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el profe de los paramilitares


Teodosio Pabón Contreras un paramilitar de bajo perfil que fue jefe político de tres bloques, asesor de Carlos Castaño y negociador en Ralito, es clave para varios casos de parapolítica en los Llanos Orientales y Valle del Cauca.
Colombia. No tuvo la cantidad de escoltas de un exjefe paramilitar. Tampoco fue visible en los medios de comunicación durante las negociaciones en Santa Fe de Ralito. Teodosio Pabón Contreras fue un desconocido para el país, pero entre el mundo de los paramilitares era alias ‘El Profe’, el asesor de Carlos Castaño y jefe político de tres bloque paramilitares.
Aunque el 3 de septiembre de 2005 Vicente Castaño firmó el acta de desmovilización del Bloque Centauros, fue Pabón Contreras quien representó a los 1.135 hombres de este grupo paramilitar en la mesa de negociación en reemplazo de Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’, exjefe paramilitar del Centauros asesinado por sus propios subalternos en septiembre de 2004.
Su relativo anonimato obedeció a su estrategia de "manejar un bajo perfil", según le dijo a Justicia y Paz. En versiones libres, contó cómo dejó de ser un profesor de bachillerato para convertirse en instructor de las escuelas paramilitares en el Putumayo, Valle del Cauca y los Llanos Orientales, en el emisario de la Casa Castaño, y en un tipo de relacionista público que delinquió tratando de ‘limpiarle la imagen’ a las Auc en el centro y sur del país.

El Contacto con las Autodefensas
Sus padres querían que fuera sacerdote, pero Pabón quería ser escritor. Desde joven, Teodosio compuso cuentos y novelas, y empezó a leer a los pensadores griegos que terminaron motivándolo a estudiar filosofía en la Universidad Nacional cuando tenía 22 años.
Era 1983 y los movimientos estudiantiles de izquierda estaban en boga. Pabón recordó que para entonces, sus compañeros le encontraron dotes de orador y diseñador, y por eso participó en mítines, en la elaboración de logos del M-19 y reproducciones del ‘Che’ Guevara. Sin embargo, dijo, "no encontré identidad con algún grupo… poco a poco perdí el horizonte".
Pabón no terminó la carrera y viajó entre 1986 y 1987 al Guaviare para dedicarse al comercio. Empezó a vender gasolina y abonos,  luego montó una caseta con una máquina de escribir para hacer las veces de tinterillo, vendió revistas y ayudó a entregar la correspondencia en la región. De a poco, por las funciones que cumplía, "me convertí como en una especie de persona pública dentro de los líderes de las Farc". Por miedo, le contó a Justicia y Paz, se unió a la guerrilla por dos años y en 1988 huyó al Meta buscando retornar a la academia.
En Meta se convirtió en un reconocido profesor por haber diseñado una cartilla de educación infantil y haber creado un sindicato que buscaba capacitar a los profesores rurales en carreras técnicas. Después de estudiar administración educativa en la Universidad de La Sabana, Pabón montó su propio negocio, un colegio de educación a distancia que empezó en Granada, Meta, y que luego tuvo sucursales en Aguazul, Yopal, Paz de Ariporo y Tauramena, en Casanare, y a partir de 1997 en Mocoa, La Hormiga, Puerto Asís, La Dorada y Orito, en Putumayo.
"Para 2001 el balance era muy bueno. Teníamos cerca de 1.660 estudiantes y convenios con varias universidades. A finales de 2000 o 2001 el Frente 32 de las Farc me amenazó y me dio horas para salir de la región. Me fui para Bogotá  y allá un amigo me dijo que si quiero, que me relaciona con las autodefensas. La misma semana vuelvo a Puerto Asís", contó Pabón Contreras.

De Rector a Profesor ‘Para’
En Puerto Asís, se contactó con alias ‘Darío’, el jefe financiero del Frente Putumayo, el grupo paramilitar que delinquía en Putumayo desde 1997 por orden de la Casa Castaño. Según le dijo a Justicia y Paz, su relación con las autodefensas empezó cuando les pagó $700 mil pesos mensuales a cambio de seguridad y  después se fortaleció cuando los ‘paras’ le pidieron asesoría.
Alias ‘El Profe’ recordó en una versión libre que promovió una marcha contra las Farc para la liberación de un hombre, les ayudó a crear una página web  y luego, alias ‘Darío’ le pidió que les ayudara a montar una ong.  Durante esas asesorías, el jefe paramilitar Rafael Antonio Londoño Jaramillo alias ‘Rafa Putumayo’ lo nombró  jefe político del Frente Putumayo.
A partir de ese momento, empezó a ser conocido con el alias de ‘El Profe’, primero por su historia como rector de varios colegios y luego como instructor de varias escuelas paramilitares. Según le contó a Justicia y Paz, su tarea inicial fue dar cátedra sobre política colombiana, conflictos internacionales y negociaciones con grupos armados ilegales. "Mi trabajo era más con los comandantes. Hablábamos sobre los estatutos, Derecho Internacional Humanitario, la zona de distensión y la lucha antisubversiva", dijo alias ‘El Profe’.
Después de firmar varios comunicados  en la página web como alias ‘Andrés Arango’, en burla al Presidente de turno Andrés Pastrana Arango, Carlos Castaño lo citó en 2001 en Córdoba. "Conversamos por cerca de cuatro horas. Hablamos de las muertes, masacres y homicidios, él entendía que las autodefensas habían cometido bastantes errores. Me dijo que fuera a Cali, a los Bloques Calima y Pacífico, que diera talleres por allá. Fui ampliando mi área de influencia como político de las autodefensas", contó a alias ‘El Profe’.

El Paso por el Bloque Calima
Después de delinquir cinco años en el Frente Putumayo, alias ‘El Profe’ viajó a Cali en 2002 por orden de Carlos Castaño. Su tarea era "mejorarle" la imagen al Bloque Calima, el grupo paramilitar que entre el 10 y 13 de abril de 2001 cometió la masacre del Naya, el asesinato de por lo menos 32 personas y la desaparición de otras 10 en una región que bordea el río, entre el Valle y Cauca.
Según alias ‘El Profe’, su misión en el Valle del Cauca pasó de dar clases a reestructurar ese grupo paramilitar, tras ser nombrado integrante del estado mayor de las Auc.
"Reuní a los comandantes y planteé una nueva estructura. Creamos los Frentes Quindío, Valle, Palmira, Norte del Cauca, Cauca y Vía al Mar. Para cada uno se nombró un responsable. Gasté seis meses dando estructura al Bloque. En Córdoba hablé en algunas oportunidades con Vicente Castaño, que avaló mi trabajo", dijo el exparamilitar que se cambió el alias por el de ‘Andrés Camilo’.
‘Andrés Camilo’ le contó a Justicia y Paz que en el Valle del Cauca delinquió además como un tipo de ‘canciller’ y de reclutador. Dijo que dio información a los medios de comunicación, a instituciones del Estado y organizaciones internacionales sobre el grupo paramilitar y autoría de asesinatos, y que buscó reclutar a jóvenes en las universidades más prestantes de Bogotá.
"Hice un trabajo de recoger a estudiantes en Bogotá y llevarlos conmigo a un campamento de las autodefensas… Entramos a las universidades pegando unos adhesivos con la dirección electrónica de la página web a través del link ‘Contáctenos’. Se nos ocurrió una invitación al Lago Calima. El que estuvo al frente de eso fue ‘Fernando’, el político de alias ‘H.H.’ (Ever Veloza, exjefe paramilitar del Bloque Calima). Alcanzaron a llegar 120 ó 150 estudiantes", dijo.
Después de montar dos escuelas de autodefensas, alias ‘Andrés Camilo’ contó que en octubre de 2003 dejó el Bloque Calima por diferencias con alias ‘H.H’ y su subalterno alias ‘Fernando’, por los pactos que estaban haciendo con políticos de la región. En una versión libre, el exparamilitar contó que fue testigo de una reunión entre paramilitares con Juan José Chaux, el exgobernador del Cauca y exembajador en República Dominicana, investigado por ‘parapolítica’ y llamado a juicio en marzo de 2011 por la Corte Suprema.
"Con ‘Fernando’ nos encontramos en Popayán, llegamos a una casa en las afueras de la ciudad en la salida hacia Cali. Adentro, el señor Chaux se encontraba con otras dos personas. Habló de sus aspiraciones en la Gobernación, al Senado, de su proyecto político y sobre el proyecto de consolidarse en el Valle… Eso fue un tema que conversé con ‘H.H.’, le dije que hasta dónde estábamos comprometidos con los políticos y me dijo que no era un tema que me correspondiera. Decidí dedicarme a mis actividades en Córdoba y dejé de ir al Valle", dijo el exparamilitar.

