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la guaca del tolima


Un escándalo ronda a 10 miembros del Ejército que fueron capturados por quedarse con al menos 500 millones de pesos que estaban encaletados en un campamento de las Farc en el Tolima. Para eliminar testigos, un soldado mató a un guerrillero.
Colombia. Según el reporte oficial del capitán Carlos Andrés Villamizar, el 2 de febrero de este año sus tropas realizaron una arriesgada operación contra el frente 21 de las Farc, muy cercano al jefe guerrillero Alfonso Cano, en el Cañón del Ambeima, en lo profundo del Tolima. Según el documento, esa madrugada, en medio del frío penetrante y después de 10 meses de trabajo de inteligencia con la ayuda de un informante, lograron llegar a un campamento que albergaba entre 45 y 50 guerrilleros. Pero cuando se descolgaron desde los helicópteros en vuelo estacionario, los militares solo hallaron munición, armas, minas antipersona, explosivos, un videobeam y un computador portátil. En la operación, que terminó al día siguiente, murieron tres guerrilleros, dos hombres y una mujer, y le salvaron la vida a un joven insurgente de 16 años.
Esta acción, tal como la describió su comandante, hubiera pasado inadvertida de no haber sido porque a los tres meses un soldado que participó en la misma denunció ante la Fiscalía el robo de un dinero encontrado en el sitio del bombardeo, donde había una caleta debajo de las camas de los guerrilleros con unos 500 millones de pesos en varias tulas. Aunque dijo no haberse quedado con plata, afirmó que en la operación algunos de los militares se la llevaron consigo tras el bombardeo. Ninguno de ellos reportó el hallazgo como material incautado en la operación.
El soldado que denunció el caso, quien, según las autoridades, sí recibió parte del dinero pero quedó inconforme con la repartición, decidió contarle la historia de la guaca del Tolima a la Fiscalía, que de inmediato abrió una investigación por el homicidio del guerrillero y por la apropiación del dinero.
La historia, de acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, fue en realidad así: tras el bombardeo al campamento guerrillero ese 2 de febrero, un cabo y un soldado descendieron de los helicópteros para registrar la zona. Los militares encontraron a un joven herido atrapado entre la maleza, a quien lograron salvarle la vida al hacerle curaciones.
Todo indica que en los dos días que permanecieron los militares en la vereda La Aurora del corregimiento La Marina, en Chaparral, un grupo de los 40 militares que estuvo en la zona halló encaletada la plata en efectivo. Según el informante que les ayudó a los militares a encontrar el campamento, esta provenía del pago que una empresa le había hecho a esta célula guerrillera por una extorsión, en enero de este año.
Además, el soldado que confesó dijo que de los tres guerrilleros muertos reportados, uno no murió en combate, pues un soldado lo remató tras quedar herido por el bombardeo. Según las investigaciones, cuando llegó el capitán Villamizar al lugar y ordenó barrer el área, se oyó un disparo. Era el del soldado que mató al guerrillero, quien ya se había rendido y solo tenía una leve herida. Cuando el capitán se enteró de lo sucedido, les dijo a sus hombres: "Una baja más", dando a entender que lo presentarían como muerto en combate. Según el soldado que declaró, a su compañero que apuntó contra el insurgente se le trabó el arma, pero luego logró impactar al guerrillero en el abdomen. Al parecer, este guerrillero habría sido testigo del robo de la guaca.
La investigación, encabezada por el CTI de la Fiscalía, pudo determinar que el capitán Villamizar, el teniente John Éimer Ospina, el sargento segundo Einar Dussán Rivera Calderón y siete soldados profesionales adscritos a la Brigada Sexta de Ibagué resultaron involucrados en el asesinato del guerrillero y en el robo de los 500 millones de pesos.
Tal como pudieron comprobar las autoridades, los militares encontraron en cada una de las tulas más o menos 50 millones de pesos en fajos de billetes de 50.000. Se sabe que el soldado que asesinó al guerrillero se quedó con la mayor cantidad (unos 50 millones) y que repartieron el resto casi al azar entre los 10. A unos les tocó de a 20 o 40 millones. Al resto, al parecer, le dieron 100.000 pesos a cada uno.
Terminada la operación, los militares regresaron a Ibagué para gastarse el dinero. Uno compró casa. Otro, un carro usado. A un soldado que no le tocó mucho le regalaron tres millones de pesos para que pagara la hipoteca de su casa. El resto se gastó el dinero en mujeres, trago y ropa.
