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reclutan paramilitares para honduras


Estarían reclutando ex paramilitares para que viajen como mercenarios a Honduras. Les ofrecen un millón y medio de pesos por ir a cuidar fincas de supuestos empresarios. La oferta se regó como pólvora hace tres semanas en el Magdalena Medio.
Colombia. Dos de los ex lugartenientes del ex jefe ’para’ Walter Ochoa Guisao, alias ’el Gurre’, se encargaron de hacerles la propuesta a ex combatientes del grupo del ex ’para’ Ramón Isaza.
Para explicar en qué consistía, cerca de 40 muchachos fueron citados en unos talleres que quedan en el predio ’El Japón’, una hacienda de más de mil hectáreas que perteneció al narco Jairo Correa Alzate y que hoy, en teoría, está en manos del Estado, a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y de adjudicaciones que hizo el Incoder.
Les dijeron que empresarios de Honduras estaban interesados en ’importar’ a ex miembros de las Auc como mercenarios. "Dicen que necesitan combatientes rasos. Ese día, llegaron también hombres de Eduardo Cifuentes, ’el Águila’, que quieren salir del país porque la DEA les abrió investigación por narcotráfico", dijo uno de los asistentes.
Y agregó que la oferta fue un salario de 14 mil lempiras (un millón y medio de pesos), comida y vivienda.
Según les explicaron, empresarios de la palma y la caña quieren proteger sus predios rurales y urbanos de la violencia que ha generado el golpe y del ataque urbano de las ’maras’ (pandillas), que se salieron de madre: "Uno de los líderes del reclutamiento, con oficina en Bogotá, ya viajó a Centroamérica con un grupo, y ahora anda negociando armas", dice el testigo.
Y otro grupo que aceptó quedó concentrado en un campamento, en uno de los predios de ’El Japón’, mientras se decide si lo envían vía Panamá o por barco, por La Guajira, y evadiendo controles.

¿Qué Dice Colombia?
Esta no es la primera vez que terrenos de ’El Japón’ sirven de centro de concebtración ’para’. El propio Ramón Isaza le dijo a la fiscalía hace un mes que allí estuvo por años uno de sus grandes campamentos.
Frank Pearl, alto consejero para la Reintegración, manifiesta que no puede negar ni afirmar que el reclutamiento esté ocurriendo, por ser un asunto de policía.
Y el coronel Ricardo Restrepo Londoño, uno de los oficiales expertos en el tema de las nuevas bandas criminales (Bacrim), asegura que la única anomalía confirmada en la zona es la marcada presencia de la banda ’los Rastrojos’ -ejército privado de narcos del Valle-, que está reclutando a ex miembros de las Auc de Isaza y de ’El Águila’.
"No descartamos que ellos sean los que puedan estar involucrados en el tema de Honduras. Vamos a investigar", dijo Restrepo.
Por su parte, Diana Ochoa, alcaldesa de La Dorada -y quien llegó al cargo luego de que dos de sus antecesores fueron judicializados por nexos con las Auc-, dice que no ha recibido información de la Policía sobre el tema y que de ’El Japón’ poco sabe: "Sólo que una parte se la dieron a una asociación de campesinos".
El DAS revisa movimientos migratorios a Honduras sin que, por ahora, se encuentren salidas atípicas por el aeropuerto El Dorado. Entre enero y agosto se registran 3.178 salidas de colombianos a ese destino, pero hay conexiones con otros países centroamericanos aún no chequeadas.

Honduras, Dividida
El embajador de Honduras en Colombia, Hernán Bermúdez, le dijo a este diario que desconoce el tema, pero advirtió que las fuerzas militares de su país tienen el pleno control del territorio.
No obstante, dos sectores en Honduras (uno civil y otro político) denuncian presencia de ’paras’ extranjeros desde la primera semana de agosto.
Uno de ellos es el Frente de Resistencia Popular, formado por movimientos que se unieron contra el golpe a Manuel Zelaya (el 28 de junio pasado); y el otro es el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras.
La presidenta de éste último, Bertha Olivo, le dijo a EL TIEMPO que tiene información confiable sobre la formación de un grupo de 120 ’paras’, financiados por empresarios que apoyan el golpe.
Igual información maneja la resistencia hondureña, que habla de presencia ’para’ en San Pedro Sula y en el departamento de Santa Bárbara.
"Hay ofrecimientos de organizaciones de ultraderecha de varios países al gobierno hondureño de facto. Ofrecen hombres y armas", dice Tomás Andino, diputado de Unificación Democrática, tercera fuerza política de ese país.
Y añade: "Sabemos de combatientes de Cuba y Salvador, y no nos extraña la oferta a colombianos". También afirma que tres asesinatos de miembros de la resistencia, en agosto, habrían sido cometidos por sicarios de paramilitares.
Por otro lado, fuentes periodísticas que citan a militares hondureños señalan que el tema podría ser para prestar protección a las numerosas pistas clandestinas usadas para el tráfico de drogas que hay en el norte del país. Este año, entre enero y agosto, se han inutilizado 16 pistas. Honduras es uno de los principales puntos de tránsito de la droga que va con rumbo a E.U.

