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detenciones por falsos positivos

mqh - 20 de octubre de 2009 - 20:55 - colombia

Los 15 miembros del Batallón Calibío quedaron desde anoche recluidos de manera preventiva en el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, con sede en Bello, Antioquia.

Antioquia, Colombia. Los 15 miembros del Batallón Calibío quedaron desde anoche recluidos de manera preventiva en el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, con sede en Bello, Antioquia.
Fiscalía los señala de participar en el homicidio de dos jóvenes de Barrancabermeja (Santander).
La juez 28 penal municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, ordenó ayer dictar medida de aseguramiento, con detención preventiva, contra 15 miembros del grupo contraguerrilla ’los Aniquiladores’, perteneciente al Batallón Calibío, adscrito a la Brigada 14, con sede en Cimitarra (Santander).
La medida afecta al teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, comandante de ese grupo; al mayor Carlos Eduardo Rodríguez Ávila, jefe de operaciones; al capitán Javier Enrique Alarcón, en cargado de la inteligencia de esa unidad; al teniente Javier Danilo Páez; al cabo Silvio Sánchez Ocoro y a 10 soldados.
Todos son señalados por la fiscalía como presuntos coautores materiales de homicidio agravado en persona protegida, concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica y peculado.
Tal como lo anticipó EL TIEMPO el pasado domingo, los hechos que se les imputan están relacionados con la muerte de dos jóvenes -Javier Leonardo Franco Carvajalino y Robinson Antonio Trujillo Márquez-, en la Laguna del Miedo, vereda de Yondó (Antioquia), en enero del 2008.
En la audiencia pública, que duró casi siete horas, la fiscalía presentó evidencia que apunta a que se trató de dos ejecuciones extrajudiciales y no de un enfrentamiento con bandas emergentes, como se dijo inicialmente. Es más, los investigadores, incluidos miembros de la Procuraduría, hablan de un "plan criminal" preconcebido y acordado con un reclutador: Jaime Aldana, ’el Mocho’.

Militares Se Defienden
La defensa de los uniformados niega los cargos y asegura que serán desvirtuados a lo largo del proceso. Y manifestó su malestar por la publicación de esta historia y amenazaron con demandas.
Sin embargo, en el caso de la Laguna del Miedo, pruebas técnico-científicas señalan que no hubo combate y que la escena de los hechos fue alterada. Además, testigos y evidencia demuestran que ’el Mocho’ trabajó por años como informante del ejército y aparece cobrando recompensas.
Ahora, la fiscalía indaga si otros cinco procesos que hacen curso en la Unidad de Derechos Humanos, y en los que también están implicados miembros de ese batallón, tienen algún hilo conductor.
Por el momento, los fiscales de esos casos -en donde los muertos superan la decena- intercambiarán información.
Varios de ellos, incluido el de la Laguna del Miedo, venían siendo denunciados desde hace 20 meses por familiares de las víctimas y por la ONG Credhos, quien le confirmó a este diario parte de la historia que hoy retoma la justicia.

Aplazan Audiencia del Caso Soacha
Un juez de Bogotá decidió ayer aplazar de nuevo la audiencia en la que el defensor de dos de los militares involucrados en los ’falsos positivos’ de Soacha solicitaba la libertad de los uniformados por vencimiento de términos. El defensor del cabo segundo Wilson Virgilio Suárez Gaitán y del sargento segundo Jáder Alvarado Sequea alegaron que uno de sus clientes debía asistir a una diligencia de exhumación de la mamá. Es la tercera vez que esta audiencia no se realiza. El pasado 29 de julio y el 4 de agosto, no se pudo llevar a cabo por la inasistencia de una de las partes.

20 de octubre de 2009
©el tiempo

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vicepresidente con nexos paramilitares

mqh - 20 de octubre de 2009 - 20:35 - colombia

Vicepresidente dice que cooperará con la Justicia. El vicepresidente Francisco Santos será investigado preliminarmente por su posible participación en la creación un bloque de las autodefensas.

