Blogia
mQh

colombia

reunión gil-auc tuvo testigos


’Vecino’ testigo de una nueva reunión Gil-Auc. El exjefe del Bloque Héroes de Los Montes de María dijo que el exsenador estuvo en una reunión convocada por Vicente Castaño y alias ‘Macaco’.
Colombia. Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ dijo que fue testigo de una reunión del exsenador Luis Alberto Gil con algunos jefes de la cúpula de las Auc, durante un almuerzo citado por Vicente Castaño alias ‘El Profe’ en una finca de Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, jefe militar del bloque Central Bolívar, Bcb. Sin embargo, aclaró desconocer que haya habido un pacto entre Gil y los paramilitares.
La declaración del jefe político del Bloque Héroes de los Montes de María le dio un giro al juicio que adelanta la Corte Suprema contra el senador Gil por nexos con paramilitares.
Desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2011, ningún testigo, incluyendo al político santandereano, había mencionado esta tercera reunión entre el excongresista y los paramilitares. Hasta el momento, los testigos han reconocido la existencia de dos reuniones, ambas entre Gil e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, justificándolas con el pretexto que el excongresista asistió a ellas para pedir garantías de seguridad al jefe político del Bcb.
Aunque  ‘Diego Vecino’ ya había declarado ante un magistrado auxiliar el 26 de octubre de 2009, el paramilitar amplió su versión sobre la reunión que él llamó del "Piamonte", en relación con el corregimiento del Bajo Cauca antioqueño donde alias ‘Macaco’ tenía una de sus fincas.
"Fue una sorpresa ver a varios políticos allí reunidos. Si uno ve políticos en una reunión de esas, deduce que tenía fines políticos. Pero yo no organicé esa reunión y no puedo decir si se habló de temas electorales. Con todo el respeto, señores de la Corte, tendrían que preguntarle eso a ‘Ernesto Báez’", dijo el paramilitar a los magistrados de la Sala Penal.

