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obstáculos para los movimientos sociales


Héctor Mondragón, analista de la guerra civil colombiana y los movimientos sociales.
[Verónica Gago] Colombia. La actualidad de Colombia se conoce a partir de sus actores más clásicos: FARC, ejército y gobierno. Sin embargo, hay una realidad de los movimientos sociales más difusa que queda opacada. ¿Qué fuerza tienen esos movimientos? ¿Qué es lo que plantean y en qué medida rompen esa situación de guerra que parece dominar Colombia?
El problema es que el movimiento social en Colombia es invisibilizado, tanto hacia los propios colombianos como también, en mayor medida, hacia afuera del país. Se oculta la existencia de un movimiento social que con mucho esfuerzo ha logrado movilizarse por sus objetivos en medio de una situación de violencia, que obviamente ha perjudicado su desarrollo y que les ha costado la vida a muchísimos de sus líderes, que han sido asesinados o desaparecidos u obligados al exilio. Sin embargo, son movimientos que siguen conservando una dinámica y vale la pena destacar cómo, a pesar de la violencia existente, la gente consigue hacer una resistencia civil masiva en medio de tanta dificultad. En este momento hay mucha actividad en las comunidades de base para defender su territorialidad, su medio ambiente, su vida cotidiana, su buen vivir, frente a los megaproyectos de inversión, sobre todo mineros, que desconocen las prioridades de vida de las comunidades, incluso de regiones enteras. Por otra parte, el movimiento indígena logró preservar numerosas organizaciones. Sin embargo, entre 2002 y 2008 se llegó a un record de asesinatos de indígenas, y aún siguen siendo asesinados. Estas muertes tienen que ver con que la organización indígena era el movimiento con mayor cohesión y capacidad de movilizarse por sus derechos, reconocidos en la Constitución desde el año 1991. Sin embargo, como anteriormente sucedió con el movimiento sindical que tuvo dos mil ochocientos dirigentes asesinados, en la última década esa dosis de violencia se aplicó al movimiento indígena.

¿Los asesinatos son estatales o paraestatales?
Son estatales, paraestatales y también de la guerrilla. Existe un conflicto de territorialidad entre las guerrillas y los pueblos indígenas, porque los indígenas han luchado por su autonomía, y la autonomía es precisamente decidir sus propias autoridades, el tipo de gobierno en su territorio, etcétera. Muchos indígenas han dado su vida porque la guerrilla pretende imponer su mando sobre los territorios indígenas. Y esto viene de varios años y hace que un porcentaje de víctimas hayan sido asesinatos cometidos por la guerrilla. Por supuesto, los paramilitares y el Estado mismo también han asesinado. La última movilización que hubo en 2008, muy masiva e importante, fue reprimida a bala, pero al finalizar los indígenas habían logrado concertar un debate público, en territorio indígena, entre el presidente y la principal dirigente indígena de ese momento, quien luego de regresar de la reunión encontró a su esposo asesinado. Fue asesinado por un grupo de soldados uniformados en misión oficial, que supuestamente iban a atacar un grupo de guerrilleros. La existencia del conflicto armado en Colombia es un lastre para los movimientos sociales porque otorga un pretexto para la acusación, señalamiento y represión de sus miembros.

¿Qué es el movimiento de movimientos llamado "La Minga de Resistencia Social y Comunitaria"?
"Minga" es una palabra quechua que significa "el trabajo colectivo de la comunidad". En este caso, La Minga fue una movilización hecha con el esfuerzo colectivo que partió de la base indígena y que movilizó varios sectores que, a su vez, se iban interesando por los problemas de la gente en los barrios populares. Empezó con fuerza en 2004. Ese contacto fuerte, ese relacionamiento que tuvo el movimiento indígena con la sociedad en general y con otros movimientos en particular es lo que se quiso frenar con la fuerte represión y los asesinatos. Sin embargo, se logró derrotar una serie de leyes que llegaban a legalizar los despojos de tierra que de hecho la violencia estaba llevando a cabo. Eran leyes que lesionaban en forma clara los derechos conquistados en la propia constitución de 1991. Finalmente, la Corte las declaró inconstitucionales. Hay que mencionar que el movimiento sindical sigue conservando alguna fuerza, especialmente el sector de los maestros y de los trabajadores petroleros. En 2008, en simultáneo con la gran movilización de La Minga, tuvimos la gran huelga de los obreros azucareros, que fue otro movimiento social violentamente reprimido, pero que han sido recientemente protagonistas de grandes movilizaciones. También existen otra serie de movimientos sociales importantes por los derechos humanos y por la paz.

En su último libro habla del Plan Colombia como caballo de Troya para Sudamérica. ¿A qué se refiere?
Toda esta situación que se dio en Colombia ha funcionado para producir una militarización del continente. Es evidente que tanto la cuestión del narcotráfico como la lucha contra la guerrilla en Colombia han servido como mecanismo para imponer una presencia militar, en concreto de EE.UU. en Colombia, que obviamente tiene que ver con una situación continental y con la situación particular de Colombia con relación al continente. Me refiero a la situación geográfica que permite una vecindad con los países que tienen petróleo y con la importancia de la Amazonía.

Algo que ocurre en Colombia y que no se conoce tanto es la situación de los llamados "falsos positivos". ¿Podría explicar de qué se trata?
Eso es increíble para mucha gente y para nosotros también. En la medida en que se ofrecieron recompensas en dinero por dar de baja a un guerrillero, ciertos integrantes de la fuerza pública decidieron ganar dinero consiguiendo muertos de otras fuentes, por ejemplo indigentes o personas con retraso mental. Las personas de la calle con problemas de droga fueron las primeras que se usaron en ese sentido. Pero luego la cosa se abultó y empezaron a engañar a la gente, diciéndoles que les conseguían trabajo en una finca y luego eran asesinados para cobrar las recompensas, haciéndolos pasar por guerrilleros. Y luego hubo casos extremos en los que llegaron a llevar vecinos o "amigos" invitados a algún trabajo y en realidad eran engañados para este fin. Se dice que por lo menos fueron mil quinientas personas, pero posiblemente sean muchas más, las que llegaron a ser asesinadas por esta vía.

Centra su investigación en lo que llama la dinámica imperial, sobre todo a partir del análisis de las crisis y las guerras. ¿Cómo se articulan estas cuestiones?
La estrategia del imperio tiene que ver con la configuración del capital transnacional. Desde mi juventud traté de seguir este tema, leer la configuración de los grupos, la aparición y desaparición de empresas. Luego aprendí a investigar cuáles eran los miembros de las juntas directivas, y es una investigación que he ido actualizando durante aproximadamente treinta años. En ese seguimiento uno puede ver el incremento de la fuerza de estos grupos financieros, cómo van entrando en la industria farmacéutica, de la alimentación, de la agricultura, etcétera. La otra cuestión que he seguido es el tema de los ciclos económicos, con sus ascensos y crisis cíclicas, y su relación con las guerras. En su momento fue la guerra en Yugoslavia, luego la guerra de Irak y ahora nuevamente en Libia, y esto tiene que ver directamente con el desarrollo de los ciclos económicos donde la guerra aparece como salida a la crisis de dichos ciclos.