El Paso por el Bloque Centauros
En 2002 el Gobierno Nacional comenzó acercamientos con los paramilitares para plantear el proceso de desmovilización. Según alias ‘Andrés Camilo’, por orden de Carlos Castaño viajó a los Llanos Orientales en noviembre de 2003 para unirse al Bloque Centauros, el grupo paramilitar que desde febrero de 2002 estaba a cargo del narcotraficante Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’.
El exparamilitar recordó que se reunión con Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, el exjefe financiero del Bloque, en la zona del Alto Ariari. Allí hablaron sobre el proceso de desmovilización y el desarrollo de proyectos productivos relacionados con agricultura y ganadería. Sin embargo, alias ‘Andrés Camilo’ dijo que dentro del Bloque había diferencias: "‘Don Mario’ era el más interesado en la desmovilización;  Arroyave estaba comprometido de labios hacia afuera. Arroyave era comerciante de insumos para el procesamiento de drogas y su mayor ambición era apoderarse de los jugosos presupuestos del Meta y Casanare", contó el exparamilitar.
‘Andrés Camilo’ recordó que 2003 fue un año de disputas entre los paramilitares que delinquían en Llano. Por un lado estaba el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, de alias ‘Guillermo Torres’, que se enfrentaban al otro bando, las Autodefensas Campesinas del Casanare de Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’.
Después de la guerra por el control del territorio, el exparamilitar contó que el Bloque Centauros se fracturó tras el asesinato de Arroyave el 19 de septiembre de 2004, y a falta de un miembro representante en el proceso de negociación con el Gobierno él asumió la vocería.  "El trabajo fuerte de convencer a los comandantes fue iniciativa mía. Llegaba con el Alto Comisionado en  los helicópteros y traía a los comandantes desde su sitio de permanencia hasta Santa Fe de Ralito. Mi trabajo fue importante en el tema de la desmovilización", contó alias ‘Andrés Camilo’.
Por el conocimiento que tiene sobre las Auc y la cercanía que tuvo con los jefes de la cúpula, alias ‘Andrés Camilo’ ha contado en versiones libres que su vida corrió peligro en varias cárceles de la ciudad. Alias ‘El Profe’, ‘Andrés Arango’ o ‘Andrés Camilo’ fue hombre de confianza de Carlos Castaño, conoció además de los jefes paramilitares de las zonas donde delinquió a Salvatore Mancuso ‘El Mono Mancuso’, Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’.
El exjefe paramilitar es investigado por tres despachos de Justicia y Paz, pero sólo ha confesado hechos cuando delinquió en el Valle del Cauca como jefe político del Bloque Calima.
4 de mayo de 2011
©verdad abierta

restituyendo escrituras de propiedad


El papel de Estados Unidos en el programa para personas desplazadas refleja un cambio en el Plan Colombia. Desde la introducción del plan en 2000, y hasta 2007, el 80% de los siete mil millones de dólares canalizados hacia Colombia fue asignado a las fuerzas armadas.
[Chris Kraul] Mampuján, Colombia. La nueva cara de la ayuda norteamericana a Colombia no es un helicóptero Black Hawk o un instructor de Boinas Verdes, sino un sonriente campesino de 77 años que aprieta en su mano la escritura de una granja de dos hectáreas.
Este mes, Alfonso Mejía recibió la escritura de la tierra que en 2000 fue obligado a abandonar por grupos paramilitares de extrema derecha, justo antes de que masacraran a once de sus vecinos.
Mejía y otros cientos de vecinos expulsados de sus parcelas en el norteño estado de Bolívar fueron peones en la lucha entre grupos armados de varias tendencias políticas que se disputaban las rutas del narcotráfico, la influencia local y la tierra.
Mejía pasó gran parte de la década mudándose de pueblo en pueblo, sin atreverse nunca a reclamar su propiedad, que fue transferida ilegalmente a los líderes de un grupo paramilitar por un notario corrupto. Su limbo fue compartido por 3.2 millones de colombianos desplazados por el largo conflicto civil del país.
Ahora finalmente ha vuelto a casa en el marco del programa de reasentamiento del presidente Juan Manuel Santos, que asumió la presidencia en agosto. La familia Mejía es una de las 160 mil que el gobierno se propone reasentar en los próximos dos años en cerca de dos millones de hectáreas que ha recuperado de ocupaciones ilegales de tierra. El programa de reasentamiento será financiado en parte por el paquete de ayuda antiterrorista y antidrogas de Estados Unidos conocido como el Plan Colombia.
"Apenas pude escapar con vida y mi casa ha estado abandonada todo este tiempo", dijo Mejía, uno de los 95 residentes que recibieron escrituras en una ceremonia en Mampuján. Pero finalmente puedo plantar mi propia mandioca y batatas".
Funcionarios estadounidenses dicen que su ayuda está destinada no solamente a reasentar a personas como Mejía, sino ayudarles a convertirla en capital inicial. Mejía podrá conseguir créditos a bajo precio para arreglar su casa y sembrar, y la comunidad recibirá dinero para obras de infraestructura, clínicas y escuelas. En los siguientes quince años, Mejía no podrá vender su propiedad.
Santos ha convertido el reasentamiento de la población desplazada de Colombia, que es la segunda en el mundo después de Sudán, en un imperativo debido a los males sociales asociados con el desplazamiento, incluyendo alta criminalidad, embarazo adolescente y el desempleo.
Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont), que ha criticado a Colombia por sus prestaciones en derechos humanos, dijo que su jefe acoge el programa de Santos.
El senador Leahy ha creído durante un largo tiempo que la solución de las causas sociales y económicas que están detrás de la polarización y el conflicto que han persistido en Colombia, "es la clave para crear una sociedad pacífica y justa", dijo Rieser.
El rol de Estados Unidos en el programa de reasignación de tierras refleja un cambio importante en el Plan Colombia desde los días del gobierno de George W. Bush. Desde la introducción del plan en 2000, y hasta el 2007, el 80% de los siete mil millones de dólares canalizados hacia este país fue destinado a las fuerzas armadas colombianas. Para 2012, la proporción de ayuda militar y ayuda económica debería ser igual.
Sin embargo, el programa de titulación de la tierra no es una panacea. Una importante preocupación es que los que retornen a sus tierras serán amenazados por bandas criminales que han surgido para ocupar el lugar de las organizaciones paramilitares y están implicadas en el tráfico de drogas y en la apropiación ilegal de tierras.
Por esa razón, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está invirtiendo dinero y personal en una docena de los llamados Centros de Coordinación Regional para facilitar una mejor protección policial y proteger el estado de derecho.
El cambio se produce en momentos en que se reduce la ayuda norteamericana debido a presiones presupuestarias. Además, el plan siempre supuso que finalmente Colombia se ocuparía de la carga financiera a medida que mejora la situación de seguridad.
De los más de 700 millones de dólares en 2003, el Plan Colombia puede reducirse a 475 millones de dólares en el actual año fiscal. Los colombianos están financiando poco a poco esas funciones, como la erradicación de los cultivos ilegales de coca. La ayuda para la erradicación de las drogas podría reducirse en 150 millones de dólares este año, de 325 millones de dólares en 2008.
3 de mayo de 2011
17 de febrero de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

paras acusados de desaparición


Ex paras, acusados por desaparición y extorsión. Un fiscal de Derechos Humanos acusó a dos paramilitares, uno de ellos por homicidio y desaparición, y a otro por extorsión.
Colombia. Jesús Antonio Suárez Daza alias ‘Cosecho’ fue acusado por su presunta participación en la desaparición y asesinato del profesor Julio Ernesto Ceballos Guzmán y del soldado Ángel Hipólito Jiménez, ocurridos en el municipio de San Rafael (Antioquia) el 15 de octubre de 2001.
Así lo decidió un fiscal de Derechos Humanos, quien además acusó a José Alexánder Osorio alias ‘Candado’ por haber participado presuntamente en la extorsión contra los familiares de las víctimas que exigían la recuperación de los restos de sus seres queridos.
Según la Fiscalía, las víctimas fueron citadas por paramilitares del Bloque Héroes de Granada en la vereda La Mesa, donde fueron asesinadas y luego arrojadas a una fosa común. Después, los paramilitares exigieron a los familiares de las víctimas $1 millón 500 mil pesos para, a cambio, entregarles los restos óseos.
Por estos asesinatos y desapariciones, el Juez 56 Penal de Bogotá condenó en abril de 2011 al exparamilitar Jáder Armando Cuesta Moreno a 16 años y ocho meses de prisión.
El Bloque Héroes de Granada se desmovilizó el 1 de agosto de 2005 en el municipio de San Roque, Antioquia, con 2.033 hombres. Las decisiones tomadas por la justicia en el caso del profesor y del soldado están relacionadas con paramilitares que no fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, y que por tanto son investigados por la justicia ordinaria.
3 de mayo de 2011
2 de mayo de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

