colombia

salpican a general rito alejo del río

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Ex ‘para’ salpica a Rito Alejo Del Río. El general retirado fue mencionado por ‘Alonso’, antiguo guardaespaldas y hombre de confianza de los Castaño, como enlace de los ‘paras’ para entrar a Bogotá.

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Colombia. En una versión libre ante Justicia y Paz, Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Alonso’ o ‘Huevoepisca’, dijo que Rito Alejo Del Río supuestamente los ayudó a llegar a Bogotá, donde los Castaño lo mandaron en 1998.
Según este ex paramilitar, el general Rito Alejo Del Río lo recomendó con el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército con sede en Bogotá. "Fue Rito que nos recomendó el coronel Plazas (…), cómo éramos nuevos (en Bogotá), Rito Alejo me presentó".
Alias ‘Alonso’ le dijo a la Fiscalía que conoció al hoy ex General del Ejército a través de Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, y de Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’ o ’Pedro Ponte’, y asveró que este ex oficial "tenía mucho que ver con las autodefensas en Urabá".
Pereira Rivera, quien fue escolta de Fidel, Vicente y Carlos Castaño, añadió que "iba mucho a la casa de Rito".
Del Río fue comandante de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, entre los años 1995 y 1997. Después fue comandante de la Brigada XIII en la capital de la República. En 1999 el entonces presidente Andrés Pastrana lo llamó a calificar servicios ante las reiteradas denuncias de sus supuestos vínculos con grupos paramilitares, los cuales fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía General de la Nación para ordenar su captura en 2001. No obstante, en el 2004 fue absuelto, pero los procesos en su contra continuaron y nuevamente fue detenido en septiembre de 2008. En la actualidad permanece recluido en una guarnición militar.
Alias ‘Alonso’ también acusó el coronel Plazas Acevedo de desaparecer a uno de sus hombres, el paramilitar José Huber Coca Ceballos, alias ‘Camilo Coca’. Éste era el enlace con el oficial, y se reunía frecuentemente con Plazas en la sede de la Brigada XIII y en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, donde tenía su base la estructura armada ilegal bajo su mando. Al parecer hubo un problema entre ‘Coca’ y el coronel Plazas, porque el oficial usaba inteligencia militar para coordinar secuestros.
El coronel Jorge Eliécer Plazas fue en 1997 jefe de inteligencia de la Brigada XVII en Urabá y dependía directamente de Del Río. A principios de 1998, el propio General trajo a Plazas como su hombre fuerte de inteligencia en la Brigada XIII de Bogotá. Estando allí, se comprobó que este oficial participó como autor intelectual del secuestro y el posterior asesinato del industrial Benjamín Khoudari. Fue detenido y condenado a 40 años de cárcel, pero se fugó de la Escuela de Artillería en 2003 y en la actualidad se encuentra prófugo.
Plazas también ha sido mencionado por Salvatore Mancuso, así como por alias ‘El Alemán’ y varios ex paramilitares más por sus nexos y sus operaciones conjuntas con estructuras de las Auc.
Por su parte, Rito Alejo Del Río está siendo juzgado por el asesinato del campesino Marino López Mena, perpetrado el 24 de febrero de 1997 en Bijáo, Chocó, por paramilitares de las Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá (Accu).
Del Río, quien ha sido llamado por diversos sectores sociales y políticos como "el Pacificador de Urabá", se encuentra detenido desde el 5 de septiembre de 2008 y ha sido señalado de ser presuntamente uno de los apoyos más importantes del paramilitarismo en la región de Urabá desde la comandancia de la Brigada XVII del Ejército entre los años 1995 y 1997, acusación que el ex militar ha negado de manera reiterada.
La Fiscalía realizó investigaciones en Urabá y tomó como base las confesiones realizadas por alias ‘El Alemán’, ’HH’ y Salvatore Mancuso, quienes acusaron al ex Comandante de la XVII Brigada del Ejército de apoyar la expansión paramilitar durante su paso por Urabá.
El ex coronel del Ejército Carlos Alfonso Velásquez reveló también un informe fechado el 31 de mayo de 1996 en el que advirtió al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Harold Bedoya, de los posibles nexos del Del Río con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y chocoano. El ex oficial dijo que el envío de esta comunicación le significó haber sido retirado de su cargo y su salida del Ejército.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©verdad abierta

otras caras del gobierno de uribe

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Los cables de Wikileaks han comenzado a revelar otras caras del gobierno del presidente Uribe, según Estados Unidos. EEE.UU. estaba preocupado por la veracidad de la desmovilización de la unidad Cacique Gaitana. Pero también quería saber qué fue lo que realmente ocurrió con las chuzadas.

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Colombia. Los cables de la embajada de Estados Unidos revelados por El Espectador se han convertido en una fuente para poner en entredicho las versiones oficiales de varios capítulos de la historia del gobierno de Álvaro Uribe.
Esta semana, por ejemplo, se conoció que la embajada de Estados Unidos en Colombia expresó sus dudas sobre la desmovilización de la unidad Cacica Gaitana de las Farc. La noticia se dio un día después de que La Fm reveló que la Fiscalía había abierto un proceso de investigación al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por el presunto montaje en la desmovilización de más de sesenta guerrilleros en 2006.
En un cable titulado "Desmovilización de 70 de las Farc: ¿hito histórico o telenovela?", el embajador William Wood da cuenta a su Gobierno del contenido de las revelaciones de prensa, de las versiones contradictorias entre el Ejército y las Farc, y de los hechos durante la ceremonia de la desmovilización que ponen en duda la historia.
"La existencia de la unidad Gaitana no sólo ha sido negada por las FARC, sino que además no es reconocida por la policía colombiana, el gobierno departamental, ni, incluso, está en los registros del propio ejército sobre las FARC", dice el cable.
"A pesar de todos los agujeros de la historia oficial, el descontento en las filas de las FARC podría en verdad estar creciendo. Debido a la confusión sobre los detalles, sin embargo, la importancia de la desmovilización no está clara", agrega el cable.

