colombia

preocupación por indios awá

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Las seguidilla de masacres contra este pueblo en lo corrido del año, obligó a José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG, a enviar una carta al ministro Valencia Cossio y al fiscal general.

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Colombia. En una carta dirigida al ministro del Interior colombiano, Fabio Valencia, el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, mostró su preocupación por las recurrentes masacres contra indígenas Awá en Nariño.
"Nuestra organización ha realizado varias visitas a Nariño y ha documentado la delicada situación humanitaria y de derechos humanos que afecta a los Awá. Este pueblo se encuentra rodeado de actores armados, incluyendo la guerrilla de las Farc, nuevos grupos vinculados a los paramilitares, delincuencia común y la fuerza pública.", dice la carta.
 "Especialmente en los últimos meses, hemos observado con preocupación el incremento de amenazas, desplazamiento y asesinatos contra miembros de la comunidad Awá", continua Vivanco en su carta.
El vehemente llamado de la ONG se da después de una suma de hechos violentos contra esta etnia en lo corrido del año. En febrero de este año, las Farc mataron a 17 de ellos. El 26 de agosto, encapuchados mataron a otros 12, entre ellos a Tulia García, esposa de Gonzalo Rodríguez, muerto por el Ejército, que lo presentó como un guerrillero que combatía con tropas del Batallón Contraguerrilla No. 23. García había denunciado el caso como un falso positivo.
Esta semana fueron muertos otros cinco indígenas. Primero fue un joven. Cuando lo estaban velando, hombres armados llegaron a matar a otras cuatro personas.
"Frente a esta grave situación y la persistencia de los abusos que sufre esta población, me dirijo a usted para instarle respetuosamente a que su Ministerio adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad del pueblo Awá y para prevenir crímenes similares", dice en la misiva.
Vivanco insiste en el interés en que avancen las investigaciones penales de estos casos y se mostró satisfecho por los avances que se han tenido en el caso de la masacre de agosto, pues ya hay algunas capturas de personas que pueden ayudar a encontrar la verdad.
La carta fue dirigida con copia al embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield y al fiscal general encargado Guillermo Mendoza.

31 de octubre de 2009
©semana 

investigarán asesinato de alcalde

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Investigarán a ex comandante de la Policía Sucre por asesinato de alcalde de El Roble.

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Colombia. Eudaldo Díaz fue asesinado en abril del 2003, una semana después de denunciar graves amenazas contra su vida en un consejo comunal con el presidente Álvaro Uribe.
El señalado autor intelectual de esa muerte, el ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, será juzgado por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, un juzgado especializado de Cundinamarca condenó a Diana Luz Martínez Pérez, ex directora de la cárcel de Sincelejo, y a los ex ’paras’ Emiro José Correa Viveros (’Convivir’) y José Tomás Torres Jiménez (’Orbitel’) a 28 de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir.
El juez, además, ordena investigar por el crimen del alcalde Díaz al entonces coronel de la Policía Sucre, Norman León Arango, quien ha sido cuestionado en varias ocasiones por supuestas alianzas con los ’paras’ de alias ’Cadena’.
Según el juez, el crimen contra el alcalde que se atrevió a denunciar el maridaje entre Auc y políticos de ese departamento fue "un plan macabro, plenamente orquestado y en el que estaban involucrados y participaban personas con autoridad civil y militar, entre estas últimas el comandante de la Policía Norman León Arango".
Una carta escrita por el mandatario antes de ir a la cita que le costaría la vida, en abril del 2003, señala a Arango como uno de los asistentes a ese encuentro.
Según el fallo, "obran otras evidencias que comprometen al referido oficial" con el crimen.
Uno de los testigos del proceso, recuerda el juez, aseguró que "Arango prácticamente estaba al servicio de las autodefensas".  Tras su salida del comando Sucre, Arango tuvo un cargo diplomático, como el mismo Arana.
La investigación demostró que ’Orbitel’ y ’Convivir’, que para la época de los hechos estaban presos en la cárcel La Vega de Sincelejo, permitió la salida de los dos sicarios, para despistar a las autoridades.
Según la justicia, Martínez mantenía reuniones clandestinas con ’Cadena’ y permitía que los ’paras’ presos tuvieran privilegios. La directora de la cárcel incluso aparece en un video de la fiesta de primera comunión de la hija del jefe paramilitar.

31 de octubre de 2009
©el tiempo 

qué le espera a colombia en la cpi

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Este domingo vence la salvaguarda que durante siete años mantuvo alejada de Colombia a la justicia internacional. ¿Qué viene ahora?

