Guerrero y Enrique Emilio Ángel. 
La confesión de la comandante política de las autodefensas en Caldas develó cómo se sustrajeron enemigos electorales de los apadrinados por Báez y cómo se constreñía a la ciudadanía. Fue tanta la influencia que tuvo Emilio Enrique Ángel, que llegó a devolverle favores a los miembros de las Auc de la zona a través de los recursos de la Alcaldía de Salamina, entregándoles subsidios del Sisben. En la investigación de la Fiscalía se dice  que eran tan tos los favores que solicitaba Enrique Emilio, que llegaron a apodarlo "El intenso", pero además permitió esclarecer la cercanía que existía entre el senador Emilio Enrique Ángel y el ex jefe paramilitar ’Ernesto Báez’.

3 de febrero de 2010
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amplían red de informantes


Uribe quiere ahora taxistas informantes y con equipos de comunicación. Después de la polémica propuesta de que los estudiantes en Medellín trabajen para la fuerza pública, ahora quiere que todos los taxistas en Cali se doten de equipos de comunicación e informen a la Policía sobre los delincuentes.
Colombia. No ha pasado una semana desde que propuso que los jóvenes de Medellín tuvieran un sueldo de 100 mil pesos mensuales a cambio de ser informantes de la fuerza pública, cuando ya el presidente Álvaro Uribe se decidió a extender la idea a Cali. La diferencia es que esta vez quiere que los 31 mil taxistas de esta ciudad, armados con avanteles, informen sobre los movimientos de la delincuencia en la capital del Valle.
Esta idea de incorporar taxistas a la red de informantes no es nueva. Hoy existen unos 30 mil conductores de servicio público en todo el país que trabajan para la Policía informando permanentemente sobre movimientos sospechosos en diferentes ciudades del país ya que, gracias a su oficio y a los equipos que manejan, se les facilita comunicarse entre ellos y alertar a las autoridades.
"Todo ciudadano que nos dé una información efectiva sobre un homicida va a recibir una recompensa básica (cinco millones de pesos)", dijo Uribe al terminar un Consejo de Seguridad en Cali este lunes. Para él, los ciudadanos tendrán que escoger entre ser solidarios o encubridores del crimen. "Hay que escoger entre una cultura de pasividad frente al crimen o una cultura de compromiso contra el crimen", dijo antes de informar que está buscando la manera de dotar a los taxistas caleños con los avanteles.
Sus palabras son quizá un refuerzo a lo dicho la semana pasada y un mensaje a los críticos de su propuesta de pagarle a mil estudiantes de Medellín un sueldo para que delaten a los criminales. Tanto él, como su ministro de Defensa, Gabriel Silva, y varios voceros del uribismo defendieron a capa y espada la medida con la que buscan reducir los índices de criminalidad en la capital antioqueña. Por el contrario, analistas y no pocos representantes del sector educativo mostraron su desacuerdo con esa iniciativa.
Johnny Rangel, de Red de Amigos de Taxistas Unidos de Cali, le dijo a Semana.com que la idea de dotar de teléfonos móviles a los taxistas fue propuesta por su gremio en Tuluá, a finales del año pasado. Para ingresar a esta red se debe pasar un filtro de seguridad que hace la Policía.
Según él, esta asociación de amigos cuenta con 120 taxistas y que hace un tiempo hablaron con el Presidente y con el comandante de las Fuerzas Militares, a quienes le pidieron ayuda para poder defenderse.
"Lo que no queremos es que la delincuencia nos vaya a ver como un objetivo. Con la red buscamos minimizar la violencia contra nosotros, aumentar nuestra seguridad, la del gremio, que siempre ha estado muy golpeada. No queremos que nos vayan a infiltrar. El problema es si a todos nos ponen un Avantel, eso sería otra cosa", dijo Rangel.
A pesar de lo criticada que fue la medida de incorporar estudiantes como informantes, el presidente Uribe parece que no se moverá de su posición y tal como lo anunció, extenderá dicha idea a las principales ciudades que tienen graves problemas de violencia.
Como sucede en Medellín, los índices de criminalidad en Cali son preocupantes (este año han sido asesinadas 147 personas). Este lunes llegaron a la ciudad 832 policías. De ellos, 148 son investigadores, especialmente orientados a esclarecer homicidios.

3 de febrero de 2010
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