La Reunión de Piamonte
Según ‘Diego Vecino’, la reunión realizada en la finca de ‘Macaco’ se realizó para limar diferencias entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a cargo de Carlos Castaño, y el Bcb, de alias ‘Macaco’ y Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, y establecer una estrategia política con miras a las elecciones regionales de 2002.
"Entre julio y septiembre de 2001 nos reunimos en La 21 (finca de Carlos Castaño, ubicada en Córdoba). Allí se habló del proyecto político y social creado por Castaño, cuyo objetivo era llegar a instancias como Alcaldías, Asambleas, Gobernaciones y Congreso.  Discutimos si se creaba una lista única nacional propuesta por ‘Ernesto Báez’ o si nos acogíamos a unas listas regionales propuestas por el Bloque Norte, a cargo de ‘Jorge 40’. Cuando se  habló del tema del narcotráfico hubo una fuerte discusión. El Bcb dijo que rompía relaciones con el Bcb", dijo ‘Diego Vecino’.
El exparamilitar contó que, para evitar la ruptura definitiva entre los dos grupos, él y otros jefes paramilitares como Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y Salvatore ‘El Mono’ Mancuso’ buscaron a Vicente Castaño.
"Le contamos y luego él nos llamó para contarnos que había un almuerzo en la finca de Carlos Mario (alias ‘Macaco’). Ese día Salvatore me dijo que fuera preparando el discurso, porque yo era bueno en eso de la mediación", contó el exjefe del Bloque Héroes de los Montes de María.
Aunque no recordó la fecha, dijo que la reunión de Piamonte fue semanas después de la cita en La 21, es decir, durante el segundo semestre de 2001.
"Estábamos ‘Macaco’, ‘Mancuso’, Cuco (Ramiro Cuco Vanoy), ‘Don Berna’ y ‘Jorge 40’. No estaban ‘Ernesto Báez’ ni ‘Julián Bolívar’. Mi sorpresa fue ver a varios dirigentes políticos como Mario Salomón Náder (exsenador), y a Luis Alberto Gil Castillo y al coronel Aguilar (exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo), quien iba con una comitiva", dijo el exjefe paramilitar.
En 2001, Aguilar Naranjo y Gil Castillo eran integrantes del movimiento Convergencia Ciudadana, ahora PIN. El primero le apostaba a la Gobernación de Santander, y el segundo, después de haber sido diputado de ese departamento, a una curul en el Senado. Ambos arrasaron en las urnas y derrotaron al tradicional Partido Liberal.
"Indudablemente Luis Alberto Gil estaba con el coronel Aguilar. No puedo decir de qué hablaron en la reunión porque yo me trasladé hacia la zona de la piscina, donde estaba ‘Chente’ (Vicente Castaño) y alias ‘Pepe’ y ‘Byron’. No me consta que haya habido pactos. Eso hay que preguntárselo a la gente del bloque Central Bolívar porque yo era de otro bloque", reiteró alias ‘Diego Vecino’.
En su defensa, el exsenador Luis Alberto Gil interrogó al exjefe paramilitar y le dijo que se contradecía, al no contar los detalles que rindió durante la primera declaración ante la Corte. "Usted dijo que esa reunión de Piamonte tenía dos objetivos. Una, buscar la confianza del Bcb y dos, hablar del proyecto político. Que Salvatore le dijo que llevaran políticos, que eso generaba más confianza. Ahora dice que no sabe los objetivos de la reunión", le dijo el excongresista.
Durante la declaración, alias ‘Diego Vecino’ aseguró que de acuerdo con los listados presentados por alias ‘Ernesto Báez’ durante la reunión en la finca La 21, "las cuotas políticas de los paramilitares al Congreso eran Carlos Arturo Clavijo y Carlos Higuera Escalante, al Senado por Santander, y Rocío Arias, a la Cámara por Antioquia", dijo el exjefe paramilitar.
Sobre el exdiputado de Antioquia Leonardo de Jesús Zapata, el testigo citado por la Corte el lunes 9 de mayo de 2011 y quien aceptó ser el enlace entre Gil y ‘Ernesto Báez’ para concretar las dos reuniones reconocidas por el excongresista, alias ‘Diego Vecino’ dijo "que el diputado era cercano al Bloque Central Bolívar y a ‘Báez’".
Durante la etapa de testimonios, aún falta que declaren el coronel (r) Aguilar Naranjo y alias ‘Macaco’. La jornada de audiencias está programa hasta el viernes 13 de mayo de 2011.
12 de mayo de 2011
10 de mayo de 2011
©verdad abierta

los negocios de los paras


Una investigación realizada por la Corporación Nuevo Arcoiris revela cómo los ’paras’ se fueron apropiando de regalías del petróleo y del carbón, la tierra y los recursos de la salud.
Colombia. Sobre la economía de los paramilitares. De eso habla el libro ‘Los negocios de los paras’, una investigación hecha por la Corporación Nuevo ArcoIris que pone en relieve cuáles fueron esas redes de corrupción en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) lograron meterse.
A través de varios casos, todos sorprendentes, se devela de qué forma la inoperancia de las instituciones de control y regulación estatales permitieron que los ‘paras’ se fueran apropiando, poco a poco, de las regalías del petróleo y del carbón, la tierra y hasta de los recursos de la salud.
En este último caso, el nombre del senador Dieb Maloof sobresale. Según la investigación de Nuevo Arco Iris, él, en alianza con el Bloque Norte de las AUC, logró saquear a la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla.
El escándalo de Enilse López también tiene lugar en ‘Los negocios de los paras’. De acuerdo con el estudio, su caso demuestra que las reformas a la explotación de los juegos de azar iniciadas desde el 2001 abrieron la oportunidad para el surgimiento de poderosos operadores que consecuentemente se convirtieron en determinantes de la política electoral regional.
Mauricio Romero, coordinador editorial de la investigación, señala que a lo largo del trabajo, que tardó casi un año, se evidencia cómo los resultados de las reformas en el sector de la salud en las zonas en donde las AUC tuvieron influencia, como en la costa del país, son desalentadoras.
"La privatización de los servicios y su financiación, que buscaba crear empresarios en el sector salud y de juegos de azar, terminó creando ventajas para delincuentes y oportunistas, quienes se han alzado con los recursos del sector, en medio de un mar de necesidades", se lee en el libro.
 
