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paramilitar acusado de seis masacres


Juancho Dique acusado por seis masacres. El ex paramilitar debe responder por las masacres de Chengue, El Salado, Mampuján, Curva del Diablo, Libertad y Retiro Nueva y  la fiscalía. También por los homicidios del sindicalista Aury Sará Marrugo, un exalcalde de Chalán (Sucre) y el expersonero de Arjona (Bolívar).
Colombia. En breve: Ante el Magistrado de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, Eduardo Porras Galindo, se realizó durante los días 17 y 18 de septiembre la audiencia de formulación de cargos contra el exjefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María Uber Bánquez Martínez, conocido en la organización con el alias de ‘Juancho Dique’. La formulación estuvo a cargo de la Fiscal 11 de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Yolanda Gómez Martínez .
La Fiscalía formuló cargos contra el exparamilitar Uber Banquez alias Juancho Dique por seis masacres en las que fueron asesinadas 121 personas y los crímenes individuales de seis personas más: los homicidios del ex personero de Arjona, Bolívar, Carmelo Ospino Castrillón, ocurrida el 18 de marzo de 2003; por el secuestro, tortura y homicidio del expresidente de la Unión Sindical Obrera en Bolívar Aury Sará Marrugo y su escolta Miguel Arellano, a quienes retuvieron el día 30 de noviembre de 2001 en el barrio San Fernando de Cartagena, fueron trasladados por el Canal del Dique hasta una finca y después asesinados. Sus cuerpos aparecieron el cinco de diciembre y la orden de secuestrarlo y asesinarlo la dio Carlos Castaño, quien esperaba presionar al gobierno a una negociación.
También lo responsabilizaron por el homicidio del médico Rafael Antonio Vergara Bonfante, de Maríalabaja, Bolívar, un destacado líder cívico que había denunciado el ‘maridaje’ entre las autodefensas y miembros de la policía, pues al parecer los paramilitares utilizaban las garitas del puesto de policía con propósitos criminales. En su versión alias ’Juancho Dique’ dijo que ese homicidio se cometió porque "había que hacerle un favor a la Policía".
El cuarto hecho que dio lugar a formulación de cargos fue el homicidio del alcalde de Chalán, Sucre, Manuel Antonio Fernández Díaz, a quien citaron a la finca el Despeje, en el municipio de Toluviejo. Fernández había ido en compañía de su conductor, Luis Eduardo Flórez Contreras y su escolta Edgar Martelo Mizar, también asesinados por orden de Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’.
Los tres fueron amarrados a un árbol al que permanecieron atados durante varias horas hasta que fueron asesinados el 21 de octubre de 2008 en jurisdicción del corregimiento Palmira la Negra. La orden de Cadena era la de mantenerlos secuestrados, pero casi a la medianoche ordenó asesinarlos y su cuerpos fueron arrojados entre Tolú y Macaján.
Un quinto hecho por el que deberá responder, fue el perpetrado contra Elvín de Jesús Petro Pietro, a quien según ’Juancho Dique’ asesinaron por petición del exjefe paramilitar identificado como Mauricio Londoño conocido con el alias de ‘50’, porque Petro Pietro presuntamente estaba planeando secuestrarlo. Por estos cinco hechos la fiscalía le formuló cargos de homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes, desplazamiento de la población civil, destrucción y apropiación de bienes protegidos.
Uber Bánquez perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia desde 1998 hasta 2005, fecha en que se desmovilizó como fundador del Bloque Héroes de los Montes de María cuyo jefe militar fue Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’. El cabecilla principal de éste grupo fue Eduard Cobos Téllez, conocido con el alias de ‘Diego Vecino’. El Bloque Héroes de los Montes de María toma el nombre de la subregión ubicada en la serranía de San Jacinto abarcando municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, incluidas Cartagena y Sincelejo.

Las Masacres
Además de los ocho homicidios, Uber Bánquez Martínez deberá responder por el asesinato de ciento ventiuna personas asesinadas en seis masacres en las que participó y cuyos hechos y responsabilidad narró y reconoció ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en las versiones libres.
Una de ellas es la masacre de Chinulito, cometida el 13 de septiembre de 2000, en la que paramilitares asesinaron con morteros y garrotes a once personas  a quienes sacaron de sus casas en horas de la madrugada. El grupo comandado por ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’ iba acompañado por unos desertores de la guerrilla que se habían entregado a la Brigada de la Infantería de Marina y supuestamente iban señalando a los habitantes del corregimiento como presuntos milicianos de las Farc y el Eln. Las once personas fueron asesinadas a garrote con golpes en la cabeza porque los paramilitares tenían información según la cual la guerrilla y el Ejército se encontraban cerca y los disparos los habrían alertado.
Uno de los crímenes más reprochables fue cometido contra una mujer embarazada a quien asesinaron porque dijeron que era compañera de un guerrillero. Es decir, fueron diez homicidios y once con el que estaba por nacer. También son responsable por estos hechos los exjefes alias ‘Diego Vecino’,‘Cadena’ y otros sesenta paramilitares que participaron en la incursión, en la cual cometieron daño contra bien ajeno y provocaron el desplazamiento forzado de ventiuna personas.
El 24 de agosto de 2000, entre Toluviejo y Colosó, en una zona de la carretera conocida como ‘La Curva del Diablo’, un grupo comandando por ‘Cadena’ y en el que también se encontraban ‘Juancho Dique’, ‘Macayepo’, ‘Caraeloco’, ‘El Cura’, ‘Alambrito y ‘Ratón’, entre otros, montaron un retén, desviaban a los vehículos que desviaban y asesinaron a seis personas. Después de abandonar el sitio del ‘retén’ los paramilitares recorrieron varios caseríos, entre otros Pasacorriendo e incendiaron varias casas y amenazaron a los pobladores diciéndoles que abandonaran el lugar. Por estos hechos le formularon cargos por homicidio, desplazamiento,  toma de rehenes y daño en bien ajeno.
Una de las peores masacres en la región de los Montes de María fue la cometida contra los pobladores de Chengue (Ovejas), ocurrida el 17 de enero de 2001, en la que asesinaron a 27 personas y en la que participaron cien hombres fuertemente armados que se transportaron en tres camiones hurtados. Los paramilitares según narró ‘Juancho Dique’, partieron de la finca ‘El Palmar’ (San Onofre), donde ‘Cadena’ había establecido su campamento y llegaron al municipio de Chengue a la una de la mañana vistiendo uniformes privativos de las Fuerzas Armadas, portando armas de largo alcance entre las que llevaban lanza granadas y M-60, así como fusiles, y con brazaletes distintivos de las AUC.(Ver artículo sobre la masacre de Chengue)
En el relato de los hechos al hacer la formulación de los cargos la fiscalía dice que al ingresar al pueblo cortaron el servicio de energía eléctrica, pateaban las puertas de la casas y sacaban a las personas somnolientas, gritaban y vociferaban contra los habitantes. Con el pueblo a oscuras y en medio de la sorpresa, llevaron a los habitantes al parque principal y a 27 hombres los obligaron a tenderse en el piso boca abajo. A las mujeres y los niños, que fueron encerrados en una casa, los amenazaban gritándoles que los iban a matar porque todos eran guerrilleros. Algunos pobladores lograron huir y esconderse en el monte. El grupo paramilitar permaneció en Chengue hasta las seis de la mañana, provocando con su incursión el desplazamiento de 237 personas en su mayoría familiares de las víctimas y habitantes, la mayoría de los cuales no ha regresado.
Por estos hechos la fiscalía le formuló a Uber Bánquez alias ‘Juancho Dique’ cargos por los delitos de homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes, apropiación y destrucción de bienes y desplazamiento forzado de la población civil.
Otros cinco homicidios por los cuales responderá el postulado Uber Bánquez es por los cometidos en la masacre de Libertad, San Onofre (Sucre), cometida el 1 de junio de 2000. Con el mismo procedimiento ingresaron a las viviendas tumbando las puertas y sacaban a las personas de sus casas, las maniataron, los tendieron boca abajo y las asesinaron con arma de fuego. Por estos hechos le imputaron los delitos de homicidio y tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, toma de rehenes y apropiación y destrucción de bienes protegidos.
El décimo hecho que la fiscalía alcanzó a formular fue por la masacre de Retiro Nuevo perpetrada el día 19 de abril de 2001 en el municipio de María la Baja (Bolívar), en el corregimiento de Retiro Nuevo. Las cinco personas asesinadas fueron sacadas de sus casas en horas de la madrugada  y se las llevaron en unas camionetas unos hombres que llegaron con pasamontañas, los sacaron del pueblo asesinándolos en el sector de La Pava, corregimiento de San Pablo), a unos kilómetros de sus viviendas. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente en la carretera que de San Pablo comunica con Retiro Nuevo. Bánques deberá responder por los delitos de homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes y destrucción de bienes protegidos.

