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entrevista con iván duque gaviria


"Treinta y cinco mil no éramos los miembros de las autodefensas, ¡jamás!"
Itagüí, Colombia. El pasado 7 de febrero el ex jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, recibió durante dos horas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí al director de Un Pasquín, con quien no sólo habló de las irregularidades en el proceso de desmovilización, sino también de las fallas de la Ley de justicia y paz, el incumplimiento del gobierno Uribe y la guerra fratricida entre los hermanos Castaño.
En la entrevista, cuenta además cómo el ex guerrillero del M-19 y ex congresista Carlos Alonso Lucio estuvo a punto de ser ejecutado y se refiere a las acusaciones que en su contra ha hecho desde Estados Unidos Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’, y de las bandas emergentes.

Un Pasquín: ¿En qué año ingresó usted a las autodefensas?
Ernesto Báez: Yo fui el primer parapolítico condenado en este país. Llegué a Puerto Boyacá en 1989 y desde un comienzo me dediqué a una intensa actividad política. Al año siguiente era candidato al Congreso, en una lista que había avalado Jorge Perico Cárdenas, entonces jefe máximo del liberalismo en Boyacá, y también aspirante al concejo de Puerto Boyacá. La aspiración al Senado se hundió y asumí la presidencia del Concejo de Puerto Boyacá, hasta enero de 1992, cuando fui nombrado secretario general de la gobernación de Boyacá, bajo el gobierno de Alfonso Salamanca. Dos años más tarde me acusaron de recibir apoyo de las autodefensas, hecho absolutamente cierto. Yo le decía entonces a la Corte: "No puedo entender cómo un político que desarrolla una intensa actividad proselitista en un territorio infestado de paramilitares o de guerrilla exprese que no tuvo nada que ver con quienes mandaban en la zona; que su triunfo electoral haya sido logrado de manera inmune e impune, eso no es posible".
Cuando yo llegué a Puerto Boyacá, allá estaban todas las autoridades: el DAS, el Batallón Bárbula, la Policía, la Fiscalía, el gobierno municipal, las autoridades civiles. En Puerto Boyacá nada ocurría sin la voluntad del jefe máximo de las autodefensas en esa época: Henry Pérez.

U.P.: En una entrevista con Un Pasquín, en el 2007, Salvatore Mancuso dijo que en un momento dado ustedes vetaron al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo (LCR), porque les decía mentiras todo el tiempo. ¿Es cierto que la relación de ustedes con Luis Carlos Restrepo iba un poco más allá de lo que oficialmente se conoce?
E.B.: El papel del doctor LCR –con quien tuve enormes diferencias– yo puedo juzgarlo como muy honesto; muy compleja fue la tarea que cumplió. Se trataba de ponerse en contacto por primera vez con una organización compuesta por una cantidad de jefes regionales dotados de un enorme empoderamiento militar y político en sus regiones. Restrepo aclaraba que no había una mesa con los paramilitares, sino 25 mesas; aquí no había unidad. Esto, más allá de llamarse Autodefensas Unidas de Colombia, era una especie de asociación nacional de ejércitos particulares que enfrentaban desde muchos años atrás el desafío de las guerrillas marxistas, utilizando las metodologías y las estrategias propias de la guerra irregular, con toda una suma de violaciones a los derechos humanos. Restrepo prácticamente invirtió los dos primeros años de sus gestiones ante las autodefensas buscando unirnos. […] Cada bloque actuaba con una enorme independencia militar, política y financiera. Fueron dos años estériles para LCR.
En medio de las negociaciones preliminares sucedieron hechos insólitos que develaban el estado de división interna de las autodefensas. En ese proceso de paz, sentados frente al gobierno nacional, se presentaron dos guerras internas, la primera de las cuales borró del mapa el Bloque Metro, comandado por ‘Doble Cero’, quien en pleno proceso de paz fue asesinado; al igual que el comandante de los Llanos, Miguel Arroyave; el comandante del Putumayo, Antonio Londoño Jaramillo, además de Carlos Castaño.

U.P.: Pero entonces, como decía Mancuso, ¿Luis Carlos Restrepo sí les decía mentiras?
E. B.: Yo no sé si calificar los incumplimientos como mentiras. Aquí hubo una serie de compromisos del gobierno –unos verbales y otros escritos–, el 95% de los cuales fueron flagrantemente violados. Es uno de los graves antecedentes que tiene este proceso. Para mí, ese precedente debe estar muy presente en las FARC, en los grupos que aún persisten en la opción armada. Una vez un guerrillero nos decía que si habíamos sido engañados nosotros, que éramos los primos hermanos del Estado, qué podrían esperar las FARC.

U.P.: ¿Usted cree que, de alguna manera, Luis Carlos Restrepo propició o permitió ese engaño?
E.B.: Luis Carlos Restrepo era el agente del gobierno en la mesa de negociación. Detrás de él estaban, desde luego, el presidente de la República, el ministro del Interior. Restrepo procedió de acuerdo a como su leal saber y entender se lo indicaban, con las instrucciones que sus superiores trazaban y de acuerdo con el sentido de lealtad –que fue tal vez de los rasgos más sobresalientes en la gestión que cumplió.

U.P.: Con las cosas que el ‘Tuso’ Sierra está diciendo en Estados Unidos, y conociendo la gran importancia que en ese país le dan a la delación, más el riesgo que usted corre de que lo saquen del programa de Justicia y Paz, ¿usted
no le teme a la extradición?
E.B.: Todo ser humano por naturaleza tiende a sentir temor satánico por la pérdida de la libertad, cualesquiera que sean las circunstancias. Lo del señor Sierra es la consecuencia de una cantidad de sucesos que desconoce el país y que ocurrieron alrededor de este narcotraficante. En el año 2002 por primera vez se escuchó el nombre del señor Sierra, al que mencionaron los medios de comunicación al lado de Mancuso y de Carlos Castaño como los narcotraficantes dueños de un embarque muy grande de droga incautado por la DEA y que motivó la solicitud de extradición de estos tres señores.
Un día cualquiera, en agosto o septiembre del 2004, dos años después de ese suceso, apareció un personaje en Santa Fe Ralito. Ese personaje, que rápidamente trascendió, era el señor Juan Carlos Sierra. El mismo que hacía dos años había perseguido a muerte Carlos Castaño, que lo había declarado objetivo militar. Sierra empezó a asistir a las reuniones nuestras con el gobierno nacional.

U.P.: ¿Con el aval de quién llegó él a Santa Fe Ralito?
E.B.: Se decía que era el encargado de finanzas del bloque Héroes de Granada, del señor ‘Don Berna’; fue lo que se nos dijo a los 25 que asistíamos a la mesa de negociación con el gobierno.

U.P.: Pero alguien le tenía que dar el beneplácito, el aval…
E.B.: Debo pensar que fue el mismo ‘Don Berna’ el que lo llevó. Él decía que era financiero de ‘Don Berna’. Lo cierto del caso es que un día cualquiera de septiembre u octubre del 2004, en Santa Fe Ralito en una reunión con el gobierno nacional, Luis Carlos Restrepo tomó la palabra y se refirió concretamente a ese señor y le dijo que no hacía parte de los miembros de la organización con los cuales el gobierno negociaba. Hubo una escaramuza y finalmente Restrepo lo expulsó de las reuniones y el Presidente públicamente ordenó que lo capturaran.
Nosotros estábamos convencidos de que era un comandante de ‘Don Berna’. Entre los más cercanos a Carlos Castaño nos conocíamos todos, pero en una organización de 18.000 combatientes conocerlos a todos es una cosa imposible. De hecho, a muchos comandantes de bloque los conocimos en Santa Fe Ralito. Yo no conocía a Chepe Barrera, ni a Rafa Putumayo, ni a alias ‘Cadena’… Teníamos el convencimiento de que Sierra era uno de los hombres del bloque de ‘Don Berna’. Sin embargo, no fue aceptado en esa mesa y fue expulsado por el doctor LCR y se fue a la clandestinidad.
Unos ocho meses después de estar en Santa Fe Ralito, nosotros organizamos un punto de encuentro en Villa de la Esperanza en Copacabana, Antioquia, y allá estuvimos y continuamos el proceso de desmovilizaciones, que ya se había puesto en marcha y nunca volví a saber del ‘Tuso’ Sierra, pues él se quedó allá (en Santa Fe Ralito), tenía que esconderse.
En algunas ocasiones nos dijo el doctor LCR que el Gobierno hacía intensas averiguaciones para determinar si este señor era un narco químicamente puro –que lo es– o si era un miembro de la organización que se había ocupado de tareas de financiación. El 16 de agosto del 2006 el gobierno nacional nos ordenó concentrarnos en La Ceja y allí llegó el ‘Tuso’ Sierra.
Cuando el doctor LCR nos anunció que debíamos concentrarnos bajo la custodia de la Policía Nacional, también nos anunció a todos los que estábamos allí (comandantes militares y jefes políticos): "Para acá también vendrán el señor Pablo Sevillano –hermano de Julián Bolívar– y el señor Juan Carlos Sierra", a quien finalmente el gobierno le dio el aval de autodefensas. Sierra se había quedado en Santa Fe Ralito, escondido, y tiempo después se trasladó al Magdalena Medio. Estuvo en una finca en Puerto Berrío, escondido con el nombre de ‘Don Antonio’, hasta el 16 de agosto del 2006, cuando el doctor LCR, en un helicóptero, y con el coronel Vargas a bordo, trajo a ‘Pablo Sevillano’, y en ese mismo helicóptero venía ese señor.
He aquí la primera gran farsa de ese personaje, que dice que yo fui el que lo traje de Santa Fe Ralito. Yo nunca supe por qué medios llegó él al Magdalena Medio. Y de allá sí lo trajeron en un helicóptero, con el coronel Vargas, para que se viniera a integrar al grupo de nosotros. Esa es la historia que tendrán que contar LCR y todas las 54 personas que estuvimos recluidas en La Ceja.

