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bloque bananero y sus 447 paramilitares


El grupo paramilitar que estuvo a cargo de alias ‘Carepollo’ o ‘H.H.’ tuvo dos frentes y varios grupos que delinquieron desde Turbo hasta Belén de Bajirá, en el Urabá antioqueño. Radiografía de un grupo que llevó el terror a esa región del país
Colombia. En la audiencia de control de legalidad contra el exjefe paramilitar alias ‘H.H.’, la Fiscalía 17 de Justicia y Paz documentó y contó los frentes que integraron este Bloque, y las zonas en las que los paramilitares cometieron asesinatos, desplazamientos y desapariciones.
La historia pudo ser reconstruida a partir de las confesiones de varios de los 139 exparamilitares de ese grupo que están postulados a la Ley de Justicia y Paz, incluyendo a ‘H.H.’ y a Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, jefe de uno de los tres frentes del Bananero.

El Bananero Que Se Convirtió en ‘Para’
En 1996 los paramilitares a cargo de alias ‘H.H.’ tenían como base el municipio de Turbo, desde donde delinquían con un grupo de rurales y otro de urbanos con el pretexto de combatir a los Frentes 5, 57 y 58 de las Farc, y hacer ‘inteligencia’ en los pueblos para matar a todas las personas que fueran señaladas de pertenecer o colaborar con la guerrilla.
Según la Fiscalía, el grupo de ‘H.H.’ empezó a crecer con la financiación que les daba Vicente Castaño, jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), por medio de las oficinas de cobros que tenía en Medellín a cargo de alias ‘Lucas’ y ‘Merchán’.
En una versión libre del 23 de marzo de 2008, Raúl Emilio Hasbún contó que, siendo un empresario bananero, buscó a Vicente Castaño en 1996 para unirse a los paramilitares del Urabá, porque el Epl propició la invasión de sus tierras. "Yo viajé a las Tangas y allá Vicente me dijo que me daba una buena y una mala noticia. La buena era que las Accu me daban 40 hombres. La mala, que yo iba a ser el comandante del nuevo grupo", dijo el exjefe paramilitar.
Hasbún contó que le dijo que no sabía nada de estrategia militar y que nunca había visto un muerto. Aceptó ser el jefe de un grupo enviado por Castaño, que luego en la región se conoció como el ‘Grupo de Pedro Bonito’, el alias que empezó a utilizar Hasbún. La Fiscalía documentó que en 1996 este grupo apareció como una contraguerrilla y que a partir de 2000 comenzó a llamarse Frente Arlex Hurtado, tras la muerte de alias ‘Chivo’, un jefe paramilitar de ese grupo.
"El grupo de ‘Pedro Bonito’ tuvo influencia en el sur de Turbo y en el norte de Mutatá. Luego se movió en toda la zona ganadera, por el sector de Currulao y Salvador hasta Bajirá", dijo la Fiscalía.
En menos de un año, el ‘Grupo de Los 20’ o ‘Los Escorpiones’ se convirtió en el Boque Bananero, que seguía teniendo su base principal en Turbo. Desde allí alias ‘H.H.’ siguió delinquiendo con un grupo conocido como Frente Turbo, mientras alias ‘Pedro Bonito’ lo hizo con el Frente Arlex Hurtado en Apartó, Chigorodó y Mutatá, los municipios llamados del Eje Bananero.