El Salado, la Masacre Anunciada
La reconstrucción que la fiscalía logró hacer de los hechos encontró que la masacre había sido anunciada dos meses antes y las autoridades no hicieron nada para impedirla. Dos meses, entre los días 18 y 19 de diciembre un helicóptero arrojó panfletos sobre el corregimiento en los que decían: ‘Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan porque no van a disfrutar más’.
El 15 de febrero, un día antes que los paramilitares emprendieran su caminata sangrienta, el director seccional del CTI en Bolívar, Miguel Ángel Parra, se dirigió al comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina informándole lo siguiente: "Con base en datos suministrados a nuestras dependencias se tiene que para los próximos días, las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos Castaño, iniciarán acciones en el área comprendida entre los municipios de San Jacinto y Carmen de Bolívar. Lo anterior como respuesta a las incursiones del frente 37  de las Farc, más exactamente en el área de Bajo del Oso. De la información recopilada se tiene que este grupo de autodefensas, operará inicialmente con un número aproximado de ochenta (80) a cien (100) hombres bien armados y con entrenamiento suficiente. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes (...)
El director del CTI se había quedado corto al anunciar la incursión de 100 hombres armados, cuando en realidad fueron, de acuerdo con la fiscalía, 450 hombres provenientes de frentes en el Cesar, Magdalena y Bolívar. Del Cesar, Jorge 40 mandó a Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’; del Magdalena vino alias 5.7, del frente Sabanas llegó ‘Amaury’ y también el grupo Héroes de los Montes de María comandados por alias ‘Vecino’, ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’ llegaron para conformar los tres grupos básicos, pero después se subdividieron.
El 16 de febrero hubo otras dos comunicaciones advirtiendo de la incursión de los paramilitares, pero nadie creyó que sería posible. El 17 de febrero el teniente coronel se dirigió al coronel Rodrigo Quiñones, informándole de la incursión armada de  los paramilitares a los corregimientos de Flor del Monte, Canutal, Canutalito, El Cielo y La Piña, entre los municipios de Ovejas (Sucre) y San Pedro (Bolívar).
El 18 de febrero hubo en Sincelejo un Consejo de Seguridad en el que participaron el gobernador, las fuerzas militares y los organismos de seguridad, pero en el mismo sólo se desarrolló una conversación según la cual en la zona rural d los Montes de María se estaba presentando una grave situación de orden público por enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. El comandante de la incursión fue alias Amaury, y el centro de reunión para preparar la incursión fue una finca en El Guamo de donde partieron unos en camión y otros a pie.
Antes de ingresar a El Salado dejaron en el camino más de 24 muertos y en el Parque Principal del corregimiento asesinaron a 38 personas antes hombres, mujeres, niños y ancianos, para un total de 62 homicidios; hubo dos casos de violencia sexual, torturaron a toda la población, desaparecieron a cuatro personas, tomaron como rehenes a toda la población de El Salado y provocaron el desplazamiento de más de 900 personas.
Por los hechos anteriores, confesados por Uber Bánquez, alias ‘Juancho Dique en su audiencia ante Justicia y Paz, la fiscalía le formuló pliego de cargos por los delitos de homicidio, tortura, toma de rehenes, apropiación y destrucción de bienes protegidos, desplazamiento forzado y acceso carnal violento.
Los dos días de audiencia no alcanzaron para formularle al postulado todos los hechos confesados que, además, han sido verificados por la fiscalía y en total suman 27 homicidios. Quedaron pendiente para formulación de cargos las masacres de Palo Alto, Colosó, Caracolí y Puerto Badel.
La audiencia estaba prevista para realizarse los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre, pero fue aplazada durante dos días porque, según afirmaron en la audiencia pública el magistrado Eduardo Porras Galindo, la fiscal Yolanda Gómez Martínez y la procuradora Martha Choperena, el Inpec no trasladó oportunamente al postulado.
La oficina de comunicaciones del Inpec afirmó a Verdad Abierta que no lo hizo porque el postulado se encuentra a disposición de otro despacho, lo cual resulta extraño para la Unidad de Justicia y Paz pues el postulado había sido trasladado a Bogotá precisamente para una audiencia de legalización de formulación de cargos y medida de aseguramiento realizada ante el Tribunal de Conocimiento de Justicia y Paz en Bogotá. El procedimiento judicial indica que si otro despacho lo requiere, debía solicitarlo para cualquier procedimiento al despacho de Justicia y paz.