U.P.: Usted supuestamente no ha colaborado lo suficiente, no ha dicho toda la verdad, no quiere colaborar en el tema de la reparación. ¿Cómo piensa contrarrestar esas acusaciones?
E.B.: Eso no es cierto. La investigación que hace la Corte es que se averigüe si yo he cometido un delito después de haberme sometido a la Ley de Justicia y Paz. Yo confieso que en el año 2006, ya siendo desmovilizado, realicé actividades políticas, y por esa confesión es condenado el doctor Enrique Emilio Ángel Barco, congresista, por haber recibido mi apoyo. Ese hecho, a la luz del concepto de la Corte, merece ser investigado.
Frente a la contribución con la justicia, ustedes, los periodistas, nunca me han escuchado en las audiencias públicas. ¿Contribuir es qué? ¿Contribuir es atribuirse uno hechos que uno no ha cometido? Esa es una de las grandes falacias de la Ley de Justicia y Paz. Fiscales inescrupulosos están presionando a los desmovilizados para que confiesen hechos que no han cometido, sólo porque, tengo entendido, esos fiscales tiene que cumplir con unos ‘estándares’.
Cuando a mí se me acusa de unos homicidios en los cuales yo no he tenido participación ni tengo conocimiento, mi deber moral imprescriptible es manifestarle a la justicia que yo no he cometido ese delito. Ahora bien, en el tema político, sí tuve mucha participación y me he referido a 22 políticos, de los cuales la gran mayoría están privados de la libertad por relaciones con las autodefensas a través de mi persona.

U.P.: ¿Puedo inferir que usted se encuentra completamente tranquilo acerca de su permanencia en el programa de Justicia y Paz?
E.B.: Si existe justicia, como sé que la hay, yo no he violado ningún compromiso...
Efectivamente sí realicé actividades políticas en el año 2006 después de mi  desmovilización (en febrero del 2006 para las elecciones de ese marzo siguiente), pero yo me incorporé a la Ley de Justicia y paz en diciembre del 2006. Cuando yo realicé mis actividades políticas no estaba sometido a ley de justicia y paz.

U.P.: ¿Qué tipo de actividades políticas realizó?
E.B.: Me dediqué a hacer proselitismo político y a ayudar en financiación a un político de Caldas.

U.P.: ¿Tuvo contactos con Yair Klein?
E.B.: Jamás lo conocí. Yo fui gerente de la Terminal de Transportes de Manizales hasta el 31de enero de 1989 y ese señor estuvo en el 88.

U.P.: ¿Nunca supo nada de él dentro de la organización de las autodefensas?
E.B.: Yo llegué a Puerto Boyacá a dedicarme a la actividad política y me apoyaron los grupos de autodefensa. Producto de eso me condenaron a 13 años por pertenencia a grupos armados ilegales, por haber recibido apoyo. Mi vinculación formal con las autodefensas es a partir de 1997, cuando recibí una oferta de Carlos Castaño para prestar servicios en la parte política.

U.P.: Cuando habla de su trabajo político, usted se excluye de las actividades militares, de la comisión de homicidios, de participación en combates y de las actividades de las que lo acusa el señor Sierra.
E.B.: Cuando yo conocí las acusaciones de Sierra, vino a la memoria un episodio de hace unos dos años. Yo fui quien le escribió una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que denunciaba el montaje contra el magistrado Iván Velásquez. Ese episodio se cocinó aquí, en la cárcel, con el apoyo de personas muy influyentes de afuera. Aquí en la cárcel en cabeza del ‘Tuso’ Sierra y afuera en cabeza de un abogado que se llama Sergio González. Entre ellos armaron, con el apoyo (dicen, no me consta) de un hermano del doctor Álvaro Uribe Vélez, el cuento de ‘Tasmania’ según el cual ‘Tasmania’ había sido presionado directamente para que declarara en contra del magistrado Velásquez. Aquí en la cárcel estábamos convencidos de que eso había sido así. De la noche a la mañana, del patio 2, que es de alta seguridad, donde estaba recluido ‘Tasmania’, pasó al patio 1 de justicia y paz, que es de mediana seguridad. ¿Por orden de quién? No sé; el INPEC determinó trasladarlo. Era el primer pago que recibía ‘Tasmania’ por esas afirmaciones. Después de lo de ‘Tasmania’ se hizo infinitamente frecuente la llegada del señor Sergio González, el abogado que servía de nexo entre unos influyentes políticos de afuera y el señor ‘Tuso’ Sierra. Ese abogado llevaba y traía razones, llegó inclusive a manifestarles a varios comandantes de aquí: "¿Qué quieren pedirle al gobierno nacional?" A través de ese abogado, el señor Sierra, narcotraficante químicamente puro, pidió que gestionaran su traslado a una cárcel en Andes (Antioquia). Hubo presiones. Nosotros sabíamos que esos contactos del ‘Tuso’ con el Gobierno y con influyentes políticos eran una realidad; así lo demostraba el señor Sergio González. Luego vino la extradición de todos estos señores, incluido el ‘Tuso’ Sierra, quien hasta el último instante de su salida de la cárcel de Itagüí gritaba: "¡Esto es una traición! ¡Nos traicionaron! ¡Me traicionaron!" Vaya usted a saber por qué el ‘Tuso’ Sierra hablaba de que era una traición.
Nosotros no movimos aquí un dedo frente a esa decisión del Gobierno. Ya estaba claro que todos los compromisos, por lo menos en materias jurídica y política, habían sido flagrantemente incumplidos. Sabíamos que era una batalla inane. Unos meses más tarde, sentado yo con ‘Tasmania’ estudiando música –nosotros estudiamos organeta y guitarra–, en una noche de nuestros ejercicios ‘Tasmania’ me dijo: "Le voy a contar una verdad a usted; y se la voy a contar porque a mí me engañaron también y a mí no me cumplieron una serie de promesas importantísimas que me habían hecho". Fue la primera noche que ‘Tasmania’ me contó cómo había sido ese montaje…

U.P.: La firma de la hoja blanca y todas esas cosas…
E.B.: Todo. Y como le dictaban y cómo le pusieron una especie de texto para que se guiara ante las preguntas que le hacían los periodistas y demás…

U.P.: ¿Quién le dictaba?
E.B.: Todo lo traía Sergio González. Es que aquí hay un personaje que tiene que estar… No me explico cómo la justicia no ha procedido con ese señor Sergio González...

U.P.: ¿’Tasmania’ nunca le contó de quién le traía razón Sergio González?
E.B.: Hablaban de un hermano del doctor Uribe; de Ernesto Garcés; del doctor Mario Uribe; pero a nosotros nunca nos constó eso. Eso era lo que venía a decir este señor González. Sólo ‘Tasmania’ me expresó: "Afuera están interesados en que armemos esto, de esta manera. A su mamá le vamos a dar una casa y le vamos a dar una plata; a usted, un plante. A usted lo van a trasladar del patio 2, para que se venga a vivir con nosotros aquí. Y a sus dos hermanos les vamos a conseguir un empleo, siempre y cuando usted afirme esto". Todo ese trabajo lo hizo el ‘Tuso’ aquí, con ‘Tasmania’. Nosotros lo vinimos a saber cuando ‘Tasmania’ me lo contó esa noche. De inmediato le escribí a la CSJ para pedirle que el doctor Iván Velásquez que se presentara cuanto antes aquí, que era un asunto sumamente delicado. Aquí vino el doctor Velásquez y fue cuando se destapó todo lo que el país conoce.
A raíz de eso, hace dos años o año y medio, me reuní con el doctor Iván Velásquez en Bogotá, en la oficina de investigaciones de la Corte (cuando me hizo un reconocimiento por el aporte mío a la justicia en este asunto) y le expresé: "Lo único que me previene es que este señor ‘Tuso’ me va a pasar una cuenta de cobro; él no me a perdonar a mí jamás que yo lo haya descubierto. Y de un narco no espera uno más que afirme que también los demás son narcos".  A este señor ‘Tuso’ Sierra le tengo una cantidad de pruebas y le vamos a formular una denuncia penal por falsa denuncia, por fraude procesal y por falso testimonio.

