El exjefe paramilitar fue condenado por el asesinato de líderes indígenas en La Guajira.
Colombia. Arnulfo Sánchez González alias ‘Pablo’ fue condenado a 26 años de prisión por el asesinato de un grupo de mujeres indígenas de la etnia Wayúu, ocurrido entre el 18 y 20 de abril de 2004.
Así lo decidió el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, que encontró responsable al exjefe paramilitar del Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte, de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, desaparición forzada, tentativa de homicidio, tortura y desplazamiento forzado.
Alias ‘Pablo’ fue quien ordenó y dirigió el asesinato de las indígenas Margot Ballesteros Epinayú, Rosa Fince Uriana, Rubén Epinayú, Diana Fince Uriana y a Reina Fince Pushaina, en los corregimientos de Bahía Portete y Bahía Honda, en la Guajira. Tras la masacre, los habitantes de esos pueblos salieron desplazados.
El exjefe paramilitar fue capturado en noviembre de 2010 y desde entonces está preso en La Picota. Por no haberse desmovilizado, es juzgado por la justicia ordinaria.
La Masacre
A pesar de que el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 2010 hizo ya una primera reconstrucción detallada de la masacre de Bahía Portete en la Alta Guajira, ocurrida entre el 18 y el 20 de abril de 2004, aún quedan muchas verdades por contar de este horripilante crimen que dejó tres muertos, al menos dos desaparecidas (aunque el número exacto es aún desconocido), y varios heridos.
¿Qué exactamente condujo la masacre y las consecuencias que tuvo para los miembros de la comunidad wayúu, un pueblo que representa una quinta parte de la población indígena total de Colombia y el 48 por ciento de la población guajira?
La masacre puso al descubierto la ineficacia estatal para detener el avance paramilitar en estos territorios habitados por indígenas, aún cuando estos grupos estaban supuestamente comprometidos en un cese de hostilidades. Y también permitió ver cómo algunos miembros de la misma comunidad wayúu se aliaron con los paramilitares, sin que por ello lograran detener la ola de cruda violencia que aplastó a su pueblo, y en especial a sus mujeres.
Los Antecedentes
Desde mucho tiempo antes de que llegaran los paramilitares a la alta Guajira, ya distintos clanes wayúu se disputaban el control y el usufructo del puerto naturalmente profundo en Bahía Portete, aislado del mundanal ruido y resguardado, ideal para contrabandear sin ser percibido por autoridad alguna.
Para la década de los 60 el señor Simón Barros Epieyu, conocido como ‘Simón Bala’ (‘bala’ no por su relación con las armas, sino como una forma de pronunciar su apellido), era quien manejaba el puerto de Portete, en nombre de su comunidad.
Cuando murió en 1984, su hijo, José María Barros Ipuana, conocido como ‘Chema Bala’, heredó este mando. A partir de esa época y coincidiendo con la etapa de la bonanza de la producción de marihuana en la región, Portete floreció y era la fuente de riqueza del norte de La Guajira. Y, tal como lo relata el informe del Grupo de Memoria Histórica, la pelea por el control del puerto, y de la tajada que dejaban los tráficos ilegales que por allí pasaban, entre otras cuestiones, terminó enfrentando a ‘Chema Bala’ y su familia con otras familias guajiras de tradición, los Fince Epinayú, los Uriana Fince y los Ballesteros Epinayú.
Las tensiones llevaron al cierre temporal del puerto desde mediados hasta fines de los noventa. Después los paramilitares irían a aprovecharse de estas pugnas internas para dividir y reinar.
Cuando los ‘paras’ de Mancuso y de ‘Jorge 40’ llegaron a la media y alta Guajira en 2001, los jefes tradicionales del contrabando y del narcotráfico local hicieron su cálculo sobre cómo podrían resistir la arremetida y mantener su poder y su negocio. Algunos concluyeron que era mejor aliarse con ellos, intentando ser sus iguales; otros, incluyendo varios jefes wayúu, se les subordinaron y creyeron hacerse un espacio prestándoles servicios. Pero otros más, orgullosos indígenas wayúu que no se habían dejado someter ni por los colonizadores españoles, se les resistieron.
Así ese pueblo indígena aportó víctimas y victimarios a la cruenta expansión paramilitar que se les vino encima. La gente corriente tuvo que sobrevivir como pudo "respirando el mismo aire de los paramilitares", como le dijo una mujer wayúu, habitante de la alta Guajira, a VerdadAbierta.com.