Si bien el monto no se compara con la guaca de los 16 millones de dólares que más de 150 militares se encontraron en San Vicente del Caguán en 2003, ninguna de las dos historias tuvo un final feliz: mientras que varios de los militares de San Vicente recibieron penas de hasta 10 años de cárcel, los del Tolima están acusados de favorecimiento de homicidio en persona protegida, por la muerte del guerrillero (uno de ellos, el que disparó, está acusado de homicidio agravado), y de peculado, por quedarse con dineros que han debido ser reportados en la lista de incautación.
Tras un allanamiento del CTI al cuartel donde estaban los sospechosos, los 10 uniformados fueron capturados en la tarde del viernes pasado.
Como si fuera poco, se sabe que el soldado que disparó al guerrillero tiene encima otra investigación por el asesinato de un niño en Ibagué, ocurrido hace dos meses; también, que hay una investigación por la muerte de un familiar de los uniformados presuntamente relacionada con el hallazgo de la guaca, y que incluso las amenazas contra los militares involucrados con la caleta obligaron a las autoridades a darles protección especial a dos de ellos.
Sobre el caso, los mandos del Ejército han sido implacables. Según el comandante de la Sexta Brigada, coronel Julio César Prieto, se sancionará con todo el rigor a los militares que terminaron en este lío. "Habrá cero tolerancia en este caso, pero pedimos que se respete la presunción de inocencia", dijo el oficial a SEMANA, quien aseguró que ni por inteligencia técnica ni humana se sabía de la famosa caleta millonaria antes de la operación: "Nunca fuimos a buscar plata".
15 de noviembre de 2010
13 de noviembre de 2010
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confesiones del bloque calima


Así van las confesiones del Bloque Calima en Justicia y Paz. Con su jefe extraditado (HH) y cientos de ex paramilitares que aun no han sido postulados a Justicia y Paz, la investigación sobre los crímenes y el paso de las Autodefensas por Valle y Cauca ha sido lenta. No obstante, el proceso está tomando un nuevo impulso con más de 100 nuevos postulados.
Colombia. El 18 de diciembre de 2004, 564 hombres del Bloque Calima de las AUC dejaron las armas en la finca El Jardín, en el corregimiento Galicias de Bugalagrande, Valle. Desde ese momento, tanto sus víctimas como los habitantes de Cauca y Valle, han esperado para que se conozca la verdad de sus crímenes y se revele quiénes fueron las personas con las que se aliaron para delinquir.
No obstante, diferentes sectores han criticado el proceso de Justicia y Paz en Valle y Cauca, porque después de cinco años de entrada en vigencia la Ley 975, consideran que es poco lo que se ha avanzado en materia de verdad, justicia y reparación.
El proceso en esta región del país ha sido más lento que en otras partes, debido a que de todos los paramilitares que se desmovilizaron, muy pocos fueron postulados inicialmente al proceso de Justicia y Paz.
La desmovilización y la postulación son dos etapas diferentes. Del Bloque Calima se desmovilizaron 564 paramilitares, pero de ese total, sólo 28 fueron postulados a Justicia y Paz, y de esos 28, tan sólo 13 habían rendido versiones libres ante la Fiscalía para confesar sus crímenes y nexos con terceras personas.
Al momento de la desmovilización, el representante del grupo, en este caso Ever Veloza, alias ‘HH’, quien fue el jefe del Bloque Calima desde mediados de 2002, realizó la lista de personas a ser postuladas.
Pero en ese listado, el ex jefe paramilitar no incluyó a los paramilitares que fueron capturados antes de la desmovilización, por lo que gran parte de la verdad del Bloque Calima estaba por fuera del proceso de Justicia y Paz.
Además, ’HH’ dejó de ser reconocido por el gobierno como el representante del Bloque debido a su fuga en agosto de 2006, cuando ordenó que los jefes paramilitares tenían que recluirse en La Ceja, Antioquia. Posterior a su captura en abril de 2007, el ex jefe paramilitar no fue expulsado del proceso y rindió versiones libres en Medellín hasta ser extraditado en marzo de 2009 a Estados Unidos.
Como el Bloque se quedó sin un jefe que reconociera a los ex paramilitares, para que pudieran acceder a la postulación en Justicia y Paz, el número de nominados de este Bloque quedó limitado a los iniciales. Sin embargo, a través del decreto 4719 de 2008 que expidió el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, 103 ex paramilitares del Bloque Calima que estaban presos llegaron al proceso y rendirán versiones libres para confesar sus crímenes.
