paramilitares mataron por encargo
26 de octubre de 2009
Colombia. Los sindicalistas Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita fueron asesinados el 12 de marzo del 2001. Sus compañeros realizaron una marcha con los féretros frente a la sede de la Drummond en Valledupar.
Aunque en E.U. ya es cosa juzgada, se vuelve a mover el caso de la multinacional de carbón. ’Jorge 40’ está listo a declarar que tuvo dos reuniones con Adkins, ex empleado de esa firma.
El viejo agente de la CIA James L. Adkins está viviendo desde hace un par de años en un pueblo de West Virginia (E.U.), luego de trabajar por dos décadas con esa central de inteligencia; de desempeñarse por cinco años y medio como jefe de seguridad en Colombia de la multinacional Drummond (hasta julio del 2001); y de reengancharse por una corta temporada con la agencia de seguridad gringa.
Pero su jubilación está a punto de ser perturbada. EL TIEMPO estableció que el ex jefe ’para’ Rodrigo Tovar, alias ’Jorge 40’, planea entregar un testimonio contra Adkins en la Corte del Distrito Norte de Alabama (E.U.), en donde se presentaron dos nuevas demandas civiles por el supuesto nexo de la multinacional del carbón con la muerte (en el 2001) de dos de sus sindicalistas a manos de los ’paras’.
’Jorge 40’ asegurará que se reunió al menos dos veces con Adkins -quien se le presentó primero como miembro de la CIA-, para tratar temas de financiamiento a las Auc y de los líos con los sindicalistas.
Aunque el ex CIA ya había sido indagado en el juicio que se le siguió en el 2007 a la multinacional por este caso -en el que fue absuelta de todo cargo-, en ese momento solo existía una declaración de ’Jorge 40’ (de abril del 2007) en la que aseguró que no conocía a ningún funcionario de la Drummond, que nunca recibió dineros de esa multinacional y que "no existió jamás ninguna reunión donde estuviera presente con cualquier funcionario de esa empresa de cualquier nivel".
¿Por qué el cambio de versión de ’40’? ¿Qué evidencia nueva han allegado los abogados de las familias de los sindicalistas para intentar reabrir el caso ya juzgado en E.U.?
Departamento de Justicia Indaga
Estos son dos de los interrogantes que llevaron al Departamento de Justicia de E.U. a interesarse en el tema, para establecer si se trata de una maniobra de un grupo de abogados por obtener una jugosa indemnización o si, por el contrario, hay algún asidero en el intento por reactivar el caso.
Daniel Kovalik, el abogado estadounidense detrás de los cargos contra Drummond, le admitió a EL TIEMPO que están buscando una indemnización de 50 billones de pesos, pero también que han estado en contacto con el Departamento de Justicia para enterarlo de lo que él considera la nueva evidencia del caso.
"Intentamos que el Departamento de Justicia abra una investigación criminal para que aclare la participación de la empresa en el caso de los sindicalistas y en la muerte de 67 personas en el Cesar a manos de las Auc", dice.
Y sobre el cambio de versión de ’40’, explica que inicialmente mintió, "pero se dio cuenta de que le conviene hablar sobre la Drummond porque ya hay otros tres testigos protegidos que se han referido al caso".
No dio los nombres de esos testigos, pero en la Corte de Alabama ya está la versión de Jairo Charris, quien acaba de ser condenado en Colombia a 30 años por el asesinato de los sindicalistas.
Charris era el guardaespaldas de Jaime Blanco Maya, contratista del casino (restaurante) de la empresa en el Cesar, a quien sindican de ser coautor de estos crímenes.
Aunque testimonios de ex ’paras’ señalan a Charris como un simple escolta, sin entrada a las reuniones de su jefe -y la Drummond lo denunció por intentar extorsionarla a cambio de no inculparla-, éste asegura que vio cuando Blanco Maya se reunió con Adkins para hablar del atentado a los sindicalistas.
Charris dice que Blanco le sugirió a Adkins que Óscar Ospino, ’Tolemaida’, cometiera los homicidios. Se trata de un ex ’para’, que, según la Fiscalía, ha prometido presentarse a rendir versión. Sin embargo, su paradero se desconoce.
¿Qué Pasa con Blanco?
