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más de 57 mil desaparecidos en colombia


ONU: 57.200 los desaparecidos en Colombia en las tres últimas décadas. Según la Organización de Naciones Unidas, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas".
Colombia.  En Colombia se han registrado más de 57.200 desaparecidos en las tres últimas décadas, de ellos 15.600 considerados víctimas de desaparición forzada, reveló este lunes el representante en este país del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Christian Salazar.
Durante un seminario sobre desaparición forzada celebrado en Bogotá, Salazar aclaró que estos datos están tomados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Según el funcionario de la ONU, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas".
Y en referencia a las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que éstas fueron supuestamente "cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos".
Entre estas víctimas, añadió, "hay más de 3.000 mujeres y más de 3.000 personas menores de 20 años".
Para Salazar, la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más grave", y Colombia, subrayó, "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos".
Según el representante de la ONU, "décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias".
Y agregó que si cada familia de un desaparecido está compuesta de un promedio de cuatro personas, "se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000 víctimas de la desaparición forzada".
El funcionario de la ONU recordó que Colombia adoptó la figura penal de la desaparición forzada en 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), en 2002 con aplicación integral desde noviembre de 2009.
Asimismo, Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada en 2005 y el legislativo estudia actualmente la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
"Podemos constatar que los operadores judiciales en Colombia cuentan con un marco normativo que les permite cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada", indicó Salazar.
Pero, anotó, pese a ello "la lucha contra la impunidad no ha tenido un progreso similar", al advertir de que "hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, y en especial, por parte de la fuerza pública".
"Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas", concluyó Salazar.
23 de mayo de 2011
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mataron a investigador del cti


Preocupación por asesinato de investigador del CTI en Medellín. Un magistrado de Justicia y Paz solicitó una reunión con la Fiscalía y el Ministerio Público para analizar la situación que vive la justicia en Antioquia.
Colombia. El asesinato del investigador Jaime Henao Arteaga, ocurrido el lunes 16 de mayo, prendió de nuevo las alarmas entre los funcionarios judiciales y representantes de víctimas de Medellín.
Un magistrado de Justicia y Paz interrumpió por varios minutos la audiencia de control de legalidad contra el exjefe paramilitar alias ‘H.H.’, para solicitar una reunión con la Fiscalía y el Ministerio Público "para que elaboremos un informe que ponga en conocimiento a las autoridades de la situación, y actúen", dijo.
Henao Arteaga era el coordinador de la Unidad de Lucha contra las Bandas Criminales, Bacrim, en Antioquia, y llegó a este cargo por su conocimiento sobre grupos armados ilegales en la región. Antes había trabajado en la Unidad de Justicia y Paz en Medellín, donde había investigado sobre los bloques paramilitares que delinquieron en el Urabá antioqueño.
Fue el investigador que desempolvó el Informe 050 de diciembre de 1996, un documento clave elaborado por funcionarios del CTI de la época, que advirtió sobre la estructura y financiación del paramilitarismo en el Urabá, y que sirvió para documentar los orígenes del Bloque Bananero. Tras 22 años de trabajo en la Fiscalía, había llegado al nivel 7, el máximo grado que logra un investigador en la institución.
Para la justicia, el asesinato de Henao no es aislado. "La situación es preocupante. Estos hechos se tienen que visibilizar para que no sigan sucediendo. Ya no queremos más minutos de silencio en honor a las personas que con valentía han luchado por la verdad y la justicia del país", dijo un investigador.
El 24 de marzo de 2011 el magistrado de Justicia y Paz también había interrumpido la audiencia y pidió un minuto tras el asesinato de David de Jesús Góez Rodríguez, ocurrido en Necoclí. Góez, de 70 años, era uno de los líderes del proceso de reclamación vinculado a la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a cientos de familias que buscan la restitución de tierras en esa región del país, expropiadas de manera ilegal y forzada por grupos paramilitares.
Los defensores de los desmovilizados también han expresado su preocupación. A principios de mayo de 2011 el abogado Rubén Darío Hincapié renunció a la defensa del exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún alias ‘Pedro Bonito’, al considerar que no "habían garantías". Un día antes, en Bello, había sido asesinado el abogado Edquir José López, el anterior defensor de alias ‘Pedro Bonito’.
Unos días después siete exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), recluidos en el patio número uno de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, le enviaron una carta al Presidente de la República denunciando que se habían quedado sin abogados. Sus defensores también renunciaron argumentando falta de condiciones de seguridad para defenderlos.
[Foto viene de este blog.]
23 de mayo de 2011
19 de mayo de 2011
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barbarie del bloque héroes de granada


