colombia

cae ex alcalde por nexos con los paras

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Detienen a ex alcalde de Chivolo por nexos con ’paras’. Miembros del CTI detuvieron a un ex alcalde de Chivolo investigado por sus presuntos nexos con paramilitares y haber firmado el pacto político con ’Jorge 40’. 

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Colombia. Fernando Antonio Orozco Andrade, de 42 años de edad, ocupación médico cirujano, es investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El detenido fue Alcalde del Municipio de Chivolo del 2001-2003, y según las autoridades judiciales, asistió al denominado Pacto de Chivolo convocado por ‘Jorge 40’ y alias ‘Sonia’.
También se desempeñó como gerente del Hospital de Chivolo en donde suscribió diversos contratos con la ONG Mujeres de la Provincia.
En el Pacto de Chivolo se escogieron candidatos a la Asamblea del Magdalena, a concejos y alcaldías de 13 municipios. La mayoría de los asistentes firmaron el pacto y se comprometieron a respaldar la candidatura de José ‘Chelo’ Dávila a la gobernación del Magdalena.
Entre los nombres que aparecen en el documento están los del entonces diputado Fernando Mozo Ortiz, ex miembro del tribunal de Garantías del Partido Liberal en ese departamento, Ramón Prieto, entonces alcalde de Pivijay y Franklin Lozano, alcalde de Zapayán.
También firmó el pacto Rodrigo Roncallo, representante a la Cámara que actualmente está siendo investigado por parapolítica, y quien resultara elegido en las elecciones de 2001 como alcalde de Tenerife. En 2006, Roncallo llegó a la Cámara de Representantes apoyado por el senador Jorge Luis Caballero, quien también es investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares del Magdalena.
En noviembre de 2008, la fiscalía llamó a indagatoria por la firma del pacto, a los ex alcaldes de Concordia, Pablo José Salas, Aníbal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, investigados por los presuntos delitos de peculado, interés indebido en celebración de contratos relacionados con los vínculos de Mujeres de la Provincia, también a los diputados a la Asamblea del Magdalena, Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, y al ex diputado Fernando Mozo, quien se encuentra prófugo, a quienes investiga por los cargos de concierto para delinquir.
La fiscalía también está investigando a Neyla Alfredina Soto Ruiz o ‘Sonia’, quien se encuentra presa en Santa Marta, y a su hija, Victoria Paternina, por los presuntos delitos de concierto para delinquir y como determinadoras de los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos.

15 de octubre de 2009
©verdad abierta

siervos sin tierra

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Expropiaciones ilegales de tierras y despojo han sido objetivos de los paramilitares.