24 de octubre de 2009
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confirman condena por falsos positivos


Tras catorce años de los asesinatos de Raúl Báez Ortega y William Rodríguez Gélvez, en Arauca, la justicia encontró culpables a dos soldados. La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas a un sargento y a un cabo por ejecución de dos campesinos fuera de combate en Arauca en 1995 y pide a la Fiscalía investigue a un Mayor del Ejército.
Colombia. Con ponencia del magistrado Yesid Ramírez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo condenatorio del Tribunal Superior de Arauca al el Sargento Viceprimero Juan Bautista Figueroa, y al cabo segundo Julio Hernando Ríos por el asesinato fuera de combate de los campesinos Raúl Báez Ortega y William Rodríguez Gélvez, el 16 de septiembre de 1995 en Fortul, Arauca. El cabo primero Floriberto Amado Cely también había sido condenado, pero no apeló.
El Tribunal de Arauca había determinado que los militares sacaron a los campesinos Báez y Gélvez a la fuerza de sus casas, los golpearon, les dispararon a corta distancia y luego los hicieron aparecer como guerrilleros vestidos con prendas policiales, muertos en combate con el Batallón de Contraguerrilla No. 24. Y por eso condenó a los militares a 34 años de prisión, les impuso una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales, y los inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos.
Los abogados de Ríos y de Figueroa apelaron el fallo del Tribunal, alegando entre otras, que había habido violación del debido proceso, que el Tribunal se había excedido en sus funciones y que le habían concedido demasiado peso a los exámenes de medicina legal efectuados por un médico rural que fue quien dictaminó que los impactos de bala recibidos por los campesinos no se dieron en el desarrollo de un combate sino como resultado de una ejecución extrajudicial.
La Sala Penal, sin embargo, desestimó los argumentos de la defensa, y confirmó el fallo del Tribunal en casi todo. Solamente, por concepto de la Procuraduría, determinó que la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas que correspondía no permitía inhabilitarlos por más de 10 años.
Así mismo, la Corte ordenó enviar copias del expediente a la Fiscalía General para que investigue la posible conducta ilícita del Comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 24 ‘Héroes de Pisba’, Mayor Gabriel Hernando Pinilla Franco, y de quienes participaron en este operativo militar que terminó con la muerte de los campesinos.

24 de octubre de 2009
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paras reconocen asesinato de congresista


Octavio Sarmiento. Paramilitares reconocieron en versión libre que asesinaron al congresista por Arauca Octavio Sarmiento Bohórquez.
Colombia. Durante la diligencia judicial en la que participaron varios desmovilizados del ‘Bloque Vencedores de Arauca’, entre ellos Orlando Villa Zapata, alias ‘Rubén’ o ‘La Mona’, segundo cabecilla de dicha facción paramilitar, se responsabilizaron del asesinato de Octavio Sarmiento Bohórquez, representante a la Cámara por el departamento de Arauca, ocurrido el primero de octubre de 2001 en Tame.
También reconocieron que durante una incursión en una bomba de gasolina de Tame (Arauca) fueron asesinadas tres personas y otras tres quedaron heridas, este hecho se lo atribuyó Samuel Aponte Saavedra, alias ‘El Zarco’, quien rindió versión libre ante la fiscal 22 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
Luego de cometer la masacre, el ex paramilitar reveló que estuvieron ocho días refugiados en la Base Militar ‘Los Naranjitos’ de la citada localidad.
Así mismo confesaron su responsabilidad en ocho homicidios perpetrados entre septiembre y octubre de 2001, año en el que llegaron al departamento, así como el robo de 1.500 cabezas de ganado y dos motocicletas. Por último, reiteraron las reuniones que sostuvo el gobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal, con Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, máximo cabecilla del citado bloque, en el departamento de Córdoba.
Los hechos enunciados y/o confesados serán materia de investigación por parte de la fiscal 22 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

24 de octubre de 2009
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la guerra de alberto y federico


La batalla por la justicia y la verdad de Alberto y Federico. El proceso de Justicia y Paz es la esperanza que les queda a los hermanos Alberto y Federico de algún día se conozca lo que sucedió con ellos, que sobrevivieron un intento de decapitación, y se castigue a los culpables.
Colombia. La Justicia todavía les debe verdad y reparación a los hermanos Alberto y Federico. Su historia es emblemática de la larga y difícil lucha jurídica que están dando miles de víctimas del país.
"Con ayuda de los fiscales de la Unidad de Justicia en Paz en Medellín estamos buscando que el proceso, archivado hace casi diez años, se reabra para que esto que nos ocurrió no quede en la impunidad y condenen a los responsables", le dijo Alberto, un antioqueño de 37 años que se salvó de milagro, a Verdad Abierta.
Alberto viene del nordeste antioqueño, una subregión que durante buena parte de los años 90 y hasta iniciado el nuevo siglo, fue escenario de cruentas acciones de guerrillas de las Farc y del Eln y paramilitares de los bloques Metro, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), Central Bolívar, Mineros y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Es frecuente ver a Alberto, como muchas otras víctimas de esa guerra, de oficina en oficina por los pasillos del quinto piso del Edificio de la Justicia en Medellín, donde trabajan los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Algunos buscan de apoyo para evitar que se frenen sus procesos judiciales, otros, auxilio para atender sus precarias situaciones económicas, u orientación para resolver sus quebrantos de salud. Alberto siempre lleva bajo el brazo una pequeña bolsa de plástico negra con documentos: certificados de la Agencia Presidencial para la Acción Social, valoraciones  médicas, constancias de doce años de denuncias ante las autoridades. En sus palabras, en esos papeles viejos lleva su historia.
En la conversación con Verdad Abierta, Alberto hace memoria de lo que le pasó:

"El 13 de marzo de 1997 a las 6 de la mañana, el fiscal del pueblo, junto con el secretario, el comandante de la estación de policía, teniente Mauricio Cárdenas Romero y varios agentes, nos hicieron un allanamiento en la casa donde vivíamos. Según nos informaron, estaban buscando armas porque alguien les había dicho que nosotros las teníamos. Después de desordenar todo y no encontrar nada, el teniente Mauricio nos dijo: ‘Hoy fuimos nosotros, mañana vendrán otros por ustedes’.
"Al día siguiente, a eso de medianoche tocaron la puerta y yo pregunté quiénes eran y me contestaron que la Policía, entonces yo me confié y abrí. Allí estaba otra vez el teniente Mauricio, acompañado del agente Herney Quintero y dos policías más, que llegaron con pasamontañas; un sargento del Ejército y un soldado que no me acuerdo de sus nombres; y tres paramilitares, a uno lo conocía como Gustavo Giraldo, a los otros dos como ‘Balazo’ y ‘Tiber’, ellos eran del Bloque Metro.
"En la casa estábamos tres hermanos, la esposa de uno de ellos y la hija. Al hermano menor de nosotros solamente lo golpearon y le robaron varias joyas, que valían en esa época más o menos un millón de pesos. A mi hermano Federico y a mí nos golpearon bastante y nos amarraron las manos con cabuyas. El teniente de la Policía que llegó con el grupo me tiró al suelo, me metió el tubo de la carabina en la oreja y martillaba como si fuera a disparar, pero no tenía balas. Todo eso me dejó muy aturdido.
"Luego de los golpes, nos sacaron de la casa y nos llevaron hacia la carretera principal. El barrio donde nosotros vivíamos en esa época quedaba a cinco minutos del parque principal del pueblo. Nos llevaron hasta la entrada del pueblo y allí tuvimos que esperar más de una hora a que nos recogieran en una camioneta blanca. Me acuerdo como si fuera hoy que cuando llegó el carro y nos subieron, el teniente Mauricio le dijo al agente Quintero, al sargento y a los tres paramilitares que "hagan las cosas bien hechas". Luego se fue en una moto y se dirigió al comando de Policía.
"Nos sacaron del pueblo por la vía principal hacia el Nordeste cuando llevábamos como quince minutos de viaje, la camioneta paró y el sargento dio la orden de que me bajaran. A unos metros del carro uno de los soldados me obligó a extenderme en el suelo, bocabajo. A él, le repitieron la orden que había dado el teniente Mauricio: "haga las cosas bien hechas".
"El soldado empezó a cortarme el cuello como si fuera un trozo de carne, yo sentía que lo hacía con miedo. No me golpeaba con el machete, sino que me cortaba. Hizo tres intentos y cuando el sargento se fue a bajar del carro, el soldado dijo "listo, ya está" y me empujó a una cuneta. En ese momento perdí el sentido. Yo creo que eran como las 2 de la mañana.
"Un amigo mío minero me contó mucho tiempo después que cuando iba a trabajar ese día, como a las 10 de la mañana, me vio tirado en la cuneta y escuchó que yo gritaba, pero a él le dio miedo recogerme y se siguió. Después, sin embargo, terminó mostrándoles a otros del pueblo el sitio exacto donde yo estaba y me recogieron en ambulancia y me llevaron al hospital. Ya eran como las 5 de la tarde. Me prestaron los primeros auxilios y me remitieron al hospital San Vicente de Paúl de Medellín. Yo tenía la nuca abierta del todo, pero según me dijeron, como la herida estaba llena de arena, eso evitó que me desangrara.
"Mucho tiempo después mi hermano Federico me contó que a él se lo llevaron para más abajo y también le intentaron hacer lo mismo, pero hizo mucha repulsa, y los machetazos se los dieron en el cuello, lo querían degollar. A él lo tiraron a una quebrada, pero tampoco se murió porque una señora que lo encontró lo atendió.  Finalmente también  acabó como yo en el San Vicente de Paúl. A él le tuvieron que poner cinco centímetros de esófago. Cuando se regó el rumor de que estábamos vivos, la familia se dio cuenta que nos llevaron al mismo hospital.
"Apenas me recuperé, puse el denuncio en la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Denuncié al teniente, a los otros policías y soldados, y a los paramilitares. A los dos meses de sucedidas estas cosas trasladaron a los policías del pueblo. Mucho tiempo después mataron a los tres paramilitares. Yo me conseguí un abogado, pero no sólo dejó vencer los términos, sino que me robó una plata.
"Además, un fiscal especializado de aquí de Medellín me tuvo de un lado para otro hasta que archivó el proceso, por allá como en el año 2000. Cada vez que yo venía del pueblo a averiguar cómo iban las cosas, ese fiscal especializado me mandaba para la IV Brigada porque allá estaba el proceso, pero yo iba y no aparecía. Me hacía ir al Departamento de Policía Antioquia y tampoco. Me hizo bajar tres veces a la Brigada XIV, en Puerto Berrío, y allí no había nada.
"La que sí investigó muy bien el caso fue una Procuradora, pero no sé qué pasó en la Procuraduría con ese proceso. Yo sé que esa funcionaria envió una documentación a Bogotá para que juzgaran a los policías y soldados que nos atacaron, pero no volví a saber nada.
"Las heridas que me hicieron me afectaron la columna vertebral. Me afectó el sistema nervioso y por eso me tiemblan tanto las manos. Tengo que tomar muchas drogas para no quedar inválido. Yo quedé con 53 por ciento de invalidez. Me han hecho 21 cirugías y voy para otras dos. Las cirugías me las da el Sisben, pero por tutela. Hace mes y medio solicité una cirugía y esta es la hora que no la han autorizado.
"Imagínese, han pasado 12 años y son muy pocos los que me han colaborado. Solamente este año, el 9 de septiembre, Acción Social me dio eso que llaman ayuda humanitaria, pero para que me la dieran tuve que poner una tutela, pues no me querían reconocer como desplazado. Yo no he podido volver del todo al pueblo porque me da mucho miedo, sobre todo de la policía, que siempre ha trabajado con esas bandas de paramilitares. Me tuve que quedar en Medellín rebuscándome la vida, vendiendo CD piratas por ahí en la calle. Mi hermano, cuando se recuperó, se devolvió para el pueblo.
"Yo vengo mucho aquí a la Fiscalía porque el fiscal de Justicia y Paz, que conoce mi caso, está moviéndose para que se haga justicia y no quede en la impunidad. Él es mi esperanza. No me da miedo si reabren el proceso, que se haga lo que Dios quiera. Si me sucede alguna cosa a mí, a mi hermano o a mi familia que quede claro que es la Policía".

Los nombres de las dos víctimas fueron modificados y el de los lugares donde ocurrieron los hechos omitidos por petición de las fuentes.

