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los helicópteros de la gata


La empresaria del chance Enilse del Rosario López estuvo en la mira del gobierno americano, por sus posibles nexos con el narcotráfico. No existe claridad de cómo dos aeronaves militares de EE.UU. terminaron en su poder.
Colombia. La cuestionada empresaria del chance Enilse del Rosario López Romero, conocida como La Gata, no pasó inadvertida para el gobierno de Estados Unidos, como quedó registrado en los cables diplomáticos revelados por Wikileaks. Su cercanía a los paramilitares y a los políticos, ratificada con el apoyo financiero a la campaña del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, fue uno de los temas tratados.
En un cable del 21 de febrero de 2006, el embajador de Estados Unidos en Colombia informó como hecho relevante que el expresidente Uribe admitió públicamente que en su campaña recibió $100 millones de La Gata.
Y como descripción particular de la empresaria, dice el cable: "Ella fue arrestada el 13 de febrero por supuesto lavado de activos. La multimillonaria López es una figura controversial en la Costa Atlántica, donde controla varias concesiones de loterías. Ella ha sido vinculada públicamente con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Su hijo Héctor López es candidato local del Partido Conservador, por el departamento de Bolívar. Un asesor del fiscal Iguarán indicó que el proceso judicial en contra de La Gata es fuerte y que no es probable que salga bajo fianza".
Sin embargo, hubo un capítulo que semanas después concentró más interés de la embajada americana. Se trató de cómo dos helicópteros militares de Estados Unidos, que en 1982 se los vendieron al gobierno israelí, terminaron en una bodega de La Gata.
El 6 de marzo de 2006, casi un mes después de la captura de La Gata por lavado de activos, el embajador de Estados Unidos envió otro cable con el tema: "Linterna azul: helicópteros, el caso continúa". Para entonces las aeronaves ya estaban bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.
En el documento confirma la localización de dos helicópteros Hughes 500 a los que les habían perdido la pista y de los cuales descubrieron que estaban siendo usados en el norte de Colombia para mover dineros y bienes. El diplomático hace una reseña del recorrido de las aeronaves hasta llegar al país, encontrando que hay un salto en el que les pierden la pista y en el que al parecer  hubo falsificación de documentos para poderlos traer a la Costa Atlántica.
De acuerdo con el documento, las aeronaves las vendió el gobierno norteamericano originalmente al gobierno israelí, por propósitos militares, pero en 1998 los convirtieron para uso civil. "Los helicópteros llegaron a Colombia en una falsa exportación y con documentos israelíes", dice el cable.
Las dos aeronaves de grado militar las vendieron en 1982 al gobierno de Israel, con el único fin de usarlos como ambulancias. Durante 16 años estuvieron en uso, hasta que en 1998 la Aeronáutica Civil de ese país las sacó para la venta.
Apenas en 2002 el gobierno israelí le vendió los helicópteros a la empresa Canwest Canadá, la cual para entonces no los movió fuera del país. En 2003 esta empresa los vendió a la empresa Servicios Aeronáuticos Integrales de México (SAI).
Tras la transacción, con documentos expedidos en Israel, la empresa mexicana los convirtió de ambulancias a naves de uso civil y las llevó a Miami, justificando que el plan era llevarlos a México. Sin embargo, antes de que llegaran a Centroamérica, los helicópteros cambiaron de dueño y de rumbo.
Según pudo establecer el gobierno americano, SAI vendió las aeronaves a una compañía panameña llamada Trade Leasing and Consulting, cuyo gerente era el colombiano Francisco Restrepo Flórez. Este las llevó a Cartagena en enero de 2004.
En Colombia, la compañía Aviones Ejecutivos, conocida también como Aviatel de Medellín, tramitó el permiso de importación por la empresa panameña y obtuvo uno temporal por 90 días de la Aeronáutica Civil, mientras conseguían el certificado de vuelo desde Estados Unidos. Durante este tiempo, los helicópteros los usaron para cargar dinero del Banco Agrario en la Costa Atlántica.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no otorgó el certificado de vuelo para los helicópteros, porque la petición la hicieron bajo otro tipo de helicópteros y no para los Hughes 500. "Esto llevó a la Aeronáutica colombiana a revisar los documentos de los helicópteros, donde determinaron que los documentos de exportación y las solicitudes de permiso de vuelo tenían modificaciones sin autorización. Según la Fiscalía, los documentos originales indicaban que los helicópteros eran para usarlos en México, pero lo cambiaron por Colombia. Según la investigación que hizo la Fiscalía, el gobierno de Israel dijo que no autorizó el cambio".
Por las irregularidades en los documentos, la Aeronáutica y la Fiscalía inmovilizaron ambos helicópteros, al encontrarlos en una bodega de Enilse López, propietaria de Uniapuestas. Las naves las trasladaron al parqueadero Chemical de Barranquilla, bajo custodia del ente acusador.
Aunque para la época en la que se envían los cables existían versiones de que los helicópteros estaban al servicio de los paramilitares, y especialmente de Salvatore Mancuso, es algo que hasta la fecha nadie ha confirmado o desvirtuado.

¿Quién Es Enilse López Romero?
Enilse López Romero, más conocida como La Gata, es una polémica empresaria dueña del monopolio del chance que se vende en la Costa Atlántica, y quien el pasado primero de febrero fue condenada a nueve años de prisión por los vínculos que se le atribuyen con diferentes grupos paramilitares.
Nació en Naranjal, Sucre, en 1953. Sin embargo su fama la hizo en Magangué, municipio de Bolívar, en donde se casó con un prestigioso empresario y montó su negocio, Apuestas Permanentes El Gato. En 1999 la guerrilla la tildó de ser jefa paramilitar en Magangué y en 2005 —año en que se ordenó una captura en su contra por lavado de activos— La Gata ya había saltado al escenario nacional, no sólo por su imperio en la Costa, sino por extrañas conexiones que mantenía con políticos, especialmente con el gobernador de Bolívar, Libardo Simancas.
 Su primogénito, Jorge Alfonso López, quien fue alcalde del municipio de Magangué, fue investigado por los contratos que sustrajo durante su mandato, dolor de cabeza que La Gata sufrió en su momento. Su segundo hijo, Héctor Julio Alfonso, es actual senador por el partido PIN.