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Colombia. En Chocó, en el Bajo Atrato, empresas como Urapalma-Palmura, Asibicon, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Tuqueka, Selva Húmeda y Fregni Ochoa S.A. acudieron al apoyo de paramilitares y a la suplantación de líderes y miembros de la comunidad para hacerse, mediante dolosas maniobras jurídicas,  a cerca de 35.000 hectáreas que el Gobierno les había asignado a las comunidades afro-colombianas con títulos de propiedad que indicaban que eran "inembargables, imprescriptibles e inajenables".
En Santa Rosa, sur de Bolívar, paramilitares del Bloque Central Bolívar recurrieron a amenazas y asesinatos para obligar a abandonar sus parcelas a quienes vivían cerca de una mina de oro, y de esa manera se apoderaron de ellas y de la zona aurífera. Desde el 19 de septiembre de 2006, cuando fue asesinado el líder minero Alejandro Uribe, ningún campesino ha vuelto a la región.
En Chigorodó, Urabá,  centenares de campesinos perdieron sus tierras y tuvieron que dejarlas porque, sin saber cómo ni cuándo, sus fincas aparecieron a nombre de testaferros de las Auc. Por ejemplo, mediante falsificación de firmas y huellas digitales, se apoderaron de La Esperanza, propiedad de una cooperativa. "Un paramilitar conocido como ’Palillo’ le quitó al representante legal de la finca las escrituras y días después paramilitares se apoderaron del terreno y lo tuvieron arrendado a nombre de otra persona".
En Sucre y Magdalena grupos paramilitares han presionado a propietarios de predios hipotecados o a punto de ser embargados para que vendan o transfieran los derechos de propiedad. En muchos casos pagan por debajo del precio comercial, en otros obligan a transferir los derechos de propiedad.
En algunas regiones se han presentado casos como el de un predio en Córdoba que fue adjudicado por el Incoder a un grupo de familias desplazadas, pero que luego Acción Social le tituló a un grupo de reinsertados de las Auc y acudió a la fuerza pública para que hiciera el desalojo.
Estos y otros casos que investigan las autoridades y que fueron documentados por el grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ilustran en buena parte cómo 5,5 millones de hectáreas de tierra fueron arrebatadas a sus dueños por los grupos violentos. Esas tierras están hoy en poder de nuevos propietarios, mientras sus verdaderos dueños -entre tres y 3,5 millones de personas- viven la tragedia del desplazamiento y conservan pocas esperanzas de recuperarlas porque algunos de los que intentaron hacerlo fueron eliminados. El caso de Yolanda Izquierdo, asesinada el 31 de enero de 2007, es emblemático de esta situación.
"Es conocido que los narcotraficantes, los grupos armados, y ciertas élites que han hecho alianzas con esos grupos, además de los tradicionales terratenientes, se han quedado con la tierra -dice el economista Absalón Machado, director de la investigación ‘El despojo de tierras y territorios’, del Grupo Memoria Histórica-. Para qué y por qué se han adueñado a la fuerza de esos terrenos es la preocupación".

La Contrarreforma
La tierra se ha convertido en instrumento estratégico del conflicto. Para unos -terratenientes, empresarios del campo-, el objetivo es de inversión hacia el futuro por su papel en la seguridad alimentaria y en la producción de biocombustibles. "Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Urabá, Chocó, Putumayo y el Magdalena Medio son zonas críticas por su riqueza en biodiversidad para la explotación de recursos naturales", asegura Machado. Para otros -grupos armados, narcotraficantes...- el propósito es repoblar zonas con sus familias y simpatizantes, asegurar corredores de movilidad y sembrar coca. Eso está ocurriendo en Chocó, los Llanos  y Córdoba.
La violencia es el principal medio de despojo. La población se ve obligada a dejar la tierra y a huir para salvar la vida. Pero en múltiples casos, los victimarios acuden a maniobras jurídicas para adquirir formalmente los derechos de propiedad.
La investigación del Grupo Memoria Histórica confirma las conclusiones de otras investigaciones previas que evidencian la ausencia o el fracaso de políticas de reforma agraria y cómo el conflicto ha producido una contrarreforma que ha concentrado la propiedad de la tierra. Como dice el investigador Alejandro Reyes Posada en su libro ‘Guerreros y campesinos’ (Editorial Norma, 2009): "El paisaje agrario ha sido transformado por el conflicto armado y el narcotráfico en la dirección de una mayor concentración de la propiedad, un acelerado desplazamiento y empobrecimiento de los pequeños campesinos, una mayor subutilización de la tierra en ganadería extensiva y una reducción de la agricultura comercial y campesina".
La pregunta es si el proceso de Justicia y Paz podrá, algún día, dar alguna respuesta a los desplazados o si tendrían que vivir para siempre como los condenados de la tierra. 

Formas del Despojo
-  Amenazas directas e indirectas contra la vida.
-  Destrucción de documentación oficial.
-  Compraventa forzada.
-  Ocupación y apropiación de predios estatales.
-  Arrendamiento con o sin contrato.
-  Contratos de usufructo.
-  Despojo por vía de hecho administrativa.
-  Despojo por vía de hecho judicial.
-  Falsificación de títulos de propiedad y escrituras.
-  Embargo y remate de propiedades abandonadas.
-  Intercambio y usufructo de propiedades.
-  Abandono y apropiación sin transacción comercial.
-  Usufructo del predio sin apropiación.
-  Compra de derechos de propiedad mediante la adquisición de hipotecas y deudas.

