colombia

elba beatriz silva a justicia y paz

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Será la nueva jefe de Justicia y Paz. La fiscal que investigaba los crímenes cometidos por los paramilitares de los Llanos Orientales asumirá la Unidad Nacional para la Justicia y Paz.

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Colombia. La fiscal general Viviane Morales Hoyos anunció que la abogada Elba Beatriz Silva Vargas será la nueva jefe nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, en reemplazo de Luis González León, quien venía desempeñando ese cargo desde 2005 cuando se creó esa unidad.
Beatriz Silva se desempeñaba como Fiscal 2 de Justicia y Paz, el despacho que investiga los crímenes cometidos por los paramilitares en los Llanos Orientales. A su cargo, estuvo la investigación de cómo los paramilitares provenientes del Urabá antioqueño llegaron a los Llanos y crearon el Bloque Centauros.
Documentó las masacres de Mapiripán, Caño Jabón, San Teodoro, Buenavista, Chipaque, Guacavía, y cientos de crímenes cometidos por los paramilitares en Meta, Casanare, Guaviare y Vichada. Fue la fiscal que condujo las versiones libres del narcotraficante Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, del extraditado Diego Ruiz Arroyave alias ‘El Primo’, y de exjefes militares como Elkin Casarrubia Posada alias ‘El Cura’ y Dúmar Jesús Guerrero Castillo alias ‘Carecuchillo’.
Según la Fiscalía, antes de desempañarse en ese despacho, fue la coordinadora de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Como jefe de la Unidad de Justicia y Paz, ahora coordinará 59 despachos judiciales especializados en investigar los crímenes cometidos por grupos paramilitares y guerrilleros.
El 18 de febrero de 2011 la Fiscal General había designado para este cargo al abogado penalista Pedro Díaz Romero. Se desconocen las razones del cambio en el nuevo nombramiento.
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
©verdad abierta

alarma en san andrés

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Además de desaparecidos y panfletos amenazantes, un aparente problema de funcionamiento de los organismos judiciales preocupa a las autoridades y a los habitantes de la isla.

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Colombia. En San Andrés están preocupados. La inseguridad que se vive en la isla ha obligado a sus habitantes a no salir después de las 9:00 de la noche de sus casas. Tienen miedo. El año pasado 24 personas fueron asesinadas y en lo que va del 2011 la cifra llega cuatro, además de tres desaparecidos. Los panfletos amenazantes llegan a jueces, magistrados, periodistas, religiosos, empresarios.
El viernes 4 de marzo, San Andrés marchará para pedir paz. Mientras la Policía departamental pide al gobierno nacional un refuerzo de cien agentes, los habitantes manifestarán su inconformidad por la situación de inseguridad que vive la isla.
Pero tendrá que haber más que una marcha. Las autoridades de San Andrés atribuyeron al aumento del narcotráfico, la violencia que sacude a la isla.
El comandante de Policía, el coronel Fabio López, dice que las bandas que lideran el negocio del narcotráfico han centrado su labor delincuencial allí, donde surten los barcos que llevan droga a Nicaragua, México, Honduras y Estados Unidos.
Por su parte, el capitán de Navío, Carlos Eduardo Gil, quien está al frente del Comando Específico de la Armada Nacional, señaló a Caracol Radio que "estas organizaciones hacen el reaprovisionamiento de combustible de las embarcaciones, lanchas rápidas que salen de la Costa Caribe colombiana; muchas veces suministran las tripulaciones para estas embarcaciones y hacen todo un proceso de intermediación en la ruta marítima que infortunadamente está utilizando las aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia para su ruta entre el continente y los países centroamericanos, México y Estados Unidos".
Y a la situación de inseguridad que vive la región se suman aparentes problemas de funcionamiento de los organismos judiciales en San Andrés.
En una reunión que se realizó esta semana en Bogotá, y en la que participaron el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el gobernador, Pedro Gallardo Forbes, los comandantes regionales de la Policía y la Armada Nacional, los congresistas de la región y la directora de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima de la Fiscalía, Ana Margarita Durán, se identificó -según Rivera- este problema.
El ministerio de Defensa propone aumentar el número de unidades de policía judicial y designar a varios oficiales de inteligencia para intensificar la lucha contra las organizaciones de narcotraficantes que se mueven en la isla, y pide a la fiscal general de la Nación, Vivianne Morales, que revise la situación en materia judicial contra los grupos criminales que actúan en San Andrés.
Para el gobernador Gallardo, la inseguridad que vive San Andrés es producto de ajustes de cuentas entre los líderes de las bandas que mueven el narcotráfico.
Sobre el tema, el vicepresidente Angelino Garzón se manifestó. Señaló que veía con preocupación las amenazas hechas por medio de panfletos contra habitantes de San Andrés y respaldó el anuncio de la Policía acerca del aumento del pie de fuerza en San Andrés. Ofreció además su respaldo a los funcionarios de la rama Judicial y señaló que los jueces tienen toda la facultad para solicitar las investigaciones que sean necesarias con el fin de dar con el paradero de los responsables de dichas amenazas.
Algunas personas que han sido nombradas en los más de seis panfletos anónimos que han circulado por la isla exigen efectivas investigaciones a las autoridades, que permitan aclarar si los autores tienen o no vínculos con las bandas criminales, según información publicada por The Archipielago Press.
Entre tanto y a través de un comunicado, los jueces que han sido amenazados señalaron, luego de que se conocieran los panfletos, que la independencia, imparcialidad y objetividad en sus decisiones -a pesar de las amenazas- continuará.
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
©semana