"No tenemos información": Embajador de Honduras
El embajador de Honduras en Colombia, Hernán Bermúdez, dijo que no tiene conocimiento del reclutamiento de ex ’paras’ en el Magdalena Medio para ser llevados a su país. "Las fuerzas militares de Honduras tienen control sobre el territorio y, luego de consultar a organismos de inteligencia, no conocemos de un plan de reclutamiento en Colombia", dijo Bermúdez, en conversación telefónica. Sobre las denuncias de la oposición hondureña, que dan cuenta de la presencia de paramilitares, dijo:
"Pueden decir eso, pero de ahí a que sea cierto, es otra cosa. No tenemos información de que esté ocurriendo, es algo insólito y descabellado".

¿Quién Controla Finca ’el Japón’?
La hacienda ’El Japón’ tiene más de mil hectáreas y cerca de 300 se salieron de las manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), desde mayo del 2004 cuando el depositario, Gustavo Isaza, las arrendó por seis años y 3 millones 200 mil pesos a terceros, que se negaron a reversar el contrato para que el Incoder las parcelara: "Tuvimos dificultades, incluso para entrar al predio", dijo un funcionario del Incoder. Otra parte de la finca, unas 677 hectáreas conocidas como ’La Tenaza’, ’Consacá’ y ’Jolones’, le fue entregada por el Incoder a asociaciones campesinas. Hace un mes, Ramón Isaza reconoció que su grupo estaba detrás del crimen del líder Jhon Jairo Gómez, quien intentó que la DNE entregara la finca a campesinos. Y dijo que en ’El Japón’ siempre hubo una base del Frente Ómar Isaza y que, pese al proceso de extinción, César Alzate (pariente del señalado narco Jairo Correa y ex alcalde de La Dorada) administraba el predio. Por ahora, la DNE informó que espera a que venza el contrato para recuperar la hacienda. Y el Incoder asegura que sus proyectos son exitosos.

14 de septiembre de 2009
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juzgan a oficial por falso positivo


Llaman a juicio a oficial del Ejército por ’falso positivo’ en Dabeiba (Antioquia).
Colombia. El subteniente Juan Esteban Muñoz Montoya deberá responder por su presunta responsabilidad en el homicidio de José Ángel Higuita, el 13 de noviembre del 2005 en Dabeiba.
"De acuerdo con lo establecido, presuntamente varios del los integrantes de la patrulla comandada por Muñoz Montoya llevaron a Higuita hasta Chichiridó, donde le cambiaron las prendas civiles por un camuflado, y luego lo asesinaron.
Posteriormente le colocaron un radio de comunicaciones y una pistola 7.65, y lo hicieron figurar como subversivo de las Farc", señaló la fiscalía.
Ángel Higuita, según la investigación, salió de su casa en Dabeiba hacia el sitio conocido como Godó, donde se dedicaba a tapar huecos en la carretera como forma de subsistencia.
Ese día Ángel Higuita no regresó y un día después su cuerpo fue hallado en la morgue de Chigorodó, a donde, según la fiscalía, fue remitido como muerto en combate.

14 de septiembre de 2009
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a juicio por nexo con paramilitares


Por parapolítica, a juicio ex presidente del Congreso Carlos García Orjuela.
Bogotá, Colombia. La fiscalía lo investigó por sus presuntos nexos con paramilitares del Tolima.
García Orjuela, quien también fue el presidente del partido de ’La U’, fue detenido en julio del año pasado en Santa Marta.
Su detención se ordenó después de que dos ex ’paras’, detenidos en Picaleña, ampliaron su versión sobre supuestos vínculos del congresista con paramilitares en Tolima.
Al parecer, en el 2001, el senador hizo un pacto con los ’paras’ para gestionar proyectos de inversión social en sus zonas de influencia, a cambio de un respaldo político de esos grupos ilegales.
El llamado a juicio fue ratificado por el vicefiscal General, Fernando Pareja Reinemer, quien en decisión de segunda instancia confirmó la acusación contra García por el delito de concierto para delinquir agravado.
"El fallo de primera instancia, proferido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia el 25 de febrero de 2009, fue apelado por la defensa del ex congresista, quien es investigado por sus presuntos vínculos con el ’Bloque Tolima’ de las autodefensas", explicó la fiscalía.

14 de septiembre de 2009
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el fantasma de pablo escobar