Dicho decreto establece que los miembros de grupos armados ilegales que se encuentren presos, y quieran hacer parte del proceso de Justicia y Paz, pueden solicitar su postulación de manera individual.
Se espera que con la llegada de estos nuevos ex paramilitares, la Fiscalía pueda ampliar la documentación de los hechos que ya había registrado, además de que confiesen nuevos crímenes y el apoyo que recibieron de terceras personas
Desde julio de este año, cinco de esos nuevos postulados iniciaron sus versiones libres, confesando crímenes en diferentes municipios de Valle y Cauca.
Otro problema para establecer la verdad de este Bloque es que con la extradición de su jefe por cargos de narcotráfico, también se fue la información de cientos de crímenes y nombres de personas que no fueron confesados. Desde que está en EE.UU. Veloza sólo ha aparecido en una ocasión ante la justicia colombiana, y lo hizo en una audiencia de formulación de cargos el 5 de mayo de este año.

Lo Que Ha Documentado la Fiscalía
Pese a tener pocos postulados rindiendo versión libre, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz ha documentado cientos de hechos cometidos por el Bloque Calima. En estas audiencias, los postulados han enunciado 380 hechos delictivos y han confesado 148.
La diferencia entre hechos enunciados y confesados consiste en que los primeros son mencionados por los ex paramilitares durante la primera etapa de las versiones, en las que por lo general no recuerdan el nombre de las víctimas ni la fecha de los hechos; y los segundos, son aceptados por ellos ante los familiares de las víctimas, luego de que la Fiscalía ha investigado los casos.
En las versiones libres, los primeros postulados enunciaron 23 masacres, aunque la Fiscalía ha documentado 73; también han sido enunciados 545 homicidios, 15 secuestros,  4 casos de violaciones, 25 casos de hurto, 14 casos de desplazamientos colectivos y 50 delitos de otra clase.
Hasta el momento, a cinco ex paramilitares del Bloque la Fiscalía les ha imputado casos. Ellos son Gian Carlos Gutiérrez Suárez, Jeins Puerta Flórez, Juvenal Álvarez Yépes, Robert Enrique Oviedo y Alberto Úsuga Gracián. En total, la Fiscalía ha imputado de este bloque ante un magistrado de control de garantías 64 homicidios, 86 desplazamientos forzados, 12 secuestros y cinco casos de concierto para delinquir.
Así mismo, ante Justicia y Paz también se han registrado 4.815 víctimas en el Valle, 3.368 en Cauca, 197 en Huila y 13 en Quindío. No obstante, estas cifras deben ser depuradas porque en algunos casos varias personas han reportado el mismo caso, o éste fue cometido por un grupo armado diferente al Bloque Calima.
La Fiscalía, junto con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y demás entidades que intervienen en el proceso de Justicia y Paz, también ha realizado varias jornadas de atención de víctimas para obtener información de primera mano sobre los hechos que investiga y para que las víctimas sean asesoradas en el proceso. Pese a las dificultades de logística, seguridad y el temor de las víctimas para contar su verdad, se han realizado cinco jornadas de este tipo en este año y en las últimas fueron escuchados sobrevivientes de las masacres de El Naya, en Timba, Cauca, y de Alaslaka, en Yumbo, Valle.
Además, la Fiscalía ha documentado por medio de las versiones libres y de investigaciones judiciales cómo fue la llegada del Bloque Calima al Valle, cómo se organizó, cómo se expandió a departamentos vecinos y cómo delinquió.
15 de noviembre de 2010
12 de noviembre de 2010
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lo que gonzalo tiene que aclarar


Lo que alias ‘Gonzalo’ tiene que aclarar. El jefe político de ’Jorge 40’ reapareció señalando varios políticos y empresarios que supuestamente tuvieron nexos con los ’paras’ y ’Jorge 40’, pero todo lo que dijo no ha sido investigado y muchos se preguntan qué busca después de tantos años de silencio.
Colombia. El capítulo de la paraeconomía del Bloque Norte y la influencia que ’Jorge 40’ ejerció sobre los gobiernos de Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira, Bolívar y Sucre, puede ser aclarado por Carlos Mario García, quien se desempeñó como responsable político durante varios años.   
