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congreso aprueba referéndum


Congreso colombiano aprueba referéndum para reelección de Uribe. Estados Unidos no muestra ningún entusiasmo por la perspectiva de un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe. Detractores denuncian lo que ven como la destrucción del sistema de equilibrio de poderes del país.
[Chris Kraul] Bogotá, Colombia. El presidente colombiano Álvaro Uribe ha despejado el último obstáculo legislativo para postular a un tercer término, una perspectiva que sus aliados estadounidenses miran con sentimientos ambivalentes.
Por 85 contra cinco, la cámara baja del Congreso autorizó el martes noche la convocatoria de un referéndum a principios del próximo año para allanarle el camino a Uribe para que aparezca en las papeletas de votación de mayo. El Senado ya había aprobado la moción el mes pasado.
Si se postula, será la segunda vez que Uribe elude la prohibición constitucional sobre la reelección presidencial -una medida que muchos países latinoamericanos implementan legalmente para impedir la ascensión de caudillos, o líderes políticos que se eternizan en el poder.
Elegido por primera vez en 2002, Uribe fue elegido por una aplastante mayoría en 2006 después de que el Congreso autorizara un referéndum similar para modificar la Constitución de 1991, que limitaba el mandato presidencial a un solo término.
En entrevistas recientes, funcionarios estadounidenses reconocieron que no favorecen la idea de que un aliado siga el mismo camino que los presidentes de izquierda de América Latina, entre ellos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez; el de Ecuador, Rafael Correa; y el de Nicaragua, Daniel Ortega, que han logrado reelegirse o que lo están tratando, pese a las restricciones constitucionales.
Funcionarios estadounidenses creen que esos esfuerzos de aferrarse al poder debilitan las instituciones políticas.
Sin embargo, funcionarios del Departamento de Estado y del Congreso, hablando oficiosamente porque no estaban autorizados a hablar en público, dijeron que otra candidatura de Uribe probablemente no afectará la ayuda a Colombia para los programas contra el narcotráfico ni antiterroristas de Estados Unidos. Desde 2000, esos programas han costado a Estados Unidos más de seis mil millones de dólares.
Uribe será un sólido candidato en las próximas elecciones presidenciales. Ciudadanos de un amplio espectro de posiciones políticas y económicas le atribuyen la restauración de la seguridad en zonas urbanas y autopistas, la desmovilización de los grupos paramilitares de extrema derecha y de haber privado de la iniciativa en el campo de batalla a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Durante la mayor parte de sus dos términos, Uribe ha gozado de una aprobación de entre el sesenta y el ochenta por ciento, de acuerdo a varias encuestas de Gallop. Su popularidad alcanzó su clímax en el verano de 2008, después de que comandos colombianos rescataran a quince rehenes en manos de los rebeldes de las FARC, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas de defensa norteamericanos.
"Uribe ha cambiado el espíritu y la realidad de nuestro país", dijo el congresista Nicolás Uribe Rueda, que votó por el referéndum. No es pariente del presidente Uribe. "Con cuatro años más, tendrá la posibilidad de derrotar definitivamente a las guerrillas y los paramilitares".
Alfredo Rangel, del laboratorio ideológico de Bogotá Fundación Seguridad y Democracia, dijo que Uribe transformó el país que en 2002 estaba en las últimas y cuya ciudad capital corría el riesgo de ser sitiada por las FARC.
"Su liderazgo ha sido fuerte y efectivo, la aplicación de sus políticas ha sido muy positiva, y creo que es importante que mantengamos eso", dijo Rangel. "Las constituciones no son documentos muertos, intocables".
Pero Ana María Bejarano, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Toronto, dijo que la aprobación del referéndum fue un "día triste para mi país" porque abre la puerta a futuros caudillos y la destrucción del sistema de
equilibrio de poderes legales de Colombia.
"La Constitución de 1991 no sólo prohibió la reelección sino que, asumiendo el mandato de un término del presidente, diseño cuidadosamente un sistema equilibrado de poderes", dijo Bejarano. "Ahora todos esos mecanismos para controlar su poder serán inútiles y dejarán de funcionar".
La congresista de oposición, Gloria Inés Ramírez, dijo que la votación en el Congreso, orquestada por partidarios de Uribe, había sido un "espectáculo deprimente", con sus promesas de fastuosos gastos fiscales en los distritos electorales de miembros a favor del referéndum.
"Este es un golpe al estado de derecho en nuestro país", dijo Ramírez.
La apuesta de Uribe también corre riesgos. Primero debe ganar la aprobación -del referéndum- de la Corte Constitucional. Luego la moción debe generar una convocatoria adecuada: Uribe debe reunir una mayoría con no menos de 7.5 millones de votos -lo que equivale a un cuarto del electorado.
Y finalmente Uribe debe decidir postularse -una decisión sobre la que ha agonizado en público durante meses, manteniendo al sistema político colombiano en un estado de animación suspendida en momentos en que se prepara para la votación del próximo año.