Bogotá, Colombia. El vicepresidente Francisco Santos dijo que colaborará con la investigación de la fiscalía, que decidió abrir una investigación por su presunta relación con el paramilitarismo.
En un comunicado de cuatro puntos, el Vicepresidente rechazó el hecho de que la decisión de la fiscalía de reabrir una investigación preliminar hubiera sido conocida por los medios de comunicación antes de que él fuera notificado.
En el comunicado también afirma que su vida ha sido pública y que "durante ella no he sido defensor ni amigo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o corruptos".
"Reclamo una investigación pronta y eficaz que defina de una vez por todas sobre estas aseveraciones y que no se permita que sobre la base de calumnias se mantenga abierto un proceso para ser utilizado políticamente por quienes tienen más interés en desprestigiar al gobierno que en los derechos de las víctimas y del país a la verdad", dice el comunicado.
También pidió a la fiscalía que publique las declaraciones de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Freddy Rendón, con las que la Fiscalía primero se declaró inhibida para abrir una investigación formal sobre su presunta relación con las autodefensas.
La fiscalía reabrió este lunes la investigación preliminar por la presunta participación del vicepresidente en la conformación del grupo Bloque Capital de las autodefensas.
El ente investigador se había inhibido una vez de abrir esa investigación. Sin embargo, tras una apelación de un grupo de abogados, el vicefiscal Fernando Pareja, decidió revisar el caso. Pareja consideró que la investigación debería volver a valorar las evidencias, llamar a otros testigos e indagar más.
El nombre del vicepresidente Santos apareció vinculado con paramilitares por primera vez en mayo de 2007. En una versión libre, el jefe paramilitar extraditado, Salvatore Mancuso aseguró que el vicepresidente se había reunido en varias ocasiones con el jefe paramilitar desaparecido Carlos Castaño, con el fin de crear un grupo paramilitar en Bogotá.
"Me sorprendí porque lo noté identificado con la causa", dijo Mancuso entonces y porque "le dijo a Castaño que le gustaba el modelo (de autodefensas) de Córdoba y que le gustaría que se repitiera en Bogotá", agregó en la versión libre.
En una de esas reuniones, continuó Mancuso, "Castaño le propuso a Santos que comandara el Bloque Capital, pero este se negó diciendo que no sabía de esas vainas". El desmovilizado jefe de autodefensas aseguró que después de algunas reuniones, Santos escribió una columna titulada ‘Proyecto contrainsurgente’ en donde hacía alusión a la estrategia de las AUC.
En esa misma versión, fue mencionado el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos. Según Mancuso, en la época en la que Ernesto Samper era el Presidente, el hoy precandidato presidencial, le propuso a las autodefensas una alianza para derrocar al gobierno y convocar a una nueva Asamblea Constituyente.
Tras la versión del jefe paramilitar el vicepresidente Santos le pidió a la fiscalía que lo investigara y argumentó que solo se reunió con grupos ilegales como parte de sus responsabilidades dentro de la Fundación País Libre, que trabaja por la liberación de los secuestrados.
En agosto de 2008 la fiscalía se inhibió de abrir la investigación. Ahora, más de un año después, el ente investigador tendrá que hacer una indagación preliminar y ahí sí podrá decidir si abre una investigación formal o el caso queda archivado definitivamente. Así lo explicó el fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago este lunes.
El pasado septiembre, a través de una carta dirigida a la Corte Suprema el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, mencionó el episodio en el que supuestamente los Santos se encontraron con Castaño. "Recuerdo cuando Salvatore Mancuso denunció públicamente al hoy vicepresidente Francisco Santos y a su primo Juan Manuel Santos ex Ministro de Defensa, por solicitar a las Autodefensas la conformación de un Bloque en Bogotá, apoyada por ellos mismos desde la institucionalidad del Estado, hecho del cual soy testigo privilegiado por mi rol que cumplí dentro de las Autodefensas", dice la carta, en la que ‘Don Berna’ anuncia que no seguirá colaborando con el proceso de Justicia y Paz.
En esa carta, el ex jefe paramilitar acusa al gobierno de torpedear el esclarecimiento de la participación de la política en el paramilitarismo, dice que con la extradición de los jefes paramilitares el gobierno logró esconder la verdad.
Muchas de las delcaraciones de los ex jefes paramilitares coincidieron con una campaña de ataques anónimos contra el vicepresidente Santos, luego de la denuncia que él hiciera sobre la posible participación de los Araujo padre e hijo, en un secuestro. Las calles de varias ciudades de la Costa amanecieron con decenas de graffitis insultándolo y tildandolo de "sapo".

20 de octubre de 2009
©semana

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paras reconocen crímenes en universidad

mqh - 20 de octubre de 2009 - 20:33 - colombia

Los paramilitares reconocieron que Hernán Giraldo y Carlos Castaño ordenaron el asesinato de un estudiante, un profesor y el vicerrector de ese centro educativo. Paradójicamente una de las víctimas era el exrector Carlos Caicedo Omar a quien hoy se acusa de esas muertes.

