colombia

se reagrupan bandas paramilitares

mqh - 21 de septiembre de 2009 - 18:41 - colombia

’Cuchillo’ ya tiene más de 1.100 paramilitares y ’Martín Llanos’ reorganizó sus autodefensas. El reclutamiento para las filas de ’Cuchillo’ se está haciendo con un sueldo fijo de 700 mil pesos al mes.

Colombia. Con una paga de 700 mil pesos mensuales como gancho, Pedro Olivero Guerrero -alias ’Cuchillo’, y por quien se ofrecen 5 mil millones de pesos de recompensa- maneja ya una fuerza comparable a las de los grandes bloques paramilitares que se desmovilizaron en el proceso de paz con las Auc.
Sus reclutamientos -los que ha hecho con plata y por la vía de la amenaza- tienen asustado al Llano. Tanto que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Reparación y la misma Misión de Observación de la OEA están en alerta por el desplazamiento forzado de decenas de familias que prefirieron huir de sus tierras antes que dejar que sus hijos terminen en el ’Erpac’, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia.
Mientras la atención del país y de las mismas autoridades se ha concentrado en el recrudecimiento de la violencia en Medellín y el suroccidente, al otro lado del territorio nacional ’Cuchillo’ ha logrado consolidar a su banda usando métodos de los viejos ’paras’.
En este momento, según informes de Inteligencia que están en manos del Ejército y del CTI de la Fiscalía, el ’Erpac’ tiene más de 1.120 integrantes repartidos en cuatro frentes. Manejan rutas de la coca en Meta, Guaviare, Vichada y Casanare y, dicen informes oficiales, han logrado consolidar un importante control sobre el río Guaviare para sacar cocaína hacia Venezuela y Brasil.
’Cuchillo’ ha podido evadir los operativos en su contra -ordenados directamente por el presidente Álvaro Uribe- gracias a una red de apoyo en la que hay funcionarios oficiales y miembros de la Fuerza Pública que, incluso, han sido señalados de favorecer su ’empresa de reclutamiento’.
Familias de municipios como Mapiripán (Meta), Puerto Concordia, Calamar y San José (Guaviare) han denunciado que cuando pidieron protección de la Policía para salir de la zona no tuvieron apoyo.
"Se trata de un reclutamiento sistemático que está creciendo. Usan a los muchachos para transporte de armas y droga, o como ’puntos’, como se les llama a los informantes en lugares estratégicos", dice el defensor del Pueblo de Meta, Eduardo González.
La Defensoría ha recibido denuncias sobre al menos 40 muchachos que se fueron con el Erpac en los últimos meses, bien por plata o bien forzados. Pero la cifra es mucho mayor porque, dice González, hay temor a hablar. El ICBF registra que se han desplazado por amenaza de reclutamiento 65 niños, muchos de ellos indígenas. El miedo también se siente en los barrios populares de Villavicencio, donde rondan reclutadores de ’Cuchillo’ y de las Farc.

El Regreso de ’Martín Llanos’
Casi cinco años después del fin de la guerra entre los ’Buitragueños’ de ’Martin Llanos’ (Héctor Buitrago) y los ’paras’ de Miguel Arroyave, en la que murieron al menos 800 personas, dos protagonistas de primera línea en esa pelea vuelven a estar en escena: uno es es ’Cuchillo’, ex lugarteniente de Arroyave, a quien terminó asesinando; y el otro es ’Martín Llanos’, el jefe del bando que perdió la guerra y quien está de regreso después de años de exilio. Supuestamente estaba en Ecuador.
Habitantes de municipios como Maní y Tauramena, en Casanare, informaron que lo volvieron a ver y que se mueve por la zona rural. Según informes de inteligencia conocidos por EL TIEMPO, su grupo de seguridad personal ya supera las 30 personas.
"Hay denuncias de excombatientes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), en proceso de reintegración, que han tenido que desplazarse de municipios como Monterrey, Tauramena y Yopal hacia Villavicencio -dice el reporte-. Están buscándolos para reclutarlos y realizar operaciones en el norte y el oriente de Casanare".
El Comisionado de Paz, Frank Pearl, dice que en los Llanos, como en otras zonas del país donde el narcotráfico sigue siendo fuerte, "la presión sobre los que se desmovilizaron es muy fuerte".
Hasta ahora, reportan fuentes desde el sitio, los índices de violencia no se han disparado porque ’Cuchillo’ y las Farc han hecho alianzas para manejar el narcotráfico gracias a un ’mediador’ que se mueve igual entre los dos bandos: Daniel ’el Loco’ Barrera.
Pero ’Martín Llanos’ ha entrado en la escena y está buscado, según informes que manejan las autoridades, alianzas con las Águilas Negras para retar los poderes que hoy mandan en el oriente.

Un Capo Que Asesinó a Su Jefe
Pedro Olivero Guerrero, más conocido como ’Cuchillo’, adquirió poder en el mundo de la mafia luego de asesinar a su jefe, el paramilitar ’Miguel Arroyave’, para apropiarse de las rutas de narcotráfico en Guaviare, Vichada y Meta.
Su vida en la ilegalidad comenzó al lado del extinto capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Más tarde se unió al Bloque Centauros de las Auc. Hoy, ’Cuchillo’ es considerado como el jefe de una poderosa red de narcotráfico que tiene nexos con las Farc, y por quien ofrecen 5 mil millones de pesos de recompensa. Además, comanda el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac), que se ha convertido en un verdadero ’ejército’ irregular en los Llanos y en el Guaviare.

21 de septiembre de 2009
©el tiempo

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el juicio de la década

mqh - 21 de septiembre de 2009 - 18:17 - colombia

En noviembre de 1985 el coronel Plazas protagonizó la retoma del Palacio de Justicia, que dejó 11 desaparecidos. Esta semana terminan los alegatos del juicio.