12 de septiembre de 2009
3 de septiembre de 2009
©los angeles times 
cc traducción mQh
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das colabora con paramilitares


Alirio Uribe: Acusación de fiscalía contra Noguera prueba que el DAS sirve a cuerpos paramilitares.
Bogotá, Colombia. Tras la anulación de dos de los cargos contra el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, el abogado defensor de derechos humanos y víctimas de paramilitarismo, Alirio Uribe, manifestó este martes que la acusación de la Fiscalía prueba como este organismo de inteligencia fue puesto a servicios de cuerpos paramilitares.
En entrevista exclusiva a teleSUR, el abogado expresó que para ellos "no es ningún problema que se siga con este juicio a pesar de la eliminación de estos dos cargos", ya que los delitos por los que está Jorge Noguera está siendo juzgado podrían dar lugar, si se da una sentencia condenatoria, a una pena de 40 años.
"Nosotros hemos dicho que es importante que se mantengan los otros cargos, y vamos a ver qué decide mañana la corte; pero lo importante es que la opinión pública sepa que en Colombia, el ex director del DAS, Jorge Noguera, mano derecha del presidente, seguirá en juicio por estos delitos graves, como son: la conformación de grupos paramilitares y los homicidios que cometieron a partir de la inteligencia militar que realizaba el DAS en Colombia", expresó Uribe. 
La decisión de la fiscalía colombiana se dio a conocer durante una audiencia preparatoria de juicio contra Jorge Noguera, quien dirigió la principal agencia de inteligencia del gobierno colombiano, entre el año 2002 y 2005.
Sobre el ex funcionario pesan acusaciones por homicidio de académicos, políticos y sindicalistas, además del hostigamiento a una organización de derechos humanos.
De ellos, la corte suprema de justicia anuló los cargos por el delito de cohecho y concusión.
El abogado de las víctimas de paramilitarismo explicó que actualmente se adelantan investigaciones contra cinco directores del DAS, que han sido designados por el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez; lo cual implica la investigación de más de 40 funcionarios ligados a este cuerpo de inteligencia colombiano que incluyen subdirectores y directores de inteligencia.
Indicó que actualmente hay detenidos 11 miembros de altos cargos del DAS y existe una investigación disciplinaria abierta a tres funcionarios de la presidencia que, según Alirio Uribe, eran los que recibían toda la información ilegal que producía el DAS sobre los que consideraban opositores del gobierno.
"Estamos hablando de magistrados de la corte suprema, periodistas, líderes políticos y también de defensores de derechos humanos", acotó el abogado.
Sobre las denuncias de incursión del paramilitarismo en Venezuela, el abogado defensor de derechos humanos señaló que en el año 2007 aparecieron evidencias de que el DAS había hecho labores ilegales para atacar a altos funcionarios del gobierno venezolano  y se abrió una investigación para averiguar si era cierto que este departamento había ayudado a conformar grupos paramilitares para que penetraran al territorio del país suramericano y si el organismo contribuyó en hechos tan terribles como el asesinato del ex fiscal venezolano Danilo Anderson.
Al respecto indicó que han manifestado la necesidad de suprimir el DAS e investigar a todos los funcionarios vinculados a los servicios de inteligencia y contrainteligencia organizados en cuerpos de seguridad legales como el DAS y estructuras como los paramilitares que han hecho operaciones ilegales en Colombia como el desplazamiento y desaparición de personas y, presuntamente, también la conspiraron contra el gobierno de Venezuela.
"Creo que la única forma para que se aclaren estos hechos es que se hagan investigaciones y se sancionen a los responsables y que también estas pruebas deberían ser trasladadas a la investigación que se adelanta en Venezuela sobre hechos tan graves como el asesinato del señor fiscal o por otros hechos que se han investigado en Venezuela por paramilitarismo", acotó el defensor de víctimas paramilitares Alirio Uribe.

11 de septiembre de 2009
©telesur
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reforma para eludir justicia


El Partido de La U radicó un proyecto de reforma constitucional para que la Corte no sea la que juzgue a los congresistas. Si pasa, dejaría sin piso todas las investigaciones por parapolítica y cuellopolítica.
Bogotá, Colombia. El Partido de La U radicó un proyecto de Ley para reformar la Constitución y quitarle la facultad a la Corte Suprema de Justicia para investigar los delitos de los honorables congresistas de la república. La ponencia fue radicada por el senador Manuel Enríquez Rosero.
Esta iniciativa se presenta luego de que la Corte Suprema de Justicia reversara la jurisprudencia que le permitía a los congresistas renunciar a su fuero parlamentario, evadir a la Corte, y pasar a ser investigados a la Fiscalía, lo cual han hecho la mayoría de congresistas investigados.
Con su caso en la Fiscalía, los congresistas aseguraban el derecho de apelar una eventual condena y que su caso fuera revisado por dos instancias.
Según indicaron fuentes de La U, la iniciativa que es una suerte de reforma a la Justicia contempla la creación de un Tribunal especial para que investigue a los congresistas. El presidente de la U, Luis Carlos Restrepo dijo que ese tribunal podría estar integrado por magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
"Este proyecto busca crear el tribunal especial para el juzgamiento de los Congresistas y los Magistrados, nosotros hemos expresado de manera reiterada la preocupación por las competencias cruzadas de juzgamiento entre el Congreso y las Altas Cortes", dijo Restrepo. En su criterio, el hecho de que el Congreso y la Corte sean jueces mutuos paraliza la justicia.

Iniciativa Coincide con Decisiones de la Corte
La iniciativa no puede ser menos inoportuna, pues la Corte Suprema tiene los casos de varios congresistas implicados en la parapolítica. Esta semana tres casos de congresistas que estaban siendo investigados por la Fiscalía pasaron a la Corte Suprema: el de Álvaro Araujo Noguera, acusado por la fiscalía por su relación con Rodrigo Tovar Pupo, ‘Alias Jorge 40’; Ciro Ramírez, quien es investigado por narcotráfico y parapolítica; y Rubén Darío Quintero, quien recientemente fue acusado por alias ‘El Alemán, de haber avalado listas al congreso integradas por paramilitares. Se presume que otros casos también están en camino de la Fiscalía a a la Corte Suprema.
La iniciativa de La U se da también en un momento en el que la Corte ha demostrado que tiene los dientes para tomar importantes decisiones. Por ejemplo, ordenó la captura del representante Odín Sánchez, de la U y de Édgar Eulises Torres, de Cambio Radical, ambos por parapolítica.
Además, la Corte esta semana también ordenó la captura del senador Alirio Villamizar, tras un allanamiento en el que le encontró cerca de mil millones de pesos en su casa, y documentación sobre su posible relación con la compraventa de una Notaría de Floridablanca. Este caso hace parte de la llamada ‘feria de las Notarías’, consistente en el presunto pago con éstas de los votos favorables a la primera reelección presidencial en el Congreso y por el que ya están condenados los ex representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. El caso fue ventilado por el ex Superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute.