Las Chuzadas
Pero la historia de lo ocurrido durante el Gobierno de Uribe tiene muchos más capítulos. El diario El Espectador, que tuvo acceso a los cables, continuará revelando más de esa información, según lo ha prometido. Estos cables, en palabras de expertos jurídicos no pueden ser utilizados como "pruebas" en eventuales procesos judiciales porque fueron obtenidos ilegalmente. No obstante, sí refrendan versiones que para muchos eran certezas de oídas.
Ejemplo de ello fue que este jueves el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete no se mostró extrañado de que uno de los cables revelados recientemente le endilgara la responsabilidad de las interceptaciones ilegales al exasesor presidencial José Obdulio Gaviria y al ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno.
Según un cable revelado por Wikileaks y dado a conocer por El Espectador, el embajador William Brownfield informó a Washington el 27 de octubre de 2009, que Andrés Peñate, entonces director del DAS, sospechaba que Gaviria y Moreno habían ordenado la vigilancia ilegal.
Valencia Copete, quien dirigió parte de las investigaciones de la parapolítica en la Corte Suprema, también dijo que no le sorprendía la reacción del expresidente Uribe quien horas antes dijo: "Valencia Copete en Corte Suprema estuvo al servicio de la política, hoy es idiota útil de periodistas al servicio del odio".
El exmagistrado, en diálogo con La Fm, sostuvo que "no hay ninguna duda que todo arranca desde que se iniciaron las investigaciones por ‘parapolítica’".
Un cable revelado el pasado diciembre dio cuenta de que el director de la Policía, el general Naranjo, también tenía la misma versión de Gaviria y Moreno, quiénes, en su criterio, podrían ser los responsables de las "chuzadas".
Valencia Copete, sin embargo, dijo hoy en diálogo con Caracol Radio: "Yo no sé quien sea, pero lo que sí puedo decir es que había alguien superior a ellos que les estaba dando indicaciones, para husmear, para seguirnos".
Otros de los aspectos revelados por Wikileaks y publicados por el diario capitalino fue la molestia de Uribe ante la falta de resultados del director del DAS Felipe Muñoz para resolver el escándalo de las interceptaciones ilegales, según dice una de las comunicaciones enviadas por el embajador estadounidense.
Uno de esos cables da cuenta de que Uribe se reunió con Brownfield, y en su presencia, se comunicó con el entonces fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago para que éste rindiera cuentas del avance en las investigaciones. Brownfield refirió en esa comunicación que Uribe "en una actitud muy agitada" puso el altavoz del teléfono para que él pudiera escuchar al fiscal, quien dijo que las interceptaciones al magistrado auxiliar Iván Velásquez, uno de los ‘duros’ contra la parapolítica, habían sido ordenadas legalmente por dos fiscales.
En esa reunión, a la que asistió también el ministro de Defensa, Gabriel Silva; el director de la Policía, Oscar Naranjo; el director del DAS, Felipe Muñoz; la viceministra de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero; y la Coordinadora de Asuntos de América del Norte, Adriana Maldonado, Uribe se mostró comprometido a acabar con el DAS.
Casi un mes después, según otro cable, el entonces vicefiscal Fernando Pareja también se reunió con la embajada estadounidense para dar su versión sobre las investigaciones sobre las investigaciones. Por esos días, funcionarios del gobierno defendieron las capacidades de la interceptación.
Según el cable revelado esta semana, la embajada estadounidense calificó la actitud del gobierno como un paso "a la ofensiva".
Dice: "el presidente Uribe alegó una "venganza criminal" para desacreditar al gobierno colombiano en el país y en el extranjero, mientras que el vicepresidente Francisco Santos dijo que los escándalos demuestran que había un "complot bien orquestado" destinado a socavar la capacidad del gobierno colombiano de luchar contra la delincuencia. El Ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, dijo a la prensa que "algo olía a pescado" sobre el caso y afirmó que el gobierno colombiano había identificado 12 empresas que fabricaban y vendían servicios de escuchas telefónicas ilegales".
"El director del DAS, Felipe Muñoz, dijo en público que había un mercado negro de escuchas telefónicas ilegales alimentado por la corrupción entre los proveedores de telefonía móvil y las agencias privadas de detectives. Muñoz en privado nos dijo que tenía la "intuición" de que las grabaciones a Velásquez estaban orientadas a avergonzar a la administración, y no a controlar al magistrado.
No obstante, el vicefiscal Pareja tenía una opinión distinta sobre lo que estaba pasando. Dice el cable que "opinó que el objetivo de los casos del programa ‘Esperanza’ era distraer el escándalo de las interceptaciones telefónicas del DAS, creando la impresión pública de que "todos lo hacen".
Por esos días se conoció que la plataforma ‘Esperanza’, software utilizado para interceptaciones, era de fácil acceso por los organismos de investigación. Con revelaciones de distinto orden, el gobierno quiso enviar el mensaje de que no era su responsabilidad lo que estaba ocurriendo, sino que "alguien" al servicio de la mafia quería hacer daño al gobierno.
No obstante, la embajada estadounidense no solo se reunió con Pareja sino con varios integrantes de los órganos del Estado colombiano. Todo con el interés de corroborar o conocer las distintas versiones sobre lo que ocurría en Colombia.
Los cables de Wikileaks no son solo chismes, como han sugerido algunos para restarles impacto. Si bien son solo una de las versiones de la historia –la de la embajada de Estados Unidos– además de revelar la mirada de ese país a los problemas de Colombia, también aportan datos que sirven para corroborar la versión no oficial. En un país que rápidamente pasa, sin digerirlo, de un escándalo a otro, ese archivo seguramente será insumo para periodistas e historiadores, entre otros interesados en conocer la verdad sobre los hechos.
26 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©semana