El Caso de Dieb Maloof
"Lo de Dieb Maloof es una cosa muy calculada, lo que hace es legislar en beneficio propio", dijo recientemente en una entrevista radial el director de Nuevo Arco Iris, León Valencia.
La red familiar y de amigos políticos creada por el exsenador, señala la investigación, es un ejemplo de cómo una red ligada con los paramilitares del Bloque Norte se apoderó de una parte importante de los recursos de la salud en los departamentos de la costa caribe, a través del saqueo de la ESE José Prudencio Padilla.
La modalidad, agrega el estudio, era crear una red de cooperativas de trabajo asociado manejadas por personas cercanas al exsenador Maloof. El texto elaborado por Nuevo Arco Iris recuerda que Dieb Maloof fue ponente en la reforma realizada a la ley 100 en el 2006 con la que se fortaleció a las EPS para el manejo de los recursos públicos.
"De la contratación de la ESE en el 2005 el 50% se hizo a través de cooperativas, es decir, con 24, de las cuales 13 estaban ligadas a Maloof. Eso quiere decir que de un presupuesto de 165.000 millones de pesos de la ESE, 82.000 millones fueron contratados con cooperativas y, las 13 relacionadas con Maloof, manejaron 23.245 millones de pesos", revela la investigación.
Como consecuencia de los malos manejos, la ESE José Prudencio Padilla, que reemplazó al ISS en la costa norte, fue liquidada en el 2006.
El caso de la ESE José Prudencia Padilla es solo uno de los muchos que el libro ‘Los negocios de los paras’ utiliza para reflejar cómo políticos, paramilitares y herederos se la idearon para robarse los recursos del sector.

El Caso Enilse López
Dice la investigación que Enilse López logró configurarse como empresaria del monopolio del chance en la costa caribe con casi 20.000 vendedores y una nómina cercana a 4.000 empleados en los departamentos de Magdalena, con Aposmar; Bolívar, con Unicat; Sucre, con Aposucre, y Atlántico, con Uniapuestas.
Su caso -agrega el estudio- pone en evidencia cómo las reformas a la explotación de los juegos de azar iniciadas desde el 2001 abrieron la oportunidad para el surgimiento de poderosos operadores que consecuentemente se convirtieron en determinantes de la política electoral regional.
Según el libro de Nuevo Arco Iris, la consolidación del poder político de la ’Gata’ en la costa logró crear una red de familiares y amigos que fueron ubicados en puestos clave.
"La dimensión de las cifras involucradas en las apuestas de El Chance explica por qué un operador como la ’Gata’ se convirtió en un factor clave del engranaje político y militar del Bloque Norte de las AUC", resalta la investigación.
El texto señala y destaca cómo la receta para el saqueo a los recursos de la salud y la apropiación de regalías del petróleo y del carbón "combinaba la amenaza y ejercicio de violencia y la ubicación de personas de confianza en puestos claves en las administraciones locales, instituciones prestadoras de servicios, y cooperativas".
12 de mayo de 2011
©verdad abierta