Con las amenazas lo que se busca es impedir la extradición de una camada de capos que lleva asentada en el país cerca de 25 años. Amenazas provienen de círculo del presidente Álvaro Uribe.
[María Jimena Duzán] Colombia. Hace un mes y medio un altísimo funcionario de la embajada norteamericana visitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, para informarle de un asunto que lo tenía muy preocupado. Sin mayores rodeos, el alto funcionario de la embajada le hizo saber a Ibáñez que sus servicios de inteligencia en Estados Unidos le habían hecho llegar la información de que la mafia estaría planeando un atentado contra él y cuatro personas más: el vicepresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla; el ex consejero de paz Camilo Gómez; Víctor G. Ricardo, y el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo.
Según esa altísima fuente de la embajada norteamericana, la persona que podría estar detrás de ese posible atentado sería Luis Guillermo Ángel, mejor conocido como ’Guillo’ Ángel, uno de los 12 narcotraficantes que fueron indultados en 1993 por el gobierno Gaviria a cambio de su colaboración con la justicia en el desmantelamiento del cartel de Medellín que fundó y dirigió Pablo Escobar. Aunque Ibáñez denunció el hecho ante los medios, a los pocos días la noticia se esfumó en menos de lo que canta un gallo. Ningún medio investigó quién estaba detrás de estas amenazas y el gobierno ni siquiera se pronunció. Quién se iba a imaginar que en el gobierno de la seguridad democrática íbamos a reeditar episodios ocurridos hace más de 20 años, cuando la Corte Suprema denunciaba, como ahora vuelve a hacerlo, las amenazas de los narcotraficantes y ni el país ni el gobierno las escuchaban. O que el hijo de Rodrigo Lara Bonilla iba a estar en las mismas que su padre, 25 años después, denunciando la presencia de la mafia en el poder político sin que sus denuncias tuvieran mayor eco. Triste aceptarlo, pero en esas estamos.
De ’Guillo’ Ángel se podrían hacer mil películas en Hollywood. Su mayor mérito es haber conseguido hacerse a dos identidades que han hecho leyenda. En la primera, ’Guillo’ Ángel es un sobreviviente que ha ido echándole tierra a su pasado de narcotraficante y piloto de Pablo Escobar, según Gerardo Reyes en su último libro. A lo largo de la década de los 90 participó en importantes operaciones encubiertas organizadas por la aduana norteamericana, que contribuyeron al desmantelamiento de grandes redes de narcotráfico. En Colombia, él y su hermano Juan Gonzalo fungen en los altos círculos, como prósperos empresarios. Él como dueño de Helicargo, una empresa que resultó escogida por la oficina del entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, para transportar en sus helicópteros a los narcoparamilitares que se desmovilizaron en la zona de Ralito, y su hermano como un influyente dueño de medios, es propietario de Cablenoticias y sus tentáculos de poder llegan hasta la Comisión Nacional de Televisión. Su cercanía con la familia Uribe es de tal calado, que fue uno de los invitados al matrimonio del hijo del Presidente.
El otro ’Guillo’ Ángel es menos glamoroso, según se infiere de las informaciones provenientes de otros colaboradores de la justicia norteamericana, como Baruch Vega. En una carta pública que circula entre varios periodistas,
Baruch dice que ’Guillo’ Ángel desempeñó sus funciones como informante de la aduana gringa, pero con el objeto de proteger y beneficiar el cartel del norte del Valle. A esos datos habría que agregarle otro, proveniente de lo que aseguran fuentes de la inteligencia colombiana, en el sentido de que uno de los próximos extraditados podría ser ’Guillo’ Ángel.
Una cosa es evidente: sea quien sea el que está detrás de estas amenazas, lo que se busca es impedir la extradición de una camada de importantes capos de una mafia que lleva asentada en el país cerca de 25 años. Que ha sobrevivido a Pablo Escobar, a los ’Pepes’, a los capos del norte del Valle y que hoy se encuentra afincada en el corazón de Antioquia y que, a diferencia de Pablo Escobar, es socialmente aceptada. Una mafia parecida a la que dio vida a Santiago Gallón, influyente caballista antioqueño que acaba de ser capturado con fines de extradición y a quien se le acusa de haber participado en el asesinato del futbolista Andrés Escobar. Para impedir su extradición, sus compinches narcoparamilitares del bloque Sureste -concebido de la nada para hacer entrar al narcotraficante ’Tuso’ Sierra, pariente de Mario Uribe- están intentando decir que él formó parte de ese aparato paramilitar para vincularlo a la Ley de Justicia y Paz, y así impedir su extradición.
Salta a la vista que si la intimidación de la mafia colombiana sigue siendo la misma que hace 25 años, la sociedad colombiana ahora es más permisiva frente a este flagelo. Si Pablo Escobar viviera, estaría dándose un festín.

14 de septiembre de 2009
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amenazan a presidente de la cs