10 de septiembre de 2009
©semana 
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ratifican cargos contra ex jefe del das


Corte Suprema ratifica cinco cargos contra Jorge Noguera. La Corte Suprema de Justicia ratificó cinco cargos contra Jorge Noguera, entre ellos, por homicidio, concierto para delinquir y abuso de autoridad, y fijó la fecha para el inicio del juicio en la última semana de octubre. 
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó cinco cargos contra el ex director del DAS, Jorge Noguera, aunque mantuvo su decisión de declarar nulidad parcial  frente al cargo por el homicidio de Adán Pacheco y por los delitos de concusión y cohecho.
El Alto Tribunal resolvió de igual forma, aprobar la totalidad de las pruebas solicitadas por los representantes de las víctimas (parte civil) y ordenó la realización de una inspección judicial a las instalaciones del DAS en Bogotá para verificar las existencia de listas con los nombres de sindicalistas y profesores.
La Corte también ordenó que se inspeccionen las órdenes de interceptaciones que figuran en el DAS, que fueron solicitadas por el abogado de la parte civil del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En su decisión al resolver la reposición en el proceso del ex director del DAS Jorge Noguera, el alto tribunal mantuvo su posición de juzgarlo por cinco delitos y de anular por error de procedimiento otros tres: cohecho, concusión y el homicidio del sindicalista Adán Alberto Pacheco, cometido por paramilitares de ’Jorge 40’. 

Los Cargos
El primer cargo ratificado por el Alto Tribunal es el de concierto para delinquir en donde se acusa al ex director del DAS por sus presuntos vínculos  con jefes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con la acusación de la Fiscalía presentada en abril de este año, existe una amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ’Jorge 40’, ambos hoy extraditados a Estados Unidos.
Frente a este cargo, se incluyen también las declaraciones aportadas por el ex jefe de informática del DAS y testigo estrella de la parapolítica, Rafael García, quien le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ’Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial. En la medida que la Fiscalía corroboraba los hechos relatados por García, la credibilidad del testigo fue en aumento.
El segundo cargo en contra de Jorge Noguera está relacionado con los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti. Entre los señalamientos fuertes de la Fiscalía se encuentra el que relaciona a Noguera con hechos tan graves como el de haberle suministrado a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados por los paramilitares de la Costa. Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis a quien el DAS le hizo un intenso trabajo de inteligencia como lo evidencian los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución.
Como se recuerda Correa D’Andreis fue detenido sin pruebas y luego, tras recuperar su libertad, en septiembre de 2004 fue asesinado por un grupo de paramilitares que lo abaleó en una calle de Barranquilla. El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa D’Andreis se le reconocía ampliamente como un defensor de los derechos humanos.
El tercer y cuarto cargo contra Noguera Cotes hacen referencia a los delitos de abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva,  en donde se acusa directamente a Noguera Cotes de haber utilizado su cargo como director del DAS para favorecer presuntamente sus propios intereses, y en este caso, intereses de terceros representados por grupos paramilitares y narcotraficantes.
Dentro de este caso se incluyen por ejemplo de Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, quien le contó a la Fiscalía que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que Noguera paró, recién posesionado, una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS, entre otras cosas, con hechos como el del mismo Rafael García, quien fue removido del cargo en enero de 2005 por borrar antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. A pesar del escándalo, Noguera salió bien librado. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
En su decisión, la Corte Suprema ratificó su decisión de declarar la nulidad parcial sobre el cargo contra Noguera por el homicidio de Adán Pacheco (presentado al final del proceso) y por los delitos de concusión y cohecho, alegando que estos hechos son materia de otra investigación.

El juicio contra Noguera Cotes iniciará el próximo 26 de octubre a las 8 de la mañana en la instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.

10 de septiembre de 2009
©verdad abierta
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la conexión das-auc


