guerra por la droga en el caquetá
Los bloques paramilitares de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y de Carlos y Vicente Castaño, se enfrentaron por el negocio de la droga en el Caquetá.
Colombia. Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2006 por tráfico de drogas, pasó de ser narcotraficante a paramilitar en 1998 cuando, según varios informes, entregó 5 millones de dólares a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes buscaban financiación para expandir las Accu en todo el país.
A cambio del dinero recibido, los Castaño le cedieron a ‘Macaco’ el mando de parte de los hombres de las Auc en diferentes regiones del país y le dieron licencia para que entrara a zonas a las que ellos no habían llegado.
Fue así como nació el Bloque Central Bolívar (Bcb) que se extendió por varias regiones de Colombia: Putumayo, Caquetá, Nariño, Valle, Sur de Bolívar, Eje Cafetero, Magdalena Medio y Santander entre otros.
Paralelamente y como parte del plan expansivo de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, Accu, en 1997, Carlos Castaño envió a un grupo de autodefensas encabezado por Antonio Londoño Jaramillo, alias ‘Rafa Putumayo’, y Lino Arias Paternina, alias ‘José María’, con el supuesto fin de "abrir nuevas zonas de operación" en el Caquetá. Lo que realmente buscaba era hacerse con el negocio de la droga en poder de las Farc.
El control de este departamento era determinante para el narcotráfico, ya que permite el acceso al corredor de Balsillas, que comunica el Caquetá con Huila, atravesando los municipios de Neiva y San Vicente del Caguán; y el corredor del Caguán, que pasa por los municipios de San Vicente y Cartagena del Chairá y conecta a Caquetá con los departamentos de Guaviare y Meta.
El Frente Caquetá de las Accu bajo el mando de Carlos Castaño, delinquió entre 1997 y 2001 en los municipios de Florencia, Solita, Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, Valparaíso, Curillo, Morelia, Paujil, Montañita y El Doncello, donde cobró un "impuesto" al gramaje de pasta de coca que osciló entre treinta y cincuenta mil pesos por kilo según contaron en versión varios exparamilitares de dicho frente.
Para el 2001, y como parte del trato realizado entre las Accu y ‘Macaco’, Carlos Castaño ordenó al entonces jefe del Frente Caquetá, ‘José María’, que recibiera a los hombres de ‘Macaco’ y coordinara la unión de las Accu y el Bcb en ese departamento.
Según la Fiscalía, en esa transición se presentó un conflicto entre los bandos paramilitares por el manejo del narcotráfico, lo que produjo la salida del Caquetá de la mayor parte de los hombres de Castaño.
Desde marzo del 2001 los hombres de ‘Macaco’ empezaron a ingresar a Caquetá. En junio de ese año ya se habían asentado en el sur de este departamento, zona en la que delinquieron hasta su desmovilización en febrero del 2006, con Carlos Fernando Mateus Morales, alias ‘Paquita’, como jefe financiero, Everardo Bolaños, alias ‘Jhon’, como jefe militar y José Germán Senna, alias ‘Nico’, como jefe político.
Con los propósitos de financiarse y de debilitar a las Farc, ‘Paquita’ implementó el registro de una matrícula para que los narcotraficantes pudieran comprar y transportar pasta de coca en el sur de Caquetá. Esta matricula, que era una especie de RUT para ‘narcos’, era vendida por diez millones de pesos en 2001.
Sin la compra de la matrícula, ninguna persona podía tener acceso a la pasta de coca. ’Paquita’ también estableció que ninguno de sus socios podría comprarle droga a las Farc, y que por cada kilo de coca el frente cobraría entre 200 mil y 250 mil pesos.
Según lo relatado por ‘Nico’ en versión libre, el cobro por gramaje de 250 mil pesos se aplicó sólo a los cargamentos de ‘Macaco’ y sus socios más cercanos. A los cargamentos de otros narcotraficantes se les cobró 400 mil pesos por kilo.
A cambio de este pago los paramilitares brindaron protección a los narcotraficantes y sus cargamentos.