anticipada por masacre de indígenas

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Condenado exjefe paramilitar por masacre de indígenas. El exjefe paramilitar del Bloque Cacique Pipintá fue condenado por el asesinato de cuatro indígenas de un resguardo de Riosucio, Caldas, ocurrido en 2003.

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Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario condenó en sentencia anticipada a Pablo Hernán Sierra García alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe paramilitar del Bloque Cacique Pipintá, por la masacre de cuatro indígenas ocurrida el 8 de junio de 2003.
Según la Fiscalía, paramilitares que delinquían con alias ‘Alberto Guerrero’ asesinaron ese día a Gabriel Ángel Cartagena, exgobernador indígena del Resguardo Cañamomo y Loma Prieta y entonces candidato a la Alcaldía de Riosucio, así como a Fabio Hernán Tapasco Largo, encargado de los asuntos de vivienda del resguardo, y a los indígenas Hugo Tapasco Guerrero y Diego Efraín Suárez León. En el ataque además resultaron heridos otros tres indígenas: Norely Calvo, Gersaín de Jesús Díaz y Pedro Alejandrino Campeón.
El exjefe paramilitar aceptó los cargos delitos de homicidio múltiple en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares. Por estos crímenes, también fue condenada María Bianet Castaño Patiño alias ‘La Mona’, que delinquía con alias ‘Alberto Guerrero’ como su escolta.
El Bloque Cacique Pipintá delinquió en algunas zonas del Eje Cafetero, a cargo de alias ‘Alberto Guerrero’, quien ha aceptado otros crímenes como el del congresista Óscar González Grisales, el alcalde de Aguadas, Iván Rincón Henao, y el concejal de Aguadas, Fernando López Ramírez.  
Aunque el exjefe paramilitar pidió ser incluido en la Ley de Justicia y Paz, el Ministerio del Interior y de Justicia no ha aprobado su postulación. Por eso, es juzgado por la justicia ordinaria.
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

piden investigar a uribe

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El abogado de las víctimas en el proceso a Jorge Noguera, pidió investigar al expresidente por nexos con paramilitares. También pidió condenar al exdirector del DAS.

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Colombia. Alirio Uribe, abogado de la parte civil de las víctimas, pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia compulsar copias para investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por la infiltración de los paramilitares en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
En este caso la investigación deberá hacerla la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada constitucionalmente de procesar a los presidentes.
El jurista, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, señaló a Uribe como coautor  de los seguimientos que el DAS  hizo a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos.
"El asesinato de la periodista Zully Codina y del sociólogo Alfredo Correa Andreis ocurrieron en el marco de ataques y señalamientos a periodistas opositores y defensores de derechos humanos por parte del mandatario", afirmó el jurista.
Por los señalamientos que hizo ante los medios de comunicación, en los que acusaba a algunos de los opositores de su gobierno de guerrilleros, el ex presidente Uribe tendría responsabilidad penal, indicó el jurista.
Así mismo, el defensor de las víctimas señaló a Uribe como responsable por línea de mando, de las actividades ilegales al interior del organismo de inteligencia, entre ellas la creación del G3, el grupo de inteligencia estratégica que hacía seguimiento a opositores del gobierno.
Además, el abogado solicitó al alto tribunal abrir investigación contra los ex detectives del DAS Javier Valle Anaya,  Gean Carlo Auque y Enrique Ariza.