Resumen de una Semana Electoral
En cable de febrero 21 de 2006, en el que se menciona el apoyo de La Gata a la campaña del exmandatario Álvaro Uribe Vélez para 2002, se hace también un recuento de la semana electoral, a un mes de las votaciones al Congreso de 2006.
Según el cable, analistas le dijeron a la Embajada que era probable que Uribe no lograra la mayoría en el Congreso y que muchos políticos nuevos estaban obstaculizando la reelección.
Comentan que el expresidente César Gaviria dijo en la embajada que le ofreció a la exministra de Relaciones Exteriores María Emma Mejía ser cabeza de lista al Senado, pero ella no aceptó y que creía que se arrepintió después, tras su derrota en el Polo Democrático.
Comentan que mientras el expresidente Uribe impulsaba el Tratado de Libre Comercio, candidatos presidenciales como los liberales Horacio Serpa y Rafael Pardo estaban en contra. Antanas Mockus no estaba en contra, pero prefería Mercosur.
28 de febrero de 2011
©el espectador

fiscal fue elegido con dinero para


Lo había advertido Wikileaks en 2008. Los dineros de ’Macaco’ por un fiscal. No se ha investigado, pero testigos dicen que hubo $5.000 millones para elegir a Iguarán.
[María del Rosario Arrázola] Colombia. Lo declaró judicialmente hace un año desde una cárcel de Nueva York el extraditado narcotraficante Johny Cano. Lo ratificó a El Espectador un exasesor político de las autodefensas que hoy colabora con la justicia de Estados Unidos. Lo confirmó un exoficial de la Policía que hizo la vuelta. En 2005, la elección de Mario Iguarán Arana como fiscal general de la Nación tuvo tras bambalinas $5.000 millones del paramilitarismo para despejar el camino que la organización creía necesario en su proyecto de consolidar la Ley de Justicia y Paz.
En esa época, el triunfalismo de las autodefensas era total. "Teníamos enlaces en Fuerzas Militares y Policía. Influíamos en más de una universidad pública y privada. Definíamos el presupuesto de la salud de muchas regiones. En el Congreso, asambleas y concejos era creciente nuestra presencia. Las tierras para esconder y repartir abundaban. La Ley de Justicia y Paz se perfeccionaba en estrecho contacto con los políticos. Pero aunque ya teníamos aliados nos faltaba un poder: la justicia", comentó un exasesor del paramilitarismo.
Entonces surgió la idea. La terna para fiscal estaba integrada por los abogados Jorge Pretelt, Mario Iguarán y Consuelo Caldas. Los sondeos de opinión en los círculos judiciales daban como seguro elegido al primero. Pero entre los jefes paramilitares se tenía la creencia de que Iguarán era más confiable. No sólo porque había sido el gestor de la Ley de Justicia y Paz en su calidad de viceministro de Justicia, sino porque lo consideraban manejable a la hora de cumplir los compromisos de exiguas penas antes de convertirse en congresistas.
Se hicieron reuniones en Córdoba y Magdalena. Se recogió la opinión de al menos cinco de los grandes jefes. Pero como ya avanzaban otros planes de penetrar al Poder Judicial, no todos fueron consultados. Por su cuenta y riesgo, el más poderoso, el narcotraficante y jefe del bloque Central Bolívar que extendía su dominio desde el Bajo Cauca antioqueño hasta el departamento del Valle, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, dio el primer paso. El dinero para empezar la campaña y el secuaz que debía concretar la acción de convencimiento.
Para la época, en la trasescena del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, Macaco se tomaba a sangre y fuego el norte del Valle y el otrora poderoso capo Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien había cedido terreno buscando escondederos porque pesaba en su contra una orden de extradición a Estados Unidos, había caído preso en Cuba en 2004. Macaco asumió sus feudos y hasta se quedó con sus hombres. Por eso Johny Cano, la mano derecha de Rasguño, pasó a convertirse en el protegido de Macaco.
La idea original fue camuflarlo como paramilitar y cobijarlo bajo el manto de la Ley de Justicia y Paz, pero después de los escándalos de El Tuso Sierra, Gordo Lindo y los mellizos Mejía Múnera, también narcotraficantes colados, el Gobierno puso la tranca. Johny Cano se quedó por fuera y después fue capturado, pero le alcanzó el tiempo para secundar la orden de Macaco y también poner billete para el proyecto de apoyar la elección del viceministro Mario Iguarán Arana como fiscal general de la Nación para el cuatrienio 2005-2009.
Hubo reuniones en el Oma de la séptima con 12 y en varios apartamentos del norte de Bogotá. Un acreditado penalista y un exrepresentante a la Cámara que obraba como asesor de las autodefensas hicieron labores de intenso cabildeo. En un helicóptero privado, que cubrió la ruta entre la zona de Chivolo (Magdalena) y Barranquilla, y después en un avión comercial hasta Bogotá, en un amplio y lujoso maletín llegó la plata. Un oficial retirado de la Policía obró como portador del dinero para garantizar que no fuera detectado.
Lo demás es incierto. Ni el asesor político en el exterior ni el exoficial de inteligencia de la Policía a la distancia tienen certeza de cómo se esfumaron los $5.000 millones. Pero alguien recibió la plata y los lobbistas cumplieron su oficio. Dos rondas de votación fueron suficientes en la Corte Suprema de Justicia para que con 17 votos saliera elegido como nuevo fiscal Mario Iguarán Arana. Jorge Pretelt —hoy magistrado de la Corte Constitucional— alcanzó siete votos. Consuelo Caldas, uno solo. No hay evidencias de acción dolosa en la Corte.
El presidente de la corporación era el magistrado Carlos Isaac Náder, quien desde el principio apoyó a Jorge Pretelt. En agosto se posesionó Iguarán y meses después, cuando la revoltura de la parapolítica ya comenzaba a hacer estragos, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó un anónimo firmado por "Ciudadanos Defensores del Imperio de la Justicia", en el que se pidió investigar la colecta de Macaco de $5.000 millones para garantizar que Mario Iguarán Arana fuera el nuevo fiscal general de la Nación.
Pero no prosperó mucho, porque a los pocos meses de su posesión ya el fiscal Iguarán enfrentaba un escenario crítico: la Corte Constitucional había dejado en sus justos términos la Ley de Justicia y Paz, y el tránsito expedito al Congreso de los jefes paramilitares había quedado bloqueado, mientras en la Corte Suprema de Justicia cobraba forma la investigación de la parapolítica. Y en los albores del nuevo escenario quedaba al desnudo el nuevo intento de la mafia y el paramilitarismo por penetrar la alta justicia: la mano de Giorgio Sale.
Antes de su captura, en noviembre de 2006 —la misma fecha en que estalló el escándalo de la parapolítica—, Giorgio Sale era un acreditado empresario italiano que se movía como Pedro por su casa en los más altos círculos de la sociedad colombiana. Entre ellos los judiciales, como quedó al descubierto en el homenaje que se le rindió al magistrado Carlos Isaac Náder en el club de Sincelejo en 2005 o durante su presencia en un congreso de la Jurisdicción Contenciosa que se llevó a cabo en Valledupar. Sólo después se supo de sus alcances.
Desde 2002, Giorgio Sale era un hombre cercano al jefe paramilitar Salvatore Mancuso y mutuamente se beneficiaron de su relación. Aunque Mancuso desde Estados Unidos ha sido muy evasivo frente al tema Sale, seguramente porque su condición de narcotraficante puede complicar aún más su situación judicial, en el Tribunal de Reggio Calabria en Italia, que concretó su captura, quedó claro que entre los dos lavaban dinero a dos manos, y ese era el plan de Mancuso después de saldar sus cuentas judiciales: vivir en Italia con el dinero ilícito.