frente cacica la gaitana no existía

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Dos cables de Wikileaks revelan que en una cena a la que asistió el Embajador de Estados Unidos, el presidente Uribe y otros miembros del gobierno llamaron insistentemente al Comisionado de Paz sobre la desmovilización del frente Cacica la Gaitana.

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Colombia. Bajo el subtítulo de ’el drama de la desmovilización de las Farc’, el entonces embajador William Wood, registró los interrogantes que surgieron con la desmovilización del frente de las Farc, Cacica la Gaitana y que hoy tiene en el ojo del huracán al comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.
Wood señala que una cena registrada un día después de la ceremonia de desmovilización fue interrumpida, en varias oportunidades, por funcionarios del Gobierno y un disgustado presidente Uribe que indagaban por teléfono sobre las versiones que ya comenzaban a aparecer en la prensa.
El cable diplomático detalla las dudas que dejó la acción, como por ejemplo que las Farc negaron la existencia de ese frente y que así lo reconocieron tanto la Policía como los archivos de la Gobernación del Tolima y el Ejército. Además, entre las versiones incluidas en el reporte a Washington ya se habla de lo que hoy investiga la justicia. Que los desmovilizados no parecían guerrilleros, que otros tenían apariencia de vagabundos, que portaban uniformes nuevos y limpios, y que no parecía que vinieran de algún trajín de varios días  por las montañas, como dijeron.
El cable incluyó las suspicacias de los periodistas respecto al episodio, dejando entrever que la supuesta desmovilización del frente Cacica La Gaitana era muy poco clara y que, tarde o temprano, el manejo de este asunto podría afectar la credibilidad del Gobierno. Es decir, desde el mismo momento de la desmovilización de Olivo Saldaña, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con base en los testimonios oficiales y de sus informantes, ya había advertido lo que hoy suscita una investigación de la justicia.
La desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las Farc, que se llevó a cabo el 8 de marzo de 2006 en zona rural del Tolima y que en su momento fue presentada como un aporte a la paz de 70 guerrilleros encabezados por Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, al parecer fue un montaje. Al menos esa conclusión se desprende de la decisión de un fiscal de Justicia y Paz que pidió abrir investigación contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, dos oficiales del Ejército y un personaje que después fue extraditado.
La investigación se originó en las declaraciones aportadas por los desmovilizados José Alfredo Pacheco Ramos y Luis Eduardo Montero Vargas, quienes aseguraron que lo sucedido en marzo de 2006 fue realmente una mentira. Todo se organizó para que la opinión pública creyera que en ese momento se estaba gestando una deserción masiva en las filas de las Farc. Y para darle credibilidad al hecho, alias Olivo Saldaña apeló a indigentes, desempleados y uno que otro exguerrillero. Todos recibieron en promedio $500.000 por enlistarse en el falso frente guerrillero.
Cinco años después, el director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, reveló que por este supuesto montaje acaba de abrirse indagación preliminar contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el general (r) Ledio Fadul Suárez Tocarruncho, excomandante de la Quinta División del Ejército con sede en el Tolima, el coronel Jaime Joaquín Ariza Girón y el extraditado Hugo Alberto Rojas Yepes. Este último fue vinculado al proceso a fin de establecer si realmente fue la persona que financió todo el show de la desmovilización.
Pero la duda sobre el desarme del supuesto frente de las Farc no sólo quedó en el imaginario del país: también en la Embajada de Estados Unidos en Colombia quedó el registro escrito de que se había tratado de un montaje.
El reporte a Washington indica que la aeronave realmente estaba en custodia de la Fuerza Pública desde 2003 y no era cierto que la hubieran entregado los guerrilleros y mucho menos que fuera parte de un plan para un ataque en Bogotá. De hecho, en otro  cable se deja entrever el malestar del entonces presidente Álvaro Uribe cuando tuvo que desmentir esta información. El informe señala que realmente alias Olivo Saldaña estaba preso desde hacía dos años y era un desertor de las Farc que contactó al comisionado Luis Carlos Restrepo para ofrecerle la desmovilización.