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Colombia. Este domingo primero de noviembre  vencen los siete años de reserva del artículo 124 del Estatuto de Roma, que excluyó la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el conocimiento de los crímenes de guerra en Colombia.
En medio de conceptos jurídicos que suenan algo confusos, algunos sectores del país consideran que será esa ‘super-corte’ la que se encargará de impartir justicia -y reducir en algo nuestros vergonzosos niveles de impunidad- en  casos como los de falsos positivos, de masacres cometidas por los paramilitares, de asesinos a sindicalistas, a indígenas; y hasta en casos de políticos o militares posiblemente responsables de graves delitos.
Sin embargo muchas de esas opiniones están basadas más en mitos sobre la competencia de la CPI que en su verdadera función.
¿Qué pasará en Colombia a partir de esa fecha? Para entenderlo, hay que recordar que en 2002, el gobierno sancionó y ratificó la ley que incorpora a la legislación colombiana el Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la CPI. Con esto, el país aceptó una jurisdicción internacional para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y que atenten de manera grave al Derecho Internacional Humanitario, que se hayan cometido de manera sistemática.
Ahora que se cumple la moratoria (que se pidió para dejar abierta la posibilidad de un eventual pacto de paz con las Farc durante los diálogos del Caguán), este tribunal podrá juzgar a los "máximos responsables por los crímenes más graves", en caso de que no lo haga de manera efectiva la justicia colombiana, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad, según lo explicó Monserrat Carboni, analista de la oficina del Fiscal de la CPI, durante un encuentro en Bogotá para analizar las perspectivas de la tarea de la Corte en Colombia. Carboni explicó que, a la fecha, hay 64 casos de posibles conductas susceptibles de ser juzgadas por la CPI.
En teoría, ésta podrá intervenir en casos puntuales. Por ejemplo, de llegarse a comprobar la directa responsabilidad de un general del Ejército en el caso de los once desaparecidos de Soacha el año pasado, que luego fueron presentados como ilegales muertos en combate cerca de Ocaña (falsos positivos), este tribunal podrá investigar al oficial, si se determina que la justicia nacional no quiso o no pudo procesar este caso.
Sin embargo, para muchos analistas como Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia, serán muy pocos los casos que lleguen a la CPI. "Comparado con otros países del África o de Asia, aquí la justicia anda. Yo creo que este va a ser más un mecanismo de presión para los investigadores nacionales, que otra cosa", dijo Reed a Semana.com
Algo similar considera el gobierno colombiano. Francisco Lloreda, embajador de Colombia ante los Países Bajos (sede de la CPI), cree que no hay razón para que la CPI abra investigaciones en Colombia. "Miembros de la guerrilla, paramilitares y de la Fuerza Pública acusados de cometer crímenes atroces están siendo procesados o han sido condenados, la mayoría además está en la cárcel", dijo durante el foro.
Por su parte, el vicefiscal general de Colombia, Fernando Pareja, dijo que la entidad judicial adelanta una investigación muy seria sobre los delitos cometidos por los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública: "el punto de vista de la Fiscalía es que el trabajo que está haciendo todo el sistema de Justicia y Paz en Colombia (...) es un trabajo serio".
Sin embargo esto no quiere decir que la CPI esté cruzada de brazos frente a Colombia. Hasta el momento la Corte ha recaudado información sobre varios crímenes sobre los cuales considera que la justicia nacional no ha avanzado.
Por ejemplo, la CPI  ha pedido a las autoridades colombianas información sobre el desplazamiento de 775 campesinos en septiembre de 2003 en San Roque, Antioquia. También,  sobre el secuestro en Dagua, Valle del Cauca de Roberto Manzano  y Diego Bonilla en 2003 por  personas que vestían prendas de uso militar.
Igualmente, algunos asesinatos sin resolver han despertado el interés de los jueces de La Haya. Según un informe conocido por Caracol Radio, la Corte Penal Internacional solicitó información a la Fiscalía sobre 33 asesinatos cometidos entre el 2003 y el 2005, que en su mayoría no han sido resueltos por la justicia colombiana.
Hoy la CPI adelanta investigaciones en países como Uganda, Sudán, El Congo y la República Centroafricana. La decisión más trascendental la tomó a comienzos del pasado marzo, por primera vez, contra un jefe de estado. Amir Al Bashir, de Sudán, fue cobijado con una orden de arresto por tres jueces que lo acusaron de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región de Darfur.
Al final, será la Corte y sus jueces en La Haya quienes decidirán si deciden asumir algunos casos. Si lo hace, escogerá no sólo entre aquellos en los que la justicia colombiana no haya podido mostrar avances, sino también entre aquellos que sean emblemas de las atrocidades que ha dejado la guerra en Colombia, incluida la impunidad.