Aunque los paramilitares tuvieron otras fuentes de ingreso como la extorsión o el secuestro, el control sobre la droga en el departamento les permitió mantener un promedio de 600 hombres armados, aproximadamente 500 millones de pesos mensuales.
El Frente Sur Andaquíes ejerció el control de manera inconstante sobre los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de la Fragua, Solita, Valparaíso, y por un periodo muy corto de tiempo en San Vicente del Caguán.
Según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre el 2001 y el 2006, los municipios de producción cocalera en el Caquetá fueron: Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de la Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso.
Así mismo, según los estudios de esta oficina, en el periodo entre 1999 y el 2000 el Caquetá presentó las cifras más altas de cantidad de hectáreas cultivadas con droga, hecho que se relaciono de manera directa con la concentración guerrillera generada por la Zona de Distensión.
La Zona de Distensión fue un territorio constituido por el Gobierno de Andrés Pastrana que tenía una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en el Caquetá, y que tuvo como propósito servir de terreno para el dialogo entre las Farc y el gobierno.
Según ‘Nico’ la competencia por el control al narcotráfico entre las autodefensas y las Farc terminó en una ola de violencia que se reflejó en un alto número de asesinatos en el departamento.
Con el fin de evitar la persecución por parte de la fuerza pública, la guerrilla y los paramilitares, dijo ‘Nico’, acordaron no atacar o robar los cargamentos de droga del otro bando, ni tomar más retaliaciones relacionadas con el narcotráfico.
Después de esta guerra, según un informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos sobre el Caquetá, en 2003 los asesinatos en este departamento disminuyeron un 47 por ciento, pasando de 618 en 2002 a 325.
22 de julio de 2011
21 de julio de 2011
©verdad abierta
Colombia. Once exparamilitares fueron los encargados de entrenar y financiar al Bloque Calima que delinquió en el Valle del Cauca, Cauca, Huila y Antioquia entre 1999 y 2004.
Colombia. Alias ‘Valenciano’ empezó rápidamente a trabajar para uno de los fundadores de la Oficina de Envigado, Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, como asesino cuando apenas era un adolescente. Tuvo que arreglárselas para permanecer vivo cuando estuvo en la cima de la Oficina mientras los aliados de Murillo iban muriendo o eran encarcelados. Luego de la extradición de Murillo en 2008 y al hecho de que se rindiera su sucesor Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio,’ Bonilla expandió agresivamente el territorio de la Oficina por los departamentos de la Guajira, Atlántico y Bolívar, llenando los vacíos de poder que quedaron luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Colombia. Úber Banquez alias ’Juancho Dique’ exjefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María, aseguró que en un principio el exsenador Cáceres lo amenazó con su extradición y con la captura de su esposa, en caso de que hablara sobre los nexos del político con ese grupo armado.
Colombia. En la estrategia de expansión de las Auc a finales de la década de 1990, los hermanos Carlos y Vicente Castaño llevaron paramilitares al sur del país por medio de jefes paramilitares señalados de tener vínculos con el narcotráfico y comprar ‘franquicias’ de bloques a la Casa Castaño.
Colombia. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, tras una audiencia de cerca de seis horas, dictó la primera sentencia contra ocho exmiltares del batallón Rafael Reyes (situado en el municipio de Cimitarra, Santander) por el caso de los denominados ‘falsos positivos’ que comprenden víctimas de Soacha, municipio al sur de Bogotá.
Colombia. El pasado 24 de junio, el ‘superjuez’ español Baltasar Garzón fue nombrado asesor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) que adelanta la Organización de Estados Americanos (OEA), en una decisión que causó algún revuelo. En su primer día de trabajo, Garzón visitó a los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí y se reunió con organizaciones de víctimas del conflicto armado.
Washington, Estados Unidos / Colombia. La masacre de siete personas en el sur de Colombia, presuntamente cometida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), evidencia las despiadadas tácticas que emplean los grupos armados de ese país, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno colombiano debe asegurar que se inicien investigaciones inmediatas y exhaustivas de estos hechos, que tuvieron lugar el 2 de julio de 2011, así como de los recientes asesinatos de miembros de comunidades indígenas en el norte de Colombia, presuntamente cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, manifestó Human Rights Watch.