Mario Uribe Escobar: la caída de un cacique. Mario Uribe fue la mano derecha del expresidente Uribe desde que éste comenzó en la política. Juntos recorrieron un largo camino que los llevó a lo más alto de la política. Ahora tendrá que pasar siete años en la cárcel por aliarse con paramilitares. Perfil de la caída de un barón electoral.
Colombia. La sentencia contra Mario Uribe Escobar le pone punto final a una carrera política de más de 30 años en Antioquia. Atrás quedan sus gestas políticas que lo llevaron a convertirse en uno de los mayores caciques electorales del país. Hoy, con el sol a sus espaldas, vivirá su ocaso tras las rejas por disposición de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema lo encontró culpable de aliarse con paramilitares y ordenó que se le investigara por delitos de lesa humanidad, mientras se desempeñó como congresista y además ordenó el pago 1500 salarios mínimos vigentes.
Nacido en el municipio de Andes, Suroeste de Antioquia, el 12 de agosto de 1949, se vinculó desde muy joven a la rama judicial como juez civil gracias al título de abogado que le confirió la Universidad de Antioquia. Ejerció este cargo en las localidades de Salgar, un poblado vecino a su tierra natal, y en Medellín, entre 1973 y 1975. No obstante, lo que le atraía realmente era la política y en representación del Partido Liberal resultó elegido concejal de su pueblo en 1976, cargo que ejerció hasta 1982.
Uribe Escobar era un hombre de ambiciones políticas. Por ello decidió dar un salto hasta la Asamblea de Antioquia, resultando elegido como diputado en 1982. En la duma departamental estuvo hasta 1985, año en el cual sus aspiraciones se vieron fortalecidas con el surgimiento de un movimiento conocido como el Sector Democrático del Partido Liberal, liderado desde el Concejo de Medellín por su primo, Álvaro Uribe Vélez.
La sociedad política conformada por Uribe Escobar y Uribe Vélez fue tan exitosa electoralmente que al año siguiente se presentaron a las elecciones del Congreso, el primero como candidato a la Cámara de Representantes y el segundo al Senado. Ambos no sólo fueron elegidos, sino que en las elecciones siguientes, en 1990, fueron reelegidos.
Para esa época, se abrió paso la Asamblea Constituyente y tras la revocatoria del Congreso y la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, en el llamado a elecciones resultaron elegidos nuevamente. Se habían convirtieron en los rivales de barones electorales de la talla de Bernardo Guerra Serna y de Fabio Valencia Cossio.
Las relaciones entre Mario Uribe Escobar y Álvaro Uribe Vélez dieron un viraje político que reveló nuevamente el poder electoral que habían recaudado hasta ese momento: el primero aspiró al Senado en las elecciones de 1994 y el segundo se presentó como candidato a la Gobernación de Antioquia. Ambos resultaron elegidos y continuaron sus carreras siempre ligados, no sólo como familiares, sino como socios políticos.
Durante el periodo legislativo de 1994 a 1997, se revivió la extradición de colombianos requeridos por la justicia de otros países, la cual había sido prohibida por la Constitución de 1991. En los debates en el Congreso para modificar la Carta Política, Uribe Escobar fue uno de los legisladores que se opuso a este mecanismo judicial.
En esos años, investigadores judiciales lograron establecer través de interceptaciones telefónicas las relaciones de Uribe Escobar con un narcotraficante del Oriente antioqueño, llamado Pedro Pablo Uribe Henao. En una de esas conversaciones, le preguntó al congresista por el trámite legislativo. Él respondió: "pues se ha hecho mucho esfuerzo por eso Pedro, pero, pero eso parece inatajable".
Uno de los argumentos de Uribe Escobar era la calidad de la justicia colombiana. Así quedó expuesto en un artículo publicado por el diario El Tiempo el 9 de mayo de 1997: "Tenemos una fiscalía verraca, una Corte Suprema de Justicia de altísima calificación; una ley de extinción, un endurecimiento de penas, un Ejército y una Policía actuando. ¿Para qué entregar los colombianos a una justicia politizada? ¿Por qué no creer en lo nuestro y sí en las leyes norteamericanas?". Pese a tu insistencia, la extradición fue aprobada y entró en vigencia en diciembre de 1997.