30 de octubre de 2009
©semana 

piden condenas para parapolíticos

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Fiscalía pide condenar a cinco políticos por Pacto de Ralito. Después de casi seis meses de juicio contra siete políticos de la Costa Caribe, la fiscalía pidió condenar a cinco de ellos por la firma del ‘Pacto de Ralito’ con los paramilitares en 2001.

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Colombia. El contrato social de Ralito. Un fiscal antiterrorismo de la fiscalía pidió a un juzgado Especializado de Cundinamarca condenar a cinco políticos de Córdoba y Sucre, acusados de concierto para delinquir con los paramilitares tras haber firmado el denominado ‘Pacto de Ralito’ con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio del cual se pretendía ‘refundar la patria’ y consolidar el proyecto político del paramilitarismo.
La fiscalía solicitó condenar a prisión a: Jorge Arturo Ospina Vergara, ex alcalde de Sincelejo; Sigifredo Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierralta (Córdoba); Víctor Guerra de la Espriella; Jesús María López Gómez, ex gobernador de Córdoba y Jesús Maria Imbeth Bermúdez, ex representante a la Cámara por Bolívar.
De igual forma, el ente acusador solicitó absolver al ex alcalde de Ovejas (Sucre), Edwin Mussi, al considerar que los testimonios que lo señalaban como presunto colaborador de los paramilitares resultaron contradictorios el juicio y no se pudo confirmar su participación voluntaria en Ralito.
En el caso del ex representante a la Cámara (y hermano del ex jefe paramilitar Salomón Farsis Chadid alias ‘08’), Jorge Luis Feris Chadid, el Juzgado decidió procesarlo por separado ante la renuncia del abogado que llevaba su caso.
Desde el inicio del juicio en abril de este año, los políticos se habían defendido de las acusaciones de la fiscalía argumentando que asistieron a la reunión sin saber que allí se sellaría un pacto con los paramilitares, y que al final del encuentro firmaron una hoja en blanco, a la que después las Auc supuestamente le agregaron el polémico pacto que los tiene a las puertas de pasar una temporada más en la cárcel.
Sin embargo, la fiscalía encontró que en algunos testimonios como los del ganadero Joaquín García y de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y ‘Diego Vecino’, se incriminaba a los políticos con las Auc y por tanto existen pruebas para condenarlos.