U.P.: ¿Usted por qué decidió contar lo que le contó ‘Tasmania’?
E.B.: Yo le pregunté a ‘Tasmania’: "¿Usted está empeñado en que ese montaje continúe? Usted sabe que eso lo está investigando la justicia… Usted sabe que hoy o mañana, por cualquier circunstancia, eso se cae… ¿Usted estaría dispuesto?" Y él me dijo: "Doctor, es que le estoy contando es por eso". Y le dije: "Si me da carta abierta, déjeme y yo prendo esto". Esa fue la razón.

U.P.: ¿Cómo fue la noche cuando se produjo la extradición de todos los comandantes?
E.B.: Esa noche fue dramática por los compañeros; hay un documento escrito donde consta el compromiso del gobierno de que no serían extraditados sino después de que la justicia probara que habían cometido delitos. Y eso la justicia nunca lo probó.

U.P.: ¿Ustedes tenían temor de que eso pasara, de que en algún momento llegaran a llevárselos?
E.B.: Usted me obliga aquí a contar un episodio desconocido, como antecedente de todo esto. Nosotros fuimos trasladados abruptamente de La Ceja a Itagüí el 1 de diciembre del 2006. Exactamente un año después, o sea el 1 de diciembre del 2007, llegó el subdirector general del INPEC y en la biblioteca de este establecimiento se reunió con nosotros y nos expresó algo insólito: "A muchos sectores del gobierno, e inclusive dentro del mismo INPEC, nos sorprende que ustedes estén empeñados en denunciar a miembros de la fuerza pública. Coroneles y generales, capitanes y mayores, que están haciendo una gran carrera, han visto frustradas sus carreras profesionales a raíz de las denuncias que ustedes están haciendo". Y entonces se cuidó. "No estoy hablando como subdirector del INPEC, sino como un miembro de la fuerza pública que fui" (él había sido coronel del Ejército). En ese momento, además, el INPEC estaba presidido por el exgeneral Eduardo Morales Beltrán. Lo único que atinó a decir Mancuso, o el ‘Alemán’, no recuerdo bien, fue: "Mire que estamos entre la espada y la pared: nos obligan a que tenemos que decir la verdad; para decir la verdad tenemos que hablar con nombres. Y ahora viene usted a decirnos que ese es un acto de deslealtad. Si es un acto de deslealtad, ¿cómo podemos entonces nosotros responder a las exigencias de las autoridades y de la misma Ley de justicia y paz?".
Después de esa reclamación insólita del coronel Ortiz, no veíamos qué camino podíamos coger. Si continuábamos empeñados en correr el velo, vendrán las consecuencias muy graves porque, ¿quién nos cuida a nosotros? Hablábamos en esa época: ¿quién está al frente del INPEC? Un general retirado, miembro de la fuerza pública, con la que inevitablemente hubo relaciones de connivencia; pero ahora ese miembro de la fuerza pública está ocupando el INPEC. Es decir, nos custodia una persona que hizo parte del conflicto. Nosotros decíamos: No hay garantías, pues siempre tendremos a la sombra el garrote institucional; siempre tendremos que afrontar el problema de que hay alguien que nos custodia pero mira con muy malos ojos las declaraciones nuestras. Después de eso quedamos sumamente aburridos. Pero decidimos seguir, y dijimos: Continuemos, no nos dejemos amedrentar. El 8 de febrero hubo una incursión de miembros del INPEC, del grupo especializado del GRI, una operación de registro que es normal, pero que fue insólita porque entró gente armada, se apagaron las cámaras, dejó de funcionar el sistema desde las 9 del mañana hasta que se acabó el operativo; nos sacaron de las celdas y nos llevaron al patio y no nos dejaron ingresar a las celdas, para ver qué ocurría. Finalmente anunció el coronel Ortiz que, como producto del operativo, se encontró una granada y una pistola en uno de los sitios aledaños que colinda con una de las ventanas de las celdas. De inmediato se nos vino a la memoria la reclamación que nos habían hecho dos meses atrás. Formulamos denuncias, concluimos que se trataba de un montaje burdo del gobierno nacional con el propósito de facilitar la extradición de esta gente cuanto antes. Era la prueba rotunda. Sin embargo, no fue posible que esa prueba prosperara, por las evidencias que el montaje de ese operativo arrojó. Nunca supimos qué pasó con los responsables de semejante operativo. Finalmente la justicia determinó que nosotros no éramos responsables, pero tampoco se supo quién fue el responsable. Y a los dos meses extraditaron a toda esta gente.

U.P.: Aparte de estos antecedentes, ¿la extradición los tomó por sorpresa?
E.B.: Los que tenían pedido de extradición venían muy prevenidos. Muchas veces se les escuchaba decir: "Aquí un día nos van a coger y nos van a llevar".

U.P.: ¿Usted intercedió ante Carlos Castaño para que no matara a Carlos Alonso Lucio?
E.B.: Hubo tres personas por las cuales abogué para que no fueran eliminadas. Uno fue Jaime Caicedo, secretario general del partido Comunista, de quien supe, a tiempo, que iba a ser asesinado en Bogotá por los grupos que Carlos Castaño tenía dispuestos para ese tipo de actividades. La otra, Piedad Córdoba. Y la tercera, Carlos Alonso Lucio, quien estuvo secuestrado por espacio de 15 días y a quien Carlos Castaño tenía pensado eliminar. Castaño era muy ciclotímico, con un temperamento muy complicado y de la misma manera como él le decía sí a usted, más tarde le decía no.

U.P.:¿Y por qué pensaba matar a Lucio, por sus nexos anteriores con la guerrilla, porque lo creía infiltrado…?
E.B.: No. Por esa época había conversaciones de paz entre las autodefensas del señor Castaño y el Ejército de Liberación Nacional. Carlos Castaño tenía en su poder (secuestrado) a un tal alias ‘Esteban’, un hombre sumamente estructurado, estudioso, pienso que una ficha política muy importante del ELN porque a raíz de ese secuestro Antonio García se comunicó varias veces por radio con Carlos Castaño. Después de la toma de Tolová, Carlos Castaño, indignado, ordenó fusilarlo. No es cierto lo que se dijo después en el libro ‘Mi confesión’, que debía llamarse ‘Mi confusión’, que Esteban había muerto producto de esa toma de las FARC; no, Esteban fue sumariamente ajusticiado por Carlos Castaño. A raíz de eso se rompieron los tratos con Antonio García, pero quedó ese antecedente de que podían hablar. Unos seis meses después se supo que Carlos Alonso Lucio, prófugo de la justicia, huyendo, se había refugiado en campamentos de ‘Gabino’ y, no recuerdo a través de quién, le hizo saber a Carlos Castaño el interés de ‘Gabino’ de hacer unos acuerdos de paz, para aminorar la intensidad de la violencia, producto de la confrontación. Mientras se adelantaban esas conversaciones, Lucio visitó a Carlos Castaño. Yo estuve presente en dos reuniones de esas. Castaño tenía deseos de encontrarse directamente con ‘Gabino’ y le había dicho eso a Lucio. Se empezó a ver cómo se podía hacer ese encuentro, y para eso estaba de por medio Carlos Alonso Lucio. Hubo varias reuniones dándole forma esa idea. Un día Carlos Alonso llegó y le dijo a Carlos Castaño que ‘Gabino’ conservaba ese interés, pero temía que el encuentro no se podía hacer a espaldas del Comando Central y había que postergarlo un poco. Castaño se enfureció, se paró transformado y se lanzó contra Lucio, lo tomó del cuello y le dijo: "Usted me está es enredando, usted es un bandido; usted persigue otras cosas, usted me quiere embaucar a mí, usted es un mentiroso".

U.P.: ¿Usted estaba ahí?
E.B.: Yo estaba ahí. Estábamos todos: ‘Don Berna’, no sé si Mancuso, varios comandantes… Entonces le ordenó a una patrulla: "Llévense a este señor". Lo secuestró 15 días. Creo que lo torturó, porque Carlos Alonso salió sumamente maltratado. Un día yo estaba en la zona y Castaño me mandó a llamar y me dijo: "Voy a entregar a Lucio. Me parece que los argumentos tuyos son muy válidos". Yo no le creía. Vine a creer que eso era cierto cuando vi en las pantallas de televisión a Carlos Alonso Lucio anunciando que se iba a entregar a la justicia.

U.P.: ¿Cómo era la relación de Carlos Castaño con Vicente Castaño?
E.B.: Eran muy frecuentes los enfrentamientos entre Vicente y Carlos, ese sí era un choque de trenes; porque el verdadero hombre de las autodefensas era Vicente, al que todos acataban, al que todos obedecían. Además, tenía un estilo maravilloso, muy distinto al de Carlos. Los enfrentamientos entre los dos hermanos tuvieron muchas razones, inclusive razones profundamente familiares. Eran el agua y el aceite. En la parte final de la vida de Carlos se insistía en el rumor de que Carlos iba a atentar contra Vicente; pero también los amigos de Carlos decían que era Vicente el que tenía intenciones de atentar contra Carlos. Lo cierto fue que tomaron muy en serio esos rumores y fue cuando Vicente tomó la determinación de salirle adelante y eliminarlo.