convivir, fachada del paramilitarismo


La Fiscalía estableció que trece asociaciones de seguridad privada creadas en esta región bajo la gobernación de Álvaro Uribe, y financiadas por empresarios, tenían vínculos con el paramilitarismo. Alias ’HH’ denunció presiones de alto vuelo para que no denunciara estos vínculos.
Colombia. Las asociaciones de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, fueron una  fachada del proyecto paramilitar en el Urabá antioqueño. Así lo demostraron investigaciones de los fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz durante la audiencia de legalización de cargos ante un magistrado de conocimiento, contra el ex jefe del Bloque Bananero Ever Velosa García, alias ‘HH’, realizada en Bogotá esta semana que pasó. Velosa está hoy en prisión en Estados Unidos, luego de haber sido extraditado en marzo de 2009.
Los funcionarios judiciales recaudaron pruebas, que complementaron con los testimonios de varios ex integrantes de las autodefensas, para respaldar su acusación de que por lo menos trece Convivir  conformadas en esa subregión antioqueña  fueron el motor económico y logístico que puso a andar la maquinaria de terror dirigida por los hermanos Castaño Gil.
En la audiencia judicial donde se dieron a conocer estos hallazgos, participó, alias ‘H.H’, en conferencia satelital, desde su prisión estadounidense. Aseguró que "las Convivir prestaron el apoyo logístico a las autodefensas en esa región".  Así lo explicó: "En el Urabá Antioqueño (las Convivir) eran parte de las autodefensas, a tal punto que con la plata que ellas recogían se pagaban las armas y se les pagaba a los muchachos".
Velosa también denunció presiones que incluso involucraron al entonces asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, para que él y los de su grupo no revelaran los nombres de los empresarios bananeros que financiaron a aquellas Convivir de Urabá con nexos con el paramilitarismo.
Las Convivir fueron creadas por el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, durante la presidencia de Cesar Gaviria para "la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada".  Sin embargo, fue sólo hasta el gobierno de Samper, cuando éstas se expandieron por todo el país. En total existieron por lo menos 529 cooperativas rurales de seguridad en 24 departamentos del país para las que trabajaron  por lo menos 15.300 personas. Era legal armarlas, incluso con fusiles y otras armas largas, entrenarlas y dotarlas de radios de comunicación y medios de transporte.
No obstante, con los descubrimientos del proceso de Justicia y Paz se ha venido a saber que en la Costa Caribe, Antioquia y los Llanos Orientales, muchas Convivir fueron creadas por narcotraficantes, o por paramilitares, entonces desconocidos, como un frente para poder hacerse legalmente a armas, a financiación, y poder amparar los movimientos de sus hombres armados con carnets legales.
De acuerdo con la Fiscalía, en Antioquia se constituyeron por lo menos 87 de estas organizaciones, trece de las cuales operaron en el Urabá antioqueño. Durante la gobernación Álvaro Uribe, entre los años 1995 y 1997 se crearon la mayoría de las Convivir en esta región del país.
En el Urabá antioqueño, como en otras partes del país, los investigadores judiciales han comprobado que casi que desde el mismo momento de su constitución, las Convivir tuvieron nexos con los paramilitares. Según lo establecido por la Fiscalía, estas cooperativas captaron y administraron los fondos aportados por las empresas bananeras y ganaderas, sirvieron de puente entre ‘paras’ y algunos militares para coordinar acciones, y realizaron labores de inteligencia para apoyar acciones paramilitares.
Según lo documentado por la Fiscalía,  las trece Convivir que se habían creado originalmente en esa región agroindustrial de Antioquia, entre 1995 y 1998, poco a poco se fueron reestructurando y para mayor eficiencia en el manejo de los recursos, se unificaron en una, llamada Convivir Papagayo, cuyos directivos han sido procesados penalmente por nexos con grupos paramilitares. La sede de Papagayo quedaba detrás de la Brigada XVII del Ejército en Carepa y tuvo aproximadamente 1.065 integrantes.
El  empresario bananero Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, respaldó la Papagayo y desde ahí, coordinó la estrategia de financiamiento de las estructuras paramilitares a través de los aportes de tres centavos de dólar por cada caja exportada de la fruta de las empresas asentadas en la zona, entre ellas la firma norteamericana Chiquita Brands.
"Raúl Hasbún fue la parte administrativa fundamental de las Convivir", indicó la Fiscal 17 de la Unidad de Justicia y Paz. Y agregó que Hasbún, en acuerdo con Vicente Castaño Gil, aprovechó su condición de empresario y su cercanía con los empresarios bananeros y ganaderos de la zona para captar recursos para estas asociaciones.
Los documentos originales de la Superintendencia de Vigilancia muestran que  Jesús Alberto Osorio Mejía y Arnulfo Peñuela Marín figuraban como representantes legales de la Convivir Papagayo. Y  según la Fiscalía, ellos se encargaron de hacer cumplir las órdenes del jefe paramilitar Raúl Hasbún. En el organigrama de la organización, Peñuela fue reconocido como director administrativo y Osorio como el encargado de las relaciones públicas.
Eran tales los vínculos de estos dirigentes de estas asociaciones con el paramilitarismo, que durante la audiencia, el ex paramilitar ‘H.H’,  dijo que, a la vez que figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada,  Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán. Esta fue perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Osorio Mejía fue condenado a tres años de prisión por nexos con paramilitares.
Por otra parte, la Fiscalía, apoyada por el testimonio de José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, aseguró que Arnulfo Peñuela Marín, quien ha sido condenado a seis años de prisión por financiamiento de grupos paramilitares, fue el enlace entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares. Y que Peñuela gestionó  ante organismos de seguridad la libertad de paramilitares capturados por agentes de la Policía o del Ejército.
Con relación a las estrategias de financiación, alias ‘H.H’ explicó que antes de que existieran las Convivir ya se habían organizado grupos de seguridad financiados por los bananeros y los ganaderos. De acuerdo con los hallazgos judiciales expuestos por la Fiscalía, esos aportes fueron hechos de manera voluntaria.
Los investigadores además determinaron que, más tarde, ninguna de las multinacionales y empresas bananeras de la zona del Urabá Antioqueño se quedó sin financiar a las Convivir, un esquema aparentemente legal de protección del acoso, la extorsión y el secuestro de las guerrillas en la zona.
No obstante, durante las diligencias de versión libre, el ex jefe paramilitar Raúl Hasbún había entregado una lista de financiadores de las Convivir y aseguró que varios empresarios les hicieron aportes voluntarios,  a sabiendas de que encubrían una  fuerza paramilitar ilegal que se movía entre Apartadó y Mutatá. La justicia reconstruyó la contabilidad original de estas Convivir y pudo establecer que por lo menos en un año ingresaron a las arcas de las Autodefensas Unidas de Colombia cerca de 3.000 millones de pesos de entonces.

Presiones Indebidas
Durante la audiencia de control de legalidad, alias ‘HH’ dijo que uno de sus hombres, José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, le contó acerca de una singular oferta de silencio que había recibido durante una visita a la cárcel Bellavista de Medellín por parte de un emisario del entonces jefe paramilitar Rodrigo Zapata, secretario privado de Vicente Castaño. En ese encuentro, le ofrecieron  un soborno de 200 millones de pesos, para que se retractara de lo dicho ante la justicia sobre Alberto Osorio y Arnulfo Peñuela y sus posibles nexos con la Convivir Papagayo. Peñuela era entonces alcalde de Carepa y Osorio había sido representante de las Convivir en el Urabá.
"Cuando comenzamos con este proceso de denunciar al señor Alberto Osorio y al señor (Arnulfo) Peñuel, que son muy cercanos a todos los bananeros, llegó un señor a (la cárcel) Bellavista, a visitar a ’Sancocho’ a ofrecerle 200 millones de pesos de parte de un trabajador de Peñuela para que se echara para atrás, se retractara y que no hablara nada de eso de las Convivir. Eso fue un sábado. Después ’Sancocho’ fue a hablar conmigo, y le dije que ni se le ocurriera decir que sí". En ese momento alias ’HH’ le recordó a Pérez Jiménez que tenían que decir la verdad. Ante los magistrados de control de legalidad, el ex jefe paramilitar aseveró que todo eso "era un montaje que nos querían hacer".
"Eso fue un sábado", continuó narrando alias ’HH’ ante los magistrados. "Cuando al lunes o martes llegó a Bellavista el doctor Sergio González, conocido jurista del gobierno de Uribe ante los desmovilizados, a decirme que el señor José Obdulio le había dicho que lo que nosotros estábamos haciendo era unos montajes para sacarle plata a la gente. Inmediatamente mandé llamar a Pérez Jiménez para que escuchara lo que el señor González me estaba diciendo y era que nosotros le estábamos pidiendo 200 millones de pesos a los de las Convivir para no hablar de ellos. Le dije a Pérez Jiménez que le contara al doctor González que todo eso era falso. Nosotros sabemos que esa gente tiene un poder muy grande".
Por alguna razón que no fue aclarada durante la audiencia, González tenía conocimiento del ofrecimiento que el exparamilitar Rodrigo Zapata le había hecho a alias ‘Sancocho’ por su silencio. No obstante la gravedad de la denuncia, los magistrados que presidieron la audiencia de control de legalidad no le hicieron más preguntas a alias ‘HH’ al respecto. Quedaron en el aire varias preguntas sin resolver: ¿Si está diciendo la verdad ‘HH’ al involucrar al ex consejero Gaviria en estas presiones por qué no lo había denunciado antes, cuando estaba en Colombia? ¿Quién fue el emisario de Rodrigo Zapata? ¿Por qué el abogado Sergio González sabía del ofrecimiento de dinero a alias ‘Sancocho’? ¿Si la versión de los ex paramilitares es cierta, a quiénes estaban intentando proteger Gonzalez, Zapata y Gaviria?
Es el mismo abogado Sergio González  quien representaba al paramilitar desmovilizado José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’. En septiembre de 2007 éste último dijo en una carta que le mandó al entonces presidente Uribe que dizque el magistrado Iván Velásquez, el principal investigador de la parapolítica, le había ofrecido beneficios jurídicos si atestiguaba contra Uribe.
Pero en junio de 2008 se retractó y aseguró que el abogado González le había hecho firmar esa carta y a cambio, él y otro ex paramilitar ‘El Tuso’ Sierra, le ofrecieron una casa para su mamá de 400 millones de pesos. "En el complot también se han mencionado los nombres del hacendado Santiago Uribe Vélez y del detenido ex senador Mario Uribe, los dos vecinos y allegados del abogado González", según escribió el columnista Daniel Coronel.
La Fiscalía compulsó copias con el fin de que sean investigadas estas denuncias realizadas por alias ‘HH’ sobre las presiones que recibieron él  y ’Sancocho’ para que no revelaran los nombres de los empresarios que hicieron aportes a las Convivir que operaron en el Urabá antioqueño y que como lo demostraron las investigaciones judiciales estuvieron al servicio del proyecto paramilitar.
3 de mayo de 2011
2 de mayo de 2011
©verdad abierta