Los Detonantes de la Masacre
Hay dos fuentes que documentan la masacre: el registro judicial que juiciosamente han realizado los investigadores y fiscales de Justicia y Paz y de la justicia ordinaria; y la gente que vivió la tragedia. Ambas miradas son válidas y necesarias.
Según la Fiscalía antes de la masacre, entre enero de 2003 y marzo de 2004, fueron asesinadas por lo menos catorce personas en la región. Fueron muertes hiladas entre sí, que fueron apretando el nudo de violencias que estalló el siguiente abril.
En marzo de 2003 el hermano de ‘Chema Bala’, Nicolás Barros Ballestero fue con su sobrino, Arturo Epinayu, al municipio de Uribia a denunciar que había paramilitares en su región de Portete. Apenas regresaron los mataron.
No pasó un mes, cuando el 26 de abril de 2003 hombres del Frente Contrainsurgente Wayúu -FCW (el eufemístico nombre que se pusieron los paramilitares para vestir de ropaje político su lucha por el control del negocio del narcotráfico y demás lucrativos contrabandos) asesinaron a los policías investigadores Luis Eduardo Perdomo Cotes y a Wilson Antonio Barbosa Rinco, en un estadero que tenía la familia Fince por Puerto Nuevo. Meses después, a fines de ese año, la justicia llamó a declarar a Rolando Ever Fince, Alberto Ever Fince y Gregoria Delfina Mieles Medina, como testigos de los asesinatos. Cuando regresaron a su negocio, el primer día de 2004 fueron asesinados por desconocidos. Hoy se cree que fueron miembros de las Auc.
Luego de estos homicidios, y días antes de la masacre de Portete, varios integrantes de la comunidad wayúu emboscaron a hombres armados del FCW y, según varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, les robaron unos kilos de cocaína que llevaban. Estas fuentes y la Fiscalía coinciden en que en la emboscada fueron asesinados todos los paramilitares, y que no quedó rastro, pues los incineraron ahí mismo donde los mataron. Aseguran los investigadores judiciales que este episodio fue el que causó la masacre de Portete que se extendió desde 18 hasta el 20 de abril de 2004.
Y que los paramilitares se ensañaron contra las mujeres wayúu, porque sabían que en una sociedad matriarcal ellas era la fortaleza; acabarlas sería la peor venganza.
Las Versiones de la Masacre
La causa madre de la horripilante masacre que subyace a cualquier detonante específico fue, por supuesto, la violenta arremetida de los paramilitares comandados por ‘Jorge 40’ en la alta y media Guajira con la ambición de dominar unos puertos ideales para todo tipo de tráfico ilegal. A lo cual también ayudó la inoperancia de las autoridades civiles y militares de la región. No obstante, las tesis difieren sobre los detalles específicos. Una que sostienen varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com es que ‘Chema Bala’, aliado con los ‘paras’, quiso dar la batalla final con los Fince Epinayú para asegurarse Portete de una vez por todas. La segunda, también avalada por fuentes creíbles, es que fue la venganza del FCW contra los Fince porque atestiguaron ante la justicia en contra de ellos por la muerte de los policías, y habían emboscado a sus hombres.
En su investigación, el Grupo de Memoria Histórica estableció que la masacre fue planeada y coordinada por ‘Jorge 40’ y por Arnulfo Sánchez alias ‘Pablo’, jefe del FCW en la alta Guajira, en compañía de ‘Chema Bala’. Un día antes de la masacre, un sargento del Batallón Cartagena a quien llamaban ‘Felipe’ transportó a los paramilitares desde Carraipía hasta la alta Guajira en dos carros y pasaron, sin problema, varios retenes. El informe cuenta que el 18 de abril entre 40 y 50 paramilitares, distribuidos en cinco camionetas y una moto, llegaron a Portete a las siete de la mañana.
La Fiscalía encontró en sus investigaciones que fueron 40 los hombres que llegaron a Portete, y que venían con el mandato explícito de encontrar a los hombres de la familia Fince y como no los hallaron torturaron a mujeres y niños, y como no consiguieron que hablaran mataron a unas mujeres.