El ya célebre computador de ’Jorge 40’ confirma las relaciones entre el organismo de seguridad estatal y los paramilitares en Atlántico. Hay muertos de por medio. Histórico artículo publicado por Semana en 2006 que corrobora la colaboración entre las fuerzas armadas colombianas y las milicias de extrema derecha.
Colombia. Jorge Noguera, ex director del DAS, vinculado en el proceso de la parapolítica.De las muchas declaraciones a la justicia del ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Rafael García, hubo una que causó especial estupor. García dijo conocer de un plan para asesinar a líderes sindicalistas y sociales en la Costa Atlántica. En este macabro plan habrían participado paramilitares del bloque norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’ y funcionarios del DAS. Habló incluso de la existencia de una lista de posibles víctimas concertada entre las autodefensas y agentes del Estado. En especial se refirió al asesinato del profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andreis, en septiembre de 2004, un crimen que había conmocionado a Barranquilla.
Cuando se conocieron públicamente las afirmaciones de García, en abril de este año, hubo mucho escepticismo. Parecía demasiado macabro que existiera semejante alianza. Hoy, gracias a la información encontrada en el computador de ’Jorge 40’ y en los papeles de la mano derecha del jefe paramilitar, Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ’Don Antonio’, esa hipótesis ya no suena tan descabellada.
Dos archivos, en particular, han provocado el interés de los investigadores. Una carpeta titulada ’Información Amigo DAS’ contiene los nombres de varios sindicalistas. Uno de ellos se llamaba Adán Alberto Pacheco, miembro del sindicato de Electricaribe que fue asesinado en mayo de 2005. Según los investigadores, la organización paramilitar del Atlántico se atribuyó la muerte de Pacheco en uno los informes que enviaba regularmente a ’Jorge 40’.
Esa no es la única coincidencia que encontraron los investigadores. Resulta que el 13 de abril de 2004, la residencia de Pacheco fue allanada por el DAS, y fueron detenidos dos hombres. En marzo de 2005, uno de ellos, Anner de la Rosa Rangel, fue asesinado cuando ya se encontraba libre.
Las similitudes de este crimen con el de Correa de Andreis no han escapado el análisis de los investigadores. Él también fue detenido por el DAS y luego liberado. En otro informe de operaciones de las AUC se anuncia la ’ejecución’ de Correa de Andreis, alias ’Eulogio’, y se le sindica de ser ideólogo y miembro del partido comunista clandestino de las Farc. Es la misma acusación por la cual fue arrestado en su momento el académico.
Los investigadores hallaron, así mismo, una copia de un chat de ’Don Antonio’ donde se habla de la esposa de un ’Jota Valle’. Según la Fiscalía, esa persona sería Javier Valle, subdirector del DAS en Santa Marta. Los investigadores citan otra información donde se habla de los vínculos del detective con ’Don Antonio’ y las autodefensas. Valle fue el encargado de detener a Correa de Andreis en junio de 2004. Hace unas pocas semanas, Valle fue destituido por el director del DAS, Andrés Peñate.
Aunque Valle fue llamado a declarar en el proceso de Correa de Andreis, aún no ha sido vinculado formalmente al proceso. Caso contrario ocurre con ’Jorge 40’ y ’Don Antonio’. Después de ser escuchados en indagatoria, la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra las dos paramilitares el pasado 12 de octubre por su presunta participación en la muerte de Correa de Andreis.
SEMANA tuvo acceso a las indagatorias donde, curiosamente, utilizaron estrategias diferentes de defensa. ’Jorge 40’ se explayó en un extenso sermón y la justificación de por qué surgieron las autodefensas. No se refirió al caso específico, mas pidió que el proceso se remitiera a la jurisdicción de justicia y paz. ’Don Antonio’, en cambio, negó todo. Negó ser el dueño del computador y dijo que pertenecía a otro miembro de la organización, pero esta vez no señaló a su jefe. En una indagatoria anterior, habría dicho que era de ’Jorge 40’. Dijo que no conocía a alias ’El Gato’, a quien la Fiscalía acusa de ser el autor material del crimen de Correa de Andreis. Minimizó todo lo que pudo su rol en la organización.
Sus explicaciones no convencieron para nada a la Fiscalía. Para la entidad, hay suficientes evidencias para acusar al bloque norte y sus cabecillas, de ese asesinato. Entre las pruebas recaudadas se incluyen el testimonio de un investigador del CTI y documentos encontrados a ’Don Antonio’ que demuestran el vínculo de ’El Gato’ con las AUC. Forma parte de la nómina de la organización; le pagaban 500.000 pesos mensuales.
Aunque Rafael García se ha negado desde junio a colaborar con la justicia, sus declaraciones sobre el caso forman parte de las pruebas de la Fiscalía. Curiosamente, en el mismo momento en que la credibilidad de García va en aumento, se conoció su condena de 18 años por concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad de documentos y alteración de sistemas para favorecer a narcotraficantes y paramilitares. ¿Será el único que pagará por la relación DAS-paras?

10 de septiembre de 2009
28 de octubre de 2006
©semana
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subdirector enseñaba a matar comunistas


