notarías a cambio de apoyos
31 de agosto de 2009
Colombia. La solidaridad política y la complicidad entre Luz Yaneth Rojas Portilla, notaria 11 de Bucaramanga, y el senador Alirio Villamizar, vicepresidente del Directorio Nacional Conservador, se rompió el miércoles 19 de agosto, cuando Rojas fue interrogada por dos magistrados auxiliares de la Corte Suprema sobre la forma como había llegado al cargo. Inicialmente, la notaria Rojas contó que gracias a su buen manejo de la Notaría de Charta -a 41 kilómetros de Bucaramanga-, la habían trasladado a la capital santadereana y aseguró que ni su esposo, el alcalde de El Playón, ni su jefe político, el congresista Villamizar, habían tenido nada que ver con el ascenso. Sin embargo, el tono y la seguridad que demostraron los magistrados al formularle otras preguntas la llevaron a la conclusión de que sabían mucho más de lo que ella creía. Fue entonces cuando los nervios la traicionaron, prorrumpió en llanto y pidió un receso.
Iniciada de nuevo la diligencia, ya más calmada, Rojas dijo: "Es inútil mentir, voy a contarles toda la verdad". Entonces, los magistrados y el escribiente que copiaba la declaración en un computador portátil, oyeron su confesión: "Tenemos un acuerdo con el doctor Villamizar para partir por mitades lo producido por la Notaría". No tenía documentos a la mano para probarlo, pero aseguró que la esposa de Villamizar, Patricia, era la encargada de llevar las cuentas y de mantener contacto permanente con un contador que la visitaba con regularidad en el despacho para verificar los ingresos.
Fue entonces cuando los magistrados ordenaron a los miembros de la comisión de apoyo del CTI de la Fiscalía que registraran tanto la Notaría como la casa del senador Villamizar, en el condominio Lagos del Cacique. Cuando los agentes del CTI llegaron a la casa del congresista, los estaban esperando su esposa y uno de sus hijos, Danny, quien posteriormente fue motivo de escándalo por cuenta de un documento hallado en su residencia que demostraba que había recibido un subsidio no reembolsable por 496 millones del programa Agro Ingreso Seguro del Ministerio de Agricultura.
Como lo había advertido la notaria Rojas, la agenda de la señora de Villamizar fue pieza clave para demostrar la veracidad de su versión. En ella, la esposa del congresista no solo tenía anotados los ingresos mes por mes de la Notaría, sino los compromisos políticos adquiridos por su esposo a cambio de dinero. Uno de ellos, que deberá ser verificado, es un pacto que habría firmado con el actual alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, para apoyar la campaña que lo llevó al cargo.
Aparte de la agenda, una sorpresa mayor se llevaron los agentes del CIT cuando descubrieron una caja fuerte empotrada en una pared, que el congresista, que acababa de llegar de urgencia de Bogotá, inicialmente se negó a abrir. En ella encontraron 700 millones de pesos y 25.000 dólares en efectivo. Villamizar no quiso responder entonces por el origen del dinero -dijo que lo haría en el momento debido-, pero lo cierto es que ni en sus declaraciones de renta ni en los extractos de sus cuentas bancarias los investigadores encontraron rastros de ese dinero.
Por lo pronto, la Corte Suprema anunció que llamará al senador a versión libre, y todo indica que si no es posible probar que la Notaría de Rojas hace parte de las prebendas ofrecidas por el Gobierno a congresistas a cambio de su apoyo a la reforma constitucional que permitió la segunda reelección de Uribe en 2006, deberá enfrentar un proceso por enriquecimiento injustificado.
El sorpresivo hallazgo en la residencia del senador Villamizar abre la puerta para que la Corte haga lo propio con otras 22 notarías sobre las cuales existen serias evidencias en el sentido de que fueron entregadas a congresistas a cambio de votos reeleccionistas.
El punto de partida de las investigaciones fue la declaración que rindió el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, ante la Sala Penal de la Corte en junio pasado. Cuello dijo ante los magistrados que cuando desempeñaba el cargo recibió presiones del Gobierno para crear notarías y entregarlas a los amigos del entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega. Según el ex superintendente, eran cuotas reservadas para los amigos de la reelección e inicialmente mencionó 70 notarías.
El testimonio de Cuello Baute coincidió en gran medida con el de la ex parlamentaria Yidis Medina, condenada por cohecho y en prisión domiciliaria. Medina aportó a la Corte un listado de por lo menos 10 notarías que, según ella, fueron entregadas por el Gobierno como contraprestación por favores políticos. Las más importantes están en Bogotá, Barranquilla, Manizales y Facatativá.
Por ejemplo, Medina sostuvo que se enteró de las negociaciones con la Notaría 2º de Facatativá, en la que fue nombrado el abogado Ignacio Cruz Cruz, al parecer cuota de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez. De la misma forma, los magistrados investigan qué pasó en la Notaría 61 de Bogotá con la que, según versión de Yidis Medina, el Gobierno le pagó favores al congresista del Atlántico Alonso Acosta, con el nombramiento de la abogada Carla Ospina, el 10 de agosto de 2005.
También están en la mira de la Corte Suprema las notarías 6a. de Barranquilla, 1a. de Manizales, y 57, 66 y 36 de Bogotá, supuestamente entregadas a los congresistas Eduardo Enríquez Maya, Milton Rodríguez y Luis Humberto Gómez Gallo.