aumentan falsos positivos


Cinep alerta por aumento de ‘falsos positivos’ en 2010. Según la investigación, hubo un incremento de 58,3% entre 2009 y el año pasado en los casos y de 69,5% en las víctimas.
Colombia. Colombia registró un incremento "preocupante" de ejecuciones extrajudiciales en 2010, con 12 casos y 23 víctimas frente a los 7 casos y 16 víctimas del año anterior, según un informe del no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) conocido el sábado.
Este tipo de violaciones a los derechos humanos "continúan presentándose en el país por más que la magnitud de casos no sea tan significativa como lo fue en los años más críticos de los ’falsos positivos’ (2006-2008)", sostiene el Cinep.
El incremento entre 2009 y el año pasado fue del 58,3 % en el número de casos y de 69,5 % en el de víctimas, precisa el informe titulado "Falsos positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia".
Además, de acuerdo con el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, el acumulado de ejecuciones entre 2001 y 2010 asciende a 562 casos y 887 víctimas.
Ese organismo del Cinep ha identificado "nuevas modalidades" en las ejecuciones extrajudiciales: en algunos casos los responsables "ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros, sino como personas asociadas a la delincuencia común", y en otros se atribuyen a "errores de operación por parte de la Fuerza Pública".
"El panorama de las investigaciones judiciales es preocupante por los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando", advierte el Cinep.
A esto "se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la justicia penal militar con la ordinaria", así como "la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) que aún continúan en servicio".
El escándalo de los "falsos positivos" salió a la luz en Colombia en 2008 a raíz del llamado "caso Soacha", que investiga la desaparición y posterior asesinato de unos 20 jóvenes de esa localidad aledaña a Bogotá que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
El "caso Soacha" se produjo cuando era ministro de Defensa el ahora presidente Juan Manuel Santos y, pese a que entonces se tomaron medidas para evitar las ejecuciones extrajudiciales y castigar a sus responsables, "el control de estos abusos no parece haber sido total", concluye el Cinep.
8 de mayo de 2011
7 de mayo de 2011
©semana

condenan a exalcaldes del urabá


Un juez de Antioquia condenó a dos exalcaldes y un comerciante por nexos con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, aunque les rebajó la pena a la mitad.
Colombia. Miguel Ángel Zuluaga Urbiñez y Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez, ex alcaldes de San Juan de Urabá y Necoclí, fueron condenados a tres años y siete meses de prisión por haber tenido nexos con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas.
Según la Fiscalía, así lo decidió el Juzgado Adjunto al Primero Especializado de Antioquia, que también condenó por estos vínculos al comerciante Fabio Alonso Cardona Gallego. En las investigaciones, los dos funcionarios públicos y el comerciante fueron hallados responsables del delito de concierto para delinquir.
El Bloque Élmer Cárdenas delinquió en el Urabá chocoano, financiándose del narcotráfico, a cargo de Freddy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’. Según lo contado por desmovilizados en versiones libres, este bloque utilizó una cooperativa Convivir para cobrar extorsiones a los bananeros y convirtió al río Atrato en un cementerio para arrojar los cuerpos de sus víctimas. El 12 de abril de 2006 en Necoclí, Antioquia, este bloque se desmovilizó con 309 hombres.
En las audiencias realizadas contra paramilitares que delinquieron en el Urabá, la Fiscalía contó que el 12 de marzo de 2010 capturó en esta región a 25 funcionarios públicos investigados por nexos con los paramilitares. El 5 de marzo de 2011 el organismo profirió resolución de acusación, es decir formuló cargos y acusó ante un juez competente, a otros 14 funcionarios públicos.
En el caso del Urabá antioqueño son investigados 35 funcionarios entre ex alcaldes, excandidatos a cargos de elección popular y hasta exjefes de prensa de los municipios de Arboletes, Apartadó y San Juan de Urabá. Para el organismo investigador, el proyecto político paramilitar no sólo tuvo como trasfondo la cooptación del estado para incidir en las decisiones de poder. Estuvo relacionada con el despojo masivo de cientos de hectáreas en el Urabá, donde Vicente Castaño proyectó quedarse con las tierras más ricas para explotarlas con negocios lucrativos como la palma y la ganadería extensiva.
Por haberse acogido a los cargos imputados, el juez les concedió rebaja en la mitad de la pena a los dos exalcaldes y al comerciante.
6 de mayo de 2011
4 de mayo de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