Condenar a Noguera
En la etapa final del juicio contra Noguera, el representante de las víctimas pidió la condena del ex director del DAS por su "militancia dentro del paramilitarismo".
En concordancia con los alegatos de la Fiscalía, la parte civil del proceso estableció que el ex director del DAS debe ser condenado los asesinatos de Alfredo Correa de Andreis, Zully Codina y Fernando Pisciotti.
El abogado señaló a Noguera Cotes como responsable de la supresión de antecedentes, del suministro de información de inteligencia  y del saboteo de operaciones contra paramilitares del Bloque Norte.
"Consideramos que existen suficientes pruebas para condenar por homicidio agravado a Jorge Aurelio Noguera Cotes" señaló el jurista.
Según el abogado, "los crímenes se hicieron con soporte en información de inteligencia…Noguera puso a disposición del Bloque Norte listados de sindicalistas, incluso cuando estaban en Ralito, se seguían entregando listados con nombres de sindicalistas a los paramilitares".
Uno de los casos más discutidos en este proceso, es la responsabilidad de Noguera, en el asesinato del sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis, a quien el DAS primero capturó e intentó culpar de ideólogo de la guerrilla.
Según el abogado, los incentivos de los paramilitares para asesinar a Correa, serían los estudios ambientales que estaría realizando el profesor universitario en un puerto, destinado por ‘Jorge 40’ para el envío de droga.
En cuanto al asesinato de Fernando Pisciotti, ocurrido el 9 de diciembre de 2003, la defensa de las víctimas señaló que antes de ser asesinado, el político, se reunió con Noguera con el fin de denunciar la incidencia de los paramilitares en el municipio del Banco Magdalena.
Días después es torturado y asesinado por paramilitares, por las denuncias que realizó y que tenían que ver con el tema de parapolítica en departamento de Magdalena.
Adicional a estas pruebas, el abogado indicó que la información sobre sindicalistas encontrada en el computador de ’Jorge 40’, coincide con la base de datos del organismo de inteligencia.     
Los alegatos finales de la audiencia contra Noguera se aplazaron hasta el 4 de abril por solicitud de la Defensa.
2 de marzo de 2011
1 de marzo de 2011
©verdad abierta

primeras masacres del bloque calima

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Durante una versión libre colectiva, varios exjefes paramilitares y expatrulleros reconocieron su participación en tres masacres que dejaron 12 muertos y cientos de desplazados en el Valle del Cauca.

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Colombia. Para reconstruir la cronología del Bloque Calima y esclarecer sus crímenes más atroces, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz versionó de manera conjunta a Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’; Jair Alexander Muñoz Borja, alias ’Sisas’; Henry Rodríguez Gómez, alias ’Darío’; Robert Enrique Oviedo Yanes, alias ’El Chacal’; José Ruperto García Quiroga, alias ’El Gato’; Delfín Caicedo Ramos, alias ’Pescado’; y Wilberto Ramos Osuna, alias ’Foca’.
Durante dos días los postulados contaron cómo estaba organizado el grupo paramilitar en sus inicios y los primeros crímenes con los que pretendieron combatir a las guerrillas y aterrorizar a la población para quitarle su supuesto apoyo a los grupos subversivos.
Los hombres de los hermanos Castaño llegaron al Valle desde Urabá a mediados de 1999 y cometieron sus primeros asesinatos el 31 de julio en el corregimiento de La Moralia, Tuluá.
En su recorrido hacia La Moralia, los paramilitares capturaron a alias ’El Flaco, un guerrillero que se convirtió en su informante y quien les señaló a sus primeras víctimas.
Durante las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, ’El Flaco’ señaló a Orlando Urrea y su hija Sandra Patricia. Él tenía 45 años, y ella, que era estudiante de enfermería, fue señalada como supuesta amante de alias ’Óscar’, uno de los jefes del Sexto Frente de las Farc.
Las masacres, además de ser una supuesta forma de combatir a la guerrilla, también fueron implementadas por los paramilitares como un sistema de control de la población civil por medio del terror.
Jair Alexander Muñoz Borja, alias ’Sisas’, quien fue jefe de algunos frentes del Bloque Calima, reconoció que las Auc torturaron física y psicológicamente a sus víctimas para sacarles información. Además, agregó que "si se podía matar en frente de la población reunida, se hacía para meter miedo".
En las incursiones a los pueblos en las que los paramilitares asesinaron a supuestos colaboradores de grupos armados, también saquearon las viviendas y establecimientos comerciales de las personas que no tenían nada que ver en el conflicto.
Al respecto, Elkin Casarrubia Posada, alias ’El Cura’, exjefe militar del Bloque Calima, dijo que eso estaba prohibido y algunos hombres lo hicieron por su cuenta.
En las primeras masacres, el Bloque Calima dejó grafitis alusivos a las Auc y dañó los teléfonos públicos para marcar su territorio e intimidar a la población para que, según ellos, dejaran de prestarle colaboración a la guerrilla.
Las siguientes son las masacres que alcanzaron a ser tratadas durante las dos audiencias de versión libre.