Pero Giorgio Sale fue detenido en Italia y en su caída no sólo arrastró con los planes de Mancuso, sino que puso en aprietos a varios dignatarios del Poder Judicial que se habían convertido en sus contertulios. "No es una fábula. La Enoteca de Giorgio Sale iba a tener sede en el Palacio de Justicia. Sus halagos y agasajos convencieron, y de cierta manera la parapolítica salvó a la Corte de un escándalo", comentó una fuente del alto tribunal. De todas maneras, el cabildeo de Giorgio Sale les costó el puesto o incomodó a más de un magistrado.
Al magistrado del Consejo de la Judicatura José Alfredo Escobar lo puso a dar declaraciones; su esposa María Margarita Fernández tuvo que renunciar a su cargo como secretaria general de la Procuraduría. La asesora de relaciones internacionales del Ministerio de defensa Claudia Lagos hizo lo propio. "El Poder Judicial la sacó barata, pero lo que nunca se dijo es que Giorgio Sale también era anfitrión de fiscales, generales, magistrados de otras cortes, dirigentes gremiales y todos eran felices con su vino", añadió una fuente de la Corte Suprema.
Y faltaba el tercero a bordo. El extraño empresario Ascencio Reyes Serrano, un huilense que de la noche a la mañana se convirtió en amigo de altos oficiales del Ejército y la Policía, y después en oferente de homenajes de magistrados y fiscales. Así se hizo cercano de la Corte Suprema y en tiempos de Mario Iguarán en la Fiscalía logró que su hija ocupara un alto cargo. A falta de Giorgio Sale extraditado, la paradójica conducta de Ascencio Reyes llamó la atención del gobierno Uribe, y por buscarle el enredo a la Corte, el DAS terminó delinquiendo.
Nunca se investigó si el dinero de Macaco llegó a manos limpias; tampoco qué tanto hizo y penetró Giorgio Sale en el Poder Judicial o las Fuerzas Militares. Por contrarrestar la parapolítica, el DAS se concentró en Ascencio Reyes y terminó asediando a los magistrados de la Corte. "Y fue un garrafal error porque se terminaron armando conspiraciones para desacreditar al magistrado Iván Velásquez, mientras Ascencio Reyes, con más recato, afianzaba sus relaciones con la justicia, con los militares y hasta con Estados Unidos", agregó la fuente.
En medio de la confrontación empezaron las sorpresas. Primero, un proyecto de auto inhibitorio para el senador de Sucre Álvaro García Romero que alcanzó a circular en la Sala Penal de la Corte Suprema, sin que hasta hoy se sepa quién lo escribió. Hoy García está condenado a 40 años. Y del lado de la Fiscalía, un proyecto inhibitorio en favor del exgobernador de Sucre Salvador Arana adoptado en 2003, que tuvo que ser revocado para que por los mismos hechos la justicia demostrara que fue un aliado más de las autodefensas.
Hoy nadie se apersona de lo que pasó. El exvicefiscal Andrés Ramírez, el hombre de confianza del exfiscal Luis Camilo Osorio, dice que nunca se opuso a que se compulsaran copias por las delaciones de un testigo apodado Pitirri. El caso pasó al despacho de la fiscal Marina Pulido, más tarde magistrada de la Corte Suprema, pero ella siempre ha dicho que estaba cambiando de cargo y no firmó nada. El inhibitorio terminó firmándolo Guillermo Mendoza Diago, quien ha dicho que no lo redactó porque estaba preparando un viaje a Israel.
Lo cierto es que la Corte Suprema terminó presionando a la Fiscalía para que actuara en el caso del exgobernador Salvador Arana y después lo condenó por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, otros señalados de favorecer la causa del paramilitarismo en Sucre, pese a los reclamos de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron mejor suerte. Entre ellos los ganaderos Miguel Nule Amín y Joaquín García, señalados de integrar el círculo de apoyo al proyecto de las autodefensas, pero a salvo por disposición de la Fiscalía.
Al menos en la era Iguarán nunca marcharon al unísono la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en la tarea de cortar los nexos entre el paramilitarismo y la política. Un simple caso demuestra que avanzaron por carriles distintos. En octubre de 2007, cuando estalló el escándalo del caso Tasmania y el entonces presidente Uribe acusó al magistrado investigador Iván Velásquez de querer involucrarlo en delitos, la Fiscalía abrió investigación en contra del magistrado. Muy rápido se probó que fue un montaje y todavía no hay conclusiones.
Por boca del extraditado narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra se sabe que fue una vuelta con políticos amigos del expresidente Uribe para desacreditar al magistrado Velásquez. El gestor de la acción, en la que también participó el DAS, según lo ha declarado la exsubdirectora de análisis Marta Leal, fue el abogado Sergio González. Hoy, después de cambio de fiscales y de acumulación de expedientes, del caso nada se sabe. Hace cuatro años se fraguó el montaje y en tiempos de Mario Iguarán y Guillermo Mendoza no hubo avances.
Como tampoco se aclaró nunca el episodio conocido como la ‘Casa de Nari’, orquestado por el jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, también con el propósito de hacerle una encerrona a la Corte Suprema de Justicia y frenar las investigaciones de la parapolítica. Al magistrado Velásquez lo pusieron a dar explicaciones a sus superiores; los comprometidos en el episodio llevan varios meses a salvo de cualquier sanción penal o disciplinaria, y el caso ya es paisaje. Sólo en la Corte sigue claro que fue otro envión paramilitar.
Sobre el conocimiento de estos episodios no estaba muy lejano el gobierno de Estados Unidos. La prueba es que el 23 de abril de 2008, en un cable diplomático —revelado por Wikileaks— enviado desde Bogotá por el embajador William Brownfield, desde la perspectiva del gobierno Uribe se advierte la visión de que la confrontación con la Corte Suprema de Justicia es producto de la animosidad de los magistrados contra el jefe de Estado y que el Ejecutivo ha reclamado objetividad para no provocar una inestabilidad institucional.
Citando como fuente al entonces secretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, el cable diplomático señaló que el alto funcionario creía que las actuaciones del magistrado Iván Velásquez correspondían a una vendetta contra el presidente Uribe y que el investigador le estaba dando beneficios a desmovilizados del paramilitarismo para que testificaran en su contra. Incluso, precisó Del Castillo, supuestamente al propio Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, le había ofrecido esta clase de beneficios judiciales.
Y el cable agregó que para completar el panorama crítico de confrontación, existían rumores de que el desmovilizado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, había pagado dineros, incluso a magistrados de la Corte Suprema, para que fuera elegido Mario Iguarán como fiscal general de la Nación. En el mismo reporte se mencionan los supuestos vínculos entre integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el narcotraficante Giorgio Sale, y a través suyo de Salvatore Mancuso.
Estas particularidades del reporte diplomático, que conoció Washington en 2008, ratifican los vacíos que fueron quedando en la historia de la confrontación entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de las conjeturas y los comentarios políticos, ya no cabe duda de que los jefes paramilitares quisieron jugar sucio hasta el último momento y que por distintos caminos intentaron emular lo que hicieron en otros escenarios de poder: acceder a la cúpula del Poder Judicial en Colombia, en la Fiscalía, en la Corte, o en ambas.
"Lo único que puedo decir, porque espero hacerlo ante los estrados judiciales, es que hubo un abogado y un excongresista que ayudaron en la tarea de posicionar a Mario Iguarán ante el favoritismo de Jorge Pretelt. Y el jurista no puede negarlo porque fui yo el que le di dinero. Se dicen muchas cosas, pero curiosamente creo que el presidente de la Corte en esa época, Carlos Isaac Náder, ni siquiera sabía que Giorgio Sale lo estaba manejando y Mancuso estaba detrás", concluyó el desmovilizado que quiere colaborar y aguarda justicia.