Los testimonios recogidos por el informe del Grupo de Memoria es similar. Aseguran que los paramilitares llegaron con lista en mano identificando a miembros de algunas familias como los Fince Uriana, los Fince Epinayú, los Cuadrado Fince y los Ballesteros Epinayú. "Durante el recorrido, los victimarios entran a las casas de quienes tenían en sus listas y eran reconocidos por las mujeres (que los acompañaban) y los informantes locales" explica el informe. Sacaron de sus casas a Margoth Fince Epinayú, a Rosa Cecilia Fince y a Rubén Epinayu y las torturaron y asesinaron.
Otras tres mujeres que se llevaron, al Diana Fince Uriana, Reina Fince Pushaina y una tercera que no ha sido identificada, nunca más aparecieron. Las investigaciones judiciales dieron cuenta de los mismos tres muertos (con nombres ligeramente cambiados) y de las dos desaparecidas. Reportó además tres heridos, Moyo Perez Uriana, Lilia Epinayu y Tito Aguilar Epinayu.
Los paramilitares cortaron las cabezas de las matronas wayúu, sin importar su edad y el respeto que tenían en su comunidad, y las clavaron en estacas a las puertas de los ranchos.
La masacre causó tal terror que la gente de la ranchería salió despavorida. La Fiscalía determinó que únicamente por la masacre se desplazaron 350 personas. Pero un reporte de la Defensoría del Pueblo pudo identificar a 888 personas en situación de desplazamiento de la comunidad wayúu viviendo temporalmente en Maicao, Uribia y Maracaibo en Venezuela, a raíz de la arremetida paramilitar. Las violaciones a los derechos de estos pueblos indígenas no pararon con la masacre. Los líderes de Portete las han denunciado por seis años consecutivos, y los han amenazado por ello.
Desmovilizados Contradictorios
En la versión libre realizada el 15 de 12 del 2009 el postulado José Gregorio Alvarez Andrade alias ‘Pedro’ confesó:
"La masacre de la alta Guajira en la que tuve participación en el mes de abril de 2004, murieron aproximadamente 5 o 6 personas indígenas wayúu. Esto fue en Bahía Portete y Puerto Nuevo en la alta Guajira. En el tiempo que estuve en Carreipia el comandante ‘Lucho’ nos reunió en la finca Los Perujano donde nos informa que íbamos a quedar a cargo del comandante ‘Pablo’ (quien siguió delinquiendo en esa zona y en noviembre de 2010 fue capturado en Bogotá). No le conozco el nombre. Participaron alias ‘Lucho’, ‘Pablo’, un sargento del ejército del batallón Cartagena de alias ‘Felipe’ y el chofer de apellido Hernández. Nos trasladaron de Carreipia a la alta Guajira como a las 4 de la tarde; íbamos de camuflado y yo llevaba el armamento y los camuflados, armamento largo y corto. Nos fuimos en una camioneta del Ejército y los demás muchachos se fueron en carros de pasajero. Llegamos a una ranchería de propiedad del señor José María Chemas Barros, conocido como alias ‘Chema Bala’. ‘Chema Bala’ estaba en Venezuela pero él tenía conocimiento que el grupo estaba en la finca. Ahí nos reunimos con el comandante ‘Pablo’ o ‘07’. Él tenía aproximadamente 20 hombres y todos estaban ahí. Estaba alias ‘Sinaí’, ‘El Diablo’, ‘Moña’, y yo que fui comandando, el grupo mío de 12 hombres. En esa época el comandante del Ejército era el capitán Restrepo, pero no sé si tenía conocimiento de estos hechos. Con el señor ‘Pablo’ me reuní como a las 8 de la noche y nos dijo lo que se iba a hacer, que era contrarrestar el accionar de unos paisanos que les decían "Los Cococonitos" porque al parecer estos indígenas le habían hecho una emboscada a las Auc y les habían matado a 2 muchachos. Nosotros comenzamos el operativo como a las 5 de la mañana metiéndonos en las rancherías donde pensábamos que podían estar estas personas, porque no los teníamos ubicados con exactitud. Había un indígena que era el traductor entre el comandante ‘Pablo’ y los indígenas. Este indígena pertenecía a las autodefensas. En total íbamos como 40 miembros del grupo entre uniformados y de civiles, todos al mando del comandante ‘Pablo’. Llevábamos 5 carros. Llegamos como a cinco o seis rancherías y entrabamos a la fuerza, incluso se quemaron chozas y hubo gente desplazada. Se golpeaba a las personas y se torturaban. Las personas que asesinamos se encontraron en varias rancherías. Terminamos el operativo como a las 3 de la tarde cuando se metió una patrulla de antinarcóticos, pero ya teníamos a varios retenidos".