nuevas luchas en el naya


Diez años después de la masacre cometida por paramilitares del Bloque Calima, los sobrevivientes continúan luchando para recuperarse de esa tragedia, pero no han encontrado respuestas para sus necesidades y exigencias.
Colombia. Durante cuatro días de la Semana Santa de 2001, entre el 10 y el 13 de abril, alrededor de 100 paramilitares recorrieron las veredas de la región del Naya, dejando por su paso una estela de muerte y terror. Diez años después de la masacre, no se conoce el número exacto de víctimas que dejó esa incursión de las Auc, pero se han documentado 32 casos de homicidio y 10 de desaparecidos.
Sin embargo, los habitantes de la región aseguran que las víctimas podrían ser alrededor de cien porque los paramilitares arrojaron a varias personas por los barrancos. "Un arriero al que se le rodó la mula por un abismo, me contó que cuando bajó a recoger su carga, encontró dos cabezas de seres humanos", le dijo a VerdadAbierta.com un habitante del Naya.
Antes de cumplirse la primera década de los hechos de esta masacre, la Fiscalía 18 Justicia y Paz inició una versión libre colectiva con 60 exparamilitares para documentar y esclarecer cómo fueron esos cuatro días en los que el Bloque Calima azotó al Naya.
Esos exparamilitares fueron condenados por la justicia ordinaria, pero no podían hacer parte del proceso de Justicia y Paz porque no habían sido postulados al mismo, y de ese modo no podían hacer parte de las versiones libres de esa jurisdicción encargada del proceso de judicialización de los grupos desmovilizados bajo la Ley 975 de 2005.
Luego de la postulación de más de cien exparamilitares del Bloque Calima entre 2009 y 2010, la Fiscalía de Justicia y Paz empezó a versionar a los implicados en la masacre del Naya el pasado 22 de marzo. En cinco audiencias los exparamilitares contaron cómo llegaron los grupos de autodefensas a Cauca, por qué sus tropas hicieron esa incursión en el Naya, cuáles fueron sus presuntos cómplices en la masacre y cómo fue planeada.
Dichas audiencias fueron suspendidas hasta nueva fecha porque no hubo los recursos para transmitir en Puerto Merizalde (Buenaventura) la señal en vivo de las confesiones que los postulados estaban haciendo en Cali.
Para conmemorar los diez años de la masacre, la comunidad del Naya hizo varios eventos de memoria histórica y realizó una audiencia en la que diferentes instituciones estatales les contaron cómo han avanzado en el proceso.
Aunque de la masacre se conocen varios aspectos y la justicia ha tomado decisiones al respecto, muy poco se sabe de la situación actual en la que viven las comunidades del Naya, a raíz de la masacre de la que fueron víctimas hace una década. En este informe VerdadAbierta.com cuenta los testimonios de habitante de la región, cuáles son las dificultades diarias que deben enfrentar los sobrevivientes del Naya y cuál es el tipo de reparación integral-colectiva que están buscando.

La Separación de la Comunidad
Huyendo de la muerte y del terror paramilitar, los desplazados del Alto Naya -la parte céntrica del Naya y en la que se asentan las comunidades indígenas- inicialmente se concentraron en el corregimiento de Timba, ubicado en el municipio de Buenos Aires. En este lugar algunas personas enterraron a sus muertos dos o tres semanas después de haber iniciado la masacre.
Posteriormente, las víctimas se desplazaron hacia el municipio de Santander de Quilichao, en donde ocuparon la Plaza de Toros por más de un año. En este lugar permanecieron alrededor de cien familias, mientras esperaban que los reubicaran en otro sitio porque tenían temor de regresar al Naya y algunos líderes habían recibido amenazas.
En cambio, poco a poco y llenos de miedo, algunas familias decidieron regresar meses después a sus veredas de origen. Un gobernador indígena del Alto Naya, que pidió mantener en reserva su nombre por seguridad, le contó a VerdadAbierta.com que "decidimos regresar como cuatro meses después de la masacre. No fue un regreso masivo, sino que entraba una familia, y al ver que seguía en la región, otras se fueron animando a volver".
"Regresamos sin garantías del Estado y con nuestro propio sacrificio porque a nosotros, como comunidad indígena, no nos gusta estar enjaulados y aislados como en corrales. Nosotros mismos decidimos regresar a nuestra región", agregó el gobernador indígena.
Al regresar a sus hogares los desplazados se encontraron con la triste noticia de que sus casas habían sido saqueadas. "Las tierras no las perdimos, pero sí encontramos las casas desocupadas. No encontramos muebles, cultivos ni animales", le dijo una víctima a VerdadAbierta.com.
Por esta razón, las personas que retornaron al Alto Naya tuvieron que reconstruir sus vidas bajo su propio riesgo y sin contar con el apoyo estatal. "Nos tocó volver a empezar de cero. Volver a arar la tierrita y esperar que volviera a producir. El Estado no ha hecho la inversión social en El Naya. Todo ha sido con el esfuerzo de la comunidad para poder vivir en la región", comentó con decepción el líder indígena.
Aunque las familias que regresaron al Alto Naya han podido continuar en sus veredas, viven en condiciones precarias y suplen con dificultades sus necesidades básicas.
Una de las mayores dificultades que tiene la comunidad del Naya es que no cuenta con carreteras o vías de acceso para poder vender los cultivos que cosechan. Por esa razón, varias personas se ven en la necesidad de sembrar coca, para obtener recursos económicos.
"Gracias a Dios, el Naya es una tierra muy apta para el cultivo. Lo que se siembra, se da. Lamentablemente uno no puede sacar lo que produce porque no hay carreteras. Lo que se cultiva queda para el sostenimiento propio. Por ejemplo, para sacar y vender un racimo de plátano es muy difícil, porque son doce horas de viaje por caminos muy angostos y el producto llega muy maltratado", le contó a VerdadAbierta.com un habitante de la región.
Además, las habitantes también tienen enormes dificultades para acceder dignamente a la salud y a la educación.
Sobre el acceso a la salud, el gobernador indígena contó que "en este momento tenemos un puesto de salud que cubre las 10 veredas. Las instalaciones son en madera y no hay recursos para atender a la gente. Desde hace un año la administración municipal se ha preocupado y nos mandó una enfermera".
El líder indígena reconoce que desde 2007 la educación ha mejorado y que cuentan con profesores de la Acin, pero que la comunidad ha tenido que hacer un "gran esfuerzo" para reparar las escuelas. Además, los recursos no están a la altura de una educación del presente siglo. "La tecnología está muy atrasada en El Naya. Usted allá le habla a un niño de un computador y no sabe qué es eso, si mucho los conocerán cuando salen de la región y los ven por televisión", explicó el líder indígena.  
Después de diez años, esto es lo que piden las personas que retornaron al Alto Naya: "Como líderes queremos que el Estado nos mire y se nos deje de tildar de guerrilleros porque vivimos en esa zona tan lejana de la civilización. Nosotros no queremos plata simplemente. Queremos una reparación integral de la comunidad del Naya, conocer la verdad de la masacre y que se limpie nuestro nombre. Queremos garantías para los que retornamos y que se nos titulen las tierras".