Esa pelea perdida no minó su caudal electoral. Al contrario, le sirvió para repetir curul en el Senado en 1998. Además, su poder político le alcanzó para ser presidente de esa corporación pública entre los años 2000 y 2001.
Ya para esa época, el Sector Democrático no sólo había tenido Gobernador y Presidente del Senado, sino que, como se lee en la página web del movimiento Colombia Democrática, "avaló y eligió innumerables candidatos a concejos municipales y alcaldías; a juntas administradoras locales y diputados a las asambleas. Participó también en coalición en varios gobiernos departamentales y municipales de la ciudad de Medellín: tuvo representantes en secretarias de despacho, directores de institutos de todo nivel, embajadores, entre otros cargos".
Para las elecciones del 2002, Uribe Escobar se volvió a presentar a las elecciones para Senado. Y esta vez con un aliciente adicional: su primo era candidato presidencial. Y como lo ha venido demostrando la historia, ambos ganaron en sus aspiraciones políticas y continuaron su camino de triunfos electorales. En esas elecciones, el congresista obtuvo la más alta votación por los movimientos liberales en Antioquia, 107.099 votos, y se convirtió en uno de los mayores electores del país. Su carrera estaba en su punto más alto.
Para el año 2003, y por sugerencia de varios congresistas que estaban afiliados al Sector Democrático, le solicitaron al Consejo Nacional Electoral registrarse con el nombre de Colombia Democrática, lo cual posibilitaba la elección en todo el país de concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y representantes de juntas administradoras locales. Fue así como se creó una de las fuerzas políticas más representativas del país. En el año 2004, Uribe Escobar fue su primer presidente. Un triunfo más en su carrera por el poder.
En el 2006, y con un partido en su bolsillo, es reelegido nuevamente como Senador, esta vez con una votación de 66.407 votos, y nuevamente su primo también repite triunfo: es reelegido Presidente de la República. El apoyo de Uribe Escobar fue vital para sacar adelante la reforma constitucional que permitió en el país la reelección presidencial. Ambos volvieron a brillar en las urnas.
Parapolítica
Pero la trayectoria política fulgurante de Uribe Escobar encontraría un obstáculo que afectaría su carrera y se convertiría en la puerta de entrada al declive de su vida pública: sus presuntos nexos con grupos paramilitares del departamento de Córdoba.
Los señalamientos iniciales provinieron de un ex paramilitar llamado Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, quien declaró desde Quebec, Canadá, donde se encuentra exiliado, que Uribe Escobar se reunió dos veces con varios paramilitares, la primera vez a finales de 1998 en Sahagún, Córdoba, y al año siguiente en Caucasia, Antioquia. Según este testigo, en esas reuniones se discutió la compra de tierras a bajo precio para tener el control en esas regiones.
A los testimonios en su contra de alias ‘Pitirri’ se sumaron los del jefe paramilitar Salvare Mancuso, quien en varias oportunidades hizo referencia a los acercamientos con Uribe Escobar. La primera de ellas fue el 15 de mayo de 2007, cuando compareció en Medellín ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Allí declaró que el entonces candidato al Senado lo buscó para que le ayudara a conseguir votos en zonas de influencia de las Auc en Córdoba y Sucre. De acuerdo con este ex comandante, en dos encuentros estuvo la ex representante a la Cámara Eleonora Pineda, quien fue condenada por sus nexos con el paramilitarismo.
En una segunda cita judicial, Mancuso corroboró esa versión en septiembre de 2010, durante la etapa de juicio cuando desde una cárcel de Estados Unidos, el ex jefe del Bloque Norte, ratificó el apoyo político de la organización paramilitar a la campaña de Uribe Escobar en la campaña electoral de 2002. Según este ex jefe paramilitar, después de una supuesta reunión con el cacique político, le ordenó a sus subalternos que apoyaran esa candidatura en sus territorios de influencia armada.
La reunión entre el político y Mancuso, en la cual estuvo presente Pineda, se realizó en la finca La Capilla, en Tierralta, Córdoba. En ese encuentro, se habló de un acuerdo político entre ella y Mario Uribe Escobar para obtener votos en este departamento.