El ‘Grupo El Grueso’
Entre marzo y abril de 1997 alias ‘H.H’ huyó de Turbo y se escondió en el Valle del Cauca, tras una atentado que le realizó las Farc. En esa transición, Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, jefe del Bloque Élmer Cárdenas, asumió el grupo paramilitar durante un mes y luego alias ‘Pedro Bonito’ durante otros tres meses.
A su regreso y a partir del segundo semestre de 1997, el Bloque Bananero creó ‘El Grueso’, un grupo de 120 paramilitares que delinquió en Nueva Colonia, corregimiento de Turbo. Ese grupo existió hasta 2000, cuando por orden de Vicente Castaño alias ‘H.H.’ dejó el Bloque Bananero para delinquir en el Bloque Calima, en el Valle del Cauca.
Según lo documentó la Fiscalía, en 2001 apareció un nuevo grupo de paramilitares que inicialmente se llamó Frente Central del Urabá pero que fue conocido como el ‘Grupo de Nueva Antioquia’. "Estuvo conformado por ‘Los Tiburones’, ‘Los Buitres’ y ‘Los Cobra 6’, tres grupos de contraguerrilla que se financiaron con el cobro de impuestos ilegales a los cultivos de teca, y que delinquió en todos los municipios de Turbo hasta la desmovilización", dijo la Fiscalía.
A partir de las actas de inspección de cadáveres y de las confesiones de los exparamilitares, la Fiscalía indicó que los frentes y grupos a cargo de alias ‘H.H.’ y ‘Pedro Bonito’ asesinaron a cientos de personas en los barrios Obrero, Policarpa y El Salvador, en Apartó, y en sitios conocidos como Casa Verde y El Silencio, en Carepa. "Los grupos de urbanos también hicieron controles sobre la comida que ingresaba a los pueblos. Solo permitían una cantidad por familia, que no podía superar la de los padres y máximo tres hijos", indicó la Fiscalía en su exposición.
A la hora de la desmovilización, en noviembre de 2004, ‘H.H.’ asumió como representante pero alias ‘Pedro Bonito’ ocultó su rango y se desmovilizó como patrullero. En su reemplazo, su segundo, Carlos Enrique Vásquez alias ‘Cepillo’ dijo ser el jefe del Frente Arlex Hurtado.
Durante la última sesión de legalización de cargos contra alias ‘H.H.’, en la que se expondrá el contexto y la historia de cómo delinquió el Bloque Bananero, la Fiscalía explicará cómo se financió y que armas usó este grupo paramilitar que llegó a tener 447 personas en sus filas.
27 de mayo de 2011
26 de mayo de 2011
©verdad abierta