Colombia. En las dos últimas audiencias de versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía, Adán Rojas Ospino y sus hijos Rigoberto, Adán, José Gregorio y Camilo Rojas Mendoza, quienes conformaron el conocido ‘Clan de los Rojas’, han confesado ser los autores de asesinatos cometidos contra docentes y alumnos de la Universidad del Magdalena y que éstos fueron ordenados por Hernán Giraldo y Carlos Castaño y ejecutados por ellos como brazo urbano armado de la organización paramilitar en la ciudad de Santa Marta.
En sus versiones de junio 4 del presente año y durante los días 6, 8 y 9 de octubre pasado, entre otros, se han referido a los homicidios del estudiante Hugo Elías Maduro, cometido el 28 de mayo de 2000; el del vicerrector Julio Otero, asesinado el 14 de mayo de 2001 y el del decano de Educación de la misma universidad, Roque Morelli, perpetrado el día 5 de septiembre de 2002, hechos que conmovieron a la sociedad del Magdalena y crearon un ambiente de zozobra e intimidación en momentos en que ese centro educativo vivía una de sus mejores épocas como resultado de la gestión administrativa del ex rector Carlos Caicedo Omar.
José Gregorio, alias ‘Manuel’ y Miguel Adán alias ‘El negro Adán’, quienes quedaron al mando del ‘Grupo de los Rojas’ por la captura de su padre Adán conocido con el alias de ‘Carrancho´y de su hermano Rigoberto alias ‘El Escorpión’, dijeron que la orden se las entregó Walter Torres, alias ‘Walter’, uno de los jefes de sicarios al servicio de Hernán Giraldo en la parte baja de la Sierra Nevada.
La orden consistía en asesinar a un grupo de personas incluidas en una lista por su militancia en la izquierda o por ser presuntos simpatizantes o miembros de la guerrilla. En la lista también se encontraba el mismo ex rector Carlos Caicedo Omar, una hermana de Adán Izquierdo y algunos sindicalistas. El fiscal Germán Russi Casallas les preguntó si ejecutaron a todas las personas incluidas en la lista, a lo que contestaron que no porque no pudieron ubicarlas.
Incluso, agregó José Gregorio, en el caso del vicerrector Roque Morelli asesinaron inicialmente a una persona equivocada, pero cinco días después asesinaron a Morelli.
"El día que tenían previsto matarlo se confundieron y terminaron asesinando a Rafael Espitia quien se disponía a salir de su casa a trotar hacia las 5 y 45 de la mañana del 14 de agosto del año 2002 en el barrio Ciudadela 29 de Julio. Nos confundimos y matamos a Rafael Espitia, pero cinco días después asesinamos a Roque Morelli Zárate. En esta acción participaron alias ‘Willy’ y ‘Coronel’ quienes recibieron la orden de Adán Rojas Mendoza", aseguró en su relato José Gregorio Rojas.
Por estos mismos hechos fueron condenadas cinco personas. Por el homicidio de Hugo Maduro fueron condenados Gelmet Sait Hincapié de la Cruz y Luis Carlos López Castro; por la muerte de Roque Morelli fue condenado Leonardo de Jesús Ariza y Edgar Ochoa Ballesteros, alias ‘Morrocoy’ perteneciente al resistencia Tayrona, y por el asesinato de Julio Otero está condenado Reynaldo de Jesús Torres Forero.
Cinco meses antes de su extradición a Estados Unidos en versión libre el 20 de noviembre de 2007, Hernán Giraldo Serna, cabecilla del Frente Resistencia Tayrona, había confesado los mismos hechos y dado una explicación de por qué se cometieron esos crímenes ante la Unidad de Justicia y Paz en Barranquilla.
Las siguientes fueron sus declaraciones: "Hugo Maduro, estudiante de la Universidad del Magdalena perteneciente a la Juventud Comunista porque estaba adelantando gestiones de guerrilla en la ciudad de Santa Marta. Lo que olía a guerrilla había que darlo de baja. La orden del asesinato la dio el comandante Giovanni Ordoñez, ‘Mono Leche’, y la ejecutó ‘El Paisita’. El profesor de la Universidad del Magdalena, Julio Alberto Otero Muñoz, fue dado de baja en la playa por activista y militante de las Farc. Su asesinato fue autorizado por Ramiro o alias Rodrigo, quien actuaba a nombre de Jorge 40, y fue ejecutado por Fredy o alias Pitilla y Toni. Al Vicerrector de la Universidad del Magdalena, Roque Morelli, fue autorizado su asesinato por Miguel Adán Rojas Mendoza o alias El Negro, quien actuaba bajo órdenes de Jorge 40. El ejecutor fue alias ‘Colo’. Quien señaló a la víctima fue un agente de la Policía de apellido Ariza.