U.P.: ¿Qué porcentaje de las bandas emergentes son en realidad emergentes o son simplemente continuidad de tropa que no se desmovilizó y que quedó al garete, sin comandantes y sin plata, pero con las armas y con la disponibilidad de hacer cosas?
E.B.: Yo pienso que las bandas emergentes no son más que paramilitares mal
desmovilizados. Porque estamos detenidos 3.000, pero se desmovilizaron 35.000. Treinta y cinco mil no éramos los miembros de las autodefensas, ¡jamás! Esa organización podía llegar a 15.000 o 16.0000 combatientes.

U.P.: ¿Por qué se infló ese número?
E.B.: Porque hubo una enorme irresponsabilidad en eso. Cuando se desmovilizó parte de la autodefensa del Bloque Central Bolívar, en Santa Rosa del Sur, por allá en el corregimiento de Monterrey, de allá hubo que devolver cuatro camiones repletos de vagos, prostitutas, vendedores callejeros, que los apuntaron en las listas para que figuraran como desmovilizados y se pudieran ganar los 354.000 pesos que ofrecía el gobierno. Como en el caso de justicia y paz cuentan son los números, la justicia cuantitativa, entonces es mejor decir: "Fue tan exitosa mi gestión, que desmovilicé a 35.000 bandidos". Así de los 35.000 solamente la mitad lo hayamos sido, pero las cifras cuentan y eso pesa, eso engorda el cuento. Aquí ocurrió lo mismo con la Ley de justicia y paz, hablamos siempre de términos cuantitativos.

U.P.: Ahí tuvo que ver el Comisionado de paz, del usted habló tan bien…
E.B.: Cuando yo hablo de la integridad de LCR no quiere decir que lo estoy presentando como un ángel delegado por la Divina Providencia. Errores hubo gravísimos. El hecho de mantener ese proceso de paz cerrado a la prensa nos mató a todos porque permitimos que la prensa especulara. No permitió que intervinieran ONG que tenían interés en ver qué ocurría. La elaboración de las listas para postulados fue un desastre, porque aparecían desmovilizados de un bloque desmovilizándose en otro bloque, un bloque con número doblado de combatientes que nunca había tenido. Pero como lo importante era desmovilizar y mostrarle imágenes al país y entregar armas y demás, sumémosle; operó el factor suma.

U.P.: De lo cual Restrepo era consciente…
E.B.: Desde luego. Yo no puedo creer que él no fuera consciente. Además se lo dijimos varias veces.

U.P.: ¿Cómo fue la visita de ustedes al Congreso?
E.B.: Rocío Arias y Eleonora Pineda hicieron la propuesta en una reunión y a nosotros nos comentaron que de eso ya conocía el presidente y que estaba muy de acuerdo. Cuando ya se supo que yo estaba muy renuente a hacerlo (y que el mismo doctor LCR no estaba de acuerdo con eso), ocurrió la intervención presidencial, disponiendo que, necesariamente, teníamos que ir los tres. En una conversación telefónica con LCR el presidente ordenó: "Van los tres". Yo lo oí por el altavoz del teléfono. Y el doctor LCR después me dijo: "¿Sí se dio cuenta? Es orden del señor presidente y tenemos que cumplirla".
6 de marzo de 2011 (2007)
©semana

la lista de la mafia


La de Mario Uribe al Senado en 2006 era una "lista de la mafia", dijo César Gaviria a EE.UU. El expresidente César Gaviría lanzó la sentencia al embajador de Estados Unidos en plena contienda electoral, tras prometer sacar del partido liberal a cualquier político con vínculos paramilitares.
Colombia. El año que comenzaba prometía ser muy movido en materia política. Corría enero de 2006 y la atención del país estaba centrada en dos procesos electorales: la contienda presidencial y la elección del Congreso de la República. Sucede cada cuatro años, pero 2006 tenía de especial que sobre los partidos y sus candidatos en las listas al legislativo pesaba la espada de Damocles de la parapolítica.
La temporada de elecciones estaba en su apogeo, "con todos los lados jugando fuertemente y mostrando ninguna señal de rendirse", como lo reseñó el embajador William B. Wood en un cable del 23 de enero.
El embajador hizo un ‘barrido’ de los hechos que a su juicio eran los más relevantes por esos días, como que los partidos uribistas habían expulsado al menos cinco candidatos de sus listas por aparentes vínculos paramilitares y hasta la denuncia que hizo el entonces presidente del partido de la U, Juan Manuel Santos contra el candidato liberal Rafael Pardo, por sus presuntos nexos con las Farc.
Posteriormente el propio Presidente de la República se disculparía con Pardo.
En una inusual rueda de prensa conjunta el 17 de Enero, Juan Manuel Santos y German Vargas Lleras, líderes respectivos del Partido de la U y de Cambio Radical, anunciaron que habían removido de su lista legislativa a cinco candidatos que participaban en las elecciones del polo del Congreso de Marzo: tres candidatos del Partido de la U (Dieb Maloof y Luis Eduardo Vives del Magdalena y Habib Merheg de Risaralda;) y dos del Cambio Radical (Jorge Castro y Jorge Caballero, ambos del Magdalena).
Inmediatamente después de la rueda de prensa conjunta, el senador Mario Uribe dijo que su partido Colombia Democrática" ya había recibido a Merheg en sus huestes y aun no había escuchado de peticiones para los otros candidatos despedidos pero consideraría recibirlos. El cable dice que el hoy condenado expresidente del Senado de la República fue forzado a retractarse a las pocas horas, tras el anuncio de la Presidencia de la República hiciera un llamado a los partidos que lo respaldaban a que no aceptaran los expulsados.
Dos días después el presidente César Gaviria le dijo a la embajada que Santos y Vargas Lleras se apresuraron a hacer el anuncio de las expulsiones temiendo que el Partido Liberal denunciara los nexos de esos parlamentarios, especialmente los del Magdalena y de hecho le confirmó al embajador Wood que iba a hacer el mencionado anuncio.
Gaviria se había convertido en la piedra en el zapato para la campaña uribista, especialmente en lo que a la denuncia de apoyo de los paramilitares a algunos sus allegados se trataba. "Los paras están en las listas uribistas y el presidente Uribe no ha salido hasta ahora a rechazar públicamente esos apoyos", había dicho el expresidente por esos días a El Espectador.
Sin embargo le dejó ver a la embajada su satisfacción de que el presidente rechazara en sus partidos a los expulsados, aunque una vez más criticó que el anuncio se hubiese hecho a través del vocero presidencial y no él directamente, lo que a su juicio habría tenido un mayor impacto.
El expresidente, fortalecido por esos días por sus denuncias y por su posición frente a lo que él mismo llamó "una mentira perversa" contra Pardo, le dijo a la embajada que había situaciones peores que las del Magdalena y que esperaba más expulsiones de los listados uribistas, especialmente de apoyos provenientes de Córdoba.
En medio de la conversación le tocó el turno al primo del presidente Mario Uribe EScobar, de quien el expresidente afirmó que su lista "está llena de narcos y paramilitares; es una lista de la mafia", para luego cuestionar, una vez más la actitud del presidente Uribe y anticipar que los liberales destaparían nuevos escándalos en los siguientes días.
La embajada comenta que Gaviria tuvo que enfrentar los mismos problemas en su partido y debió expulsar al senador liberal Vicente Blel Saad (señalado en casos de narcotráfico) de la lista al Senado del Partido Liberal.
Gaviria le contó a la embajada que no había recibido llamadas de protesta de otros liberales por haber expulsado a Blel y aseguró no conocer que miembros de sus listas tuvieran vínculos con paramilitares pero se comprometió a removerlos de éstas si se llegaba a conocer algún dato al respecto.
El embajador termina el cable advirtiendo que se avecinaba una temporada "dura" en materia política en el país y citó un comentario del asesor presidencial Fabio Echeverry, quien añadió que además de duras iba a ser negativa.
En octubre de 2007 el senador Mario Uribe Escobar renunció a su curul en el Senado tras el llamamiento a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. En febrero pasado la Corte Suprema lo condenó a siete años y seis meses de prisión, como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.
Para la fecha de su renuncia Álvaro García Romero y Miguel De la Espriella, elegidos para el Senado en el segundo y tercer puestos de la lista de ese partido, estaban en prisión.
En febrero de 2010 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión al ex senador de Sucre, Álvaro García Romero, por el delito de concierto para delinquir agravado y por su responsabilidad en la masacre de Macayepo (Bolívar).
Miguel de la Espriella fue condenado por el delito de concierto para delinquir, por haber asistido y firmado a la polémica reunión de Ralito, que convocó y presidió el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso y recuperó su libertad en diciembre de 2008.
6 de marzo de 2011
5 de marzo de 2011
©el espectador