12 de octubre de 2009
©cambio

murió martín villa

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Uno de los fundadores de las FARC. Marcelino Trujillo, alias ’Martín Villa’, murió hoy en las selvas colombianas producto de un infarto. Fue uno de los guerrilleros que junto al también fallecido Pedro Antonio Marín, alias ’Tirofijo’, creó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace más de 45 años.

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Colombia. El guerrillero murió a los 70 años al parecer en una zona selvática en la frontera de Colombia con Venezuela, según indicó un informe del diario bogotano El Tiempo.
El rotativo conoció a través de dos desmovilizados que ’Villa’ "estaba delicado de salud desde el 2004 y que los constantes traslados que tenía que hacer en medio de las operaciones militares deterioraron aún más su estado".
De acuerdo al informe, el guerrillero estuvo refugiado en una casa del municipio venezolano de Maroa, en límites con el río Guainía, donde recibió asistencia médica y luego de presentar una mejora en su salud se trasladó al departamento de Caquetá, en el sur del país.
"Regresó al Caquetá y después de lograr salir de un cerco militar de la zona de La Casona (Caueá) se reunió por última vez con ’Manuel Marulanda’ (’Tirofijo’) en Yarumales, en el departamento del Meta, y de ahí salió hacia uno de los campamentos del jefe militar de las FARC, alias ’Mono Jojoy’, en Cachicamo, en el departamento de Guaviare, desde donde luego partió hacia la Guainía", señaló una fuente al diario.
Al parecer Villa tuvo un funeral similar al que se hizo a ’Manuel Marulanda’ en medio de la selva luego de su muerte natural el 26 de marzo de 2008, tras lo cual asumió el mando de la guerrilla Guillermo León Sáenz, alias ’Alfonso Cano’.
’Villa’ fue el encargado de dar instrucción en 1981 "a los jóvenes comandantes de los frentes que nacieron ese año en La Caucha, ubicada en el municipio de Uribe (Meta)", según relató en un escrito Rodrigo Granda, el denominado canciller de las FARC.
Al rebelde además se le sindica de ser el fundador del bloque Oriental, que se convirtió en el brazo armado de las FARC, que ahora comanda "Jojoy".
Trujillo era buscado por las autoridades por los delitos de terrorismo, homicidio, secuestro y lesiones personales. Estados Unidos lo requirió en extradición por delitos de narcotráfico y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 2,5 millones de dólares por información que permitiera su captura.
Del grupo de hombres que acompañaron a ’Tirofijo’ a fundar las FARC el único que sobrevive es alias Miguel ’Sargento’ Pascuas.

11 de octubre de 2009
©página 12

militares implicados en desapariciones

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Documento de EE.UU. implica a militares en desapariciones del Palacio de Justicia. El informe fue entregado al entonces presidente Andrés Pastrana, pero nunca se hizo pública la información. Familiares de las víctimas piden que se tenga en cuenta en el proceso contra el ex general Plazas Vega.