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paramilitar violaba a niñas campesinas


’La Tetona’ asegura que Giraldo violaba niñas. Alias ‘La Gorda’ o ‘La Tetona’, sostuvo ante un fiscal de Justicia y Paz, que Hernán Giraldo Serna, alias ’El Patrón’, ex cabecilla del ‘Bloque Resistencia Tayrona’ de las AUC, abusó sexualmente de jóvenes pobladoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En versión libre Carmen Rincón más conocida como ’La Gorda’ o ’La Tetona’ aseguró que algunos padres de la zona le llevaban sus hijas menores de edad al jefe paramilitar Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’, para que éste se quedara con ellas. Alias ‘La Gorda’, ex responsable financiera de ese grupo armado ilegal, confesó su responsabilidad en seis homicidios de presuntos delincuentes e indigentes.
Una investigación adelantada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía desde febrero del 2009 encontró que en varios municipios del Magdalena el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna tiene registrados 19 hijos cuyas madres eran menores de edad en el momento de dar a luz.
Según lo que encontró la Fiscalía, seis de las madres de los hijos de Giraldo Serna, tenían menos de 14 años. Una de las niñas abusadas por el ex cabecilla del frente Resistencia Tayrona de las autodefensas tenía 12 años en el momento del parto.
Lo que más llamó la atención a los investigadores de la Fiscalía es que antes de iniciar la búsqueda de información sobre ese delito, no había ninguna denuncia en contra de Giraldo Serna como responsable del delito de abuso sexual de menores de edad.
Hernán Giraldo Serna, quien fue el cabecilla del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta en 1976 y desde entonces se dedicó a actividades ilegales y formó un ejército privado.
Años más tarde, en los ochenta, conformó el bando armado antiguerrillero "Los Chamizos" junto a su ex socio Adán Rojas.
Según la revista Semana este grupo dominó la Sierra por casi veinte años, hasta que en el 2000 se soltó una fuerte pelea interna entre Rojas y Giraldo por el control del narcotráfico y que dejó varios civiles muertos y heridos. Carlos Castaño entró en la pelea apoyando a Rojas hasta que en el 2001, luego de varias explosiones y atentados en Santa Marta, llegaron al acuerdo que creó el Frente Resistencia Tayrona con Hernán Giraldo como su comandante y alias "Jorge 40" como su jefe militar. Este grupo paramilitar alcanzó a reclutar 1.200 hombres y mujeres.
En el 2006 se desmovilizó después de negarse por un año al proceso de Justicia y Paz, debido a su temor de ser extraditado. Desde el 2004 está acusado de narcotráfico por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
Una de las perversiones de Hernán Giraldo eran sus gustos por las menores de edad y por lo tanto, con el poder que le daban las armas y sus actividades ilícitas, llegaba a las veredas de la Sierra Nevada y decidía con cuales niñas quería sostener relaciones sexuales.
Algunos de sus subalternos le pusieron a Giraldo Serna el alias de ’Taladro’, precisamente por sus pervesiones sexuales y por el número de hijos que tuvo, más de 35 reconocidos.
"Hay dos hipótesis, una, que los padres le entregaban las niñas a Giraldo cuando tenían entre 13 y 14 años y otra que cuando él llegaba a una vereda buscaba a las menores y abusaba de ellas", dijo uno de los investigadores del caso.
"Se busca establecer si la conducta cometida por Giraldo Serna es un patrón de comportamiento sistemático, se busca darle un perfil de abusador sexual que le permita enmarcarse como responsable de un delito de lesa humanidad", afirmó el investigador.
De prosperar la investigación sobre estos casos de abusos sexuales, no prescribiría la conducta y Hernán Giraldo podría llegar incluso a tribunales internacionales por casos cometidos en algunas oportunidades, hace más de 30 años.
La Fiscalía logró recoger testimonios de varios habitantes de veredas ubicadas en los municipios de Guachaca, Machete Pelado, La Estrella y Honduras, que afirmaron que Hernán Giraldo actuaba "como si fuera un señor feudal" y disponía de las menores como si fueran de su propiedad para abusar de ellas.
Este caso cobra mucha importancia porque podría quebrar una de las principales dificultades que se han presentado en las versiones libres: los ex jefes paramilitares no confiesan delitos sexuales.
La postulada también sostuvo que María del Pilar Espinosa, ex esposa del asesinado político, Jorge Gnecco, pagaba 500 mil pesos mensuales a las autodefensas por concepto de vigilancia y cuidado de su residencia del balneario El Rodadero.
Todos los hechos enunciados y/o confesados por la postulada serán investigados por el fiscal 33 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

22 de octubre de 2009
©verdad abierta 
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vuelven a activar a paramilitares


Reaparición de masacres y reclutamiento preocupan a la MAPP-OEA. Aunque reconoce los esfuerzos del gobierno por sacar la desmovilización adelante, la Misión internacional que acompaña el proceso de paz con los paramilitares alertó sobre los ataques contra víctimas y el brote de nuevos grupos armados.
Colombia. La Misión de Apoyo para el proceso de Paz en Colombia, Mapp- OEA, presentó este miércoles en Washington el informe número 13 ante el Consejo Permanente de esta organización que evalúa el proceso de desmovilización de los paramilitares, que comenzó hace seis años.
En su informe trimestral presentado  ante el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, el gobierno de Colombia salió bien librado en algunas tareas. Entre las más importantes se destacan el haber iniciado la entrega de indemnizaciones a las víctimas; haber generado nuevos espacios de diálogo en las zonas donde hubo presencia paramilitar; y por haber aumentado las condiciones de seguridad en las zonas donde hacían presencia estos grupos armados.
"Hoy las víctimas se han posicionado como protagonistas del proceso, la verdad está emergiendo paulatinamente y los procesos judiciales contra los desmovilizados están en marcha", señala el informe.
También se resalta que el número de víctimas acreditadas al proceso de Justicia y Paz se haya incrementado en un 32 por ciento desde noviembre de 2008. Y a mayo de 2009, más de 219.000 víctimas han diligenciado los formatos de hechos atribuibles a los grupos armados ilegales al margen de la ley. Además, aplauden el hecho de que esté funcionando un ciclo de jornadas para recoger muestras biológicas y consolidar así el Banco de ADN de aquellas personas víctimas de desaparición forzada, sobre todo en zonas como el Valle del Cauca y Nariño.
Sin embargo, la OEA dice que todavía hay muchas cosas esenciales sin resolver: "Se ha verificado que en algunas zonas del país ha reaparecido la modalidad de masacres y amenazas, ligadas a la denominada ‘limpieza social’ contra algunas poblaciones vulnerables. Estas últimas son generalmente atribuidas a las denominadas bandas emergentes. También se aprecia que en algunas ciudades capitales y municipios, se ha recrudecido la práctica de delitos de alto impacto como los homicidios, generalmente ejecutados mediante la modalidad de sicariato".
Las víctimas y algunos funcionarios judiciales han sido los más afectados en este proceso. Según la Mapp-OEA, las primeras han sido amenazadas por intervenir en las versiones libres ante la justicia o por liderar procesos de restitución de tierras, mientras que los empleados han sido intimidados por hacer su trabajo.
 