reacciones sobre falsas desmovilizaciones


Denuncias de ’El Alemán’ sobre falsas desmovilizaciones generan primeras reacciones. El ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, dijo que ’el que nada debe nada teme’. Mientras, un exmiembro de la Comisión Facilitadora dijo que el de el ’Cacique Nutibara’ fue un proceso ejemplar.
Colombia. Se comenzaron a conocer la primeras reacciones luego de que el paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ’El Alemán’ afirmara en una audiencia que la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en Antioquia habría sido una farsa.
A través de su blog, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, de quien ’El Alemán’ dijo que lo había visto haciendo proselitismo en ese proceso, escribió que "por la época en que se negoció esta desmovilización estábamos en campaña electoral y el 26 de octubre de 2003 gané las elecciones para la alcaldía de mi ciudad. A mi administración le correspondió en el marco del empalme enterarse de la desmovilización de este grupo que primero estuvo en La Ceja, Antioquia y que a continuación volvió a las calles de la ciudad en diciembre de 2003. Recuerden que nosotros empezamos nuestro mandato el primero de enero de 2004. Este fue, como decíamos en ese entonces, apenas uno de los tres grandes "chicharrones" que recibimos para empezar. ¡Imagínense lo que nos tocó!".
’El Alemán’ en una audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá dijo el miércoles pasado que la falsa desmovilización tenía el objetivo de bajar los índices de violencia en Medellín para que un candidato apoyado por alias ‘Don Berna’, pudiera ganar las elecciones.
La versión fue revelada por el abogado de ’El Alemán’ en las últimas horas.
El exmiembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, Jaime Jaramillo Panesso, le dijo a Caracol Radio que la de el paramilitar es una declaración retardada que tiene motivos desconocidos, a menos que sea una venganza en contra del Excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.
El ex jefe paramilitar igualmente reveló que fueron comprados uniformes y armas y se ordenó reclutar gente de la calle. En total 868 hombres entregaron 497 armas.
Esta misma semana la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales dijo que llamaría a entevista al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo para que responda por otra supuesta desmovilización, la del bloque ‘cacique La Gaitana’ de las Farc.
La funcionaria dijo que se está recogiendo la información necesaria para determinar si se abre o no una investigación formal, por lo que se necesita este llamado.
La presunta falsa desmovilización del frente ‘cacique La Gaitana’ de las Farc, que era comandado por el supuesto guerrillero alias ‘Olivo Saldaña’, provocó que el gobierno nacional le quitara sus beneficios como gestor de paz y pidiera a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía que sea excluido de la ley de desmovilizados.
Los supuestos guerrilleros, setenta en total, entregaron 55 armas de fuego y un avión, según el informe gubernamental del acto, pero posteriormente se estableció que la aeronave había sido decomisada en el pasado a narcotraficantes y que entre los fusiles recibidos había al menos una docena en estado inservible.
El abogado de Rendón Herrera, Carlos Castañeda, dijo que en las cerca de 38 movilizaciones hubo apoyo de la OEA y otros organismos y que desde la misma época de las desmovilizaciones ya corrían rumores sobre la supuesta falsa desmovilización y señaló que debe haber un registro físico del tipo de armas que entregaron los desmovilizados, que según aseguró ’El Alemán’ era obsoletas.
Castañeda dijo que inclusive prostitutas -además de personas de la calle- fueron utilizadas en al menos dos o tres falsas desmovilizaciones a quienes se les pagó alrededor de 480.000 mil pesos mesuales, especialmente en Antioquia.
6 de marzo de 2011
5 de marzo de 2011
©el espectador

exparas en redes de informantes


Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Fredy Rendón, alias El Alemán; y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40 confirmaron que había un acuerdo con el gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército.
Colombia. El caos en que se convirtió el proceso de paz entre el gobierno Uribe y los grupos de autodefensa después del fallo de la Corte Constitucional que dejó en sus debidas proporciones la ley de Justicia y Paz, puso al Estado en la coyuntura de reconocer la existencia de 21 nuevos grupos criminales, con aproximadamente 4.000 desmovilizados de regreso a la ilegalidad. Y entre las diversas estrategias para combatirlos, con aprobación gubernamental, fue integrar antiguos paramilitares a las redes de cooperantes del Ejército Nacional.
La evidencia está contenida en un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia en febrero de 2007, en un recuento sobre este dilema para la seguridad. El documento precisó que la mayoría de los líderes de las nuevas agrupaciones criminales era exparamilitares de nivel medio, pero muy bien armados y con el apoyo de exintegrantes de los bloques del paramilitarismo. Según el reporte, eran grupos sin mayor ideología e incluso haciendo tratos con las Farc en departamentos como el Vichada o el Meta.
El informe a Washington recoge los puntos de vista de algunos oficiales de la fuerza pública y los comentarios particulares del observador de la OEA para el proceso de paz con las autodefensas Sergio Caramagna. En tal sentido, citando al general Jesús Gómez Méndez, se especifica que la mejor manera de combatir a las nuevas estructuras criminales es enfrentando los tres desafíos que ellos encarnan: la topografía en que se mueven, la forma como han infiltrado a las instituciones y las altas sumas de dinero que manejan por el narcotráfico.
Pero un oficial de inteligencia de la Brigada XVII del Ejército fue más allá y reconoció que al menos 250 miembros de los grupos criminales en Urabá tenían experiencia militar previa. Por eso el oficial le confirmó a la Embajada de Estados Unidos que antiguos miembros del Bloque Elmer Cárdenas de Fredy Rendón Henao, alias El Alemán, con la aprobación del Gobierno habían sido incorporados a la red de cooperantes. Y añadió que estaban dando muy buena información sobre una banda en Urabá asociada a Vicente Castaño.
En otro aparte del mismo cable es el vocero de la OEA quien admite que los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Fredy Rendón, alias El Alemán; y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, le confirmaron que había un acuerdo con el Gobierno para que sus redes de informantes se incorporaran a las redes de cooperantes del Ejército. El director del DAS de entonces, Andrés Peñate, lo negó con insistencia, pero en el cable diplomático quedó la evidencia de que algo extraordinario había que hacer para confrontar las estructuras mafiosas que estaban naciendo.
Ya en un cable diplomático de mayo de 2006, el Gobierno y la Misión de la OEA lo tenían claro. Aproximadamente el 4 por ciento de los desmovilizados del paramilitarismo pronto estuvo de regreso a las actividades criminales. En ese momento, la Dirección de Inteligencia de la Policía ya hablaba de 10 estructuras, cada una con 50 miembros en promedio, con una peligrosa mezcla de desmovilizados, narcotraficantes o delincuentes comunes. No se creía que fuese el renacer del paramilitarismo pero sí el fortalecimiento del narcotráfico.
Para tender este desafío, la Embajada referenció la creación de un grupo llamado de "Inteligencia para la Paz", integrado por delegados del Ministerio de Defensa, el DAS, la Armada, la Policía y la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Ese grupo, según el cable detectó de entrada 120 puntos geográficos de altísimo riesgo, todos localizados en zonas de conflicto armado y en regiones donde hubo desmovilización del paramilitarismo en el proceso de paz. La irrupción de las bandas criminales ya hacía difícil calcular el número de desmovilizados.
Sin embargo, a falta de afrontar el dilema de las bandas criminales, ya para entonces pesaba en el ambiente la influencia del paramilitarismo en la política. El comentario de Vicente Castaño, en el sentido de que ya tenían en el Congreso un 35 por ciento de sus integrantes, puso a las autoridades a dar explicaciones en la Embajada de Estados Unidos. La prueba es que en noviembre de 2006, ya el director del DAS Andrés Peñate reconocía que 13 de los nuevos miembros del Congreso elegidos en marzo, eran claramente fichas de los grupos de autodefensa.
El cable dejó ver las diferencias de criterios que habían sobre quiénes podían ser esos políticos cercanos a las autodefensas. Algunas fuentes mencionaban a Eleonora Pineda, Rocío Arias y Carlos Moreno de Caro. Otros que Zulema Jattin, Jairo Merlano y Mauricio Pimiento. El DAS sólo se comprometía con Dieb Maloof y Jorge Luis Caballero. De lo que nadie dudaba era de la tremenda influencia del paramilitarismo en la Costa Atlántica, y de la irrupción de un personaje a quien se calificó como la "baronesa de las loterías", más coloquialmente llamada, La Gata.
6 de marzo de 2011
5 de marzo de 2011
©el espectador