orden de captura contra hurtado


Chuzadas: orden de captura contra María del Pilar Hurtado. En el caso del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, el magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá, no avaló la petición de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía.
Colombia. El magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá, impuso este martes medida de aseguramiento de carácter intramural a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre del 2010, dentro del proceso que se le adelanta por los seguimientos ilegales del DAS.
El mismo recurso fue pedido por la Fiscalía contra el exsecretario de Presidencia del gobierno Uribe, Bernardo Moreno. Sin embargo, en este caso el magistrado Ramírez, quien funge como juez de control de garantías, resolvió no cobijar al imputado con la detención preventiva.
Sobre María del Pilar Hurtado, el magistrado aseguró que "la medida de aseguramiento resulta necesaria ante su ausencia, al haberse acogido al asilo en un país extranjero, que a la vez demuestra su facilidad para abandonar el país".
"Tiene razón la Fiscalía en este punto, es un hecho notorio. Y que se le haya concedido un asilo es una figura del derecho internacional que será respetada, pero sí nos compete pronunciarnos dentro del derecho interno, en un proceso que se adelanta en este momento", resaltó Ramírez.
Sobre la petición de la Fiscalía de cobijar con medida de aseguramiento al exsecretario Moreno, el magistrado dijo que el "sistema penal colombiano perfectamente le garantiza la vigencia de presunción de inocencia y del principio de libertad frente a la acción judicial penal que se adelanta en su contra, por lo tanto no se le impone la medida de aseguramiento solicitada".
Ramírez resaltó que el abogado de Moreno, Jaime Granados, hizo "un detallado recuento de las condiciones personales, sociales y profesionales del imputado, plenamente válidas (…) y no se puede afirmar que tenga antecedentes penales o una conducta social que haga necesario preventivamente proteger la sociedad".
La semana pasada la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, le imputó a Hurtado los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Por su parte, Bernardo Moreno fue acusado de tres delitos: concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública.
La medida de aseguramiento para Hurtado fue pedida por los delitos de concierto para delinquir, peculado y falsedad en documento público. En el caso de Moreno, por concierto para delinquir.
En la diligencia de este martes, el delegado de la Procuraduría, Jorge González Vásquez, apoyó en ambos casos la solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía. "La Procuraduría encuentra los elementos que en justicia deberían llevar a detención preventiva a los imputados", aseguró el delegado del Ministerio Público.
"Es válido que el Estado acopie información, pero legalmente".
El magistrado Luis Fernando Ramírez, no sin antes precisar que su función es la de juez de control de garantías y no puede ir más allá, entregó algunas apreciaciones sobre los hechos presentados por la Fiscalía en la imputación de cargos.
En el caso de Bernardo Moreno consideró que "se alcanza a percibir que en varios de los eventos relatados por la Fiscalía presuntamente se puede afirmar que hay conductas punibles. La conducta punible de concierto para delinquir".
Recordó que el abogado de Bernardo Moreno argumentó que algunos de los comportamientos de su defendido hacían parte de sus funciones, pero resaltó que "no dijo nada sobre cómo, por qué y para qué se obtuvo información ilegal a través de la UIAF de magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
"Esto hizo parte importante de lo expuesto por la Fiscal general. Y no se precisaron por parte de la defensa como para desistir de que sí exista una conducta punible", aseguró.
Sobre Hurtado, Ramírez dijo que su defensa hizo un esfuerzo por separar conductas que no se le pueden imputar a la exdirectora del DAS porque no era funcionaria, pero consideró que dichos argumentos "no destruyen la posibilidad de que esas conductas se siguieron realizando bajo su conocimiento, bajo sus órdenes, bajo su control".
"Es cierto que algunas de esas conductas venían cometiéndose antes. Pero en el famoso desayuno (Hurtado) fue informada de lo que se estaba haciendo sin la debida autorización legal. Ella tenía que saber necesariamente que de su decisión dependía que se suspendieran actividades ilegales o permitir que se siguieran realizando", dijo Ramírez.
El magistrado también consideró que cuando se dice que los seguimientos "no estaban dirigidos propiamente contra determinadas personas como los magistrados, sino contra un amigo de ellos, un señor Ascensio Reyes, estamos pasando a querer engañarnos a nosotros mismos".
"Se estaba buscando información que pudiera atentar contra la justicia. ¿Es válido que el Estado acopie información? Claro que es válido. Pero hay que hacerlo legalmente", resaltó.
Y aclaró que no aparece ninguna información que señale que este comportamiento fue autorizado por un juez de control de garantías. "Esto tiñe de ilegalidad muchas de estas conductas", dijo.
El magistrado Ramírez consideró que se realizó una audiencia de imputación de cargos sin observaciones por parte del juez de garantías para el juez de conocimiento, y concluyó que "pueden existir conductas punibles por las cuales es necesario realizar un juicio".
26 de mayo de 2011
24 de mayo de 2011
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la ley de restitución y reparación


Semana.com explica qué deben hacer quienes se consideren víctimas para acceder a los beneficios. Solo se requiere un documento que demuestre que su situación de víctima es válida.
Colombia. Las víctimas son aquellas personas que han sufrido daño en sus derechos por violaciones al DIH y a los derechos humanos, por causa del conflicto armado. Son víctimas los cónyuges, los hermanos de alguien que ha sido asesinado o desaparecido, o los hijos.

A Qué Tienen Derecho
Las víctimas tienen derecho a la justicia: que el Estado investigue y condene a los victimarios.
A la verdad: a conocer toda la información sobre los hechos que la victimizaron.
A la reparación integral: medidas de restitución de bienes inmuebles, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Además, la ley contempla medidas de ayuda humanitaria y asistencia médica y sicológica, para algunos casos.

Otros Derechos
Las víctimas tienen derecho a una atención prioritaria en materia de salud, al acceso a la educación, servicios funerarios (cuando no cuenten con recursos), entre otros.

Quién Garantiza los Derechos
El Estado asume la reparación de forma "subsidiaria", sin que eso implique reconocimiento de su responsabilidad ni la de sus agentes.

Cómo Reclama Sus Derechos
La víctima solo requiere de una "prueba sumaria" para acreditar su condición. Es decir, que cualquier documento que demuestre su situación de víctima es válida.

A Dónde Debe Ir
La ley crea la Unidad de Atención y Reparación, que es el organismo encargado de reparar a las víctimas. Se encargará de hacer el registro de víctimas, administrar los recursos y llevar a cabo la reparación, entre otras funciones. Esta unidad tendrá representación en las entidades territoriales y estará adscrita a la Presidencia de la República.

