situación de ejecuciones extrajudiciales
22 de agosto de 2009
Colombia. Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en entrevista exclusiva con Cambio dice que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son temas que preocupan mucho al organismo en Colombia.
Por segunda vez visita el país el relator para ejecuciones extrajudiciales. ¿Es tan grave la situación que el Relator viene al país?
La última llegada de un relator fue en 1994 pero vuelve porque el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales lamentablemente es grave. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está investigando más de 1.000 casos con 1.700 víctimas. Estos son casos precalificados, en los que hay suficientes elementos para que investiguen.
Las destituciones de los altos mandos militares y el planteamiento de 15 medidas específicas para la implementación de la política de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza Pública fueron medidas que nosotros aplaudimos ya que hay pocos Estados que han tomado medidas tan drásticas como destituir generales y coroneles. En ese sentido, también en nuestro monitoreo sí vemos que estas medidas han tenido algún impacto en la actitud de las Fuerzas Armadas. Pero nuestra preocupación es la sostenibilidad de estas políticas porque recién empezaron las medidas hay cambio de ministro.
Yo hablé con el Presidente sobre el tema y expresé nuestra preocupación de que se garantice la continuidad de esta política de cero tolerancia y el me aseguró que no habrá cambio de política y por eso esperamos que cuando se nombre nuevo ministro siga este curso de implementar estas medidas.
¿Y en la rama judicial?
Además de esta sostenibilidad -que ojalá se pueda dar a largo plazo porque las reformas que se necesitan en las Fuerzas Armadas son a largo plazo- preocupa el tema de los procesos judiciales que se están dando. Aquí nos llega información sobre la forma positiva en la que la fiscalía está actuando, pero también crecen las amenazas contra fiscales que están investigando y contra testigos.
En la última semana hemos documentado el caso de un intento de asesinato contra un testigo clave en Cali. Estamos haciendo otros llamados al gobierno y al Ejército para que apoyen a la fiscalía en esa labor y se reconozca la importancia en estos juicios que está llevando la justicia ordinaria.
¿Cómo considera que las autoridades colombianas han manejado el tema de los falsos positivos y qué opina de que se hubieran tardado 5 años, desde 2003, para tomar medidas al respecto?
La oficina ha seguido el tema por muchos años y en 2007 alertamos sobre esa nueva modalidad tan perversa como los falsos positivos. Pero yo pienso que es mejor tarde que nunca y por eso nuestro interés de seguir estos procesos.
Después de la salida de Michael Frühling, en 2006, la Oficina del Alto Comisionado en Colombia no volvió a tener posiciones claras frente al tema de derechos humanos.
¿Usted llega para ser claro frente a los estándares internacionales de derechos humanos?
Yo llego aquí para cumplir con el mandato del Alto Comisionado, observar la situación, comunicar sobre la situación, que nuestra oficina siga pronunciándose sobre temas difíciles pero siempre con base en la capacidad de verificar los casos y las quejas.
Veo a Colombia como una sociedad bastante fraccionada y polarizada y tengo la convicción de que obviamente, para mejorar la situación, para fortalecer una cultura de paz, de los derechos humanos y el derecho internacional, es importante apoyar los procesos que lleven a concertar un poco más y buscar soluciones constructivas. No solo con ayuda técnica. No solo pensamos en tener una posición sobre lo que pasa aquí si no en ser parte de la solución.
¿Qué preocupaciones le transmitió su oficina al presidente de la República en la reunión del pasado 6 de mayo?
El encuentro fue bastante amigable y abierto. Hablamos de una serie de temas sensibles pero creo que el presidente escuchó todo lo que yo tenía que decir y ojalá podamos tener más encuentros, porque dentro de muchos de los temas que nosotros manejamos es importante que el presidente escuche.
Nosotros no tenemos cartas políticas en Colombia, nosotros nos orientamos sobre los estándares internacionales y en este sentido espero que podamos construir una relación de trabajo e intercambio de confianza, donde se vea que si nosotros planteamos algo es porque realmente pensamos con nuestra verificación que ahí hay un problema serio.