Quiénes Eran las Víctimas
El estudiante Hugo Maduro, había ingresado a la universidad desde el año 1990, estuvo detenido por el presunto delito de porte ilegal de armas, material de intendencia y rebelión por presuntos vínculos con el ELN. El rector Caicedo y un grupo de universitarios encabezaron una gestión para que este saliera de la cárcel. Era activista estudiantil y comunitario. Luego de su salida estuvo alejado de la universidad y se reintegró a finales de 1999 para terminar su tesis, actividad que desarrollaba cuando fue asesinado en el año 2000.
Julio Otero Muñoz fue líder sindical de los empleados antes de entrar al equipo de dirección universitaria propuesta que le hizo el rector Carlos Caicedo, quien lo nombró como Vicerrector Académico y luego como Vicerrector de Investigación. Se convirtió en uno de los funcionarios más cercanos y estuvo encargado de la rectoría en múltiples oportunidades. Había sido activista en la Universidad Industrial de Santander. De Junio 1978 a Agosto de 1990 se desempeñó como empleado de la planta administrativa no docente como auxiliar de laboratorio, periodo en el que también fue presidente del sindicato de empleados. Fue nombrado como docente de planta en 1990. Entre los años 1999-2000 fue -por designación de la rectoría- representante de la Universidad del Magdalena ante la Red de Universidades Unidas por la Paz, Redeunipaz, y había organizado, un año antes de su deceso, el encuentro de la Red en la ciudad de Santa Marta, también presidió el Comité de Refundación del Plan Decenal de Desarrollo de la Universidad que orientaba la rectoría.
Roque Morelli Zárate, fue líder estudiantil del Instituto técnico Industrial en Santa Marta, secretario de la Juco en el departamento y miembro de la Unión Patriótica compañero del dirigente de ese movimiento también asesinado, Marcos Sánchez. Morelli estuvo vinculado a la Universidad como docente de cátedra desde 1996 y durante los años 1997, 1998 y 1999, se desempeñó como Vicerrector del Programa de Educación Abierta y a Distancia por nombramiento que le hiciera el entonces rector Carlos Caicedo Omar. El último cargo desempeñado en la universidad fue como Decano de Educación desde 1999 hasta el día de su homicidio en septiembre de 2002. Era una de las personas más cercanas al rector. Fue designado por la rectoría como coordinador de la Red de Universidades por la Paz Redeunipaz en remplazo de Julio Otero, quien había sido asesinado en 2001.
José Gregorio y Adán Rojas Mendoza, quienes se encuentran detenidos en la cárcel Modelo de Barranquilla pidieron a la familia de las víctimas que los perdonen, que esos crímenes fueron cometidos por órdenes que recibieron.
"A nombre de mi familia, a nombre de las ex autodefensas unidas de Colombia, pido un perdón general por cualquier daño que hayamos ocasionado tanto a los profesores que en nuestro entendimiento son las personas que tienen que ayudar a todos los alumnos avanzar en la sociedad a ser otras personas diferentes, también tuvimos que accionar en contra de ellos en el caso del señor Morelli en el caso de la estudiante Lesvia Polo Barcenilla; hemos pedido perdón por todos ellos, nuevamente lo ratificamos´. Nosotros no andábamos matando por matar. No éramos gatillo loco. De pronto teníamos malas informaciones, las cuales verificábamos a través de nuestra red de inteligencia, pero si alguien señor fiscal nos hacía caer en un error señor Fiscal, ese también se moría."
En una declaración entregada a Verdad Abierta, al conocer las versiones de la familia Rojas, el exrector Carlos Caicedo Omar, a quien algunos familiares de las víctimas sindican como autor intelectual, dijo que las versiones de Hernán Giraldo en noviembre de 2007 y las de los Rojas en sus dos últimas audiencias, dejan no sólo sin piso las acusaciones en su contra, sino que también demuestran que se encontraba en la lista de las personas que debían ser asesinadas por su presunta colaboración con la guerrilla.
Esos homicidios, dijo, hacían parte de una estrategia de sangre y fuego por imponerse en la región que fue denunciada por él poniendo en riesgo su vida y su familia sin que sus denuncias tuvieran eco. Agregó que en el intento de intimidarlo, hombres armados hostigaron a su madre en la puerta de su casa, a su hermana Patricia Caicedo, actual concejal de Santa Marta, la persiguieron y acosaron, y merodearon durante semanas el colegio de sus hijos.
La justicia tendrá que determinar si continúa o no con el proceso contra Caicedo Omar.

20 de octubre de 2009
©verdad abierta

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se reducen denuncias por falsos positivos

mqh - 18 de octubre de 2009 - 06:34 - colombia

Tras el escándalo que puso al descubierto esta horrenda práctica por parte de militares y policías, las denuncias se han reducido. En lo corrido del año han sido reportados dos casos, según el Cinep.