¿Quién quiere intimidar al presidente de la Corte Suprema? Augusto Ibáñez, presidente de la Corte, aseguró que supo del peligro a través del gobierno de Estados Unidos. María Jimena Duzán, columnista de SEMANA, dice que hay información que implicaría a viejos narcos en las amenazas.
Bogotá, Colombia. Varias de las personalidades del país que están recibiendo amenazas, entre ellas magistrados de la Corte Suprema y políticos, hablaron esta mañana en la radio y se mostraron inquietos por la situación. Entre los afectados están el ex consejero de paz Camilo Gómez; Víctor G. Ricardo, y del senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo.
En La FM, el magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de justicia, recordó que una fuente de altísima confiabilidad le había alertado sobre un posible atentado, no solo para atentar contra su vida sino contra la de otras cuatro personas de la vida pública.
Sin embargo, Ibáñez aseguró que la persona que lo alertó sobre el atentado no pertenecía a la embajada de Estados Unidos, aunque precisó que la información sí provenía de ese país.
Sobre estas amenazas, la columnista de SEMANA, María Jimena Duzán planteó en su columna quién estaría detrás de las amenazas.  Según la columna, "La persona que podría estar detrás de ese posible atentado sería Luis Guillermo Ángel, mejor conocido como ’Guillo’ Ángel, uno de los 12 narcotraficantes que fueron indultados en 1993 por el gobierno Gaviria a cambio de su colaboración con la justicia en el desmantelamiento del cartel de Medellín que fundó y dirigió Pablo Escobar".
Ibañez dijo que esa revelación era nueva para él y que no conocía a Ángel, quien también es conocido como Guillo Ángel.
El Ex comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, aseguró en Caracol Radio que todas las informaciones de amenaza que se presenten deben ser tenidas en cuenta. Se mostró preocupado porque las amenazas provienen de una mezcla de narcotráfico y guerrilla y porque todo lo ha conocido a través de los medios de comunicación y no por parte de algún funcionario del Estado.
Por su parte, Guillermo Mendoza Diago, fiscal (e), aseguró que por el momento no se podrán dar datos o confirmar información hasta que el proceso no esté más adelantado. "Lo que tenga que ver con la indagación no lo puedo comentar de ninguna forma, porque todavía hace parte de las líneas investigativas y debe mantenerse en reserva".
En su columna, María Jimena Duzán aseguró que "sea quien sea el que está detrás de estas amenazas, lo que se busca es impedir la extradición de una camada de importantes capos de una mafia que lleva asentada en el país cerca de 25 años".

14 de septiembre de 2009
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uribistas quieren impunidad