Otras Entidades
Los funcionarios de policía judicial; los defensores de familia y comisarios de familia, los fiscales, jueces o integrantes del Ministerio Público deben informar cuáles son las entidades para que las víctimas obtengan asesoría; servicios, garantías, requisitos para presentar las denuncias, derechos que tienen las víctimas y los trámites para hacerlos efectivos.

Los Caminos de la Reparación
Las víctimas tienen dos opciones para acceder a la reparación y a la restitución de sus derechos. Una es la vía judicial, ante un juez de la República, y la otra es acudir a los mecanismos diseñados por la Ley de víctimas. Así, si una víctima recibe una indemnización por vía administrativa, se le descontará la reparación que se defina por vía judicial.

Los Montos de la Indemnización
Los montos que fija la ley son los contemplados en el Decreto 1390 de 2008, Así:
Por homicidio, desaparición forzada desaparición forzada y secuestro: cuarenta (40) salarios mínimos.
Lesiones personales y sicológicas que produzcan incapacidad permanente: hasta cuarenta (40) salarios mínimos.
Lesiones que no causen incapacidad permanente, tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual, reclutamiento de menores: hasta treinta (30) salarios mínimos.
Desplazamiento forzado: hasta veintisiete (27) salarios mínimos.

Desplazados
Quiénes tienen derecho a la restitución de tierras:
Los propietarios, poseedores o explotadores de territorios baldíos que a partir de 1991 hayan sido despojados o hayan abandonado su tierra forzadamente por razones del conflicto tendrán derecho a la restitución de su predio.

Cómo Reclamar el Derecho a la Tierra
La ley crea la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas. Ante ese organismo, las víctimas inscribirán el predio despojado. La Unidad tendrá 60 o 90 días para decidir si lo incluye o no.

Quién Decide sobre la Propiedad de la Tierra
Si el predio es aceptado en el registro, la víctima hará una solicitud de restitución ante un juez o un magistrado especializado en restitución de tierras. En caso de que haya una parte opositora que acredite personería jurídica, el caso será investigado por los jueces y fallado en el Tribunal Superior de Distrito Judicial Civil.

La Carga de la Prueba
Las víctimas deberán presentar una prueba sumaria de la propiedad y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial. Quienes deberán probar que obtuvieron legalmente el predio son los demandados.

El Fallo
El juez o magistrado tiene 30 días para practicar las pruebas y dar su veredicto. Contra la sentencia se puede invocar el recurso de reposición, que será resuelto por la Corte Suprema de Justicia que en dos meses deberá decidir definitivamente.

Compensación
En caso de que el predio esté ubicado en una zona de riesgo para la vida del despojado, o en un parque natural, o ha sido destruido y no se puede reconstruir, o haya sido entregado a otra víctima, el despojado será compensado económicamente. Si se comprueba que el actual poseedor actuó de buena fe, también será compensado económicamente.
26 de mayo de 2011
24 de mayo de 2011
©semana

caso bedoya va a la cidh


La FLIP presentó ante la CIDH el caso de la periodista Jineth Bedoya. La Fundación para la Libertad de Prensa llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violencia sexual cometidos contra la periodista.
Colombia. Junto a la organización no gubernamental OXFAM y la campaña ’Violaciones y otras violaciones: Saquen mi cuerpo de la guerra’, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA una denuncia contra el Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violencia sexual cometidos contra la periodista Jineth Bedoya.
"Jineth hace 11 años estaba tocando el nervio de infiltración de organismos criminales en instituciones del Estado", dijo Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, al recordar cómo sucedieron los hechos que aún están impunes.
El 25 de mayo del 2000 Jineth Bedoya fue secuestrada en la entrada principal de la cárcel La Modelo de Bogotá, luego fue torturada física y sicológicamente, y violentada sexualmente por sus captores.
El representante de la FLIP señaló que el caso fue "puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la CIDH desde el 2 de junio del año 2000", pero "los avances judiciales han sido mínimos".
Por su parte, Alejandro Matos, presidente de OXFAM Colombia, indicó que la petición que este martes se presentó busca limpiar la violación que con este caso se cometió a la libertad de expresión y los demás derechos humanos vulnerados.
"No es real el estado de derecho cuando la periodista es secuestrada, torturada y violentada con la misma complicidad del Estado", dijo Matos.
26 de mayo de 2011
26 de mayo de 2011
©semana