Colombia. El país tal vez no se ha dado cuenta de lo que se está jugando en el juicio que en estos momentos se le sigue al coronel Alfonso Plazas Vega en Bogotá. Se trata de mucho más que un veredicto de absolución o condena. Este juicio dará respuesta a uno de los capítulos que han dejado una marca profunda en la historia reciente del país: ¿qué ocurrió y quién responde por las 11 personas que desaparecieron tras la retoma del Palacio Justicia, en 1985?
Y más aún, el fallo puede provocar un giro inesperado en la historia del juzgamiento a los militares en Colombia. Hasta ahora, se habían dado juicios como el del coronel Byron Carvajal, el del caso Jamundí, que terminó involucrado con criminales, o el de un general como el recién fallecido Yanine Díaz, investigado por omisión en una masacre. Pero esta es la primera vez que se pone en el banquillo a un militar de alta graduación por el delito de desaparición forzada. Un caso que parecía estar reservado para países del Cono Sur, como Argentina y Chile, en la época de las dictaduras.
La actual investigación arrancó hace casi cuatro años y esta semana concluyen los alegatos de cierre. El grado de tensión entre las partes ha llevado a penosos choques en las calles entre los familiares de los desaparecidos y el coronel. Aquellos buscan justicia por lo que creen es un crimen de Estado y del cual señalan al Ejército como responsable. Los seguidores del coronel Plazas, en su mayoría militares retirados, califican como inaudito que hoy haya cuatro altos militares detenidos (los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez y los coroneles Edilberto Sánchez y Alfonso Plazas Vega) y acusados de desaparición forzada.
El meollo del juicio es si tras la sangrienta incursión del M-19, que produjo un centenar de muertos, la Fuerza Pública retomó el Palacio, capturó civiles y los llevó a guarniciones militares acusándolos de guerrilleros. En los archivos desempolvados de los noticieros de entonces se han encontrado ahora registros como el del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez, a quien se le ve salir del Palacio custodiado por soldados.
Entre tanto, los simpatizantes de Plazas alegan que la actuación del Ejército en el holocausto ya fue juzgada y están convencidos de que el juicio al coronel es parte de una estrategia de "guerra jurídica" de la guerrilla para contrarrestar los golpes que le ha propinado el Ejército.
Esta semana, cuando el juicio entró en su recta final, un centenar de personas se concentraron en la Plaza de Bolívar con pancartas y arengas a favor de Plazas Vega, que está recluido en el área de siquiatría del Hospital Militar. A 20 cuadras de esa concentración, los familiares de los desaparecidos ubicaron 11 sillas con los retratos de sus seres queridos frente a los juzgados especializados de Bogotá donde se lleva a cabo el juicio. Entre tanto, en el cuarto piso del edificio se daban los últimos alegatos. En el recinto, colmado de periodistas, la juez María Stella Jara presidió la audiencia con fuertes medidas de seguridad. "Nuestro sentido pésame, por su próxima desaparición junto a toda su querida familia", dice un sufragio que llegó a su despacho hace un mes.
El martes de la semana pasada, la fiscal Ángela María Buitrago, reconocida como una especie de fiscal de hierro por la envergadura de los casos que lleva en su despacho, comenzó los alegatos finales. Para este caso, en los últimos tres años ha espulgado guarniciones militares y archivos olvidados en busca de la verdad perdida del Palacio. Y su conclusión es tajante. Pide condenar al coronel Plazas por el secuestro y la desaparición forzada de 11 personas que salieron vivas ese 7 de noviembre.
Presentó en detalle un voluminoso acopio de documentos y testimonios inéditos. Según ella, el coronel Plazas figuraba como el responsable de una estrategia conocida como el ’Plan Tricolor’, diseñada para contrarrestar la toma guerrillera. Y en algunos de los testimonios que presentó de militares de la época, entre ellos el de Édgar Villamizar, dijo demostrar que el coronel sí tuvo relación directa con los desaparecidos.
La Procuraduría, por su parte, el jueves pidió absolver al coronel. Admitió que hay videos y fotos irrefutables para concluir que por lo menos ocho de los desaparecidos salieron vivos del Palacio y que fueron llevados por el Ejército a la casa Museo del Florero. Pero a la vez señaló que no hay una prueba plena para culpar a Plazas ya que no se puede verificar que él tuviera el comando absoluto y exclusivo de las tropas.
Luego fue el turno del abogado de las víctimas, Jorge Molano, quien se presenta como discípulo de Eduardo Umaña, el primer defensor en este caso y asesinado en 1998. Molano dijo a los periodistas que con su concepto la Procuraduría "está torturando a las víctimas". Comenzó su alegato con un extenso preámbulo que incluyó poemas y retazos de anécdotas de los desaparecidos. Al cabo de una hora la juez Jara tuvo que pedirle que se adentrara en la controversia probatoria.
Esta semana se acabarán los alegatos. Sólo falta la intervención del defensor del coronel Plazas. SEMANA pudo establecer que con documentos en mano pondrá de presente un rosario de irregularidades que considera se han cometido en el proceso, incluida la compra de testigos presentados por la Fiscalía. Los seguidores de Plazas hablan de una "cadena de arbitrariedades" que han hecho de los últimos meses los más amargos en los 65 años de vida del coronel. Afirman que a pesar de las insistentes peticiones no se le concedió un permiso oportuno para despedirse de su padre, Alfonso Plazas Solarte, que murió en marzo sin ver a su hijo mayor.
"Acabaron con su salud, con su imagen y con el patrimonio de nuestra familia", dice la esposa del coronel, Tania Vega, quien le pidió al presidente Belisario Betancur un pronunciamiento público de respaldo al coronel Plazas. Aún está esperando respuesta. Ella recuerda como la peor infamia lo ocurrido el pasado 20 de agosto. A eso de las 11 de la noche una delegación del Inpec irrumpió en el Hospital Militar, donde estaba Plazas a pesar de que Medicina Legal había certificado que gozaba de buen estado de salud. "Entraron violentamente y dos mujeres me sujetaron. Mi esposo reaccionó, intentó protegerme y les gritó ’¡malditos, malditos!’. Entonces unos ocho hombres lo sedaron a la fuerza y se lo llevaron. Yo entré en ’shock’. Luego supe que era una comitiva del Inpec que lo trasladó a La Picota".
Al respecto, el Inpec explicó que el traslado se hizo atendiendo una orden judicial de la juez Jara, y que ante la resistencia del procesado fue necesario aplicarle un calmante. La Procuraduría ordenó una investigación y un siquiatra que valoró al coronel ordenó de nuevo su traslado al Hospital Militar, donde recibe un tratamiento de ansiolíticos para atender un cuadro agudo de desórdenes siquiátricos y estrés. Los médicos han prohibido transmitirle malas noticias. Su esposa asegura que está sumido en una tristeza abrumadora.
Los testimonios de las familias de los desaparecidos revelan una tragedia tanto o más amarga. Ya son varios los padres que han muerto aguardando conocer la verdad sobre la suerte de sus hijos y suplicando por sus restos para sepultarlos y cerrar el duelo.
Parecería que al cabo de más de dos décadas del holocausto el drama humano es lo único común entre las partes enfrentadas. El veredicto, ya sea a favor o en contra del coronel, marcará un hito en la historia de los derechos humanos en Colombia.