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Colombia. Un Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos producido en 1998 sería otra de las pruebas que implica a militares en el asesinato de empleados del Palacio de Justicia durante la retoma del edificio en noviembre de 1985.
En el documento se hace referencia al coronel (r) Alfonso Plazas Vega como uno de los que ha dilatado la conclusión de los procesos de investigación.
Plazas Vega comandó la toma del Palacio por orden del entonces presidente Belisario Betancourt.
Otra de las revelaciones de texto, según informó Caracol Radio, involucraría a soldados con la muerte, no sólo de empleados de la cafetería del Palacio, sino también con integrantes del M-19.
El documento incluye información sobre varias reuniones entre altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos y mandos militares de la época, en donde se discutió sobre el juzgamiento de los uniformados vinculados por presunta violación de los Derechos Humanos.
Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín que murió en la toma del Palacio, explicó, en Caracol Radio, que el Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a estas conclusiones durante la pesquisa  que hacían sobre la relación del M-19 con el narcotráfico.
Aseguró que el informe se saca a la luz pública en un momento oportuno y que debe ser tenido en cuenta en el proceso que se adelanta contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.
Se conoció también que todos los detalles incluidos en el informe eran conocidos en su totalidad por el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, quien ocupada el cargo cuando se publicó el documento.
Así mismo, tenía pleno conocimiento el ministro de Defensa (1998), Rodrigo Lloreda Caicedo. Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento y hasta el 2005 se retomo la investigación que hasta la fecha no se ha cerrado.
En La W, el abogado Rafael Barrios, representante de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, contó que el  informe desclasificado emitido por la embajada norteamericana  hace 20 años explica cuáles fueron las funciones del coronel Alfonso Plazas Vega en el operativo.
Aseguró que el informe dice que "los soldados asesinaron a los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia por considerar que eran sospechosos de colaborar con el M-19".

9 de octubre de 2009
©semana

escapa líder del eln

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Se voló ’Carlos Marín’, importante jefe del ELN. Cuando era trasladado por guardias del Inpec de la cárcel al aeropuerto de Arauca, un grupo armado asaltó la seguridad y facilitó la fuga. Policía ofrece 1.700 millones de pesos por su recaptura.

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Colombia. Aproximadamente a las 11:40 de la mañana, cuando ocho guardias del Inpec custodiaban su traslado de la cárcel de Arauca al aeropuerto de esta ciudad, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Carlos Marín’ o ‘Pablito’, se voló de las autoridades luego de que tres hombres armados, en dos motos, abrieran fuego contra la guardia y facilitaran la fuga del guerrillero.
Considerado como el principal jefe militar y el encargado del negocio del narcotráfico para la guerrilla del Eln, ‘Pablito’ había sido capturado en enero del año pasado en Bogotá. "Esta es quizás la captura más importante realizada por el Ejército de cualquier cabecilla militar del Eln en su historia. No tenemos antecedentes de la captura de un jefe guerrillero militar tan importante como ‘Pablito’", dijo el ministro de Defensa para la época, Juan Manuel Santos, quien lo comparó con el ‘Negro Acacio’ y el ‘Mono Jojoy’.
De acuerdo con un comunicado del Inpec, Giraldo se encontraba este miércoles en el área de recepciones de la cárcel de Arauca, aledaña a la puerta principal, a donde había llegado el pasado lunes para cumplir una diligencia ordenada por un juez. Cumplido el requerimiento, este miércoles iba a ser trasladado nuevamente a la cárcel de Cómbita, su sitio de reclusión permanente.
En el cruce de disparos murió Jimmy Alexánder Castro, guía canino del centro carcelario, y quedó herido el dragoneante José Bernardo Rojas, quien recibió varios impactos de bala.
Según las autoridades, ‘Pablito’ hacía parte de la Dirección Nacional del Eln y se ubicaba incluso por encima del Comando Central del Eln, Coce, lo que le daba mayor importancia sobre las decisiones que tomaba la dirigencia guerrillera.
Así mismo, las autoridades dicen que este guerrillero se inició en las armas en Arauca hace más de 20 años, tiempo en el que atacó varias veces a la fuerza pública y la infraestructura petrolera y energética nacional.
 Fue Marín el responsable del asalto en 1.995 a una base militar venezolana en Apure, donde murieron ocho infantes venezolanos y en las que fueron robadas armas que terminaron en poder de las Farc, las mismas que según el presidente Hugo Chávez fueron incautadas por el Ejército colombiano en La Macarena, hace unos meses.
‘Pablito’, capturado el 6 de enero de 2008, está pedido en extradición y sindicado por los delitos de rebelión, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y obtención de documento público falso.
El director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, ofreció 1.700 millones de pesos de recompensa por su recaptura.