Después de la reunión, Mancuso aseguró que se comunicó con sus jefes militares y con líderes políticos de municipios como Puerto Libertador, Planeta Rica y Montelíbano para que "en nombre de las autodefensas" apoyaran la candidatura de Uribe al Senado: "Yo avalé ese acuerdo tácitamente, llamé al comandante del Alto San Jorge y le dije que fuera a apoyar a Mario Uribe en esos municipios".
Según Mancuso, al principio iba a apoyar el ex senador Miguel de la Espriella, también condenado por sus nexos con las Auc, como fórmula de Eleonora Pineda al Congreso, pero luego de la reunión de Tierralta "cambió de opinión" y prefirió ayudar a Uribe Escobar.
El proceso judicial en contra de Uribe Escobar comenzó en noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia escuchó los testimonios del ex paramilitar e inició una investigación en contra del ex congresista. Los detalles que iban apareciendo en el proceso llevaron al entonces Senador de la República a renunciar a su curul en octubre de 2007. Con esa decisión, su carrera política entraba en una especie de suspensión, a la espera de decisiones penales.
De manera paralela, su partido político, Colombia Democrática, afrontaba problemas serios, pues varios de sus integrantes, todos ellos congresistas electos, estaban siendo procesados por la misma causa: relación con grupos paramilitares. Todo ello presagiaba un final catastrófico como colectividad e insinuaban que las decisiones posteriores afectarían la carrera del primo de Álvaro Uribe Vélez.
La situación no era fácil para Uribe Escobar. El 26 de septiembre de 2007 la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria. Se trataba de establecer si realmente realizó acuerdos políticos para llegar de nuevo al Senado de la República en las elecciones del 2002. El ex congresista negó cualquier vínculo, pero los testimonios eran contundentes. Desde ese momento se presagiaba su detención. Y así fue.
Ramiro Marín, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, emitió orden de captura el 22 de abril de 2008, motivada por las investigaciones contra Uribe Escobar por el delito de concierto para delinquir. En un comunicado del ente investigador se precisó el alcance de la decisión: "es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias ’Pitirri’, en noviembre de 1998".
El desespero del otrora poderoso cacique político antioqueño lo llevó a solicitar, ese mismo día, asilo político en la sede de la embajada de Costa Rica en Bogotá con el fin de esquivar la orden de captura. El gobierno de ese país le negó la petición y ese mismo día, tuvo que abandonar la embajada y escoltado por decenas de miembros de la Fuerza Pública fue conducido a la cárcel La Picota.
El mismo día de la captura, su primo, el Presidente de la República, diría a través de un comunicado de prensa que "La medida de aseguramiento contra el senador Mario Uribe me duele. Y asumo este dolor con patriotismo, sin mengua en el cumplimiento de mis responsabilidades, con el interés único de proteger las instituciones, protección que además depende de los titulares de las otras ramas del poder público".
No obstante, la posición de neutralidad esbozada en ese comunicado se vería controvertido posteriormente cuando el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Julio Valencia Copete, denunciara en una entrevista realizada por la periodista Cecilia Orozco y publicada por el diario El Espectador el 13 de enero de 2008, que el mismo día que la Corte llamó a indagatoria a Mario Uribe, el Presidente de la República se comunicación telefónicamente con él desde la ciudad de Nueva York para exigirle explicaciones por la decisión judicial que afectaba a su primo.
La denuncia de Valencia Copete se convertiría en una querella judicial alrededor del caso que enturbiaría aún más las relaciones de Uribe Vélez con las altas cortes, pues el mandatario decidió presentar denuncia penal contra el magistrado, en ese entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de injuria y calumnia, pues consideró que el jurista faltaba a su verdad ya que, según el Jefe de Estado, el contenido de la llamada fue otro y no el que se había dado a conocer.