21 de septiembre de 2009
©semana

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escándalo por espionaje

mqh - 20 de septiembre de 2009 - 02:50 - colombia

Se intensifica en Colombia. Servicio secreto de Uribe espiaba a magistrados de la Corte Suprema, activistas de derechos humanos y opositores del presidente.

[Simón Romero] Bogotá, Colombia. El presidente Álvaro Uribe, el principal aliado de Estados Unidos en América Latina, está enredado en un escándalo sobre las crecientes evidencias de que su principal servicio de inteligencia realizó extensas operaciones de espionaje ilegal concentrándose en sus principales críticos, incluyendo miembros de la Corte Suprema, políticos de oposición, activistas de derechos humanos y periodistas.
El escándalo, que se desarrolló durante meses, se intensificó en las últimas semanas con la revelación de una interceptación de audio de un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos. Semana, un respetado semanario, obtuvo la interceptación de una llamada telefónica de rutina entre James Faulkner, el agregado jurídico de la embajada, y un juez de la Corte Suprema que investiga los lazos entre amigos políticos de Uribe con escuadrones de la muerte paramilitares.
Otras grabaciones obtenidas en investigaciones de periodistas y fiscales apuntan a esfuerzos de varios años para hacer que el Departamento de Seguridad Administrativa -una agencia de inteligencia con 6.500 empleados, posiblemente la más grande de América del Sur, que opera directamente bajo la autoridad de la presidencia- espiara a los principales críticos de Uribe.
La agencia, conocida ampliamente por su acrónimo DAS, ha sido blanco de acusaciones anteriores por espionaje ilegal. Pero este caso está sembrando temor entre los críticos de Uribe en la élite política, que ocurre cuando el presidente, un populista conservador, impulsa un proyecto para asegurarse un tercer mandato.
Aunque Uribe está aislado ideológicamente en un continente inclinado hacia la izquierda, está siguiendo el ejemplo de vecinos que han cambiado sus constituciones para seguir en el cargo, como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Ecuador, Rafael Correa.
"Uribe está dañando gravemente la Constitución colombiana", dijo Ramiro Bejarano, abogado y líder de la oposición que fue director del DAS en los años noventa. A principios de año, Semana obtuvo grabaciones, transcripciones de interceptaciones y otros documentos de actuales y antiguos empleados del DAS que muestran que Bejarano era uno de varios líderes de la oposición cuyos teléfonos fueron interceptados ilegalmente por el DAS. Desde que Uribe llegara al poder en 2002, ha habido cinco nombramientos. Los primeros cuatro renunciaron en medio de demandas por vigilancia ilegal y están siendo formalmente investigadas por el fiscal general de Colombia.
Las acusaciones contra el primer director del DAS de Uribe, Jorgue Noguera, son las más graves. Está acusado de haber organizado los asesinatos de tres dirigentes sindicales, así como del conocido sociólogo Alfredo Correa d’Andreis. Los cargos se basan en informes de que bajo su dirección, el Das entregó a jefes paramilitares una lista con personas que debían ser eliminadas.
Noguera renunció en 2005, cuando Uribe lo nombró cónsul en Milán. Desde entonces Noguera dejó esa posición, y el gobierno se ha distanciado de él.
Pero todos los sucesores de Noguera -incluyendo al actual director Felipe Muñoz- están siendo investigados por denuncias de irregularidades, especialmente interceptaciones de teléfonos, que en Colombia son ilegales sin una orden judicial. Algunas de las interceptaciones más recientes fueron efectuadas hace apenas algunas semanas. Otros fueron hechas durante varios años a principios de esta década.
Por ejemplo, el Grupo de Inteligencia Especial, una unidad secreta del DAS conocida también como G-3, operaba en 2006 y se concentró en vigilar a organizaciones de derechos humanos que critican al gobierno de Uribe, como la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
"Me dieron escalofríos cuando descubrí los extremos a los que
llegaba el DAS para vigilar mis movimientos", dijo Alirio Uribe, abogado de derechos humanos (no está relacionado con el presidente Uribe) del Colectivo José Alvear Restrepo, que a través de investigaciones de la fiscalía y testimonios parlamentarios obtuvo acceso a parte del historial que llevaba el G-3 de él, y su esposa e hijos.
Comparó lo que vio en el documento, que incluía fotos de sus hijos, transcripciones de conversaciones telefónicas y por correo electrónico, detalles de sus finanzas y evidencias de que agentes del DAS alquilaron un departamento frente a su edificio para poder vigilarlo, con ‘La vida de los otros’ [The Lives of Others], la película alemana que fue nominada a un Oscar en 2006 sobre el espionaje de la Stasi en Alemania del Este.
"El DAS estaba buscando pruebas de que recibía dinero de las guerrillas, y por supuesto no encontraron nada porque no había nada que encontrar", dijo Uribe. "¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad y nuestra forma de gobierno si el propio servicio de inteligencia del presidente considera a las ong como sus enemigos y que por tanto pueden ser sometidos a este tipo de abusos?"
Un portavoz de Uribe se negó a hacer comentarios, refiriéndose a las preguntas a Muñoz, ex funcionario de planificación urbana que fue nombrado director del DAS este año.
En una entrevista cerca del casco histórico de Bogotá en la fortificada sede del DAS, que fue reconstruida después de que fuera demolida por los narcotraficantes en un atentado con bomba en 1989, Muñoz reconoció sombríamente la posibilidad de que hubieran ocurrido irregularidades a principios de década. Dijo que estaba dirigiendo la más profunda reorganización del DAS desde su fundación en los años cincuenta, con planes de reducir el personal a la mitad para concentrarse en espionaje, contraespionaje y control de fronteras.
Reflejando el legado de presidentes que fortalecieron al DAS a expensas de otras instituciones, la agencia todavía realiza una amplia gama de actividades, incluyendo el registro de extranjeros, proporcionar guardaespaldas a quinientas personas que se cree corren el riesgo de ser asesinadas y trabajando en el cuartel general de la Interpol en Colombia.
La unidad de policía secreta del DAS también compite con otras agencias de inteligencia colombianas, incluyendo la división de delitos económicos del ministerio de Economía, en la investigación de casos. La desparramada naturalezas de las operaciones del DAS puede haber permitido que algunos de sus agentes vendieran datos confidenciales a los ejércitos privados que han plagado a Colombia durante la guerra de cuarenta años, o de otro modo de haber sido infiltrada por paramilitares y operativos de las guerrillas.
En un caso investigado por Semana, un ordenador que había sido usado el año pasado por rebeldes del Ejército de Liberación Nacional contenía informaciones detalladas recogidas por el DAS sobre los planes militares contra la organización.
Muñoz dijo que prefería comentar sobre los reclamos de irregularidades desde que él se encarga de la agencia. Dijo que una investigación de las interceptaciones recientes estaba todavía en curso y sugirió que los agentes parias pueden estar buscando su revisión. "Podría haber gente interesada en impedir las reformas", dijo.
Para Estados Unidos, que trabaja estrechamente con el DAS en muchos temas en el recabamiento de información, el escándalo complica sus cálidas relaciones con el gobierno de Uribe, que ha recibido en lo que va de década más de cinco mil millones de dólares en ayudas para la seguridad.
La semana pasada, Ian C. Kelly, portavoz del departamento de Estado, dijo que las acusaciones de interceptaciones ilegales eran "inquietantes e inaceptables". Pero en la misma declaración dijo que el historial de derechos humanos de Colombia era suficientemente satisfactorio como para cumplir con los requisitos que permiten que el gobierno del presidente Uribe reciba toda esa ayuda militar, incluyendo los 545 millones de dólares en ayuda estadounidense que Colombia debe recibir este año.