La propuesta del partido de la U de reformar la Constitución para cambiar el juzgamiento de los congresistas no sólo sienta un preocupante precedente, sino que pone a la fiscalía en entredicho.
Colombia. Al director del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo, no se le podía haber ocurrido un peor momento para avalar una propuesta como la de crear un tribunal especial para juzgar a los congresistas. El objetivo no es otro que quitarle a la Corte Suprema las investigaciones que adelanta en este momento contra 34 congresistas por la para-política. La mayoría de ellos de la alianza de gobierno.
Si alguien en verdad está pensando en el bien supremo del Estado, no se le puede ocurrir reformar algo que hasta los uribistas reconocen que está funcionando bien. El despropósito es tal, que aliados de Restrepo salieron a controvertirlo en público. El senador Armando Benedetti, por ejemplo, se declaró defensor de la Corte Suprema y concluyó: "En este momento en el que todo está bien caliente, ¿por qué van a retar a la Corte? ¿Por qué van a mostrarle los dientes a la Corte?"
La reacción de ésta no se hizo esperar. Y por primera vez en los últimos años, el vocero de turno del alto tribunal se pronunció con frases de alto calibre: "Si lo que se quiere es la impunidad, que cierren la Corte Suprema", dijo el vicepresidente, Jaime Arrubla. Y lanzó una advertencia: "Una propuesta de esta naturaleza puede ser leída internacionalmente como un palo en la rueda de los congresistas para doblegar a su juez natural".
El procurador general, Alejandro Ordóñez, también reaccionó fuerte. "Pasamos de la Patria Boba a la patria loca", dijo al calificar la propuesta. Y añadió: "Yo no quiero administrar ese manicomio".
¿En qué consiste el cambio? La idea del senador Manuel Enríquez Rosero, de la U, es crear un Tribunal Nacional Especial para que se encargue de investigar tanto a los congresistas, lo que hoy hace la Corte Suprema, como a los altos dignatarios del Estado, que hoy son investigados por la Comisión de Acusaciones.
Su propuesta tiene dos problemas. El primero es que deja un sabor de retaliación de parte del Congreso. Pues es una respuesta al cambio de jurisprudencia que decidió la Corte la semana anterior, con el que le puso freno a la maniobra que estaban empleando los congresistas para evadir la jurisdicción del alto tribunal. La Sala Penal dijo que el hecho de que un congresista renuncie a su curul no es razón para que la Corte no lo investigue. De esa manera cerró la puerta por la que ya se habían evadido 45 legisladores para dejar sus casos en manos de la fiscalía.
El segundo problema es que la elección de los magistrados quedaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, el tribunal más criticado hoy de las altas cortes, porque siete de sus 13 miembros son elegidos por el Congreso y más que juristas han sido seleccionados políticos de carrera. El senador Rosero defiende su proyecto diciendo que el Consejo de la Judicatura sólo elegirá de un ramillete de candidatos que le presenten las universidades. Pero sin duda, y lo ha demostrado la Comisión Nacional de Televisión, poner a la academia de mampara no garantiza que los congresistas no impongan sus cuotas.
Pero más allá de los detalles, este nuevo ataque contra la Corte Suprema deja al descubierto lecciones preocupantes de la realidad política de Colombia.
En primer lugar, que un sector importante del uribismo está decidido a socavar a la Corte Suprema de Justicia a como dé lugar. Esta no es la primera propuesta que hace Luis Carlos Restrepo en ese sentido. La primera fue en mayo, apenas dos meses después de haber dejado su cargo en el sanedrín del presidente Álvaro Uribe. En esa ocasión, propuso abrir un debate sobre la necesidad de reformar la Constitución "para retomar esa figura tan importante de la inmunidad parlamentaria". Hizo esa propuesta tras una reunión con el Presidente y en momentos en que el uribismo estaba adolorido pues acababa de ser detenida una de sus congresistas más apreciadas, Zulema Jattin.
Y hace poco menos de un mes, la senadora también uribista Nancy Patricia Gutiérrez se fue lanza en ristre contra la Corte Suprema y con lágrimas en los ojos, en el recinto del Senado dijo, refiriéndose a la Corte: "No puede ser que el Congreso se vea sometido a más atropellos". Estaba hablando del allanamiento que la Corte había ordenado al senador Alirio Villamizar, con tal mala suerte para ella, que horas después se supo que en la casa del congresista encontraron cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo.
Es preocupante, por decir lo menos, la insistencia en el tema. A casi seis meses de las elecciones parlamentarias y con un partido como el de la U, que espera ganar un número significativo de curules, produce cierta desazón pensar qué puede ocurrir si logra fortalecer más su músculo en marzo.
La segunda enseñanza de este episodio es que la reacción de los congresistas investigados por la Corte ha sido tan desmedida, que tiende un manto de duda sobre el desempeño de la fiscalía en esta materia. Sería injusto generalizar porque hay valerosos fiscales que han expuesto su vida para sacar adelante casos muy complejos. Pero en ciertos procesos puntuales, la fiscalía no sale muy bien librada.
En el caso del ex presidente del Senado Humberto Gómez Gallo, por ejemplo, la Fiscalía le precluyó la investigación días antes de que se diera vencimiento de términos. En el del representante William Montes, el juez lo absolvió porque no consideró que fuera delito el hecho de firmar el pacto secreto de Ralito, que proponía refundar la patria con un grupo que para entonces (2001) no sólo era ilegal, sino responsable de múltiples masacres. Y el caso del representante de Sucre de la U Jairo Merlano, en el cual la juez que lo absolvió le dijo en su momento a esta revista que el fiscal del caso no se preocupó por llevar al expediente el testimonio de alias el ’Oso’, paramilitar protagonista de este caso.
El fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, consultado al respecto por SEMANA hizo una defensa vehemente de la institución. "La fiscalía sí ha cumplido. Ha habido casos en los que hemos acusado con pruebas procedentes de la Corte y otros en los que jueces han anulado lo realizado por la Corte. Es un problema que no está centrado en la fiscalía, hay que buscarlo en el sistema judicial".
La semana pasada cuatro jueces, atendiendo el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema, devolvieron al alto tribunal sendos procesos de políticos que estaban en la etapa de juicio. Entre tanto, el fiscal Mendoza dijo a SEMANA que por ahora no va a devolver ninguno y que prefiere que los procesos se queden en la fiscalía. En sus manos está uno de los más espinosos, el del ex senador Mario Uribe, primo del presidente. "Estamos en un limbo jurídico -explicó Mendoza-. La ley dice que para que exista una jurisprudencia obligatoria se deben dar pronunciamientos reiterativos de la Corte. Hasta ahora sólo hay uno. Esperamos que se dé un pronunciamiento que aclare el panorama. Mientras esto ocurre, la fiscalía continuará con las investigaciones".
Este lunes, precisamente, la Sala Penal de la Corte tiene programado tomar dos decisiones: si recibe los casos que le remitieron los jueces y si le pide a la fiscalía que le envíe los que ella tiene. No es un asunto fácil. En parte porque muchos de los implicados reclaman que no se le puede aplicar retroactividad a esta jurisprudencia de la Corte y deben seguir siendo investigados por la fiscalía.
Esa polémica jurídica es válida y hay que darla. Lo que si no tiene presentación es que el Congreso adquiera la costumbre de ir cambiando instituciones con una historia de más de 200 años porque de repente sus miembros sienten que les estorban a sus propósitos particulares.

14 de septiembre de 2009
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cómo marcha el bloqueo venezolano