 Las declaraciones dadas por el exjefe político del Bloque Norte de las autodefensas, Carlos Mario García Ávila, conocido con los alias de ‘Gonzalo’ y el ‘Médico’, no sólo revivieron un proceso que parecía cerrado, ha dejado grandes interrogantes acerca de las intenciones que tuvo al conceder la entrevista publicada en El Espectador, y también, sin duda alguna, abrió la puerta para explorar nuevos hechos y responsables de conductas hasta ahora no mencionadas en el proceso de Justicia y Paz en lo relacionado con la paraeconomía y la parapolítica.
En primer lugar, mencionó los nombres de exsenadores y exrepresentantes, como Zulema Jattín Corrales, Julio Manzur Abdala, Jorge Visbal, Jorge Caballero, Vicente Blel, Javier Cáceres, Alvaro García Romero, Eric Morris Taboada, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso De la Espriella, Mauricio Pimiento, Lidio García Turbay, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Jorge Castro, Diebb Maloof, Salomón Saade, José Gamarra, algunos condenados y otros en etapa de juicio. Es decir, son todos conocidos y algunos han aceptado su responsabilidad en hechos de público conocimiento.
También habló de los exgobernadores Trino Luna Correa de Magdalena y Jorge Anaya de Sucre, condenados ambos; y de los exalcaldes de Soledad Alfredo Arraut Varelo y Rosa Estela Ibañez, ambos detenidos; del exalcalde de Malambo, Robín Hernández Casado, y del actual alcalde de Campo de la Cruz, Carlos Gutiérrez, quien estuvo detenido acusado de pertenecer a la banda de los 40, pero el proceso fue precluido a su favor sin que fuera apelado.
Sin embargo, habiendo sido ‘Gonzalo’ el comandante político del Frente José Pablo Díaz, vuelve a poner el nombre de este alcalde en discusión, en particular si se trata de hechos no relacionados con aquellos por los cuales había sido acusado. Lo mismo ocurre con Robín Hernández, quien fue alcalde de Malambo con el apoyo de las AUC, según apuntes de la libreta de Don Antonio, pero contra Hernández no se han abierto investigaciones y en las pasadas elecciones aspiró al senado.
Además dijo que mientras ellos buscaban a los políticos para que apoyaran el proceso paramilitar, en Atlántico los políticos los buscaron a ellos. Sin embargo, en este departamento es donde menos se ha sentido la parapolítica, pues sólo afectó al exsenador Dieb Maloof y a los alcaldes de algunos municipios, pero ni a los congresistas, ni a los concejales de Barranquilla, ni los diputados del departamento resultaron afectados por este fenómeno.
Alias ‘Gonzalo’ también mencionó los nombres de dos de los más connotados senadores actuales, José David Name Cardozo, quien expidió un comunicado el día lunes rechazando cualquier relación con los paramilitares, entre otras razones porque él estaba fuera del país entre los años 1999 y 2004, cuando se desempeñó como cónsul en Nueva York, y al actual presidente del Senado Armando Benedetti Villaneda, quien también ha rechazado lo dicho por el exparamilitar. A Benedetti  lo han mencionado otros desmovilizados, pero en la Corte Suprema no han encontrado méritos para llamarlo a juicio hasta el momento.
En el caso de Name lo que se puede suponer es que confunde a José David con su tío David Name, que era socio de Métodos y Sistemas, empresa encargada del recaudo tributario, la cual habría estado sometida por Jorge 40 durante algunos meses, relación que explicaremos más adelante. El propio Name Cardoso dijo que nunca se conoció con ’Gonzalo’ porque para la época de los hechos era cónsul de Colombia en Nueva York.
Finalmente, entre los mencionados están el exrepresentante Jorge Gerleín Echeverría, quien se encuentra enfermo desde hace varios meses, y el exsenador Mario Varón Olarte, ambos conservadores, hasta ahora no mencionados en ningún proceso conocido.  
 
Jorge 40 y Barranquilla
Un capítulo nuevo, no porque no se hayan publicado con anterioridad artículos de prensa, es el de la relación que existió entre los paramilitares y la alcaldía de Barranquilla en el periodo 2004 – 2007, cuando el alcalde fue Guillermo Hoenigsberg Bornacelly. La autoridad de Carlos Mario como testigo de hechos inéditos hasta ahora, sería fundamental para aclarar informaciones con base en declaraciones del exalcalde Bernardo Hoyos y en procesos contra algunos paramilitares. Aunque no se ha dicho mucho en relación con el Distrito, sí se han mencionado algunos hechos que pudieron haber ocurrido en ese periodo.
