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sigue imputación de cargos contra acmm


La Fiscalía llevará ante un Tribunal de Justicia y Paz la documentación de 776 asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos, extorsiones, cometidos por las autodefensas de Ramón Isaza en el Magdalena Medio.
Colombia. Ante un juez de Justicia y Paz, la Fiscalía 2 continuará con la jornada de imputación de cargos contra los exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, a cargo de Ramón Isaza alias ‘El Viejo’.
Según la Fiscalía, la audiencia se realizará a partir de la tercera semana de junio de 2011, en la que la Fiscalía le imputará a las Acmm 776 crímenes relacionados con asesinatos, desapariciones, desplazamientos, secuestros, extorsiones, reclutamientos y torturas, ocurridos entre 1996 y 2004 en Antioquia, Caldas, Tolima y Cundinamarca.
Las autodefensas de alias ‘El Viejo’ nacieron en la década de 1970 y tras separarse de las Autodefensas de Puerto Boyacá a mediados de 1994, crearon un grupo integrado así: Omar de Jesús Isaza Gómez alias ‘Teniente’, hijo de ‘El Viejo’, como comandante en La Dorada (Caldas); Pedro Ángel Quintero alias ‘Pedrucho’ en Guaduas y Cambao (Cundinamarca), y Jorge Enrique Echeverry alias ‘Vaso’ en San Miguel; alias ‘Canario’ en Puerto Triunfo y Estación Cocorná; José Gabriel González alias ‘Campeón’ en Las Mercedes; alias ‘Julián’ en Puerto Nare, y Ovidio Isaza alias ‘Roque’ en La Danta. Todos estos últimos en Antioquia.
Las Acmm se desmovilizaron el 7 de febrero de 2006 en Puerto Triunfo, Antioquia, con 990 paramilitares. Durante la audiencia de imputación, asistirán 43 de ellos, de los cuales 15 lo harán vía transmisión satelital desde la cárcel del Espinal, en Tolima. Alias ‘El Viejo’ lo hará desde La Picota, debido a sus problemas de salud.
14 de junio de 2011
13 de junio de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

parmenio será juzgado por asesinato


Ordenan detención a alias ’Parmenio’ por asesinato de sindicalista en San Rafael. Un fiscal ordenó la medida de aseguramiento consistente en detención al exparamilitar Parmenio de Jesús Usme alias ’Parmenio’, por el asesinato de un sindicalista en San Rafael, Antioquia.
Colombia. Por su presunta responsabilidad en el asesinato de un dirigente sindical en el municipio de San Rafael (Antioquia) un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, al ex paramilitar del Bloque ‘Héroes de Granada’ de las autodefensas, Parmenio de Jesús Usme García, alias ‘Parmenio’.
De acuerdo con la investigación, el 29 de marzo de 2000 dos paramilitares asesinaron a Atanasio Fernández Quiñónez, operario de retroexcavadora del municipio y miembro del sindicato de trabajadores de Antioquia. Tal hecho ocurrió en una estación de gasolina de esa población.
Alias ‘Parmenio’ preso en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Itagüí fue asegurado por el delito de homicidio en persona protegida.
14 de junio de 2011
13 de junio de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

a quién conviene condenar a noguera


Según el exdirector del DAS al gobierno le conviene su condena, porque así se terminarían los escándalos por nexos de paramilitares con políticos y organismos de seguridad del Estado.
Colombia. En la etapa final del juicio en su contra, el ex director del DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes dijo que el gobierno tenía un interés especial en su condena, ya que de esta forma se acabarían los escándalos del Uribismo por parapolítica.
"El gobierno piensa que es bueno que a mí me condenen para que se acabe la persecución en su contra. El gobierno esta interesado en que se queme este fusil", aseguró Noguera.
El ex funcionario se defendió de las acusaciones hechas por el Coronel Henry Rubio Conde, quien aseguró que Noguera, lo sacó del DAS, entorpeciendo una operación que se desarrollaba en contra de los paramilitares, denominada ‘Waterloo’.
"Me acusa de paramilitar este señor de quien ha hablado Mancuso en varias oportunidades. Además a este señor lo premian ascendiéndolo a coronel. Dijo Noguera refiriéndose al Coronel Henry Rubio Conde, actual comandante de la policía del Atlántico.
Sobre la operación ‘Waterloo’, desarrollada para capturar a personas vinculadas con un cargamento de armas que Carlos Castaño ingresó por el Urabá, Noguera explicó que nunca existieron instrucciones, ni gestiones para entorpecer ninguna investigación al interior del DAS.  
 "Si yo hubiera tenido influencia o interés o si para mí esa operación hubiera sido indeseable no la hubiera publicitado ni la hubiera destacado", aseguró Noguera.