Colombia. Un informe del la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) aseguró el viernes que al menos 940 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Colombia entre el 2001 y 2009. Sin embargo, el informe señala que en el último año ha habido una "importante" baja en el número de víctimas de esas ejecuciones.
Las fuerzas armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá, y después sus cadáveres fueron localizados en fosas comunes al noroeste del país presentados como rebeldes muertos en combate con tropas del ejército.
Al menos 20 altos oficiales del ejército fueron destituidos a fines del 2008 por el caso de Soacha y el Ministerio de Defensa anunció medidas para evitar nuevos casos de ejecuciones presentadas como de muertos en combates o lo que la prensa local denominó "falsos positivos".
En su informe de 15 páginas, el Cinep --citando datos de parientes y de la prensa local-- indicó que las muertes en ejecuciones extrajudiciales del 2001 al primer semestre del 2009 ascendieron a 940, más de 90 por ciento de ellas adjudicadas a miembros de las fuerzas militares, según el Cinep.
Sin embargo, el grupo dijo que a partir del escándalo de Soacha y las medidas adoptadas por el sector castrense --como creación de inspectores de derechos humanos en unidades militares que siguen e investigan denuncias, hasta las mismas destituciones-- han desembocado en una "importante" reducción en el número de casos reportados de ejecuciones.
"Hay un cambio de tendencia en la situación de derechos humanos, es decir hay un descenso en un tipo de violaciones, como son los ’falsos positivos’’’, dijo en entrevista telefónica Mauricio García, director del Cinep, grupo surgido en 1972 y que investiga temas relacionados con el conflicto interno colombiano y los derechos humanos.
De acuerdo con el Cinep, mientras en el primer semestre del 2008 tuvieron datos de 196 ejecuciones extrajudiciales, en el mismo lapso del 2009 han recibido sólo denuncias de cuatro muertes.
Con relación a la baja en los casos, García sostuvo que "lo más seguro es que se van a mantener bajos" porque "parecería que hay un cambio de tendencias en términos de violaciones de derechos humanos y es pasar de estos casos de ’falsos positivos’ a casos de intolerancia social y amenazas".
Según García, por intolerancia social se entienden casos en que las personas son maltratadas, acosadas o amenazas porque "no se respetan diferencias sociales" y se persigue a prostitutas, indigentes, homosexuales y drogadictos.
La Fiscalía General investiga a más de un millar de militares, policías y agentes de inteligencia por denuncias de ejecuciones y al menos 80 han sido condenados por esas muertes.

18 de octubre de 2009
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capturas por masacre de nariño

mqh - 16 de octubre de 2009 - 04:32 - colombia

Nuevas capturas por masacres de pueblo Awá. Un civil acusado de la masacre de 12 indígenas el pasado agosto, y un teniente del Ejército involucrado en otra matanza en 2006, fueron detenidos por las autoridades.

Colombia. Dos decisiones trascendentales relacionadas con dos masacres diferentes de indígenas awá fueron tomadas este miércoles. Primero, la captura de José Alfredo Palma Tupaz, presunto responsable de la muerte de 12 aborígenes de esta comunidad ocurrida el pasado 26 de agosto en el corregimiento de La Guacamaya en Tumaco, Nariño, en la que murieron siete menores de edad.
De acuerdo con la Dijín, tanto Palma como otros cuatro detenidos la semana pasada, pertenecen a la banda "Los cucarachos", grupo sicarial al servicio de la columna móvil ‘Daniel Aldana’ de las Farc, responsables de hurto, homicidio, extorsión, rebelión, entre otros, contra residentes de dicho corregimiento.
La investigaciones, hasta el momento, dicen que los homicidas ingresaron a la vivienda en la cual residían las víctimas, preguntaron por la ubicación de tres millones de pesos y al no recibir respuesta, dispararon de manera indiscriminada sobre cada uno de los que habitaban el lugar.
Palma y los otros detenidos están señalados de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en modalidad de tentativa y lesiones personales agravadas.
Entre tanto, la Fiscalía capturó y le dictó medida de aseguramiento al teniente del Ejército Nacional Alberto Williams Echeverry, por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco miembros de la comunidad Awá, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, luego de un supuesto combate con las tropas.
Los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2006 en zona rural del municipio de Ricaurte, Nariño, donde fueron reportadas como muertos en combate Blanca Adelaida Ortiz, Marleni Pai Burbano, Segundo Jairo Ortiz Taicus, Juan Donaldo Moran y Jesús Mauricio Ortiz.
La determinación judicial fue adoptada por un fiscal de Derechos Humanos, que sindicó al oficial como posible coautor del delito de homicidio en persona protegida. En este proceso también está vinculado el sargento viceprimero Alexánder Guerrero Castellanos.

15 de octubre de 2009
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guerrillas reclutan a jóvenes indígenas

mqh - 16 de octubre de 2009 - 01:34 - colombia

Organizaciones rebeldes colombianas reclutan a jóvenes indígenas. Un estudio reciente reveló que el 64% tenían catorce o menos cuando fueron reclutados. Muchos, ansiosos por escapar de la pobreza y el aislamiento, se convierten en un objetivo ideal para los reclutadores de las guerrillas.