Jenny Carolina González contribuyó al reportaje.

19 de septiembre de 2009
16 de septiembre de 2009
©new york times
cc traducción mQh

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el fin del servicio secreto colombiano

mqh - 19 de septiembre de 2009 - 18:14 - colombia

Colombia tendrá una nueva agencia que se dedicará exclusivamente a inteligencia estratégica y contrainteligencia. Presidente pedirá facultades extraordinarias al Congreso para hacerla.

Colombia. Luego de sonados escándalos de interceptación de teléfonos a políticos y magistrados, y de seguimientos ilegales a miembros de la oposición, ong y otras personalidades, el DAS será desmontado y una nueva agencia más pequeña asumirá labores de inteligencia y contrainteligencia.
La noticia la dio a conocer este viernes el actual director del organismo, Felipe Muñoz: "Presentaremos la próxima semana ante el Congreso de Colombia un proyecto de ley para pedir facultades extraordinarias al presidente para suprimir la actual estructura del Departamento".
Aseguró que las funciones policiales que tenía el DAS pasarán a ser parte del trabajo de la Policía Nacional, mientras que los servicios de protección serán concertados con los diferentes sectores a los que se prestan para que sean responsabilidad de otros organismos.
La mayoría de los funcionarios, dijo Muñoz, pasarán a prestar su servicio en entidades como la Fiscalía General, el Cuerpo Técnico de Investigaciones y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, dependencias estatales con las que se adelanta el proceso.
El presidente Álvaro Uribe dijo este jueves que era partidario de eliminar el DAS, un organismo que cuenta con unos 6 mil funcionarios y que tiene funciones de control de inmigración y policía judicial.
Estos son los puntos del comunicado divulgado por el director Felipe Muñoz:

1. Presentamos para la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social el documento Conpes que contiene los principales lineamientos y procedimientos para abocar el proceso de reestructuración.

2. La próxima semana se presentará a la consideración del Congreso el proyecto de ley que busca darle facultades extraordinarias al Presidente de la República, para eliminar la actual estructura y crear la nueva Agencia de Inteligencia y otros aspectos generales.

3. Interpol pasa a la Policía Nacional. En tal sentido se acordó con el Director General de la Policía Nacional, general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, la firma de un convenio la semana próxima, que permita trasladar esta función y el mayor número de funcionarios que laboran actualmente en esa dependencia.

4. Los servicios de protección del Departamento, previa concertación con las diferentes poblaciones de protegidos, serán trasladadas a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior y de Justicia.