Un fiscal de Justicia y Paz documentó la manera en la que los hombres de ’don Berna’ cometieron actos crueles e inhumanos contra la población civil, solamente para enviar el mensaje de que eran ellos los que mandaban en Medellín y sus alrededores.
Colombia. Matar a las víctimas delante de la población civil y hacerlo con sevicia, dejar los cadáveres expuestos, realizar ajusticiamientos, torturar, degollar y descuartizar a las víctimas, así como arrojar los cuerpos sin vida a los basureros, fueron algunos de los crímenes que cometieron los hombres del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para atentar contra todos aquellos que consideraban sus "enemigos".
Así lo dejó establecido en Medellín una fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz durante una audiencia de formulación de imputación ante un magistrado de control de garantías contra el exparamilitar Deivis Ferney Vela Bohórquez, alias ‘el Saraviao’, al imputarle cargos por actos de barbarie, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos y actos de terrorismo, contemplados en la Ley 599 del 2000; también le imputaron concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, entre otros.
A través de las confesiones de Bohórquez y de otros exintegrantes del Bloque Héroes de Granada, la fiscal pudo constatar que ese grupo armado, surgido a finales del año 2003 en reemplazo del Bloque Cacique Nutibara que se desmovilizó el 25 de noviembre de ese mismo año, realizó crímenes para mantener el control de la población civil a través de la imposición del miedo y el terror. Su área de influencia estuvo concentrada en los municipios del Valle de Aburrá, así como en algunas localidades del Oriente, Suroeste y Nordeste antioqueños.
Ademas de estos crímenes, la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz le sumó otros como las amenazas, la desaparición forzada, la presencia armada y uniformada en público, la exhibición de las armas cortas y largas, los registros a las viviendas y lugares de trabajo, así como la elaboración y difusión de listas de sus potenciales víctimas. "El objetivo de todo ello era que la población los reconociera y les tuviera mucho miedo y se mantuviera aterrorizada", explicó la funcionaria judicial.
En la formulación de imputación contra alias ‘el Saraviao’, la fiscal también describió otros métodos, a través de los cuales se reforzaba el terror en aquellas zonas que controlaban territorialmente: "Varios postulados del Bloque Héroes de Granada confesaron que cuando se mataba gente del otro bando, se les ponían unos carteles para que las autoridades y la comunidad supieran que era del otro grupo. Era una advertencia a las comunidades para que supieran que ellos no mataban por matar".
La funcionaria también hizo alusión a lo que los exparamilitares del Bloque Héroes de Granada llamaron "romper zona", un término asociado a "guerra sin cuartel", en cuya aplicación no se medían consecuencias.
"Cuando ellos llegaban a una zona que consideraban estaba siendo dominada por la guerrilla, aplicaban el término "romper zona", donde ellos podían declarar objetivo militar a todo el que quisieran, así fuera población civil, persona protegida, fuera de combate, desarmados, menores de edad. No había ninguna limitación en la selección de sus blancos de guerra. Y eso explicaba que cometieran actos tan bárbaros que la población terminara teniéndoles mucho miedo y sometidas a su poder ilegal", describió la fiscal.
Para la funcionaria judicial era claro que este tipo de instrucciones se transmitían a todos los miembros de la organización, lo que, a su juicio, se constituyó en actos sistemáticos y generalizados contra una población civil, lo que se convirtió en una forma de victimizar a las comunidades de sus zonas de influencia militar.
Todas esas prácticas fueron confesadas por Vela Bohórquez, quien, como comandante militar de la Comuna 13 de Medellín y otras zonas urbanas de la capital antioqueña, admitió haber recibido ese tipo de órdenes de sus superiores y las replicó entre sus hombres, para que fueran más eficientes en la guerra contra las milicias urbanas de las guerrillas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap).
Alias ‘el Saraviao’ ingresó a las Auc a mediados del 2001. Antes de llegar a esta organización armada criminal, fue miembro de la banda de Córdoba, un grupo de ladrones de carros que actuaba en la zona noroccidental de la ciudad. Inicialmente integró el Bloque Cacique Nutibara, y después de la desmovilización colectiva de esta estructura ilegal, se incorporó al Bloque Héroes de Granada, desmovilizándose el 1 de agosto de 2005.
Este exparamilitar ingresó como patrullero a las Auc, pero a través de su proceso de formación llegó a comandante militar de la comuna 13 de Medellín. Alcanzó a tener 150 hombres bajo su mando en diversos sectores de la ciudad, especialmente en barrios de las zonas occidental y noroccidental, desde donde se controlaba el paso hacia la subregión del Urabá antioqueño.
Vela Bohórquez dependía directamente de Elkin de Jesús Loaiza Aguirre, alias ‘el negro Elkin’, quien fue asesinado el 27 de septiembre del 2008 en Medellín, quien a su vez le rendía cuentas a Daniel Alberto Mejía, alias ‘Danielito’, comandante militar del Bloque y mano derecha de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
De acuerdo con su relato a la Fiscalía, Vela Bohórquez recibió entrenamiento militar en una finca ubicada en el corregimiento San Cristóbal, occidente de Medellín, en una escuela que las Auc instalaron en una finca. A cargo de este centro estaba un hombre conocido con el alias de ‘King Kong’ y el instructor fue otro identificado como alias ‘el Paisa’.
Al sustentar los cargos por actos de barbarie, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos y actos de terrorismo, la fiscal que tuvo a cargo la imputación narró como el exparamilitar Vela Bohórquez le ordenaba a sus hombres que cada que mataran a alguien tiraran el cuerpo a los basureros. "Además, confesó que la consigna era no dejar personas heridas. La consigna era hacer todo lo pertinente para asesinar a sus víctimas", indicó la fiscal.
Y justamente para ilustrar la barbarie aplicada a sus víctimas, la fiscal describió la muerte de Octavio Geimar Bedoya Jaramillo, un pastor cristiano asesinado por el propio Vela Bohórquez el 23 de enero de 2003 en el barrio Robledo Aures, quien pertenecía a la Asociación Evangelismo Vivo y tenía un centro de culto llamado Comunidad Cristiana Dios es Amor, donde también residía con su esposa y sus dos hijos.
Hasta esa casa llegó alias ‘el Saraviado’ con dos hombres más del Bloque Héroes de Granada en busca de Bedoya Jaramillo. "Eran las diez y media de la noche. Llegaron golpeando fuerte la puerta y al abrir el pastor le pidieron la cédula, luego ingresaron a la casa y procedieron a cortar el cable de la línea telefónica", relató la fiscal.
De acuerdo con lo confesado por el exparamilitar, Bedoya Jaramillo fue sacado de la vivienda en contra de su voluntad. "Opuso resistencia y se aferró a la ventana de la calle, para que se soltara alias ‘el Saraviao’ sacó un puñal y empezó a chuzarles los dedos de las manos en presencia de su familia. Una vez se desprendió de allí, lo subieron a un taxi y se lo llevaron hacia San Cristóbal", expuso la fiscal.
Según el relato, el pastor cristiano hizo repulsa dentro del vehículo y en medio del forcejeo recibió un tiro en el abdomen. No obstante, logró salir del carro y correr en busca de ayuda. Pero se cayó y fue alcanzado por alias ‘el Saraviado’, quien de inmediato le propinó un disparo en la cabeza y lo mató.
En diligencia de versión libre realizada el 13 de abril de 2009, alias ‘el Saraviao’ reconoció su participación en ese crimen y explicó que lo había cometido por orden de alias ‘el negro Elkin’, quien había sido informado que el pastor Bedoya Jaramillo estaba tomándoles fotos a los integrantes de las Auc del barrio Robledo Aures y las enviaba a las autoridades. Pero en la Fiscalía le habían entregado esas fotos al ‘negro Elkin’. "Por eso dio la orden de que mataran al pastor cristiano", reconoció el exparamilitar.
Luego de la muerte de Bedoya Jaramillo, su familia fue obligada a desalojar no sólo su lugar de residencia sino el lugar de culto que había construido el pastor para su comunidad. Desde esa época, la esposa de la víctima no ha podido regresar al barrio y recuperar la propiedad, entre otras razones porque después de la ocupación por hombres de las Auc, la casa ha sido vendida en dos oportunidades de manera ilícita y, en la actualidad, está siendo ofrecida de nuevo.
Por tal razón la fiscal que condujo la formulación de imputación le solicitó al magistrado de control de garantías ordenar medidas cautelaras para proteger la vivienda y evitar que siga siendo vendida, como primer paso para su restitución, solicitud que fue aceptada.
Al final de la audiencia, el magistrado impuso medida de aseguramiento contra el exparamilitar Deivis Ferney Vela Bohórquez, alias ‘el Saraviao’ por los delitos imputados.
23 de mayo de 2011
©verdad abierta