Mancuso señala a ex subdirector del DAS y asegura que militares venezolanos tenían vínculos con Farc. Declaraciones fueron conocidas en febrero de 2009.
Colombia. Salvatore Mancuso, alias ‘El Mono Mancuso’, ex comandante del bloque Catatumbo, Norte y Córdoba de la AUC, señaló al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, y mencionó presuntos nexos entre las Fuerzas Armadas venezolanas con la guerrilla de las Farc.
Nombres de funcionarios y militares que mencionó: El ex jefe paramilitar confesó que las autodefensas que comandó en Córdoba recibían semanalmente informes de inteligencia de las manos de Wilfredo Ortiz, a quien identificó como un miembro activo de la policía de Córdoba en el año 1994. Mancuso también se refirió al Coronel Suárez, al cual identificó como Comandante de la Policía de Córdoba entre 1995 y 1996.
Lugares que mencionó: Cúcuta, Norte de Santander y Córdoba.
El ex jefe paramilitar volvió a hablar de la complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas con las Auc.
En la continuación de su versión libre desde Estados Unidos ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso, alias ‘El Mono Mancuso’, aseguró que José Miguel Narváez, quien fue subdirector del DAS, dictó clases a miembros de las autodefensas sobre lucha anticomunista en varias oportunidades.
Esta no es la primera vez que ex paramilitares mencionan el nombre de Narváez y sus presuntos nexos con paramilitares. En junio de 2008, alias ’El Iguano’ también había hecho referencia a las clases que impartió Narváez a paramilitares en campamentos del Sur de Bolìvar y Córdoba, coincidiendo con el relato de Mancuso.
Mancuso aseguró que entre 1998 y 2002, Narváez, que para ese entonces se desempeñaba como profesor de la Escuela Superior de Guerra, dictó una cátedra llamada "¿Por qué es licito matar comunistas en Colombia?" a un grupo de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño.
El ex jefe paramilitar aseguró al despacho octavo de la Unidad de Justicia y Paz, que se reunió en más de cinco ocasiones con Narváez en las fincas "Veintiuno" y "Quince" de las autodefensas en Urabá, entre los años 1998 y 2002. "El hombre encargado de difundir los ideales de la democracia y la paz a los mayores de Colombia, se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y conmigo para enseñarnos a combatir a los comunistas", dijo.
El contenido de las presuntas cátedras iba orientado a justificar el exterminio de sectores sociales involucrados con la guerrilla, entre ellos, hacía énfasis en sindicatos, políticos activos y miembros desmovilizados de la guerrilla. Dentro del grupo de personas estudiadas en la clase figuraba Wilson Borja, quien fue declarado como objetivo militar por parte de las AUC. Borja fue víctima de un atentado el 15 de diciembre de 2000, por los que fueron responsabilizados militares en complicidad con paramilitares.
Según Mancuso, Narváez tenía influencia sobre Carlos Castaño, pero que el jefe paramilitar tenía reservas sobre el ex subdirector del DAS y sus conceptos porque le parecían demasiado radicales: "Cree que todos son guerrilleros", le dijo.
A lo largo de su Versión Libre, Mancuso aceptó haber recibido de manos de Carlos Castaño una lista con los nombres de varias personalidades nacionales que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla. En el listado figuraban los nombres de Álvaro Leiva Durán, Wilson Borja, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y un ex parlamentario de Arauca de quien no supo referir el nombre: "Puede ser Octavio Sarmiento o Luis Alfredo Colmenares, tal vez, las autodefensas mataron a los dos", aseguró.
El ex jefe paramilitar confesó que las autodefensas que comandó en Córdoba recibían semanalmente informes de inteligencia de las manos de alias ‘Caballo’ y Wilfredo Ortiz, este último identificado por el ex jefe paramilitar como un miembro activo de la policía de Córdoba en 1994.
Mancuso también se refirió al Coronel Suárez, a quien identificó como Comandante de la Policía de Córdoba entre 1995 y 1996, y con quien se reunía todas las semanas en las estación de Policía escondido detrás de su cargo de "Policía Cívico" para recibir información y acordar operaciones conjuntas. Como parte de la evidencia el ex jefe paramilitar presentó copia de dos carné presuntamente expedidos por la Policía Nacional con fecha de vencimiento de 1994 y 1998 simultáneamente.
En su versión libre del día anterior, Mancuso confesó a la Fiscalía la forma en la que construyó el Bloque Córdoba, su primer grupo de autodefensas, con la presunta colaboración de los poderes locales del departamento y las fuerzas militares. (Ver videos anexos)

Relaciones Peligrosas
En la sesión de la mañana del miércoles, Salvatore Mancuso señaló presuntos nexos entre las Fuerzas Armadas venezolanas con la guerrilla de las Farc.
Según el ex jefe extraditado, fuerzas militares del vecino país intervinieron en un enfrentamiento entre el naciente Bloque Catatumbo que comenzaba a extender sus tentáculos en el Norte de Santander y frente 33 de las Farc."Varios helicópteros descargaban guerrilleros y soldados venezolanos", aseguró.
Como resultado del enfrentamiento, las autodefensas comandadas por el propio Mancuso, encontraron un computador que pertenecía a un alto mando de la guerrilla. En este encontraron información que vinculaba al ex ministro del Interior venezolano, Rodríguez Chacín, con la guerrilla de las Farc.
Salvatore Mancuso aseguró a la Fiscalía que, ante la importancia de la evidencia encontrada en el computador, las autodefensas decidieron entrar en contacto con las periodistas Claudia Gurisatti y Astrid Legarda a quienes entregaron gran parte de la información que supuestamente encontraron en el computador de la guerrilla.
"Ellas deben tener esa información, nosotros la quemamos cuando nos íbamos a desmovilizar, tengo entendido que Gurisatti publicó algo unas semanas después", dijo.
Salvatore Manuso continuará rindiendo versión libre este jueves ante el despacho octavo de la Unidad de Justicia y Paz. El ex jefe paramilitar tiene programada la confesión de más de 300 asesinatos realizados por el Bloque Catatumbo en el Norte de Santander.

10 de septiembre de 2009
25 de febrero de 2009
©verdad abierta
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crímenes impunes en el magdalena