5. De igual manera se adelantan los procesos para el traslado de funcionarios especializados de Policía Judicial al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y a la Dijin de la Policía Nacional.

6. En relación con el servicio de Certificado Judicial, en el proyecto de Ley que será radicado, se establecen modificaciones a la expedición de este documento, que simplifican y agilizan el trámite a los ciudadanos.

7. Conscientes del impacto social y laboral de las medidas que estamos anunciando, establecimos alianzas con el Sena, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y otras entidades del Estado, para la reubicación laboral del mayor número de funcionarios.

8. Reiteramos que con las funciones que se entregan a otras entidades del Estado, se trasladará el mayor número de funcionarios posible. El aspecto social de este proceso es para nosotros una prioridad.

9. El Gobierno Nacional garantiza que serán respetados los derechos laborales de todos los servidores públicos de la Institución de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley.

19 de septiembre de 2009
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relatora de onu sobre espionaje

mqh - 19 de septiembre de 2009 - 17:16 - colombia

Margaret Sekaggya estuvo en Colombia analizando la situación de los defensores de derechos humanos. Dijo que el DAS debe revelar a quiénes espió ilegalmente.

Colombia. "Siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familias".
Esa es la conclusión que se lleva Margaret Sekaggya, relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos después de terminar su reciente visita al país.
En su viaje, que se inició el 7 de septiembre y acabó este viernes 18, ella constató de primera mano las dificultades que hay en el país para vigilar y exigir que se cumplan los derechos fundamentales.
"Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas Lgbt, han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales", recalcó la Relatora en su informe final antes de dejar el país.
En particular, a la relatora le llamó la atención la cantidad de amenazas que reciben estas personas por medio de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. Lo más grave, para ella, es que muchas veces esas advertencias de muerte pasan del dicho al hecho.
En parte, esa violencia contra los defensores se debe a las estigmatizaciones que promueve el mismo gobierno al señalarlos como guerrilleros o colaboradores de la insurgencia.
Pero ¿quiénes intimidan y atacan tanto a los defensores? Según la información recopilada por Sekaggya, lo hacen guerrilleros, paramilitares y algunos agentes de la fuerza pública y de organismos de inteligencia civiles como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El Lío del Das
Sobre los seguimientos que viene haciendo el DAS, y que han sido denunciados por SEMANA, la relatora comentó que "me preocupa asimismo la información sobre seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
Según Sekaggya, ni en la Policía, ni en el Ejército ni en el DAS le negaron que hubiera agentes haciendo espionaje a los defensores. Para ella, reconocer la situación es un buen gesto de estos organismos estatales. Y le dio visto bueno a anécdotas que le contaron. Por ejemplo, que la Policía ha hecho operativos que le han permitido capturar a algunos agentes y soldados espías y que el DAS está reestructurándose después de conocerse los detallados seguimientos ilegales que hacen algunos funcionarios.
Sin embargo, la relatora tiene claro que esto no es el punto final del problema. "Sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos", comentó.
La sugerencia que hace al respecto es depurar los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos y sus familias y organizaciones con la asistencia de Naciones Unidas.
"Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse el control a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne", dijo la relatora.
Es que, como están las cosas, nadie tiene derecho a saber qué es lo que estos organismos estatales han averiguado sobre su vida. Christian Salazar, representante de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, describió la situación. "Ha ocurrido que personas que tienen sospechas de ser seguidas, han ido a la Procuraduría a exponer su caso. La Procuraduría pide la información a los organismos de inteligencia, y le dicen que no hay nada", contó. O sea, no hay ningún control sobre la información que poseen el DAS y los militares.
Pese a todo lo que está pasando, la relatora declaró que "deseo encomiar al gobierno por la mejora significativa dela situación de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos".
Y dio visto bueno al incremento de recursos que ha hecho el gobierno para proteger a los defensores. Mientras en 2002 el dinero para este fin eran 13 millones de dólares, este año son 40 millones. También aplaudió la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y sugirió al gobierno "implementarla lo antes posible".

Las Palabras de Uribe
Durante la visita de la relatora en Colombia, el presidente Álvaro Uribe dijo que "la defensa de los derechos humanos es una contribución necesaria para la sostenibilidad de la política de Seguridad Democrática, por cuanto los derechos humanos y la eficacia constituyen un dúo que construye confianza ciudadana en la seguridad.
"La defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia", concluyó el presidente Uribe.
Tal reconocimiento a los defensores, salió de la misma boca que el primero de noviembre de 2008 dijo en un consejo comunitario en Envigado (Antioquia) se refirió de manera denigrante a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch y a Amnistía Internacional.
"Simplemente le quiero decir al señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas… Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato".

19 de septiembre de 2009
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impune masacre de indígenas awá

mqh - 19 de septiembre de 2009 - 17:02 - colombia

En masacre de indígenas. Algunos testigos de la masacre donde murieron seis niños y seis adultos tienen temor de contar lo que pasó. El temor a ser asesinados tiene callados a algunos testigos. El indígena capturado después de la matanza no tiene nada que ver con el hecho.