La Operación Waterloo
Durante el año 2003, el DAS desarrolló una investigación a raíz de una declaración de Carlos Castaño sobre el ingreso de un cargamento de armas proveniente de México que entró por el Urabá Antioqueño, al parecer con complicidad de miembros de algunas instituciones públicas.
La investigación en un principio estuvo a cargo del entonces Mayor Henry Rubio Conde, quién fue retirado por Noguera. La defensa de Noguera utilizó el testimonio de uno de los principales investigadores de la Operación, Orlando Tapias, quien aseguró que no hubo ningún tipo de  instrucción para frustrar la operación, como lo había asegurado Conde Rubio.

La Infiltración Paramilitar en el DAS
Varios hechos ventilados en el juicio del ex director del organismo de seguridad son prueba, según la Fiscalía, de la penetración de los paramilitares en el DAS y la complicidad de Noguera con ellos.
Uno de esos casos fue el del investigador del DAS, Sigifredo Puentes, trasladado por Noguera desde Magdalena hacia Arauca mientras adelantaba una operación contra testaferros del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo en lo que se conoció como la ‘Operación Ciclón’. Lo que hizo Noguera fue suspender la investigación con el traslado del investigador.
Puentes, un curtido detective del DAS, dijo que Noguera había filtrado información a Giraldo sobre su operación y que además fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
"La decisión no se enmarcó en los criterios que guían la función administrativa… no estuvo sustentado en ninguna necesidad específica del DAS… todo obedeció a una decisión sustentada en el capricho y la arbitrariedad… a la incomodidad y molestia que le ocasionó en ese momento al director del DAS saber que se adelantaban actividades contra grupos al margen de la ley… no sólo se obstaculizó la actividad judicial sino que a raiz de esa determinación el detective fue trasladado sin justificación…" puntualizó el fiscal.
Según Rafael García Noguera había puesto al DAS al servicio de ’40’ y Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las Auc a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial.
Además que Noguera dio a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ’Jorge 40’, ambos extraditados a Estados Unidos.
La argumentación de la Fiscalía continuará mañana para abordar los otros dos cargos que pesan contra Noguera por falsedad en documento público y mala utilización de asuntos de reserva.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS con complicidad con el mismo Rafael García, pues se le acusa de que juntos borraron antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
Noguera fue director del DAS desde agosto de 2002 hasta octubre de 2005.
Tras salir en medio del escándalo de la infiltración de los paras al DAS, fue nombrado como cónsul en Milán. Luego, ante el alud de testimonios revelados por la prensa su nombramiento se hizo insostenible y tuvo que regresar al país a ponerle la cara a la justicia quien ordenó su detención. Ahora, con la petición de condena por parte de la Fiscalía, la Corte Suprema determinará en unos días si es culpable o no.
14 de junio de 2011
13 de junio de 2011
©verdad abierta