Los Asentados en Timbío
Las familias indígenas que no retornaron al Alto Naya y que se instalaron en Santander de Quilichao, en 2003 fueron reubicadas en la finca La Laguna, del municipio de Timbío.
"Después de pelar muchas cosas se les entregó la finca La Laguna. Eso fue una negociación entre las víctimas y Acción Social. Acción Social intercedió ante el Incoder para que se les entregara un sitio para su reubicación", le contó a VerdadAbierta.com Francisco Bustamante, miembro de la Asociación Minga, una ONG de derechos humanos que ha acompañado y representado jurídicamente a algunas víctimas desde que ocurrió la masacre.
"Ellos estaban como una colectividad y no se dispersaron. Decidieron permanecer como grupo para exigir condiciones. Eran alrededor de 120 familias que estaban en el Coliseo de Ferias de Santander de Quilichao, que se usa para hacer muchos eventos, y encontraron en esa permanencia una forma pacífica de hacer presión para obtener una solución", explicó Bustamante.
Después de que se les garantizaran ciertas condiciones que permitieran su traslado a Timbío, los indígenas se desplazaron a la finca La Laguna. De todas las cosas que les prometieron, una de las pocas que les han cumplido es la seguridad, porque les han otorgado medidas cautelares, mecanismos de comunicaciones, rondas de la Policía y transporte.
En cambio, uno de los mayores problemas que tienen y de los puntos que no les cumplieron, es que no cuentan con los medios ni los recursos para producir la tierra. "El acceso al agua es muy difícil. Tener agua para el regadío de cualquier tipo producción ha sido una de las mayores dificultades. Ellos perdieron algunos cultivos que hicieron al principio por falta de agua", contó Bustamante.
Además, a estas personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado y que se vieron obligadas a dejar atrás las cosas que consiguieron durante toda su vida, tienen obligaciones tributarias muy grandes por la finca. Según el miembro de la Asociación Minga, tan sólo por el impuesto predial deben pagar ocho millones de pesos anuales.
Estas familias recibieron algunos proyectos del Laboratorio de Paz de la Unión Europea con Acción Social, en los que les dieron proyectos de ganadería, hortalizas y huertas, pero no prosperaron porque no contaron con el debido acompañamiento.
Por estas razones, hay muchas personas que viajan al Alto Naya en busca de trabajo y regresan a Timbío para dormir. También hay otras que trabajan en fincas cercanas durante los periodos de cosecha, pero no tienen proyectos propios con los que puedan garantizar su sostenimiento como comunidad.
"El Plan de Vida que ellos tienen se basa en propuestas de desarrollo al interior de su comunidad. Esto nunca ha sido atendido como se planteó cuando se entregó la finca. Sobre eso no se hizo nada", concluye Bustamante.

Las Comunidades Afro
Las comunidades afrodescendientes de la región, que habitan la parte conocida como el Bajo Naya, también se encuentran situaciones similares a la de los indígenas que retornaron después de la masacre.
Un líder de la región le contó a VerdadAbierta.com que hace dos meses la Cruz Roja Internacional construyó un puesto de salud en La Concepción. "Lamentablemente no tenemos acceso a la salud porque no hay médicos, sólo está la estructura y no hay personal. A los enfermos los tenemos que bajar a Puerto Merizalde, donde nos echamos dos días de camino y varios de nuestros enfermos se han muerto por falta de un hospital", señaló.
En educación el panorama también es desalentador porque los niños y adolescentes sólo tienen garantizada hasta la educación hasta primaria. "Para seguir estudiando los adolescentes tienen que desplazarse a San Francisco, Puerto Merizalde o Buenaventura. Para llegar a San Francisco hay seis horas de recorrido en lancha rápida y para llegar a los otros sitios donde hay educación secundaria es cuestión de días", explicó el líder regional que prefirió mantener en reserva su nombre.
Por otro lado, muchas víctimas que quieren regresar a sus sitios de origen no han podido hacerlo porque no tienen acceso a una vivienda. "Después de la masacre todo quedó destruido. Nos sentimos desamparados del Gobierno, no hemos recibido ningún tipo de reparación y pedimos justicia paras las víctimas del Naya", señaló el líder comunitario.
"Como comunidad queremos una reparación integral, en la que se incluya salud, vivienda y educación. Nosotros no vamos a recibir dinero por algún muerto, porque nuestras víctimas no valen ningún centavo. Allá la única garantía que existe somos nosotros mismos, porque nos ayudamos como compañeros, porque por parte del Estado no hay ninguna ayuda", esos son los sentimientos que manifiesta uno de los representantes del Bajo Naya.

Las Viudas del Alto Naya
VerdadAbierta.com habló con cuatro viudas de la masacre del Naya, quienes pidieron mantener en reserva sus identidades, y accedieron a contar cómo esos cuatro fatídicos días en los que los paramilitares se tomaron la región, cambiaron sus vidas por completo.
Tan solo una de las viudas con las que habló VerdadAbierta.com vio cómo algunos hombres del Bloque Calima asesinaron a su esposo con un disparo en la cabeza y mataron a otros dos jóvenes con puñales y una motosierra. Las otras, por fortuna, estaban fuera del Naya y pasadas varias semanas pudieron rescatar los cuerpos de sus esposos para darles cristiana sepultura.
A partir de la Semana Santa de 2001, esas cuatro mujeres tienen en común que no se dejaron morir por el dolor, el miedo y el abandono, debido a las obligaciones que tenían para sacar a sus hijos adelante. En sus pequeños encontraron las fuerzas necesarias para luchar y sobrevivir. En cambio, del Estado, hasta ahora no han recibido ningún tipo de ayuda y desconoce sus necesidades.
Estas valientes mujeres, que se vieron en obligación de retornar al Alto Naya para conseguir trabajo pese a sus temores, se encontraron con la triste realidad de que sus casas y demás pertenencias habían sido robadas.
"Después de la masacre me estuve como un año por fuera. Como no tengo estudio y tengo que alimentar a mis hijos, regresé al Naya porque allá me dan trabajo en las fincas. Yo tenía una finca que encontré desocupada. Se llevaron los muebles y los animales. Yo estoy en el Naya, pero ando de finca en finca trabajando, porque no tengo donde estar", contó una de las viudas.
"He tenido que trabajar y ponerle la espalda al sol para volear machete. Pero yo, al igual que otras viudas, tenemos que dejar solos a nuestros hijos cuando trabajamos porque no tenemos quién nos los cuide y tampoco podemos pagar para que los cuiden", señala otra viuda al recordar las dificultades por la que tiene que pasar a diario.
También el estudio se ha convertido en un problema para los hijos de estas madres. "Tengo cuatro hijas que no han podido hacer el bachillerato porque allá no hay donde estudiar y no hay nada. No tengo recursos ni donde vivir".
Otra madre recuerda que entre sus dificultades están que "no tenemos un puesto de salud adecuado, la comunidad lo restaura cuando tiene una tabla dañada. Las escuelas están caídas, algunos profesores enseñan en casas desocupadas. Tampoco se hacen jornadas de vacunación".
Por eso, lo que ellas piden es que "haya paz y no se vuelvan a repetir estos hechos, para que nuestros hijos puedan estudiar y vivir mejor que nosotras". Como reparación no quieren dinero ni recuperar las cosas que perdieron, sino que anhelan tener una vivienda para sus hijos y que ellos puedan estudiar y acceder a una salud digna.
1 de mayo de 2011
27 de abril de 2011
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se fugó paramilitar


Fiscalía investigará la fuga de exparamilitar en Barranquilla. La Fiscalía investigará la fuga del exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto alias ’Javier’ en Barranquilla.
Colombia. El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, aseguró que la Fiscalía en estos momentos investiga las circunstancias que rodearon la fuga del exparamilitar Juan Manuel Borré Barreto alias ‘Javier’, presentada la noche del martes cuando, según lo relatado por el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Óscar Pérez Cárdenas, el carro en el que se trasportaba el recluso se detuvo en el sector de Soledad y por petición de éste.
En estos momentos el exparamilitar es prófugo de la justicia. Jilson Roberto Arias Muñoz y Fabián Ayala Vásquez, dos presuntos colaboradores de la fuga, fueron capturados y están a disposición de las autoridades.
"La propia Fiscalía investiga por qué el vehículo se detuvo, por qué en ese punto  se desembarcó al interno y por qué no se adoptaron algunas medidas de seguridad", expresó Ricaurte.
Según la versión entregada por el comandante Oscar Pérez,  alias ‘Javier’  había pedido el favor a los miembros del Inpec que lo escoltaban, que le permitieran recoger una ropa y alimentos que su esposa le iba a entregar en frente de Sao, en el municipio de Soledad (Atlántico). Los escoltas accedieron y en el momento de la parada cuatro sujetos llegaron hasta el carro del INPEC y abrieron fuego, a lo que respondieron los guardias. Sin embargo la fuga de alias ‘Javier’ fue inevitable.
Según el mismo oficial, Borré Barreto se bajó del carro sin esposas y en medio de la balacera subió a la motocicleta en la que escapó. De acuerdo a lo explicado por el general Ricaurte, la visita de alias ‘Javier’ al municipio de El Guamo, Bolívar, de donde regresaba cuando se presentó la fuga, fue autorizada por el Inpec por petición del fiscal de Justicia y Paz que lleva el caso del exparamilitar.
Según Ricaurte, el pasado 12 de abril el fiscal pidió que a alias ‘Javier’ se le permitiera salir de la cárcel Modelo de Barranquilla, donde se encontraba recluido, para que colaborara en una diligencia judicial en un municipio cercano a Bolívar, Atlántico.
1 de mayo de 2011
28 de abril de 2011
©colprensa
©verdad abierta

el clan de los 12 apóstoles


El libro de Olga Behar recoge el testimonio del mayor de la policía Juan Carlos Meneses, quien acusó a Santiago Uribe de ser partícipe de la creación de los grupos paramilitares en Antioquia. Entrevista con su autora, por Radio Nederland.
Colombia. A propósito de la publicación del libro ‘El Clan de los 12 apóstoles’, de la periodista Olga Behar, Semana.com reproduce la siguiente entrevista con la autora hecha por el periodista Javier Zapata, de Radio Nederland.