sí hubo complot contra la cs


Con la inminente orden de captura de la exdirectora del DAS y del exsecretario general de la Presidencia, la Fiscalía considera que la conspiración contra la Corte Suprema de Justicia era peor de lo que se pensaba.
Colombia. La fiscal general Viviane Morales sacudió el miércoles de la semana pasada al país. Muchos ya sabían que iba a imputar varios delitos a dos miembros de la guardia pretoriana del presidente Álvaro Uribe y que iba a pedir una eventual detención. Pero lo que nadie se imaginó fue el calibre de las acusaciones. A la fiscal no le tembló la voz para hablar de la existencia de "un complot contra la Corte desde la Casa de Nariño" y dijo que "Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado hicieron parte de una organización criminal para asediar a magistrados, a congresistas y a un periodista".
Muchos quedaron entre asombrados e incrédulos. En Colombia, cuando se habla de "organización criminal" automáticamente se asocia con tenebrosos personajes como Pablo Escobar, Carlos Castaño o ’el Mono Jojoy’. Y tal vez no venía al caso utilizar esa expresión para referirse al exsecretario general de la Presidencia y a la exdirectora del DAS. Al fin y al cabo, para muchos colombianos en el capítulo de las ’chuzadas’ hubo unos funcionarios que simplemente se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y, sin darse cuenta, terminaron cometiendo delitos.
Pero es ahí donde cobra importancia la exposición del caso que hizo la fiscal general en la audiencia del miércoles. Para ella no se trató de un simple equívoco o una extralimitación de funciones, sino que tras una investigación que ya lleva cerca de dos años, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado tenían la intención manifiesta de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y pusieron al servicio de ese fin las herramientas del Estado. Así lo dejó claro Viviane Morales a lo largo de la audiencia, que duró cerca de cinco horas ante un magistrado del Tribunal de Cundinamarca. El magistrado debe decidir el martes de esta semana si deja detenido a Moreno y pide la captura de Hurtado.
Esta determinación de la fiscal general es la más importante que ha tomado la justicia sobre este escándalo, que comenzó hace tres años, cuando salieron a flote las primeras revelaciones.
La Fiscalía se había convertido en uno de los pasos más difíciles de sortear. La investigación ya llevaba en el búnker más de dos años y era una verdadera papa caliente. Tanto que por cuenta de ella el país estuvo sin fiscal general en propiedad durante más de un año y medio. El temor a que la investigación de las ’chuzadas’ quedara en manos de un fiscal aliado del entonces presidente Uribe era la verdadera razón que, sotto voce, daban los magistrados para no elegir de las varias ternas que les mandó el gobierno.
Para la fiscal Morales esa decisión es, por una parte, una prueba de independencia, pues en su momento se habló de que el presidente Juan Manuel Santos había concertado la terna para fiscal con su antecesor, el presidente Uribe. Y de otra parte, la fiscal demuestra que no le tembló la mano para resolver uno de los más espinosos casos que fiscal alguno pueda tener.
En todo caso, lo que es seguro es que al expresidente Uribe le tuvo que parecer un golpe bajo la felicitación pública que hizo el presidente Santos tanto a la fiscal como al procurador. A los dos días de conocerse la decisión, el primer mandatario destacó la función que vienen cumpliendo, porque, según él, "están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias sin importar a quién toquen".

Lo Que Dijo la Fiscal
Lo cierto es que con esta determinación se empieza a cerrar el círculo de uno de los escándalos más sonados en los últimos años. En ese entonces se destapó la reunión secreta de ’Job’ -un enviado del temible paramilitar ’Don Berna’- en la Casa de Nariño y se mencionó la posible existencia de un complot contra la Corte Suprema.
Si bien por el caso de las ’chuzadas’ ya hay varios condenados, los exjefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS, una docena de funcionarios detenidos y otro número similar de investigados, solo la semana pasada la justicia se metió de lleno con los más altos funcionarios del gobierno. Y no lo hizo de cualquier manera.
La propia fiscal general pidió medida de aseguramiento contra el secretario general de la Casa de Nariño de aquella época, Bernardo Moreno, y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La fiscal les imputó cuatro delitos, de ellos el más grave es el de concierto para delinquir, en calidad de agravado por tratarse de funcionarios. Una condena por estos cargos les podría dar entre seis y 14 años de cárcel. También fueron acusados de violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. A Hurtado, además, le imputó cargos por peculado por apropiación.
Pero sin duda lo más grave de todo el memorial de agravios enumerado por la fiscal es la campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. Morales hizo un hilvanado relato de todo tipo de incidentes ocurridos a esa corporación o a sus magistrados entre 2007 y 2009. A primera vista eran hechos que parecían desconectados, pero ella llegó a la conclusión de que no fueron aislados sino, por el contrario, un complejo entramado orquestado desde la Casa de Nariño y dirigido por los funcionaros de más alto rango y cercanos al presidente Álvaro Uribe. "Todas las labores de seguimiento ilegal fueron notificadas a Hurtado y ella las entregó a Moreno. Este acuerdo para delinquir puso en peligro el bien jurídico de la seguridad pública", dijo la fiscal durante su intervención.
La conspiración, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, comenzó el 12 de septiembre de 2007. Ese día se reunieron en la sede del Club Metropolitan, en el norte de Bogotá, Moreno, Hurtado y el entonces jefe de
inteligencia del DAS, Fernando Tabares. En ese lugar, ya de por sí extraño para una reunión entre funcionarios, Moreno le manifestó a Hurtado "que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell". La fiscal, en la audiencia, recordó ese testimonio dado por Tabares y dijo que ese fue el punto de partida en el que el "exsecretario de la Presidencia defraudó sus deberes oficiales, pues organizó y promovió esas actividades con el fin de cometer delitos contra la Corte".
Según la fiscal, a los pocos días de esa reunión en el Metropolitan, la directora del DAS, por instrucciones de Bernardo Moreno, le ordenó a su subdirectora de operaciones, Marta Leal, viajar de urgencia a Medellín y recoger un sobre que tenía como destinatario al presidente. Esa misma noche ella regresó y, según lo confesó a la Fiscalía, se lo entregó a Hurtado. Ese sobre contenía la declaración del exparamilitar alias ’Tasmania’  contra el magistrado auxiliar de la Corte y principal investigador de la parapolítica, Iván Velásquez. "Como quedó demostrado después, esa declaración no fue más que un montaje contra el magistrado con la intención de afectarlo a él y a la Corte Suprema", afirmó la fiscal.
En su detallado relato, la fiscal Morales narró cómo después del montaje de ’Tasmania’, Bernardo Moreno participó, con otros compañeros de la Casa de Nariño y con la ayuda del DAS, en un segundo hecho que también tenía como objetivo atacar a la Corte Suprema. El 9 de noviembre de 2007, Moreno le solicitó a la aerolínea Satena el listado de los pasajeros de un vuelo chárter que resultó ser un nutrido grupo de magistrados de la Corte que viajaba a Neiva para un homenaje. Para la fiscal Morales, Moreno extralimitó sus funciones como secretario general al ordenar al DAS y a la UIAF hacer verificaciones sobre ese viaje. "El interés del señor Moreno por lograr información de los magistrados no tenía ninguna relación con sus funciones en la Presidencia", sentenció la fiscal. Y agregó que el único fin de esa información era filtrarla después a los medios de comunicación para desprestigiar a los magistrados, como en efecto se hizo unos meses después.
La fiscal afirmó durante la audiencia que esa filtración era parte de una estrategia más compleja. Mostró cómo un día -el 24 de abril de 2008- hubo una reunión en la oficina de Bernardo Moreno para afinar los últimos detalles y fotografías para hacer la filtración, y el día anterior -el 23 de abril- se había dado otra reunión, en la misma oficina, con el exparamilitar Antonio López, alias ’Job’, enviado de ’Don Berna’, y su abogado. El objetivo de esa cita, dijo la fiscal, era contemplar el uso de unas supuestas grabaciones entregadas por el exparamilitar a Presidencia para tratar de enlodar al magistrado Velásquez. "Esa reunión de alias ’Job’ era una parte del complot contra la Corte", señaló la fiscal en la audiencia pasada.
Además de ’Tasmania’, de ’Job’ y de la filtración de información desde la Casa de Nariño, la fiscal Morales unió otro elemento más como parte del complot. Recordó que el 20 de abril de 2008 el periodista Daniel Coronell reveló la entrevista con Yidis Medina en la que la excongresista confesaba que había recibido dádivas para cambiar su voto a favor de la reelección. El DAS convocó una rueda de prensa en la que  el exfotógrafo de Vanguardia Liberal Jesús Villamizar declaró haber sido amenazado por Yidis porque había tomado unas fotos de ella con guerrilleros del ELN. Pero la verdad, según el argumento de la fiscal, fue que la exdirectora del DAS autorizó el pago de 20 millones de pesos al fotógrafo para que este entregara un falso testimonio contra la principal protagonista de la llamada yidispolítica. Es por ese hecho que la Fiscalía le imputó a María del Pilar Hurtado el cargo de peculado por apropiación, ya que destinó dineros oficiales básicamente para pagar un soborno.
Esos fueron apenas algunos de los puntos centrales de la contundente intervención de la fiscal Viviane Morales. También recordó que Hurtado ordenó interceptaciones y pesquisas ilegales contra el expresidente de la Corte César Julio Valencia y su abogado, Ramiro Bejarano. Así como que bajo su administración se había dado la infiltración en la Corte de la llamada ’Mata Hari’, una detective que grabó ilegalmente entre 2007 y mediados de 2009 las sesiones privadas de los magistrados.