Giorgio Sale, el Encantador de la Mafia
Antes de su captura, el 22 de noviembre de 2006, por lavado de activos y narcotráfico, Giorgio Sale era un influyente hombre de negocios en Colombia, concurría los más altos círculos sociales y era célebre por sus agasajos, en los que figuraron varios dignatarios de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.
En su momento el Alto Tribunal aceptó que estuvieron en varios eventos en los que participó Sale, pero siempre rechazaron que él o sus hijos, Cristian, Stéfano y David, quienes al final  corrieron la misma suerte de su padre, intervinieran en asuntos judiciales.
También fue reconocida la alianza de Sale con el desmovilizado y hoy extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, con quien montó una gigantesca operación de lavado de activos que se extendió por Europa y Latinoamérica. Hoy, Sale paga una condena por narcotráfico en Italia y tiene el beneficio de prisión domiciliaria, pero aún no cuenta su verdad.

Carlos Mario Jiménez, Alias ‘Macaco’
Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, nació hace 45 años en Envigado, (Antioquia). Estudió hasta tercero de primaria y se dedicó por un buen tiempo a la ganadería. Sus vínculos con el narcotráfico empezaron cuando era muy joven y tienen raíces en los años ochenta, con el cartel del norte del Valle. Fue muy amigo del ‘narco’ Wílber Varela, alias Jabón, asesinado en 2007 en Venezuela, y de Hernando Gómez, Rasguño. Empezó su historia en el paramilitarismo en 1998, con el aval de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Creó y comandó el bloque central Bolívar, llegó a tener cerca de 7.000 hombres bajo su mando y extendió su poder en diez departamentos del país.
Aunque oficialmente se desmovilizó a principios de 2006, fue expulsado de la Ley de Justicia y Paz y extraditado a Estados Unidos, en mayo de 2008, después de comprobar que nunca dejó de traficar cocaína y dirigir operaciones criminales desde la cárcel de Itagüí.

El Narco Que Casi Se Cuela en Justicia y Paz
Cuando el Gobierno colombiano divulgó que en la lista de los paramilitares que serían beneficiados por la Ley de Justicia y Paz aparecía Jhon Éidelber Cano, alias Jhonny Cano, causó gran revuelo. Para ese entonces, en 2006, Cano, quien empezó muy joven en el mundo del narcotráfico, estaba identificado como un pesado narco, jefe de sicarios del capo Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, y era pedido en extradición por Estados Unidos.
Fue capturado el 29 de octubre de 2005 en Antioquia y casi logra engañar al Gobierno haciendo pasar su banda de traficantes por el grupo armado conocido como Acun (Autodefensas Unidas del Norte). Sin embargo, en septiembre de 2006, el Gobierno rechazó la solicitud en medio de una intensa polémica y autorizó su extradición a los Estados Unidos.

El Mundo Empresarial de Ascencio Reyes
Ascencio Reyes Serrano, quien empezó vendiendo tamales en su infancia, llegó a ser un exitoso empresario huilense, muy cercano a los magistrados de las altas cortes, amigo del fiscal Mario Iguarán y de excelentes relaciones con altos oficiales del Ejército y la Policía. El célebre negociante, antes desconocido en los medios de comunicación,  trascendió cuando a través de su empresa familiar Viajes y Turismo Basan & Cia. Ltda. financió buena parte del viaje que hicieron a Neiva la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre el 9 y el 11 de junio de 2006, para rendirle un homenaje al magistrado Yesid Ramírez, a propósito de su nominación como presidente del alto tribunal.
Este agasajo lo puso en el ojo del huracán y fueron cuestionados varios de sus negocios . Hoy no tiene ninguna cuenta con las autoridades y nadie ha podido demostrar que haya estado comprometido en acciones ilegales.
28 de febrero de 2011
©el espectador

montoya y los falsos positivos


El general Mario Montoya y las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
[Michael Busch] Cuando el general Mario Montoya Uribe fue nombrado, en marzo de 2006, comandante del ejército colombiano, la embajada de Estados Unidos en Bogotá desconocía sus antecedentes. El embajador norteamericano en ese entonces, William Wood, informó en un cable recuperado por Wikileaks el viernes que se sabía relativamente poco sobre Montoya, aparte de sus numerosas decoraciones como un militar de carrera, su estrecha relación personal con el presidente Álvaro Uribe y los persistentes, aunque todavía no demostrados rumores de que el comandante era corrupto y mantenía vínculos con las fuerzas paramilitares de extrema derecha en todo el país.
No sabía Wood que la corrupción y los vínculos con paramilitares de Montoya sería sus menores delitos. Para cuando fue relevado de su cargo dieciocho meses más tarde, Montoya era percibido ampliamente como la fuerza motriz detrás de los horrendos tratos con el personal militar en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.
Como informé en 2009 cuando el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, Philip Alston, llegara a Bogotá a investigar el caso de los llamados ‘falsos positivos’, ya había más de mil miembros de las fuerzas armadas colombianas implicados en el asesinato de innumerables víctimas civiles. Los detalles son espantosos. En muchos casos, las víctimas fueron reclutadas en barrios y localidades pobres, donde se les ofrecían oportunidades laborales para ser luego sedadas y vendidas a agentes militares que se encargaban de su ejecución. Los cuerpos eran vestidos con uniformes militares, se les plantaban armas compradas en el mercado negro, y eran presentados como combatientes guerrilleros eliminados por personal militar.
Las evidencias sobre las ejecuciones extrajudiciales de falsos positivos sugiere su naturaleza sistemática, una conclusión que fue corroborada por el Consejo de Asuntos Hemisféricos, que observó que:

"Aparentemente lo nuevo es que los casos recientes han sido motivados fundamentalmente por estructuras de incentivos militares internas, antes que por motivos políticos... Fueron asesinados para que unidades del ejército y sus comandantes pudieran demostrar ‘resultados’ ante sus superiores, y ganar con ello recompensas económicas y ascensos. En esta guerra, los avances han sido medidos durante largo tiempo por la cantidad de ‘combatientes enemigos’ neutralizados, preferentemente asesinados. Las perspectivas de carrera dependen a menudo de la obtención de esos resultados. Las investigaciones han revelado una extensa red de reclutadores que penetran en los barrios pobres en todo el país, operando en el tenebroso mundo del hampa en colusión con agentes del ejército. Eliminando a estos aparentes ‘positivos’..., los asesinos recibían beneficios tales como vacaciones pagadas, cursos especiales en el extranjero, ascensos y mayores salarios."
Mientras que los cables filtrados sugieren que la embajada no estaba al tanto de la asociación de Montoya con estos abusos, el fenómeno de los falsos positivos no era desconocido entre los agentes de la inteligencia estadounidense y funcionarios colombianos, que han estado estudiando estos desarrollos durante al menos los últimos quince años -de acuerdo a documentos liberados recientemente, obtenidos por el National Security Archive. Y aunque la incidencia de las ejecuciones extrajudiciales aumentaron durante el mandato de Uribe, pocos lo acusan de haber tenido conocimiento de primera mano sobre estos casos.
Y eso es lo que hace que el segundo cable proveniente de Bogotá que salió a la luz en estos días sea tan interesante. En noviembre de 2008, inmediatamente después de que Montoya renunciara a su cargo en medio de un cúmulo de acusaciones e investigaciones, William Brown, el embajador llegado recientemente, escribió un informe en el que observaba que

"Montoya renunció menos de una semana después de que el presidente Uribe destituyera a veintisiete oficiales, incluyendo a dos comandantes de división y tres de brigada, por su participación en la desaparición y subsecuente asesinato de decenas de jóvenes de Soacha y Antioquia. Montoya ha sido acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos durante su mandato, incluyendo presuntas violaciones cometidas en los barrios pobres de Medellín durante la Operación Orión, de colusión con los paramilitares y de medir el éxito de las operaciones por el número de bajas.
"La prensa colombiana informó sobre las declaraciones del senador Patrick Leahy, comentando que el despido de Montoya era un paso ‘largamente esperado y positivo’. Leahy declaró que Montoya ‘comparte responsabilidad por los amplios y sistemáticos abusos cometidos por los militares colombianos’. Los recientes éxitos militares de Montoya incluyen el rescate de rehenes en la Operación Jaque. Algunos creían que [el general Montoya] era el probable sucesor del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, el general Freddy Padilla de Leon."

De acuerdo al cable, en lugar de enviar el mensaje de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por Montoya no sería toleradas por su gobierno, Uribe nombró al protegido del comandante -tampoco apreciado por la comunidad de derechos humanos- para reemplazarlo en su cargo.
"Más tarde, el 4 de noviembre, el presidente Uribe anunció en una rueda de prensa con el general Padilla y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que el general de división Óscar Enrique González Peña, actualmente comandante del Comando Conjunto del Caribe, reemplazaría a Montoya como comandante en jefe del ejército colombiano. Uribe dijo que con el nombramiento de González quedaba el ejército en "buenas manos", destacando sus importantes éxitos operativos. González Peña siguió a Montoya como comandante de la IV Brigada de diciembre de 2003 a julio de 2005, y fue nombrado entonces comandante de la VII División en 2005."

El cable observa que

"González fue responsable de la operación que terminó con la muerte de Martín Caballero, el ex jefe del Frente 37 de las FARC, en septiembre del año pasado. Organizaciones de derechos humanos criticaron públicamente el nombramiento de González por su estrecha asociación con Montoya, y expresaron preocupación por las presuntas 45 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la IV Brigada durante su comando."

El cable informa, espeluznantemente, que Montoya eligió a González como el "mejor comandante del país" durante su cargo como comandante de la IV Brigada, debido a que su unidad reportó la mayor cantidad de bajas del enemigo: 857 víctimas."
El cable termina con el jugoso detalle de que el entonces ministro de Defensa y actual presidente, Juan Manuel Santos, dijo a funcionarios de la embajada

"que Montoya -que tiene una estrecha relación con Uribe- persuadió al presidente de que nombrara a González como su reemplazante. Santos trató de impedirlo, pero Uribe decidió proseguir con el nombramiento."

Así que la pregunta persiste: dado el informe de la CIA de 2007, que asocia a Montoya con el escándalo de los falsos positivos, y las revelaciones de la permanente intimidad e influencia del general sobre Uribe, ¿por cuánto tiempo más podrá el ex presidente colombiano continuar negando su conexión con el legado de violaciones a los derechos humanos que caracterizaron su presidencia?
28 de febrero de 2011
26 de febrero de 2011
©gcadvocate