Javier Zapata: Señora Behar, quisiera comenzar por el final. Le voy a pedir encarecidamente que me lea usted un pequeño párrafo del epílogo del libro ‘El Clan de los 12 Apóstoles’.
Olga Behar: Con mucho gusto. "Comienzo diciéndole que quiero insistir en la advertencia que le hice la primera vez que nos vimos para la elaboración de este libro. Como periodista, nunca le puedo garantizar al personaje el resultado final.
Le agradezco haber corrido el riesgo de contarme su historia a sabiendas de que podía haber salido mal librado, pero en la vida no hay personas totalmente buenas ni totalmente malas, le digo. Y eso es lo que interpretará el lector para sacar sus conclusiones. Le cedo la palabra".

J.Z.- Estamos frente a una obra dedicada al clan de los 12 apóstoles, un grupo paramilitar tristemente célebre en Colombia, de un período muy específico de la historia de este país, 1992-1994. ¿Por qué tomar como referente un hecho "del pasado", para hablar del presente?
O.B.- Por dos razones: la primera, porque la única manera de entender nuestro presente es conocer el pasado; y la segunda, y tal vez más importante, es una frase que dijo alguien seguramente muy talentoso "si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla". Creo que se extraen lecciones en este libro que nos sirven para que esto no vuelva a pasar.
 
J.Z.- Este libro es producto de una larga lista de conversaciones, como dice la carátula, con el mayor Juan Carlos Meneses, y se trata de un lugar muy específico, ¿verdad?
O.B.- Correcto, yo he intentado en mi carrera profundizar sobre un modelo que creo que funciona muy bien para la comprensión de la historia y de la realidad de mi país. Es que, a partir de un hecho específico, pretendo explicar la realidad macro de lo que sucedió en Colombia.
Entonces, así como, aún siendo niña, entendí muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial leyendo ‘El Diario de Ana Frank’, o por ejemplo viendo en ‘La lista de Schindler’ la manera como se salvaron vidas y como se afectó a la sociedad también. Es un modelo que nos permite ir de lo particular a lo general y eso facilita la comprensión por parte de público.

J.Z.- Y en este caso concreto…
O.B.- En este caso, Yarumal es un pequeño pueblo de Antioquia, uno de tantos del país, sobre todo de esa zona de lo que es el noroccidente de Colombia, donde operaron los grupos paramilitares que produjeron este desangre, cuyos efectos estamos viviendo hasta hoy en día: cuatro millones de desplazados, el monopolio de ciertos sectores que manejaron el poder sobre la tierra, no solamente el desplazamiento de sus pequeñas propiedades, sino también las secuelas desde los puntos de vista sicológico y social, como consecuencia de lo cual el 10% de la población no pueda vivir en el lugar que le pertenece.
Lo tomamos entre los años 92 y 94, porque ahí es donde verdaderamente se da el salto entre pequeños grupos que se llamaron de "limpieza social" o pequeños grupos de "justicia privada", a la configuración de lo que fue una gran maquinaria paramilitar que estremeció a Colombia. Luego, a partir del año 2002, cuando sube Álvaro Uribe al poder, se intenta revertir para que estos paramilitares y narcotraficantes se reincorporen a la vida civil, reparen a sus víctimas y paguen por los crímenes que han cometido.
Pero tomar ese caso específico en un pequeño pueblo próspero que se convirtió en un centro de ejecución masiva de personas, simplemente porque para ciertos sectores de la élite tenían que desaparecer de la escena social, nos permite comprender cómo eso se fue articulando y finalmente conformó lo que se llamó el paramilitarismo en Colombia.

J.Z.- ¿Uno de los fundadores, financiadores y dirigentes de este grupo que se llamo ‘Los 12 apóstoles’, es el señor Santiago Uribe, hermano del ex presidente Álvaro Uribe?
O.B.- Sí, la verdad es que el poder que detentaban en ese momento los grandes hacendados, las personas pudientes en esa zona del país, así como en muchas otras, va a ser atacado fuertemente por sectores de la guerrilla colombiana que cometían extorsiones, secuestros y demás. Entonces, aparentemente, la justicia colombiana y las Fuerzas Armadas no operaban, eran incompetentes para dar esa batalla. Razón por la cual empezaron a configurarse y a legalizarse estos grupos que eran como de seguridad privada, que después fueron legalizados por el entonces gobernador de Antioquia en esa época, Álvaro Uribe Vélez, como los grupos llamados las CONVIVIR. A partir de ahí, todos los sicarios y asesinos tenían armas legalizadas. Entonces, se legitimó esa forma de mantener el establecimiento por encima de la furia comunista subversiva.
Según la investigación, lo que se ha podido extraer tanto del expediente judicial como de los testimonios que da Juan Carlos Meneses, que en esos momentos era teniente de la policía y cuando terminó su actividad ya había llegado al grado de mayor, es que era precisamente Santiago Uribe Vélez, el hermano del que fue Presidente de Colombia entre los años 2002 y 2010 y que era en ese momento, primero, congresista y después, Gobernador de Antioquia.

J.Z.- Permítame que vuelva a un pasaje; usted dijo en un momento determinado, "bueno, estos grupos se crean porque aparentemente no funciona la justicia, no funciona la policía… en fin", y esto lleva a que se conformen grupos como de los que estamos hablando, ‘los 12 apóstoles’. Póngase usted un segundo en el caso de esta gente que está siendo secuestrada, extorsionada y presionada. ¿No era lógico que trataran de hacer algo?
O.B.- En un contexto superficial, si miramos la punta del iceberg, sí. Estos tipos vienen, el Ejército y la policía no son capaces, entonces la conclusión es: tenemos que armarnos. Pero si usted lee el libro, se va a dar cuenta de que la inoperancia de las Fuerzas Armadas era deliberada. ¿Por qué? Juan Carlos Meneses sostiene que, cuando empezó a colaborarle a Santiago Uribe y a su grupo, la orden era: ir aquí a tres cuadras al costado derecho de la estación donde usted opera, del comando de la policía porque tenemos que sacar del camino a alguien. Entonces usted procure mandar a sus policías del costado occidental del lado izquierdo, a unos 2 ó 3 kilómetros. De tal manera que cuando reviente el asunto, empiecen por radio, ‘mire, miren una masacre. Tal, tal, llegue, lleguen rápido. Policía, refuerzos’… para que los tipos no alcancen a llegar.
Hay un caso en el que el jefe de los 12 apóstoles le comunica a Juan Carlos Meneses, "tenemos que dar de baja a un sujeto que nos tiene fregados, pero la única manera de hacerlo es cuando se baje del bus, en la estación, porque si no, después no lo vamos a poder hacer, porque él tiene su propia seguridad". Entonces Meneses le replica: "¡pero cómo hago yo! a sólo 2 ó 3 cuadras del comando de la policía; no hay justificación". A lo que le contestan: "Usted verá qué hace".
Cuando se baja el tipo del bus, al salir del terminal de transportes, se da cuenta de que lo van a matar. Entonces sale corriendo de la estación en busca del comando para que lo protejan y le salven su vida. Y, a menos de una cuadra del comando empieza la balacera. Todos los policías que estaban adentro, pues Meneses los había puesto a hacer otras cosas, empiezan, "mi teniente, tenemos que salir, tenemos que salir, hay una balacera".
¿Y sabe qué les contesta Meneses? "No, qué vamos a salir; qué tal que sea una emboscada y nos acribillen a todos." Entonces los policías responden: "mi teniente, tiene usted razón".

J.Z.- Es decir, no hay inoperancia sino connivencia…
O.B.- Claro. La punta del iceberg le dice a usted, ‘claro, esta gente no fue capaz con el asunto, tenemos que armarnos; nosotros somos hacendados, tenemos que armarnos’. Pero si usted cava un poquito y mira hacia lo profundo del iceberg, se va a dar cuenta de que realmente hay una acción deliberada para no actuar.