ley de víctimas, paso histórico


La Ley de Víctimas ofrece una oportunidad histórica. Se requieren medidas contundentes para proteger a los beneficiarios.
Colombia / Washington, Estados Unidos. La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras colombiana ofrece una oportunidad histórica para restablecer millones de hectáreas de tierras a colombianos que han sido expulsados de sus hogares por la violencia, señaló hoy Human Rights Watch. La implementación exitosa de la ley dependerá de la capacidad del gobierno de proteger a las comunidades desplazadas de los poderosos grupos armados que se oponen a la restitución de estas tierras.
La finalidad de la ley, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011,  es restituir tierras robadas y abandonadas a colombianos que han sido desplazados internamente, así como otorgar reparación -incluida una indemnización- a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
"Colombia hoy ha dado un paso fundamental para afrontar el legado de violencia y abuso que ha afectado a millones de ciudadanos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Americas de Human Rights Watch. "Al aprobar esta ley histórica, el Presidente Santos y el Congreso colombiano han avanzado en el reconocimiento del derecho de las personas desplazadas y de otras víctimas a obtener una reparación por los abusos que han sufrido".
En las dos últimas décadas, más de 3,7 millones de colombianos han sido desplazados forzosamente por paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado, y se estima que han dejado atrás 6.6 millones de hectáreas de tierras. Las comunidades desplazadas que buscan la restitución de sus tierras han sido objeto de actos reiterados de violencia, amenazas e intimidación. Cerca de 50 líderes que participaron en estas iniciativas han sido asesinados desde 2005. Ana Fabricia Córdoba, una destacada líder comunitaria de Medellín que trabajó a favor de la restitución de las tierras, fue asesinada el 7 de junio por un hombre armado no identificado. Córdoba había denunciado múltiples amenazas de muerte antes de su asesinato.
Se cree que muchos de estos ataques han sido cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, que surgieron del proceso fallido de desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos, que el gobierno denomina "bandas criminales emergentes", representan actualmente la principal amenaza para los derechos humanos en Colombia. A ellos se debe el incremento del 34 por ciento en la cantidad de masacres perpetradas durante 2010 y son un factor clave detrás de los altos niveles de desplazamientos forzados que persisten.
"La violencia persistente en contra de comunidades desplazadas hará que la implementación efectiva de la ley sea un desafío importante", afirmó Vivanco. "Es crucial que el gobierno adopte medidas rotundas para proteger a los beneficiarios de la ley frente a los brutales grupos armados que se oponen a la restitución de las tierras".
En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". De este modo, la comunidad internacional confirmó la obligación de los Estados de proporcionar a las víctimas recursos eficaces, lo cual incluye una reparación, y que los Estados deben mostrar pleno respeto por otros principios y derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos al cumplir sus obligaciones.
Una potencial falla de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la falta de claridad sobre si se aplicará a las personas desplazadas por los grupos sucesores de los paramilitares, cuyas víctimas también tienen el derecho a obtener reparaciones, expresó Human Rights Watch.
11 de junio de 2011
10 de junio de 2011
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multinacionales vuelven a matar


Sicarios asesinan a un ambientalista en Pereira. El ambientalista y filósofo Jorge Eliécer de los Ríos lideraba una campaña de denuncia de la minería a cielo abierto por parte de multinacionales, dijo a Efe un sindicalista.
Colombia. El ambientalista y filósofo Jorge Eliécer de los Ríos fue asesinado por unos sicarios a las afueras de un colegio público de Dosquebradas, en Pereira (Risaralda), denunciaron fuentes sindicales.
Dos sicarios que se transportaban en una motocicleta tirotearon a De los Ríos, quien lideraba una campaña de denuncia de la minería a cielo abierto por parte de multinacionales, dijo a Efe el sindicalista Diego María Osorio, de una organización regional de profesores a la que pertenecía la víctima.
El crimen fue cometido este miércoles cuando De los Ríos se desplazaba de una sede a otra de la Institución Educativa Santa Sofía, de Dosquebradas, localidad en el área metropolitana de Pereira, (Risaralda).
"El ambientalista había denunciado la semana pasada, en declaraciones a medios de radio, los efectos de la minería a cielo abierto", dijo Osorio, fiscal y coordinador de la comisión de derechos humanos del Sindicato de Educadores de Risaralda (SER).
El sindicalista explicó que De los Ríos pertenecía a Meedrua (Zona Minera, en dialecto de la etnia indígena quechua), organización no gubernamental ambientalista desde la que elaboraba estudios sobre la explotación minera a cielo abierto en la región y el país.
En particular, indicó Osorio, el profesor centraba esta actividad en Quinchía, población risaraldense de la que era oriundo, así como en las vecina de Mistrató y Pueblo Rico, todas ellas con riqueza aurífera y en explotación por la multinacional canadiense Quedada.
Además de sus actividades en Meedrua, De los Ríos era el responsable del llamado Proyecto Ambiental Educativo (Prae) del colegio Santa Sofía, en el que impartía clases de ciencias sociales.
"Era una persona muy querida en la comunidad educativa, y no tenía dificultades, como amenazas, por lo que su asesinato nos sorprendió", expresó Osorio, quien indicó que De los Ríos es el tercer educador de Risaralda que es asesinado este año y el 67 desde octubre de 1989, fecha del primer crimen de un profesor en la región.
10 de junio de 2011
9 de junio de 2011
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aseguramiento contra el alemán