En esa línea, piensa la guerra un como momento en el que se intensifica la acumulación capitalista...
Sí, pero es interesante ver las diversas formas en que se da esa acumulación. Por un lado, está la acumulación por desposesión, que es una de las cosas que consigue la guerra de modo evidente: tú ves que llegan, se llevan el petróleo y ya. Otra es la acumulación por destrucción de capitales, que se da en el momento mismo de crisis: cuando una empresa quiebra, las máquinas siguen existiendo ahí, pero ya no como capital, son ahora máquinas desarmadas que ya nadie usa, ya no son capital desde el momento que dejan de producir utilidad y pierden su valor económico. Los empresarios que logran sobrevivir a la crisis se benefician de esa gran destrucción, y se convierten en monopolios o se apoderan del mercado de los que quebraron. O incluso compran baratísimas las máquinas que fueron abandonadas, se apoderan de lo que queda por destrucción de capital. Hay también acumulación por captura de mercados, tanto por la competencia como porque a partir de la guerra se pueden abrir mercados para vender ciertos productos. Finalmente, hay acumulación por explotación de la mano de obra, de los trabajadores desplazados por el conflicto bélico, que se convierten en migrantes ilegales superbaratos que pasan a ser parte del ejército de reserva de mano de obra del capital mundial.

Todo este proceso se dio varias veces sólo en la última década...
Si vemos la guerra de Irak, tenemos todas las formas de acumulación, porque primero destruyeron el capital de Irak, luego se apropiaron de su mercado, tomaron el petróleo y además movieron el mercado de productos de guerra. Fue un negocio completo que sirvió para salir de la crisis de 2001-2002. Luego de la guerra, en 2003, llegó otro nuevo auge de la acumulación capitalista hasta 2008, cuando otra vez EE.UU. entró en crisis, y comienza financiar a los bancos, devalúa el dólar, comienza la guerra de las monedas, pero entonces Europa entra en la crisis, Grecia, Irlanda, Portugal, España. Hasta Inglaterra tiene una deuda enorme. Entonces, ¿cuál es la salida? Otra vez lo mismo: la guerra.

Existe un debate en América latina vinculado con diagnosticar si se salió o no del neoliberalismo a partir de las masivas protestas de los últimos años y el modo en que los gobiernos regionales interpretaron el cambio de escenario. ¿Cuál es su posición?
Primero cabe decir que no todos los países de América latina entraron igual al neoliberalismo ni en la misma profundidad, ya que eso dependió siempre de la capacidad de resistencia de los pueblos y también de cómo el capital tenía organizadas sus propias estructuras. Vemos por ejemplo que Chile llegó a privatizar el agua, los ríos, las lagunas, cosa que en la mayoría de los países no pasó. En Bolivia no pudieron privatizar nunca el agua, ni siquiera en los momentos de mayor neoliberalismo, precisamente porque el pueblo se levantó y dijo no. En otros países ni siquiera se atrevieron a proponer eso. Pero en Chile, por otro lado, el Estado nunca perdió su participación en la explotación de minas de cobre. Entonces todo esto tiene características muy diferentes en cada país de América latina. Por lo tanto no podemos pensar que todo se volvió neoliberal un día y que todo dejó de ser neoliberal otro día, porque también la forma en que los pueblos han enfrentado al neoliberalismo en cada país ha sido diferente.

¿Cuáles serían las principales variaciones entre países?
Hay países que han logrado mayores cambios. En Venezuela, por ejemplo, están nacionalizadas las fábricas de cemento: eso no existe en otro país de América latina. La forma en que han sido renacionalizadas las comunicaciones en Bolivia no es igual que en otros países. Hay países, como en el caso de Colombia, donde ya casi no hay negociaciones colectivas de los sindicatos, y ése es un objetivo importantísimo del neoliberalismo, tanto o más importante que las privatizaciones o la libertad de importaciones. En cambio hay países donde la negociación colectiva sigue siendo muy importante, o volvió a ser importante y eso significa una derrota del neoliberalismo, aunque por otro lado sigan privatizadas algunas empresas y se sigan ejerciendo políticas neoliberales. En general, los países del Mercosur no han entrado en los tratados de libre comercio con EE.UU. y con la UE, y eso también implica una distancia del proyecto liberal que era sencillamente imponer mercado "libre" con estos países. Entonces yo no diría que el neoliberalismo ha sido derrotado en América latina; es más, hay países donde el neoliberalismo sigue completo o casi completo, o que incluso está incrementándose, entrando en la educación pública y en diversos aspectos como la salud. Además hay políticas nefastas que son anteriores.

¿Por ejemplo?
Toda la concepción extractivista de la economía no nació con el neoliberalismo, sino que viene desde la colonia. La colonización de América fue ante todo extractivista: ¿a qué venían los españoles y los portugueses si no a llevarse el oro y a realizar sus grandes proyectos de plantaciones? Eso es lo que siempre han hecho, las minas de plata en Bolivia y México, las minas de oro en Colombia y luego la explotación del caucho en la Amazonía. Todos los tipos de extractivismo que nos podamos imaginar ya existieron y vienen desde la economía colonial. Lo real es que América latina entera aún no se ha desprendido de la economía colonial. Y cuando las elites piensan que la única forma de mantener la economía del país es encontrar algún recurso natural para sacarlo y venderlo, pues siguen pensando en términos de la economía colonial mundial, que es ver dónde está el recurso natural, extraerlo y venderlo. Esa herencia colonial extractivista es anterior al neoliberalismo y aún los países que superan al neoliberalismo en mayor grado, siguen presos de esa herencia colonial.
11 de julio de 2011
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ejecuciones extrajudiciales en toluviejo