Masacre de El Placer
En la versión libre, alias ’El Cura’ contó que los paramilitares salieron por orden de ’Rafa Putumayo’ y ’Román’ -ambos jefes paramilitares asesinados- desde el municipio de Zarzal con la misión de hacer una "operación" en el corregimiento de Santa Lucía, ubicado en Tuluá.
Pero por información de dos de sus colaboradores conocidos con los alias de ’El Flaco’ y ’Jason’, decidieron incursionar primero en El Placer para asesinar a unos supuestos colaboradores de la guerrilla.
Los paramilitares atravesaron cinco municipios en camiones para llegar a su objetivo y no fueron detectados en la carretera porque  previamente habían "coordinado con la fuerza pública".
Para tomarse la población, los 85 paramilitares se dividieron en dos grupos bajo el mando de alias ’Sisas’ y ’Catori’. El primero quedó encargado de prestar seguridad a las afueras del caserío, mientras los hombres del segundo grupo sacaron a los pobladores de sus casas y asesinaron a los que sus informantes señalaron como auxiliadores de la guerrilla.
En la madrugada del 23 de agosto de 1999, allí asesinaron a cinco campesinos.
Al llegar a El Placer, los paramilitares devolvieron los camiones, que posteriormente fueron quemados por guerrilleros de las Farc, quienes de paso asesinaron a los conductores.
Al respecto, ’El Cura’ dijo que esos vehículos pertenecían al extraditado narcotraficante Diego León Montoya, alias ’Don Diego’, quien fue uno de los primeros patrocinadores de las Auc en el Valle del Cauca.
Durante su operación delincuencial los paramilitares también dañaron los teléfonos de Telecom, pintaron grafitis alusivos a las autodefensas y saquearon el caserío.
En su retirada los paramilitares tuvieron un prolongado combate de doce horas con las Farc y, según contaron, uno de sus hombres fue asesinado. Alrededor de las cinco de la tarde huyeron por los lados de Tuluá.
Por estos hechos, que dejaron cinco muertos y varias familias desplazadas, ’El Cura’ reconoció su responsabilidad por "ser uno de los comandantes que iba dirigiendo la operación", y ’Sisas’ hizo lo mismo, aunque señaló que en esa ocasión no asesinó a nadie.