investigan a josé aristides andrade


La Corte de Suprema de justicia negó la solicitud de la defensa del ex congresista José Aristides Andrade de prescribir el caso en su contra por el delito de homicidio.
Colombia. El Alto tribunal ratificó la decisión de darle continuidad al proceso que sigue contra del ex representante implicado en el homicidio del candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, David Núñez Cala, perpetrado por sicarios el  5 de abril de 1991.
Según el periódico El Espectador, la investigación sobre el homicidio de Núñez Cala se reabrió luego de que en versión libre el ex comandante paramilitar Mario Jaimes Mejía alias ‘El Panadero’, quien antes de ingresar a las filas del paramilitarismo perteneció a frente 24 de las Farc, declara que Andrade había señalado a Núñez Cala, militante de su mismo partido, como colaborador de un grupo paramilitar con incidencia en los Santanderes y el Magdalena Medio.
Según la versión del ‘Panadero’, en una reunión el ex congresista y David Ravelo, defensor de derechos humanos, acusado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, discutieron sobre la inconveniencia de que Núñez Cala llegara a las alcaldía de Barranca por su supuestos nexos con ‘Los Masetos’.
Además el ex paramilitar dijo que Andrade presuntamente se comprometió a financiar un comando urbano del frente 24 de las Farc.
6 de mayo de 2011
5 de mayo de 2011
©verdad abierta

los paramilitares en nariño


Los ’paras’ y la violencia en Nariño. Durante cuatro años paramilitares se tomaron Nariño, varios desplazados le contaron a VerdadAbierta.com cómo se ensañaron contra la población y los crímenes que cometieron para imponer su ley.
Colombia. La unión y la tranquilidad que tenían los habitantes de los municipios ubicados entre el río Patía y la cordillera Occidental desaparecieron abruptamente con la incursión del Bloque Libertadores del Sur en esa región.
Desde el año 2001, hasta el 30 de julio de 2005 -fecha en la que se desmovilizó ese grupo armado ilegal-, los hombres de ’Macaco’ y ’Pablo Sevillano’ azotaron día y noche a las comunidades afrodescendientes que vivían en los municipios Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva .  
La estrategia que utilizaron los paramilitares en esta región fue la misma que implementaron en todo el país para controlar sus territorios: el terror. Desde la llegada de las Auc, los asesinatos y las desapariciones forzadas aumentaron y era extraño que pasaran más de tres días sin que se cometieran un crimen.
Los paramilitares utilizaron al río Patía para difundir su ley. "Permanentemente botaban gente al río. Amarraban hasta cinco muertos y los arrojaban al río para que todo el mundo viera lo que le podía pasar. Cuando crecía el río, en una sola curva se podían encontrar entre cuatro y siete muertos. Cada dos o tres días bajaban muertos, aunque fuera uno", le contó a VerdadAbierta.com un desplazado.
"En los primeros años tiraban a las víctimas amarradas al río. Dos años después, empezaron a usar fosas comunes y arrojar a las víctimas sin amarrar. Metían miedo desde el principio", recordó otro desplazado.
En la región también tenían presencia las Farc y el Eln, pero algunas personas entrevistadas por VerdadAbierta.com dijeron que "la guerrilla no molestaba a la población civil". "Ellos se dedicaban a sacar y comprar oro. Donde había oro ahí estaban porque tenían dragas o les compraban a los campesinos. Unos trabajan de civil y los uniformados estaban arriba en el cambuche", contó una fuente.
Los desplazados de la región cuentan que la guerrilla también asesinó población civil, pero reconocen que "después de que entraron los paramilitares, se dieron las masacres más grandes y atroces".
Además, el ingreso de las Auc a la zona hizo que las guerrillas también pusieran sus miras en los campesinos y afrodescendientes. Un desplazado contó que "hubo desconfianza de la guerrilla porque los campesinos tenían que hablar con los paramilitares cuando los requisaban o pasaban por sus retenes".
"Con la llegada de los paramilitares, la guerrilla empezó a atacar a la población civil. Nadie podía salir de la zona varias veces porque lo acusaban de informante. Tampoco se podía pasar por las zonas de los diferentes grupos porque se era acusado por el contrario", contó un desplazado.
De este modo, la población civil quedó en medio de un conflicto que no les pertenecía y vieron cómo empezaron a caer sus líderes y vecinos. Incluso, algunos encontraron en esa guerra irregular una forma para solucionar sus problemas. "La gente que tenía problemas personales con alguien le decía a los paramilitares que esa persona era guerrillero para que lo asesinaran".
Bajo la excusa de "dar de baja" a milicianos o colaboradores de la guerrilla, los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur asesinaron y amenazaron a varios líderes comunitarios pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal.
"Atacaron directamente a los líderes comunitarios o presidentes de Juntas de Acción Comunal. Decían que todos los presidentes de las Juntas eran colaboradores de la guerrilla. También pasó lo mismo con los comisarios de Policía. Esa fue la estrategia de ellos", le contó a VerdadAbierta.com un desplazado.
Dentro de las comunidades afrodescendientes, que poseen territorios colectivos o comunitarios, el presidente es el encargado de organizar a la comunidad y es el interlocutor con las autoridades para conseguir recursos para su población.
"Si el presidente no está, se desarticula todo porque la comunidad camina entorno a él. Como ellos (los paramilitares) tenían una estrategia de apoderamiento, que es parte de su estrategia de despojo, deciden asesinar a los presidentes para desarticular a la comunidad. Por eso no permitían que hubiera Consejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal", concluyó un desplazado.