El caso de los llamados falsos positivos de Soacha es solo uno de los muchos que hay en el país. El de los once jóvenes desaparecidos en Sucre recuerda a otras familias que también llevan años esperando a que se haga justicia.
Colombia. Los casos de jóvenes que desaparecieron y después fueron reportados como muertos en combate en los últimos años en el país son muchos (más de 2.000). Así como también son muchos los papás y las mamás que siguen esperando a que se haga justicia. El país ha conocido muy bien el caso de Soacha.
Dicisiete mujeres se han encargado de mostrarle al mundo que sus hijos fueron víctimas de uno de los peores capítulos que ha vivido Colombia y han liderado las más duras batallas para hacer que el crimen que se cometió contra sus hijos no quede en la impunidad.
Pero ellas, aunque tal vez sean las más conocidas, no son las únicas que esperan que la justicia obre y que los responsables de la desaparición y la muerte de sus hijos paguen. El caso de los 11 muchachos de Toluviejo (Sucre) pone sobre la mesa cómo, a pesar de que han pasado casi cuatro años, son pocos los avances que se han visto en materia de investigación. Por eso los familiares de las víctimas piden celeridad.
A través de una carta, conocida por Semana.com, dirigida al juez penal del Circuito Especializado de Sincelejo (Sucre), los papás y las mamás de los jóvenes manifiestan su indignación porque después de dos años, cuando las diligencias de juicio terminaron, no ha salido ninguna sentencia.
"No hemos visto cumplido nuestro derecho de justicia, el cual implica, no solo una investigación imparcial, sino el que haya juicio y castigo a los responsables. No entendemos la demora para proferir estas decisiones, después de cuatro años del dolor que hemos sufrido por la pérdida de nuestros seres queridos en manos de la fuerza pública, lo que nos queda es exigir verdad, memoria y justicia sobre los crímenes cometidos en contra de nuestros familiares. No renunciaremos a este derecho, por ello solicitamos se profieran ya las decisiones que están pendientes", señalan en la misiva.
Jessica Hoyos, abogada de las víctimas, hace un recuento de la situación. "En este caso, en el que son 11 las víctimas, entre ellas varias menores de edad, se han llevado a cabo tres juicios. El primero fue contra Róbinson Barbosa Almaza, uno de los reclutadores de los jóvenes. Sobre él, aunque está detenido, no se ha definido su situación jurídica. Él se acogió a sentencia anticipada, pero por el delito de concierto para delinquir. No fue reconocido el de desaparición forzada ni ejecución extrajudicial. Su juicio terminó en el 2009. Y hasta la fecha no ha salido sentencia", cuenta la abogada.
El segundo juicio fue el de otro reclutador. Andrés Gregorio Pacheco. La última audiencia pública fue en noviembre del 2008. Hasta ahora tampoco ha habido sentencia. El tercero -cuenta Hoyos- fue contra Luís Miguel Sierra, Iván Contreras (militares) y Andrés Corrales (reclutador). Ese juicio culminó en el primero semestre del 2010. Tampoco hay sentencia.
"Las únicas sentencias que se han conocido son a las que se han acogido por sentencia anticipada por concierto para delinquir, pero no por los otros delitos", cuenta la abogada, para quien esta situación -como para las familias- es bastante desalentadora.
Pero eso no es lo único. Hace cerca de un mes sucedió algo que tiene a la defensa de las víctimas y a sus familiares inquietos. Desde que el proceso empezó, el caso lo tenía la unidad de derechos humanos de la Fiscalía de Medellín, pero, sin saber por qué, decidieron trasladarlo al despacho seis de derechos humanos en Bogotá. La incertidumbre con el caso surge porque "ese mismo despacho es el que llevaba el caso (que ya prescribió) del periodista Julio Chaparro y del fotógrafo Jorge Torres, ambos de El Espectador, asesinados en Segovia, Antioquia, y el de la periodista Jineth Bedoya, quien recientemente pidió cambio de despacho, por el poco avance que se ha dado en su caso".
"El Fiscal de Medellín, que llevaba el caso, estaba haciendo muy buen trabajo. A las familias el cambio les dejó, sin duda, un sinsabor, sobre todo porque el caso de Toluviejo es muy grande y hay muchas personas involucradas", asegura la abogada.
La triste historia de las ejecuciones extrajudiciales en Toluviejo, Sucre
En junio del 2008, SEMANA publicó este triste caso. En ese entonces apenas había pasado un año desde el momento en que ocurrieron los hechos. Ahora, cuatro años después, las familias recuerdan con dolor cómo sus hijos desaparecieron y después fueron presentados como muertos en combate.
La historia empezó cuando del municipio de Toluviejo salieron a trabajar a mediados de junio de 2007, los 11 jóvenes, algunos menores de edad, y seis meses después sus familiares se enteraron a través del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Sincelejo, en Sucre, y Chinú, en Córdoba, que algunos de ellos habían muerto en combates con tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, unidad militar  conformada en 2003 por hombres del Ejército y de la Infantería de Marina.
"Solo en enero supe de él cuando una hermana me dijo que lo habían encontrado muerto", dijo, en el 2008, la compañera sentimental de Juan Patrón Viloria, quien fue muerto al día siguiente de haberse ido en busca de un trabajo con el cual pudiera mantener a sus tres hijos.
Algunos familiares de las víctimas creían que los jóvenes habían sido reclutados para hacer parte de las nuevas bandas emergentes. Pero otros estaban convencidos de que habían sido asesinados por miembros de la fuerza pública para mostrar resultados en la lucha contra la delincuencia. No se equivocaban.
Según los boletines de prensa de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre que se conocieron en esa época, los jóvenes murieron en enfrentamientos con sus tropas en zonas rurales de los municipios de Galeras, Sincé y San Benito.
"Para mí eso es un montaje porque él no era ni guerrillero, ni de las Águilas Negras, ni delincuente", dijo la compañera de Viloria, una mujer oriunda de La Guajira. "La gente dice que eso se presentó un positivo para el gobierno de entonces y ellos se lo dan a costa de los hijos del pueblo, eso está pasando en todo el país. Se lo llevaron para una finca dizque para pagarle 600.000 pesos y lo mataron", manifestó al conocer la noticia.
Hoy, cuando el tema de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, como algunos insisten en llamarlo, no es nuevo y todos saben de qué se trata, los familiares de las víctimas de Soacha, de Toluviejo y del resto de lugares del país de donde fueron sacados miles de jóvenes con falsas promesas y después terminaron muertos, esperan a que la justicia actúe. No quieren que los crímenes de sus hijos queden en la impunidad.
10 de julio de 2011
9 de julio de 2011
©semana

ordenan captura de martín llanos


Orden de captura a ’Martín Llanos’ por desaparición. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH cobijó con medida de aseguramiento a Héctor Germán Buitrago Parada, alias ‘Martín Llanos’, por la desaparición del campesino Víctor Julio Mejía Chaparro el 21 de mayo de 2001  en Aguazul, Casanare.
Colombia. La Fiscalía pidió la captura del exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, Héctor Buitrago más conocido con el alias de ‘Martín Llanos’ por la desaparición del campesino Víctor Julio Mejía en Aguazul, Casanare. ’Llanos’ quien no hizo parte del proceso de desmovilización y es prófugo de la justicia tiene otras órdenes de captura por concierto para delinquir y desapariciones en las zonas donde su grupo delinquió, entre otras.
Recientemente, el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá condenó a Buitrago Parada a 40 años de prisión, también por las desapariciones forzadas de Luis Bernal López y Ariel Rosas Moreno perpetradas en la citada población en 2002 y 2003, respectivamente.
8 de julio de 2011
5 de julio de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