Masacre de Chorreras
Alrededor de 60 paramilitares llegaron en la madrugada del 31 de agosto de 1999 al corregimiento de Chorreras en Buga, en donde asesinaron a cuatro hombres señalados como supuestos colaboradores de la guerrilla.
Los paramilitares salieron desde Chicoral a pie y les tomó tres para llegar al pueblo. Nuevamente la estrategia para atacar a la población fue la misma que en la masacre de El Placer: ’ Sisas’ y sus hombres se quedaron a las afueras, mientras ’Catori’ y su grupo se tomaban el caserío, y ’El Cura’ se encontraba en un lugar apartado como refuerzo.
Según contó ’El Cura’, recibió la información de la supuesta ayuda que algunos pobladores les prestaban a la guerrilla por parte de alias ’El Flaco’, y por esa razón envío a dos grupos bajo las órdenes de ’Sisas’ y ’Catori’, respectivamente.
Los hombres de ’Catori’ despertaron y sacaron de sus casas a los habitantes del pueblo y los hicieron formar en la calle principal. Alias ’El Flaco’ señaló a tres hombres, algunos de ellos propietarios de tiendas, a quienes los paramilitares sacaron de la formación para "investigarlos" y los mataron a las afueras del pueblo con disparos de fusil.
La cuarta víctima fue otro hombre que un paramilitar sacó de su casa hasta donde se encontraba el grupo de ’Sisas’. La hija de esta víctima, una menor de edad, se interpuso para que un paramilitar no asesinara a su padre, pero repentinamente y sin que la víctima se diera cuenta, ’Sisas’ le puso su fusil bajo su mentón y le disparó.
El exjefe paramilitar dijo que no agredieron a la niña y que la víctima quedó a las afueras del pueblo.
Por estos hechos, tanto los exjefes paramilitares ’El Cura’ y ’Sisas’, como los expatrulleros ’Darío’ y ’El Chacal’, aceptaron su responsabilidad por esta masacre y el desplazamiento masivo.

Masacre de Buenos Aires
El 12 de septiembre de 1999, dos grupos de paramilitares del Bloque Calima se tomaron el corregimiento de Buenos Aires, ubicado en el municipio de San Pedro por orden del asesinado jefe paramilitar alias ’Román’.
Con una lista de víctimas, los grupos bajo el mando de alias ’Clavijo’ y alias ’Perea’ salieron desde Pardo Alto para cumplir la orden asesinar al inspector de Policía de ese corregimiento y un agricultor por sus supuestos nexos con grupos guerrilleros.
’El Cura’ contó que la información la obtuvo ’Román’. En este caso no pudo precisar si la misma fue suministrada por un informante conocido como alias ’El Flaco’, aunque señaló que ’Román’ siempre tuvo contactos con militares del Batallón Palacé de Buga.  
El modus operandi en esta masacre fue igual a las primeras. Pasada la medianoche un grupo de hombres armados irrumpió en el pueblo, sacó a la gente a la plaza principal y seleccionaron a sus víctimas, mientras sus compañeros les prestaban seguridad en los alrededores.
Además de los asesinatos, los paramilitares también pintaron grafitis antisubversivos, destruyeron las cabinas telefónicas y saquearon establecimientos comerciales y viviendas. Producto de estos hechos los sobrevivientes se marcharon del pueblo por temor a represalias.

Masacre de Piedritas
Entre el 22 y el 25 de septiembre de 1999, once personas fueron asesinadas por paramilitares en la zona rural de Tuluá. Aunque a los postulados se les puso de presente los casos de homicidios en los que las víctimas fueron sacadas de sus viviendas o de vehículos de transporte público para ser asesinadas, no pudieron recordar y esclarecer estos hechos.
Por esta razón, el caso de esta masacre será tratado en posteriores versiones libres con otros postulados que hicieron parte desde los orígenes del Bloque Calima y delinquieron en esa región.
La Fiscalía tendrá que investigar la veracidad de los hechos contados por los paramilitares y la supuesta colaboración de funcionarios y miembros de la Fuerza Pública.
2 de marzo de 2011
©verdad abierta

secuestros de bebés en colombia

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En las primeras siete semanas del año, ocho bebés de pocos días han sido robados. Las autoridades creen que hay una red que se lucra de este macabro negocio.