La Maldición del Narcotráfico
El preludio de la tragedia que arremetió contra los habitantes de la región del Patía fueron los cultivos ilícitos. Algunos desplazados le contaron a VerdadAbierta.com que a raíz de las fumigaciones que se hicieron en Putumayo a finales de los 90, "llegaron paisas y mafiosos sembrar y comprar coca".
Poco a poco fueron llegando personas que empezaron a cultivar a "media" (en esta modalidad alguien pone la tierra, otra persona siembra y las ganancias se reparten a la mitad) en la tierra de los campesinos. Pero ese negocio ’miti-miti’ se convirtió en una puerta que permitió el ingreso del despojo de tierras por parte de las personas involucradas en el narcotráfico.
Algunos desplazados contaron que como los campesinos no tenían los recursos suficientes ni sabían cómo cultivar la coca, los narcotraficantes les compraban la tierra con la excusa de sacar adelante el cultivo.
También dijeron que los paisas de Putumayo les daban parte del pago a los campesinos en electrodomésticos, para que estuvieran sin plata cuando llegara el momento de cosechar. "Se apropiaban de la tierra bajo la excusa de que el campesino no tenía con qué mantener la producción y les decían que les dejaran la tierra", contó un desplazado.
Otro desplazado contó que los narcos decían "como no tiene cómo cultivar y yo estoy perdiendo plata, entonces le compro". Agregó que por eso los campesinos vendían las hectáreas que cultivaban a "media" y después vendían el resto de la tierra hasta que los "paisas" se quedaban con toda la finca.
"El campesino era muy ingenuo y vendía a menor precio. Ellos nunca habían vendido la tierra y por desconocimiento vendieron a bajo precio. La tierra no se vendía", contó un desplazado.
Con el negocio ilícito del narcotráfico establecido en la región, los grupos armados empezaron a cobrar extorsiones para la siembra y el cultivo de la coca. También se convirtió en una de las causas para dar de baja al enemigo o sus colaboradores.   
"La gente se dio cuenta de la presencia de los paramilitares cuando la guerrilla empezó a asesinar a los mafiosos con nexos con ellos. Asesinaba a compradores de coca", contó alguien que vivó en la región.