aseguran a rené por asesinato


Medida a alias ’René’ por asesinato de exalcalde de Salgar, Antioquia.
Colombia. La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el ex jefe de las Autodefensas, Aldides Durango alias ’René’ por el asesinato de un exalcalde de Salgar en 1999.
Un fiscal especializado de Medellín profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra del ex jefe paramilitar Aldides de Jesús Durango, alias ‘René’, por su responsabilidad en el crimen del ex alcalde de Salgar (Antioquia) Jorge Iván Ruiz Galeano.
La víctima, alcalde entre 1996 y 1998, fue bajada de un vehículo de servicio público a la salida de esa población el 28 de febrero de 1999, y luego fue ultimada delante de su familia por un grupo de las autodefensas que lo señaló de ser auxiliador de la guerrilla.
Alias ‘René está preso en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Itagüí, y aceptó cargos con fines de sentencia anticipada por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
24 de mayo de 2011
©fiscalía
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exhuman restos de cura asesinado


Justicia y Paz exhuma restos de sacerdote asesinado por las Farc.
Colombia. Un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, con respaldo del CTI, exhumó en el municipio de Valdivia, Antioquia, los restos del sacerdote César Darío Peña.
La diligencia contó con el apoyo del Batallón Rifles y de la aviación del Ejército Nacional en zona selvática de la vereda Raudal Viejo, donde la comisión judicial fue hostigada en dos oportunidades por miembros de ese grupo guerrillero.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el 15 de marzo de 2004 integrantes del Frente 36 de las Farc se llevaron al sacerdote, y tras señalarlo de auxiliar a las autodefensas, lo asesinaron con arma de fuego.
La fosa fue ubicada por la información suministrada a las autoridades por dos exguerrilleros, quienes bajo la vigilancia del Inpec acompañaron a los investigadores.
Los restos exhumados fueron llevados al laboratorio del CTI de Medellín, donde se cumplirán los protocoles de rigor para establecer la identificación plena de la víctima.
24 de mayo de 2011
23 de mayo de 2011
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condenado por asesinato de concejal


Condenan a expara por asesinato de concejal de Sitionuevo.
Colombia. El Juzgado Único Especializado de Santa Marta condenó a 22 años y seis meses de prisión a Ever Mariano Ruíz Pérez, alias ‘Coyará’, como coautor del asesinato de un político en Sitionuevo, Magdalena.
De acuerdo con la investigación de un fiscal de Derechos Humanos y DIH, el 19 de junio de 2005 en el corregimiento Palermo, del municipio Sitionuevo (Magdalena), desconocidos ingresaron a la residencia del exconcejal Jorge Enrique Vergara Martínez y lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
En la vivienda se encontraba su hija Hasbleydi Vergara Torrado, quien al intentar defender a su padre, también fue asesinada.
El condenado, exintegrante del Bloque Norte de las Auc, está detenido en la Cárcel Modelo de Barranquilla.
24 de mayo de 2011
23 de mayo de 2011
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los 15 mil fusiles de vicente castaño


Los paramilitares de la Casa Castaño se armaron con fusiles provenientes de Bulgaria, Rusia y Estados Unidos, en complicidad con militares.
Colombia. Un fiscal de Justicia y Paz demostró la manera en que Vicente Castaño compró fusiles provenientes de Bulgaria, importados de forma ilegal y en complicidad con militares y algunos funcionarios públicos.
Durante una audiencia de control de legalidad en contra del extraditado jefe del Bloque Bananero de las Auc, Hébert Veloza alias ‘H.H.’, la Fiscalía demostró que entre 1999 y 2001 los paramilitares ingresaron al país por lo menos 15.000 fusiles en tres hechos de tráfico distintos.
El Bloque Bananero, de ‘H.H.’ que delinquió en el Urabá antioqueño, el Bloque Élmer Cárdenas, de Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ que estuvo en el Urabá chocoano, y el Bloque Catatumbo, a cargo de Salvatore Mancuso alias ‘El Mono Mancuso’ en el Catatumbo, fueron los tres grupos que recibieron esas armas con las que asesinaron a miles de personas en Chocó, Antioquia y Norte de Santander.