tras las bellas fincas del casanare


‘Paras’ y las bandas que los heredaron, quieren quedarse con la tierra llanera a como dé lugar.
Colombia. En las ricas llanuras del Casanare, que se extiende por 44.490 kilómetros cuadrados, la tierra fue fuente de riqueza para financiar las guerras de independencia del siglo XIX, y en la disputa por ella surgieron las guerrillas liberales de mediados del siglo siguiente y las comunistas, semilla de las guerrillas modernas. Y en el complejo conflicto entre Farc, nacrotraficantes y paramilitares  que comenzó en la década de los ochenta,  tener haciendas era dominar territorios, pero también acceder al poder económico y político.
Desde que llegaron a la región  Gonzalo Rodríguez Gacha, alias `El Mexicano`, Víctor Carranza, los hermanos Feliciano, Jaime Matiz y el clan de los Buitrago con sus ejércitos privados, muchos hatos ganaderos y pequeños fundos terminaron en sus manos. Y la gente salió desplazada por Los Masetos en Monterrey, las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) en sur, el Bloque Centauros de las Auc en el centro y después de 2004, el Bloque Vencedores de Arauca, en el norte.
Luego de que las autoridades abalearan a "El Mexicano", el 15 de diciembre de 1989, los Masetos de Monterrey que estaban bajo las órdenes de Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, corrieron sus cercas a Puerto López, San Carlos de Guaroa, San Martín y Mapiripán en el Meta, municipios donde había narcotráfico. Al mismo tiempo, Los Carranceros, cuyo nombre tomaron del empresario esmeraldero Víctor Carranza, quien tiene extensas propiedades en la zona, comenzaron a consolidar poder local en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare), motivados por la adquisición de extensas propiedades de tierras en esos municipios, según lo documentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.
Como cada organización pretendía aumentar su influencia y poder militar el mapa de la distribución de la tierra comenzó a desdibujarse en 1996. Los Carranceros influían en Hato Corozal y Paz de Ariporo, pero buscaron imponerse en los demás, mientras en el sur de Casanare las autodefensas que incidían mayoritariamente en Monterrey, habían quedado bajo las órdenes de Víctor Feliciano.
Un año después, la masacre de una comisión judicial en San Carlos de Guaroa, produjo un relevo en las estructuras de las autodefensas de Casanare,  Héctor y Nelson Orlando Buitrago, hijos del jefe tradicional Héctor, conocidos con los alias de ‘Martín Llanos’ y ‘Caballo’, asumieron el mando de las Acc.
"Fue la época en la que para Martín, todo el mundo era un traidor y vendido a las Farc y al Eln. Pero no era más que una estrategia para apoderarse de las tierras a cualquier costo", dijo un habitante de Monterrey que hoy vive desplazado en Yopal. Otros vecinos de Villanueva confirmaron la historia.
Según estas versiones, ‘Martín Llanos’ y sus hombres lograron levantar un imperio con el silencio de las autoridades locales. "A los dueños de las fincas les llegaban a sus casas con las escrituras listas para que las firmaran y luego les ordenaban salir de sus predios", dijo otro entrevistado. Explicaron que  a algunos les ofrecieron dinero por los fundos, les pagaban una parte y luego los asesinaban.
Con la disculpa que de que perseguía a los amigos de una guerrilla, sin importar que esta había desalojado a zona hacía más de una década, ‘Llanos’ despojó y asesinó a mucha gente en el sur de Casanare y en parte del norte también. "En Monterrey nadie podía vender fincas o ganado sin permiso de ellos, y cuando lo hacían, tenían que darles hasta la mitad de la venta", dijo una víctima de las Acc que hoy vive en Villavicencio.
El 28 de febrero de 2000 fueron asesinados la señora Marta Nelly Chaves, Víctor Feliciano Alonso, su hijo Juan Manuel Feliciano Chaves y sus empleados Víctor Rodríguez, Álvaro Naún Barreto y Carola Barreto por orden de ‘Llanos’. La masacre se perpetró en la finca El Tigre, entre Monterrey y Villanueva. A los Feliciano los asesinaron para quitarles de sus 22.000 hectáreas de tierra y 20.000 cabezas de ganado, según ha confirmado la justicia.
Luego de esta masacre, el jefe de las Acc continuó su recorrido de muerte, terror y despojo de tierras y lo único que pudieron hacer  los pequeños aparceros y ganaderos más afortunados fue la de correr para salvar sus vidas.
A finales de 2003, cuando ya habían comenzado los acercamientos entre el Gobierno y las Auc, para una eventual desmovilización de los paramilitares, ‘Martín Llanos’ comenzó una nueva guerra: esta ya no contra la guerrilla, sino contra sus propios colegas de las filas paramilitares. Migue Arroyave del Bloque Centauros, a punta de extorsión y un régimen de terror, peor que el de ‘Llanos’, había comenzado a apoderarse de fincas en Villanueva, Tauramena,  Aguazul, Maní y Orocué y muchos acudieron a  ‘Llanos’  a que lo frenara.
Estalló entre ellos una guerra cruenta, cuya última batalla comenzó la segunda semana de febrero de 2004 en la inspección de Caribayona, Villanueva y llevó a la muerte a más del mil jóvenes de ambos bandos. ‘Llanos’ resultó derrotado y el Ejército lo puso en desbandada con la Operación Santuario. Se refugió temporalmente, al parecer en Ecuador. No obstante, después de que Arroyave fuera asesinado por sus hombres, ‘Llanos’ regresó, recuperó bastante de su poder y hasta enero de 2011 no se había desmovilizado.  

Los Escenarios de Hoy
En el norte, una banda heredera de la organización narco-paramilitar de ‘Los Mellizos Mejía’, después de que uno de ellos fuera muerto por la policía y el otro extraditado, está reclamando con violencia las tierras que sus jefes les habían arrebatado a campesinos en las veredas La Chapa y Montañas del Totumo en Paz de Ariporo. Para sembrar el terror se firman con el nombre "segundo HK", el alias de Luis Eduardo Linares, quien fue un sanguinario hombre de ‘Martín Llanos’ que ya fue abatido por la policía en 2005.  
Esta banda también quiere quedarse con las fincas Venecia, Bramadura, La Florida, La Libertad y Los Hoyos, en Monterrey, aunque la gente de la región sabe que estas son de Omar Feliciano, hermano de Víctor, asesinado por los hombres de ‘Llanos’.
En el sur también hay bandas de ex integrantes de los paramilitares que reclaman tierras despojadas originalmente por los paramilitares a campesinos de la región.
Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, y su Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), también se ha hecho a fincas y dicen que llegó a controlar Cabuyaro (Meta), y avanzó hacia Villanueva y Sabanalarga. Al cerrar 2010 sus planes se aguaron porque fue muerto en un confuso operativo de la policía el 28 de diciembre.
De los viejos jefes del Casanare  queda ‘Martín Llanos’, quien también quiere recuperar las fincas Cuernavaca y Arizona, según dicen en la zona, que dejó en manos de testaferros cuando tuvo que huir del país. Uno de ellos se negó a reconocerle su propiedad y fue abaleado.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©verdad abierta