Vacunas
Además de los "impuestos" que los paramilitares les cobraban a los campesinos y los compradores de coca para cultivar y sacar la droga de la región, el Bloque Libertadores del Sur también vacunó a las personas alejadas de los cultivos ilícitos.
"En 2001 se hicieron en Remolino Panamericano y le cobraban impuesto a todo el campesino que salía de la cordillera. Si había gente que no salía, les mandaban razón para que salieran. Vacunaron a todos los campesinos, también a los raspachines y los compradores de coca. La arroba la pagaban a cinco mil", cuenta un desplazado.
Remolino es la única vía que comunica a varias veredas con Policarpa y los paramilitares pusieron un retén en el puente que está sobre el río Patía en la vía Panamericana y allí era donde cobraban las extorsiones a las personas que querían salir de las veredas.
Hubo personas que no salieron de sus fincas en años para no pagarle impuesto a los paramilitares.
Pero cuando se animaban a salir de las veredas y los paramilitares los cogían, "les cobraban el dinero que estuvieron en sus fincas más intereses por irrespeto a la autoridad", contó un desplazado.
Entre los casos que le contaron a VerdadAbierta.com, están el de un señor que se demoró en salir de su finca más de un año y le quitaron una camioneta y cuarenta millones de pesos. También el de otra víctima que estuvo confinada en su vivienda por casi tres años, fue asesinada y le quitaron nueve millones de pesos.
"Ellos tenían informantes en la zona que les contaban cuánto producían trimestralmente los finqueros. Sabían cuántas arrobas se cosechaban trimestralmente. Cuando salían (los finqueros), tenían registro de quiénes habían pagado. A algunos que no les pagaron los mataron y los tiraron al río.

La Profanación del Río
Además de las innumerables personas que los paramilitares asesinaron y desaparecieron en el río Patía, estos hombres y su barbarie también mataron al río para las comunidades afrodescendientes.
Además de ser su fuente de sustento y alimentación, cultural e históricamente, el río siempre fue parte trascendental del diario vivir de los pueblos asentados en el Patía.
"Dejamos de pescar porque los peses salían revueltos en las mallas con muertos. Dejamos de bañarnos y de celebrar en el río. Nos tocó dejarlo de lado", recordó un desplazado.
Otro contó que "bajaban cuerpos sin cabezas, sin piernas o sin brazos. Algunas veces amarraban hasta cinco cadáveres y les ponían flotadores para que la gente los viera y se atemorizaran. En una ocasión encontraron 18 muertos en una curva del río Patía por San Luis, vereda del municipio de Maguí".
Por estas razones los pobladores del Patía dejaron de sacar el bocachico, el barbudo, el sábano, la cachama y la tilapia que les encantaba, para comprar por más de diez mil pesos lo que la naturaleza les regalaba en perfectas condiciones.
Además, los paramilitares les prohibieron a las personas recuperar los cuerpos para enterrarlos. "Si nosotros encontrábamos un cuerpo, lo anunciábamos para que la familia lo recogiera. Cuando se dieron cuenta de que la comunidad recuperaba los cuerpos, dieron la orden de asesinar al que sacara cuerpos del río. Luego la guerrilla también dio esa orden de no enterrar a ningún muerto", señaló alguien que vivió en la región.
"La gente lloraba porque ya no podía enterrar a sus compañeros. Si veía a un muerto estancado en el borde del río, entre lágrimas, le tocaba empujarlo para que se lo llevara la corriente. La gente de la región por donde pasa el río le va a decir las mismas cosas", recordó una víctima de esta violencia.
Los hombres del Bloque Libertadores del Sur también hicieron cerrar una emisora comunitaria que informaba en qué partes del río se encontraba cadáveres para que fueran enterrados. "Fue clausurada por ellos. La gente de la emisora fue amenazada porque estaban regando mucho el campanazo y se daban cuenta de las personas que asesinaban", le dijo a VerdadAbierta.com un desplazado.
6 de mayo de 2011
©verdad abierta