¿Hasta Dónde Va a Llegar?
Cabe anotar que si el caso avanza y llega a la etapa de juicio se va a presentar una curiosidad nunca antes vista en Colombia. Prácticamente la totalidad de la Sala Penal de la Corte Suprema, que por ley debe ser la juez de estos funcionarios aforados, se debe declarar impedida, pues los magistrados de esta sala fueron las principales víctimas de lo que la Fiscalía consideró un complot.
Solo dos magistrados podrían participar, el que reemplazó a Yesid Ramírez y el que reemplazará en los próximos meses a Alfredo Gómez. Es muy posible entonces que el caso quede en manos de conjueces. Estos conjueces no son elegidos específicamente para este caso, sus nombres salen de una lista de 18 que cada diciembre conforma la Sala Penal de la Corte.
Pero para llegar a esa fase todavía falta. Por ahora, lo más inmediato es que el próximo martes el magistrado debe definir si acoge la petición de la fiscal de ordenar la detención de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.
En el caso de Hurtado, si se pide la detención, tendría que expedirse una circular de la Interpol para su captura, que solo se haría efectiva si sale de Panamá, donde goza del beneficio de asilo territorial desde hace seis meses. La otra opción es que Colombia solicite su extradición, pero ya el presidente del vecino país, Ricardo Martinelli, resolvió las dudas diciendo que "María del Pilar se queda aquí en Panamá" y ratificó que le van a mantener su condición de asilo territorial.
En cuando a Bernardo Moreno, si termina en la cárcel se trataría del más alto funcionario del gobierno del presidente Álvaro Uribe en prisión. Un hombre que fue clave para él en el trámite de la primera reelección y uno de los que por más largo tiempo lo acompañaron en su primer anillo de afectos.
La pregunta que siempre ha quedado abierta es si le cabe alguna responsabilidad al presidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta que quienes están en el banquillo de los acusados son su mano derecha en Palacio y su jefe de inteligencia.
En octubre del año pasado, precisamente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió una investigación al expresidente Uribe por el caso de las ’chuzadas’ ilegales del DAS. Si bien la investigación se abrió de oficio, luego de que el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Bernardo Moreno por extralimitarse en sus funciones, el proceso no ha estado exento de tiras y aflojes.
En su momento, cuando se estaban conformando las mesas del nuevo Congreso, trascendió a los medios que la única exigencia no negociable de La U era que la Comisión de Acusaciones fuera integrada mayoritariamente por uribistas purasangre.
Desde entonces, dos coordinadores de esa comisión han tenido que renunciar. El primero fue Augusto Posada, del Partido de la U, quien fue recusado por la exsenadora Piedad Córdoba, parte civil en el proceso. Y el segundo, Alfredo Bocanegra, quien declinó hace 15 días. Bocanegra fue recusado por el abogado del expresidente Uribe, Jaime Lombana, por cuenta de que dio unas declaraciones en las que decía que "Uribe no iba a tener en él al Heyne Mogollón que tuvo Samper", haciendo referencia al presidente de la Comisión de Acusaciones que supuestamente contribuyó a la exoneración del expresidente durante el proceso 8.000.
El jueves de la semana pasada, al día siguiente de la dura intervención de la fiscal general, Uribe pidió a la Comisión de Acusaciones, a través de su abogado, que lo escuchara en versión libre en la investigación de las ’chuzadas’. Seguramente su versión coincidirá con la que han presentado tanto Bernardo Moreno como María del Pilar Hurtado, en el sentido de que lo que la Fiscalía considera una conspiración contra la Corte no era más que un intento por establecer si podía haber nexos de algunos magistrados con el narcotráfico. Como han dicho una y otra vez, el hecho de que muchos de ellos hubieran aceptado una invitación del controvertido Ascencio Reyes para la Casa de Nariño justificaba llevar a cabo esa investigación. Reyes acabó teniendo relaciones sociales con personajes non sanctos, pero finalmente no se le encontró ninguna prueba que lo vinculara con organizaciones criminales.
Los seguimientos a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro, que ante la comunidad internacional y muchos colombianos constituyen un mecanismo ilegal contra la oposición política, probablemente serán justificados por los acusados como el uso preventivo de la inteligencia para proteger la seguridad nacional. Moreno y Hurtado invocarán la cercanía de Piedad Córdoba con Chávez y con la guerrilla. Pero justificar lo de Petro seguramente les va a quedar más cuesta arriba.
En lo que los acusados parecen tener menos argumentos de defensa es en lo relacionado con los seguimientos al periodista Daniel Coronell. Teniendo en cuenta que él no formaba parte del mundo de Ascencio Reyes ni del episodio de los magistrados, el espionaje en su contra parece tratarse más de un caso de animadversión personal que de seguridad del Estado. Sus múltiples columnas en contra del presidente y de sus hijos parecerían haber sido el origen de la presunta orden presidencial de investigarlo.
Lo cierto es que en los últimos días la suerte en el terreno judicial no parece sonreírle al expresidente. Ya son 14 los altos funcionarios de su gobierno con investigaciones abiertas: c uatro de los ministros más cercanos, cuatro de sus directores del DAS y seis miembros del sanedrín de sus tres últimos años de gobierno.
23 de mayo de 2011
21 de mayo de 2011
©semana