Y aunque el Departamento de Justicia está tomando distancia de estos testimonios mientras los evalúa, le llama la atención el hecho de que la Fiscalía de Colombia no haya tomado decisiones en torno a Blanco Maya. "Se han compulsado copias sobre su actividad delictiva y aún no pasa nada", dice un investigador.
Hoy Blanco -ex contratista de empresas como la brasileña Odebrecht (que construyó el puerto de la Drummond) y Gecolsa- vive tranquilo en Valledupar, sin que aún se le defina su culpabilidad o inocencia. Incluso, viaja frecuentemente a Venezuela, en donde ha tenido contratos de suministro de comida en plataformas petroleras.
Mientras eso ocurre, la justicia de E.U. evalúa si admite las nuevas demandas contra la multinacional o sepulta el caso definitivamente.
En el entretanto, el tema fue incluido en un video -junto a otros, como la demanda contra la firma Coca-Cola-, que sindicalistas andan exhibiendo por todo el mundo.
Drummond No Pagará Indemnización
EL TIEMPO consultó con la Drummond el nuevo intento por revivir su caso en E.U. y voceros manifestaron que -tal como han procedido cuando volaban la vía férrea, ponían bombas y Jairo Charris le solicitó dinero para no inculparlos- la posición de la empresa es que no hace ningún acuerdo con personas al margen de la ley y que tampoco paga sobornos. Por eso, agregaron, enfrentaron el juicio en Alabama, dentro de una demanda que calificaron de temeraria. Y reiteraron que celebran que la justicia colombiana haya condenado a Jairo Charris por la muerte de los sindicalistas y que están atentos a cualquier requerimiento de la Fiscalía en las indagaciones que considere pertinentes.
Al respecto, rechazaron los señalamientos que ha hecho Charris en torno a la presunta participación de empleados de esa multinacional en el homicidio de los sindicalistas de la empresa.
©el tiempo 
[Alejandro Reyes Posada] Colombia. Las empresas de violencia organizada que agenciaron el destierro de campesinos han sido organizaciones complejas, con alta rotación de mandos, que tuvieron contribuyentes forzosos y a veces voluntarios, y que se financiaron con el narcotráfico, la extorsión y la captura de rentas públicas, han tenido aliados naturales -grandes propietarios y empresas vulnerables al sabotaje- pero también han creado sus propias bases de beneficiarios con reparto de tierras adquiridas a la fuerza.
[Sergio Gómez Maseri] Bogotá, Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) volvió a expresar su profundo malestar por el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS.
Colombia. El libro cuenta que en el Caguán ’Jojoy’ se cambiaba de ropa cinco veces al día y revela la existencia de Rigo, el hijo enano de ’Tirofijo’.
Colombia. Durante la primera semana de septiembre, cuando las comisiones negociadoras hacían los ajustes finales al texto del Acuerdo de Cooperación Militar entre Colombia y Estados Unidos, representantes del Pentágono advirtieron que la inmunidad del personal destacado en Colombia no era un asunto negociable, posición que quedó planteada en un memorando anexo. Sin embargo, los representantes colombianos, que tenían instrucciones de buscar algún tipo de concesión en un tema tan sensible, no se dieron por vencidos y plantearon una fórmula intermedia: que los delitos cometidos por personal estadounidense en desarrollo de sus funciones en Colombia fueran instruidos en el país por funcionarios judiciales de Estados Unidos destacados en la Embajada o, en casos excepcionales, en las unidades bases militares del acuerdo, para garantizar a las víctimas que no habría impunidad.
Colombia. La masacre ocurrió el 20 de diciembre del 2006 en la vereda Totumo, entre Ibagué y Rovira.
Colombia. Brunit tenía 10 años cuando un grupo armado llegó a su casa de la vereda Toribio Medio, en el municipio de Turbo. De manera respetuosa y fingiendo desconocer la zona, los hombres le pidieron el favor a su papá y a su hermano que los ayudaran a encontrar el camino de salida. Ambos, muy comedidamente, aceptaron y se fueron con ellos. Después de ese día no los volvieron a ver. Corría el año de 1996.
Colombia. El doble crimen fue cometido el 14 de septiembre de 2006 en la finca La Esperanza, vereda Corea, jurisdicción del municipio de Ciénaga (Magdalena). De acuerdo con la investigación a los Mariño los sacaron de su residencia, los asesinaron en cercanías de un colegio y los reportaron como guerrilleros muertos en combate.