Luis C. Restrepo Se Defiende
El excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo calificó de falsas las denuncias de varios exguerrilleros, quienes aseguran que fue un ’montaje’ la supuesta desmovilización del frente Cacique Gitana de las Farc en 2006. Restrepo afirmó que nunca se reunió con alias ‘Olivo Saldaña’ en la cárcel de Picaleña para preparar la desmovilización de los 70 supuestos guerrilleros. De hecho, aseguró que su relación con él nunca fue cercana, porque "yo era muy estricto y tal vez por eso él no desarrolló mucha conversación conmigo".
De acuerdo con el excomisionado, nunca tuvieron elementos para dudar del proceso de desmovilización. "No constatamos ninguna irregularidad en su momento, pero por supuesto yo estoy totalmente dispuesto a colaborar con la Fiscalía para que se investiguen las denuncias y se aclaren los hechos".
25 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©el espectador

interceptaciones eran irregulares

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Wikileaks: Exvicefiscal Pareja reconoció a la embajada de EE.UU. que 23 interceptaciones eran irregulares. Un cable describe la versión que dio el exvicefiscal a la embajada estadounidense sobre los avances en las investigaciones de los responsables de las chuzadas.

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Colombia. Uno de los cables clasificados por Brian A. Nichols y creado el 13 de octubre de 2009, dio cuenta de una reunión entre funcionarios de la embajada y el exvicefiscal Fernando Pareja, en la que éste les rinde cuentas sobre los avances de las investigaciones sobre las ‘chuzadas’. Pareja se mostró sorprendido por la manera en la que el Ejecutivo tenía acceso a los programas de interceptaciones de teléfonos.
Este es uno de los cables revelados por El Espectador:

Los funcionarios del gobierno colombiano continúan participando en el control de daños a raíz del escándalo de las escuchas telefónicas que tienen en líos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Fiscal General de la Oficina. La Fiscalía General investiga presuntos delitos cometidos por los ex funcionarios del DAS, así como las escuchas telefónicas ilegales más recientes. Además, el Fiscal General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia han activado pruebas sobre el uso indebido del programa de interceptación judicial de la Fiscalía conocido como la ‘Plataforma de Esperanza’. El embajador reiteró el deseo del gobierno de Estados Unidos de que se hagan investigaciones completas y transparentes, y ofreció la asistencia de EE.UU. en su realización.

Despliegue de Múltiples Investigaciones sobre el Escándalo
El Fiscal General (interino) Guillermo Mendoza, anunció el 21 de septiembre que la investigación había demostrado que dos fiscales de su oficina - no del DAS - habían estado detrás de la vigilancia ilegal al magistrado auxiliar Iván Velázquez de la Corte Suprema. Según Mendoza, dos fiscales de su oficina insertaron el número de teléfono de Velázquez dentro de las solicitudes de interceptación de dos casos no relacionados. La vigilancia se llevó a cabo en las instalaciones del programa de interceptaciones judiciales "Esperanza" de la Fiscalía General, dijo Mendoza. El director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, reconoció que tres agentes de la Policía participaron en la farsa, y agregó que "no hay justificación" para el seguimiento. "La policía judicial (DIJIN) está investigando agresivamente este aspecto del caso, tenemos indicios, pero estamos esperando para arrestar a los sospechosos hasta que el alcance de los vínculos criminales sea descubierto. El CTI también está realizando una investigación por separado de estos eventos.

Gobierno Defiende la Capacidad de la Interceptación
Altos funcionarios de la administración pasaron a la ofensiva a raíz de las revelaciones. El presidente Uribe alegó una "venganza criminal" para desacreditar al gobierno colombiano en el país y en el extranjero, mientras que el vicepresidente Francisco Santos dijo que los escándalos demuestran que había un "complot bien orquestado" destinado a socavar la capacidad del gobierno colombiano de luchar contra la delincuencia. El Ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, dijo a la prensa que "algo olía a pescado" sobre el caso y afirmó que el gobierno colombiano había identificado 12 empresas que fabricaban y vendían servicios de escuchas telefónicas ilegales. El director del DAS, Felipe Muñoz dijo en público que había un mercado negro de escuchas telefónicas ilegales alimentado por la corrupción entre los proveedores de telefonía móvil y las agencias privadas de detectives. Muñoz en privado nos dijo que tenía la "intuición" de que las grabaciones a Velásquez estaban orientadas a avergonzar a la administración, y no a controlar al magistrado. El Vicefiscal General, Fernando Pareja, por su parte opinó que el objetivo de los casos del programa ‘Esperanza’ era distraer del escándalo de las interceptaciones telefónicas del DAS, creando la impresión pública de que "todos lo hacen."

Investigación por las Fechorías del DAS
El Vicefiscal General Pareja dijo el 9 de octubre que la investigación del caso del DAS se ha dividido en cuatro partes a saber:

- Los actos perpetrados por el personal del DAS, antes de enero de 2005, cuando el antiguo sistema acusatorio (Ley 600) estaba en vigor. En esta parte están las acusaciones al exdirector del DAS Jorge Noguera, quien manejaba una célula de operaciones secretas llamada ‘G3’, en connivencia con los paramilitares, para instigar el asesinato de tres sindicalistas y un profesor de colegio. La fiscal Patricia Rodríguez dijo que el CTI ha obtenido evidencia documental suficiente de las actividades del G3.

- Actividades llevadas a cabo a partir de enero de 2005, cuando entró el nuevo sistema acusatorio (Ley 906). Esta investigación se refiere a las denuncias contra la Directores del DAS Andrés Peñate Giraldo y María del Pilar Hurtado, cuando el "Grupo de Observación Nacional e Internacional (Goni) supuestamente llevó a cabo la vigilancia de representantes de la sociedad civil y la oposición política.
 