el para-estado del urabá


Los paramilitares infiltraron la política del Urabá a todo nivel. Crearon una máquina desde las comunidades para elegir alcaldes, gobernadores y congresistas. La Fiscalía 17 de Justicia y Paz investigó cómo la Casa Castaño diseñó y ejecutó este plan.
Colombia. Cuando las autoridades allanaron la finca Andalucía, en Necoclí (Antioquia), se encontraron todo un ‘botín’ de información. Hallaron una compilación de 72 archivos, entre documentos, audios y videos, que ayudarían a esclarecer el escándalo de la parapolítica en el Urabá, una vasta y rica región que abarca varios municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.
Andalucía era la finca de Jorge Pinzón Arango, el hombre que, según la Fiscalía, fue el enlace clave entre los paramilitares y las comunidades del Urabá, y el coordinador general del proyecto político diseñado por la Casa Castaño para llevar a hombres de su confianza a diversos cargos de elección popular posibles, tanto a nivel local, como regional y nacional.
Fue con los archivos encontrados en esta finca y con las versiones rendidas por los exjefes paramilitares Ever Veloza alias ‘H.H.’, del Bloque Bananeros, y Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, del Bloque Élmer Cárdenas, que la Fiscalía 17 de Justicia y Paz confirmó los pactos entre políticos y paramilitares. Sólo en el Urabá antioqueño determinó que 35 políticos tuvieron nexos con las Auc.
En una audiencia que busca legalizar varios delitos al extraditado alias ‘H.H.’, la Fiscalía le contó a un magistrado de Justicia y Paz cómo se tejió la parapolítica en esta zona.

Armas y ‘Política’
En 1997 la Casa Castaño diseñó una estrategia para promover pactos con politicos comprometidos con su causa contrainsurgente y apoyarlos en las elecciones, todo ello paralelo al entrenamiento de comandos armados en varias fincas de Córdoba para ‘exportarlos’ a otros departamentos y a la reunificación de los distintos grupos paramilitares del país bajo la sigla Auc (Autodefensas Unidas de Colombia).
Según la Fiscalía, la orden de consolidar alianzas políticas y apoyarlas se la dio Vicente Castaño a alias ’El Alemán’ durante una reunión realizada en la finca conocida como La 21, una de las bases en Córdoba de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Para empezar con un modelo que luego replicarían en la región, los Castaño decidieron primero ganarse a la comunidad y para ello impulsaron en 1998 el movimiento Clamor Campesino del Caribe (Ccc) así como la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún).
Este proyecto social estuvo bajo la responsabilidad de un hombre inicialmente conocido como ‘Germán Monsalve’ o ‘Carrancho’, quien posteriormente fue identificado como Jairo Rendón Herrera, hermano de alias ’El Alemán’. Fue el encargado de reclutar simpatizantes para Asocomún, así como para Familias Guardagolfos, un programa que implementaron en San Pedro de Urabá, municipio donde los Castaño también instalaron escuelas de instrucción militar, donde se enseñó a los combatientes a descuartizar y a desaparecer los cuerpos en fosas comunes. Según la Fiscalía, alias ’Germán Monsalve’  se entregó a la justicia de Estados Unidos y hoy es investigado por una corte federal de ese país por delitos asociados al tráfico de estupefacientes.
Por una nueva orden de Vicente Castaño la Ccc pasó a llamarse Poder Popular Campesino (Ppc) y a partir de 2000 fue llamado Proyecto Político Regional del Urabá, cuando Castaño le ordenó a ‘El Alemán’ llevar el experimento a los municipios del Urabá en Córdoba, Chocó y Antioquia.
"Fue así como el Proyecto se subdividió en tres de acuerdo con las regiones: Proyecto Político Marizco Urabá Cordobés, Proyecto Político Regional Darién Chocoano y Proyecto Político Regional Grande, Unido y en Paz", explicó un investigador de la Fiscalía. El último correspondió al pacto entre paramilitares y políticos del Urabá antioqueño.

