violencia sexual como arma de guerra
9 de septiembre de 2009
Colombia. "Era de noche. Llegaron dos hombres armados que vestían prendas militares camufladas y armas. Se identificaron como paramilitares. Se llevaron a mi esposo afuera de la casa y todo del tiempo le apuntaron con el arma. Yo logré calmar a la niña y la arrullé hasta que se durmió. Entonces el hombre me sacó de la habitación y me llevó al corredor para interrogarme y me amenazó con matarme. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me violó. Luego me dijo que me vistiera y que "aquí no pasó nada. Las mujeres, al fin y al cabo, son para esto".
Experiencias como ésta, relatada por una mujer del Catatumbo, en Norte de Santander, han sido vividas por muchas mujeres en el largo conflicto colombiano.
Durante todo este tiempo, aunque pocos en el país lo sepan o lo crean, "la violencia sexual es empleada como arma de guerra por todos los grupos armados (fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros)", según dice el informe ‘La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra’, presentado este miércoles por la ONG Oxfam Internacional a los gobiernos de la Unión Europea.
Son arma de guerra porque, de acuerdo con aquel estudio, sirven para sembrar terror en las comunidades, como métodos de tortura, control sobre la población, de imponer las conductas que los grupos armados quieren o como venganza o presión para lesionar a los integrantes del bando enemigo.
"El uso de esta violencia, lejos de ser esporádico, se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada que ha pasado a formar parte integral del conflicto armado", describe el informe de Oxfam. Y critica que "a pesar de ello, la impunidad que reina en el país frente a este delito ha convertido a la mujer colombiana en víctima oculta de este conflicto".
Precisamente por esa falta de denuncia, no se sabe a ciencia cierta cuántas víctimas de estos delitos hay. Pero sí se conocen impresionantes atrocidades que les están ocurriendo a las mujeres que viven en zonas donde están en combates guerrillas, paramilitares y bandas privadas de narcotraficantes. Incluso también hay casos que involucran a miembros de la Fuerza Pública.
Todos Son Victimarios
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer documentó en regiones en conflicto casos de mujeres que son obligadas por grupos armados a trabajar como prostitutas. Otras son violadas o víctimas de abusos sexuales con objetivos militares, como presionar para obtener información o agredir al enemigo cuando la mujer es pariente o compañera de un integrante del bando adversario o para atemorizar a sus vecinos. Otras mujeres, casi siempre integrantes de algún grupo, son obligadas a usar métodos anticonceptivos contra su voluntad o, incluso, a abortar. Y muchas, simplemente, son violadas para satisfacer a los combatientes, sin ningún objetivo adicional.
Una mujer chocoana relató que se unió a la guerrilla de las Farc cuando tenía 13 años cansada de los malos tratos de su padre. Pensaba que podía ser respetada si portaba un arma. Cuando tenía 19 años, el comandante del grupo guerrillero al que pertenecía se aprovechó de su rango y se la llevó a solas para violarla. Después la golpeó y la mandó a la casa.
Le puso como tarea seducir a un militar del ejército para conseguir información para la guerrilla. Ella lo hizo, pero su comandante no quedó contento porque el soldado era de rango bajo. Entonces fue a buscarla a su casa y empezó a hablarle en malos términos. El padre de la muchacha intervino y el guerrillero lo mató y la amenazó a ella para que no contara nada.
Una mujer de Putumayo cuenta que "a mi hija de 13 años se la llevaron por ocho días. Cuando fui a la Policía, me dijeron que pronto aparecería. La niña logró hacerme una llamada. Lloraba y decía que no podía decirme nada. Me la regresaron en un taxi por la noche. A ella la tuvieron en una casa de prostitución que los paramilitares controlaban. La chica no quiere hablar, tiene como miedo de contar. A otra chica de 14 años le pasó lo mismo. La tuvieron vendada en una casa de citas por 15 días. La amenazaron que la mataban si contaba algo. La chica quedó embarazada y ahora el niño tiene un mes y medio".
También se han documentado denuncias por abusos de militares. "La otra vez llegaron a una casa, al señor lo amarraron, le cogieron a la señora y a una hija y las violaron delante de él y los otros hijos. Ella dice que poner la denuncia y decir que el Ejército hizo eso es como decir que va a buscar el camino a la muerte", contó a la relatora un testigo de los hechos.