afrocolombianos denuncian racismo


Una ONG dedicada al estudio de los afrocolombianos denunció racismo, ausencia de una política de Estado para favorecer a la población afrodescendiente y violaciones al DIH.
Colombia. Racismo, ausencia de una política de Estado para favorecer a la población afrodescendiente y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) constituyen los mayores problemas de la población afrocolombiana, según un informe de una ONG dedicada al estudio de los afrodescendientes en el país.
"Las personas afrodescendientes viven en Colombia y América porque fueron secuestradas, esclavizadas, segregadas y condenadas al racismo y la marginalización", dijo Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Nacional Cimarrón al presentar en una conferencia de prensa un informe sobre el estado de los derechos humanos de la población afrocolombiana.
De acuerdo con el grupo, que citó fuentes oficiales, desde 1997 a 2009 al menos 286.835 afrocolombianos fueron desplazados de sus poblaciones por la acción de grupos ilegales armados y fue el departamento de Nariño el que reportó el mayor número de desplazados: 47.289 personas.
El grupo, cuyo informe fue financiado por la Unión Europea, la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Agencia Presidencial para la Acción Social, también denunció la dificultad de la población afrodescendiente para acceder a los servicios básicos, su analfabetismo y mayor "vulnerabilidad sociodemográfica", que impiden que tengan posibilidades de ahorro e inversión en educación y mejorar su calidad de vida.
"Los grandes diferenciales en torno al desarrollo humano entre la población afrocolombiana y la no étnica no se producen únicamente porque la primera afronte la pobreza en mayor grado; también podrían estar asociados a la discriminación racial", dijo el grupo en su informe.
Destacó igualmente que "la población afrocolombiana considera haber sido víctima o testigo de actitudes racistas en mayor grado que otras poblaciones" en la calle, centros de estudio y trabajo, principalmente.
Agregó que los afrocolombianos ganan en promedio menos de la mitad "de lo que ganan los no étnicos".
En Colombia, con 45,8 millones de habitantes, según el Movimiento Nacional Cimarrón, hay 4,3 millones de afrocolombianos y 11 departamentos -de los 32 del país- que agrupan el 90 por ciento de esa población.
El Movimiento Nacional Cimarrón es una organización no gubernamental fundada en 1982 en el municipio de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, una de las localidades de Colombia con mayor población afrodescendiente.
El grupo busca luchar contra la discriminación racial y, según su página en Internet, promover "políticas y programas en pro del desarrollo de las comunidades afrocolombianas".
6 de mayo de 2011
5 de mayo de 2011
©semana

condenan a exconcejal por vínculos


Un exconcejal de Caldas fue condenado por nexos con los paramilitares del Bloque Central Bolívar.
Colombia. Rubio César Vásquez Arias fue condenado a seis años de prisión por haberse aliados con los paramilitares del Bloque Central Bolívar (Bcb), para beneficiarse electoralmente.
Según la Fiscalía, así lo decidió el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales en una sentencia anticipada contra el exconcejal de La Merced, Caldas, por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.
El organismo investigador explicó que Vásquez Arias había sido elegido como concejal para el período de 2002 y 2004, y purgará su pena en una cárcel de Pereira.
El Bcb delinquió en ocho departamentos, incluyendo Caldas, y dejó 14.000 víctimas en el país. Reclutó a menores de edad y cometió  masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. Este grupo paramilitar terminó de desmovilizarse con todos sus frentes y sub-bloques el 31 de enero de 2006 con 7.603 hombres.
5 de mayo de 2011
3 de mayo de 2011
©fiscalía
©verdad abierta