El Carrusel de los ‘Cuatrillizos’
Para cumplir la orden de Castaño en el Urabá antioqueño, alias ‘El Alemán’ coordinó la idea con Ever Veloza alias ‘H.H.’ y Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, jefes de los Frentes Turbo y Árlex Hurtado del Bloque Bananero, que operaban en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá. Al proyecto le sumaron las zonas dominadas por el Bloque Elmer Cárdenas, concentradas en el norte de Urabá, tanto de Antioquia como de Chocó y Córdoba.
En una versión libre del 16 de junio de 2009, alias ‘El Alemán’ contó que el proyecto fue planeado y pactado en Necoclí, en la finca Andalucía de Jorge Pinzón Arango. "El proyecto buscaba llevar representantes del Urabá a la Asamblea, la Cámara y el Senado. Se hicieron varias reuniones en Necoclí. Yo hice la primera en la que le presenté a la gente la propuesta y luego designé a Jorge Pinzón para que coordinara todo e hiciera reuniones individuales".
La región del Urabá comprende municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó. Es considerada como una de las zonas con las tierras más fértiles del país.
Tanto alias ’H.H.’ como ’Pedro Bonito’ dispusieron de hombres de su confianza para acompañar a Pinzón Arango. Alias ‘H.H.’ designó a su financiero alias ‘Megateo’ y alias ‘Pedro Bonito’ nombró a su subcomandante alias ‘Cepillo’. Por su parte, ‘El Alemán’ dispuso, además, de su comisario político, alias ‘Negro Asprilla’.
El investigador judicial explicó que los subalternos de los jefes paramilitares se encargaron de hacer campaña en la zona de cada bloque y frente, mientras el coordinador general montó una veeduría, un comité financiero y creó una organización llamada Desarrollo para el Urabá Grande, que se convirtió en el músculo financiero de la campaña. Según la Fiscalía, utilizaron esta figura para evadir impuestos ya que según los libros contables hallados en la finca, las sumas de dinero que entraban al proyecto eran cuantiosas.
"El dinero de la campaña provenía de las múltiples subastas que realizaba ‘El Alemán’ en Virgen del Cobre, una finca en Necoclí que fue propiedad del narcotraficante José Antonio Ocampo alias ‘Pelusa’, y a la que acudían ganaderos de la región para regalar o comprar las mejores reses", explicó la Fiscalía.
Con esta maquinaria y el terreno abonado con la comunidad, ‘El Alemán’ contó que pactaron el "carrusel de los cuatrillizos", una estrategia para llevar a la Cámara de Representantes a cuatro representantes en un mismo período. El asunto consistió en rotarse la curul una vez por año, presentando la renuncia y dándole paso al siguiente renglón. Fue así como entre 2002 y 2006 Manuel Darío Ávila, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade pasaron por el Congreso.
Según ‘El Alemán’, los ‘cuatrillizos’ hicieron llave con el candidato al Senado Rubén Darío Quintero Villada, quien también resultó elegido y fue avalado por el partido Cambio Radical.
"De esta forma fue que los paramilitares promovieron los candidatos por los pueblos. Comenzaron por las juntas de acción comunal, pasaron por los concejos, las alcaldías  y la Asamblea hasta llegar al Congreso", dijo el investigador de la Fiscalía. Durante la audiencia, fue reproducido uno de los videos hallados en la finca Andalucía que mostró cómo un alcalde de la región firmó un documento con membrete del Bloque Élmer Cárdenas aceptando una alianza con ellos.
A partir de los documentos encontrados y de las investigaciones, la Fiscalía concluyó que 10 políticos de algo rango, entre congresistas y gobernadores, han sido condenados o son investigados por nexos con los bloques Bananero y Élmer Cárdenas.
El ex senador Ramón Antonio Valencia fue condenado a 3 años y nueve meses de prisión; Rubén Darío Quintero Villada a siete años y seis meses de prisión; Humberto de Jesús Builes a 90 meses de prisión, y Juan Carlos Martínez Sinisterra afronta un juicio por ‘parapolítica’ ante la Corte Suprema de Justicia. Los ‘cuatrillizos’ fueron capturados en septiembre de 2010, mientras el exgobernador del Guaviare Óscar de Jesús Cadavid López fue condenado a 90 meses de prisión y el exgobernador y exembajador en República Dominicana, Juan José Cháux, fue llamado a juicio.
Según el informe presentando durante la audiencia, la Fiscalía capturó el 12 de marzo de 2010 a 25 funcionarios públicos del Urabá investigados por nexos con los paramilitares. El 5 de marzo de 2011 el organismo profirió resolución de acusación, es decir formuló cargos y acusó ante un juez competente, a otros 14 funcionarios públicos de la región. En total, en el Urabá antioqueño son investigados 35 funcionarios entre ex alcaldes, excandidatos a cargos de elección popular y hasta exjefes de prensa de los municipios de Arboletes, Apartadó y San Juan de Urabá.
La Fiscalía aclaró que el caso en el Urabá antioqueño es apenas la punta de lanza de una investigación que avanza sobre pactos similares en Córdoba y Chocó. "Señor magistrado sobre estos dos proyectos políticos no podemos dar muchos detalles porque están en etapa de reserva sumarial", dijo el investigador.
Para el organismo investigador, el proyecto político paramilitar no sólo tuvo como trasfondo la cooptación del Estado para incidir en las decisiones de poder. Estuvo relacionada con el despojo masivo de cientos de hectáreas en el Urabá, donde Vicente Castaño proyectó quedarse con las tierras más ricas para explotarlas con negocios lucrativos como la palma y la ganadería extensiva. En el Urabá, como en otras zonas del país, los líderes campesinos que reclaman estas tierras han sido amenazados y algunos de ellos asesinados.
"Tener un metro cuadrado en el Urabá es mejor que tener una mina, me dijo Vicente Castaño", recordó alias ‘H.H.’.
21 de mayo de 2011
25 de marzo de 2011
©verdad abierta

despojo silencioso en casanare


‘Los Buitrago’ robaron cientos de hectáreas en uno de los departamentos más ricos del país. Aguazul, Paz de Ariporo, Hato Corozal y Maní son los municipios más críticos.
Colombia. En Casanare nadie había denunciado el robo de tierras. Hasta hace poco veinticinco campesinos viajaron hasta Yopal para hacerlo ante el Ministerio del Interior y de Justicia, después de 25 años de haber sido víctimas de homicidios, desapariciones y despojos.
Sus denuncias aparecen en una región donde Acción Social registra 11.881 desplazamientos entre 1997 y agosto de 2010, y donde según las víctimas, detrás de muchos de esos destierros vino un despojo sistemático de sus fincas por parte de los paramilitares.
Cada uno alzaba la mano para pedir la palabra. Todos querían contar su tragedia, después de que los funcionarios del Ministerio anunciaron que instalarían allí la Segunda Mesa de Justicia Transicional del país, un mecanismo para atender de forma integral a las víctimas. "Doctor, estamos alegres que nos hayan venido escuchar. Las sabanas de Casanare claman justicia. El problema es el miedo y el silencio". Las palabras de la líder comunitaria resumieron el clamor de los campesinos de la región.
Y es que por Casanare aún ronda la sombra de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, el exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) que dejó por lo menos 10.000 víctimas en la región y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Las Acc o ‘Los Buitragueños’, como se les conocieron popularmente,  fueron el único grupo paramilitar de los Llanos Orientales que no se desmovilizó. Por eso los campesinos tienen miedo de denunciar, "porque aquí se convive con ellos", dicen en la región.
Fue en este escenario propiciado por el Ministerio del Interior y de Justicia que los campesinos se atrevieron a denunciar cómo ‘Los Buitragueños’ los despojaron de sus fincas. En Casanare, el departamento con mayor número de desaparecidos por habitante -alrededor de 6.000-, empezaron a aparecer las primeras pistas de cómo fueron los despojos sistemáticos.
 VerdadAbierta.com viajó a la zona, habló con las víctimas y a través de sus historias se pudo conocer la magnitud del robo de tierras.