Pocas Denuncias
Definitivamente, el temor a denunciar es una constante después de estas agresiones. Según el informe de Oxfam, sólo nueve de cada 100 mujeres víctimas de alguno de estos delitos acuden a las autoridades.
De los pocos hechos que se han denunciado, la Corte Constitucional recopiló 183 testimonios de ataques sexuales cometidos desde 1993 para emitir el Auto 092 de 2008, que ordena proteger a las mujeres víctimas del conflicto. De esos casos, que fueron recopilados por organizaciones civiles, el 58 por ciento fueron cometidos por paramilitares; el 23 por ciento, por integrantes de la fuerza pública, y el 8 por ciento, por guerrillas.
Según Claudia Ramírez, de la organización Sisma Mujer, gracias al proceso de Justicia y Paz las mujeres han denunciado más a los paramilitares. Pero también se conocen muchos casos de hechos parecidos cometidos por las guerrillas.
"Entre los datos que nosotros recogemos y las denuncias que hacemos sin ninguna esperanza de justicia, sólo para beneficio de la memoria, hemos recogido muchas denuncias de violencia por parte de la guerrilla", explica sobre la abismal diferencia entre las cifras de casos de paramilitares y grupos insurgentes.
En su informe, Oxfam concluye que "la persistente ocultación y negación de este delito por parte del Estado colombiano ha permitido perpetuar un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos no se investigan, ni se enjuician, ni se castiga a los responsables".
Y es que, de acuerdo con personas que conocen los casos, en el sistema de justicia que tiene el país es muy complicado lograr que se juzguen a los integrantes de grupos armados responsables de estas agresiones contra las mujeres.
Denunciar, una Odisea
Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer, dice que las mujeres pocas veces denuncian porque no saben ante quién tienen que hacerlo. "Empiezan a deambular por cada una de las instituciones y a contarle a cada funcionario su situación y cada funcionario a hacer una interpretación de lo que pasó. Y existe la costumbre de pensar que a las mujeres les suceden este tipo de agresiones por su culpa, por haber estado donde no debían, o, cuando son niñas, porque los padres las entregaron y entonces es como si por eso dejaran de ser víctimas. Esa es una forma de revictimización. La mujer no sólo termina siendo víctima del delito, sino de cada uno de los funcionarios", comenta.
Alejandro Matos, de Oxfam, dijo que cuando por fin encuentran dónde poner sus denuncias, hay mujeres que no reciben la atención más adecuada. "Hay casos de mujeres que tienen que contarle al celador lo que les pasó porque él es quien tiene que decirle hacia dónde tiene que ir". Y explica que fuera de tener que responder preguntas incómodas en los interrogatorios, "tenemos el caso de una mujer que, dando el testimonio en la Fiscalía, se puso a llorar y le dijeron ‘aquí no vino a llorar. Cuente los hechos’".
Además de la evidente falta de preparación de los funcionarios que tienen que recibir los testimonios de estas víctimas, Claudia Ramírez, de Sisma Mujer, dice que está claro que otro obstáculo para denunciar es la poca credibilidad en las instituciones. "En algunas partes del país, tan pronto como la víctima denuncia, se entera el victimario", dice, y agrega que, en ese sentido, falta mucha protección para quien se atreve a ir a dar su testimonio ante los organismos del Estado. A todo esto, suma la falta de justicia. Pocas veces hay condenas para los responsables.
Ramírez, Sánchez y Matos coinciden en que la Fiscalía sí ha hecho algunos esfuerzos para capacitar a su personal sobre cómo atender a estas víctimas y sí ha destinado a algunos funcionarios para que se encarguen de esta labor. Pero, dicen, son capacitaciones esporádicas que "no han ayudado mucho a resolver la situación de las víctimas, pero sí a presentar avances ante la comunidad internacional", de acuerdo con Sánchez.
"Hay Que Presionar"
La ONG Oxfam, que goza de mucha credibilidad en el viejo continente, tuvo en cuenta todas esas situaciones para el informe que está presentando ante los gobiernos europeos, con la recomendación de que actúen para que se acabe esta impunidad. Concluyó que "la suma de todos estos factores ha hecho, por un lado, que este tipo de violencia se haya ‘normalizado’ dentro de la sociedad colombiana y muchas de las mujeres no se consideren víctimas porque no creen o no saben que la violencia sexual sea un delito. Por otro, esta estrategia de invisibilización de la violencia sexual lo que ha logrado es silenciar a la mujer y condenarla al olvido".