paramilitares y la brigada 17


La Fiscalía contó cómo fueron las relaciones entre la Brigada 17 del Ejército y los paramilitares en el Urabá. El general (r) Rito Alejo del Río fue clave, dijeron los exjefes paramilitares.
Colombia. "El general Rito Alejo era mi amigo. Lo admiraba mucho. Era un hombre que odiaba a la guerrilla. Nos reunimos varias veces con él para coordinar las operaciones", dijo Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, exjefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero en una versión libre en la que relató la manera en la que el militar ayudó en la conformación de grupos paramilitares en Urabá.
Este testimonio fue una de las pruebas que presentó la Fiscalía ante los magistrados de Justicia y Paz, durante el control de legalidad contra Hebert Veloza alias ‘H.H.’, exjefe paramilitar del Bloque Bananero, en la que documentó los nexos entre los paramilitares del Urabá y los militares.
Según explicó la Fiscalía, las masacres, asesinatos y desplazamientos que cometieron los paramilitares entre 1996 y 2004 en el Urabá cordobés, antioqueño y chocoano fueron en complicidad principalmente con la Brigada 17 del Ejército, así como con la miembros de la Policía y agentes de los organismos de seguridad especializados Das, Sijin y Dijin.
"Los paramilitares coordinaron cuatro formas de apoyo con los militares: despejar áreas, retardar el ingreso de las fuerzas armadas a determinadas zonas, despejar vías para el movimiento de la tropa y acompañar las operaciones. De las 22 masacres que ha confesado el Bloque Bananero, podemos decir que en 50% de ellas estuvieron relacionadas con la participación de militares", dijo la Fiscalía en los Tribunales de Cundinamarca.
En una versión libre realizada el 29 de octubre de 2007, alias ‘H.H’ dijo que cuando llegó al Urabá en 1995 los contactos con la fuerza pública eran realizados por Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’, un exlancero del Ejército que se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, y después pasó a comandar el Bloque Metro en Medellín y en el oriente y nordeste de Antioquia.
Después de que los paramilitares incursionaron el Urabá y se organizaron por grupos para delinquir en la región, los contactos fueron realizados por Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’ y por Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’. Los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá, del Eje Bananero en el Urabá antioqueño, eran de injerencia del Bloque Bananero a cargo de alias ‘H.H.’ como jefe del Frente Turbo, y de alias ‘Pedro Bonito’ como jefe del Frente Arlex Hurtado. Alias ‘El Alemán’ tenía presencia en Vigía del Fuerte y Murindó, en el Urabá chocoano, con el Bloque Élmer Cárdenas.
En una versión libre conjunta realizada el 3 de junio de 2010, alias ‘Pedro Bonito’ y ‘El Alemán’ contaron cómo realizaban las coordinaciones con la fuerza pública. "Con ‘Doble Cero’ comenzamos a hacer operaciones conjuntas en el Atrato. Hasbún y su segundo, Carlos Vásquez alias ‘Cepillo’, coordinaban todo con el Ejército y la Policía del área", dijo alias ‘El Alemán’.
Alias ‘Pedro Bonito’ ratificó lo contado por el jefe del Bloque Élmer Cárdenas. "En esos contactos también participó Carlos Cardona alias ‘Maicol’. Y no solo era con lo generales sino con todo el personal de inteligencia de las brigadas. Tenía contacto permanente con ellos. Hubo oportunidades en que cuando nombraban nuevos generales y coroneles para la zona no era necesario ir a contactarlos, ellos ya venían referenciados", contó  alias ‘Pedro Bonito’.

"Mi General Rito"
La confianza con que el exjefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado se refiere al general (r) Rito Alejo del Río se explica en que alias ‘Pedro Bonito’ lo consideraba su amigo. "Varias coordinaciones se hicieron con mi general. Algunas de esas reuniones se hicieron dentro de la brigada, donde estaba la casa de general", contó el exjefe paramilitar. Del Río fue comandante de la Brigada 17, con sede en Carepa, entre 1995 y 1997. En la actualidad afronta un juicio por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997 en Chocó.
Alias ‘El Alemán’ recordó la reunión realizada con el general. "Estuvimos en la casa del general para que nos diera vía libre para tomarnos Río Sucio el 20 de diciembre de 1996. Él nos dio el aval y les dio órdenes a los coroneles de inteligencia de los batallones. Luego nos fuimos con Hasbún a Quibdó para cuadrar con la Policía. El 9 de enero de 1997 la guerrilla se quiso tomar Río Sucio y el puesto de policía. Luego, coordinamos con Rito Alejo la Operación Génesis para llevar guías y sacar a la guerrilla del sector", dijo el exjefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas.
Según contó en versión libre alias ‘El Alemán’, la Operación Génesis fue un operativo ideado por el Ejército para combatir al Frente 57 de las Farc en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, en Chocó. Para la incursión, dijo el exjeparamilitar, el Ejército contó con el apoyo de 12 paramilitares y después de intensos bombardeos contra supuestas ubicaciones de la guerrilla, afectó a por lo menos 4.000 personas de una población afrodescendiente que salió desplazada de la zona. La Operación fue realizada el 24 al 27 de febrero de 1997.
Casi al mismo tiempo, los paramilitares fraguaron una incursión que luego llamaron Operación Cacarica y que en versión libre fue contada por Jhon Jairo Rentería Zúñiga alias ‘Betún’. "Esa operación se realizó en el Chocó  y fue cuando murió Élmer Cárdenas (nombre que asumió el bloque de alias ‘El Alemán’). Se coordinó con el general Rito Alejo del Río, y participaron de 200 a 250 hombres de la Casa Castaño y del Bloque Bananero. Eso fue el 16 de diciembre de 1997 y la idea era llegar a la zona donde estaba la guerrilla. Ese día interrogaron a un niño de 12 años, luego mataron a cinco hombres señalados de ser guerrilleros y se llevaron 400 reses", dijo alias ‘Betún’.
En versiones libres, alias ‘Pedro Bonito’ recordó otras incursiones en las que contaron con apoyo de la fuerza pública. "En abril de 1996 hicimos una incursión a un caserío o corregimiento llamado Nuevo Oriente. Ingresamos a las tres o cuatro de mañana y estuvimos hasta horas de la tarde. Eso se coordinó  con tropas del Ejército de los Batallones Voltígeros y Francisco de Paula Vélez, adscritos a la Brigada 17", dijo el exjefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado.
Otros de los ‘operativos’ documentados fueron la incursión a Murindó, en Chocó, el 22 de mayo de 1998. Ese día los paramilitares reunieron a 120 hombres de la Casa Castaño y del Bloque Bananero para realizar un combate de 14 días en los que alias ‘Pedro Bonito’ intervino desde un helicóptero para impedir la dispersión de la tropa.
A partir de 2001, los paramilitares del Urabá también realizaron incursiones conjuntas con Héroes de Tolová, el grupo paramilitar de Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’. En versión libre, Moisés Enrique Hernández alias ‘Pito’ dijo que en abril de 2001 por lo menos 150 paramilitares incursionaron San José de Apartadó. "Fue con patrulleros de Héroes de Tolová, el Bloque Bananero y la Casa Castaño", dijo alias ‘Pito’.
Según lo documentó la Fiscalía, Adrián José Cano alias ‘Melaza’, entonces patrullero del Bloque Bananero, fue guía de los militares. "Alias ‘Melaza’ fue prestado por el Bloque para ser guía del Ejército. Fue quien llevó a patrullero de un batallón a incursionar Nueva Antioquia, donde supuestamente había un campamento guerrillero", dijo la Fiscalía.
Otro de los guías de la Brigada 17 fue Elkin Casarrubia Posada alias ‘El Cura’, un exguerrillero del Eln que se unió a las Accu de los hermanos Castaño. "El Batallón Vélez necesitaba 10 paramilitares que los guiara a una incursión en la vía sobre la vereda La Arenera y el corregimiento de Currulao (en Turbo, Antioquia). Llegamos a las cuatro de la tarde y los combates duraron hasta la medianoche. Como nos habían atacado, contamos con apoyo aéreo, un avión fantasma que ‘rafagueó’ toda la cordillera donde estaba la guerrilla", contó ‘El Cura’ en versión libre.