[Chris Kraul] Toribio, Colombia. Sediento de aventuras y evadido de un hogar roto, Jerson se unió a las guerrillas de izquierda cuando era un adolescente. Lo vio como una manera de emular al Che Guevara y llevar justicia social a esta pobre región de Colombia.
Además, los rebeldes le ofrecieron ropa nueva y un celular.
Así que hace tres años el joven indio se convirtió en miembro de Sexto Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que patrulla las montañas del estado de Cauca. Dos meses después, exasperado por las estrictas reglas y horrorizado por el asesinato de un amigo de la infancia y recluta de los soldados colombianos, dejó las filas de los rebeldes.
"Yo era apenas una mula que acarreaba el agua a los campamentos, salía a recoger leña y movía las cosas para mantenerme un paso más adelante que el ejército. Todo lo que haces es obedecer órdenes", dijo Jerson, ahora un alumno de secundaria de diecisiete años de Toribio, una ciudad a unos 240 kilómetros al sudoeste de Bogotá, la capital. "Pero no podía olvidar cómo mataron a mi amigo. Yo sabía que si me quedaba, la muerte me andaría buscando".
Estudios del defensor público de Colombia y de investigadores independientes indican que las FARC y otros grupos armados concentran cada vez más sus esfuerzos en el reclutamiento de jóvenes como Jerson, que se negaron a dar su nombre completo por temor a represalias. Sus triunfos subrayan la dificultad de poner fin a las décadas de violencia en el país.
Sobre la base de entrevistas con ocho mil rebeldes que han sido capturados o se han entregado desde 2002, un estudio reciente determinó que el 64% tenían catorce o menos cuando fueron reclutados, dijo Natalia Springer, decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y experta en niños y grupos armados.
Las FARC, los grupos paramilitares de extrema derecha y los narcotraficantes ven a los jóvenes como candidatos ideales para ser reclutados debido a su pobreza, ausencia de educación, pocas oportunidades y aislamiento, dijo Springer. Incluso los militares presionan a veces a los jóvenes para que actúen como informantes o espías, denuncian organizaciones de derechos humanos.
"Los niños se sienten atraídos por las armas, los uniformes, la aventura y el dinero que les ofrecen", dijo Springer en una entrevista en Bogotá. "Pero no tienen las herramientas intelectuales ni la madurez para tomar una decisión por ellos mismos. Son seducidos".
Jóvenes que viven en reservas indias, que proporcionan a nativos colombianos un grado de autonomía, son crecientemente aproximados por reclutadores.
Springer dijo que casi la mitad de los que unen a grupos armados tienen orígenes indígenas.
"Los grupos armados no reclutan a cualquiera en cualquier parte", dijo. "Adoptan una aproximación estratégica para abordar comunidades vulnerables".
"Este es un problema general que no se limita a los rebeldes o grupos paramilitares", dijo un funcionario de la Asociación de Consejos Indígenas del Norte del Cauca, una organización conocida por sus iniciales en español, ACIN. "El ejército y la policía nos están utilizando como informantes y milicianos".
Habló a condición de mantener el anonimato por razones de seguridad.
Los miles de menores que se cree están luchando con las organizaciones armadas ponen a Colombia en la capa superior de países afectados por el problema, entre los cuales Sudán, Somalia, Myanmar y la República Democrática del Congo.
La defensoría pública colombiana la califica de "grave crisis humanitaria" y UNICEF declaró que la protección de los jóvenes es clave para terminar con la guerra civil que se extiende ya por cuatro décadas en el país.
Jóvenes de las cerca de cien mil familias transitorias dedicadas a la cosecha estacional de hojas de coca, café, algodón y otros cultivos en Colombia también son vulnerables al reclutamiento. Muchos son analfabetos, no tienen casa y están inclinados a aceptar una oferta de educación, o alimentos, cuando las cosechas fallan, dice Springer.
Toribio, un remoto pueblo agrícola a noventa minutos de la Carretera Panamericana por un serpenteante camino en las montañas del este, es un maduro terreno de reclutamiento de las FARC. Los rebeldes, que mantienen campamentos en las cercanías, transportan la cocaína desde aquí hasta los puertos en el Pacífico al oeste y dependen de numerosos informantes en el pueblo.
"Aquí las guerrillas circulan libremente", dijo el funcionario de la ACIN. "Llegan incluso a las casas de la gente, hablan con los jóvenes, ofrecen recursos económicos a las familias que no los tienen".
Julián, 19, un vecino indio de Toribio que se unió a las FARC hace tres años, dijo que los rebeldes reclutan jóvenes aquí porque "la gente de campo puede soportar las penurias mejor que la gente blanca del valle. Somos más resistentes y estamos dispuestos a arriesgarlo todo".
Pero Julián, que se enroló para escapar de problemas en la familia, se fugó y se unió a las FARC sólo después de tres semanas. También pidió que su nombre no fuera revelado, por temor a represalias.
"La vida con los revolucionarios es dura", dijo. "No duermes, tienes siempre hambre y si cometes un error, te llevan a un consejo de guerra. Las penas pueden ser hacer más horas de guardia o el fusilamiento".
Jerson y Julián dijeron que fue fácil incorporarse a las FARC porque sus informantes y guerrilleros están en todas partes en la zona de Toribio y reclutan activamente.
Días después de que Jerson fuera entrevistado el mes pasado, los rebeldes atacaron la ciudad y tomaron posiciones brevemente en la escuela donde había hablado con el Times, disparando contra la comisaría de policía antes de que llegaran en helicóptero las tropas del ejército. Ninguno de los mil niños de la escuela, sufrió lesiones.
"Están siempre por ahí y tienen mejor imagen que el ejército, que sólo se aparece por aquí a molestar a la gente", dijo Jerson sobre la presencia de las FARC.
Con la ayuda de Naciones Unidas y la organización social holandesa llamada IKV-Pax Christi, ACIN ha iniciado un programa bautizado ‘Vuelve a Casa’ para reintegrar en la comunidad a los jóvenes ex rebeldes, con educación y apoyo económico. Unos sesenta ex guerrilleros de la zona de Toribio están participando, y 250 más se incorporarían si el programa dispusiera de más recursos, dijeron funcionarios de ACIN.
Normalmente las FARC no permiten deserciones, pero toleran la participación de jóvenes desmovilizados en el programa ACIN en parte porque las guerrillas aspiran a mantener buenas relaciones con la comunidad indígena, dijeron funcionarios.
Julián dijo que el programa ACIN lo ayudó a financiar la construcción de una casa chica y le ha pagado un pequeño estipendio mensual. Su objetivo es llegar a ser un técnico informático.
"Ahora sólo pienso sobre la vida", dijo. "No sobre la guerra".