colaboración con neo-paramilitares


Las fuerzas armadas colombianas colaboraron con neo-paramilitares, según revelan cables publicados por Wikileaks.
Colombia. Organizaciones neo-paramilitares con miembros provenientes del personal de las fuerzas armadas fueron capaces de infiltrar el estado, utilizando sus conexiones militares -de acuerdo a un cable de WikiLeaks.
El cable, fechado 3 de febrero de 2007, y publicado por El Espectador el viernes, cuenta cómo el entonces director de la Policía de Seguridad Rural, el general Jesús Gómez Méndez, contó a un oficial estadounidense que las tres principales dificultades para desmantelar estas organizaciones eran la topografía, el dinero y esta infiltración del estado.
La infiltración, dijo Gómez, era un problema especialmente grave porque quería decir que las organizaciones podían recibir información enviada por sus contactos en las fuerzas armadas sobre operaciones en curso contra ellas, permitiéndoles escapar.
Un funcionario anónimo de Intel dijo que esta red de colaboradores militares con las bandas se derivaba del hecho de que muchos miembros de estas organizaciones eran ex militares que podían usar sus relaciones con antiguos colegas.
El oficial subrayó los acontecimientos en la región de Urabá, al norte del departamento de Antioquia, donde calculaba que casi 250 de los aproximadamente 330 a 340 nuevos miembros de bandas criminales tenía experiencia militar previa.
Estas redes de cooperación ilícita fueron aparentemente, especialmente complicadas por acusaciones proferidas por ex líderes de las AUC de que el gobierno había acordado con ellos incorporar las redes de informantes paramilitares en las fuerzas armadas.
Aunque funcionarios del DAS y del gobierno lo negaron, el funcionario anónimo de Intel confirmó que ese era en realidad el caso y que él había incorporado personalmente a ex miembros del bloque del ex líder de las AUC, alias ‘el Alemán’, a su red, con el consentimiento del gobierno. Agregó que ellos estaban entregando información valiosa al gobierno sobre las nuevas bandas criminales y sus operaciones.
El cable agrega importante peso a las repetidas acusaciones de los vínculos de las fuerzas armadas con los paramilitares, y ahora las organizaciones neo-paramilitares, que son conocidas como ‘BACRIM’ o bandas criminales emergentes, por el gobierno colombiano en un esfuerzo por minimizar los lazos de las bandas con los paramilitares.
También destaca los problemas con la interpretación oficial de la amenaza que representan estas nuevas bandas criminales, que surgieron de la viciada desmovilización de los paramilitares, prefiriendo verlas más como un problema policial que como uno de seguridad nacional debido a su estructura descentralizada.
En un informe del año pasado, Human Rights Watch (HRW) condenó esta interpretación, diciendo que el gobierno no había hecho lo suficiente para combatir el surgimiento de estas organizaciones y era demasiado complaciente con los funcionarios corruptos que continúan colaborando con ellas.
La semana pasada, Naciones Unidas expresó su preocupación, afirmando que los vínculos entre funcionarios de gobierno y neo-paramilitares todavía están presentes y dan a las bandas la capacidad de "corromper e infiltrar el estado".
En un cable separado publicado el mes pasado se dice que los fracasos del gobierno durante la desmovilización de las AUC contribuyeron al surgimiento de los neo-paramilitares.
El cable del viernes lo reafirma con el reconocimiento oficial de que la mayoría de las organizaciones neo-paramilitares eran dirigidas en la época por ex comandantes de nivel medio de las AUC y que un poco menos del veinte por ciento del grupo estaba compuesto por paramilitares ‘desmovilizados’.
6 de marzo de 2011
4 de marzo de 2011
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cc traducción mQh

investigarán desmovilizaciones fraudulentas


Fiscal Viviane Morales anuncia investigación de tres casos más de posibles falsas desmovilizaciones. Así lo señaló en diálogo con Caracol Radio. Dijo además que la próxima semana será llamado a entrevista el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.
Colombia. Continúa la polémica que la semana pasada se reabrió frente a la presunta desmovilización de la compañía ’Cacica La Gaitana’. En diálogo con Caracol Radio, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, aseguró que por este caso será llamado la próxima semana a entrevista el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo.
La fiscal dijo además que como se mencionan los nombres de algunos generales en el caso de la ’Cacica La Gaitana’,  la investigación se inició por parte de su despacho.
Morales aseguró también que esta no es la única presunta desmovilización frente a la que se está desarrollando una investigación. Señaló que podría haber "tres casos más" de desmovilizaciones fraudulentas.
Hace justamente ocho días la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía compulsó copias al jefe de la dirección nacional de fiscales para que investigue una supuesta falsa desmovilización de la compañía de las FARC ’Cacica La Gaitana’, compuesta por 66 supuestos guerrilleros, que se realizó en Alvarado (Tolima) el 7 de marzo del 2006.
Las autoridades investigan si la desmovilización pudo ser un montaje del Ejército y del entonces Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, informó este miércoles la Fiscalía General.
Luis González León, director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, explicó que las investigaciones se centran en dos altos oficiales del Ejército y en Restrepo.
"Al menos tres desmovilizados sostienen que toda esa desmovilización fue una mentira, que consiguieron la gente y que compraron las armas que iban a entregar", dijo González León a la agencia de noticias AP.
Los uniformados en la mira de la Fiscalía, agregó el fiscal, son el general retirado Lelio Suárez y el coronel Jaime Joaquín Ariza, quienes no han hecho ninguna declaración pública sobre la acusación en su contra.
Según la investigación del supuesto montaje, también participó en él un guerrillero desmovilizado de las FARC, Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, quien fue nombrado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe gestor de paz.
En ese entonces, Luis Carlos Restrepo dijo que "el señor Agudelo es un colaborador del Estado y gran impulsor de las políticas de desmovilización", y el general Mario Montoya, comandante del Ejército, se refirió a él como "un hombre con el que venimos trabajando".
2 de marzo de 2011
©semana

masacres olvidadas de barrancabermeja


La llegada de los paramilitares a Barranca en 1998 trajo una serie de masacres, que no habían sido reveladas. Además de la del 16 de mayo, Justicia y Paz logró descubrir otras tres que dejaron 20 muertos y ocho heridos. Los paramilitares cometieron varias masacres, algunas de ellas desconocidas hasta que fueron confesadas en Justicia y Paz.
Colombia. La tierra del oro negro ha sufrido por más de 30 años la disputa por el control territorial y de los recursos naturales. Esta ciudad ha sido, por décadas, estratégica porque desde allí se llega con facilidad a varios departamentos como Bolívar, Santander y Antioquia.
También porque la riqueza petrolera ha sido el combustible para la guerra. Éste ha sido uno de los poderosos motivos para que sus habitantes hayan sufrido en carne propia las violaciones primero de la guerrilla y después de los paramilitares, por el control del contrabando de la gasolina y el negocio del narcotráfico en el Magdalena Medio.
El puerto, de 350.000 habitantes en la actualidad, está ubicado en el corazón de Colombia y bañado por el caudaloso río Magdalena.
Según las Fiscalías de 51 y 52 de Justicia y Paz esta posición geográfica ha hecho que allí hayan delinquido los grupos armados desde 1970.
Primero se armaron los Frentes Manuel Gustavo Chacón, Urbano Resistencia Yariguíes, Capitán Parmenio y Diego Cristóbal Uribe del Eln, y el Ramón Gilberto Barbosa del Epl, mientras que las Farc ha tenido milicias urbanas y los Frentes 15 y 24, así como las autodefensas que surgieron a la par en la región, con el supuesto objetivo de combatir a estos grupos armados.
Aunque guerrilla y autodefensas se enfrentaron en la zona por dos décadas, los paramilitares se tomaron Barrancabermeja en 1998 y cometieron varias masacres señalando a sus víctimas de ser auxiliadoras de la guerrilla.
El autor principal de esos crímenes fue Guillermo Cristancho Acosta alias ‘Camilo Morantes’, jefe de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), que el 11 de noviembre de 1999 fue asesinado por sus compañeros por orden de Carlos Castaño, exjefe de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego de las Auc.
Al principio Morantes fue clave para que los paramilitares entraran a la zona, pero al parecer sus desafueros terminó distanciándose de la casa Castaño que, sin embargo, le tapaba las atrocidades que cometía.
Los barramejos tienen grabado ese 16 de mayo de 1998 cuando, por orden de ‘Morantes’, los paramilitares llegaron al barrio El Campín, secuestraron y luego asesinaron a 32 personas, de cuyos cuerpos sólo 12, después de 13 años, han sido recuperados e identificados. A los habitantes tampoco se les olvida a Mario Jaimes Mejía alias ‘Panadero’, el cómplice de ‘Camilo Morantes’, un guerrillero que dejó las Farc para sumarse a los paramilitares, primero como informante y luego como uno de los principales autores de las masacres.
Sin embargo, a partir de documentos y de las versiones libres de alias ‘El Panadero’, la Fiscalía reconstruyó además de la masacre del 16 de mayo de 1998, otros tres asesinatos múltiples hasta ahora desconocidos para el país.
Después del asesinato de ‘Morantes’, los paramilitares siguieron delinquiendo en el puerto petrolero hasta 2006, bajo órdenes de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar entre ellos: alias ‘Julián Bolívar’, Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’.
Tras la recapitulación de estas matazones, los familiares de las víctimas han exigido a los paramilitares dejar en limpio el nombre de sus seres queridos. También han exigido verdad, justicia y reparación.