Profieren medida de aseguramiento a ’el Alemán’ y otros excabecillas del Bloque ’Elmer Cárdenas’. Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento y detención preventiva sin beneficio de excarcelación por un caso de homicidio en Antioquia.
Colombia. La medida de aseguramiento cobija a los excabecillas del bloque ’Elmer Cárdenas’ Fredy Rendón Herrera alias ’el Alemán’, Elkin Jorge Castañeda Naranjo, Bernardo de Jesús Díaz Alegre, y Javier Ocaris Correa Alzate.
Según la Fiscalía, los exparamilitares son asegurados por el homicidio de un agricultor en el municipio de Dabeiba (Antioquia).
De acuerdo con la investigación, el 17 de junio de 2002 un grupo paramilitar se llevó por la fuerza al labriego Marco Aurelio Osorio Manco, quien se movilizaba con su hijo menor de edad en una motocicleta.
Según el comunicado del ente acusador, los hombres, "luego de asesinarlo (a Marco Aurelio) con tiros de fusil, arrojaron su cadáver a Río Sucio, de donde fue recuperado una semana después".
Los desmovilizados, presos en la cárcel de Itagüí, fueron asegurados por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego de uso militar.
9 de junio de 2011
8 de junio de 2011
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asesinos con domicilio conocido


"Ya descubrí quiénes son mis enemigos", dijo Ana Fabricia en noviembre del 2010. La líder de desplazados Ana Fabricia Córdoba, asesinada este martes, perdió violentamente hace once meses a uno de sus hijos. Tras el homicidio, familiares cercanos denunciaron amenazas de muerte.
Colombia. Ana Fabricia Córdoba, prima de la exsenadora Piedad Córdoba, era una líder de víctimas de Medellín. Su asesinato se produjo este martes en el interior de un bus.
Córdoba se destacó por su liderazgo en organizaciones no gubernamentales en contra del conflicto armado. A causa de la violencia, se desplazó en 2001, desde Apartadó (Antioquia) a Medellín.
En una entrevista que concedió el 22 de noviembre del 2010, Ana Fabricia le dijo al periodista que ella  identificaba quiénes eran sus "enemigos".
"Ya descubrí quiénes son mis enemigos y ya los conocí bien, para ellos yo soy su enemiga pero yo los veo con ojos de hermana. No le dan a uno una oportunidad en la vida, una persecución a una mujer indefensa", lamentó en ese entonces la líder.
Ana Fabricia recordaba en esa entrevista cómo su familia fue golpeada por la violencia: "Me matan a mis dos pelados, me violan a mi hija, y me conseguí un argentino, mi media naranja, pero allá (a la casa) lo fueron a matar y como él era extranjero, tuvo que irse ahí mismo", relató.
La líder confesó que su papel como representante de las víctimas era una consecuencia de la pérdida violenta e injusta, según ella, de sus seres queridos: "Me tocaba hablar porque se metieron con mis dos hijos y uno entrega la vida por sus hijos".
"Mejor que me mataran a mí que a mis dos hijos. ¿Qué fue lo que hice?", dijo en ese momento.
Entre las organizaciones que fundó Córdoba está Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (Latepaz), creada en 2008. Ana Fabricia también era miembro de la llamada Ruta Pacífica de las Mujeres, una iniciativa femenina que busca la solución política negociada al conflicto interno. Además, era considera la mujer líder del barrio Santa Cruz, en el sector nororiental de Medellín.
Tras el homicidio, se recuerda que Córdoba denunció en las últimas semanas y ante distintos auditorios, que insistentemente recibía amenazas de muerte.
"Ana Fabricia había denunciado amenazas contra su vida ante la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional, departamental y local, la Fiscalía, la Personería y otros organismos de seguridad", dijeron algunas organizaciones sociales.
Pese a esas denuncias, "no se hizo nada para proteger su vida", se afirma en un comunicado del Comité impulsor de las Mesas de Derechos Humanos (Corpades), la Corporación Nueva Gente, y otras organizaciones de derechos humanos de Medellín.