Rodríguez dijo que esta investigación ha sido mal dirigida fundamentalmente desde principios de este año. (Nota: la revista ‘Semana’ informó que el Fiscal General interino Guillermo Mendoza había removido a dos fiscales que llevaban casos de los altos exfuncionarios del DAS, y otros 12 (delegados), que de manera flagrante se hicieron los de la vista gorda frente a pruebas importantes. Los nuevos fiscales tuvieron que empezar desde cero, dijo Rodríguez. La investigación posterior de estos crímenes, dijo, es de naturaleza más técnica, con la participación de la exploración de los discos duros de ordenadores, etc, y será más difícil, dado el alto estándar del valor probatorio que se requiere en el nuevo sistema acusatorio. - Sin entrar en detalles, Pareja dijo que Mendoza había retenido dos de los casos del DAS para manejarlos personalmente, presumiblemente, debido a las irregularidades antes mencionadas.

Investigación en los Abusos de los Productos ‘Esperanza’
En cuanto a la investigación de la Plataforma ‘Esperanza’, Pareja dijo que los investigadores se centraron en cómo las llamadas interceptadas al magistrado Auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez - el principal investigador de los vínculos entre los miembros del Congreso y los paramilitares – se filtraron nueve días después a la revista ‘Semana’. Pareja señaló que dos salones de escuchas separadas, uno operado por el CTI en nombre del Ejército de Colombia y el otro por el grupo anti secuestros de la Policía Nacional de Colombia - habían ejecutado dos órdenes, autorizadas legalmente, de interceptar a Velázquez en agosto. Cuando un analista de CTI reconoce Velázquez como magistrado, la vigilancia terminó, sólo para ser restablecida por la sala de escucha de la Policía al día siguiente. Pareja dijo que los investigadores habían concluido que la interceptación del agregado judicial de EE.UU. hablando con Velázquez fue "accidental", y no una acción específica dirigida a un funcionario de EE.UU. Señaló que la interceptación de un segundo número fue ilegalmente respaldada en las órdenes de escuchas telefónicas, esta vez contra a Alexandra Valencia, la jefe de investigaciones de la Procuraduría  asignada a la investigación del escándalo del DAS.
Pareja dijo que la Fiscalía General ha detectado un total de 23 interceptaciones sospechosas de estar autorizadas indebidamente, vía Esperanza. Pareja, un magistrado a quien Mendoza nombró en agosto, como su número dos, expresó su sorpresa por el amplio acceso de las agencias gubernamentales a la Plataforma Esperanza. Él se sorprendió, por ejemplo, de la revelación pública de que el Procurador General ha mantenido su propia sala de audición entre 1996 y enero de 2009, a espaldas de la rama Judicial y del Ejecutivo. También se sorprendió de que la ciudad de Medellín haya sido sede de una sala de audición donde los fiscales investigan la delincuencia organizada en esa ciudad. Dijo que tanto él como Mendoza se preocupan por la responsabilidad penal y política propia de un sistema supuestamente bajo su control, pero con diversos puntos de acceso. Dijo que el Fiscal General en funciones había ordenado a ingenieros llevar a cabo una revisión de la plataforma Esperanza y cada sala de audición como medida de precaución y que haría cambios en los procedimientos para fortalecer la supervisión del gobierno.
El cuerpo diplomático acreditado instó al vicefiscal que revelara a la prensa las investigaciones de su competencia a fin de presentar una contabilidad completa de los escándalos de escuchas telefónicas. El cuerpo diplomático ofrece las asistencia de la embajada estadounidense para el logro de este objetivo, incluyendo la re-investigación del personal colombiano que trabaja en el DAS o con acceso a Esperanza que facilita el intercambio de información con los Estados Unidos.
Investigadores de la Policía nos dijeron, el 13 de octubre, que han descubierto los posibles vínculos entre los exfuncionarios del DAS y los funcionarios Policía que falsificaban las ordenes para para lograr la interceptación del teléfono del magistrado Iván Velázquez. La Policía está siguiendo los vínculos de los responsables para determinar hasta qué punto la conspiración criminal se extiende, antes de hacer detenciones.
25 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©semana

más masacres en colombia

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ONU: Por Bacrim, aumentaron en 40% las masacres en Colombia. En su informe de derechos humanos, la ONU ve con preocupación el fenómeno de las bandas criminales y el aumento de desaparecidos.

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Colombia. El auge de las bandas criminales y las disputas entre estos grupos delincuenciales, que incrementaron en 40 por ciento las masacres en el país, es la principal preocupación que la ONU dio a conocer este jueves en su informe anual de derechos humanos.
La ONU resalta las situaciones que se viven en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Meta, en donde hay con estos grupos "aquiescencia, tolerancia e incluso convivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública".
En este sentido, el organismo le recomienda al Gobierno adoptar políticas y medidas que no se limiten solo al aumento del pie de fuerza, sino que enfrenten la corrupción dentro de la fuerza pública, fortalezcan los órganos de justicia y estén acompañadas de políticas sociales, educativas y de generación de empleo.
La ONU ve con preocupación que a pesar de las advertencias de la Defensoría del Pueblo, como ocurrió en Córdoba, las autoridades no hayan tomado las previsiones. Sólo en este departamento se registraron diez masacres en ocho meses, de las cuales cinco ocurrieron en octubre y noviembre del año pasado.
 