9 de octubre de 2009
©semana

capturan a autores de matanza

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Por silenciar a testigo de un homicidio fue la masacre de 12 awás el pasado 26 de agosto. La Policía capturó a cuatro de los seis responsables del crimen. Son integrantes de esa etnia y hacen parte de la banda ’los Cucarachos’, dirigida por un hombre conocido como alias ’Freddy’.

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Colombia. La masacre de 12 indígenas awás, ocurrió en el resguardo El Gran Rosario, cerca de Tumaco (Nariño). El grupo que perpetró la masacre son integrantes de esa etnia  indígena y forman parte de una organización criminal conocida como ’los Cucarachos’, que dirige un hombre conocido con el alias ’Freddy’.
Un informante le contó a la Policía que ’los Cucarachos’ tenían como objetivo ’silenciar’ a un menor de edad que días antes de la masacre había sido testigo de un homicidio. Entonces, el grupo de alias ’Freddy’, decidió asesinar a todos los integrantes del resguardo donde vivía el testigo que los podía incriminar.
A las 5:00 de la mañana del miércoles 26 de agosto, seis de ’los Cucarachos’ llegaron a hurtadillas al resguardo El Gran Rosario. Estaban uniformados, encapuchados y portaban fusiles.
Un testigo le contó a la Policía y a la Fiscalía que las víctimas los estaban esperando. Las 15 personas que estaban en el resguardo habían madrugado porque las habían invitado a una minga para sembrar yuca y arroz. En realidad la invitación era una  trampa.
El grupo de encapuchados encañonó a sus víctimas y las obligó a tenderse en el piso.  El testigo afirmó que alias ’Freddy’ ordenó requisarlas y luego disparar indiscriminadamente contra ellas.
En la masacre murieron: Tulia García Guangua, de 35 años; Laurencio García, de 38; Carmela Guangua, de 18; Fabio Taicus, de 18; Alfredo Guangua, de 19; Amparo Nastacuas, 21 años;Keison Ferney, de ocho meses, Nancy Jazmín, de 5; Alexander Rodríguez, de 6; Jaime Laurencio Garcia, de 5; Luis García, de 13, y Roberto Guangua, de 17.
Sin embargo, tres de los indígenas sobrevivieron al ataque: Javier García, de 20; David García, de 12, y Yolanda Bisbicus, de 22.
Ayer, los cuatro capturados fueron llevados ante un juez de control de garantías de Tumaco y la Fiscalía les formuló cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, entre otros.
El jefe de la banda, alias ’Freddy’, aún no ha sido capturado por la Policía.

7 de octubre de 2009
©el tiempo 

reparaciones por masacre de chengue

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Nación deberá pagar 2.500 millones por masacre de Chengue. Un Juzgado de Sincelejo condenó a la Nación porque la Fuerza Pública no impidió la masacre de 27 personas en Chengue, el 17 de enero de 2001.

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Colombia. En una nueva condena a la Nación por su omisión en una masacre, un juez de Sincelejo, Sucre, ordenó que le pague 2.500 millones de pesos a 195 familiares de las 27 víctimas de la masacre de Chengue, corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre.
En su fallo el juez declaró que la Policía y la Infantería de Marina no hicieron nada para proteger a los habitantes de Chengue. Los pobladores llevaban seis meses alertando a las autoridades sobre las amenazas de los paramilitares de los Héroes de los Montes de María del Bloque Norte de las AUC de cometer una masacre.
El juez de Sincelejo también confirmó que algunos miembros de las fuerzas armadas colaboraron con los ‘paras’, al dejar que ingresaran y salieran del pueblo sin problemas. La sentencia además le ordenó a la Nación levantar un monumento en Chengue en memoria de las víctimas de la masacre.
Recientemente, Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, alias ’Juancho Dique’ reconoció haber sido responsable de la masacre y aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, y hurto calificado y agravado.
El ex paramilitar fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo a 23 años y ocho meses de prisión, por su responsabilidad en la masacre de 28 campesinos del corregimiento Chengue, municipio de Ovejas (Sucre).
El Juzgado concluyó que los daños sufridos por los demandantes les son imputables a las entidades demandadas, en este caso a la Nación, al Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por omisión debido a la ausencia de Fuerza Pública en Chenque y sus alrededores.
Esta masacre se realizó en una época en la que se dio la expansión paramilitar en Sucre con la colaboración de políticos y militares. Entre el año 2000 y el año 2004, los paramilitares realizaron 16 masacres, que dejaron como saldo un total de 77 víctimas. Estos acontecimientos a su vez precedieron episodios de desplazamiento masivo de familias del departamento hacía distintas zonas del país, ocasionando una grave crisis humanitaria.
El 7 de Noviembre de 2005 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana por la masacre, alegando que el Estado colombiano violó varias normas consagradas en la Convención Americana. El 23 de Julio de 2007, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad y se espera que analice la demanda.