El Despojo en el Hato y la Paz
El río Ariporo es la principal fuente hídrica de dos municipios vecinos: Hato Corozal y Paz de Ariporo. Ambos están ubicados en el norte del departamento y sus fincas son consideradas de vega, es decir, tierras fértiles para los cultivos de pancoger.
Los campesinos calculan que los despojos allí superaron los 600 predios por orden de Orlando Mesa Melo, alias ‘Diego’, exjefe financiero de ‘Los Buitragueños’, quien  ha  solicitado que sea postulado a los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz.
Según los relatos de los campesinos, alias ‘Diego’ los amenazó y los desplazó para quedarse con las mejores tierras. En su estrategia, envió emisarios que los obligaron a firmar ‘cartas-venta’, un documento que no tiene validez jurídica, pero con el cual el paramilitar les ‘compró’ la tierra a precios irrisorios a nombre de familiares que le sirvieron de testaferros.
"El 10 de agosto de 2001 tuve que salir de Hato Corozal. Un grupo de 500 paramilitares a cargo de alias ‘Diego’ se instaló en mi hacienda. El 25 de ese mes citaron a mi esposa y le dijeron que no fuera a decir nada, que aceptara $30 millones de pesos por la finca o si no nos mataban. Me robaron todos los animales, incluyendo 450 reses", dijo un afectado que, como los demás campesinos de la región, hablaron bajo reserva de identidad por razones de seguridad.
Este es uno de los 10 casos de robo de tierras que ha ido documentando la Fiscalía 16 de Justicia y Paz.
Según la investigación, en esa finca los paramilitares instalaron una base de entrenamiento entre otras razones por la cercanía al río Ariporo y su navegabilidad, lo que les ofrecía mayor movilidad por la región a través de este afluente.
El campesino contó que después de ser desplazado, familiares de alias ‘Diego’ lo amenazaron para hacerlo firmar una ‘carta-venta’ por $15 millones a nombre de una cuñada del jefe paramilitar, contó el mismo campesino al que le habían ofrecido $30 millones por la hacienda.  
"Mi finca es de 700 hectáreas. Eso fue una venta forzada por un precio irrisorio. Esto no hubiera sucedido si el Gobierno me hubiera titulado a tiempo", dijo. El cartapacio que lleva consigo indica que su solicitud data de septiembre de 1994 y que el Incora le informó que lo visitaría el 17 de octubre de 1996. El trámite quedó ahí hasta que los paramilitares lo despojaron.
La tragedia de sus vecinos fue similar. Otro campesino de Hato Corozal denunció que en octubre de 2002, ‘Los Buitragueños’ le mandaron a decir que alias ‘Diego’ le compraba las 240 hectáreas de su finca por $100 millones y que de no hacerlo, se llevaría a sus hijos.
 "Me dieron $15 millones y me hicieron firmar una ‘carta-venta’ a nombre de una señora, que luego supimos que era la suegra de alias ‘Diego’. Cuando traté de volver a mirar qué había pasado con mi finca, me llevé la sorpresa que le habían cambiado el nombre", advirtió el labriego.
Cruzando el río, en las veredas de Paz de Ariporo vivieron el mismo viacrucis. "Mi finca es pequeña, pero bonita. Tiene 20 hectáreas y allá tenía ganado y cultivos de plátano, maíz y yuca. En 2000, el paramilitar ‘Diego’ me mandó razón que tenía que vender la finca, que me daba un mes para irme. Me dijo que me daba $15 millones y terminó dándome $4 millones. Lo peor fue que no solo se conformó con lo mío. ‘Diego’ le quitó las fincas a otras 17 familias", dijo un campesino.
En Paz de Ariporo las 17 familias compartían lo que ellos llamaban la sabana, una extensión comunitaria sembrada con pastos para alimentar a las bestias. "Los paramilitares se quedaron con la sabana y con las 17 fincas. En menos de un año nos sacaron  a todos matando a varios de nuestros seres queridos. Quemaron todo: los cultivos de plátano, yuca y maíz, incluyendo la escuela. No pudimos volver. Ahora esos predios están destinados a la ganadería", denunció una víctima.
Ninguno de los los afectados tiene copia de las ‘carta-venta’, menos de un título de propiedad, porque allí la tenencia de la tierra es informal. Casanare fue creado jurídicamente en 1991 y en la mayoría de los casos, los campesinos cuentan que heredaron las fincas de sus  padres, colonos todos ellos que llegaron allí hace varias décadas a explotar los terrenos baldíos.  Según Magdalena Peñuela, directora regional del Incoder, en sus oficinas hay 10.000 solicitudes de titulación, una cifra que da cuenta de la dimensión del problema de la tierra en este departamento.