Ley de Justicia y Paz
Una de las recomendaciones que más resalta la ONU es la reforma de la ley de justicia y paz, que para este organismo el progreso ha sido "modesto".
"Menos del 54 por ciento de los procesados, que constituyen el 4,5 por ciento de todos los desmovilizados, ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres. Aunque sus confesiones revelaron un número importante de homicidios, no permiten conocer la diversidad, el contexto y el carácter de los actos cometidos por las organizaciones paramilitares".
En esa "revisión" que la ONU recomienda hacer a la ley de justicia y paz, llama la atención al Congreso para que adopte una legislación que favorezca a las víctimas.
Aconseja "identificar criterios adecuados para la reparación, establecer la obligación de reparar desde el comienzo de las versiones libres y reforzar los mecanismos para que el Estado persiga los bienes de los victimarios".
 
Desapariciones Aumentaron 40 por Ciento
El organismo califica como "positivo" que en el gobierno de Juan Manuel Santos haya sancionado la ‘Ley de homenaje’ a las víctimas de desaparición forzada. Aún así, destaca que hasta ahora se comienza a conocer la dimensión real del fenómeno de la desaparición en Colombia, que se agrava por la impunidad.
"A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas como presuntas desapariciones forzadas (personas desaparecidas por agentes estatales). Entre estas últimas, se encuentran 3.073 mujeres y 3.042 menores de 20 años", contempla el informe.
 
Parapolítica
La llamada ‘parapolítica’ es para la ONU un problema que no desaparece. El organismo destaca la investigación contra 13 congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia. También ve con preocupación los posibles casos de "testaferrato político entre congresistas elegidos por primera vez y personas vinculadas a procesos de ‘parapolítica’".

Interceptaciones Ilegales
Para la ONU, durante 2010 avanzaron las investigaciones y procesos judiciales sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Considera urgentes las reformas de inteligencia, no solo para esta entidad, sino para todas las agencias de inteligencia del Estado colombiano.
Advierte que el asilo de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado en Panamá "no debe entorpecer las investigaciones judiciales ni contribuir a que los delitos queden en la impunidad".
 
Falsos Positivos
El informe resalta la disminución de los llamados ‘falsos positivos’, pero considera fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas durante 2010. Se estima que más de tres mil personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército.
24 de febrero de 2011
©semana

onu pide urgente reforma del das

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ONU pide reforma urgente del DAS por falta de control. Señala que existe un peligro derivado del "vacío de control democrático". En 2010 seguían llegando denuncias de seguimientos e interceptaciones ilegales.

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Colombia. La ONU exhortó al gobierno colombiano a hacer reformas urgentes en su agencia de inteligencia (DAS) porque, dice, "existe un peligro" derivado del "vacío de control democrático", tras afirmar que en 2010 se siguieron presentando denuncias sobre seguimiento ilegal a organizaciones civiles.
Durante la presentación del informe anual sobre Colombia, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, aseguró en Bogotá que el Estado colombiano debe "establecer mecanismos de control sobre el servicio de inteligencia".
Salazar se expresó así después de que, en su informe, el Alto Comisionado asegurara que "continuó recibiendo informaciones sobre interceptaciones de correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información, alteración de páginas web e ingresos ilegales a oficinas y domicilios de distintas organizaciones de la sociedad civil".
En el documento, la ONU concluye que la información que ha recibido le permite "confirmar la existencia de un patrón de escuchas, seguimientos y hostigamientos sistemáticos realizados por funcionarios del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), bajo órdenes de sus superiores, a quienes informaban de los resultados".
Asimismo, advierte de que el avance de las investigaciones parece indicar que los grupos de la central implicados, entre ellos el de Observación Nacional e Internacional (Goni), "fueron estructuras formalmente constituidas al interior de la institución".
"Estos hechos, como los denunciados en 2009, siguen en la impunidad", aclaró la ONU.
Salazar apuntó a que el gobierno y demás instituciones colombianas, como la Procuraduría y el Congreso, deben "avanzar en un centro de control de datos y en establecer un mecanismo de depuración de archivos".
Además exhortó al gobierno a que "las investigaciones avancen para condenar a los responsables del DAS por sus crímenes".
El Alto Comisionado se refirió al escándalo que salió a la luz en 2009 por el cual se determinó que el DAS había hecho espionaje ilegal a magistrados, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
La trama es investigada por la Fiscalía, la Procuraduría y el comité de la Cámara de Representantes responsable de indagar la conducta del jefe del Estado.
Varios antiguos cargos medios del DAS han admitido que la campaña de espionaje fue ordenada desde la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo colombiano, durante los dos gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Entre los implicados en las investigaciones están cuatro exdirectores del DAS, incluida María del Pilar Hurtado, que a finales del año pasado recibió asilo político en Panamá, lo mismo que antiguos colaboradores cercanos de Uribe.
En su informe, la ONU observa que Hurtado pidió asilo bajo el argumento de falta de garantías y de seguridad en los procesos que afronta en Colombia, pero considera que "este hecho no debe entorpecer las investigaciones judiciales ni contribuir a que los delitos queden en la impunidad".
Hurtado y el también abogado Bernardo Moreno, que ejerció como secretario general de Uribe, fueron sancionados a finales del año pasado por la Procuraduría General, que los destituyó de manera retroactiva y los inhabilitó para cargos públicos por 18 años.
[Foto viene de sedena1].
24 de febrero de 2011
©el espectador

uribe quería entrar en venezuela

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Uribe quiso realizar acciones clandestinas en Venezuela para atacar a las Farc. Asesores y líderes de opinión consideraban un error estratégico entrar en una guerra armamentista con el vecino país. "Somos los prefectos hipócritas", dijo el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