Colombia. El pasado 26 de agosto, un grupo de entre cuatro y diez hombres, según el CTI de la Fiscalía, llegaron a la casa de Sixta Tulia García en el resguardo Gran Rosario, en Tumaco. Ellos estaban vestidos de camuflado y botas y llevaban pistolas nueve milímetros. Dispararon contra 12 personas, entre las que había siete niños, la mayoría eran integrantes de una misma familia de apellido García.
Ese mismo día, se hizo pública una terrible coincidencia. Sixta Tulia, una de las víctimas y propietaria de la vivienda donde ocurrió la matanza, era la esposa de Gonzalo Rodríguez, un hombre que había sido muerto el pasado 23 de mayo por el Ejército. Los militares lo presentaron como un guerrillero caído en combate, pero la mujer denunció ante las autoridades que se trató de una ejecución extrajudicial.
En medio de la confusión, a los pocos días se dio la captura del indígena Jairo Miguel Paí Nastacuás, que tenía orden de arresto desde hacía rato y fue presentado a los medios como posible responsable de la masacre en Gran Rosario. Con esto quedó en el olvido la coincidencia entre el falso positivo que denunciaba Sixta Tulia y la matanza.
Desde entonces, Semana.com les ha seguido la pista a ambos casos y esto es lo que encontró:

Caso Jairo Miguel
Jairo Miguel Paí Nastacuás es un indígena awá que en algún momento fue líder, pero se alejó de la legalidad e ingresó a las Farc. Años más tarde, salió de esa guerrilla y se puso a trabajar con los paramilitares, hasta cuando su grupo se desmovilizó en 2005. Él no quiso acogerse al proceso y prefirió seguir delinquiendo.
Sobre sus andanzas desde entonces existen dos versiones. Una, que se puso a trabajar con Los Rastrojos y otra, que organizó un grupo de mercenarios que vendían sus servicios como sicarios y cobradores de dinero y también robaba y extorsionaba. Pero ambas hipótesis coinciden en que tenía bajo su mando a unos 18 hombres. Su trabajo se ha concentrado en el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, y sus alrededores.
En efecto, los mismos indígenas venían denunciándolo desde 2007. A comienzos de este año, lo sindicaron de la muerte de Guillermo Paí. Y después, se supo que había secuestrado a cuatro personas de una familia de apellido García, en la zona donde solía moverse, para extorsionarlos. Quería que le dieran 10 millones de pesos que habían recibido de negocio de madera que acababan de hacer. Ambos hechos fueron denunciados y de ahí la orden de captura en su contra.
El día que lo pusieron preso, se interpretó que la familia García que había extorsionado este indígena era la misma de Sixta Tulia, la esposa de la presunta víctima de la ejecución ilegal del Ejército que murió junto con 11 parientes.
Semana.com pudo constatar que entre ambas familias García no hay ningún parentesco, como se dijo recién ocurrida la masacre. Cuando capturaron a Jairo Miguel, la interpretación que se hizo fue que él hizo la masacre porque no le habían pagado los 10 millones que pedía. Pero no fue más que una conclusión apresurada, y los investigadores judiciales ya lo saben.
Además, la zona donde delinquía este indígena queda bien alejada de donde fue la matanza. Los separa media hora en carro más una caminando por trochas. Por eso, los indígenas desde un principio insistieron en que la investigación no debía desviarse hacia el caso de Jairo Miguel.

En Otro Lugar
El resguardo Gran Rosario, donde ocurrió la matanza, tiene su propio karma. Por allí anda un grupo que se conoce con varios nombres. Algunos les dicen ‘los muchachos de Miguelito’, otros, ‘los muchachos de Fredy’, porque así se llaman los dos líderes de la banda. También hay partes donde les dicen los ‘Nietos de Zamba’ o ‘Los Cucarachos’.
Se calcula que este grupo tiene entre siete y 15 integrantes afrocolombianos e indígenas. Ellos tiene en jaque a los nativos porque su modo de operar es vender sus servicios de sicarios y cobradores de cuentas a cualquiera que se los pague en esa zona, donde hay paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Esa aparente cercanía con todos les da licencia para moverse por donde quieran sin ser atacados.
Aunque tienen el mismo modo de operar que el grupo de Jairo Miguel Paí, entre las bandas no hay relación.
En su informe preliminar, el CTI tiene identificados a cuatro posibles integrantes de este grupo que supuestamente serían los que llegaron encapuchados a matar a los 12 indígenas. Semana.com conoció el informe, pero se abstiene de publicar sus nombres, toda vez que aún no hay pruebas contundentes que sustenten su participación en la matanza.
El riesgo de que no haya justicia en el caso es alto. Los testigos que podrían dar las declaraciones que permitan establecer si ellos fueron los responsables de la masacre tienen miedo.
La experiencia de Sixta Tulia tras denunciar la posible ejecución de su esposo les genera pánico. Todos temen que sus familiares puedan terminar como ella, sus hijos y sus parientes.
De acuerdo con los informes forenses de Medicina Legal, todos los cuerpos fueron baleados a corta distancia y en la cabeza. Los encapuchados entraron a la casa, mataron a siete personas en la sala, dos en un cuarto y otros dos en la cocina. Entre los muertos había un niño de apenas seis meses de nacido que recibió dos disparos en la cara. Lea la crítica que hace la concejala Gilma Jiménez sobre la violencia contra menores.
Según Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "las informaciones recogidas indican que las personas fueron asesinadas una a una, con disparos a corta distancia, y sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. El crimen es especialmente grave por el alto número de niños asesinados, y la sevicia demostrada evidencia una nueva dimensión de la violencia ejercida contra el pueblo Awá".
En consecuencia, hay temor de que quien hable, corra con la misma suerte. Así las cosas, quedarían sin esclarecerse la masacre y la muerte de Gonzalo Rodríguez, el esposo de Sixta Tulia presentado como guerrillero por el Ejército, pues todos los testigos de este caso murieron en la matanza.
De los encapuchados se sabe que estuvieron de nuevo en el sector una semana más tarde. La gente los vio y las autoridades indígenas pidieron presencia de la fuerza pública. Sin embargo, la Policía tardó en llegar y los soldados que había en los retenes alrededor dijeron no haber visto a nadie.
Por eso, quienes conocen la verdad no se atreven a contarla. Piensan que si estos hombres vuelven a aparecer, los soldados dirán que no los vieron o la policía llegará tarde y sus vecinos y parientes quedarán a su merced.

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más de 1.600 falsos positivos

mqh - 16 de septiembre de 2009 - 18:45 - colombia

A un año de conocerse los primeros casos. Familiares de víctimas de falsos positivos exigen justicia al gobierno colombiano.