La Empresa Fachada y los Militares
El primer caso explicado por la Fiscalía fue el de 7.740 fusiles AK-47 y 1.000 piezas que supuestamente iban a ser exhibidas en una feria en Bogotá y que iban a ser comprados por el Ejército, sin embargo terminaron en las manos Vicente Castaño, quien luego las vendió a sus franquicias paramilitares en Urabá y Norte de Santander.
La historia de este cargamento hubiera pasado por alto, de no ser porque las autoridades le incautaron a los paramilitares 124 fusiles MPK-MS y AK en un operativo. El caso llegó a un despacho judicial que le siguió la pista a los seriales de las armas y tras una investigación, encontró que los fusiles ingresaron al país con una pantomima en la que participaron presuntamente varios militares.
El caso quedó en la impunidad porque el fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, no investigó a un general que presuntamente estaba involucrado. No obstante, el documento presentado por la Fiscalía documentó cómo los paramilitares hicieron la compra.
Para ingresar las armas al país, dos militares en retiro se aliaron con Humberto Agredo, un empresario que ha sido mencionado en varias versiones libres por los exjefes paramilitares Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, Salvatore ‘El mono’ Mancuso y Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, como hombre de confianza de Carlos Castaño.
Según el documento elaborado por la Fiscalía, Agredo era el representante de la empresa Arsenal Bulgaria, que supuestamente le ofrecía al Ejército una muestra de armas provenientes de ese país, que luego las fuerzas militares compraran esos fusiles. Para realizar la compra, era necesario contar con una empresa importadora que se llamó Importadora Equipos y Repuestos de Colombia.
A partir de los documentos encontrados por la Fiscalía, el ingreso de las armas al país fue autorizado por un general mediante el Certificado de Uso Final 0114 del 29 de abril de 1999, el documento en el que aseguró que el armamento sería usado por las fuerzas militares. Las armas llegaron a Bogotá por avión para ser expuestas en la feria y las 1.000 piezas para fusil, según le informó Agredo al general, entraron por el puerto de Buenaventura.
Por orden de las fuerzas militares, las mil piezas podían dejarlas en la región para supuestamente ponerlas a prueba. Pero en versiones libres, alias ‘H.H.’ y Salvatore Mancuso aseguraron que esos fusiles llegaron a Vicente Castaño, jefe de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. "Yo sé de eso. Fue Humberto Agredo. Fueron como 7.000 fusiles y dos o tres millones de cartuchos. Los trajeron desde Bulgaria. Sé que entraron por el Pacífico, por Buenaventura", dijo Mancuso en versión libre del 16 de enero de 2007.

Fusiles Camuflados en Urea
El segundo caso de tráfico de armas fue confesado por Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’ en versión libre del 25 de julio de 2008. Según el exjefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero, él fue el puente para importar desde Bulgaria 4.200 fusiles que ingresaron por el Urabá antioqueño.
El exjefe paramilitar contó que fue Carlos Castaño quien le dio la orden y de nuevo contaron con la complicidad de Humberto Agredo.
"Nos encontramos con Humberto en un hotel en Bogotá. Él me dijo que ya había hecho varios ingresos de armas con las Auc por el puerto de Buenaventura, pero que ya por ahí no se podía porque había tenido problemas, que tocaba por un puerto de Urabá", dijo Hasbún.
Alias ‘Pedro Bonito’ contó que ambos pensaron cómo camuflar las armas en una supuesta importación de urea, un fertilizante que se utiliza para las plantaciones de banano y que se conseguía en Bulgaria y Rusia.
"Yo conocía a un abogado y le comenté el asunto como un negocio personal, que era traer la urea y venderla en Bogotá. Le dije encárguese de la importación, yo de la venta. El abogado no sabía en lo que se había metido", dijo el exjefe paramilitar.
Según alias ‘Pedro Bonito’, el abogado contrató con las bananeras Banadex y Chiquita Brands el descargue y  bodegaje de la mercancía. "A diferencia del puerto de Buenaventura, el de Zungo es más artesanal. El abogado contrató los servicios y se autorizó el desembarco. De los 14.000 sacos que iban en el cargamento, 2.000 llevaban los fusiles escondidos. Era muy difícil que los encontraran", contó el paramilitar en versión libre.
‘Pedro Bonito’ explicó que una vez confirmó la llegada del barco, organizó un operativo para asegurar la mercancía que, por orden de Carlos Castaño, debía ser entregado a Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, jefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas. "Se dispuso de un esquema de seguridad, con ‘puntos’ en el puerto, en el batallón así como un grupo de choque en el embarcadero de Nueva Colonia. Si algo sucedía, por ahí sacábamos las armas", dijo.
El exjefe paramilitar no recordó el mes pero dijo que esa ‘importación’ ocurrió en 2000 y que en la noche celebraron. "Nos emborrachamos. Carlos Castaño me felicitó y me dijo que le entregará todas las armas al ‘Alemancito’. Alias ‘04’ fue el encargado de ir donde el ‘Alemán’ y decirle dónde estaban los bultos con las armas. Él movilizó a sus hombres y las recogieron", contó.
En contraprestación, alias ‘Pedro Bonito’ dijo que Castaño le regaló la pistola personal y un reloj marca Rolex. El ‘Alemán’ le regaló los contenedores donde venían las armas, y con ellas Hasbún construyó una casa en una de sus fincas para interrogar a guerrilleros, documentó la Fiscalía.