Los Argumentos de la Fiscalía
Según la fiscalía, el ‘Pacto de Ralito’ fue la expresión de un "propósito noble con fines perversos" destinado a "refrendar" el acuerdo existente entre políticos de la región que buscaban acceder a cargos de elección pública, y grupos paramilitares en expansión que se plantearon para controlar políticamente las zonas en las que ya delinquían y ejercían algún tipo de dominio.
Para el ente acusador quienes asistieron y firmaron el ‘Pacto de Ralito’ eran personas que, o bien ya eran colaboradores de los paramilitares, o pretendieron incorporarse al proyecto político que estaba naciendo desde las Auc.  "El acuerdo de Ralito buscaba construir un nuevo orden por fuera de la política de Estado…por esto, era un acuerdo ilegal y generaba riesgo para la seguridad del Estado", afirmó el representante de la fiscalía.
Bajo este argumento, la fiscalía mencionó el papel que jugaron cada uno de los políticos procesados por la firma del ‘Pacto’.
En el caso del ex gobernador de Córdoba, Jesús María López, el ente acusador señaló que durante su administración no combatió a los paramilitares "que atentara contra sus intereses " y que, durante esta época, estos grupos armados crecieron con impunidad en Córdoba.
Aunque el fiscal advirtió que la participación de López en Ralito pudo haber sido circunstancial, el ex jefe de las Auc, Salvatore Mancuso aseguró que el político fue favorecido por el ex jefe paramilitar Salomón Feris Chadid alias ‘08’ durante las elecciones a la gobernación de Córdoba en 2000.  De igual forma, el fiscal responsabilizó a López por la firma de cuatro contratos por 200 millones de pesos (por concepto de salud) durante su administración que fueron a parar a manos de los grupos paramilitares.
En el caso del ex alcalde de Tierralta (Córdoba), Sigifredo Senior, la fiscalía considera que su elección estuvo relacionada con la firma del acuerdo y apoyada por los paramilitares, en especial por Mancuso, quien presionó a la población para elegir a Senior.  Para este caso, el ente acusador explicó que las relaciones de Senior con el paramilitarismo eran tan claras, que el personero de su administración terminó desmovilizándose hacia 2005 como miembro de las AUC.
De acuerdo con la fiscalía, el ex representante a la Cámara, Jesús Maria Imbeth también cometió el delito de concierto para delinquir no sólo por la firma del Pacto de Ralito, sino por su asistencia a la reunión de la finca El Caramelo en 2002 a la que fueron políticos y comandantes paramilitares, entre ellos Mancuso, y en la que Imbeth buscó su apoyo para la candidatura a la gobernación de Bolívar de Libardo Simancas. La fiscalía consideró que la participación de Imbeth en Ralito y en El Caramelo es "prueba suficiente de su adhesión al proyecto político de las Auc", y por tanto, era necesaria su condena.
La fiscalía señaló que en el caso del ex alcalde de Sincelejo, Jorge Arturo Ospina Vergara, su administración estuvo infiltrada por el paramilitarismo hasta el punto que firmó contratos con Willer Cobos, alias ’Diego Vecino’, lugarteniente del desaparecido jefe paramilitar alias Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’. Según la fiscalía, ante los nexos de Ospina con los paramilitares, su administración nunca los combatió ni denunció, y en ese sentido, la firma del Pacto se entendió como una ratificación de los acuerdos del funcionario con estos grupos armados.
En el caso de Víctor Guerra de la Espriella, la fiscalía manifestó que fue él quien promovió la expansión del proyecto paramilitar en Sucre por medio de la creación de las Convivir, entre ellas Orden y Desarrollo, a través de la cual se apoyó a las organizaciones paramilitares que comandaban Salvatore Mancuso y alias ‘08’.
La firma del Pacto de Ralito, según la fiscalía, fue la "expresión de las relaciones públicas" que De la Espriella tenía con los paramilitares desde tiempo atrás. Bajo estos argumentos, la fiscalía solicitó al Juzgado la condena contra estos cinco políticos.

Los Otros Firmantes
En marzo de 2008, cuando fueron llamados a juicio los políticos, otros ocho procesos adelantados por la fiscalía contra políticos firmantes del ‘Pacto’ fueron precluidos.
En ese momento, recuperaron su libertad Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba, Fredy Sánchez, ex representante a la cámara por Córdoba, y Marciano Celedón, ex jefe de planeación de Tierralta.
Junto con ellos, fueron archivados los procesos del periodista Antonio Sánchez; Luis José Álvarez; Rodrigo Antonio Burgos, ex senador conservador; Rodolfo Vargas de Lima, funcionario de la alcaldía de Sincelejo; Germán Tiberio Ortiz, asesor de la alcaldía de San Antero y Luís Felipe Goenaga Rodríguez, funcionario de la alcaldía de Ovejas.
La fiscalía argumentó en su momento que la preclusión se tomó con base en un concepto de la Corte Suprema de Justicia que señaló que la sola firma del pacto no constituía un delito en sí. "No surge duda, sino certeza de que su asistencia a dicha reunión fue meramente circunstancial o incidental" estableció la fiscalía.
De igual forma, en agosto de 2008, William Montes, ex senador del Partido Conservador, fue puesto en libertad por un juez del circuito Especializado de Bogotá quien estimó que el político no había incurrido en ninguna conducta delictiva. 
No obstante, por la firma del ‘Pacto’, la justicia sí profirió sentencias condenatorias contra "aquellos que se beneficiaron de la firma". Entre quienes fueron condenados están: Alfonso Campo Escobar, ex representante liberado en febrero pasado luego de cumplir las tres quintas partes de su condena; Miguel de la Espriella, ex representante por Córdoba condenado a 45 meses; el ex senador Juan Manuel López Cabrales, condenado a seis años de prisión; el ex representante Reginaldo Montes, condenado también a seis años; y Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara, condenada a siete años. 
Otros casos de firmantes del pacto tomaron caminos paralelos. Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, es juzgado por su participación en el homicidio del ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz. En noviembre de 2007, la investigación contra el ex representante José de los Santos Negrete fue precluida por la Corte Suprema de Justicia al no encontrar pruebas sobre el beneficio que éste obtuvo por la firma del Pacto.

29 de octubre de 2009
©verdad abierta

ex paramilitar delata a uribe

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Yo acuso: ’Mellizo’ Mejía. El ex jefe ‘para’ lanzó acusaciones contra el presidente Álvaro Uribe, reveló sus nexos con la fuerza pública y aseguró que se reunió con el ex gobernador de Arauca, Julio César Acosta.