Los ‘Falsos Positivos’
Según la Fiscalía, la cercanía entre paramilitares y militares era tal que compartían las redes de comunicación, las repetidoras y la tropa. En su alianza, también asesinaron a campesinos inocentes, los disfrazaron con prendas militares y se los entregaron a la Brigada 17 para que el Ejército mostrara resultados en su supuesta lucha contra las autodefensas. Este delito es tipificado en la Ley como ejecución extrajudicial, más conocido popularmente como ‘falsos positivos’.
Fue el caso de dos jóvenes que fueron abordados por alias ‘Máquina’, un reclutador del Bloque Bananero. El paramilitar les ofreció trabajo en San Pedro de Urabá y los campesinos accedieron. En el camino, les dijeron que hacían parte de las autodefensas y los hicieron vestir con prendas militares y portar fusil. Luego, los asesinaron y dejaron sus cuerpos en El Limón, corregimiento de Turbo, donde fueron entregados al Batallón Vélez.
"Este fue un caso de ‘positivo’ para un coronel que quería mostrar que combatía a las autodefensas", dijo alias ‘H.H.’ en una versión libre.
Sobre las coordinaciones y reuniones con el general (r) Rito Alejo del Río, alias ‘Pedro Bonito’ aseguró en otra audiencia que lo hacía de forma pública. "Yo no me escondía para ese tipo de relaciones. Yo fui orgulloso de pertenecer a la organización. Era una necesidad por la falta de operación del Estado. Éramos bien vistos, yo me consideraba un héroe y por eso no me escondía para entrar al Batallón", respondió el exjefe paramilitar.
La audiencia de control de legalidad contra alias ‘H.H.’ continuará hasta mediados de julio de 2011 en los Tribunales de Cundinamarca.
7 de julio de 2011
6 de julio de 2011
©verdad abierta

orden de captura contra caballero yepes


Orden de captura a cómplice de ‘Jorge 40’ por despojo de tierras en Magdalena. La Fiscalía ordenó la captura de Zeider Alfonso Caballero Yepes, cómplice de ’Jorge 40’ en el despojo de tierra en Magdalena.
Colombia. Con detención preventiva sin beneficio de excarcelación por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, un fiscal antiterrorismo pidió la captura de Zeider Alfonso Caballero Yepes, ex integrante del Bloque Norte de las Auc, encargado de presionar a campesinos en Magdalena para que cedieran sus tierras a personas allegadas al entonces cabecilla paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Según la investigación de la Fiscalía, entre 2002 y 2003 Caballero Yepes supuestamente presionó y amenazó a propietarios de la zona de Chibolo, Magdalena, para que firmaran contratos de compra y venta de sus tierras a nombre de testaferros y trabajadores del hoy extraditado ‘Jorge 40’.
A este proceso también están vinculados cinco funcionarios del hoy desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en el departamento del Magdalena, presuntamente por haber manipulado documentos de adjudicación, quitando  tierras a los campesinos de las veredas El Encanto y Bejucoprieto, y dándoselas  a los testaferros y trabajadores del mencionado ex cabecilla de las autodefensas.
Actualmente Caballero Yepes está privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
7 de julio de 2011
6 de julio de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

aguilar salpicado por paramilitares


Esta es la historia de Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, un coronel retirado de la Policía que hizo su nombre tras la muerte de Pablo Escobar y que hoy está detenido por sus presuntos nexos con los paramilitares del Bloque Central Bolívar.
Colombia. El nombre de Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo genera dos reacciones en Santander. Unos lo recuerdan como el héroe, el policía que el 2 de diciembre de 1993 le dio el tiro de gracia al narcotraficante Pablo Escobar.
Y también como el exgobernador que impulsó el turismo en la región con la creación Parque Nacional del Chicamocha, Panachi. Otros, lo recuerdan como el político que ha sido señalado de haber realizado pactos con paramilitares para resultar elegido gobernador de su departamento en las elecciones de 2003, y que presuntamente le abrió las puertas de la Gobernación a los desmovilizados y como el político que al parecer realizó contratos irregulares con la licorera y el chance del departamento.
Pese a esos señalamientos, su captura el sábado 2 de julio de 2011 fue una sorpresa para otros de no ser porque los noticieros del fin de semana lo mostraron iracundo, gritando mientras agentes del CTI lo conducían hacia el aeropuerto de Palonegro, en Bucaramanga, con rumbo a Bogotá. Aguilar Naranjo, como militar, había sido un estratega para lidiar su rompimiento con Convergencia Ciudadana, el movimiento que lo llevó a la Gobernación de Santander 2003-2007, así como con la sanción que le interpuso la Procuraduría General el 31 de enero de 2011, que lo destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos por sus presuntos nexos con los paramilitares de Santander y Puerto Boyacá.
Y su estrategia hasta el momento había resultado. Para las elecciones al Congreso de 2010, al igual que otros exintegrantes de Convergencia, Aguilar quiso heredarles su poder político a un hijo y a un amigo. Mientras Luis Alberto Gil, su antiguo colega y hoy preso por ‘parapolítica’, postuló a su esposa Doris Vega al Senado y a Didier Tavera, exsecretario de Gobierno de Hugo Aguilar, a la Cámara, solo Tavera logró la curul.
Aguilar, por el contrario, logró hacerse a las dos curules. Su hijo Nerthink Mauricio Aguilar, sin haber sido siquiera edil, llegó al Senado con 49.382 votos, la cuarta votación más alta del PIN (Partido de Integración Nacional) junto a su fórmula Hólger Díaz, quien fue secretario de Desarrollo y Gobernador (e) de Santander durante la administración de Aguilar.
Para las elecciones regionales de 2011, Hugo Aguilar esperaba repetir como Gobernador de Santander. En enero le dijo a Caracol Radio que se iba a postular no por el PIN sino que se reuniría con expresidente Álvaro Uribe para que avalara su candidatura por el Partido de la ‘U’. Tras la sanción de la Procuraduría, sus planes cambiaron y le propuso a otro de sus ocho hijos, esta vez Richard Aguilar de 29 años y también sin carrera política, que se presentara a la contienda. A pesar de la captura de su padre el sábado, el joven aseguró que no retirará su campaña y que por el contrario, inscribirá su candidatura este martes 5 de julio de 2005 ante la Delegación Departamental de la Registraduría.
En declaraciones a los medios de comunicación, Richard Aguilar ha dicho que su campaña no tiene la sombra de su padre. Sin embargo, la recolección de firmas para inscribir su candidatura se titula ‘Santander en serio’, como se llamó el plan de gobierno de su papá, y sus fotos publicitarias son muy similares a las utilizadas por el expolicía durante la campaña de 2003.