La Ruta del Otterloo
El último caso documentado por la Fiscalía fue el que Freddy Rendón alias ‘El Alemán’ aceptó en noviembre de 2009. Durante una audiencia en la que aceptó cargos en sentencia anticipada por tráfico de armas, el exjefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas dijo haber participado en el ingreso de 3.000 fusiles AK-47 y munición en noviembre de 2001.
Según un informe de inteligencia presentado por la Fiscalía, las armas fueron compradas en complicidad con policías de Nicaragua y transportadas en el barco Otterloo de bandera panameña. El barco zarpó del puerto de Veracruz, México, con nueve contenedores que llevaban pelotas de caucho. Luego, arribó al puerto Bluff, en Nicaragua, y de allí al puerto El Rama del mismo país donde cargó el material bélico en 14 contenedores, indicó el informe.
Desde El Rama, el Otterloo regresó a Bluff donde reportó que su destino sería el puerto de Colón, en Panamá. Sin embargo, desvió la ruta al puerto Zungo Embarcadero, en el Urabá antioqueño. "Después de dejar la carga, el barco partió al puerto de Barranquilla donde cargó toneladas de sorgo con destino a Venezuela y luego a Surinam. Luego regresó al Panamá", señaló la Fiscalía.
Algunos exjefes paramilitares contaron que Vicente Castaño comercializó esas armas, vendiendo lotes de a 5 millones de pesos a los bloque paramilitares a su cargo. Uno de los grupos que se armó con los fusiles transportados por el barco Otterloo fue el de Nuevo Antioquia, un subgrupo del Bloque Bananero, integrado por 150 hombres que delinquió en Turbo.
Por este caso, un Juez Especializado de Antioquia condenó a tres funcionarios de la Dian por haber permitido el ingreso de este armamento. Un cable de Wikileaks, publicado por Semana, reveló que la Embajada de Estados Unidos expresó en su momento indignación con la Corte de Panamá, por haber rechazado los cargos contra los responsables de ese tráfico. Por este hecho, les revocó la visa a algunos implicados y le suspendió la cooperación a la Corte de ese país.
Aunque parte de las 15.000 armas pudieron estar en la entrega que hicieron los diferentes grupos paramilitares durante la desmovilización, cada Bloque entregó un número de armas proporcial al número de hombres que se desmovilizaron. Cuando el Bloque Bananero se desmovilizó el 25 de noviembre de 2004, los paramilitares entregaron 351 armas. Un análisis realizado por parte de la Fiscalía coincidió con lo confesado por los exjefes paramilitares. Un perito explicó durante la audiencia que tras analizar las armas, encontraron que 105 provenían de Bulgaria, 60 de Rusia y 68 de Estados Unidos.
"Concluimos que en 95% de las armas los seriales fueron borrados y 82% estaban en buenas condiciones", dijo el investigador.
24 de mayo de 2011
©verdad abierta