La Masacre
Los paramilitares llegaron a Chengue en la madrugada del 17 de enero de 2001. Allí "se vivía bueno", según sus habitantes. La población se sostenía, principalmente, del cultivo y la venta de aguacates y maíz, cuya calidad era reconocida en la región. Las casas tenían servicios de energía y agua, y estaba en proceso la construcción de un alcantarillado.
Sí los visitaban guerrilleros del frente 37 de las Farc, al mando de ‘Martín Caballero’, que era el grupo que tuvo presencia durante mucho tiempo en la zona. Sin embargo, nunca vivieron una escena tan violenta en el corregimiento como cuando llegaron los paramilitares.
A las cuatro de la mañana los ’paras’ golpearon violentamente las puertas de las casas de Chengue y les ordenaron a todos los habitantes salir a la plaza. Estaba oscuro pues los ‘paras’ habían cortado la energía antes de pasar por las viviendas.
A los hombres los hicieron tenderse en el suelo, bocabajo y los hicieron pasar uno por uno a donde estaba un computador para verificar las identidades. Del lugar nadie regresó.
Cuando el resto de los pobladores llegaron donde se supone estaba el computador vieron que en realidad se trataba de un ‘matadero’, donde ya habían muerto sus vecinos, después de haber sido sindicados de auxiliadores de la guerrilla. Todos recibieron golpes en la cabeza con mazos de moler piedra. Así murieron 24 campesinos. A otros tres se los llevaron y aparecieron muertos al rato.
Después de la masacre, los paramilitares pintaron en las paredes de algunas casas letreros que decían "fuera, guerrilla comunista". Luego saquearon y quemaron algunas viviendas. Antes de partir, les dijeron a las mujeres y a los niños que se hicieran a la idea "de que ya perdieron este pueblo. Si a la próxima regresamos y los encontramos, terminamos con todos ustedes".

La Investigación de la Procuraduría
Después de la masacre la Procuraduría investigó los hechos. Según las conclusiones del estudio el 16 de enero de 2001 un suboficial de la Armada se reunió con ‘Cadena’ en la finca El Palmar de San Onofre, Sucre, donde el militar le entregó armas, camuflados y municiones a cambio de "un fajo de billetes".
A las 11 de la noche del mismo día, dos policías reportaron tres camiones llenos de hombres vestidos de camuflado y armamento de largo alcance en la vía que de San Onofre conduce a Toluviejo. Antes de las 12, el coronel Rodrigo Quiñónez, entonces comandante de la primera brigada de Infantería de Marina, fue informado del tránsito de los paramilitares.
Pero Quiñónez ordenó verificar la información cuando, según la Procuraduría, "la amenaza desde ese momento podía ser calificada como clara, actual y seria". Por eso nunca le dijeron nada a la compañía Dragón de la Infantería de Marina que se encontraba a tan solo ocho kilómetros de Chengue.
La Procuraduría concluyó que la Infantería "tenía a su disposición los recursos logísticos idóneos para impedir el hecho, y concretamente camiones y helicópteros para transportar la tropa" y ordenó sanciones disciplinarias contra cinco oficiales y suboficiales de la Armada Nacional.
El senador Gustavo Petro en un debate en 2005 sobre el paramilitarismo en Sucre sin embargo también exigió investigaran la Policía pues, para él, éstos fueron quienes permitieron el tránsito de los paramilitares que masacraron a los campesinos de Chengue.
La Nación ya ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las masacres de Mapiripán, Meta, perpetrada en 1997, La Rochela, Santander, en 1989 y Pueblo Bello, Antioquia, en 1990.