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Colombia. En noviembre de 2006, además de la génesis del escándalo de la parapolítica, existía otra alta preocupación en el gobierno Uribe: sus relaciones con Venezuela y el primer mandatario de ese país Hugo Chávez. En un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia queda claro cuál era entonces la estrategia del Gobierno: no confrontar con Hugo Chávez, manejarlo y aprovechar la porosa zona de frontera para realizar operaciones contra narcotraficantes y terroristas en territorio venezolano.
El reporte a Washington señala que el entonces presidente Uribe no tenía ilusiones con Chávez y veía su enfoque anti Estados Unidos como un serio problema, pero que prefería manejar al presidente de Venezuela e incluso plantear una atmósfera bilateral positiva con proyectos de energía y comercio, para manejar su comportamiento. El cable resaltó el interés de Uribe por colaborar con Estados Unidos y no con la revolución Bolivariana, pues la consideraba de una naturaleza antidemocrática.
Sin embargo, el informe de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá deja claro que esa postura de Uribe, de énfasis en la unión antes que la confrontación, le permitía la opción de llevar a cabo acciones armadas en Venezuela para proteger a Colombia de ataques terroristas. Es decir, autorizar operaciones clandestinas contra las Farc al otro lado de la frontera según fuera apropiado, eso sí, evitando que se repitieran crisis como la que se generó en su momento con la captura del llamado canciller de las Farc, Rodrigo Granda.
En otras palabras, la Embajada reportó que Uribe utilizaba el espacio político de sus aproximaciones con Chávez "y autoriza operaciones clandestinas al otro lado de la frontera contra las Farc". Una estrategia que visualizó el cable con un comentario atribuido al asesor presidencial José Obdulio Gaviria: "somos los perfectos hipócritas". Más adelante, el reporte refirió que tanto el vicecanciller Camilo Reyes como el general Óscar Naranjo comentaron que el interés de Chávez por el gasoducto lo llevó a ser más acomodaticio con la seguridad de Colombia.
También con relación a Venezuela, el cable aborda el análisis de las aproximaciones que por esos días tenía el gobierno Uribe con el Eln. Con expresa preocupación por la evidencia de que figuras altas de esta guerrilla vivieran de manera abierta en Caracas. El cable expresó incluso que el comandante militar del Eln, Antonio García, ha pasado la mayor parte de su vida adulta entre Europa y Venezuela. Por eso, en comentario también atribuido a José Obdulio Gaviria, quedó escrito que era preferible tener a Chávez dentro del proceso que por fuera causando problemas.
En otro cable, fechado un mes antes (octubre de 2006), al transcribir los términos de un encuentro del entonces subsecretario de Estado de Estados Unidos Nicholas Burns con líderes de opinión, se reportó que el criterio generalizado era que se consideraba un error estratégico que Colombia entrara en una carrera armamentista, pues eso sería caer en manos de Venezuela y malgastar un dinero que serviría para programas sociales o de seguridad. La conclusión fue que ante el armamentismo venezolano la respuesta debía ser diplomática.
De manera paralela a la preocupación de Estados Unidos por el tema Venezuela, los cables diplomáticos de 2006 tuvieron como asunto recurrente la posibilidad de diálogos entre el gobierno Uribe y el Eln. De hecho, en noviembre, la Embajada en Bogotá remitió un informe según el cual el mediador Moritz Ackerman iba a ir a Venezuela a entregar al Eln la propuesta del gobierno, pero el jefe guerrillero Antonio García le dijo  que el presidente Hugo Chávez le había pedido un bajo perfil mientras estuviera en territorio venezolano.
En el cable quedó escrito que, según Ackerman, el Eln quería mover las conversaciones fuera de Cuba para evitar presiones de la inteligencia cubana, pues los cubanos no querían que el Eln llegara a algún acuerdo sin aprobación de las Farc. En el mismo reporte, la embajada dice que Antonio García sacó del equipo negociador a Ramiro Vargas porque le estaba pasando información a las Farc y a los cubanos; y que cuatro prominentes colombianos estaban dispuestos a sumarse al proceso para contrarrestar las preocupaciones de que los garantes eran muy izquierdistas.
Finalmente, en el cable diplomático quedó manifiesto que Noruega había ofrecido financiar el proceso de negociación del gobierno Uribe y el Eln, sólo si este movimiento guerrillero estaba irreversiblemente comprometido con la paz. Además, la Embajada de Estados Unidos en Colombia reportó que el Eln quería abrir un canal directo con Washington y que le pidieron al mediador Moritz Ackerman que escribiera una carta para el Embajador. Según el cable diplomático, la propuesta era que el Eln podía cooperar en la guerra antidrogas.
Desde comienzos de 2006, ya la embajada de Estados Unidos consideraba importantes los contactos con el Eln a través de prediálogos en La Habana, pues se estimaba en 4.000 el número de posibles desmovilizados, sin contar que el proceso iba a permitir presionar a las Farc, acabar con cientos de secuestros y legitimar el proceso de paz paralelo que entonces se llevaba con las autodefensas. Sin embargo, el cable de febrero de 2006, ya dejaba claro que el gobierno Uribe no era optimista y que a la Embajada le preocupaba que cualquier concesión adicional al Eln, tendrían que hacérsela a los ‘paras’.
Esa expectativa no era muy distinta a la que se tenía respecto al país. En el mismo cable ya se hablaba de la reelección de Uribe, lo cual era evaluado como cuatro años y medio más de alianza. Se celebraba el número de extradiciones y la guerra antidrogas, pero también se advertía sobre una tercera generación de "droguistas" en las fuerzas armadas ilegales, luego de los ideólogos originales y de los organizadores militares posteriores. Sobre las Farc, su visión era que se apreciaban débiles pero que iban a jugar con  el  intercambio humanitario, como en efecto  sucedió.
En el cable se admite que hay frustraciones colombianas en sus relaciones con Estados Unidos, entre otros aspectos, porque no reciben más blackhawks o no los dejan usar la extradición como instrumento de negociación con los paramilitares y los narcotraficantes. Y se incluye un comentario particular sobre la presión sin descanso a que tiene sometidos Uribe a los militares, advirtiendo que podía estar quemando a los uniformados o al menos creando una distancia entre ellos y el liderazgo civil.
2006 terminó con cables de octubre y diciembre, en los cuales, primero se informó que había tensiones entre Antonio García y el comisionado Luis Camilo Restrepo y que el Eln estaba listo para un cese al fuego y soltar secuestrados a cambio de asistencia del gobierno a los desplazados. Después se reportó que  el mediador  Moritz Ackerman había dicho que el Eln no iba  a suspender  contactos pero que lo hizo  porque estaba a la espera de ver qué tanto se debilitaba el gobierno con el escándalo de la parapolítica. Con el paso del tiempo, los acercamientos fracasaron.
23 de febrero de 2011
©el espectador