Hijos de Ana Fabricia Denuncian Amenazas
Los tres hijos de la líder de desplazados por el conflicto armado fueron amenazados de muerte, así lo denunció la familia de la representante de víctimas.
"Anoche recibimos una llamada amenazante, (en la que nos dijeron) que todos íbamos a quedar igual", expresó este miércoles a Efe su hija de 28 años, Diana Ospina Córdoba.
 "Le atribuyo este crimen al Estado", afirmó la hija de la mujer, para quien este homicidio tiene relación con el asesinato, hace once meses, de su hermano Jonatan en el barrio La Cruz.
Las versiones y testimonios atribuyen el homicidio del joven a un sargento de la Policía Metropolitana de Medellín, indicó Diana, quien subrayó que su madre había denunciado el caso y estaba decidida a no permitir que quedara en la impunidad.
La declaración de Diana coincide con el testimonio de Ana Fabricia, en noviembre del 2010. "Llegó un muchacho Julián Andrés del mismo barrio y le dijo: ‘Jonatan su mamá te mandó unas cositas’ y esperando dizque lo que yo le mandaba... Qué tristeza, es inhumano.... Lo coge la patrulla de la policía de La Cruz , la 133084, cogen a mi hijo y me lo monta el teniente ahí y dos hombres de civil (...) ellos me lo iban a pasar por ‘falsos positivos’ pero no les di tiempo porque me moví en la Procuraduría y la Defensoría desde muy temprano con mis amigas (...) ¡Qué dolor tan grande!".
Hoy, Diana lamenta que lo ocurrido se "veía venir": "Ella (Ana Fabricia) me decía: ’a mí me van a matar, pero lo que yo quiero es justicia’".
 La joven pidió al Gobierno que asegure que estos crímenes no quedarán impunes y que les ofrezca medidas de seguridad a ella y a sus hermanos Carolina, de 12 años, y Carlos Arturo, de 18.
Las exequias de Ana Fabricia se cumplirán este jueves.
9 de junio de 2011
8 de junio de 2011
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perseguida por la violencia