Hugo Chávez pasó, por primera vez, de las palabras a los hechos. Está cumpliendo su amenaza de reducir al mínimo las importaciones desde Colombia. ¿Lo logrará? y ¿Quién perderá más?
Bogotá, Colombia. Hace un mes y medio, el presidente Hugo Chávez ordenó llevar a cero, en el término de un año, el intercambio comercial con Colombia, que se acerca a 7.000 millones de dólares. En su momento, la amenaza del mandatario venezolano se recibió como una más de las tantas que ha lanzado en los últimos dos años cada vez que se calientan las relaciones con Colombia.
A decir verdad, siempre se creyó que Chávez no pasaría de la retórica a los hechos y que no llevaría a la práctica sus deseos de cortar las relaciones comerciales con Colombia. Fuera de ciertos episodios en la frontera y de algunas restricciones a las importaciones, aplicadas también a otros países, no había una evidencia de trato discriminatorio hacia los exportadores colombianos.
Pero todo indica que ahora Chávez sí está pasando de las palabras a los hechos. Hay motivos para creer que está haciendo lo posible para ponerle punto final a la época dorada de los negocios entre los dos países, y la manera de hacerlo es muy sutil pero efectiva: por la vía administrativa y utilizando diferentes organismos del Estado.
En las últimas tres semanas la preocupación ha venido creciendo de lado y lado. Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio que agrupa a los exportadores colombianos, afirmó que ya hay medidas claramente discriminatorias contra Colombia. Y Daniel Montealegre, el presidente de la Cámara de Integración Venezolano-Colombiana, con sede en Caracas, le dijo a SEMANA que temen que, a través de órdenes de carácter administrativo, Chávez esté bloqueando las importaciones colombianas.
El momento de quiebre de la relación coincide con la crisis que se desató hace cerca de un mes, cuando Bogotá anunció que firmará un acuerdo militar con Washington que permite a uniformados de Estados Unidos utilizar siete bases colombianas. El Presidente venezolano está convencido de que ese trato no es para luchar contra el terrorismo, como lo ha dicho Colombia, sino para invadir su país y matarlo a él. Y así lo ha manifestado públicamente. Por eso, a diferencia de otras crisis, está es la más grave y ahora Chávez no parece dar marcha atrás.
Magdalena Pardo, directora de la Cámara Colombo-venezolana, señaló en un foro reciente que las restricciones comerciales se sentirán en los próximos meses. Pero ya llegaron. Las siguientes son algunas evidencias que muestran que la estrategia del presidente Hugo Chávez es ir marchitando paso a paso el comercio con Colombia.

1. El primer golpe a esta relación comercial ocurrió a comienzos de agosto y se recibió en uno de los temas más sensibles para la zona de frontera: los combustibles. Chávez suspendió, de un momento a otro, un acuerdo que de tiempo atrás habían suscrito Ecopetrol y Pdvsa para suministrar combustibles a los departamentos de Norte de Santander y La Guajira. La decisión fue cortar el contrato para el primer departamento y reducir a una tercera parte el suministro para el segundo.

2. Durante los últimos 12 meses, en forma paulatina el Instituto Nacional de Aviación Venezolana, el similar de la Aeronáutica Civil en Colombia, ha venido reduciendo frecuencias a aerolíneas colombianas y no ha dado registros para que nuevas aeronaves aterricen en sus aeropuertos.

Más concretamente, a Avianca le suspendieron siete frecuencias de las casi 40 que tenía semanalmente. Además, no le han autorizado volar a ese país con los nuevos aviones Airbus. A AeroRepública le cancelaron las dos frecuencias diarias que tenía Bogotá-Caracas y le redujeron de siete a cuatro las de Medellín-Caracas.
En las rutas de carga la cosa es peor. Aerosucre, LAS y Tampa han tenido que cancelar sus vuelos hacia ese país porque no les han renovado los permisos.

3. En el vecino país, los importadores de mercancías como prendas de vestir, calzado, textiles, etcétera, necesitan tener un registro de Sencamer (una oficina adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio de Venezuela). Esta oficina, según fuentes en los dos países, está dejando vencer los términos de las autorizaciones vigentes y no las está renovando. Lo propio está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en donde ya no aparece Colombia como opción de país de origen para los importadores venezolanos.
El viceministro de Comercio de Colombia, Gabriel Duque, le dijo a SEMANA que esta cartera también ha conocido información de empresarios que denuncian que Venezuela no les está renovando certificados técnicos y de calidad y permisos fitosanitarios a los productos procedentes de Colombia.

4. El punto anterior no se queda sólo en denuncias o suposiciones. Las autoridades venezolanas están notificando por escrito a importadores que no darán licencias para productos colombianos. Hace pocos días le negaron a una multinacional asentada en Venezuela la solicitud que hizo al Ministerio del Poder Popular para la Salud para la importación de dos productos de Colombia. En la carta le explican que se está siguiendo la orden del gobierno nacional de suspender las importaciones provenientes de Colombia. En este caso, el propio Ministerio de Salud le aconseja a la multinacional que busque otras alternativas comerciales en el nivel mundial para hacer la importación.
Esto es un claro bloqueo a las importaciones colombianas, dice el presidente de Analdex, Javier Díaz, quien afirma que están estudiando si con estas medidas Venezuela está violando disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En caso tal, afirmó que estarían dispuestos a denunciarlo ante dicho organismo.

5. Otra prueba de que Chávez sí está decidido a no comprar más en Colombia fue lo que sucedió en abril con el sector de los carros.
El día 14 de ese mes, en presencia de los Presidentes de ambos países, se firmó un convenio mediante el cual Venezuela se comprometía a comprar 10.000 vehículos ensamblados en Colombia. La industria automotriz colombiana envió la oferta, pero el gobierno del presidente Chávez nunca la respondió y eso se quedó en el papel. Posteriormente se supo que el negocio se adelantó con Argentina. Es claro que se incumplió un convenio.