Un capítulo importante que va a explorar la Corte tiene que ver con la Notaría 13 de Bogotá, en la que fue nombrada Teresa Aguilar Rodríguez, supuestamente como cuota del ex senador Mario Uribe. Hace un mes, Medina le dijo a CAMBIO que se enteró de ello porque estuvo en reuniones donde tocaron el tema: "Estuve en una parranda vallenata con Milton Contreras (ex funcionario de la Superintendencia de Notariado) y con la misma Teresa Aguilar, y allí se habló del asunto".
La Corte tiene pruebas adicionales que sustentan las declaraciones tanto de Cuello Baute como de Medina. Se trata de los decretos mediante los cuales fueron creadas decenas de notarías en 2005, precisamente en la época en que los representantes de la Comisión Primera de la Cámara aprobaron la reelección presidencial.
CAMBIO pudo establecer que el equipo de investigación conformado por la Corte y el CTI ha logrado que por lo menos cinco notarios empezaran a colaborar con las investigaciones, pues están convencidos de que su situación puede complicarse si no contribuyen a establecer la verdad.
En resumen, se sienten pasos de animal grande. La Corte no quiere dejar cabos sueltos y con pruebas irrefutables busca consolidar los casos y evitar sindicaciones que considera injustas de politización de la Justicia. La Fiscalía y la Procuraduría, dentro de sus órbitas de acción, deberán actuar en consecuencia, sin chocar con la Corte Suprema, como ocurrió en el proceso de la ’Yidispolítica’.
El Beneficio de la Duda para Villamizar
Pese a la aparente contundencia de los hallazgos hechos en la casa del senador Alirio Villamizar, tanto la Corte Suprema como la Procuraduría decidieron abrir indagaciones preliminares antes de tomar cualquier medida de fondo contra él. El procurador Alejandro Ordóñez, ha dicho que la presunción de inocencia prevalecerá hasta cuando las pruebas derroten al investigado, quien hasta ahora ha permanecido en silencio.
Sin embargo, fuentes del Directorio Conservador dijeron que Villamizar tendría cómo demostrar que el dinero hallado en la caja fuerte del congresista procede de actividades lícitas y que el hecho de que no hubiese sido incorporado a la corriente financiera se relaciona con el hecho de que él y un grupo de familiares y socios lo acaban de obtener para iniciar una inversión. Pero los testimonios en su contra parecen tener hasta ahora mayor peso que sus eventuales explicaciones.
26 de agosto de 2009
©cambio 
Bogotá, Colombia. Con la certeza de que nunca se sabrá cuál fue el comportamiento de la pobreza y la indigencia en 2006, y que muy probablemente ese hueco negro cubrirá 2007, el gobierno entregó las cifras de esos dos lastres sociales para 2008: 46 y 17,8 por ciento, respectivamente. Según las nuevas cuentas, 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones, indigentes, cifras que, por cuestiones metodológicas, no admiten comparación con las que existían hasta junio de 2006, cuando la pobreza y la indigencia eran de 45,1 y 12 por ciento y que desde entonces no se sabía qué había pasado con ellas.
A pesar de que Uribe tenía razón, al país no le fue bien en Unasur. Una de las exigencias que hizo Álvaro Uribe cuando llegó a Bariloche a la cumbre de Unasur fue que la totalidad de los debates fuera transmitida en directo por televisión. Sus interlocutores accedieron y muchos observadores consideran que al presidente le habría ido mejor si no le hubieran hecho caso. Porque a pesar del optimismo con que llegó y de la seguridad que tiene en sí mismo como expositor en circunstancias difíciles, en esta ocasión no le fue muy bien.
Bogotá, Colombia. En 2006 el diario ‘Vanguardia Liberal’ denunció que varios de sus directivos eran seguidos ilegalmente por organismos de seguridad. El escándalo salpicó al director del DAS de Santander de esa época, Alexis Mahecha, quien había sido nombrado jefe de inteligencia por Felipe Muñoz.
Bogotá, Colombia. La mayoría de los colombianos siempre ha pensado que algunos congresistas ganan plata a manos llenas con el tráfico de influencias o el negocio de los puestos. Pero tal vez nunca el país había tenido una demostración tan contundente de ello, como ha ocurrido en los últimos días con el senador conservador Alirio Villamizar. Los hallazgos hechos por el CTI de la Fiscalía en un allanamiento a su casa de Bucaramanga son escandalosos.
Nariño, Colombia. La masacre de una familia de indígenas awa en Nariño tiene estremecido al país. Primero, porque seis de las 12 víctimas eran niños, incluido un bebé de apenas 6 meses. Segundo, porque en febrero esta misma comunidad indígena había sufrido una matanza de 11 personas, a cuchillo y machete, por parte de las Farc. Tercero, porque tanto líderes indígenas como organizaciones de derechos humanos creen que miembros del Ejército podrían estar vinculados a este espeluznante crimen.
Bogotá, Colombia. Senadores colombianos denunciaron este viernes que desde el Palacio de Nariño se están desviando los fondos del Estado para intentar, una vez más, sobornar a miembros del Parlamento a fin de aprobar el referendo que permitirá la segunda reelección del presidente, Álvaro Uribe.
Bogotá, Colombia. Cano, en una entrevista que respondió por correo electrónico a la revista Cambio, dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no tienen actualmente ningún contacto con el gobierno de Uribe, quien desde que asumió el poder en el 2002 lidera una ofensiva contra el grupo rebelde.