Las Tres Masacres Olvidadas
Vestidos de camuflados verde oliva para hacerse pasar por guerrilleros del Eln, hombres de ‘Camilo Morantes’ ingresaron en la noche del 27 de julio a Bocas del Rosario, corregimiento de Puerto Wilches (Santander).
Según la versión de varios paramilitares, a los primeros que asesinaron fueron al electricista Erwin Alcocer Peña y luego al pescador Teobaldo Carcamo Florián, a quien llevaron hasta la salida del pueblo para dispararles.
Mientras cometían estos crímenes, hombres bajo el mando de Alexánder Gutiérrez ingresaron a varios establecimientos donde robaron víveres, bebidas, gasolina y lo producido del día de los negocios de Egidio de Jesús Vides Cuéllar y de Fernando Antonio Peinado Valeta.
A un hombre conocido como Maestro Troya, quien estaba cerca de la casa de Vides Cuéllar construyendo una muralla, los paramilitares lo hirieron con un machete.
Luego, el grupo paramilitar amenazó de muerte a Víctor Manuel Pacheco Cuéllar, un enfermero que administraba el Telecom del pueblo, y destruyó la central de energía y telecomunicaciones. Además volaron la torre de energía, los teléfonos y luego los arrojaron al río Magdalena.
Al finalizar el recorrido, los paramilitares obligaron a Luis Cipriano Pupo Moreno, Eustacio Mejía Suárez y Federico Guillermo Toloza que los transportaran en sus canoas hasta un sitio conocido como Campoalegre.  Allí les robaron la canoa y les ordenaron que se regresaran al caserío sin suministrar información del lugar hasta donde los habían llevado.
Entre el mediodía del 1 de agosto de 1998 y la madrugada del 2 de agosto, con la excusa de buscar y asesinar al guerrillero conocido con el alias de ‘Bombe’, 12 hombres de las Ausac a cargo de Mario Mejía Jaimes alias ‘Panadero’ se movilizaron en motos y taxis para recorrer el puerto petrolero. En la ruta, asesinaron a 11 personas e hirieron a otras tres.
Alias ‘Panadero’ contó en versión del 11 de noviembre de 2009 que sus hombres salieron de San Rafael de Lebrija (Rionegro, Santander) y llegaron a Barrancabermeja y se hospedaron en  unas residencias días antes de cometer la masacre.
El recorrido tuvo como primera parada el sector de La Rampla, donde asesinaron a Carlos Puerta mientras dormía en una silla. Según algunos testigos, quienes mataron a Puerta arrojaron panfletos que decían Autodefensas Unidas del Cesar o Santander, que luego fueron recogidos por la Policía.
Después de este crimen, los paramilitares llegaron a las 3 de la tarde a una glorieta conocida como La Ceiba, frente a la sede la USO nacional, y allí asesinaron a Hugo Cadena Montañez, quien esperaba el cambio de semáforo cuando se movilizaba en una moto.  Varios testigos, al igual en que el asesinato anterior, atribuyeron como responsable a alias ‘Panadero’.
Ese mismo día, pero en la noche, los paramilitares llegaron a la discoteca Pies Calientes ubicada frente a la cancha de fútbol del barrio Cincuentenario, porque les dijeron que allí estaba el guerrillero alias ‘Bombe’.
Aunque no encontraron al supuesto guerrillero, Léxor Villalobos Suárez alias ‘Pedro’, uno de los hombres que se movilizaba con ‘Panadero’,  asesinó a Roberto Chico Mejía. Después de este asesinato, ‘Panadero’ ordenó a los hombres que se movilizaban en taxis que regresaran a las residencias y que estuvieran atentos a cualquier llamado.
Cometidos ya tres crímenes, alias ‘Pedro’, ‘Panadero’, Pedro Mateo Hurtado Moreno alias ‘Ochenta’, Guillermo Hurtado Moreno alias ‘70’, Alain Miller Bolaños López alias ‘Maicol’ y Leonardo Fabio Delgado Anaya alias ‘Mario Mano Picha’ llegaron a la taberna Óxido, donde alias  éste último y ‘70’robaron una motocicleta para que el grupo, en total, pudiera movilizarse en tres motos.
Las tres parejas de paramilitares llegaron hasta el bailadero La Tora, ubicado en la entrada a Barrancabermeja, donde asesinaron a Eduardo Angarita Suárez, Pedro Celestino Villamizar y Luis Herminio Currea Ramírez. En el lugar, también fue agredida Graciela Hernández Díaz, quien debido a los golpes perdió a su hijo en gestación.  
De ese sitio, los paramilitares se movilizaron hasta el bar la Puerta Dorada pero antes de ingresar a este lugar asesinaron frente a las instalaciones de la empresa Postobon a Richard Vargas Aguilar. Luego, dentro del bar, asesinaron a Óscar Ibarra Chaverra y a la vuelta de ese establecimiento dispararon contra Rafael Miranda Ángel, quien sobrevivió a las balas.
Después, los paramilitares llegaron a la caseta Matecaña donde asesinaron a José Alberto Quintero Ortiz, Marco Gabriel Quintero Becerra y a Luis Antonio Vallemeneses. En la balacera fueron heridos Farides Flórez Gómez y Edison Cadena Londoño, quienes sobrevivieron. Al salir de la caseta, los paramilitares abandonaron la moto robada cerca a la plaza de mercado Torcoroma, y las otras dos motos  las guardaron en la casa de un familiar de alias ‘Maicol’.
Según lo contado en versión libre por alias ‘Panadero’, un militar lo buscó en las residencias donde se estaban hospedando y le reclamó la cantidad de muertos, diciéndole "que lo que se había hablado era de muertes selectivas". El militar les ordenó que abandonaran Barrancabermeja porque de lo contrario, los tenía que capturar.
Los participantes de esta masacre, según la versión de los paramilitares, fueron: Mario Jaimes Mejía alias ‘Panadero’, Guillermo Moreno Hurtado alias ‘70’, Pedro Mateo Hurtado Moreno alias ‘80’, Léxor Villalobos Suárez alias ‘Pedro’, Alain Miller Bolaños López alias ‘Maicol’; Leonardo Fabio Anaya Delgado alias ‘Mano Picha’, Fremio Sánchez Carreño alias ‘Esteban’, Osman Baos alias ‘Barbao o Barbas’, Francisco Leopoldo Duque Ardila alias ‘Franklin’, Zoilo Parra alias ‘Parra’ y Milton Paternina alias ‘Osito’.
En dos camionetas, 20 hombres de alias ‘Panadero’ asesinaron a siete personas e hirieron a otras cuatro, en un recorrido que realizaron por varios barrios del puerto petrolero portando fusiles y armas cortas.
De San Rafael de Lebrija (Rionegro, Santander), el grupo pasó por El Retén, el barrio Chicó y el sitio El Uno hasta llegar al barrio Provivienda, donde los habitantes participaban de un bazar.
Los paramilitares entraron al barrio disparando, causando la muerte al comerciante Orlando Forero Tarazona y a Elio Mejía Castellanos, y además hirieron al pescador Pedro Vicente Palacio.
De allí, los paramilitares pasaron por la cancha de bolos y tejo ‘Saúl’, el sector del Bambú y el barrio la Esperanza, donde dispararon contra Israel Ariza Ochoa y el soldado profesional Wilson Sánchez.
Al llegar a la carretera nacional, el grupo instaló un retén clandestino donde inmovilizó todos los vehículos. En el sitio retuvieron al menor Édgar Alfonso Sierra Sidra y en la salida del barrio El Llanito, al taxista Luis Miguel Cifuentes Díaz.
Según lo contado en versiones libres, el grupo salió de El Llanito donde disparó contra Leonardo Guzmán Martínez, un empleado bancario que se movilizaba en una moto. Luego, ingresaron al estadero El Rancho, donde asesinaron a César Barroso y William Rojas Zuleta, así como al estadero El Gran Chaparral donde asesinaron a Jesús Daniel Gil.
El recorrido continuó por el estadero La Represa, donde dispararon contra quienes se intentaron  esconder en las aguas de la ciénaga San Silvestre.
De allí, el grupo llegó a la base militar del Ejército donde los esperaba Joaquín Morales alias ‘Danilo’, comandante militar de las Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac), para evitar que "fueran detenidos y se incumpliera el acuerdo ya pactado", contaron los exparamilitares.
Después llegaron la vereda Penjamo y luego a San Rafael de Lebrija, donde llevaron a los retenidos Édgar Alfonso Sierra Sidra y Luis Miguel Cifuentes Díaz. Tras un juicio realizado por alias ‘Camilo Morantes’, el menor de edad y el taxista fueron asesinados y luego lanzados al río Magdalena.
Los participantes de esta masacre, según las versiones de los paramilitares, fueron: Mario Jaimes Mejía alias ‘Panadero’, Pedro Mateo Hurtado Moreno alias ‘80’, Guillermo Hurtado Moreno alias ‘70’; alias ‘Jhon Fredy’, Francisco Leopoldo Duque Ardila alias ‘Franklin’, Nilton Eduardo Paternina alias ‘Osito’, José María García Arias alias ‘Bebé’; Alexánder Ospino Patiño alias ‘Barranca’, Jhon Campos alias ‘Pepo’, Javier Pumarejo Martínez alias ‘Sandy’, Alberto Toscano Montañez alias ‘Toscano’, Leonardo Anaya Delgado alias ‘Mano Picha’; Jorge Gutiérrez Anaya alias ‘Ronald o El Zorro’, Rodolfo Mogolla alias ‘Popeye’, así como alias ‘Popeye’, ‘Arandú’, ‘Moyano’, ‘Botones’ y alias ‘Gomelo’.
2 de marzo de 2011
©verdad abierta
 