Sin embargo, dos años antes el propio ‘Jorge 40’ había dado otra versión. Afirmó que ‘Chema Bala’ no pertenecía a las Auc y que sólo lo conocía como un miembro de las familias que tenían control del puerto. En dicha versión del 8 de noviembre de 2007 ‘Jorge 40’ aseguró, sin pestañear, que la masacre se trató de "una operación militar" en contra del grupo armado organizado de los hermanos Vicente Gutiérrez Epinayu y Silverio Fince Epinayu, ya que dicho grupo había secuestrado a un ciudadano libanés que fue finalmente rescatado por las autodefensas. Esta última afirmación nunca pudo ser comprobada por la Fiscalía.
En octubre de 2004 ‘Chema Bala’ fue capturado en Venezuela y entregado a las autoridades colombianas. En su proceso de judicialización pidió ser juzgado por la tradición wayúu. Su petición fue negada. No quiso acogerse a Justicia y Paz, pues siempre sostuvo que nunca perteneció a las Auc. En 2008 ‘Chema Bala’ fue condenado a 40 años de prisión junto con su sobrino Adrian Agustín Bernier Barros. En mayo de 2008, fue extraditado y en julio de 2009 fue condenado por una Corte Federal de Estados Unidos a 20 años de prisión. Hoy cumple su pena en Oakdale Federal Correctional Complex (FCC) en Louisiana.
Alias ‘Pablo’ fue capturado el 13 de noviembre de 2010 en Bogotá y enfrenta una investigación por su autoría en la masacre.
Preguntas Pendientes
Este abominable crimen y la ruta de su esclarecimiento aún tienen preguntas pendientes. Poco se sabe de las investigaciones sobre los miembros del Batallón Cartagena, que supuestamente participaron en la masacre, según coinciden varias de las versiones. Sí existen, sin embargo, investigaciones abiertas de la Procuraduría sobre algunos de sus miembros por quejas allí presentadas.
Tampoco se conoce qué poderes políticos locales pudieron ser responsables de permitir el cruento avance paramilitar, y por qué guardaron silencio aún cuando su pueblo estaba siendo masacrado.
Es de esperar que el recientemente capturado ‘Pablo’ contribuya a esclarecer esta masacre, y revele qué hilos de poder se movieron esos años en la puja por el control del tráfico ilegal de drogas, de armas, cigarrillos, licores y demás en esos años. También podría su testimonio, si dice la verdad, ayudar a esclarecer de una vez por todas, si ‘Chema Bala’ no fue miembro de las Auc, como lo ha asegurado, o si por el contrario como estableció la justicia sí lo fue y supo de la masacre de Portete.
También al pueblo wayúu le falta hacer el juicio que no ha realizado para determinar cuáles miembros de sus clanes pudieron haber traicionado a su pueblo sin importarles que los ‘paras’ hubieran cometido este terrible crimen que quiso doblegarle el espíritu a toda la comunidad. Sería un paso importante para que estos crímenes no se vuelvan a repetir.
27 de mayo de 2011
25 de mayo de 2011
©verdad abierta
Colombia. Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, exjefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, reiteró ante un magistrado que el esmeraldero Víctor Carranza fue integrante de las autodefensas y pagó ‘servicios de seguridad’ a grupos paramilitares a cargo de la Casa Castaño.
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Colombia. Así como la crueldad de una guerra se puede medir en la cantidad de personas que la sufren, el grado de humanidad a la que llega una sociedad se puede medir en su generosidad con las víctimas. Por eso, así como el conflicto en Colombia ha dejado tras de sí una estela de sangre, especialmente en el campo, la ley de víctimas que acaba de aprobar el Congreso es una señal del proceso de maduración de la democracia colombiana y de que la agenda del país avanza en el sentido correcto.
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[Colombis] Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio a 15 años y nueve meses de prisión, por el asesinato de un personero de El Castillo, Meta.
Colombia. El desmovilizado fue hallado responsable en calidad de coautor de delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo, por los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 1996, en el municipio de Agustín Codazzi, cuando un grupo de hombres pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, al mando de Salvatore Mancuso, irrumpieron violentamente en la población.