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ordenan captura de general padilla

mqh - 15 de octubre de 2009 - 22:33 - colombia

El gobierno ecuatoriano aseguró que la decisión del juez ecuatoriano de ordenar la captura del comandante de las Fuerzas Armadas colombianas por la incursión militar de marzo de 2008, es inoportuna, pero que será respetada.

Ecuador. La orden de captura de un juez ecuatoriano, en Sucumbios, contra el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Freddy Padilla, no congelará los avances entre las cancillerías de Colombia y Ecuador, según los sostuvo este jueves el canciller ecuatoriano Fander Falconí.
Sin embargo, Gabriel Silva, ministro de Defensa colombiano aseguró que "el gobierno de Colombia defenderá a todos los funcionarios y ex funcionarios civiles o militares que lleguen a ser acusados por este operativo (el que terminó en la muerte de Raúl Reyes en suelo ecuatoriano)".
El juez de Sucumbios que dio la nueva orden de captura contra el comandante colombiano, es el mismo que adelanta un proceso en contra del ex ministro Juan Manuel Santos por el mismo ataque a las Farc en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.
El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal explicó, en la misma cadena radial, que los jueces y fiscales de su país son autónomos en sus decisiones y procesos. "El gobierno ecuatoriano no tiene capacidad constitucional y por eso no podemos intervenir en sus procesos judiciales".
Con la noticia, el gobierno colombiano se mostró indignado y rechazó la decisión del juez. El presidente Uribe dijo que el canciller ecuatoriano Falconí les había asegurado que durante el proceso de reestablecimiento de relaciones con Colombia se suspenderían los procesos judiciales.
Por eso, luego de la decisión del juez, Colombia resolvió congelar inmediatamente la agenda de los cancilleres. El ministro Carvajal aseguró que el proceso diplomático entre Colombia y Ecuador "naturalmente tendrá obstáculos, porque algunos temas serán más difíciles de concretar que otros, pero que deben superarse". Escuche si este entorpece el terreno que habían ganado en el reestablecimiento de relaciones Colombia y Ecuador.
Carvajal reconoció que aunque es una decisión un "poco oportuna", el gobierno ecuatoriano respeta los fallos de los jueces y espera que los cancilleres asuman este nuevo episodio buscando siempre mejorar las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Por lo pronto, Walter Lombeira, abogado defensor asignado en Sucumbíos para el proceso de Freddy Padilla y Juan Manuel Santos, aseguró en La FM que existe violación de procedimiento y que se demostrará en la medida en que avance el proceso.
Dijo que por el momento no tiene ningún contacto con los demandados y que, en la medida de sus posibilidades, cumple con su función de defensor. Lombeira desconoce si se adelantará una orden de captura contra el general Mario Montoya, comandante del Ejército colombiano quien también participó en el operativo.
El encuentro entre los cancilleres Jaime Bermúdez, de Colombia y Fander Falconí, de Ecuador estaba planeado para este viernes en Ibarra, Ecuador.

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crímenes del ex subdirector del das

mqh - 15 de octubre de 2009 - 21:07 - colombia

A indagatoria ex subdirector del DAS por asesinato de Manuel Cepeda. José Miguel Narváez Martínez, ex subdirector del DAS, será vinculado mediante indagatoria al proceso que adelanta la Fiscalía por el homicidio agravado del senador Manuel Cepeda Vargas.