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Colombia. En su primera versión libre desde Estados Unidos donde fue extraditado en marzo de 2009, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘Pablo Arauca’ o ’El Mellizo’ hizo varios señalamientos de cómo presuntamente las Auc se aliaron con políticos, entre ellos el presidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a los nexos que tuvo con miembros de la Fuerza Pública y cómo con Salvatore Mancuso y Carlos Castaño planearon tomarse el país con las Autodefensas.
Según Mejía Múnera, los hermanos Castaño presuntamente ordenaron a todos los bloques y frentes de las Auc que apoyaran la primera candidatura de Uribe a la presidencia en 2002. "las Autodefensas pusimos a Uribe, sino tendríamos a un Chávez en Colombia", agregó.
También aseguró que las muertes de su hermano Víctor Manuel Mejía Múnera, asesinado en 2008, y la de Vicente Castaño tuvieron que ver con los nexos que tenían con la institucionalidad. "(El asesinato de Castaño)fue prácticamente una orden de la Casa de Nariño porque Castaño sabía demasiadas cosas sobre las relaciones de los ‘paras’ y el gobierno y (la del hermano) porque le pagaba a la ley por todo lado".
‘El Mellizo’, recluido en una cárcel de máxima seguridad en Virginia, Estados Unidos, recordó que, cuando vivía en el Urabá en donde también estaban los hermanos Castaño, veía oficiales del Ejército y de la Policía visitar casi todos los días a la finca donde estaban los jefes paramilitares.

Las Reuniones con Acosta
De los hermanos Victor Manuel y Miguel Ángel Mejía se ha asegurado que compraron la "franquicia" del Bloque Vencedores de Arauca, departamento en el que se apoderaron del negocio del narcotráfico e hicieron alianzas con políticos locales. Una de estas, de la que se ha referido en varias versiones libres el extraditado ’Mellizo’ Mejía, ha sido la relación con el ex gobernador Julio Enrique Acosta Bernal.
En esta nueva comparecencia ante los fiscales de justicia y Paz, ’El Mellizo’ aseguró que se reunió cinco veces con Acosta Bernal, gobernador entre 2004 y 2007, quien tuvo una orden de captura por homicidio, concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares, entre otros, pero que el 12 de febrero de 2009, fue revocada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cúcuta.
La medida se tomó pocos días después de que dos cabecillas del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, el ’Mellizo Mejía’ y alias ’Cúcuta’, señalaran a Acosta Bernal como el presunto responsable del asesinato del registrador Juan Alejandro Plazas, y de tener nexos con los paramilitares en ese departamento. El Cuerpo Técnico de Investigaciones confirmó a Verdad Abierta la suspensión de la medida ordenada por un fiscal delegado ante el tribunal superior de Cúcuta que lleva el caso.
Según Mejía Múnera, con Acosta Bernal se reunieron dos veces en una finca de ‘Don Berna’ en Urabá en 2001 y en 2002. Recalcó que Acosta era un hombre de confianza de los Castaño y que querían que fuera gobernador de Arauca.
En una segunda reunión, según relató el ex paramilitar, Carlos Castaño le ordenó prestar dinero para la campaña de Acosta cuando era candidato por Cambio Radical. En esa ocasión, ‘El Mellizo’ dio 500 millones de pesos en efectivo y el dinero presuntamente lo entregó en Bogotá Orlando Villa Zapata, alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’, uno de los ex jefes ‘paras’ en Arauca.
‘El Mellizo’ justificó el préstamo diciendo que "necesitábamos una persona de confianza para poder entrar a Cravo Norte y a Arauca capital y Acosta tenía un control total de la Policía". Después del arreglo Félix Bata ,alias ‘Tolima’ movió sus hombres a la capital del departamento sin problemas. En otra ocasión, ‘El Mellizo’ dijo que citó a Acosta para reclamarle por el robo de dineros públicos.
La cuarta oportunidad en la que se encontraron fue en 2004 en Santa Fe de Ralito, en la zona de concentración de los jefes ‘paras’ mientras negociaban la desmovilización con el gobierno. Dijo que le reclamó a Acosta no le había pagado el préstamo de 500 millones para la campaña.
En esa ocasión, presuntamente el gobernador se comprometió a pagarle y además le dijo que las petroleras no querían que él se desmovilizara y que tenía "las influencias para colaborarle con armamento y plata" para que los ‘paras’ se quedaran controlando la región. El ’Mellizo’ aseguró que Acosta le dio 700 millones de pesos que se gastó en la guerra.
La última vez que se vieron fue poco antes de la desmovilización del bloque, el 23 de diciembre de 2005 y esa reunión asegura que discutieron sobre asuntos prácticos del acuerdo de paz.
‘El Mellizo’ declaró que los nexos entre Acosta y el Bloque Vencedores de Arauca a su cargo eran tan fuertes, que el gobernador coordinó la llegada de los ‘paras’ a Cravo Norte y a Arauca. Incluso usó el aparato militar de la organización para eliminar opositores, como los periodistas Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso de Radio Meridiano 70 quienes fueron asesinados por órdenes de ‘Tolima’, de quien también aseguró "era muy amigo del gobernador".