condenan a ex senador dávila

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Condenan a ex gobernador José Domingo Dávila por ‘parapolítica’. La Corte le impuso al exmandatario una pena de 90 meses de prisión por haber firmado el ‘Pacto de Chivolo’con paramilitares para ser elegido en 2001.

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Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador José Domingo Dávila Armenta a siete años y seis meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.
De igual forma, la Corte ordenó abrir investigación contra el político por su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar con el cual se alió. Además, deberá pagar 6.500 salarios mínimos, es decir, más de 3.400 millones de pesos.
La Corte comprobó que el ex gobernador estableció una alianza política con el Bloque Norte de las Auc al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para acceder a la Gobernación del Magdalena en el año 2001.
Tal alianza hizo parte del acuerdo conocido como ‘El Pacto de Chivolo’, suscrito en septiembre de 2000 por grupos paramilitares del Bloque Norte de las Auc con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento. Gracias a ese pacto, José Domingo Dávila, conocido como ’Chelo’, fue elegido gobernador, derrotando al otro aspirante, el ex diputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber establecido alianzas políticas con el paramilitarismo.
En diciembre del año pasado, Fiscalía y Procuraduría solicitaron al Alto Tribunal condenar a Dávila Armenta tras considerar que el político promovió la expansión del paramilitarismo en el departamento del Magdalena luego de haber sellado la alianza con ’Jorge 40’.
Dávila Armenta, ex gobernador de Magdalena para el periodo 2001-2003 y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
Por los mismos hechos, la justicia ya procesó y condenó a los ex senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los ex representantes a la Cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se acogió a sentencia anticipada y cooperó con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad sin cumplir la totalidad de la pena impuesta.
En un primer momento y de acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, se estableció que Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo, sellado el 28 de septiembre del 2000 y el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos, se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por alias ‘Jorge 40’.

Consecuencias del Pacto de Chivolo
En el Pacto de Chivolo se escogieron candidatos a la Asamblea del Magdalena, a concejos y alcaldías de 13 municipios. La mayoría de los asistentes firmaron el pacto y se comprometieron a respaldar la candidatura de José ‘Chelo’ Dávila a la Gobernación del Magdalena.
Entre los nombres que aparecen en el documento están los del entonces diputado Fernando Mozo Ortiz, ex miembro del Tribunal de Garantías del Partido Liberal en ese departamento; Ramón Prieto, entonces alcalde de Pivijay; y Franklin Lozano, alcalde de Zapayán.
También firmó el pacto Rodrigo Roncallo, Representante a la Cámara, actualmente investigado por parapolítica y quien resultara elegido en las elecciones de 2001 como alcalde de Tenerife. En 2006, Roncallo llegó a la Cámara de Representantes apoyado por el senador Jorge Luis Caballero, quien también es investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares del Magdalena.
En noviembre de 2008, la Fiscalía llamó a indagatoria por la firma del pacto a los ex alcaldes de Concordia, Pablo José Salas, Aníbal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, investigados por los presuntos delitos de peculado, interés indebido en celebración de contratos relacionados con los vínculos de Mujeres de la Provincia; también a los diputados a la Asamblea del Magdalena, Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, y al ex diputado Fernando Mozo, quien se encuentra prófugo, a quienes investiga por los cargos de concierto para delinquir.
23 de febrero de 2011
©verdad abierta