gómez gallo lo quería sobornar


El testigo Robinson Guilombo dijo que le ofrecieron dinero por cambiar su testimonio a favor del exsenador Luis Humberto Gómez Gallo. El exsenador conservador es investigado por sus presuntos nexos con los paramilitares del Bloque Tolima.
Colombia. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Robinson Guilombo, cómplice del extraditado narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria alias ‘El Socio’ y testigo protegido en Estados Unidos, afirmó que le ofrecieron dinero meses antes de rendir declaración en el caso del exsenador Luis Humberto Gómez Gallo ante el Alto Tribunal.
Según el testigo, desde septiembre de 2010 lo contactaron por teléfono y por mail ofreciéndole 50 mil dólares para que cambiara su testimonio y negara cualquier vínculo entre el exsenador Gómez Gallo y ‘El Socio’.
El político es investigado por presuntos nexos con las autodefensas, después de que varios desmovilizados aseguraron que Gómez Gallo se reunió tres veces con paramilitares del Tolima, recibió dinero del extraditado Eduardo Victoria alias ‘El Socio’, de haber desviado dineros públicos cuando fue alcalde del Valle de San Juan para financiar a las Auc, así como de haber solicitado la muerte en 2001 de Pompilio de Jesús Avendaño, representante a la Cámara.
Su juicio ha sido polémico porque ha estado rodeado de retractaciones, de testigos que han coincidido en decir que el Bloque Tolima no tuvo injerencia en la política nacional y porque la madre del testigo Guilombo fue asesinada dos días antes de que comenzara el juicio contra el exsenador. El proceso contra el político tolimense ha sido similar al de los políticos santandereanos Luis Alberto Gil Castillo y Alfonso Riaño Castillo, en el que también un paramilitar denunció un intento de soborno para que declarara a favor de los excongresistas.
Guilombo relató que quién lo contactó fue la mayor (r) de la Policía María Helena Gómez Mendez, y quien le hizo el ofrecimiento para el cambio de versión.
La oferta, según Guilombo, la hizo el exsenador Gómez Gallo usando a Gómez Méndez como intermediaria.
De acuerdo con la versión del testigo, días antes de venir a Colombia en noviembre de 2010 y de dar su testimonio en la Corte Suprema, fue contactado nuevamente por Gómez Méndez quién llegó a ofrecerle 250 millones de pesos por el cambio de testimonio.
Durante la misma audiencia declaró precisamente la mayor (r) Gómez Méndez quien aseveró que sí se contactó con Quilombo días antes de su declaración en noviembre pero fue para advertirle de las amenazas que existían en contra de ambos.
Dos días antes de comenzar el juicio a Gómez Gallo, a finales de noviembre del año pasado, la madre de Guilombo, Numidia Arroyo Avilez, fue asesinada por desconocidos en su vivienda ubicada en la vereda Bellavista, municipio de Planadas (Tolima).
El caso se conoció en el inicio del juicio al político tolimense, en el que se reveló que la señora Arroyo recibió 25 disparos por parte de desconocidos.
En esa ocasión Guilombo fue traído desde Estados Unidos, donde es testigo protegido de la DEA, para que declarara en el juicio contra Gómez Gallo.
El testigo fue cómplice de alias ‘El Socio’, quien a la luz de algunos testimonios, presuntamente estuvo relacionado con el ex senador tolimense.

La Petición de Absolución de la Procuraduría
Al final de la audiencia, el representante del Ministerio Público Jairo Salgado pidió a la Corte Suprema de Justicia declarar inocente al ex senador Gómez Gallo respecto a sus nexos con paramilitares y narcotraficantes.
La petición del procurador delegado se hace con base en el testimonio de alias ‘El Socio’ quien negó cualquier nexo con Gómez Gallo, así como en la "falta de certeza" que resultó, según el funcionario, de los testimonios de Robinson Guilombo, principal testigo del caso.
Más allá de estos dos testimonios, el procurador estableció igualmente que no existen coincidencias  entre los otros testimonios que permitan comprobar los nexos del ex senador con el paramilitarismo en Tolima.

La Historia detrás de Guilombo
En agosto de 2006, la revista Semana publicó una nota con el nombre ‘La otra verdad de El Socio’ en la que detallaba la historia detrás de este testigo. En ese momento, la publicación se refería a Guilombo como un joven nacido hace 21 años en Planadas, Tolima, y que fue reclutado a la fuerza por las Farc cuando tenía apenas 12 años. Después de cuatro años de estar en la guerrilla se voló e ingresó al bloque Tolima de las AUC.
Por medio de este grupo paramilitar, relata el artículo, Guilombo se volvió escolta de ’El Socio’ en 2003. Según las autoridades, conoce al dedillo a Restrepo. Sabe de memoria los nombres de sus esposas, de sus amantes, de sus 13 hijos y detalla la ubicación de cada una de las propiedades de su ex jefe. "Con Lida tiene tres hijos. Una niña, Lupe, de 5 años, es ahijada de Varela... En el barrio Interlaken tiene otro apartamento en donde vive otra de sus mujeres que es modelo. Se llama Sandra y le dicen ’la barbie’...", dicen algunos apartes de las declaraciones otorgadas a la Fiscalía en su calidad de testigo protegido.
Durante su declaración, Guilombo le contó al fiscal de los vínculos de su patrón con políticos "importantes", empresarios, abogados y policías del Tolima. Cuando le preguntaron si durante su labor como escolta observó la presencia de políticos en la finca La Morena o en propiedades de Restrepo, Quilombo contestó: "Yo una vez observé a Gómez Gallo".
De acuerdo con el artículo de Semana, esta no era la primera vez que el nombre del ex presidente del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo sale a relucir en investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntos vínculos con ’El Socio’. Sobre ese tema, el político tolimense le dijo en su momento a Semana: "Mire, en Ibagué todo el mundo sabe quién es ese mafioso. Nunca he sido amigo de ese hombre. Lo conozco desde que era pobre y luego apareció de un momento a otro con un poco de dinero. Él sí se acercó a cuatro o cinco ricos de Ibagué que le abrieron la puerta e iban a sus fiestas. Uno sí los veía por ahí en los sitios nocturnos. Pero cuando él entraba por una puerta, yo salía por la otra, yo le huía, así de sencillo".

El Caso contra Gómez Gallo
Luis Humberto Gómez Gallo, ex senador Conservador del Tolima se entregó a finales de enero de 2010 en el norte de Bogotá al CTI de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por sus presuntos vínculos con las autodefensas.
Según la investigación Luis Humberto Gómez Gallo presuntamente recibió 300 millones de pesos de Eduardo Victoria, alias ’El Socio’, extraditado a los Estados Unidos.
El político tolimense ya había estado detenido en diciembre de 2007 después de que varios desmovilizados del Bloque Tolima denunciaron sus nexos con los ‘paras’.
Sin embargo en agosto de 2008 la Fiscalía archivó la investigación por inconsistencias en los testimonios.
Pero una jurisprudencia de octubre de 2009 permitió que la Corte Suprema de Justicia retomara los procesos de parapolítica.
Varios desmovilizados del Bloque Tolima lo acusaron de reunirse en tres oportunidades con paramilitares de Tolima. Los ex combatientes aseguraron que en 2001 Gómez tuvo encuentros con el comandante ‘Elías’ y Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’.
Gómez también fue señalado por los ‘paras’ de haber desviado recursos públicos para financiar las Auc cuando era alcalde de Valle de San Juan, entre 2001-2003.
José Milton Bedoya, alias ‘Moisés’ además dijo que el político le dio 300 millones de pesos para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño en 2001.
Según ’Moisés’, entre junio y julio del 2001, el congresista presuntamente se reunió en tres ocasiones con el ex jefe ‘para’ alias ’Elías’ para planear la muerte de Avendaño, al parecer por problemas pasionales.
El ex senador fue presidente del Congreso en el periodo 2004-2005 y fue impulsor de proyectos de trascendencia para el Tolima como la doble calzada Bogotá-Cajamarca, el Túnel de La Línea y el Triángulo del Tolima.
Es Ingeniero Industrial, padre de tres hijos, y nació el 26 de junio de 1962 en Ibagué. Fue concejal de Ibagué en tres periodos consecutivos y Senador desde 1997.
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
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