¿Cuáles temas son los que le preocupan a su oficina?
Hay varios temas. Uno es el de los grupos emergentes. Observamos una creciente ola de violencia de estos grupos contra la población. Yo creo que allí está naciendo una nueva bestia. Este año vamos a dedicarle mucho énfasis en el monitoreo de esos grupos y a hacerle seguimiento al tema junto con la Misión de Apoyo de la OEA y la Policía.
¿Cuáles otros?
Obviamente el tema de las interceptaciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es un tema de gran preocupación. Me reuní con los magistrados para conocer de cerca el tema. En mi país los magistrados de la Corte Suprema son como dioses y son uno de los pilares que definen el orden legal del país y nadie pensaría que haya interceptaciones en sus teléfonos.
Por eso esto es un tema de gran preocupación porque esta clase de actuaciones a lo largo podrían llevar a un debilitamiento de la Justicia. Hay que aplaudir a la fiscalía que está investigando los casos, tratando de determinar dónde los servicios de inteligencia se salieron del marco legal.
¿Y los ataques de los grupos armados?
Es alarmante el reclutamiento de niños y el uso indiscriminado de minas antipersonal por parte de la guerrilla.
¿Qué recomienda frente a las amenazas en panfletos contra población de barrios marginales, y contra la estigmatización en contra de los defensores?
El país ha conocido panfletos a lo largo de los años. Es una nueva forma de control social por grupos interesados. Lo preocupante es que estos panfletos establecen una especie de toque de queda a los jóvenes. En cuanto a las amenazas defensores de derechos humanos, reconocemos el apoyo del Estado al programa de protección. Pero sería bueno que el gobierno reconozca la labor de los defensores de derechos humanos. Hay unos funcionarios de alto nivel que han deslegitimado el trabajo de los defensores. Preocupa el aumento de las desapariciones forzadas en Colombia.
¿Qué se está haciendo desde su oficina sobre este tema?
En el conflicto colombiano la desaparición forzada ha sido un crimen sufrido por muchas personas, por lo menos 50.000 han padecido la desaparición, y en consecuencia hay más de 200.000 familiares que sufren la pesadilla de la desaparición de un ser querido. Naciones Unidas registró el primer caso en Colombia en 1973. Miembros de grupos paramilitares en sus versiones libres han confesado hechos como descuartizamientos, crucifixiones o incineración de personas vivas, que antecedieron, acompañaron o fueron perpetradas después de la desaparición.
¿Cómo es la situación actual?
En años recientes, el delito lamentablemente continúa como lo podemos observar en el caso de los ‘falsos positivos’, en varios de ellos se ha presentado una desaparición forzada de jóvenes de barrios pobres y su posterior ejecución extrajudicial, supuestamente provocada por miembros de la fuerza pública. Como Oficina trabajamos de forma permanente con la Fiscalía, dando seguimiento a casos específicos desaparición y prestando una asesoría técnica sobre el tema.
¿En qué sentido?
Ahora estamos prestando una atención especial a los proyectos de la llamada ‘Ley de Fosas’ y de la ley por medio de la cual se crearía "la figura de la declaración de ausencia por desaparición forzada". Además estamos muy preocupados porque el proyecto de Ley de víctimas, que actualmente se encuentra en su fase final en el Congreso, no otorga los mismos derechos y apoyos a las víctimas de desapariciones de agentes estatales que a las víctimas de organizaciones no estatales. Esto no se adapta a la normativa internacional y no permite la realización de los procesos de verdad, justicia y reparación. En nuestro trabajo impulsamos la Mesa Interinstitucional de Asistencia Psicosocial a Víctimas de Desaparición Forzada, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
¿Qué acciones desde la comunidad internacional se pueden realizar para apoyar la búsqueda de desaparecidos en Colombia?
En primer instante, la comunidad internacional puede apoyar la implementación de las recomendaciones para una política en contra de la desaparición forzada. También puede apoyar al Estado colombiano en su labor de esclarecer el paradero de los desaparecidos y que en estos procesos los empleados estatales reciban la capacitación necesaria para que puedan trabajar con familiares que pasan por la traumática búsqueda de sus seres queridos.