El primero y quizá el más grave que habría dado lugar a una relación estrecha, tuvo que ver con la financiación de la campaña de Hoenigsberg a la alcaldía y que de acuerdo con declaraciones del exalcalde Bernardo Hoyos Montoya, mentor de Hoenigsberg, provino de las autodefensas quienes habrían entregado 2.500 millones de pesos a la campaña a través de un prestamista de nombre Fredy Padilla (homónimo del general Padilla de León). Dicho préstamo fue garantizado por Eduardo Losada Manotas con un lote ubicado a orillas del río Magdalena.
Para esa fecha Manotas era el socio mayoritario y representante legal de la firma Métodos y Sistemas. El socio minoritario (10%), era David Name Terán, tío del senador José David Name Cardozo. Fredy Padilla, el prestamista, de acuerdo con algunas fuentes consultadas por Verdadabierta, fue presentado a los financistas de la campaña de Hoenigsberg por el empresario David Name. ¿Quién le iba a pagar a Losada los 2.500 millones de pesos? ¿El distrito, con contratos o Losada garantizándole que la concesión del recaudo tributario tendría estabilidad jurídica?
Lo que tendría que aclarar Carlos Mario García Ávila, alias ‘El Médico’ o ‘Gonzalo’ es, habiendo sido la mano derecha de ‘Jorge 40’ y de ‘Don Antonio’ en el manejo político del Bloque Norte, tal y como consta en muchos procesos en los que se le menciona y como él mismo lo reconoce, por qué Eduardo Losada resultó siendo el garante del préstamo y por qué Jorge 40, según afirmó el padre Hoyos a SEMANA, dijo que él no dejaría esa muerte impune y que los presuntos responsables habrían sido personas interesadas en los grandes contratos en la alcaldía de Barranquilla. Jorge 40 habría dicho también, en reunión que sostuvo en Ralito con el exalcalde Bernardo Hoyos, que él no estaba dispuesto a dejar perder los 2.500 millones de pesos aportados a la campaña del exalcalde.
Eso ocurrió en 2004, año en el que fue asesinado Eduardo Losada. El día del asesinato, sostuvo el exalcalde Hoyos a SEMANA en 2007, Losada estaba reunido en las oficinas de Métodos y Sistemas con David Name y con Carlos Mario García Ávila, alias ‘Gonzalo’ y alguien más cuya identidad se desconoce. ¿Quién era y de qué hablaron?  ¿Quiénes son los contratistas que estaban interesados en los contratos de una ciudad para entonces completamente concesionada? Meses después, en octubre de 2004, cometieron el atentado contra José Manuel Daes, a quien en la ciudad apodan ‘El Yuyo’ y uno de los sicarios fue alias ‘El Sayayín’, miembro del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte. ¿Quién ordenó el atentado contra Daes? ¿Fue el Bloque Norte, la orden la dio Rodrigo Tovar como retaliación por el asesinato de Losada de quien decía era su amigo? Asesinar a Losada por un préstamo no tendría sentido, pues el lote podía costar en ese momento cuatro veces el valor prestado.
Lo cierto es que posterior a la muerte de Losada las acciones de Métodos y Sistemas pasaron a manos de dos sociedades panameñas, una denominada Scriven Overseas y la otra Database. En manos de esta última sociedad quedó el 60 por ciento de la firma encargada del recaudo de los impuestos en Barranquilla. El 40 por ciento restante se encontraban en manos de la viuda de Losada y del empresario David Name Terán (10%). En diálogo con SEMANA, David Name afirmó que la firma panameña Database tenía en su poder el 60 por ciento de las acciones, porque no habían podido pagarle el suministro de un software.
El representante legal de Database en Panamá era, Luis Hernando Silva Nupia, quien a la vez era subgerente de Métodos y Sistemas en Barranquilla y estaba casado con una prima hermana de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En el año 2007 M&S tenía más de cuatro años de estar operando mientras que Database tenía unos meses de haber sido creada y no tenía domicilio, algo realmente sospechoso para una empresa cuya principal actividad es el suministro de programas de contabilidad y manejo de bases de datos.