Mil crímenes en el Magdalena Medio podrían quedar impunes. La desaparición de la mayoría de los jefes paramilitares del Magdalena Medio de los años ochenta y el silencio de los líderes sobrevivientes tienen en jaque a muchas víctimas de la región. 
Colombia. En breve: Durante la versión libre conjunta que rindieron los 7 y 8 de septiembre 2008 Ramón Isaza, alias ’El Viejo’, Oliverio Isaza, alias ‘Terror’ o ‘Rubén’, César Augusto Botero, alias ‘Flecha’, Ovidio Suaza, alias ‘Don Alex’ o ‘El Gato’, Mauricio Vélez, Yersy Fernando Marín y Rodrigo Galeano del Frente Isaza Héroes del Pordigio, los postulados contaron más de 50 crímenes cometidos en 30 años de violencia paramilitar en Puerto Nare, Antioquia.
Paramilitares mencionados: Henry Pérez, Gonzalo Pérez, alias ’Negro Vladimir’, Marcelino Panesso, alias ’Botalón’, Hernán Jaramillo, alias ’Tornillo’, alias ’El Paisa’.
Sitios mencionados: Puerto Nare, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo.
Aunque las recientes versiones de Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’ y de seis de sus subalternos por crímenes cometidos en Puerto Nare, Antioquia, han sacado a flote numerosos asesinatos y desapariciones cometidos en casi 30 años de presencia paramilitar en ese municipio, muchos casos podrían quedar sin respuesta pues los desmovilizados se los atribuyen a las autodefensas de Henry Pérez, grupo que no tiene quien se responsabilice por sus actos.
La fiscalía calcula que, aunque hayan sido reportados a Justicia y Paz, de 700 a mil crímenes quedarían así sin solución. Estos casos fueron cometidos en el Magdalena Medio entre 1983 y 1992 cuando Gonzalo de Jesús Pérez y su hijo Henry controlaban el Magdalena Medio. Pero según Ramón Isaza sólo él, Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias ’Negro Vladimir’ y Marcelino Panesso, alias ’Beto’ sobrevivieron a esta época. En muchos de los casos estos ex jefes paramilitares han imputado los crímenes de este periodo a paramilitares muertos o desaparecidos.
 La última versión conjunta de Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, Oliverio Isaza, alias ‘Terror’ o ‘Rubén’, César Augusto Botero, alias ‘Flecha’, Ovidio Suaza, alias ‘Don Alex’ o ‘El Gato’, hombres del Frente Isaza Héroes del Prodigio, de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio mostró los problemas que enfrenta la Fiscalía con los crímenes cometidos hace más de 15 años. 
Aunque Ramón Isaza y Ovidio Suaza hicieron parte de la organización de los Pérez, de los 56 crímenes que se les han imputado por ahora en el municipio de Puerto Nare, Antioquia, 20 han tenido que ser reportados por que los ex jefes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se los han atribuido a Henry Pérez.
Para muchas de los familiares de las víctimas ésta ha sido la primera oportunidad en más de 20 años para indagar por sus seres queridos y confrontar a sus posibles victimarios. Pero sus casos están congelados a la espera de una solución. Así, a pesar de estar participando y registrados en el proceso de Justicia y Paz, las víctimas no han podido acceder a la justicia, verdad y reparación.
Uno de los casos que ha salido a flote en las últimas versiones libres de Ramón Isaza y sus subalternos es el homicidio Jorge Alberto González Uribe, asesinado el 5 de mayo de 1987 en Puerto Nare, Antioquia. Según sus familiares este fue asesinado por paramilitares del M.A.S. por ser cuñado de un sindicalista de Colcarburos.
Aunque Ramón Isaza aceptó que el M.A.S era manejado por Gonzalo de Jesús Pérez y que él trabajaba para Pérez, el caso tuvo que ser diferido por falta de información, pues el ex jefe paramilitar responsabilizó a Pérez, quien fue asesinado en 1992.
Otro de los casos que puede correr la misma suerte es el del sindicalista José Iván Bedoya, asesinado el 4 de abril de 1993 en La Sierra, Puerto Nare, Antioquia.
La muerte fue atribuida por Ramón Isaza a Hernán Jaramillo, líder de las autodefensas de Henry Pérez, pero por culpa de la desaparición de estos dos últimos, no hay nadie que responda por el homicidio.
El asesinato de Nicolás Augusto Ramírez el 30 de octubre de 1993 es de los pocos de esta época que se le han podido imputar a Ramón Isaza y sus hombres ya que la madre de la víctima dio  información suficiente para que se le pueda imputar el crimen al ex jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
Nicolás Ramírez era un joven soltero que trabajaba en la discoteca de la Media Luna, en La Sierra, municipio de Puerto Nare, Antioquia. Según recordó la madre de la víctima dos hombres de Ramón Isaza, alias ’Tornillo’ y alias ’El Paisa’ mataron a Nicolás Ramírez. Aunque Ovidio Suaza argumentó que para la época la zona era manejada por las Autodefensas de Puerto Boyacá, Ramón Isaza recordó que si tuvo a dos patrulleros bajo sus órdenes que respondían por esos alias. Según dijo Isaza los paramilitares trabajaban para él en Puerto Perales y Puerto Cocorná en Puerto Triunfo, Antioquia, pero ’Tornillo’ y ’El Paisa’ pasaban frecuentemente al corregimiento de La Sierrra. Este asesinato, cometido hace 16 años, fue asumido por Ramón Isaza por línea de mando, ya que por en época los asesinos trabajaban para él. Isaza añadió que los dos culpables del homicidio fueron asesinados por gente de su organización poco tiempo después porque robaban ganado.