El caso daría un giro a favor del político antiqueño el 19 de agosto de 2008, cuando el entonces Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, tomo la decisión, en segunda instancia, de ordenar la excarcelación de Uribe Escobar sustentando la medida con un argumento simple: no había indicios fuertes en su contra para mantenerlo privado de la libertad. "Se encontró que la prueba para dictar la medida de aseguramiento no era suficiente, sin perjuicio de que si hay otras pruebas posteriores la decisión sea otra", explicó el funcionario. Pese a esa decisión, el ex Senador seguiría vinculado al proceso.
Tales argumentos molestaron al fiscal Ramiro Marín, quien días después renunció a su cargo. En carta al Fiscal General de la Nación manifestó su inconformidad por la decisión, pues había quedado en el ambiente una sombra de sospecha sobre su actuación con el fin de favorecer al procesado. Rechazando todo señalamiento, expresó: "aspiro a que en el futuro se llame la atención sobre los peligros que entraña la manipulación del contenido de las decisiones con fines poco ortodoxos, lo cual no constituye crítica, en cambio sí llena de oprobio la autonomía ética y funcional de los fiscales".
Hasta ese momento, el proceso lo había asumido la Fiscalía General de la Nación, pues ante la renuncia del ex congresista a su curul, la instancia de investigación indicada era esa. Pero cambios en la jurisprudencia colombiana llevaron a que la Corte Suprema de Justicia reasumiera a finales de septiembre de 2009 varios procesos contra políticos relacionados con grupos paramilitares, entre ellos el de Uribe Escobar, argumentando que el delito por el que se les acusaba guardaba relación con su función de congresista, así hubiesen renunciado a sus curules, argumento que en su momento no compartió la Procuraduría General de la Nación.
Una vez llegó el expediente a la Corte Suprema de Justicia y estudiarlo nuevamente, los jueces tomaron la decisión de emitir nuevamente una orden de captura contra Uribe Escobar, la cual se hizo efectiva en Medellín el 24 de febrero de 2010.
Durante la etapa de juicio, entre julio de 2010 y febrero de 2011, el ex senador negó cualquier tipo de vínculo con grupos paramilitares que delinquieron en el norte del país y aseguró que no hizo ningún tipo de acuerdo ni con paramilitares del Bloque Norte de las AUC ni con la ex congresista Eleonora Pineda. No obstante, admitió haberse reunido en una ocasión con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a mediados de 2002, con posterioridad a las elecciones de Congreso y meses antes a las elecciones para Presidente. El ex senador señaló que la reunión se dio cerca de Montería y de manera "sorpresiva", por iniciativa de Eleonora Pineda.
Según Uribe Escobar, en esa reunión, el ex jefe paramilitar le manifestó la intención que tenía de "utilizarlo" por sus vínculos familiares como enlace frente al entonces candidato a la Presidencia de la República, Álvaro Uribe Vélez. El ex congresista dijo que le respondió al ex paramilitar "de manera cortés", rechazando su propuesta.
"No pacté nada con Mancuso. Nunca celebré acuerdos de ninguna índole. La reunión fue inesperada… después de oírle su discurso, simplemente respondí de manera cortés que no era posible y que sin embargo en una situación tan difícil la paz era un objetivo plausible. De hecho, Salvatore dice expresamente que nunca hice gestión para ellos ni que él jamás pidió un voto para mí", reiteró Uribe Escobar ante los magistrados de la Corte.
Otro de los motivos que Uribe Escobar expuso para justificar su reunión con Mancuso fue que estaba adelantando gestiones de paz. Sin embargo, durante la etapa de juicio, el ex Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, aseveró que el ex congresista nunca recibió la autorización del gobierno para negociar y hacer contactos con grupos al margen de la ley.
Pese a la insistencia en negar su inocencia, la sentencia contra el ex senador antioqueño confirmó que Mario Uribe y los paramilitares se aliaron para lograr el poder político en lo que llamaron "estados liberados", tal y como se había precisado en la resolución de acusación emitida por el Alto Tribunal en febrero de 2010.
Para la Sala, "la alusión a la manera como operó el aparato paramilitar en sus orígenes, permite explicar mediante una visión de conjunto, la razón de ser de la gravedad del injusto que se atribuye al doctor Uribe Escobar, al pactar con Salvatore Mancuso, líder de esas fuerzas ilegales, la promoción de grupos armados al margen de la ley que inicialmente fueron concebidos como un medio de presión sobre pueblos enteros, pero que luego pretendieron asumir la condición de "actores" políticos, con el respaldo y auspicio de quienes ostentaban la condición de representantes del Estado".