El Ascenso y la Caída de un Militar
Quien viaje a Suaita y pregunte por Hugo Heliodoro Aguilar recibirá como respuesta que "es un héroe". Allí nació el 4 de enero de 1952 y la página oficial del municipio lo resalta como "ilustre personaje" por las obras que realizó en este pueblo de la Provincia Comunera cuando fue gobernador.
Aguilar estudió administración de empresas y se especializó en gerencia pública. Su vida militar empezó en 1976 cuando se graduó como subteniente de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Logró el grado de mayor y su carrera comenzó en ascenso cuando fue nombrado jefe del Bloque de Búsqueda, un grupo especializado de las fuerzas militares que buscaba capturar o matar al narcotraficante Pablo Escobar, jefe del Cartel del Medellín, quien a finales de los ochenta y principios de los noventa había declarado la guerra al Estado, poniendo carrobombas y asesinando a policías y en general todo el que se le interpusiera en su camino.
Hugo Aguilar apareció en diferentes fotos de varios medios de comunicación haciendo el signo de victoria con las manos y en otras al lado del cadáver del capo paisa, atribuyéndose haberle dado el tiro de gracia sobre un techo de un casa en el barrio Laureles en Medellín.
Esa imagen lo catapultó en diciembre de 1993 para lograr más adelante el ascenso a teniente coronel. En 1994 viajó a la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos, donde estudió el Comando Estado Mayor y Problemas Latinoamericanos. Fuentes en Santander le dijeron a VerdadAbierta.com que para esa época y tras la  muerte del capo, Aguilar comenzó a amasar una fortuna producto de la recompensa que recibió como jefe del Bloque de Búsqueda, algo que él ha negado en repetidas oportunidades.
Después de retirarse de la Policía, Aguilar regresó a Santander y empezó a incursionar en lo gremios y en la autoridad ambiental. Fue presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en las provincias de Guanentá y Comuneros, y luego hizo parte de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional Santander, CAS.
En 2001 fue elegido diputado por Santander, donde conoció a Luis Alberto Gil Castillo, un maestro del Sindicato de Educadores que había militado en el movimiento político M-19, tras su reinserción a la vida civil, y lo apoyó en la creación del movimiento Convergencia Ciudadana.
Ambos se propusieron derrotar al tradicional liberalismo de Santander y para ello, acordaron apostarle a las elecciones de Congreso de 2002 y a las regionales de 2003. Convergencia derrotó a los liberales en ambas elecciones.
Tras esa experiencia política, Gil renunció a la Asamblea y llegó al Senado en 2002 junto a los representantes José Manuel Herrera Cely y Jaime Durán Barrera. Para aspirar a la Gobernación Aguilar también renunció a la Asamblea y en 2003 derrotó con 301.288 votos a su contrincante, el liberal Luis Francisco Bohórquez, que obtuvo 274.135 votos.
Para entonces, la popularidad de Convergencia iba en aumento. En 2006, Gil repitió curul en el Senado y consigo llevó a Alfonso Riaño, José Manuel Herrera Cely y Édgar Alfonso Gómez Román a la Cámara. En 2007, querían repetir la fórmula para ganar la Gobernación, pero esta vez  Didier Tavera, ex secretario de Gobierno y candidato de Hugo Aguilar, fue derrotado por el exministro Horacio Serpa.
A partir de 2007, la fama de Aguilar y de Convergencia empezó a venirse al piso. Al exgobernador empezaron a salirle denuncias sobre presuntos malos manejos administrativos relacionados con la adjudicación irregular de contratos en la industria Licorera de Santander y del chance; la construcción de una ostentosa mansión en un lugar exclusivo de la ciudad y de una hacienda similar a su proyecto insignia, el Parque Nacional Chicamocha (Panachi) a la que llaman ‘Panachito’, a lo que ha respondido que éstas han sido retaliaciones de sus enemigos políticos que buscan desprestigiarlo.
También lo señalaron de presuntos pagos de nóminas paralelas entre amigos y familiares de políticos que apoyaron su campaña. Todas, denuncias que no prosperaron.
En medio de esas denuncias, él y varios de sus amigos políticos terminaron enredados en el escándalo de la ‘parapolítica’. Tres congresistas de Santander, Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y José Manuel Herrera Cely, fueron capturados y recluídos en La Picota mientras la Corte Suprema los investiga por presuntos nexos con los paramilitares.
Debido a estas investigaciones, a finales de 2009 Convergencia decidió cambiar de nombre y logo, y para ello se fusionó con otros partidos cuestionados como Colombia Democrática, Colombia Viva, Alianza Democrática Nacional y Apertura Liberal, también salpicados por el escándalo de la parapolítica, y lo decidieron llamar Partido de Integración Nacional, PIN.
Aunque Hugo Aguilar promocionó la candidatura de Nerthink Mauricio Aguilar al Senado por el PIN, fuentes políticas de Santander le dijeron VerdadAbierta.com que el exgobernador se distanció y rompió su amistad con el exsenador Gil. La expectativa del juicio que se adelanta a Gil en la Corte y sobre qué diría el exgobernador en el mismo como testigo terminaron por romper la alianza política.
Pese a que Aguilar logró que se eligiera a su hijo al Senado, la sanción de la Procuraduría por vínculos con paramilitares y ahora con su captura por la investigación que adelanta la Corte Suprema por el mismo caso han precipitado su caida. Ya no podrá acompañar a su hijo Richard Aguilar a realizar correrías por las provincias y menos a hacer reuniones políticas en hoteles exclusivos de Bucaramanga, como la del pasado sábado, cuando la Fiscalía lo capturó tras considerar que tiene suficientes pruebas de sus presuntos vínculos con los paramilitares.
VerdadAbierta.com presenta algunos capítulos en los que el exgobernador ha sido salpicado por sus presuntos nexos con paramilitares.

El Capítulo Alias ‘Jhon’
En una versión libre rendida el 1 de marzo de 2010, José Antonio Hernández Villamizar alias ‘Jhon’ aseguró que Hugo Aguilar, entonces mayor de la Policía, participó de una alianza entre el Estado, los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) y los organismos de inteligencia de Estados Unidos para matar al narcotraficante Pablo Escobar. Contrario a como lo ha registrado la historia, dijo alias ‘Jhon’, al capo no lo mató el Bloque de Búsqueda sino Carlos Castaño.
"Le dio de baja a Pablo Escobar y se lo entregaron muerto sobre el techo de una casa al coronel Aguilar (Hugo Heliodoro), que era el comandante de la Policía de Medellín… Yo le escuché decir de su propia boca a Carlos Castaño, que él lo había matado y se lo entregaron al coronel Aguilar para darle el positivo al Bloque de Búsqueda. El positivo era un convenio que ellos tenían, entre la fuerza pública y los Pepes. El coronel Aguilar apareció en varias reuniones donde habían unas unidades de la Dea. Se planteaba  la posibilidad de ganarle la guerra a Pablo Escobar porque era un enemigo común", dijo alias ‘Jhon’.
El exparamilitar dijo en la misma versión libre que los Castaño intentaron matar a Hugo Aguilar porque presuntamente se llevó parte de la recompensa. "Después de la muerte de Pablo, hicieron una fiesta que duró como tres días. Eso fue en Medellín, en la finca Sopetrán de los Castaño… Después de esto tuvieron diferencias por unas recompensas. Al parecer, la plata no llegó a los destinatarios. El coronel Aguilar se quedó con la plata, era mucha plata, y se planteó la posibilidad de eliminarlo. Yo escuché a Fidel diciendo que el coronel Aguilar se había quedado con una recompensa y que tocaba eliminarlo", contó alias ‘Jhon’ en versión libre.