Los Paras en el Magdalena Medio
La zona del Magdalena Medio ha sido históricamente una de las cunas del paramilitarismo en Colombia. Asesinatos selectivos, alianza con narcotraficantes, lazos estrechos con autoridades del Estado, entrenamiento por mercenarios extranjeros fueron algunos elementos del "Modelo Puerto Boyacá", que en los años 80 sirvió de ejemplo para la expansión del paramilitarismo.
En 1982 el entonces alcalde militar del municipio de Puerto Boyacá Oscar Echandía, organizaciones locales y miembros del ejército (Batallón Bárbula No. 3 y la XIV Brigada), deciden organizarse para combatir a la guerrilla, y más adelante, con la financiación del narcotráfico a cualquier tipo de organización que pareciera estar aliada con ésta. Su principal inspirador político fue Pablo Emilio Guarín y la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio ACDEGAM de la cual hacían parte los principales comandantes militares del grupo, Gonzalo de Jesús Pérez y sus hijos Henry y Marcelo Pérez, junto a Nelson Lesmes, Carlos Lesmes, Luis Rubio e Iván Roberto Duque, quien más tarde se haría llamar ’Ernesto Báez’. Tras la muerte de Henry Pérez asume el mando ‘Ariel Otero’, quien decide acogerse en 1991 a un proceso de desmovilización concretado a instancias de negociaciones secretas con el gobierno. Luego de su muerte y tras sucesivos asesinatos, en 1997 el mando en Puerto Boyacá es asignado a un mando medio de la organización, Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’.
Ramón Isaza contó por su  parte que fundó su primera autodefensa en 1978 cuando se organizó junto a ocho jóvenes en el corregimiento Las Mercedes, de Puerto Triunfo, Antioquia. Isaza emboscó a 20 guerrilleros del noveno frente de las Farc que, según sabía, se dirigían a su finca a secuestrarlo. Ese día los sorprendió y los derrotó. Empezó a cobrarles dinero a otros ganaderos para sostener el grupo, que cada día crecía más. En pocos años las Farc fueron expulsadas del Magdalena Medio.
En 1984 Isaza fue contactado por Henry Pérez que tenía desde hacía varios años un grupo paramilitar en Puerto Boyacá. Según recuerda Isaza, Pérez le ofreció 17.000 pesos para ingresar a su organización. Isaza trabajó bajo el mando de Henry Pérez hasta 1991, dominando la zona de Las Mercedes, Antioquia. En 1987 Isaza estuvo combatiendo por un año la guerrilla en los Llanos del Yarí, Caquetá.
A principios de los años noventa, en pleno boom del narcotráfico, Isaza extendió su guerra contra Pablo Escobar y sus hombres, quienes querían acuerdos con los paramilitares para la expansión de cultivos ilícitos y control en Puerto Boyacá y Puerto Triunfo. Se presume que Isaza fue aliado de Rodríguez Gacha alias "El Mexicano" en esa misma época. Por desobedecer órdenes de Escobar, le mataron tres sobrinos y a su hijo John, recordó Isaza en sus declaraciones. Seis de sus ocho hijos siguieron sus pasos como comandantes paramilitares.
Ramón Isaza y 1000 de sus hombres se desmovilizaron en febrero de 2006 en Las Mercedes, Antioquia.

10 de septiembre de 2009
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violencia sexual como arma de guerra


La ONG Oxfam presenta este miércoles su informe sobre cómo se ha utilizado la violencia contra las mujeres en el conflicto y recomienda a los gobiernos de la Unión Europea presionar para que se acabe la impunidad.
Colombia. "Era de noche. Llegaron dos hombres armados que vestían prendas militares camufladas y armas. Se identificaron como paramilitares. Se llevaron a mi esposo afuera de la casa y todo del tiempo le apuntaron con el arma. Yo logré calmar a la niña y la arrullé hasta que se durmió. Entonces el hombre me sacó de la habitación y me llevó al corredor para interrogarme y me amenazó con matarme. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me violó. Luego me dijo que me vistiera y que "aquí no pasó nada. Las mujeres, al fin y al cabo, son para esto".
Experiencias como ésta, relatada por una mujer del Catatumbo, en Norte de Santander, han sido vividas por muchas mujeres en el largo conflicto colombiano.
Durante todo este tiempo, aunque pocos en el país lo sepan o lo crean, "la violencia sexual es empleada como arma de guerra por todos los grupos armados (fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros)", según dice el informe ‘La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra’, presentado este miércoles por la ONG Oxfam Internacional a los gobiernos de la Unión Europea.
Son arma de guerra porque, de acuerdo con aquel estudio, sirven para sembrar terror en las comunidades, como métodos de tortura, control sobre la población, de imponer las conductas que los grupos armados quieren o como venganza o presión para lesionar a los integrantes del bando enemigo.
"El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado", describe el informe de Oxfam. Y critica que "a pesar de ello, la impunidad que reina en el país frente a este delito ha convertido a la mujer colombiana en víctima oculta de este conflicto".
Precisamente por esa falta de denuncia, no se sabe a ciencia cierta cuántas víctimas de estos delitos hay. Pero sí se conocen impresionantes atrocidades que les están ocurriendo a las mujeres que viven en zonas donde están en combates guerrillas, paramilitares y bandas privadas de narcotraficantes. Incluso también hay casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública.

Todos Son Victimarios
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer documentó en regiones en conflicto casos de mujeres que son obligadas por grupos armados a trabajar como prostitutas. Otras son violadas o víctimas de abusos sexuales con objetivos militares, como presionar para obtener información o agredir al enemigo cuando la mujer es pariente o compañera de un integrante del bando adversario o para atemorizar a sus vecinos. Otras mujeres, casi siempre integrantes de algún grupo, son obligadas a usar métodos anticonceptivos contra su voluntad o, incluso, a abortar. Y muchas, simplemente, son violadas para satisfacer a los combatientes, sin ningún objetivo adicional.

Una mujer chocoana relató que se unió a la guerrilla de las Farc cuando tenía 13 años cansada de los malos tratos de su padre. Pensaba que podía ser respetada si portaba un arma. Cuando tenía 19 años, el comandante del grupo guerrillero al que pertenecía se aprovechó de su rango y se la llevó a solas para violarla. Después la golpeó y la mandó a la casa.
Le puso como tarea seducir a un militar del ejército para conseguir información para la guerrilla. Ella lo hizo, pero su comandante no quedó contento porque el soldado era de rango bajo. Entonces fue a buscarla a su casa y empezó a hablarle en malos términos. El padre de la muchacha intervino y el guerrillero lo mató y la amenazó a ella para que no contara nada.

Una mujer de Putumayo cuenta que "a mi hija de 13 años se la llevaron por ocho días. Cuando fui a la Policía, me dijeron que pronto aparecería. La niña logró hacerme una llamada. Lloraba y decía que no podía decirme nada. Me la regresaron en un taxi por la noche. A ella la tuvieron en una casa de prostitución que los paramilitares controlaban. La chica no quiere hablar, tiene como miedo de contar. A otra chica de 14 años le pasó lo mismo. La tuvieron vendada en una casa de citas por 15 días. La amenazaron que la mataban si contaba algo. La chica quedó embarazada y ahora el niño tiene un mes y medio".