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Colombia. En la mañana del jueves 24 de febrero, la mayoría de los habitantes del pequeño municipio de Tangua, en el centro del departamento de Nariño, se volcaron a las calles a protestar. El motivo era el secuestro de una niña de escasos dos meses de nacida que había sido robada de los brazos de su madre el día anterior. En la tarde del martes de esa misma semana, en el otro extremo del país se presentó una situación similar. Durante una hora, familiares, amigos y personas solidarias bloquearon el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, exigiendo con fotos y pancartas el regreso de un bebé de diez días, arrebatado a su madre el 17 de febrero, en una calle de la ciudad. Al cierre de esta edición, en las fronteras con Venezuela y Ecuador, las autoridades continuaban buscando a los dos bebés.
Estos son los dos casos más recientes de un fenómeno que ha prendido las alarmas entre las autoridades. No es para menos. En las primeras siete semanas de este año, ya se registran ocho casos de niños de pocos días o semanas robados en diferentes lugares del país. En ese mismo lapso, en 2010, se registraron tres casos que lograron ser rescatados, en Cauca, La Guajira y Magdalena. Aunque de los ocho casos de este año el Gaula de la Policía ha rescatado a seis bebés, existe una gran preocupación por el aumento de estos hechos. Aún más grave es que la hipótesis más fuerte que manejan las autoridades en la mayoría de los casos es que podría tratarse de un macabro negocio: la venta de bebés.
"El problema con los recién nacidos es que es muy difícil identificarlos, ya que cuando tienen pocos días o semanas de nacidos los niños cambian día a día y eso les facilita a los delincuentes evitar que sean identificados por medio de fotos o videos. Fuera de esto, en algunas regiones aún es frecuente que los nacimientos se den en casas o con parteras, lo cual hace que no existan registros", dice un investigador del Gaula.
Las autoridades han logrado rescatar a varios. El último fue un niño de tres años de edad, encontrado por el Gaula el 20 de febrero en el municipio de Sibundoy, Putumayo. Había sido secuestrado en su vivienda en Cumbal, en el sur de Nariño, una semana antes. Tres días antes de esa operación, otra bebé, robada 48 horas antes a su madre, una adolescente de 16 años, fue rescatada por la Policía en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali. El 11 de febrero en El Rosal, Cundinamarca, el Gaula logró dar con un niño de 15 días de nacido, robado a su madre en Facatativá el 29 de enero.
Al investigar, han aparecido evidencias preocupantes. "La mayoría de los casos se parecen en algunas cosas. Por ejemplo, la mayoría de las madres de los menores son de estratos muy bajos, con poca formación y grandes necesidades económicas -afirma el investigador del Gaula-. Por necesidad e ingenuidad son presas fáciles de los bandidos, que se acercan con diversas propuestas de ayuda para darles comida o ropa y aprovechan cualquier descuido para robarse a los menores. En los casos de este año y en los 24 rescates de menores que se realizaron en 2010 quedó descartado que se tratara de secuestros con fines extorsivos". También se ha descartado en la mayoría que el rapto haya sido un secuestro simple, perpetrado por algún familiar para quedarse con el bebé.
De los casos de este año solo en uno, el de Cali, se comprobó que el motivo del robo del bebé tuvo que ver con el hecho de que la secuestradora había simulado estar embarazada y decidió raptar a un recién nacido para hacer creer a su novio que era su hijo y así retenerlo a su lado.
Las autoridades tratan de establecer cuáles de los secuestros de este año involucrarían grupos de delincuentes aislados que han convertido en negocio el robo de bebés, que venden por entre cinco y veinte millones de pesos a parejas que no pueden tener hijos, dentro y fuera de Colombia. Si bien aún no se puede hablar de una red, lo que preocupa a las autoridades es que estas sí existen en el país. Basta recordar el caso que quedó al descubierto tras una larga investigación de la Fiscalía en agosto del año pasado, cuando un médico y una enfermera, bajo la fachada de tener una clínica de abortos en el centro de Bogotá, estaban vendiendo recién nacidos a extranjeros por cifras que rondaban en promedio los diez millones de pesos.
Aunque no se trata, por fortuna, de un delito generalizado, el tráfico de personas en Colombia ya es un problema muy serio, y lo único que faltaría es que el robo de bebés se convierta en uno de sus rubros. Por eso, bien harían las autoridades en ponerle fin ahora, cuando todavía está en pañales.
1 de marzo de 2011
26 de febrero de 2011
©semana

la otra casa de nariño

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Los cables de WikiLeaks muestran que la embajada de Estados Unidos, por la genuflexión criolla, deja a veces la residencia oficial de los presidentes colombianos como si fuera una sucursal.