El Capítulo de la Procuraduría
La sanción emitida por la Procuraduría General contra el coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ejercer cargos públicos se basa, según el Ministerio Público, en que existen pruebas de que se alió con los paramilitares de Santander y Puerto Boyacá para ser elegido Gobernador de Santander para el período 2004-2007.
Según la Procuraduría, Aguilar Naranjo contó con el apoyo del Bloque Central Bolívar (BCB), a cargo de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque Escobar alias ‘Ernesto Báez’, así como de las Autodefensas de Puerto Boyacá, de Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’, para obtener los 301.288 votos que lo llevaron a la Gobernación.
La Procuraduría consideró que Aguilar Naranjo hizo un pacto con ‘Ernesto Báez’, ex jefe político del BCB, y que se vio reflejado en el nombramiento de Bonel Patiño Noreña como Secretario de Educación Departamental.
Al ganar las elecciones, en consideración del Ministerio Público, Aguilar le prometió a ‘Báez’ un puesto en su gabinete. Uno de los testimonios que pesan en contra del ex Gobernador fue precisamente el de Patiño Noreña: "A mí Iván Roberto, alias ’Ernesto Báez’, me dijo: "A nosotros nos van a dar una Secretaría, yo voy a pedir la de Educación para que usted vaya allá", le dijo el Secretario de Educación a la Fiscalía.
La decisión de la Procuraduría se conoce ocho meses después de abrirle pliego de cargos al ex Gobernador. En mayo de 2010, el Ministerio Público señaló que Aguilar Naranjo y otros dos políticos santandereanos promovieron a los paramilitares y por eso habían accedido a cargos públicos. En la investigación, los señalaron también de haber tenido vínculos con Jairo Ignacio Orozco González alias ‘Jairo Tarazá’, jefe político del BCB en Santander, con Álvaro Sepúlveda Quintero alias ‘César’, segundo de alias ‘Botalón’, así como con Ramón Isaza alias ‘El Viejo’, jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm).
Desde 2004, Aguilar además había sido llamado a indagatoria por la Corte por los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y cohecho impropio, después de que varios paramilitares lo salpicaran. Según Juan Fernando Morales Ballesteros y Orlando Murillo Morales, ex paramilitares del BCB, el ex Gobernador asistió a varias reuniones con los jefes paramilitares de ese bloque, entre ellos, alias ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’. Por esta misma razón, en la actualidad el ex senador Luis Alberto Gil Quintero y el ex representante Alfonso Riaño son investigados por ‘parapolítica’ por la Corte Suprema.
"El sancionado (Hugo Aguilar) intervino (sic) desde su posición como primer mandatario del departamento de Santander en el desarrollo del proyecto paramilitar, toda vez que al ser impulsada su candidatura por el comandante Iván Roberto Duque, entre otros, dejó incondicionalmente su investidura a disposición de las autodefensas", señaló la Procuraduría.

El Capítulo de Alias ‘Diego Rivera’
Las declaraciones de David Hernández López alias ‘Diego Rivera’, exjefe paramilitar del Bloque Central Bolívar, llevaron a la cárcel a Ramón Ballesteros, el abogado de Luis Alberto Gil Castillo. El exparamilitar presentó pruebas ante la Corte en las que Ballesteros supuestamente lo intentó sobornar para que declarara a favor del exsenador santandereano.
Durante la misma audiencia, realizada el 15 de febrero de 2011, alias ‘Diego Rivera’ le dijo a la Corte que los paramilitares del Bloque Central Bolívar se aliaron con políticos de Santander para lograr una objetivo trazado desde 2002 por ‘Ernesto Báez’. "La orden era elegir alcaldes, concejales, gobernadores y congresistas, pensando en la formulación de la Ley 975 (Justicia y Paz) para que los paramilitares se beneficiaran". El testigo agregó que entre los planes del Bloque estuvo elegir a Hugo Aguilar Naranjo como el Presidente de Colombia  para las elecciones de 2010.
El exparamilitar contó que a principios de 2006 alias ‘Julián Bolívar’ lo envió a Bucaramanga, Santander, con dos misiones: la primera, presentarles a los políticos de la región la experiencia de Villa Esperanza, un modelo de proyectos productivos aprobados por el Gobierno para la resocialización de los desmovilizados, que funcionaba en una finca de Copacabana, Antioquia. La segunda, era crear y lanzar Semillas de Paz en Santander, un proyecto productivo similar que ya funcionaba en Cali.
‘Diego Rivera’ dijo que entre enero y junio de 2006 viajó por lo menos cinco veces a Bucaramanga con esa misión y que se hospedó en los hoteles Dann Carlton y Chicamocha. En uno de esos viajes, con una carta firmada por ‘Julián Bolívar’ y con intermediación de alias ‘Alfonso’, dijo que se reunió con Didier Tavera, entonces Secretario de Gobierno Departamental y actual representante por el PIN, para que los ayudara con obras para Semillas de Paz. También le hizo ‘lobby’ a Freddy Anaya, entonces subdirector de la corporación ambiental Cdmb y actual aspirante a la Alcaldía.
El desmovilizado contó que entre sus recorridos, asistió a una reunión en el Hotel Chicamocha, antes de las elecciones de marzo de 2006, y le presentó el proyecto de Semillas de Paz-Santander a Gil, Riaño, Óscar Josué Reyes y Óscar Suárez Mira. Contó que allí también estuvieron alias ‘Tarazá’, exjefe político del Bcb para Santander, y alias ‘Alfonso’, "que me dijo que iba a entregarles a los políticos mil millones de pesos para las elecciones". ‘Diego Rivera’ le dijo a la Corte que no le constaba la entrega de ese dinero, pero que a su regreso a Copacabana alias ‘Macaco’, exjefe militar del Bcb, le pidió que imprimiera los resultados electorales publicados por la Registraduría y que después le comentó: "Menos mal esa platica no se perdió", refiriéndose a las curules ganadas por Convergencia.
Según alias ‘Diego Rivera’ la entrada de los paramilitares a la Gobernación de Santander era puertas abiertas.

El Capítulo del Coronel Prieto
Aunque en el juicio contra Luis Alberto Gil, el coronel Julio César Prieto aseguró "que es un testigo de oídas" porque no le consta que el exsenador haya tenido vínculos con los paramilitares, sí tiene documentado los choques que tuvo con el exgobernador Hugo Aguilar por combatir el paramilitarismo, cuando fue comandante del Batallón Luciano Del’Huyer.
El coronel Prieto contó que cuando asumió el mando de ese batallón el 8 de diciembre de 2003 en "la zona no se movía una hoja sin permiso de los paramilitares". Su misión fue combatirlos y en esta tarea, dijo, la clase política de la región intentó removerlo de su cargo.
El oficial, hoy comandante de la Sexta Brigada del Ejército, contó que dirigió el batallón entre el 8 de diciembre de 2003 y el 8 de diciembre de 2005. Apenas asumió el mando, dijo, los paramilitares le ofrecieron 40 millones de pesos al mes y cinco muertos con fusil (para presentarlos como mal llamados "falsos positivos"), a cambio de que no los persiguiera. Al rehusarse, "los paramilitares empezaron a asesinar a las personas que tildaban cercanas a mí y de colaborarme con información", contó.
"Mi batallón tenía influencia en El Hato, Zapatoca, Betulia, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Santa Helena del Opón y una zona del bajo y medio Simacota. En estos municipios delinquían tres frentes paramilitares: El frente Isidro Carreño, de alias ‘Nicolás’; el frente Ramón Danilo, de Alfredo Santamaría Benavides alias ‘El Gordo’, ambos de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, y el Wálter Sánchez, de ‘Julián Bolívar’ del Bcb", contó el militar.
Después de incautarles armas, destruirles al menos 10  laboratorios coca y capturar a varios de sus cabecillas, el coronel Prieto contó que en octubre de 2004 la clase política lo citó a un consejo de seguridad en presencia del entonces presidente Álvaro Uribe. "La comunidad presentó disque 70 denuncias en contra mía, acusándome de que yo maltrataba a la población civil señalándola de paramilitar. En realidad buscaban mi traslado. En esa reunión estuvieron Hugo Aguilar, Luis Alberto Gil, Luis José Arenas, Miguel de Jesús Arenas, Carlos Higuera Escalante y Óscar Josué Reyes. Yo interpreto que mis acciones operativas les resultan incómodas", dijo el testigo.
Aunque el coronel Prieto logró mantenerse en el cargo un año más, dijo, asegura que la clase política de la región le insistió al presidente Uribe y al mando militar de la época que lo relevaran.
Después de que la Corte empezó a llamar testigos en los juicios contra los excongresistas de Santander, Gil y Riaño por los procesos por ‘parapolítica’, la situación empeoró para el coronel Prieto.
"Como en la región conocían mi trabajo, y sabían que yo había combatido a los paramilitares, la Corte me llamó a declarar. Eso fue en noviembre de 2007. A los días, Hugo Aguilar y su exjefe de seguridad me llamaron. Luego, Aguilar salió diciendo que todo eso era un montaje mío, entonces lo demandé por injuria y calumnia", dijo el testigo.
Con todos estos testimonios, ahora el coronel (r) Hugo Aguilar afronta un proceso por ‘parapolítica’. Mientras se le juzga, permanecerá recluido en el patio R3 de La Picota, donde están recluidos sus antiguos colegas del movimiento Convergencia Ciudadana.
6 de julio de 2011
5 de julio de 2011
©verdad abierta