Como Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos estamos promoviendo la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Con las versiones libres de los paramilitares quedó al descubierto que muchos desaparecidos no van a aparecer porque los victimarios borraron cualquier huella con hornos crematorios, incineraciones, cadáveres arrojados a los ríos o a animales feroces
¿Cómo se garantizará entonces el proceso de verdad y qué debe hacerse para garantizarla?
La ausencia del cuerpo caracteriza la mayoría de los casos de desaparición y el testimonio se convierte a menudo en el único elemento de prueba. Por eso la fiscalía debe escuchar a los familiares y personas cercanas a las víctimas, lo mismo que el relato de los autores del crimen, para lograr juzgar y sancionar a los responsables. Otro paso igualmente importante es el reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada por parte de la sociedad y el Estado.
Me parece que la sociedad colombiana en su conjunto no está consciente de la dimensión que tiene la desaparición forzada en el país ni del sufrimiento que una desaparición significa para las familias. Por eso es importantísimo que se visibilice la problemática para que se genere más solidaridad con los afectados. En este contexto, el gobierno colombiano también tiene un rol importante en reconocer públicamente la valiosa labor de las organizaciones de familiares y de los defensores de derechos humanos que luchan para los desaparecidos. Después de la extradición de los principales jefes paramilitares.
¿Qué tan grave es la situación para las víctimas?
Si bien la extradición es un mecanismo legítimo de los Estados para perseguir a los responsables de delito del narcotráfico, hay que buscar los mecanismos de cooperación para que los crímenes de lesa humanidad y de guerra de los jefes paramilitares, que son hechos realmente espeluznantes, no queden impunes.
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Colombia. El martes 18, la secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, le anunciaron a la comunidad internacional que ya no habría marcha atrás en la firma del acuerdo de cooperación que permitirá a militares y contratistas del Pentágono usar por lo menos siete bases colombianas para perseguir desde allí a narcotraficantes y a terroristas.
Colombia. Los cinco casos corresponden a personas de la región desaparecidas y que luego fueron halladas muertas en supuestos combates con el Ejército en Norte de Santander.
Bogotá, Colombia. "Los hechos que rodearon este episodio criminal (el asesinato de Galán), así como todos esos homicidios que se cometieron por la época, son indicativos de que había un plan sistemático para matar a quienes se opusieran a narcotraficantes y eso se convierte en delito de lesa humanidad", dijo ayer el fiscal general (e.) Guillermo Mendoza Diago, quien no descartó que se ordenen nuevas capturas por el magnicidio de Luis Carlos Galán.
Colombia. "Los casos de Soacha son apenas la punta del iceberg", dijo Philip Alston, relator especial de la ONU para las Ejecuciones Arbitrarias, cuando presentó el informe preliminar sobre la situación en Colombia en junio pasado. No le faltaba razón. La Comisión Nacional de Búsqueda, de la que hacen parte la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, ha recibido una avalancha de denuncias sobre nuevos casos de ejecuciones fuera de combate.
[Hernando Salazar] Bogotá, Colombia. La fiscalía de Colombia detuvo este martes a Miguel Maza Márquez, un emblemático ex general de la policía, acusado de ser el coautor del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 y el cual permanece en la impunidad.
Bogotá, Colombia. El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, se entregó este martes a la Justicia colombiana, horas después de que le fuera dictada orden de capturapor estar implicado en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido hace 20 años.
Bogotá, Colombia. "¡Somos una familia que fue violada y desplazada por militares gringos que operan en Colombia!". Olga Lucía Castillo resume así –con rabia y desconsuelo– el penoso drama que ha vivido. Su calvario comenzó el 25 de agosto de 2007 cuando una de sus dos hijas, que entonces tenía 12 años, apareció ultrajada y enmudecida por un shock nervioso. Poco a poco la menor reveló que había sido retenida y violada por dos militares estadounidenses adscritos a la base de Tolemaida, al sur de Cundinamarca.