7 de octubre de 2009
©verdad abierta

avances sobre la masacre de nariño

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Avanza investigación de masacre de 12 indígenas en Nariño. La policía capturó a tres integrantes de la banda ‘Los Cucarachos’ que posiblemente cometieron la matanza. Aún no es claro quiénes pudieron ser los autores intelectuales.

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Colombia. Tres personas fueron detenidas como los autores de la masacre de 12 indígenas awá en Nariño el pasado 26 de agosto en el resguardo Gran Rosario, en Tumaco.
Los capturados, según el general Óscar Naranjo, director nacional de la Policía, pertenecen a una banda que se llama ‘Los Cucarachos’ y que ronda la zona donde ocurrió la matanza extorsionando, secuestrando y traficando drogas. Naranjo dijo también que en el operativo donde fueron capturadas estas tres personas fueron incautadas 50 armas.
Al respecto, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, comentó que "lo que está probado es que las bandas criminales están dedicadas a servir los intereses del narcotráfico".
Si bien esa teoría del Ministro puede aplicarse para muchos actos cometidos por bandas de delincuentes, en el caso de esta masacre hay que tener en cuenta más hipótesis porque estos indígenas murieron en la casa de Sixta Tulia García, una mujer que estaba denunciando la muerte de su esposo como un falso positivo del Ejército.
 Hasta su vivienda llegaron hombres encapuchados y dispararon contra quienes estaban allí, entre los que había seis niños, un de ellos, de apenas seis meses de nacido. Pocos lograron salir vivos. El mensaje que quedó en muchos habitantes de la región es que es mejor no hablar. Por eso, se temió que los testigos nunca quisieran decir nada que pudiera señalar a los posibles responsables de la masacre y el caso se vio en cierto momento en riesgo de quedar en la impunidad.
 Sin embargo, parece que decidieron hablar, según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Defensa, en el que "agradece la colaboración de la ciudadanía que permitió dar con el paradero de los asesinos y anuncia que pagará una recompensa de 130 millones de pesos a quienes dieron información".
El Ministerio de Defensa no ha hecho públicos los nombres de los capturados. Pero Semana.com conoció recién cometida la masacre que el CTI de la Fiscalía tenía detectados a cuatro integrantes de esta banda, conformada por entre siete y 15 personas negras e indígenas.
Semana.com conoció que el objetivo de este grupo es vender sus servicios de sicarios y cobradores de cuentas a cualquiera que les pague en aquella zona donde hay una fuerte presencia de paramilitares, guerrilla y grupos de narcotraficantes. Igualmente la fuerza pública cuenta con un importante dispositivo militar en la zona.
Hasta ahora ninguna autoridad ha explicado porqué recién cometida la masacre, fue capturado el indígena Jairo Miguel Paí señalado como posible responsable de la masacre. Si bien este awá delinquía en Nariño y había sido denunciado por los mismos indígenas desde 2007, nada tuvo que ver con la matanza del 26 de agosto porque solía moverse por otra parte.
La captura de Paí hizo pensar en un principio en que se trataba de un hecho aislado, y por momentos hizo olvidar la coincidencia entre las denuncias que venía haciendo Sixta Tulia sobre la muerte de su esposo a manos del Ejército para luego presentarlo como un falso positivo y la masacre de ella y sus parientes.
Ahora que la justicia tiene la posibilidad de escuchar a los supuestos responsables de la masacre, la tarea es definir si les pagaron para que lo hicieran y quién compró sus servicios esta vez.

7 de octubre de 2009
©semana