destituidos por matanza de policías


Destituyen a 17 militares por la matanza de 10 policías.  La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años a 17 miembros del Ejército, entre ellos un coronel, por haber participado en el asesinato en el 2006 de diez policías antidroga y un civil.
Colombia. El Ministerio Público comprobó que el coronel Byron Carvajal desvió una operación en la que los militares se desplazarían a Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, para intervenir en un supuesto secuestro perpetrado por hombres de las FARC o del ELN.
"Tras poner en conocimiento de su superior el propósito de la misión, obtuvo el respectivo visto bueno, con lo que violentó el principio de confianza de su superior, quien desconocía el verdadero propósito de la operación", explicó la Procuraduría en un comunicado.
Los militares adelantaron esa operación, que finalizó con el asesinato de 10 policías antinarcóticos y un civil que los guiaba hacia un escondite con más de 100 kilos de cocaína.
El texto detalla que los militares tomaron el campo en donde se estaba desarrollando la operación "copando el flanco derecho e izquierdo y la parte central del terreno, acorralando así a los policías y al civil por cuanto ellos a sus espaldas tenían cercas y muros que impedían su movilidad hacia una posible ruta de escape".
El coronel Carvajal, agregó el Ministerio Público, trató de desviar las investigaciones para eludir su responsabilidad en los hechos.
Actualmente, el oficial está preso en la cárcel de Palmira por este caso.
El fallo de la Procuraduría, que investigaba disciplinariamente a 30 militares por el caso, absolvió a 13 de ellos.
En el 2008, un juez de Cali condenó a penas de 50 a 54 años de prisión a 15 militares por estos asesinatos.
La mayor pena, de 54 años, fue para el coronel Carvajal que tenía bajo su mando el batallón al que pertenecían los implicados.
Según la investigación de la Fiscalía General, las 11 víctimas fueron emboscadas con armas de largo alcance y explosivos por los miembros del Ejército, que de manera previa habían tomado posiciones de ataque en la zona.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©semana

condenado por matanza de indígenas


Sentencian a exjefe paramilitar por masacre de indígenas en Caldas. Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, fue condenado a 26 años de cárcel por el asesinato de Gabriel Ángel Cartagena, gobernador indígena y de tres acompañantes.
Colombia. Un juez especializado de Manizales condenó a  Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, exjefe del frente Cacique Pipintá de las Auc de Caldas, a 26 años de prisión por el asesinato en junio de 2003 de  Gabriel Ángel Cartagena, gobernador del resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta de Riosucio, Caldas, de Fabio Hernán Tapasco Largo, Héctor Hugo Tapasco Guerrero y Diego Efraín Suárez León.
En el ataque, los paramilitares también hirieron a Norely Calvo, conductor de la ambulancia en la que se movilizaba el gobernador indígena, Gersaín de Jesús Díaz y Pedro Alejandrino Campeón.
Gabriel Cartagena era candidato a la alcaldía de Riosucio, y uno de los principales líderes de los embera-chamí. Tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Héctor Jaime Vinasco, de la comunidad embera-chamí, le dijo al diario La Patria de Manizales: "Esperamos que se conozcan los autores intelectuales de ese crimen, pues son los mismos que siguen amenazando a la comunidad indígena".
‘Alberto Guerrero’ no fue postulado a la ley de Justicia y Paz, a pesar de que ofreció delatar al autor intelectual del crimen si era incluido. Por el crimen también ya fueron condenados Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias ’Comandante Víctor’ a 20 años por coordinar la masacre; Fabio Mejía Correa, alias ’Johnatan’, a 40 años, era uno de los jefes del Cacique Pipintá; el sargento Arturo Osorio, a 40 años, por colaborar en la logística del crimen y Jorge Arcadio Villada, candidato a la alcaldía de Riosucio por el Partido de La U, sentenciado a 40 años.
Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Baéz’ y varios comerciantes de Riosucio son investigados por el crimen. El ex jefe paramilitar no ha aceptado el crimen en Justicia y Paz, por eso lo han amenazado con excluirlo del  proceso.
26 de febrero de 2011
©verdad abierta

piden condenar a ex senador martínez


Procuraduría pide condenar a ex senador Martínez por parapolítica. El Ministerio Público considera probados los nexos del político del Valle con el Bloque Calima de las Auc, que lo apoyó e hizo posible su elección en las senatoriales de 2002..
Colombia. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia la condena del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, acusado de tener vínculos con grupos paramilitares.
Jairo Salgado, Procurador Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, señaló que hay suficientes pruebas que demuestran que el Bloque Calima de las Auc apoyó electoralmente a Martínez en las elecciones para Senado de la República realizadas en el año 2002.
Una de los testimonios que tuvo en cuenta el Ministerio Público para pedir la condena es el de José Ever Veloza García, alias ’HH’. Antes de ser extraditado a Estados Unidos, este ex comandante del Bloque Calima de las Auc le dijo a las autoridades que Martínez Sinisterra había recibido apoyo de su estructura armada en el Valle del Cauca y la región Pacífica durante la campaña electoral del 2002.
Otra declaración que pesa en su contra es la del paramilitar Mauricio Aristizábal alias ‘El Fino’, quien, como jefe de finanzas del Bloque Calima y lugarteniente de ‘HH’, dijo que Martínez Sinisterra sí tuvo vínculos con los paramilitares. La Corte además cuenta con otros testimonios que relacionan al ex senador con narcotraficantes del cartel del Pacífico, entre ellos, los de Holmes Durán Ibargüen, alias de ‘El Doctor’, y Weceslao Caicedo, alias ‘W’.
‘HH’ ratificó sus acusaciones ante la Corte el 7 de febrero pasado desde una prisión de Estados Unidos, a donde fue extraditado en marzo de 2009. En esa ocasión, el ex paramilitar ratificó su versión y precisó que el bloque Calima hizo campaña en el municipio de Buenaventura a favor del ex senador Martínez Sinisterra.
Según ‘H.H’, a través del comandante político del Bloque, conocido con el alias de ‘Fernando Político’ (asesinado en 2004), los paramilitares hablaron con las comunidades de Buenaventura para que votaran por Martínez Sinisterra. "Autoricé a Fernando Polìtico para que hiciera campaña para que votaran a favor de este senador", explicó Veloza.
De acuerdo con la declaración del ex paramilitar, en ese momento era tal el control que tenían sobre Buenaventura y sus comunidades que "se les dijo por quién votar, en este caso, por Martínez".  A cambio de ese apoyo, explicó ‘HH’, los paramilitares esperaban que los políticos cumplieran con los compromisos hechos con las comunidades en materia de desarrollo social.
El extraditado jefe paramilitar explicó que el respaldo al político surgió por petición de los hermanos Gonzáles Rivas, narcotraficantes del Valle, y del también extraditado Holmes Durán Ibárgüen, alias ‘El Doctor’.