J.Z.- ¿Y qué lleva a Meneses a hacer este tipo de confesiones?
O.B.- ¿Por qué se marca en el año 2002 como el año definitivo? Porque cuando Álvaro Uribe sube al poder, él entiende que a pesar de que supuestamente hay una alianza muy profunda con estos sectores, no va a poder gobernar con esta gente armada encima y con todos estos líderes paramilitares dando las órdenes. Entonces decide promover un proceso de Justicia y Paz. ¿Para qué? Para que se acabe el paramilitarismo en Colombia; algo muy loable realmente.
El país estaba encantado con esa idea. ¿Pero qué pasa? Cuando toda esta gente se empieza a desmovilizar, la Ley de Justicia y Paz plantea la necesidad de la confesión y la reparación. Para reparar a las víctimas, usted tiene que confesar que las afectó. Entonces empiezan a brincar los temas de los grupos paramilitares, entre ellos los 12 apóstoles. Entonces, un paramilitar que se llama Francisco Villalba, y que estaba detenido, capturado por una masacre conocida como del Aro, en Antioquia, no muy lejos de allí, entra en el proceso de Justicia y Paz. Villalba empieza a confesar lo que no había dicho hasta entonces y narra que la masacre del Aro y tal otra masacre y todo lo que pasó en Yarumal, fueron orquestadas y ejecutadas por el grupo de los 12 apóstoles y que el líder del grupo era Santiago Uribe.
Realmente, aunque, en alguna ocasión, tal vez en el año1997, él había presentado alguna declaración juramentada ante algún juez y allí no pasó nada, es la primera vez en que, definitivamente y con nombre propio, revela quién es el supuesto autor de la organización, de la armazón de los 12 apóstoles.
Cuando el tema vuelve y brinca, suceden dos cosas: por un lado a este señor Villalba, que estaba pagando prisión en una cárcel convencional, le dicen: "mire, como usted entró a Justicia y Paz y estamos estudiando seriamente su situación, le vamos a dar casa por cárcel". Y él no se la pilló, como decimos aquí en Colombia; le dan casa por cárcel y unos días después lo asesinan.
¿Por qué? ¿Para qué? Porque sabe demasiado y todavía le falta mucho por contar. Hay que sacarlo del camino. Al brincar este caso otra vez, se reabre toda la situación y empiezan otra vez a llamar a Juan Carlos Meneses. Entonces, alguien decide trasladarlo a lo que él llama un lugar malo, o sea, lugares de donde difícilmente los comandantes salen vivos. Hay un lugar que se llama Saravena Arauca, que es realmente un lugar muy difícil para la Policía y el Ejército.

J.Z.- Preludios del Infierno...
O.B.- Exactamente. Finalmente él logra hablar con Santiago Uribe, a quien le dice: "mire, hágame un favor, hable con su hermano, con una sola llamadita, con un solo timbracito, a mí no me mandan para Arauca". A Arauca mandan capitanes, tenientes, cómo van a mandar a un mayor; un mayor no tiene nada que ir a hacer a ese lugar a reemplazar a un comandante que fue asesinado ocho días antes por la guerrilla. Me mandan al agujero, que me manden a otro lugar". Y Santiago Uribe le contesta: "a usted ya le cumplimos, ya se le resolvió en dos ocasiones el tema de sus detenciones y se le liberó del proceso y demás. Yo ya no puedo llamar a mi hermano, él es el Presidente de la República y no quiere volver a saber del tema".
Entonces el hombre queda solo, y le toca ir. Afortunadamente para él, cambian al comandante de la policía, que resulta ser un buen tipo. El nuevo comandante general va a una visita a Arauca y él le dice: "mi general, yo me quiero ir". Su jefe le responde: "Pero, por qué, yo lo traslado… "No, no, yo ya me quiero ir, yo quiero salvar mi vida".
Cuando le dan la baja, o sea ya queda como oficial retirado, se va a un lugar cerca de la ciudad de Cali, y entonces allí cuando él llega a la zona empiezan a llegarle sufragios, que son estas tarjetas en donde dice que ‘Lamento mucho la muerte de fulano de tal’, y en su caso era la muerte de Juan Carlos Meneses. Él cambia y cambia de teléfonos, tanto fijos como celulares, y sin embargo, al día siguiente de tener un nuevo número vuelven y lo llaman y le advierten: "mira cállate, que por sapo te vamos a matar; hijo de tantas’, o sea, lo empiezan a amenazar duro.
Él empieza a investigar qué está pasando y descubre que la mayoría de los integrantes de los 12 apóstoles, o de la gente que sabe de los 12 apóstoles, ha sido asesinada, que solo quedan él, un coronel retirado de apellido Benavides, quien fue su superior y le entregó el mando en Yarumal, y uno que se llama Alexander Amaya, que fue su escolta y que es realmente un personaje a lo largo y ancho del libro, que pagó prisión por algunos de los casos que lograron comprobarle en los años 90.

J.Z.- Todos estos antecedentes, estas amenazas, el hecho de quedarse solo, el asesinato de los otros integrantes de los 12 apóstoles lo incitan a tomar la decisión de irse.
O.B.- Llega un momento en que ya la cosa se vuelve muy complicada; él tiene 4 hijos, 3 menores de edad y uno realmente muy pequeño, y su esposa. Ya ven carros que los están como siguiendo; sus amigos lo llaman y le dicen: "mire, enviaron a un coronel desde Bogotá para investigar sobre su vida en la ciudad de Buga, que es donde vive. Dos de sus mejores compañeros terminan siendo miembros de la escolta personal del presidente Uribe. Y esos dos mayores, compañeros de él, que le dicen de apodo ‘Yarumal’, lo llaman para advertirle: "oiga Yarumal, cuídese porque el Presidente está escamoso, o sea, el Presidente sabe que usted sabe demasiado". Y si se lo está diciendo a usted la guardia personal del Presidente de la República, pues lo mejor es desaparecer de la escena, ¿no?

J.Z.- Antes de continuar con la línea de reflexión que llevamos, quiero hacer un pequeño paréntesis porque me acabo de acordar, al escuchar tantas veces el nombre de los 12 apóstoles, de un hecho que, le confieso, me resulta muy difícil de creer. Y es que usted asegura en este libro que hay un cura, llamado Palacios, que habría no sólo avalado, sino participado directamente, y que habría sido miembro del grupo de los 12 apóstoles. ¿Cómo es posible?
O.B.- Al punto que el padre Palacios estuvo detenido por el caso de los 12 apóstoles. En Yarumal se dicen muchas cosas, que él escuchaba a muchos feligreses en secretos de confesión, que también llegaban otras personas a dar información sobre determinados ciudadanos, que aparentemente él estaba relacionado con los integrantes de este grupo paramilitar y señalaba a las personas que debían ser ejecutadas. Una cosa horrorosa, pensando en lo que significa un sacerdote, cuyas misión y vocación deben ser llevar alivio y llevar bienestar a su comunidad.

J.Z.- De allí mi pregunta y mi incredulidad.
O.B.- Pero no confiesa que forma parte del grupo de los 12 apóstoles, obviamente, sino que estaba del lado de los que luchaban contra la subversión. Y sus sermones eran realmente indicativos de que estaba del lado de los que luchaban contra la subversión armada en esa región.
Hay temas anecdóticos; por ejemplo, él cuenta que, después de almorzar, salía, caminaba un poco por el pueblo y se iba a una tienda que quedaba en una esquina cercana a la parroquia. Se sentaba, pedía un par de aguardientitos, y ahí llegaban dos o tres amigos y siempre conversaba con ellos. Esos dos o tres amigos han sido identificados judicialmente como integrantes de los 12 apóstoles. Hay personas de la comunidad, testigos cuyas identidades hay que mantener en confidencialidad, que dicen que cuando veían caminar al cura, que llegaba y se sentaba en la tienda, pedía su aguardiente y llegaban sus amigos a conversar con él, Yarumal temblaba, porque sabían que esa noche habría un muerto.

J.Z.- Una de las primeras indagatorias oficiales y declaraciones de Juan Carlos Meneses, ocurre en Buenos Aires. Éste es un momento importante. ¿Por qué?
O.B.- Muy importante. Como Meneses no puede regresar al país, su abogado hace la solicitud al Fiscal, quien, en esos momento es Guillermo Mendoza Diago, como encargado. Mendoza envía a uno de sus fiscales especializados, a tomar la confesión que se hace en el consulado de Colombia en Buenos Aires. Hay aquí un episodio memorable y que lo revelo en el libro. El consulado está dividido por una puerta de vidrio. En una parte están las secretarias y el despacho al público, y en la otra el despacho del cónsul, donde hay una salita y un escritorio. En la salita se sientan ellos para que Meneses pueda hacer su confesión y rendir su testimonio. Durante más o menos dos horas, el fiscal tiene un cuestionario y le pregunta cualquier cosa, menos lo que Meneses ha ido a confesar jurídicamente, que es los 12 apóstoles.
De repente, suena el teléfono en la parte de afuera de donde ellos están, pero todo se oye y hay como un ‘boroló’, es decir una situación. "Ay, mire, que ya, dentro de dos minutos". Entonces el cónsul dice: "no, pero es que tengo la oficina ocupada". "No, que ya, que ya". Como a los dos minutos suena el teléfono y repica y repica, y hay un momento en que el cónsul entiende que tiene que entrar. Entonces, entra y les dice: "perdón, tengo que contestar mi teléfono privado". El fiscal dice, suspendamos un momento la diligencia y el cónsul, literalmente se mete debajo del escritorio a hablar.
Empieza así: "sí, no, claro. Sí, ya empezó, claro." Y al final se le suelta dos o tres veces: "sí señor Presidente, están en eso, claro señor Presidente; claro, yo le aviso, yo le cuento señor Presidente, hasta luego". Cuando el cónsul sale, cierran la puerta de nuevo y tanto el abogado de las víctimas como Meneses reaccionan: "¿vio quién está interfiriendo en esta diligencia? El Presidente de la República está llamando para informarse de qué es lo que está pasando aquí. Se supone que es una diligencia judicial. Un Presidente no tiene por qué estar llamando". El fiscal, obviamente con evasivas, dice: "No, claro que no, yo no oí nada".
La diligencia sigue y llega un momento en que Meneses y el abogado, que, digamos, no es amigo de Meneses sino el abogado es el de las víctimas, dicen: "mire, realmente no hemos venido a esto. Usted me está preguntando del año 90, yo llegué a ese lugar en el 94. O sea, fueron dos horas de babosadas, de nada."
Meneses le contesta: "yo he pedido esta reunión, usted no vino aquí solicitándomela, quiero hablar del tema de los 12 apóstoles. Entonces el fiscal se agachó, abrió su maletín y sacó un segundo cuestionario, que era el de los 12 apóstoles. Ahí fue cuando él pudo hacer su confesión. Extrajo la prueba reina, que es una conversación privada que él grabó con el coronel Benavides, en la que el coronel confiesa su relación con Santiago Uribe, que le recibía dinero a Santiago Uribe, confiesa todo lo que se relaciona con la manera en que no solamente había una desidia, sino que había acciones específicas de apoyo a los 12 apóstoles por parte de la policía. Benavides dice: "yo nunca disparé un gatillo y nunca maté". Meneses le replica: "sí, pero bueno, usted no disparó el gatillo pero ahí estuvimos; permitimos que otros lo hicieran". A lo que Benavides confiesa que sí. Entonces, esa prueba reina permite algo así como que se reabra el proceso de los 12 apóstoles. El fiscal Mendoza Diago, cuando es interrogado por los periodistas, dice que si en la confesión judicialmente tomada por el fiscal en Buenos Aires, hay pruebas que determinen la reapertura del proceso de los 12 apóstoles, se reabrirá porque si aparece algo nuevo, se puede reabrir, no es cosa juzgada. Bueno eso fue hace casi un año y no ha pasado nada.