[Víctor Escalona] Colombia. Las ejecuciones extrajudiciales han enlutado a miles de familias colombianas a lo largo y ancho del territorio, mientras tanto, el gobierno del presidente Álvaro Uribe no se muestra muy interesado en ayudar a los afectados. Más de mil 600 casos de falsos positivos se registran en diversos departamentos de Colombia y las víctimas piden que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus hijos.
Hasta el momento se conocen más de mil 600 casos de falsos positivos que afectan a familias a lo largo y ancho del territorio colombiano.
La muerte de un hijo es una de las experiencias más duras, difíciles y dolorosas que puede sufrir un ser humano. Los padres se sienten responsables de la protección de sus hijos y esta pérdida suele vivirse como un fracaso por el resto de la vida. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos habremos sobrepasado? ¿Por qué a nosotros? Suelen ser las interrogantes que acompañan a quienes han sufrido en carne propia el asesinato de un ser querido.
"Nos han quitado un pedazo de vida", es la frase que se escucha de los familiares de las víctimas de asesinatos perpetrados a lo largo y ancho del territorio colombiano desde que en el año 2008 se destaparan los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos también como falsos positivos, que involucran a funcionarios del Ejército de esta nación suramericana.
Las ejecuciones extrajudiciales, consisten en asesinar campesinos, o jóvenes, civiles, que son ajusticiados y que posteriormente, con la finalidad de ocultar el delito y obtener méritos, las tropas colombianas difunden que resultaron "caídos" durante enfrentamientos.
La desaparición de 16 jovenes en el municipio colombiano de Soacha (centro) y cinco en el municipio Aguachicas (norte), en septiembre de 2008, desató el escándalo producido por los también llamados falsos positivos. Los jóvenes fueron encontrados asesinados en el departamento del Norte de Santander y fueron presentados por el Ejército de Colombia como guerrilleros muertos en combate. Algunos habían muerto tras 24 horas de desaparecidos y otros luego de dos o tres días.
Al conocerse los casos de Soacha y Aguachicas fue cuando la secretaria de gobierno de Bogotá Clara López Obregón advirtió que éstos podrían tratarse de "una desaparición forzada con fines de homicidio" y que no era lógico que los jovenes se convirtieran en combatientes a sólo un día de haber sido reclutados. Ante esto, personal militar de alto mando en el Ejército colombiano negó la suposición de López y confirmó la teoría de que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al Ejército.
Han sido muchas las denuncias planteadas sobre el tema de los falsos positivos en todo el territorio colombiano, destacándose algunos casos presentados en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Sucre, las cuales se han incrementado después que salieron a la luz pública los primeros casos de las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, actualmente existen alrededor de mil 600 casos investigados en los últimos seis años por la fiscalía que involucran a tres mil 546 integrantes del Ejército colombiano. De ellos, apenas 426 uniformados están detenidos pero sólo a 50 se les ha dado sentencia condenatoria.
El pasado mes de junio, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán señaló que más de mil casos de homincidios, bajo la figura de falsos positivos, han sido presuntamente perpetrados por funcionarios de la fuerza pública en Colombia.
Esta es una situación importante de impunidad que resalta por la trascendencia de los casos ya que se habla del asesinato de jóvenes en pro de la eficacia de un plan para eliminar la guerrilla colombiana
Durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Philip Alston, denunció que la ejecución extrajudicial de miles de civiles por parte del Ejército colombiano fue una práctica que se llevó a acabo de manera sistemática en ese país suramericano.
En entrevista exclusiva para la página web de teleSUR, Zoraida Hernández, miembro de la mesa de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, señaló que actualmente existe un número de militares detenidos de los diferentes casos pero éstos no llegan a ser los responsables directos de los más de mil 600 casos de falsos positivos que se han registrado en el país.
"Estamos hablando de unos casos supremamente emblemáticos que fueron los que pusieron a la comunidad nacional e internacional en la expectativa de lo que estaba sucediendo en el país con respecto a las ejecuciones extrajudiciales (...) Sin embargo, en el caso de Soacha, aún no se ha proferido condena y en el caso de los jovenes de Aguachicas ni siquiera se ha abierto investigación formal. Y de esto ha pasado más de un año", expresó.
Hernández plantea que esta es una situación importante de impunidad que resalta por la trascendencia de los casos ya que se habla del asesinato de jovenes en pro de la eficacia de un plan para eliminar la guerrilla colombiana.
"En estos momentos estamos planteando que los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, porque se han cometido de manera general en el país y ha sido a lo largo de muchos años. (...) Han habido, incluso, asesinato de algunos de los testigos de los casos que en algún momento se atrevieron a denunciar estos homicidios ante las diversas instancias del Estado", señaló la miembro de la mesa de ejecuciones extrajudiciales.
No obstante, Zoraida Hernández aclaró que no sólo se han presentado estos casos de Soacha y Aguachicas ante las autoridades colombianas; éstos fueron "la gota que derramó el vaso; pues fue tal su magnitud que no se podían tapar, porque fueron cometidas en masa" y añadió que las investigaciones han demostrado que esta práctica se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en el país suramericano.