Los Antecedentes de Martínez
No es la primera vez que el político Juan Carlos Martínez Sinisterra es salpicado por un escándalo. De hecho, ha sido protagonista de otros más en su departamento.
Según un informe de SEMANA, en noviembre de 2005 estalló uno de los primeros escándalos en que se vio involucrado estel ex Senador. Fue cuando Andrés Felipe Arias, en se entonces Ministro de Agricultura, destituyó de manera fulminante a José Tovar, director de la oficina del Incoder que maneja los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle. Graves irregularidades en la asignación de tierras y propiedades investiga la Fiscalía por este caso. En su defensa, Tovar dijo en su momento que "no me va a pasar nada porque tengo el respaldo del senador Martínez".
De acuerdo con el informe de SEMANA, los escándalos han continuado. Hace más de un año, María Carlota Jaramillo, Contralora del Cauca, encontró sobrecostos en un contrato de la Secretaría de Salud por 3.000 millones de pesos por compra de medicamentos. "Pagaban el acetaminofén a 5.000 pesos la unidad", denunció la funcionaria. Ante la gravedad de los hechos, Juan José Chaux, gobernador del departamento, tuvo que destituir al secretario de Salud, Carlos Quiñones, personaje de la cuerda de Martínez.
El senador liberal Luis Fernando Velasco emplazó públicamente al gobernador Chaux por este asunto: "Quiero denunciar que en Cauca un cartel de drogas lícitas e ilícitas se quiere tomar la política".
En ese momento, otra denuncia pública involucraba a Martínez. Se trató de las amenazas que recibió Héctor Copete, uno de los candidatos a la Alcaldía de Buenaventura. Este ingeniero cree que las amenazas contra su vida podrían venir de la campaña de su contendor, José Feliz Ocoró. "Acá lo que pasa es que a Copete lo apoyan Dilian Francisca Toro y el partido de La U, mientras que a Ocoró lo respaldan el senador Martínez y Convergencia Ciudadana, y ellos han dicho que ganan o ganan", aseveraron varios líderes del puerto consultados por SEMANA.
Martínez fue trasladado recientemente de la cárcel La Picota por varias denuncias sobre fiestas y visitas irregulares en ese penal.
Martínez Sinisterra fue diputado del Valle en 1998 y llegó al Senado en 2002 con 58.723. En 2006 repitió curul con 62.077 votos por Convergencia Ciudadana, movimiento que tiene a varios de sus integrantes tras las rejas investigados por ‘parapolítica’. En abril de 2009 el ex congresista fue capturado por el CTI, un año después de la Corte Suprema le abrió una investigación en su contra por sus presuntos nexos con organizaciones armadas ilegales de su región. En diciembre de 2009, el Alto Tribunal lo llamó a juicio, al considerar que existían testigos suficientes que lo vinculan con paramilitares y narcotraficantes del occidente del país.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©verdad abierta

dudas sobre el general montoya


Un cable plantea, tras advertir que no tienen pruebas concretas, preguntas sobre posibles vínculos con las autodefensas, asociación con policías corruptos que se prestaban para incautar droga, a fin de que el general Montoya se llevara el crédito en la lucha antinarcóticos, entre otras.
Colombia. En marzo de 2006 hubo relevo en la comandancia del Ejército de Colombia y el general Reinaldo Castellanos entregó el mando al general Mario Montoya Uribe. Tres meses después, desde la embajada de Estados Unidos fue enviado un cable para comentar este relevo. Pero aunque se destacó el alto perfil militar y la experiencia del nuevo comandante y su cercanía con el entonces presidente Álvaro Uribe, también quedaron escritas las prevenciones frente al oficial por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa.
Aunque el cable es claro en advertir que no tiene evidencias de que las acusaciones contra el general Mario Montoya sean ciertas, sí refirió que su antecesor, el general Reinaldo Castellanos, a través de los servicios de inteligencia, alcanzó a investigarlo por aparentes vínculos con el paramilitarismo y casos de corrupción. El informe diplomático destacó que quizás estas investigaciones obedecían a  razones políticas.
La parte final del cable indicó, con base en  información de defensa, que las dudas contra Montoya se originaban no sólo en posibles vínculos con las autodefensas, sino de asociación con policías corruptos que se prestaban para incautar droga, a fin de que el general Montoya se llevara el crédito en la lucha antinarcóticos,  protegiera las actividades de los paramilitares y les proveyera armas. El cable  advierte también de los alegatos en su contra por posibles excesos contra la población civil durante acciones militares contra la guerrilla en Medellín.
Dos años después, en noviembre de 2008, en medio del escándalo de los falsos positivos que obligó al entonces presidente Uribe a retirar del Ejército un gran número de oficiales, el general Montoya pasó a retiro. Lo reemplazó el general Óscar González. Este súbito cambio en la comandancia de las Fuerzas Militares motivó un cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos, donde una vez más se registraron los señalamientos contra el saliente oficial por violaciones a los Derechos Humanos.
Al nuevo comandante, el general Óscar González, el cable lo presentó como un protegido del general Montoya, e incluso quedó manifiesto que fue él quien convenció al presidente Uribe de que fuera su reemplazo. El informe diplomático expresó que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos —hoy presidente de la República—, dio pie atrás en el nombramiento, pero finalmente  el jefe de Estado decidió seguir adelante con el nombramiento del general Óscar González.
No obstante, el reporte diplomático agregó que Santos se encontró después con el general González y que éste le manifestó que era un oficial limpio en todos sus frentes. Posteriormente los entonces viceministros Juan Carlos Pinzón —hoy secretario general de la Presidencia de la República— y Sergio Jaramillo —actual consejero presidencial— ratificaron por separado que el nuevo comandante del Ejército era un protegido del general Montoya y  podría convertirse en un obstáculo para la implementación de políticas de Derechos Humanos.
Los viceministros Pinzón y Jaramillo dejaron constancia de que le habían comentado al ministro Santos sobre el tema, y en el cable diplomático quedó escrito que una voz confidencial manifestó que el tema del general Óscar González había que manejarlo. Líneas atrás quedó reseñado por qué existían prevenciones hacia el general Montoya y las acusaciones de las organizaciones de Derechos Humanos en su contra por presuntos abusos en las operaciones militares en la ciudad de Medellín.
El general Mario Montoya Uribe hoy ocupa la embajada de Colombia en República Dominicana y ha sido mencionado en varias declaraciones de jefes paramilitares extraditados, de haber colaborado con ellos en acciones como la  ‘Operación Orión’ en marzo de 2003 en Medellín.
26 de febrero de 2011
25 de febrero de 2011
©el espectador