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Colombia. Cuando los guerrilleros salvadoreños se decidieron a negociar a finales de los años 80, pidieron que el gobierno de Estados Unidos estuviera en la mesa. "Queremos hablar con el dueño del circo y no con los payasos", pensaban. Esa es la misma actitud que se infiere de muchos dirigentes colombianos en los cables de WikiLeaks publicados hasta ahora en diversos medios.
Los cables dan la sensación de que en el búnker de la avenida Eldorado, donde funciona la embajada, hay una sede alterna de gobierno, a veces más importante que la oficial. Políticos que piden aprobación a sus candidaturas, policías y militares que ponen quejas sobre el gobierno, guerrilleros que buscan acuerdos y magistrados y opositores tratando de influir en las percepciones del tío Sam muestran que, para gran parte de la dirigencia colombiana, los dueños del circo son los gringos.
¿Genuflexión criolla o intervencionismo? Si bien todas las embajadas son cotarros donde se ventilan los chismes domésticos de los países, de los papeles del Departamento de Estado se puede inferir que la diplomacia gringa influye en las políticas locales mucho más de lo que se piensa y que los 6.000 millones de dólares que Washington le ha transferido al país en una década han convertido al embajador en un virrey al que todos temen y buscan seducir.
No siempre fue así. Si bien Colombia ha hecho parte de la órbita del tío Sam, también daba de vez en cuando sus gritos de independencia, como cuando el presidente Alfonso López Michelsen, caprichosamente, le negó el beneplácito a un embajador. Eran épocas en las que para Colombia era menos importante lo que pensara Estados Unidos, porque para Estados Unidos Colombia significaba muy poco. Con el narcotráfico y la violencia hubo un cambio, especialmente durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando el embajador Myles Frechette inauguró el estilo de opinar sobre política interna sin tapujos. A eso se sumaron medidas que desde entonces penden como una espada de Damocles sobre la dirigencia colombiana: la certificación de buena (o mala) conducta en la lucha antinarcóticos y la temida cancelación de la visa.
Este juego se agudizó con el Plan Colombia. Como ha escrito la analista Arlene Tickner, en Colombia se da un caso muy peculiar de "intervención por invitación". El argumento de que el narcotráfico lo permea todo y el temor que inspiró la ofensiva de las Farc de fines de los noventa abrieron las puertas a Washington para injerir en temas que van de los derechos humanos a las políticas laborales, pasando por la justicia, la corrupción y las elecciones.
Durante el periodo de Álvaro Uribe, que es al que pertenecen los cables de WikiLeaks, hay elementos que llaman la atención. La embajada se convirtió en vértice de una especie de ’triangulación’ para enviar mensajes al presidente. ¿Dónde en el mundo, el vicepresidente pide al embajador gringo que le ayude a convencer al presidente de la gravedad de las ’chuzadas’ del DAS? Los dirigentes colombianos acudían a la sede diplomática en busca de bendiciones sobre temas locales, como lo hicieron Mario Uribe, para la configuración de sus listas a Senado y Cámara, o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, frente a la controversia entre esta y el Ejecutivo. Y hasta las ONG y la oposición buscaban en la embajada influir en el juego de ’castigos’ entre Washington y Bogotá, como la no aprobación del TLC o el congelamiento de fondos del Plan Colombia, lo que, curiosamente, en lugar de cuestionar la ’intervención’, como era típico en la izquierda del pasado, lo que hace es legitimarla. La imagen del presidente Uribe llamando, delante del embajador, al fiscal general para pedirle premura en las investigaciones de los ’falsos positivos’ es elocuente.
Aunque los cables denotan comprensión de los problemas y respeto a la democracia colombiana por parte de la embajada, hay que recordar que las filtraciones provienen solo del Departamento de Estado, es decir, de la sección política, y del despacho del embajador. En el caso de Colombia, muchas otras decisiones se toman en el Departamento de Defensa, el Comando Sur y el Departamento de Justicia (extradiciones), de los que no se conocen filtraciones. Debe haber más de uno rogando para que no aparezca ninguna. Con las que hay, ya la embajada gringa luce a veces como la sede principal y la Casa de Nariño de la Plaza de Bolívar, como la sucursal.
1 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
©semana