La acusación de la Corte se centró en los resultados atípicos que tuvo Mario Uribe en Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica y Chinú. El análisis de las votaciones de 1998, 2002 y 2006 puso en evidencia el hecho de "cómo puede alguien (refiriéndose a Mario Uribe), quien quiera que sea, que no es de la región y que tiene una vinculación de otra especie más que política, obtener unos niveles de votación como nunca los había tenido y luego volver a sus cauces normales sin mayor explicación".
En Montelíbano, Uribe obtuvo en 1998 sólo ocho votos. En 2002 sacó 4.087 votos y en 2006, con 13 votos, volvió a sus niveles normales. O sea que en las elecciones de 2002 aumentó su caudal electoral 510 veces. Este comportamiento "atípico" se reproduce en los otros municipios, que para la época tenían una fuerte presencia paramilitar, con aumentos de votaciones entre 42 por ciento y 1200 por ciento.
Aunque Mario Uribe explicó el aumento de sus votaciones gracias a alianzas con políticos locales como Otto Bula y Mariano Cura Demoya, la Corte condenó el hecho que en las elecciones parlamentarias de 2006 tales resultados no se reprodujeron.
Para el Alto Tribunal, Uribe además tenía que saber que aliándose con Eleonora Pineda en la región de San Jorge se estaba juntado con alguien que tenía notorios nexos con Salvatore Mancuso. Según la Corte "no es improbable que Eleonora Pineda haya celebrado un compromiso electoral con Mario Uribe y que el mismo (compromiso) lo haya avalado Salvatore Mancuso".
La Corte añadió que Eleonora Pineda, como aliada de los ‘paras’, también tuvo resultados extraños en los municipios donde Mario Uribe aumentó de forma atípica su caudal electoral, lo que permite demostrar un acuerdo entre Mancuso y los dos políticos.
En conclusión la Corte explicó que "es altamente probable que Mario Uribe Escobar se hubiese reunido con Salvatore Mancuso no para hablar exclusivamente del proceso de paz, sino para delinear un apoyo en una zona especialmente conflictiva".
De esta manera estaría llegando a su fin la carrera del cacique electoral antioqueño, un ambicioso abogado que de juez civil municipal pasó a ser uno de los mayores electores del país. Con la decisión en su contra y a sus 61 años, ha comenzado el ocaso de su vida política, no en la tranquilidad de un retiro voluntario, sino en la incomodidad de una cárcel.
21 de febrero de 2011
©verdad abierta
[César Paredes] Colombia. Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir a siete años y seis meses de cárcel y a pagar 3.481 millones de pesos.
Colombia. La embajada de Estados Unidos manejaba la teoría, basada en sus informantes, de que la parapolítica en Sucre salió a la luz pública gracias a la muerte del paramilitar Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, y a la salida de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del magistrado Carlos Isaac Nader (hoy asesor de los Nule), quien habría bloqueado los procesos que tenían que ver con los políticos de su región.
Colombia.
Colombia. Ante la Corte Suprema de Justicia, el padre Francisco José de Roux, superior de los jesuitas en Colombia, y el coronel Julio César Prieto, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, dijeron que entre 2003 y 2005 el rumor generalizado en el Magdalena Medio era que "Convergencia Ciudadana tenía nexos con los paramilitares".
[Daniel Pacheco] Al día siguiente de las declaraciones de Juan Manuel Santos, en las que afirmó de nuevo que la despenalización de las drogas es "una alternativa que podemos discutir" la organización más importante de Estados Unidos para promover opciones a la guerra contra las drogas, Drug Policy Alliance (DPA), difundió un comunicado público inusual. Ethan Nadelmann, director de DPA, afirmó que "junto con la reciente declaración pública del presidente Obama acerca de la legitimidad del debate de la legalización de las drogas," las palabras del presidente de Colombia sugieren "que se está abriendo un debate global, esencial y sin precedentes, para una reforma significativa en las políticas de drogas".
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