Algunos desmovilizados, que han colaborado con Justicia y Paz, también han sido hostigados y presionados por los grupos emergentes con el fin de reclutarlos. "En determinados casos, estos incidentes han desembocado en la muerte de los afectados", dice el informe.
Las zonas más preocupantes en este aspecto son el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, Meta, Guaviare, el occidente de Caldas, el oriente de Risaralda, el Sur de Bolívar, Tumaco (Nariño) y Magdalena Medio, reseña el informe.
Así mismo, hay dificultades para la programación y transmisión de las versiones libres de los ex comandantes de las AUC extraditados a Estados Unidos. Por eso la OEA pide crear procedimientos más ágiles para el traslado de los versionados a las cortes y para evitar dificultades técnicas que se han presentado.
Sobre el tema de reclutamiento, hay preocupación en algunas zonas rurales del Chocó y de Norte de Santander, como en el corregimiento de La Gabarra de Tibú, o en la zona del Tarra en la región del Catatumbo.
El informe así mismo señala la necesidad de frenar la persecución a las comunidades indígenas, especialmente en Nariño. "La Misión llama la atención y expresa su preocupación por la ejecución de masacres, homicidios selectivos, confinamiento y desplazamiento que se realiza contra algunas comunidades indígenas como el pueblo Awá por parte de los grupos armados ilegales", dice la OEA.
Entre las conclusiones para contrarrestar la reaparición de masacres "es necesario aumentar la presencia de la fuerza pública y desarrollar acciones para evitar que se produzcan esta clase de hechos (...) Se insta al Gobierno a tomar medidas para esclarecer las responsabilidades de estos hechos, a la vez, que se adopten las acciones necesarias para evitar que guerrillas u otros actores armados ilegales continúen afectando a los grupos étnicos minoritarios".

22 de octubre de 2009
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investigan fosa con 800 cadáveres


Investigan posible fosa con 800 cadáveres en Puerto Asís. En una finca de Puerto Asís, Putumayo, los paramilitares al parecer enterraron a más de 800 personas que fueron asesinadas por el frente Sur del Putumayo.
Colombia. En breve: Los días jueves 15 y viernes 16 de octubre, John Jairo Rentería Zúñiga, conocido también con el alías de ‘Betún’, fue versionado por fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín. En sus dos días de audiencia, detalló la manera cómo los paramilitares ingresaron al Putumayo, la manera cómo asesinaban a sus víctimas, los lugares dónde las enterraron y los nexos con la fuerza pública.
Paramilitares mencionados: Antonio Londoño Jaramillo alias ‘Rafa Putumayo’,  alias ‘Bacalao’, Carlos Castaño.
Sitios mencionados: Puerto Asís, La Hormiga, Orito, El Placer,  La Dorada, Puerto Caicedo,  Las Brisas, El Empalme, El Vergel, río Guamuez.
Los investigadores de Justicia y Paz tendrán que verificar la información suministrada por alias ’Betún’ sobre las fosas comunes en el Putumayo.
Los restos de las víctimas se encontrarían en la finca llamada Villa Sandra, donde precisamente los paramilitares instalaron una de las bases de operaciones en su proceso de consolidación en el sur de Colombia en enero de 1998.
La versión la entregó a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín el postulado John Jairo Rentería Zúñiga, alías ’Betún’, quien integró el frente Sur del Putumayo creado en 1998 con integrantes del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) por orden del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil y comandado por alias ’Rafa Putumayo’.
"En esa finca había un grupo permanente de nosotros y allí los urbanos llevaban la gente que iban a matar, se la entregaban a ellos, las ejecutaban y las enterraban por allá. Hay muchísima gente en fosas, yo creo que unas 800 personas", dijo alias ’Betún’, un ex paramilitar oriundo del Urabá, quien integró las Accu entre los años 1997 y 2004, cuando se desmovilizó con el Bloque Bananero.
Según relató el ex paramilitar, ese predio fue donado por su dueño a las Accu, para que instalaran allí su base de operaciones. Indagado por qué tomaron la decisión de enterrar allí a sus víctimas, ’Betún’ explicó que fue por sugerencia de la policía de Puerto Asís: "nos pidieron el favor que no matáramos más gente en el pueblo porque ellos tenían problemas, entonces dieron la orden de que todo aquel que quisieran matar lo llevaran a la finca y lo enterraran allí".
Decenas de las víctimas que fueron asesinadas a manos de los paramilitares fueron señaladas de ser presuntamente milicianos de la guerrilla de las Farc o informantes por los comerciantes de Puerto Asís: "ellos sabían dónde vivíamos nosotros y tenían nuestros números de teléfonos. Nos llamaban cada rato para informarnos que había milicianos en el pueblo, entonces nosotros lo capturábamos y lo llevábamos a villa Sandra. La mayoría de gente que se murió en Puerto Asís fue por la misma gente del comercio".
Una de las acciones más macabras de este frente paramilitar era el cumplimiento, sin discusión, de la orden de descuartizar a sus víctimas. "Había que desmembrar  a la gente. Primero se le mochaban las manos, luego los pies y por último la cabeza. Muchas veces se hizo eso con gente viva. No se podía enterrar a nadie entero", relató este ex patrullero de las Accu.
Los crímenes reconocidos por decenas de paramilitares en audiencias de versión libre, hacían parte de las instrucciones militares que se les daba durante su periodo de formación militar en las diferentes escuelas que esta organización armada ilegal había instalado en las zonas del Urabá y el Nordeste antioqueño.
"Todos en las autodefensas tenían que aprender eso", confirmó ’Betún’. "Cuando una persona entraba a las autodefensas tenía que hacerlo. A nosotros nos explicaban cómo hacerlo. Una vez, señora fiscal, lo hice, le moché las maños a un señor, pero como había mucha gente nueva a otro le tocó mocharle los pies".
En su versión ante la Unidad de Justicia y Paz, Rentería Zúñiga reconoció que no sólo en la finca Villa enterraron víctimas, también lo hicieron en el cerro San Isidro, ubicado cerca a la inspección de El Placer, municipio de la Hormiga, y en el sitio conocido como El Cilindro, cerca del caserío de La Dorada.
De acuerdo con cálculos de la Fiscalía General de la Nación, se estima que en el Putumayo hay enterradas en fosas comunes por lo menos 3.000 personas, asesinadas por los paramilitares desde enero de 1998, fecha en la que lleggaron estructuras de las Accu al departamento por orden de Carlos Castaño Gil, decisión que se tomó durante la tercera cumbre de las Accu, en 1996.
En las conclusiones de esta cumbre paramilitar, se estableció como primordial la incursión en el departamento del Putumayo: "es urgente desplazar hombres y recursos para esta misión. Es allí donde la subversión ha logrado crear un gobierno paralelo altamente peligroso para la Nación".
De esa decisión supo ’Betún’ a través de uno de los hombres de confianza de Castaño, llamado Antonio Londoño Jaramillo y conocido como el comandante ‘Rafa Putumayo’, quien murió asesinado en Medellín en el año 2004: "El Putumayo es un departamento que tiene muchos municipios, entonces la idea del comandante Rafa era que hiciéramos presencia en todos los municipios. Primero llegamos a Puerto Asís y cuando tuvimos más fuerza fuimos hacia otros pueblos, La Hormiga, Orito, Puerto Caicedo".