libertad por vencimiento de términos


En un debate sobre el proceso de Justicia y Paz en la Comisión de Paz del Congreso, algunos parlamentarios alertaron que algunos desmovilizados quedarían en libertad sino se reforma la ley.
Colombia. Algunos integrantes de la Comisión de Paz del Congreso consideran que la Ley de Justicia y Paz debe ser reformada con urgencia para evitar la excarcelación de victimarios, promover nuevas desmovilizaciones y que entren más bienes al fondo de reparación para las víctimas.
La Ley de Justicia y Paz ha cumplido cinco años de aplicación. A ella se han acogido cerca de 4.300 desmovilizados de grupos ilegales (en su mayoría de las Autodefensas y algunos de las FARC) que se pueden beneficiar de una pena alternativa (entre cinco y ocho años de prisión) a cambio de confesar la verdad y reparar a sus víctimas.
Este mecanismo de justicia transicional fue evaluado por la Comisión de Paz del Congreso de la República, que, sin profundizar en defectos y virtudes, consideró que la Ley de Justicia y Paz se debe "reformar de forma urgente" para convertirse en un marco legal para posibles procesos de paz.
La principal preocupación consiste en que cerca de 1.500 desmovilizados de las Autodefensas, que se acogieron a esta ley, podrían salir de la cárcel por vencimiento de términos, sin recibir condena, sin que hayan contado toda la verdad sobre sus crímenes y, peor aún, sin reparar a sus víctimas, precisamente los propósitos iniciales de Justicia y Paz.
Así lo consideró el presidente de esta comisión, senador Roy Barreras (La U), al explicar que de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, "sólo hay un poco más de 400 que ya se les imputaron cargos y sólo hay cuatro condenados".
Además explicó que las versiones libres pueden tardar tres años más y, para ese entonces, ya se habrán vencido todos los términos de la ley, que precisamente establecen penas alternativas de entre cinco y ocho años de prisión. "Sin reforma a la Ley de Justicia y Paz, saldrán a la calle todos los victimarios".
El representante Iván Cepeda (Polo Democrático), otro de los integrantes de la Comisión de Paz, coincidió en esa misma inquietud. Para el congresista, la ley tiene "fallas estructurales" y su sistema carece de "recursos judiciales" para poder garantizar "que quienes se han sometido a ella puedan aportar, de forma ágil, los elementos de verdad y reparación".
"El tiempo transcurre y los procedimientos judiciales son supremamente lentos, hay un represamiento de muchas versiones. La extradición de los principales jefes paramilitares significó un golpe mortal a todos los procesos de justicia y verdad que se venían dando", explicó Cepeda.

No Vence la Acción Penal, Dice Gobierno
Otra posición tiene el actual presidente del Congreso, senador Armando Benedetti (La U), quien consideró que esta circunstancia no necesita reformar la Ley de Justicia y Paz, aunque admitió que habrá que estudiar los alcances del vencimiento de términos.
"Los procesos van de acuerdo con los procedimientos del Código Penal, en algunos casos, y toca ajustarse a eso", dijo Benedetti.
El Gobierno controvirtió ese escenario al señalar que si los postulados a la Ley de Justicia y Paz no cumplen los propósitos de verdad y reparación, no pueden ser excarcelados porque se exponen a las penas de la justicia ordinaria, que para crímenes de lesa humanidad ascienden a 40 años de prisión.
Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, explicó que "la acción penal en este caso no vence con el término de la pena alternativa, que es entre 5 y 8 años, sino, por el contrario, vence con el término de prescripción de la pena por los delitos a que fue condenado (contemplados en el Código Penal vigente) y que establecen una pena bastante superior".
 
Nuevas Desmovilizaciones
Más allá de esta controversia, el senador Roy Barreras explicó dos inconvenientes más de Justicia y Paz, uno de ellos es que no permite más desmovilizaciones de miembros de grupos armados ilegales. "Si queremos que se den nuevas desmovilizaciones masivas, también hay que reformar esta ley para que pueda recibir nuevos postulados".
Otra inquietud del congresista recae sobre los bienes incautados a los victimarios, pues la legislación no establece mecanismos para que esos bienes se conviertan en dinero para el fondo de reparación a las víctimas.
La Comisión de Paz del Congreso presentará esta reforma al Gobierno, en la mesa de Unidad nacional, para que se tramite en la próxima legislatura.
Una discusión que podría ser más dilatada, si se considera la posibilidad de ampliar los beneficios de Justicia y Paz, por ejemplo, a miembros de bandas criminales, o hasta militares involucrados en procesos judiciales de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
6 de julio de 2011
©verdad abierta

sesenta años por falsos positivos


La sentencia alcanza a un teniente y a siete soldados de un batallón del Ejército Nacional implicados en hechos registrados el 14 de marzo de 2006 en la zona rural de Yarumal, (Antioquia).
Colombia. Según la Fiscalía, la sentencia se produjo a una pena individual de 60 años de prisión a ocho militares procesados por el asesinato de cuatro campesinos que presentaron como guerrilleros dados de baja en combate, informaron este miércoles las autoridades judiciales de Bogotá.
La sentencia alcanza a un teniente y a siete soldados de un batallón del Ejército Nacional implicados en hechos registrados el 14 de marzo de 2006 en la zona rural de Yarumal, (Antioquia).
La Fiscalía General precisó en un comunicado que las víctimas eran cuatro campesinos que los militares presentaron "como guerrilleros abatidos por tropas del Batallón Atanasio Girardot durante combates".
Sin embargo, el ente acusador resaltó que, con los testimonios y pruebas que los investigadores recogieron en lugar, "la Fiscalía demostró más allá de toda duda razonable que las víctimas fueron sacadas por la fuerza de sus casas, que no hubo combates, y que eran campesinos que fueron baleados (disparados) por la espalda".
El oficial y los soldados fueron procesados por homicidio agravado, agregó la fuente, que indicó que los ocho serán confinados en prisiones que sean designadas por la autoridad carcelaria.
6 de julio de 2011
©semana