A Ana Fabricia Córdoba la persiguió la violencia. En 2001 llegó a Medellín huyendo del Urabá antioqueño cuando fue asesinado su primer esposo. Hace 11 meses fue asesinado su hijo y sus tres hijos sobrevivientes están amenazados.
Colombia. Los grupos armados ilegales se le atravesaron en el camino a Ana Fabricia Córdoba Cabrera hace ya varios años cuando paramilitares mataron a su primer esposo. Ese hecho la obligó a huir hacia Medellín, donde fue acosada, perseguida, intimidada y asesinada por defender sus causas propias y las de cientos de desplazados que habitan en la capital antioqueña.
Esta mujer, asesinada este martes dentro de un vehículo de servicio de público, huyó del corregimiento Churidó, de Apartadó, en el año 2000 y desde que llegó a la zona nororiental de la ciudad  se integró a diversos grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales desde donde trabajó arduamente por la defensa de las víctimas del conflicto armado y por sus derechos sociales y económicos. Hizo parte de movimientos como la Ruta Pacífica de las Mujeres y Latepaz (Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz).
A sus 51 años de edad, había sufrido los atropellos de la violencia paramilitar. Fue acosada por el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al mando de Ever Velosa García, alias ‘HH’, quien al parecer ordenó la muerte del primer esposo de Ana Fabricia, y obligada a salir del Urabá antioqueño.
Ya en Medellín, en condición de desplazada, se instaló con sus hijos en diversos barrios periféricos. Por su condición de liderazgo, que chocaba con las pretensiones de los grupos armados ilegales barriales, se vio obligada a cambiar frecuentemente de residencia. Su último refugio fue en el barrio La Cruz en la comuna 3, en la zona nororiental de la ciudad.
No obstante, allí tampoco estaba segura. El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo Jonatan Arley Ospina, de 19 años de edad, en un confuso incidente en el que al parecer están involucrados algunos miembros de la Policía Nacional.
Su hija Diana Ospina Córdoba afirmó en varios medios regionales y nacionales que su madre siempre le decía: "a mí me van a matar, pero lo que yo quiero es justicia".
Según la Corporación Jurídica Libertad, "la señora Córdoba fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos". La denuncia la presentó hace varios meses durante el encuentro del Comité Metropolitano de DerechosHumanos, realizado en la Alcaldía de Medellín. Allí también denunció amenazas contra su vida.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, señaló que "este hecho hizo que Ana Fabricia decidiera luchar de manera frontal para que los crímenes de sus hijos no quedaran en la impunidad. Pero fue a partir de este momento que empezó a recibir amenazas constantes que la  llevaron a buscar dónde dormir cada noche".
De acuerdo con un conjunto de organizaciones sociales que se pronunciaron frente a este hecho, "Ana Fabricia denunció constantemente a la Policía de la ciudad por actos de intimidación en su contra. Denunció en varias ocasiones el allanamiento a su vivienda sin orden judicial a altas horas de la noche acusándola de proteger a grupos armados. En otras ocasiones, civiles también entraron a su casa a intimidarla. Por lo anterior se veía obligada a dormir en diferentes casas por fuera del barrio como medida para proteger su vida".
A juicio de estas organizaciones sociales, "el asesinato de Ana Fabricia evidencia la constante persecución y agresión contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país. Pese a todas las denuncias es clara la negligencia de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.
De acuerdo con la hija de la víctima, ahora las amenazas recaen sobre ella y sus dos hermanos: "Anoche recibimos una llamada amenazante, (en la que nos dijeron) que todos íbamos a quedar igual".
La sede regional Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) también se pronunció al respecto y a través de un comunicado rechazó este homicidio y solicitó a las autoridades competentes "el esclarecimiento de este delito y que se lleve a juicio a los responsables de este lamentable hecho".
Las autoridades nacionales también reaccionaron. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República, solicitó investigar lo denunciado por la líder asesinada con el fin de "judicializar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del crimen y para brindar protección inmediata a las demás personas que están reclamando su derecho legítimo a la restitución y titulación de sus tierras".
Sobre las condiciones de seguridad, el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras reveló que Ana Fabricia se había resistido a que agentes de la Policía Nacional le realizaran un estudio de seguridad. El rechazo quedó consignado en dos misivas fechadas el 11 de diciembre del año pasado y el 19 de mayo de este año.
"Yo lamento mucho que esto ocurriera. Es un episodio muy doloroso, pero también quiero enviar un mensaje porque las personas que están en situación de riesgo para merecer y recibir protección deben someterse a un estudio que adelanta la Policía Nacional", indicó Vargas.
No obstante, fuentes cercanas a Ana Fabricia explicaron que ella sí rechazó el estudio de seguridad, "pero con el argumento de que cómo era posible que lo hiciera la institución que ella señalaba como implicada en la muerte de su hijo. Pero no le ofrecieron alternativas. Eso tiene que quedar claro. ".
Con la muerte de Ana Fabricia Córdoba se renueva el debate sobre la protección a todos aquellos defensores de derechos humanos y activistas sociales frente a las actuales condiciones de inseguridad que afrontan en todo el país. Con la muerte de esta líder barrial, ya son 49 los hombres y las mujeres líderes de desplazados o reclamantes de tierras que han sido asesinados desde marzo de 2002 en Colombia.
9 de junio de 2011
8 de junio de 2011
©verdad abierta