Aviones y Soldados para los Paras
En todo este panorama que relató el ex jefe paramilitar sobre su entrada a Arauca, sus hombres presuntamente contaron con la colaboración de algunos hombres de la fuerza pública.
"En Arauca, todos estaban en la nómina" dijo ‘El Mellizo’, al confesar que oficiales del Ejército y de la Policía trabajaron de la mano con los paramilitares.
El ’Mellizo’ aseguró que, en 2002 y 2003, la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) les dio apoyo con helicópteros y aviones para que bombardearan la guerrilla. Explicó que los paramilitares le transmitían las coordenadas de los combates a Miguel Arroyave, ex jefe del Bloque Centauros asesinado en el 2004, quien supuestamente tenía contactos con altos mandos de la FAC. A cambio los ‘paras’ presuntamente pagaron 200 millones de pesos por cada operativo.
‘El Mellizo’ también relató que sus hombres presuntamente colaboraron con el Coronel William Cruz, comandante de la Brigada Móvil Cinco con jurisdicción en Arauca. Dijo que la masacre de Floramarillo, cometida el 19 de mayo de 2004 donde fueron asesinados 11 civiles y la de Cravo Norte, donde los ‘paras’ asesinaron a 10 campesinos en 2004, fueron planeadas con informaciones del Ejército.
Diez días después de la masacre de Floramarillo, las autoridades encontraron el cadáver del Coronel Cruz. Según la Fiscalía este suicidó, pero su familia piensa que lo mataron.
Los nexos con la fuerza pública, según ‘El Mellizo’, llegó al punto que las Auc le pagaban a varios oficiales del Ejército 5 millones de pesos mensuales, por su colaboración. Los ‘paras’ incluso pagaban la gasolina de las patrullas y motos de la Policía en Tame. Además, el ex paramilitar sostuvo que miembros del ejército les vendieron granadas y morteros en Arauca.

El Nacimiento del Bloque Vencedores de Arauca
En su versión libre ‘El Mellizo’ dijo que el Bloque Vencedores de Arauca fue creado en la finca la ‘29’ donde se reunió con Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Vicente Castaño.
En la ‘29’, los paramilitares planearon tomarse todo el país y a él le correspondió Arauca, una región que era la "despensa de la guerrilla", pues las Farc y el Eln extorsionaban a petroleras y ganaderos y desde ahí controlaban el negocio de la droga desde el Catatumbo hasta Vaupés. En enero de 2000 llegaron de Urabá 200 hombres al mando de ‘Rubén’ y de ‘Mauricio’, hombres de confianza de los Castaño.
‘El Mellizo’ les dio 400 millones de pesos para los primeros gastos de intendencia y además le compró 600 fusiles a Vicente Castaño que llegaron camuflados a los llanos orientales en carro tanques. Las armas hacen parte de un cargamento de 5000 fusiles que entró por el Urabá antioqueño.
"Toda la guerra se financió con el narcotráfico" aceptó ‘El Mellizo’, pero precisó que sus actividades como narcotraficantes y como jefe de guerra eran paralelas. Confesó que él sí traficó drogas que invirtió en sus frentes pero aclaró que el Bloque Vencedores de Arauca no fue creado para el narcotráfico y que sus hombres nunca participaron en el negocio. Los ‘paras’ se financiaron además con extorsiones a ganaderos y empresarios de la región y desvíos de dinero público.

29 de octubre de 2009
verdad abierta

jorge noguera sin abogado

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La Corte Suprema decidió aplazar el juicio contra el ex director del DAS, Jorge Noguera, porque se quedó sin abogado.