El Robo en Aguazul y Maní
De Yopal hacia el sur están ubicados Aguazul y Maní, dos municipios donde los campesinos denunciaron despojos masivos de tierra. Aguazul fue el sitio donde José Reinaldo Cárdenas Vargas alias ‘Coplero’, el único desmovilizado de ‘Los Buitragueños’, instaló una oficina de sicariato, según lo ha confesado  en versiones libres ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
En la reunión ante el Ministerio del Interior y de Justicia, un campesino que representa a las nueve veredas de ese municipio contó cómo ‘Los Buitrago’ les robaron las tierras: "En octubre de 2001, seis paramilitares llegaron y mataron a mi hermano. Por miedo a que nos pasara lo mismo nos desplazamos. El que hizo todo eso fue alias ‘HK’".
Según la Fiscalía, alias ‘HK’ era Luis Eduardo Linares Vargas y fue el segundo de alias ‘Martín Llanos’. En una versión libre realizada en agosto de 2010, alias ‘Coplero’ contó que ‘HK’ elaboraba los listados de las personas que luego fueron asesinadas tras ser señaladas de colaborar con la guerrilla o con el Bloque Centauros, grupo paramilitar con el que se declararon la guerra.
"La finca tenía 150 hectáreas y era una sucesión. No tenía títulos porque todo ocurrió cuando estaba haciendo el trámite. Además de los cultivos y las 50 reses, perdí una empresita familiar que tenía. Nosotros, a diferencia de muchos, sí pudimos volver", dijo.
El campesino asegura que en Aguazul ‘Los Buitragueños’ no se quedaron con las tierras, sino que las usurparon provisionalmente para instalar bases. Cosa muy distinta, aseguran los campesinos del municipio de Maní, ocurrió con sus fincas. Allí los habitantes calculan que los paramilitares de ‘Martín Llanos’ se robaron 10.000 hectáreas que ahora están sembradas con palma aceitera.
"Solo en una vereda éramos 40 familias y a todas nos sacaron corriendo. Los paramilitares nos amenazaron y nos trajeron a una notaría de acá de Yopal, en la que autorizábamos la venta de las fincas. La mía, que era pequeña, costaba $20 millones y me dieron $8 millones. Luego tratamos de averiguar y nos dimos cuenta que todo había cambiado".
Según el campesino, las fincas de las 40 familias "pasaron por varios dueños" y luego fueron englobadas en un solo predio de 3.000 hectáreas. "Desde hace tres años sembraron palma. Antes, ahí los paramilitares instalaron un laboratorio de coca y un helipuerto clandestino que lo ocultaban con ganado y luego lo reabrían con una retroexcavadora", contó un campesino.
En otra vereda de Maní, una familia sufrió el despojo de 2.500 hectáreas a manos de los paramilitares, después de que el Incora no les quiso titular porque en la zona había petróleo. "No teníamos títulos porque era una sucesión de 120 años, de una posesión que tenía mi tatarabuelo. Los de ‘Martín Llanos’ nos quitaron la tierra y mi hijo, que andaba reclamando, fue asesinado. Sin embargo, nosotros seguimos pagando impuestos con la esperanza de que algún día nos devuelvan la tierra con escrituras", contó una campesina de la zona.  
En Casanare ninguna de las víctimas quiere que aparezca su nombre ni el de su finca. Nada que dé pistas que los ponga en riesgo. Por eso le solicitaron al Ministerio del Interior y de Justicia que busque una fórmula jurídica para que los 120 paramilitares de las Acc que están presos, puedan ser incluidos en Justicia y Paz.
"Las víctimas del Casanare no hemos recibido la verdad. Pedimos que los paramilitares sean incluidos en esa ley para que confiesen dónde están nuestros desaparecidos y cómo se robaron nuestras tierras", dijo un campesino durante la reunión.
Mientras eso sucede, el Ministerio de Agricultura se comprometió a estudiar la historia de los bienes, y la Fiscalía creó una sub-unidad especializada para investigar el robo de tierras. El Incoder dijo que, a través de un convenio firmado con la Gobernación de Casanare, adelantaría las primeras 400 mediciones de terrenos para luego seguir con los procesos de titulación.
Según estadísticas de Acción Social, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Aguazul y Maní están precisamente entre los municipios más expulsores, es decir, de donde han salido más familias desplazadas entre 1997 y agosto de 2010. Entre los cuatro municipios, en ese lapso de tiempo, han sido desplazadas 4.303 familias (ver datos), con una mayor intensidad en 2002, cuando los ‘Buitragueños’ empezaron una guerra con ‘Los Centauros’, de Miguel Arroyave, alias ‘El Arcángel’.
Para la Fiscalía 16 de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fue en 2002 donde aumentó el despojo sistemático en este departamento. "El robo de tierras hizo parte de la estrategia de control militar de esos bandos. En la financiación de esa guerra, los paramilitares cobraron impuestos ilegales por hectárea cultivada, por cabeza de ganado y hasta por gallina. Todo eso implicó despojos", dijo un investigador de la Cnrr.
Mientras ‘Los Centauros’ delinquieron de Yopal hacia el norte, en los municipios de Pore, Nunchía, Támara, Hato Corozal, Paz de Ariporo, San Luis, Trinidad y Orocué; los ‘Buitragueños’ lo hicieron hacia el sur, en Aguazul, Maní, Tauramena, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza. En medio de esa confrontación, las organizaciones de víctimas creen que durante los últimos 10 años fueron desplazadas 300.000 personas dentro del territorio, la misma población que tiene censada el departamento, según el Dane.
Los campesinos aseguran que persistirán en sus reclamaciones. "Yo creo que mañana será mi último cumpleaños. Cumplo 54. Creo que por andar reclamando en cualquier momento me matan. Pero yo insisto, sigo luchando por una tierra que le pertenece a mis hijos y no a unos bandidos", dijo un campesino.
20 de mayo de 2011
19 de mayo de 2011
©verdad abierta

ordenador de reyes no es válido


Corte Suprema: Pruebas del computador de ’Reyes’ no son válidas. El concepto del alto tribunal fue clave en el auto inhibitorio a favor del exreprsentante a la Cámara Wilson Borja en el caso que se le seguía por ’farcopolítica’.
Colombia. Tras la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que optó por archivar el caso que se le seguía por supuesta ‘facopolítica’ al exparlamentario Wilson Borja, se conoció que el principal argumento del alto tribunal para tomar la decisión estuvo basado en que el material probatorio encontrado en los computadores del abatido alias ‘Raúl Reyes’ no fue obtenido de manera legal.
En el auto inhibitorio a favor de Borja, la Corte sustenta que dentro de la jurisdicción colombiana, material como documentos, correos, fotografías y demás archivos hallados en esos ordenadores tras la ‘Operación Fénix’, que terminó con la baja del jefe guerrillero en territorio ecuatoriano, no pueden ser usados contra el exrepresentante por Bogotá del Polo Democrático Alternativo.
De igual forma, tampoco podrían ser usados en ningún otro proceso, todo por cuestiones de procedimiento: los militares que recogieron esas pruebas no estaban investidos con las funciones de Policía Judicial.
Los senadores Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja fueron acusados por la Fiscalía en 2008 ante la Corte Suprema dado que sus nombres aparecieron entre los correos electrónicos que fueron hallados en los ordenadores de ‘Reyes’. Esta misma acusación fue presentada en contra de los congresistas Luis Fernando Velasco y Jorge Enrique Robledo.
El alto tribunal archivó esos casos, estando pendiente el de Córdoba, quien también fue destituida y separada de su curul con base en esas mismas pruebas por parte del procurador General Alejandro Ordóñez.
19 de mayo de 2011
©semana

condenan al zorro


Condenan a alias ’El Zorro’ por el asesinato de un miembro de la UP en Granada.  Héctor Horacio Triana, más conocido como ’El Zorro’, fue condendo a 18 años de cárcel por el asesinato de un militante de la Unión Patriótica en Granada, Meta, cometido en 1992.
Colombia. Por el homicidio de Edison Sánchez Villamil, miembro de la Unión Patriótica (UP), y distribuidor del periódico Voz, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a 18 años de prisión a Héctor Horacio Triana, alias ‘El Zorro’, como coautor de homicidio agravado y autor de concierto para delinquir.
El asesinato ocurrió el 11 de julio de 1992, cuando Sánchez Villamil fue obligado a abordar una camioneta junto con su esposa Graciela Rodríguez, en la que fueron llevados a la vereda Santa Helena, en la vía que del municipio de Granada conduce al de Fuente de oro (Meta), donde fueron asesinados con arma de fuego.
En noviembre de 2010 para obtener los beneficios por sentencia anticipada, alias ‘Zorro’ admitió que en la década de los 80 fue integrante del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en Puerto Boyacá, y que luego integró grupos de autodefensa de Gonzalo Rodríguez Gacha en Pacho y en Guayabal (Cundinamarca)
Posteriormente, según lo aceptado en esa diligencia judicial, fue enviado al bloque Centauros en Vistahermosa (Meta), donde recibió órdenes de Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, para perpetrar homicidios de simpatizantes de la UP en los Llanos Orientales.
18 de mayo de 2011
©verdad abierta