Los Nexos con la Fuerza Pública
La expansión del frente Sur del Putumayo, de acuerdo con la versión de Rentería Zúñiga, contó con la ayuda de la fuerza pública acantonada en el departamento. Según el desmovilizado, policía, ejército y armada se involucraron durante varios años con los paramilitares con el argumento de que "tenían la misma causa".
Para demostrar su afirmación, narró que días después de que él y un grupo de por lo menos 75 hombres incursionaran en la Inspección de El Placer, cerca de La Hormiga en el sur del departamento, y en algunas veredas como La Dorada, Las Brisas, El Empalme y El Vergel, en la que asesinaron a 29 personas, el grupo que perpetró la masacre regresó al caserío de El Placer y se ubicaron en una casa en las afueras del pueblo. "Eso lo empezamos el 7 de noviembre de 1999. Cuando entramos a matar la gente, allá no había ni policía, pero cuando regresamos, como a los diez días, había tropa del Ejército", agregó ’Betún’.
"Nosotros entonces decidimos coordinar con ellos, Inicialmente, nos dijeron que nos quedáramos alrededor del pueblo, luego nos dijeron que nos podíamos quedar en el pueblo y llegábamos uniformados. Además, ellos subían a la base de nosotros y andaban en los carros de nosotros y nosotros en los de ellos, y así", explicó el versionado, quien sostuvo durante la diligencia que no recordaba nombres de oficiales o de suboficiales, así como tampoco de batallones o unidades militares.
Durante sus movilizaciones, aseguró, los retenes del Ejército eran levantados para que transitaran sin problemas y "cuando necesitábamos algún apoyo ellos estaban ahí y si ellos necesitaban apoyo nos lo pedían. Se hacían reuniones con los comandantes de ellos y los comandantes de nosotros, y teníamos coordinadas las frecuencia de radio".
Uno de los hechos relatados por este desmovilizado involucró a dos helicópteros, al parecer del Ejército, que varias veces los abasteció de armas, municiones y uniformes a cambio de cocaína: "Eso ocurrió en La Hormiga. Llegaron dos helicópteros y yo fui a prestarles seguridad. Bajaron fusiles, munición y uniformes camuflados y se los entregaron al comandante Bacalao, quien era el jefe financiero del frente y el encargado de comprar todo eso. Luego llegaron dos camionetas y entregaron la droga".
Además, agregó, que en esas aeronaves, sobre las cuales se ratificó que eran del Ejército, transportaban paramilitares heridos y enfermos, así como aquellos que tenían algún tipo de permiso.
Pero las acciones conjuntas, siguiendo el relato de ’Betún’, involucraba a la Armada, que patrullaba los afluentes cercanos a Puerto Asís, y a la Policía Antinarcóticos, que adelantaba operaciones en la zona. Eran constantes los retenes conjuntos de paramilitares y fuerza pública no sólo en las carreteras, sino en los ríos.
"Una vez nos atacó la Armada. Teníamos uniformes nuevos y estábamos en el río Guamuez y pasó una lancha de ellos y nos cogió a tiros. Nosotros nos protegimos de las balas, pero nos alcanzaron a retener y a quitarnos los fusiles porque pensaron que éramos de la guerrilla, pero luego que se aclaró el asunto y nos devolvieron las armas", indicó el versionado.
Será tarea de la justicia investigar la veracidad de la confesión de este desmovilizado.

22 de octubre de 2009
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el crimen invisible