Bogotá, Colombia. La diligencia judicial se efectuará en los próximos días ante un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, que investiga la presunta responsabilidad de Narváez Martínez en el crimen del dirigente político, cometido el 9 de agosto de 1994 al occidente de Bogotá.
El ex Subdirector del DAS también fue vinculado mediante indagatoria al proceso por el homicidio del periodista Jaime Hernando Garzón Forero.
El Consejo de Estado, en decisión tomada el 10 diciembre de 2008, condenó a la Nación tras encontrar que hubo omisión en la protección del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado el 9 de agosto de 1994.
Según El Tiempo, a pesar de las denuncias hechas por el mismo Cepeda sobre amenazas contra su vida, y sumado a la medida cautelar que la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos había dictado para pedir la protección del dirigente político, el Consejo determinó la culpabilidad por omisión del Estado colombiano que llevaría al asesinato de Cepeda.
Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.
La muerte de Cepeda sería concebida dentro de la "Operación Golpe de Gracia", operación iniciada con el asesinato de José Millar Chacón, secretario del Partido Comunista, el 25 de noviembre de 1993. Estas muertes se sumarían a la muerte de más de 3000 militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80, entre quienes se encontraban candidatos presidenciales, parlamentarios y alcaldes pertenecientes a estos movimientos políticos.
Con esto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.
Por este caso, la justicia colombiana acusó a Carlos Castaño como autor intelectual y a dos militares, Hernando Medina Castaño y Justo Gil Zúñiga, como coautores del asesinato.

Narváez y las Auc
En una versión libre desde Estados Unidos ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso, alias ‘el Mono Mancuso’, aseguró que José Miguel Narváez, quien fue subdirector del DAS, dictó clases a miembros de las autodefensas sobre lucha anticomunista en varias oportunidades.
Esta no es la primera vez que ex paramilitares mencionan el nombre de Narváez y sus presuntos nexos con paramilitares. En junio de 2008, alias ’el Iguano’ también había hecho referencia a las clases que impartió Narváez a paramilitares en campamentos del Sur de Bolìvar y Córdoba, coincidiendo con el relato de Mancuso.
Mancuso aseguró que entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada "¿Por qué es licito matar comunistas en Colombia?" a un grupo de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño.
El ex jefe paramilitar aseguró al despacho octavo de la Unidad de Justicia y Paz, que se reunió en más de cinco ocasiones con Narváez en las fincas ‘Veintiuno’ y ‘Quince’ de las autodefensas en Urabá, entre los años 1998 y 2002. "El hombre encargado de difundir los ideales de la democracia y la paz a los mayores de Colombia, se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas", dijo.
El contenido de las presuntas cátedras iba orientado a justificar el exterminio de sectores sociales involucrados con la guerrilla, entre ellos, hacía énfasis en sindicatos, políticos activos y miembros desmovilizados de la guerrilla. Dentro del grupo de personas estudiadas en la clase figuraba Wilson Borja, quien fue declarado como objetivo militar por parte de las AUC. Borja fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2000, por los que fueron responsabilizados militares en complicidad con paramilitares.
Según Mancuso, Narváez tenía influencia sobre Carlos Castaño, pero que el jefe paramilitar tenía reservas sobre el ex subdirector del DAS y sus conceptos porque le parecían demasiado radicales: "Cree que todos son guerrilleros", le dijo.
A lo largo de su Versión Libre, Mancuso aceptó haber recibido de manos de Carlos Castaño una lista con los nombres de varias personalidades nacionales que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla. En el listado figuraban los nombres de Álvaro Leiva Durán, Wilson Borja, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y un ex parlamentario de Arauca de quien no supo referir el nombre: "Puede ser Octavio Sarmiento o Luis Alfredo Colmenares, tal vez, las autodefensas mataron a los dos", aseguró.
El ex jefe paramilitar confesó que las autodefensas que comandó en Córdoba recibían semanalmente informes de inteligencia de las manos de alias ‘Caballo’ y Wilfredo Ortiz, este último identificado por el ex jefe paramilitar como un miembro activo de la policía de Córdoba en 1994.
Mientras que Jorge Iván Laverde Zapata alias ’el Iguano’ confesó en 2008 que el ex subdirector Nacional del DAS, José Miguel Narváez, sugirió a Carlos Castaño Gil, para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón.
También señaló que Narváez fue clave en el secuestro de la senadora liberal Piedad Córdoba. Según Laverde, Narváez fue quien llevó a Carlos Castaño Gil varias grabaciones entre la parlamentaria y el jefe guerrillero Francisco Galán, en las que criticaban al ex jefe de las AUC.
La fiscalía deberá determinar si estos señalamientos son suficientes para llevar a juicio al ex funcionario.

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