’Gonzalo’ debe aclarar estos hechos, pues si estaba tan cerca de Jorge 40 y de don Antonio, debe saber quién ordenó el asesinato de Losada y por qué; así como, quién ordenó el atentado contra ‘Yuyo’ Daes. ¿Si fue por los contratos de Barranquilla, como él dice, o si fueron esos empresarios que estaban detrás de los contratos?
Don Antonio no ha dicho nada sobre estos temas, siempre se ha escudado en que él era el encargado de la parte política y alias ‘Gonzalo’ el que manejaba las relaciones políticas. En ese sentido, cuál era el rol de José Pérez Orozco, exsecretario de Planeación de la administración de Hoenigsberg, a quien menciona como una persona con una estrecha relación con el grupo armado en Atlántico y si es cierto o no, como lo afirmó el exalcalde Hoyos, Hoenigsberg se reunía en las oficinas de Métodos & Sistemas?
Otra relación que deberá aclarar, bien sea ‘Gonzalo’, don ‘Antonio’, o el exalcalde Hoenigsberg, es por qué los senadores del Cesar, Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo tenían cuotas políticas en el gabinete distrital. También tenía un cargo la esposa del exsenador Dieb Maloof, Fadia Habib Posada, quien se desempeñó durante más de dos años como secretaria de Seguridad del Distrito de Barranquilla.
Cuando había que ‘apretar’ a los alcaldes para que cumplieran los compromisos, ‘Gonzalo’ los llevaba adonde Don Antonio. Como le ocurrió a Rosa Stella Ibañez, exalcaldesa de Soledad, a quien Carlos Mario llevó a un apartamento en El Rodadero de propiedad del exrepresentante del Magdalena Pedro Peñalosa, para que explicara por qué le había incumplido a la ‘empresa’ en los porcentajes que tenía que hacer por concepto de la contratación.
Es decir, que la relación entre ‘don Antonio’ y ‘Gonzalo’ era absolutamente interdependiente: el trabajo político y el trabajo militar se complementaba y como consecuencia, lo que hacían el uno y el otro derivaba en economía para lo que ellos denominaban ‘la empresa’.
En las declaraciones entregadas a El Espectador el pasado domingo menciona a los contratistas Manuel Otero, Tarcisio Gómez, Juan Pablo González, Javier Hadad Cure, Pedro Manuel Alí y los hermanos Alvaro y Miguel Cotes, conocidos estos últimos como ‘los Conejos’. Estos contratistas son de distintas ciudades y departamentos en la costa, lo que probaría que efectivamente alias ‘Gonzalo’ tenía relaciones políticas en varios departamentos.
Manuel Otero es de Córdoba y era uno de los principales constructores de viviendas de interés social en ese departamento y en Sucre, las cuales tuvieron problemas de financiación, de calidad y de cumplimiento en la entrega de las viviendas contratadas.
Juan Pablo González y Javier Hadad Cure, tienen el asiento principal de sus negocios en Barranquilla. El primero es socio de una firma con más de 40 años en la capital del Atlántico y su padre, un prominente ingeniero, fue miembro del Grupo de Barranquilla. La firma de los hermanos González Ripoll concursa con éxito en licitaciones públicas en la región. Por su parte, Javier Hadad Cure, fundó su empresa H&H Arquitectura en 1997 y es uno de los contratistas más exitosos de la ciudad, al punto que al terminar la administración Hoenigsberg el distrito le debía por la canalización de arroyos la suma de 3.320 millones de pesos.
Hoy en día es socio de algunos contratos que tenían los Nule y es uno de los principales contratistas del distrito y del departamento, pero participa por su cuenta y con mucho éxito, en licitaciones en otras ciudades de la costa y del interior.
También se refirió a los hermanos Cotes, muy conocidos en Santa Marta, cuñados del exalcalde de esa ciudad José Francisco Zuñiga, actualmente preso por haber sido elegido con el apoyo de los paramilitares.
Los hermanos Cotes tenían interés en el manejo de las basuras en Santa Marta y se enfrentaron a William Vélez, el zar de las concesiones. Alias Gonzalo menciona que la concesión Ciénaga – Santa Marta fue entregada a alguien cercano al grupo armado.
Esa doble calzada se encuentra en construcción en este momento, fue adjudicada a la firma Equipos Universal, de la familia Navarro, que también son concesionarios de la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena, en la que tienen como socio a David Name Terán.