6. Uno de los temas que más traumatismo les ha generado a todos los exportadores, no sólo a los colombianos, sino a los de cualquier país, es el asunto cambiario. No se ha podido determinar que Cadivi (organismo que administra las divisas en Venezuela) haya tomado medidas restrictivas exclusivamente en contra de Colombia, por lo menos hasta el momento.
Pero la manera como está funcionando golpea fuertemente a los exportadores colombianos. La lista de productos que tienen el privilegio de ser importados con un dólar preferencial (el que suministra Cadivi a 2,15 bolívares) cada vez es más pequeña y eso, en plata blanca, significa que cada vez son más los productos importados que les salen mucho más costosos a los venezolanos. En el llamado mercado paralelo el dólar está a 6,50 bolívares aproximadamente, es decir que un producto importado con el dólar de Cadivi cuesta casi una tercera parte comparado con otro producto importado sin ese dólar preferencial.
En la lista Cadivi hay cada vez menos productos que ofrece Colombia. Según la Cámara Colombo-Venezolana, el año pasado el 12 por ciento del valor de las exportaciones colombianas estaba dentro de la lista Cadivi, este año sólo está el 2 por ciento. A 668 productos ya no les expiden divisas preferenciales (algunos minerales, productos de caucho, cueros, confecciones, vidrios, tubos y otros).
Pero lo que está afectando a muchos empresarios colombianos son los retrasos en el pago de Cadivi. Hasta tanto este organismo no les dé los dólares, los importadores no pueden pagar por los productos. El saldo de la deuda pendiente, al 2 de septiembre, ascendía a 310 millones de dólares, y golpeaba 255 empresas. Si bien el 71 por ciento son grandes compañías que tienen músculo financiero para sobrellevar esta deuda, para el 29 por ciento, que son pequeñas y medianas empresas, la situación sí es difícil.

¿… Y Quién Pierde Más?
A nadie le queda duda de que un cierre del comercio entre Colombia y Venezuela sólo dejará perdedores de ambos lados. Según el Dane, en julio de este año, las exportaciones de Colombia al vecino país cayeron 28 por ciento y en los primeros siete meses de 2009 bajaron 4,5 por ciento, comparado con igual lapso de 2008.
Esto se traduce en menores ingresos para las empresas y, a la larga, en pérdida de empleos. Ya se vio el año pasado, cuando la industria automotriz tuvo que despedir a más de 500 trabajadores para acomodarse a la nueva circunstancia del mercado venezolano.
Hay unos sectores más afectados que otros. Magdalena Pardo afirma que las más golpeadas son las pymes a las que no les queda fácil abrir otros mercados.
Otros que están con los pelos de punta son los ganaderos. Ellos estiman que las ventas de carne a Venezuela caerán 34 por ciento, pues el mercado casi se cerró para ellos. Colombia se había convertido en el principal proveedor de carne en Venezuela, con cifras récord el año pasado de 700 millones de dólares y 168.000 toneladas.
Pero a otros empresarios tanta amenaza les colmó la paciencia. En el pasado Congreso de Analdex, uno de los más importantes industriales del área de calzado del país, Ronald Bakalarz, habló duro. "No soportamos más amenazas ni chantajes de Hugo Chávez. Deseamos comerciar con Venezuela, pero no a cualquier precio".
El Consejo Gremial que reúne a todos los sectores económicos también cerró filas en apoyo al presidente Uribe y se impusieron como meta buscar nuevos mercados. Javier Díaz cree que si trabajan intensamente con el Ministerio de Comercio, en cuestión de tres años habrán logrado sustituir ese mercado por otros.
Lo cierto es que mientras esto sucede, Chávez les seguirá sacando canas a muchos empresarios. Unos han logrado blindarse un poco, es el caso de Nacional de Chocolates, que pasó la propiedad de la fábrica Hermo en Venezuela a una empresa suya en Costa Rica, para evitar una eventual nacionalización. Lo propio hizo Alpina, que traspasó la propiedad de la planta en Venezuela a una empresa suya en Barbados. Otros ya han ’castigado’ en sus balances eventuales pérdidas en Venezuela, como Éxito y como Cemento Argos, que tiene casi perdida una planta que adquirió hace muchos años en ese país.
Pero no hay que olvidar un punto muy importante. Para muchos, los venezolanos son los más perjudicados con un cierre de las importaciones desde Colombia. Como dice Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, organismo de asesoría e investigación privada en Caracas, Venezuela importa el 60 por ciento de lo que consume y eso no va a cambiar en el corto plazo: "Lamentablemente soy pesimista. Todavía el sector agrícola de Venezuela no es capaz de satisfacer toda la demanda interna y el Estado siempre va a depender de las importaciones". Y en otros sectores es complicado, pues el aparato industrial es muy débil.
Aunque muchos creen que Venezuela no podrá de la noche a la mañana sustituir a Colombia, lo cierto es que ya comenzó a hacerlo y el presidente Chávez se puso un año de meta.
Y el asunto hacia futuro parece más complicado. El analista del mercado venezolano y ex director de Proexport en Caracas, Jorge Alberto Velásquez, señala que ya por fuera de la CAN, a Venezuela le resta menos de año y medio para cumplir las normas impuestas por este bloque comercial, pero de allí en adelante quedará en libertad de restituir aranceles a los productos colombianos. "A partir de 2011 Colombia seguramente tendrá que pagar impuestos y ahí sí las condiciones será muy adversas". Y entonces sí habrá que decir apague y vámonos con el comercio con Venezuela.