También se han documentado denuncias por abusos de militares. "La otra vez llegaron a una casa, al señor lo amarraron, le cogieron a la señora y a una hija y las violaron delante de él y los otros hijos. Ella dice que poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso es como decir que va a buscar el camino a la muerte", contó a la relatora un testigo de los hechos.

Pocas Denuncias
Definitivamente, el temor a denunciar es una constante después de estas agresiones. Según el informe de Oxfam, sólo nueve de cada 100 mujeres víctimas de alguno de estos delitos acuden a las autoridades.
De los pocos hechos que se han denunciado, la Corte Constitucional recopiló 183 testimonios de ataques sexuales cometidos desde 1993 para emitir el Auto 092 de 2008, que ordena proteger a las mujeres víctimas del conflicto. De esos casos, que fueron recopilados por organizaciones civiles, el 58 por ciento fueron cometidos por paramilitares; el 23 por ciento, por integrantes de la fuerza pública, y el 8 por ciento, por guerrillas.
Según Claudia Ramírez, de la organización Sisma Mujer, gracias al proceso de Justicia y Paz las mujeres han denunciado más a los paramilitares. Pero también se conocen muchos casos de hechos parecidos cometidos por las guerrillas.
"Entre los datos que nosotros recogemos y las denuncias que hacemos sin ninguna esperanza de justicia, sólo para beneficio de la memoria, hemos recogido muchas denuncias de violencia por parte de la guerrilla", explica sobre la abismal diferencia entre las cifras de casos de paramilitares y grupos insurgentes.
En su informe, Oxfam concluye que "la persistente ocultación y negación de este delito por parte del Estado colombiano ha permitido perpetuar un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos no se investigan, ni se enjuician, ni se castiga a los responsables".
Y es que, de acuerdo con personas que conocen los casos, en el sistema de justicia que tiene el país es muy complicado lograr que se juzguen a los integrantes de grupos armados responsables de estas agresiones contra las mujeres.

Denunciar, una Odisea
Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer, dice que las mujeres pocas veces denuncian porque no saben ante quién tienen que hacerlo. "Empiezan a deambular por cada una de las instituciones y a contarle a cada funcionario su situación y cada funcionario a hacer una interpretación de lo que pasó. Y existe la costumbre de pensar que a las mujeres les suceden este tipo de agresiones por su culpa, por haber estado donde no debían, o, cuando son niñas, porque los padres las entregaron y entonces es como si por eso dejaran de ser víctimas. Esa es una forma de revictimización. La mujer no sólo termina siendo víctima del delito, sino de cada uno de los funcionarios", comenta.
Alejandro Matos, de Oxfam, dijo que cuando por fin encuentran dónde poner sus denuncias, hay mujeres que no reciben la atención más adecuada. "Hay casos de mujeres que tienen que contarle al celador lo que les pasó porque él es quien tiene que decirle hacia dónde tiene que ir". Y explica que fuera de tener que responder preguntas incómodas en los interrogatorios, "tenemos el caso de una mujer que, dando el testimonio en la Fiscalía, se puso a llorar y le dijeron ‘aquí no vino a llorar. Cuente los hechos’".
Además de la evidente falta de preparación de los funcionarios que tienen que recibir los testimonios de estas víctimas, Claudia Ramírez, de Sisma Mujer, dice que está claro que otro obstáculo para denunciar es la poca credibilidad en las instituciones. "En algunas partes del país, tan pronto como la víctima denuncia, se entera el victimario", dice, y agrega que, en ese sentido, falta mucha protección para quien se atreve a ir a dar su testimonio ante los organismos del Estado. A todo esto, suma la falta de justicia. Pocas veces hay condenas para los responsables.
Ramírez, Sánchez y Matos coinciden en que la Fiscalía sí ha hecho algunos esfuerzos para capacitar a su personal sobre cómo atender a estas víctimas y sí ha destinado a algunos funcionarios para que se encarguen de esta labor. Pero, dicen, son capacitaciones esporádicas que "no han ayudado mucho a resolver la situación de las víctimas, pero sí a presentar avances ante la comunidad internacional", de acuerdo con Sánchez.

"Hay Que Presionar"
La ONG Oxfam, que goza de mucha credibilidad en el viejo continente, tuvo en cuenta todas esas situaciones para el informe que está presentando ante los gobiernos europeos, con la recomendación de que actúen para que se acabe esta impunidad. Concluyó que "la suma de todos estos factores ha hecho, por un lado, que este tipo de violencia se haya ‘normalizado’ dentro de la sociedad colombiana y muchas de las mujeres no se consideren víctimas porque no creen o no saben que la violencia sexual sea un delito. Por otro, esta estrategia de invisibilización de la violencia sexual lo que ha logrado es silenciar a la mujer y condenarla al olvido".
Las recomendaciones de Oxfam tienen peso ante las autoridades europeas, tanto que según informó en su momento, el embajador en Colombia, Jonathan Glennie, la decisión del gobierno británico de no enviar a Colombia plata para la lucha contra las drogas sino para la defensa de los derechos humanos se basó en informaciones de Oxfam y otras ONG.
"Ante esta situación la Unión Europea y España, en concreto, deben presionar al Estado colombiano para que ejerza su responsabilidad de proteger a la población civil, ponga fin a esta dramática situación y castigue a los perpetradores", propone Oxfam al final de su informe.

9 de septiembre de 2009
©semana
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