Equipos Universal es una de las principales empresas contratistas en Barranquilla, participan también en muchas licitaciones en consorcios y uniones temporales en todo el país, y son conocidos por su cumplimiento. Alias ‘Gonzalo’ tendrá que explicar en detalle cuál fue realmente la relación que sostuvo con estas empresas que no fueron creadas bajo la sombrilla de los paramilitares, sino que tienen una larga historia.
Finalmente, los dos últimos contratistas, Tarcisio Gómez y Pedro Manuel Ali, también tienen líos judiciales. El primero, según afirmó alias don ‘Antonio en indagatoria el 29 de enero de 2007 ante la fiscal Quinta de Derechos Humanos, Amparo Cerón, se lo presentó el mismo Gonzalo como un contratista del departamento del Atlántico y fue procesado y condenado por varios contratos para la construcción de colegios celebrados en Soledad durante la administración de Rosa Stella Ibañez, era el representante de la cooperativa Coonalde.
Mientras que Alí es un rico ganadero de Magangué, quien manejaba importantes contratos con ese municipio y el departamento de Bolívar. Llegó a ser alcalde encargado y Gerente del Sur del departamento, un cargo creado para atender asuntos de la Depresión Momposina y de la Mojana bolivarense, muy distantes de la capital Cartagena.
Una certeza manifestada por quienes opinaron en la página de El Espectador, identificado como A. Pedregales, es que a ‘Gonzalo’ le habrían pagado hace algunos meses dinero en las oficinas de un prestigioso empresario de Barranquilla para que no mencionara en sus declaraciones a exrepresentantes, exsenadores y políticos que habrían entregado entre 55 y 200 millones de pesos.
Es cierto que alias ‘Gonzalo’ intentó hacer un puente con varios medios en el 2009, y al parecer utilizaba esos acercamientos para amenazar. Este mismo navegante que se identifica como Pedregales le pide a ‘Gonzalo’ que diga a quiénes tiene vacunados; es decir, aquellos que le están pagando para que no los mencione y que se paren firme porque cuando empiecen a hablar ‘Salomón’, ‘Jorge 40’ y ‘Mancuso’, se sabrá entonces la verdad que, hasta ahora, se conoce en los corrillos y las que han llegado a los procesos judiciales.
Sin duda alias ‘Gonzalo’ conoce en detalle que fue lo ocurrió en los años 2002 y 2006, y no es con destellos repentinos, con declaraciones fragmentadas, es como podrá obtener algún beneficio en Justicia y Paz.
Durante los últimos cuatro años docenas de paramilitares del Bloque Norte han contado su versión, pero siempre queda la sensación de que las verdades que están contando les falta algo y García Ávila, conocido como el ‘Médico’, el responsable  de las relaciones políticas, tiene mucho que decir. De lo contrario quedará la duda si estas apariciones tienen la intención de revolver el agua para asustar y extorsionar a quienes en algún momento tuvieron algo que ver con los grupos armados.
15 de noviembre de 2010
13 de noviembre de 2010
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los arrepentidos del das


Los principales protagonistas del espionaje ilegal del DAS no solo han pedido perdón por sus delitos, sino que todos han confesado su participación en los escandalosos hechos del organismo de inteligencia.
Jorge Lagos, el ex jefe de Contrainteligencia del DAS aceptó su responsabilidad en el espionaje ilegal contra integrantes de la Corte Suprema, políticos de oposición y periodistas. Reconoció ante la Fiscalía que siguió órdenes de la dirección del DAS y la Presidencia para seguir y participar en campañas de desprestigio. Se acogió a sentencia anticipada y fue condenado a ocho años de prisión. Será testigo clave de la Fiscalía en varios juicios por el caso DAS.
"Deseo manifestar que no existió razón legal ni motivo de inteligencia alguno para que contra la Corte Suprema de Justicia se adelantaran las investigaciones y seguimientos que se llevaron a cabo. Debo decir que el objeto de esas investigaciones era desacreditar a esa Corte. Deseo comunicar a todos y a Dios mi deseo de pedir perdón a las instituciones afectadas. Quiero dar mis más sinceras disculpas a Piedad Córdoba, a Gustavo Petro y a los magistrados de la Corte afectados".  