14 de septiembre de 2009
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quieren reducir censo electoral


La idea de modificar el censo electoral para bajar el umbral que requiere el referendo reeleccionista es inconveniente y le quitaría legitimidad.
Bogotá, Colombia. Hace una semana el senador Alfonso Valdivieso hizo una denuncia que escandalizó a periodistas, académicos y líderes de opinión. Palabras más, palabras menos, insistió en que el gobierno estaría buscando reducir el censo electoral para facilitar el paso por las urnas del referendo reeleccionista. "Todo parece indicar que incluirán esta propuesta en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política", dijo.
En el Congreso y fuera de él, todo el mundo tomó en serio la denuncia de Valdivieso. Al fin y al cabo, la cuestionada votación de la conciliación del referendo, que permitió que este saliera invicto del Congreso, ratificó que en política todo es posible. Por si fuera poco, dejó ver que algunos sectores del uribismo están dispuestos a cualquier cosa con tal de que la segunda reelección se convierta en realidad.
¿Qué significa reducir el censo electoral y qué tan posible es? En plata blanca, este censo corresponde a la gente que puede votar, que en Colombia asciende a 29.457.190 personas. Según la ley, para que los votos de un referendo se puedan contar, este tiene que pasar un umbral que es la cuarta parte del potencial electoral. Eso se traduce en que, para que el referendo reeleccionista pase, se necesita que al menos 7.364.297 ciudadanos voten y que la mitad más uno de ellos lo haga a favor.
Es innegable la necesidad de depurar el censo electoral, tarea que no se hace en el país hace casi 20 años. El propio registrador nacional Carlos Ariel Sánchez ha insistido en ello y ha dicho que en la actualidad hay cerca de un millón de muertos que aún hacen parte del potencial electoral. A ellos se suman las cédulas de varios miles de miembros de la fuerza pública y de presos sindicados que, constitucionalmente, no pueden votar.
Pero una cosa es depurar el censo y otra es reducirlo a las patadas con fines electorales de coyuntura. No en vano sectores del gobierno y del uribismo estarían promoviendo que el año entrante sólo voten quienes lo hicieron en la elección presidencial de 2006 (12.041.737), más aquellos que se han cedulado desde entonces (cerca de cuatro millones). Eso supondría que el nuevo censo electoral sería cercano a 16 millones de votos de habitantes y que el umbral para pasar el referendo rondaría los cuatro millones de votos. De ellos, y para que la reelección se dé, la mitad más uno tendría que ser por el sí. Esto significa que, con esta fórmula, el referendo necesitaría la mitad de votos que se exige hoy día para que sea aprobado.
La senadora Elsa Gladys Cifuentes hizo esta propuesta hace 15 días. Así mismo, el ministro Valencia Cossio la mencionó en una reunión con la bancada uribista y se la sugirió, sin éxito, a Samuel Arrieta, presidente de la comisión primera del Senado. Lo que no consideraron, ni la parlamentaria ni el Ministro, es el carácter antidemocrático de la iniciativa: si esta se llevara a cabo, se quedarían por fuera del censo electoral alrededor de 14 millones de ciudadanos que -por alguna razón- no votaron en las elecciones de 2006.
El desespero de algunos uribistas por reducir el censo electoral se debe en parte a que el gobierno tuvo una mala experiencia con el referendo que promovió en 2003. En ese entonces, sólo una de 15 preguntas, la que declaraba la muerte política a los corruptos, tuvo los votos suficientes para pasar el umbral y ser aprobada. Inmediatamente el gobierno salió a culpar al censo electoral.
Así como es oportunista querer reducir el censo antes de que se vote el referendo reeleccionista, también lo es querer hacerlo en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política y que se debate actualmente. No en vano esta lleva un mensaje de urgencia al Congreso y puede ser tramitada en la mitad del tiempo.
Los problemas para la ley podrían venir en le Corte Constitucional. Expertos como Juan Fernando Londoño, del Pnud, insisten en que no es legal modificar el censo en la ley estatutaria. En últimas, la reforma política se hizo sobre tres temas: financiación de los partidos, democracia interna de los mismos y sanciones a los que tengan miembros que hagan parte de la ilegalidad o estén relacionados con ella. "El censo electoral no cabría en esta ley", dice.
Políticos de diferentes orillas se han unido a las voces de académicos y líderes de opinión para rechazar la idea de reducir el censo en este momento. La semana pasada, las bancadas parlamentarias, el Polo Democrático y el Partido Liberal dejaron constancias en este sentido. Lo mismo hicieron uribistas como Samuel Arrieta y Armando Benedetti, quienes calificaron la propuesta de burda e indecorosa.
La ley que reglamenta la reforma política se comenzará a discutir en las próximas semanas. Depurar el censo electoral es necesario, pero tratar de reducirlo con maniobras seudojurídicas con fines claramente políticos es quitarle aún más legitimidad al referendo.

14 de septiembre de 2009
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