Nunca más. La fiscalía tiene confirmados hasta ahora 25.000 casos de desaparición forzada en el país. Hace dos años, cuando se pensaba que eran 10.000, nadie imaginaba la magnitud del tema.
Colombia. Miles de personas en todo el país han sufrido la tragedia de la desaparición forzada. La mayoría de afectados son familias campesinas desarticuladas por los paramilitares. La unidad de Justicia y Paz distribuirá en regiones apartadas una cartilla con fotos de prendas halladas en fosas exhumadas para que los dolientes traten de identificar algo que les hable de sus familiares perdidos.
Cuenta la historia que en diciembre de 1941 Hitler expidió el decreto Noche y Niebla, que consistía en deportar a los miembros de la resistencia de los territorios ocupados, para desaparecerlos en campos de Alemania, donde eran vestidos con uniformes señalados con las iniciales N.N. Este es el antecedente de lo que después sería conocido como desaparición forzada y que se convirtió en un arma perfecta: sin cuerpo no hay víctima y sin víctima, no hay delito y menos justicia.
Las guerras o las dictaduras siempre han sido el terreno abonado para las desapariciones. En Vietnam nunca se supo el paradero de 300.000 personas. Quizá combatientes que murieron en las selvas o civiles indefensos asesinados lejos de sus hogares. En la guerra de los Balcanes hubo 50.000 desaparecidos.Un número similar arrojó como saldo la larga guerra de los contras en Guatemala. En el Cono sur, donde no había guerra, pero sí dictadura militar, la comisión de la verdad de Argentina documentó 9.000 hasta 1983, pero las organizaciones de víctimas señalan que son 30.000. En Chile, durante la era Pinochet, hubo cerca de 1.200 desaparecidos.
Esa misma niebla espesa, que ha envuelto durante más de dos décadas el fenómeno de los desaparecidos en Colombia, parece ahora estar diluyéndose. Y deja al desnudo un escenario aterrador. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha documentado 25.185 casos de víctimas de carne y hueso que fueron raptadas contra su voluntad y que hoy están siendo buscadas por sus familiares. "Hemos hecho 348 jornadas de atención integral a víctimas y 34 expresamente para el tema de desaparecidos. En las comunidades recogimos, y seguimos haciéndolo, todo tipo de información antes de muerto: denuncias, relatos, radiografías, fotos. Por primera vez tenemos una cifra seria y vigente. Acá no aparece el señor que se metió al motel un fin de semana, que la familia denunció y luego nunca retiró la denuncia", dice Luis González, coordinador de los fiscales de Justicia y Paz.
Se presume que la mayoría de ellos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados, arrojados a los ríos o deshechos por métodos horripilantes como los hornos crematorios.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que reúne todas las instituciones del Estado y ONG que trabajan en el tema, tiene una cifra global aun más aterradora de 35.086 casos, de los cuales puede confirmar que 9.268 personas fueron desaparecidas de manera forzada. Es una cifra bastante alta si se tiene en cuenta que hace apenas dos años, los cálculos de la Fiscalía, que muchos consideraban exagerados, era que los desaparecidos rondaban 15.000 casos.
La mayoría de las desapariciones ocurrió entre 1996 y 2003 y se le atribuye a grupos paramilitares. Si se saca un promedio diario, se estaría hablando de hasta más de cinco desaparecidos por día en esa época. Hay regiones donde masivamente la gente está buscando las tumbas o cualquier dato sobre sus familiares. Antioquia es quizás el departamento más golpeado: mientras la Comisión de Búsqueda registra 1.970 casos, la Fiscalía habla de 6.950. Sólo en el oriente de ese departamento se ha iniciado una búsqueda masiva de 601 desaparecidos, acudiendo sobre todo a los depósitos de cadáveres sin identificar. Los llamados NN (del latín nomen nescio, que significa ’desconozco su nombre’) que por alguna cruel paradoja es igual a la misma sigla del Noche y Niebla -NN- que decretó Hitler.
Otros departamentos con cifras abrumadoras son Magdalena, con 2009; Cesar, con 2.118; Meta, con 1.563, y Putumayo, donde la Fiscalía busca a 1.080 personas.
Caso aparte merece Casanare. La Fiscalía habla de 591 desaparecidos, pero Benetech, una ONG internacional que ha trabajado con varias comisiones de la verdad en el mundo, sostiene que el subregistro en esta zona es muy alto, según un estudio hecho en 2007. Calcula 2.553 desaparecidos allí.
No sólo esta ONG ha llamado la atención sobre este departamento. El padre Javier Giraldo, junto a Fabian Laverde, de la organización Cos-pacc, documentó el caso de dos municipios: Chámeza y Recetor, en los cuales encontraron que sólo en un lapso de dos meses, a principios de 2003, desaparecieron 60 personas. Una de las historias más trágicas es la de Jeison Salamanca, un joven de Recetor al que los paramilitares le desaparecieron a sus dos padres, dos hermanos y tres tíos.
En Casanare hay mucha dificultad para documentar casos, puesto que los sanguinarios paramilitares de Martín Llanos nunca se desmovilizaron. El Bloque Centauros quedó desarticulado y muchos de sus comandantes se rearmaron, luego hay poca información que provenga de los paramilitares. Y las víctimas no denuncian porque las autoridades allí estuvieron en una alianza perversa con los grupos armados.
Las cifras no están exentas de controversia. La Vicepresidencia de la República no incluye las cifras de desaparecidos en sus estadísticas de derechos humanos porque, según sus funcionarios, no son confiables. No obstante, entidades en las que sí confía, como Fondelibertad, aseguran que de las 2.800 personas que aparecían como secuestradas antes de la depuración de las bases de datos que están haciendo, por lo menos 330 eran en realidad víctimas de desaparición forzada.
En el pasado, muchas personas preferían decir que su familiar estaba secuestrado porque sabían que así la fuerza pública se movilizaba rápidamente a buscarlo, los medios de comunicación le hacían bombo y en general, no quedaba en el olvido. Porque la triste realidad es que en el país existe una profunda e injusta asimetría entre la indignación que causa el secuestro y la indiferencia que generan los desaparecidos. Esperanza Merchán, de Asfaddes, una organización crítica del Estado, dice que eso se debe en parte a que "quienes desaparecen están vinculados o cuentan con la complicidad de la fuerza pública".
Pero eso ha empezado a cambiar. Desde cuando se activó el mecanismo de búsqueda urgente, muchos casos se han resuelto. Por ejemplo, los falsos positivos de Ocaña, que se descubrieron hace un año gracias al trabajo que hicieron forenses de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, cruzando la información sobre unos muchachos desaparecidos en Soacha, y esta casó perfectamente con unos NN de Norte de Santander.
Sólo la fiscalía tiene nueve equipos dedicados a la búsqueda de desaparecidos y 17 fiscales dedicados al tema. Se han exhumado 2.666 cadáveres, de los cuales apenas 610 han sido entregados a sus familiares. Algunas ONG piensan que esto no se puede entender como la búsqueda de desaparecidos, pues muchas de las fosas entregadas por los paramilitares corresponden a los combatientes de sus grupos muertos en combate, y no necesariamente a gente que fue arrebatada de su hogar a la fuerza. No obstante, de cara a los familiares, el sentido humanitario es el mismo.
El registro sobre las personas desaparecidas se ha sofisticado, con el objetivo, entre otras, de que se acuda cada vez menos al sistema de identificación de ADN, que es muy costoso y no siempre necesario. En ese mismo sentido la Fiscalía publicará en pocas semanas un álbum con fotos de prendas y documentos hallados en fosas cuyos cuerpos exhumados no se ha logrado identificar. La cartilla será repartida en regiones apartadas, para que especialmente la gente del campo pueda identificar algo que les hable de sus familiares perdidos.
La cifra de desaparecidos sigue creciendo. Y aunque puede que nunca se logre saber a ciencia cierta cuántos son, Colombia sí está frente a una realidad que durante muchos años las autoridades se negaron a admitir: que hubo y sigue habiendo desaparición forzada.

22 de octubre de 2009
19 de octubre de 2009
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