Gobierno Entorpece Investigaciones
Al hablar de las acciones que ha tomado el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez respecto a estos crímenes que han enlutado a tantas familias colombianas, Hernández, integrante de la mesa de ejecuciones extrajudiciales, insiste en que ha habido una intencionalidad directa por parte de las autoridades gubernamentales no sólo de entorpecer las acciones de los cuerpos de derechos humanos, sino también de entorpecer las investigaciones que existen en contra de las fuerzas militares por su responsabilidad directa en estas ejecuciones extrajudiciales.
Explicó Hernández que hace muy pocos días, justamente el presidente Uribe dio la orden al ministerio de Defensa nacional para que, a través de este ministerio, se destinara del presupuesto nacional los recursos necesarios para defender a los militares que están implicados en estos hechos, en lugar de ayudar a las víctimas a buscar la verdad, la justicia y la reparación de estos hechos.
"Vemos aquí que la balanza se ha inclinado a favor, directamente, de quienes han violado los derechos fundamentales de la población en Colombia, tratándose de ejecuciones extrajudiciales", apuntó.
El reciente nombramiento de Carlos Espina como nuevo fiscal general colombiano ha traído reacciones negativas por parte de los afectados por las ejecuciones extrajudiciales quienes, según infromó Zoraida Hernández, catalogan la acción como un error del gobierno colombiano, reconocido por todas las organizaciones de derechos humanos, pues alegan que Espina ha sido el responsable directo de una de las directivas que promovió el acomentimiento de ejecuciones extrajudiciales en el país.

Las Muertes No Se Olvidan
A un año de los asesinatos ocurridos en Soacha y Aguachicas, territorio colombiano, los familiares de las víctimas de los llamados falsos positivos aún esperan la condena de los responsables intelectuales de estos casos que han estremecido al pueblo colombiano de norte a sur y de este a oeste.
Aun cuando se han reportado nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, principalemente en el Meta (centro) y en el departamento de Nariño (sudoeste), los organismos defensores de derechos humanos siguen en pie de lucha para investigar a fondo estas muertes que incrementan el dolor del pueblo colombiano, tan azotado por la inseguridad; ante un gobierno que no le da la importancia debida a estos hechos.
El aniversario de estas ejecuciones servirá de marco a una peregrinación que realizarán los familiares de las víctimas de falsos positivos desde cada una de sus localidades de residencia hasta la ciudad de Ocaña (noroccidente), donde pedirán solidaridad ante su dolor y la búsqueda de la verdad, justicia y reparación; para que este tipo de crímenes tenga la sanción debida hacia los responsables y evitar que esta situación se siga viviendo en la nación suramericana.
Hasta el momento no se conoce que en estos casos de ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos, haya habido más sentencias, ni avance de las investigaciones preliminares de las muertes ocurridas hace un año; mientras tanto, los familiares esperan que la justicia llegue de la mano del restablecimiento del buen nombre de sus víctimas; quienes, luego de sus muertes, siguen siendo señalados como delincuentes y guerrilleros.

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tlc colombiano, más que comercio

mqh - 15 de septiembre de 2009 - 05:16 - colombia

Gobierno colombiano quiere que E.U. apruebe TLC para atraer mayor inversión de otros países.

Bogotá, Colombia. Según el director de Proexport en E.U., Jaime Echavarría, la aprobación del TLC sería "reconocer a Colombia como una gran oportunidad de negocio y como un fiel aliado geopolítico en la región".
Al mismo tiempo destacó que esta asociación contribuiría a fortalecer la posición de EE.UU. en el mercado internacional, frente a potencias como China o la Unión Europea.
El programa que dirige promueve las exportaciones no tradicionales, "más allá de petróleo, bananos, flores y café", la inversión extranjera y el turismo, porque, según dijo, "lo que más puede ayudar transformar el país es que haya muchas más empresas interesadas en invertir en Colombia".
Echavarría señaló que el TLC permitiría crecer a Colombia entre un 3 y un 4 por ciento más y serviría para "reafirmar a muchos inversores" que el país es "un aliado de primera línea dentro de América Latina".
El TLC fue impulsado por la Administración del presidente estadounidense George W. Bush, pero se encuentra estancado en el Congreso por la oposición de los demócratas, que exigen al gobierno de Álvaro Uribe una mayor protección de los derechos humanos en el país.
Echavarría destacó que ha habido mejoras en la protección de los sindicalistas y en la defensa de los derechos humanos y subrayó "que en el país hay respeto (a los derechos humanos) aunque haya imperfecciones".
No obstante, se mostró optimista y afirmó que en el gobierno del presidente Barack Obama "hay un renovado interés por estudiar la situación de Colombia, aunque durante la campaña no se estaba a favor del Libre Comercio".
Colombia, que según dijo ha pasado del puesto 52 al 37 en el ranking del Banco Mundial sobre los mejores países para hacer negocios, recibe 10 billones de dólares anuales en inversión extranjera, indicó.
Explicó que el país busca principalmente "inversiones que ayuden a transformar el producto y los servicios y generen empleo", para lo que el gobierno ofrece incentivos como la reducción de un 50 por ciento de los impuestos empresariales, que pasan a ser del 34 por ciento al 15 por ciento.
Entre estas ventajas, explicó que la maquinaria que lleven al país para montar la empresa está libre de impuestos, así como lo que produzcan para exportar.
Si bien, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos, como hacer una inversión obligatoria mínima y generar un número de puestos de trabajo, en función del tamaño de la empresa y del sector.
La seguridad y la estabilidad del país son dos de los factores que suelen tener en cuenta las grandes compañías a la hora de establecerse en un tercer país.
Por ello, explicó Echavarría, el gobierno colombiano ofrece "un pacto de estabilidad económica" en materia tributaria por el que se comprometen a mantener las normas vigentes en este momento por un periodo de veinte años, para dar garantía a las empresas.
Las compañías tienen ventajas adicionales, según el sector en el que inviertan. Por ejemplo, las inversiones en el turismo están libres de impuestos durante 30 años y las de tecnología durante diez.
El director de Proexport participa en la campaña "Descubra Colombia a través de su corazón", que ha provocado las protestas de algunas ONG en Washington que acusan al gobierno del presidente Álvaro Uribe de querer ocultar así los verdaderos problemas del país para que los estadounidenses apoyen el TLC.
En su opinión, estos grupos "son genéticamente anti-Tratados de Libre Comercio porque piensan que el abrir las puertas del comercio es un riesgo muy alto para las economías locales" y aseguró que "con una campaña de corazones no puedes borrar los problemas del país".

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