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Colombia. Esta semana la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tenía preparado el inicio del juicio contra el ex director del DAS, Jorge Noguera, acusado de presuntos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas y el homicidio de tres personas.
Sin embargo, fuentes cercanas al Alto Tribunal aseguraron que Noguera pidió a los magistrados de la Corte un aplazamiento para conseguir una nueva defensa. Aunque se desconocen las razones de la ausencia del abogado de Noguera, la Corte Suprema aceptó la petición del ex funcionario y aplazó la audiencia sin fijar una nueva fecha.
El pasado 8 de septiembre, en audiencia preliminar, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó los cargos contra Noguera por los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti.
Durante esa misma sesión, la Corte decidió declarar la nulidad de otros dos cargos que existían contra Noguera. El Alto Tribunal desestimó las acusaciones por el homicidio que relacionaba a Noguera con el asesinato de Adán Alberto Pacheco Rodríguez en mayo de 2005, porque violó el derecho a la defensa de Noguera. Además decidió anular los delitos de concusión y cohecho considerando que es materia de otra investigación.
En esa ocasión, la Corte desestimó la petición de la defensa del ex director del DAS de anular el proceso en su contra, argumentando que no era competencia de los fiscales delegados ante la Corte Suprema llevar su investigación, así como por supuestas irregularidades y vicios de procedimiento que se cometieron a la hora de investigar y judicializarlo.
Según la Corte Suprema, la nulidad no puede ser declarada porque la competencia para investigar a un funcionario como Noguera Cotes fue "comisionada" oportunamente por el Fiscal General de la Nación sobre sus delegados ante la Corte, por lo cual los alegatos de inconstitucionalidad y de falta de competencia no tenían sustento.
De igual forma, el Alto Tribunal no aceptó la petición de la defensa de Noguera de anular el proceso argumentando que se incurrió en irregularidades al momento de su captura. Los abogados del ex director del DAS citaron la decisión que tomó la misma Corte en julio de 2008 cuando anuló todo el proceso contra Noguera Cote y ordenó iniciarlo nuevamente desde la etapa de instrucción.
Durante esa audiencia preliminar, la Corte Suprema aceptó la mayoría de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, la Procuraduría, los representantes de las víctimas y la defensa de Noguera, de donde se destaca el testimonio de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y ’Jorge 40’, así como de otro director del DAS, Andrés Peñate.

El Caso contra Jorge Noguera
En abril de este año, el entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguaran, acusó formalmente a Noguera de poner el DAS al servicio de los paramilitares.
En el documento en donde reside la acusación, se leen señalamientos tan graves como el de haberle suministrado a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados por los paramilitares de la Costa.
Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis a quien el DAS le hizo un intenso trabajo de inteligencia como lo evidencian los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución.
Como se recuerda Correa D’Andreis fue detenido sin pruebas y luego, tras recuperar su libertad, en septiembre de 2004 fue asesinado por un grupo de paramilitares que lo abaleó en una calle de Barranquilla. El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa D’Andreis se le reconocía ampliamente como un defensor de los derechos humanos.
En abril de 2006, cuando el ex director de informática del DAS, Rafael García, le reveló a SEMANA los detalles de cómo Jorge Noguera auspició a los paramilitares para ejecutar crímenes como el del profesor Correa D’Andreis llovieron críticas y hasta se dijo que García estaba loco. Pero tras concluir la etapa investigativa la Fiscalía encontró que lo afirmado por García efectivamente ocurrió. Su versión coincide con decenas de testimonios, documentos y situaciones analizadas.
El escrito de acusación, de 166 páginas, que documenta otros casos similiares al del profesor Correa D’Andreis, señala que Noguera deberá también responder por los delitos de homicidio agravado en contra de Zully Esther Codina, Fernando Pisciotti y Adán Pacheco. Pero además le imputa concierto para delinquir agravado por amplia colección de ordenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, ambos hoy extraditados a Estados Unidos.
Destrucción de documentos, abuso de autoridad, concusión y cohecho son otros de los cargos que se le formulan al ex director del DAS quien ocupó ese cargo desde agosto de 2002 hasta octubre de 2005.
Tras salir en medio del escándalo de la infiltración de los paras al DAS, Noguera fue nombrado como cónsul en Milán. Luego, ante el alud de testimonios revelados por la prensa su nombramiento se hizo insostenible y tuvo que regresar al país a ponerle la cara a la justicia quien ordenó su detención. Ahora, radicada formalmente la acusación de la fiscalía el ex director del Das deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia quien determinará si es culpable o no.

27 de octubre de 2009
©verdad abierta 

condenan al alemán

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La primera condena de ’El Alemán’. El Juzgado Segundo Penal de Antioquia dictó la primera condena contra el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ’El Alemán’, por el asesinato de un menor de edad.