condena simbólica

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El fallo contra el exsenador Mario Uribe no es uno más. Significa que la justicia finalmente ganó el pulso más difícil que haya vivido en su historia: el que tuvo con el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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Colombia. Desde que comenzó el escándalo de la parapolítica, en octubre de 2006, la Corte Suprema ha condenado a veinte congresistas y a cuatro gobernadores. Los jueces han sentenciado a otros tantos. Pero ninguna de esas sentencias es tan significativa como la que le impuso el alto tribunal, la semana pasada, al exsenador Mario Uribe. El expresidente del Congreso y primo del expresidente Álvaro Uribe fue condenado a noventa meses de prisión.
El fallo, a primera vista, no tiene nada de extraño. La pena es la misma que le han aplicado a los condenados recientes y el delito también: concierto para delinquir agravado. Lo que sí la hace diferente es que este era el caso más emblemático de la parapolítica. Por este se desató una guerra de baja intensidad entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema, y no es exagerado decir que este proceso tuvo a la democracia colombiana a punto de irse al barranco.
Todo comenzó hace tres años y medio, el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema llamó al entonces senador Mario Uribe a indagatoria. Pero apenas en los últimos meses el país se ha enterado de la red de conspiración que se tejió a partir de ese momento en el DAS y en el alto gobierno para minar el poder de la Corte Suprema.
En ese entonces, la noticia tomó por sorpresa al entonces presidente Álvaro Uribe, en Nueva York. Desde allí dijo: "Como presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza". Mario Uribe no es un primo cualquiera para Álvaro Uribe. En realidad son primos segundos, pero la política los hizo hermanos. Llegaron juntos al Congreso en 1986 -la fórmula era Álvaro al Senado y Mario a la Cámara- y compartieron el mismo apartamento en Bogotá.
Por eso, desde ese momento se desató un rosario de maniobras desde la Casa de Nariño contra la Corte. Uribe no esperó a llegar a Colombia para llamar, ese mismo día, al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, a preguntarle por el caso de su primo.
Y tres días después, el 29 de septiembre, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el director de inteligencia, Fernando Tabares, citaron con urgencia a la exsubdirectora de Inteligencia Martha Leal para que viajara a Medellín por una información clave contra el magistrado Velásquez. Ella lo hizo y volvió con el famoso caso ’Tasmania’, que en teoría mostraba cómo el magistrado estaba ofreciendo dádivas a testigos para que testificaran contra el presidente Uribe. Mario Uribe habló con Leal para la entrega del documento y el propio presidente Uribe denunció -el 6 de octubre de 2007- el supuesto complot en su contra. Ocho meses después, la Fiscalía descubrió que lo de ’Tasmania’, por el contrario, era un montaje contra la Corte y el magistrado Velásquez.
Después de eso vino toda la conspiración que el país ya conoce, de seguimientos, ’chuzadas’ del DAS y montajes contra magistrados de la Corte. Una famosa testigo, la detective del DAS que trabajaba encubierta en la Corte, conocida como ’Mata Hari’, dijo hace poco a la Fiscalía que recibió la orden de encontrar el expediente del exsenador Mario Uribe y para eso pagó 40 millones de pesos. "Así tuviera que hacer hasta lo imposible, debía obtenerlo", afirmó la detective.
Por otro lado, el proceso judicial a Mario Uribe tuvo muchas dificultades. El acusado renunció al Congreso para que lo investigara la Fiscalía y no la Corte. Al entonces fiscal Mario Iguarán se le oía decir en privado que, en términos de presiones recibidas, el peor caso era el de Mario Uribe.
Era tal la ’papa caliente’ que, en agosto de 2008, acabó con la carrera del fiscal que llevaba su caso. Ramiro Alonso Marín Vásquez, quien tenía un cargo crítico en la Fiscalía -coordinador de los fiscales delegados ante la Corte-- decidió, en abril de 2008, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel a Mario Uribe. La defensa del excongresista apeló la decisión y en agosto el entonces vicefiscal Guillermo Mendoza revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.
Marín, tras 31 años en la rama judicial, renunció porque, según dijo, en el proceso resultó lastimada la independencia judicial, y por "honor". La semana pasada, la Corte condenó a Uribe con las pruebas recogidas por Marín: los testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y de Eleonora Pineda y los resultados electorales de Mario Uribe en 2002, que muestran un aumento de hasta 500 veces los votos en algunos municipios. Según la Corte, Mario Uribe hizo un pacto político con Mancuso.
Por eso, la decisión de la semana pasada de la Corte es histórica.
1 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
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