Las recomendaciones de Oxfam tienen peso ante las autoridades europeas, tanto que según informó en su momento, el embajador en Colombia, Jonathan Glennie, la decisión del gobierno británico de no enviar a Colombia plata para la lucha contra las drogas sino para la defensa de los derechos humanos se basó en informaciones de Oxfam y otras ONG.
"Ante esta situación la Unión Europea y España, en concreto, deben presionar al Estado colombiano para que ejerza su responsabilidad de proteger a la población civil, ponga fin a esta dramática situación y castigue a los perpetradores", propone Oxfam al final de su informe.
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Bogotá, Colombia. La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo en el que dictamina que la tenencia y el consumo personal de drogas no es un delito, ratificando así la línea de despenalización fijada en este sentido por la Corte Constitucional en 1994.
Bogotá, Colombia. El gobierno del presidente Álvaro Uribe auspició "toda una conspiración" contra el mandatario venezolano, Hugo Chávez, que incluyó el envío de paramilitares y contemplaba el asesinato de personalidades, aseguró Rafael García, ex jefe de informática del servicio de inteligencia colombiano.
Bogotá, Colombia. El fiscal general en funciones, Guillermo Mendoza, señaló esta mañana a la emisora radial RCN que las declaraciones de García "han conducido a numerosas investigaciones, a acusaciones y hasta a sentencias condenatorias", pero "en otras ocasiones no se le ha creído".
Medellín, Colombia. Ante la Fiscalía 29 Especializada de Medellín, Gallón Henao admitió que hizo acuerdos económicos con los comandantes de los bloques Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y Suroeste, Central Bolívar, Cacique Nutibara y Héroes de Granada a finales de la década de los años 90.
Bogotá, Colombia. Como espectros que deambulaban por el pueblo. Así encontró la enfermera Adriana Porras a los habitantes de La Libertad, en Sucre, una tarde de junio de 2004. Silenciosos unos, nerviosos los otros. Sus miradas estaban atormentadas. Había miedo y horror. Culpa. Ese día, en un ataque espontáneo y colectivo de furia, se armaron de palos, varillas, escopetas y se convirtieron en una jauría salvaje que terminó linchando a ’Diomedes’, un paramilitar que pretendía continuar la tarea que había iniciado el ’Oso’ siete años atrás: esclavizar y someter al pueblo. Pero antes de lograrlo, se desató la venganza. Lo lincharon. "Pobre gente de La Libertad, lo que la obligaron a hacer", pensó Porras ese día.
Para ellos el cuerpo lo es todo. Por eso ahora acompañan a otras personas que están pasando por lo mismo. Recuerdan especialmente el caso de Domingo Toro, un viejo campesino de 75 años, de Chámeza, Casanare, a quien los paramilitares le desaparecieron un hijo en 2004. Su esposa, según él, murió de pena moral. Dos años después el cuerpo fue exhumado y después de varios meses se logró su identificación. Pero aún así no se lo entregaron, por trabas burocráticas en Medicina Legal. Apenas este año, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo y de varias ONG, logró que le devolvieran el cuerpo. Cuando al fin enterró a su hijo, don Domingo celebró y hasta mató una mamona. Ahora él piensa que puede morir tranquilo.
Colombia. Once meses tardó la Policía en dar con el paradero de Carlos Iván Peña Orjuela, alias ‘Alberto Chaparro’, presunto jefe del frente 23 de las Farc, a quien se le acusa de ser el responsable del grupo que sembró cientos de minas antipersona en el sur de Santander que causaron 150 víctimas, incluyendo varios niños.
Bogotá, Colombia. "Estoy convencido de la buena fe del Ejército en esta equivocación. Si se tratara de un ejército violador de los derechos humanos, quienes dispararon contra los campesinos, habrían buscado el ocultamiento, la mentira o la desaparición de los cadáveres". Esas fueron las palabras del presidente Álvaro Uribe aquel 12 de abril del 2004, dos días después de que miembros del batallón de contraguerrillas Pijao, adscrito a la Brigada Sexta del Ejército del Tolima, matara cinco miembros de una familia en una vereda de Cajamarca.