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Colombia. El ex cabecilla del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc, fue condenado a 14 años de prisión por concierto para delinquir agravado y por el asesinato de un menor de edad que fue ejecutado por paramilitares el 18 de enero de 2005, en la vereda Antadó del municipio de Dabeiba (Antioquia).
La víctima había sido amenazada por miembros de las autodefensas que lo señalaron como supuesto responsable de varios hurtos en esta población.
Por este crimen ‘El Alemán’ fue condenado inicialmente a 28 años de prisión, pero se le concedió una rebaja de la mitad de la pena impuesta por acogerse a sentencia anticipada.
Este ex jefe paramilitar se desmovilizó el 15 de agosto del 2006 y entregó 1.068 armas (969 largas, 22 cortas, 77 de apoyo), 460.217 unidades de munición de diferente calibre, 1.989 granadas, 13 radios portátiles, 55 radios de base y 9 vehículos. Igualmente, hizo entrega de 5.500 millones de pesos, 397 semovientes, 4 motores, 2 inmuebles urbanos y 3 vehículos.
Actualmente ’El Alemán’ se encuentra detenido en la Cárcel de máxima seguridad de Itagüí y rinde versiones libres ante fiscales Justicia y Paz en Medellín.

27 de octubre de 2009
©verdad abierta 

vicepresidente con nexos con paramilitares

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El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, reveló que el presidente Álvaro Uribe no aceptó la renuncia que le había ofrecido. Santos presentó su dimisión a raíz de una decisión de la Fiscalía General de reabrir una investigación en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

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Colombia. La fiscalía inició el año pasado una indagación preliminar contra Santos, pero la archivó mediante un auto inhibitorio. No obstante, la semana pasada dicha medida fue revocada ante una demanda interpuesta por un grupo de abogados, informa la agencia DPA.
"Le dije (a Uribe) que si consideraba que yo me convertía en un problema para él y su gobierno, yo renunciaba (...) No sólo no aceptó sino que habló de dar la batalla contra quienes están interesados en hacerle daño al gobierno y a mí. Y la voy a dar", dijo Santos al diario El Tiempo.
La acusación contra Santos fue hecha por Salvatore Mancuso, quien fuera el máximo líder de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos relacionados con narcotráfico.
Mancuso aseguró en una indagatoria que en una reunión celebrada a mediados de la década pasada Santos le sugirió al entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño, que creara un bloque paramilitar en Bogotá para frenar el avance de la guerrilla en zonas marginales de la capital.
Castaño inició un proceso de negociaciones con el gobierno en 2003, que concluyó en 2006 con la desmovilización de casi 32.000 paramilitares. Sin embargo, fue asesinado en 2004, aparentemente por disputas internas, y en su lugar quedó Mancuso.
Santos admitió que se entrevistó con Castaño y Mancuso, pero aseguró que lo hizo dentro de sus actividades como jefe de redacción de "El Tiempo", un periódico al que históricamente ha estado vinculada su familia.
El vicepresidente afirmó que la acusación obedece a un "complot" de los paramilitares contra el gobierno y de algunos políticos que en los últimos meses han ido a la cárcel por nexos con esas bandas de ultraderecha.
"Se trata de un complot de los paramilitares para enlodar al gobierno. Acordaron que había que mencionar la mayor cantidad de gente para evitar la extradición y para lograr mayores beneficios. La estrategia de estos señores es clara. Lo que sorprende es que la Fiscalía les dé credibilidad a los bandidos", dijo.
"El fiscal oyó a todas las personas y confirmó que no había ninguna prueba (en primera instancia). No la hay ni puede haberla, pero la Fiscalía acaba de reabrir la investigación. ¿Sabe para qué? Para dejar un expediente abierto contra el vicepresidente de la República y hacer un daño institucional", aseguró.
Santos pidió que el procedimiento sea público y que se levante la reserva del sumario para que no queden dudas de su proceder. "Ojalá el proceso se transmitiera por radio o televisión. No tengo temor de nada", expresó.
Asimismo, dijo que la Fiscalía debería investigarlo porque como periodista se entrevistó con jefes guerrilleros, tras destacar su preocupación por las consecuencias sociales del conflicto armado interno, que lo llevó a impulsar marchas contra el secuestro y a crear una organización no gubernamental encargada de ayudar a víctimas de ese delito.
Santos fue secuestrado a comienzos de los años 90 por el cartel de Medellín y cuando fue liberado creó la Fundación País Libre.

26 de octubre de 2009
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