J.Z.- Sacar un libro de esta naturaleza va a generar controversias que, usted supone, entre quienes van a aplaudirla y quienes van a criticarla más que fuertemente. ¿Tiene usted miedo?
O.B.- El miedo es inherente al ser humano y yo tengo que decir que, obviamente, tengo miedo. Quiero decirle algo más: en este país, si usted mira las encuestas, pues dicen que estos personajes son lo más cercano a la perfección y que todo el mundo está de acuerdo con ellos, personas de diferentes sectores incluso. Esta misma mañana hablé con un policía retirado, que no ha tenido nada que ver con estos asuntos. Cuando le conté que había escrito un libro sobre este tema, me preguntó lo mismo, y me advirtió que se trataba de gente muy peligrosa. Entonces, yo llego a la conclusión de que, efectivamente, es gente peligrosa.
La verdad, yo no tengo enemigos; en el pasado tuve unas circunstancias de discusiones y de peleas con los militares por mis denuncias por el tema de la violación de los derechos humanos en los años 70 y 80. Pero después de haber estado exiliada en México, regresé, llevo en el país, con circulación libre, aproximadamente 20 años, no tengo enemigos. Entonces, yo simplemente digo, y permítame que tome el libro: si a mí me pasa algo, pues…

J.Z.- Yo se lo pregunto; no es sólo por usted. Usted es madre.
O.B.- Tengo dos hijos, ya he tomado medidas; mis dos hijos viven en el exterior, la familia se disuelve, la familia termina siendo afectada; no es fácil, sobre todo porque he sido una mamá muy entregada, una mamá muy conectada con mis hijos.
1 de mayo de 2011
30 de abril de 2011
©semana

condenan a arias cabrales a 35 años


Esta es la pena más alta que se ha impuesto en este caso y la segunda en la historia del proceso, después de la condena del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega.
Colombia. El excomandante de la Brigada 13 del Ejército, el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales, fue condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en las desapariciones de once personas en los hechos ocurridos hace 25 años durante la toma del Palacio de Justicia.
Es la segunda condena que se da en el proceso de investigación, después de la del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, y la más alta impuesta hasta ahora.
La juez Cristina Trejos Salazar también pidió a las autoridades que se investigue la posible falsedad de testimonios de varios exintegrantes de la Fuerza Pública durante el juicio.
 
¿Por Qué la Condena?
El 10 de octubre del 2008, la Fiscalía ordenó la captura del general en retiro, en ese entonces por su presunta participación en la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia en 1985. Hace un año, el ente acusador había pedido la máxima condena.
Arias Cabrales se desempañaba como comandante de la XIII Brigada del Ejército y, según la Fiscalía, fue quien impartió las órdenes en los operativos, sobre todo, aquellas conducentes a la identificación y el interrogatorio de los civiles que iban siendo rescatados del Palacio, que había sido asaltado por guerrilleros del M-19.
Para la Fiscalía, fueron varios los hechos probados que comprometen la conducta de Arias Cabrales en la desaparición de varios empleados de la cafetería del Palacio, así como de la guerrillera Irma Franco, quienes, según el ente investigador, salieron vivos del edificio, y 25 años después, se desconoce su paradero.
Las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia fueron Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina Del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Ana Rosa Castiblanco, Lucy Amparo Oviedo, David Suspes, Norma Constanza Esguerra, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Estela Lizarazo Figueroa y Gloria Anzola.
 
Cadena de Mando
El primer hecho probado por la Fiscalía fue que el operativo de retoma estuvo dirigido y orientado por el comandante de la XIII Brigada del Ejército, el general Arias Cabrales.
Según la cadena de mando, este oficial tenía bajo su responsabilidad las otras unidades tácticas que participaron del operativo, entre ellas, la escuela de caballería (comandada por el entonces coronel Alfonso Plazas Vega), la Escuela de Infantería y el B2 del Ejército (comandado por el coronel Edilberto Sánchez Rubiano).
"No cabe duda de que Jesús Armando Arias Cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio...", fue una de las frases concluyentes que utilizó en entonces la fiscal delegada ante la Corte, Ángela Buitrago, quien desde hace más de cuatro años adelanta las investigaciones por las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia.
 
Ejército Asumió Pleno Control
Además, dice la Fiscalía, el Ejército asumió, desde el mismo día de la toma guerrillera, el 6 de noviembre de 1985, el control del "teatro de operaciones", es decir, el Palacio de Justicia y sus alrededores, incluida la casa Museo del Florero, lugar a donde eran evacuados los civiles rescatados y donde fueron sometidos a interrogatorios.
Fue en la Casa del Florero donde se estableció el puesto de mando, donde Arias Cabrales impartió todas las órdenes de procedimiento dentro y fuera del Palacio de Justicia. Incluso, la Fiscalía comprobó que la Policía pedía autorización al Ejército para tener un margen de acción. Lo cual demuestra el pleno control establecido por el Ejército.
 
Traslado de Civiles
Fue en la Casa del Florero donde el B2 del Ejército, comandado por Sánchez Rubiano, adelantaba las diligencias de identificación de los civiles evacuados del Palacio. Dice la Fiscalía que este oficial actuó bajo las órdenes de Arias Cabrales.
Una de las pruebas que más comprometen al general fueron los audios de las comunicaciones radiotelefónicas que sostuvieron los militares que comandaron el operativo de retoma del Palacio de Justicia.
En algunas grabaciones, Arias Cabrales, que impartía instrucciones con la clave ‘Arcano 6’, ordenaba el proceder sobre algunos "sospechosos". Y además, señaló la Fiscalía, el manejo de los rehenes fue "controlado, dirigido y absolutamente conocido por quien estaba en la casa del Florero, Edilberto Sánchez Rubiano (comandante del B2), y por quien estaba en el puesto de mando, Jesús Armando Arias Cabrales", según la conclusión de la fiscal Buitrago.
Según las comunicaciones reveladas en el juicio, los civiles "sospechosos" fueron concentrados en el primer piso de la Casa del Florero y se ordenó "labores contra ellos", con las que la Fiscalía demostró que hubo órdenes de trasladar a algunos civiles a dependencias militares.
La Fiscalía también demostró que Arias Cabrales tenía pleno conocimiento sobre rehenes, cuerpos, que aún permanecían en el Palacio de Justicia durante la retoma. Una prueba de ello es una comunicación en la que el propio general da la orden para que siete conductores, que se encontraban en el palacio, pudieran salir sin ser retenidos por el personal militar.
Incluso, señaló la Fiscalía, hubo órdenes de Arias para cambiar, desaparecer evidencia, y hasta remover cadáveres.
 
Falsos Testimonios
Durante el juicio, la Fiscalía planteó la tesis de un posible "pacto de impunidad" por parte de los militares vinculados con la investigación. Lo cual comprobó al calificar los testimonios rendidos por tres testigos presentados por la defensa de Arias Cabrales.
Uno de ellos el del general Ignacio Posada Duarte, quien para la época de los hechos era el comandante de la Séptima Brigada en el Meta. Este oficial declaró que no hubo órdenes de la XIII Brigada del Ejército de agregar unidades bajo su mando, pero en la investigación la Fiscalía comprobó que sí hubo un traslado de unidades de esa jurisdicción a Bogotá durante los días 6 y 7 de noviembre.
Por eso la Fiscalía pidió a la juez 51 penal que compulse copias para que se investigue a este general por falsedad en testimonio y fraude procesal. Otros testigos que podrían ser investigados por esta conducta son Guillermo Valdez Gil y Gustavo Gómez, compañero del soldado Édgar Villamizar, uno de los testigos clave para la Fiscalía.
30 de abril de 2011
29 de abril de 2011
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