 
Fernando Tabares
El ex director de Inteligencia del DAS aceptó que participó en varias reuniones con altos funcionarios de la Casa de Nariño, quienes le dijeron que por orden del Presidente había que realizar labores de espionaje y descrédito contra magistrados y políticos de oposición. Tabares también dijo a la Fiscalía que, siguiendo instrucciones de la directora del organismo de inteligencia, filtró información para atacar a miembros de la Corte y reconoció que infiltraron a una detective en esa corporación para grabar y espiar a los magistrados. Se acogió a sentencia anticipada y fue condenado a ocho años de prisión. Será testigo de la Fiscalía en varios juicios por el caso DAS.
"Se hicieron seguimientos sin razón legal con el único propósito de desacreditarlos (a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia). Manifiesto mi arrepentimiento por esas actuaciones ilegales. Después de analizar todos los hechos relacionados, me llevan a concluir que la intención de filtrar no era otra que afectar y desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia".
"Es importante aclarar que el flujo de información de la misma, relacionada con los dos temas (Corte Suprema y Piedad Córdoba) tenía como único destinatario el alto gobierno… Esto se unió con el requerimiento inicial de información sobre la Corte Suprema de Justicia que hiciera el doctor Bernardo Moreno, y es así como la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS informa sobre la existencia de una fuente en dicha corporación a través de la cual se recibía información que era analizada y entregada a la directora general con destino a la Casa de Nariño".

Germán Ospina
Ex coordinador del grupo Goni. Su testimonio y las contundentes pruebas que aportó le permitieron acceder al beneficio del principio de oportunidad de la Fiscalía. Reconoció ante la justicia que se crearon grupos dentro del DAS, bajo su supervisión, por medio de los cuales se efectuaron seguimientos y campañas para espiar y atacar a magistrados, políticos y periodistas. Será testigo en varios de los juicios.
"Estas informaciones siempre fueron canalizadas por mí al subdirector de Contrainteligencia de la época, capitán Lagos, y por la retroalimentación que yo obtenía de él, porque me llenaba de orgullo, así como a mi equipo de trabajo, porque esta iba con destino a la Presidencia de la República… Durante las verificaciones que se realizaron en el transcurso de esa misión de trabajo hubo momentos de mucha tensión y presión de la alta dirección... me informaba que necesitábamos obtener el mayor cúmulo de información porque desde la Presidencia estaban requiriendo resultados inmediatos".
"Quiero pedirles perdón a mi esposa y a mis hijos por los bochornosos hechos en los que me he involucrado derivados de mis actuaciones en el DAS que siempre creí que eran legales, específicamente las relacionadas con los honorables magistrados de la Corte Suprema. También pedir perdón a los magistrados de la Corte y a todos los funcionarios honestos del DAS, que han sido señalados por el alto gobierno y la sociedad como una empresa criminal".

Alba Luz Flórez Gélvez
Fue la ex detective del DAS encargada de infiltrar a la Corte Suprema de Justicia. Armó una red de espías dentro de esa corporación con la cual consiguió grabar las sesiones privadas de los magistrados y sustraer expedientes claves. La Fiscalía le otorgó principio de oportunidad y será testigo en los juicios.
"El CD que entregué contiene informes de inteligencia producto de los expedientes, comentarios, grabaciones y también las grabaciones como tal que se realizaron en la Sala Plena de la Corte y en el noveno piso, donde se recibían las declaraciones de los testigos. (…) La señora María del Pilar Hurtado se sentía muy feliz por nuestra labor, había ordenado una felicitación para el grupo, en especial para el agente de control, que soy yo (…) Para convencerlos, yo les decía que esto era para Presidencia, que por encima de cualquiera nuestro jefe era el Presidente".

Gustavo Sierra
El ex subdirector de Análisis del DAS está esperando que con su confesión la Fiscalía le otorgue el principio de oportunidad, con lo cual será testigo en varios juicios. Reconoció que participó en el espionaje contra la Corte, así como en la infiltración a esa institución por medio de una detective infiltrada. Personalmente fue a la Casa de Nariño para entregar grabaciones clandestinas de los magistrados, así como otra información ilegalmente recolectada por el DAS.
"Toda la inteligencia política que llevaba a cabo el DAS era enviada a Bernardo Moreno, no solo de la oposición sino toda en general, porque, según los directores del DAS, a él le interesaba tener un control político de todo lo que pasara en el país".
 "Bajé a donde la directora y le manifesté que la Subdirección de Fuentes Humanas estaba grabando las sesiones plenarias de la Corte y le pregunté si ella sabía, y que si esas grabaciones las estaban haciendo con orden judicial. Ella me respondió que iban a hablar con William Romero y me ordenó que le presentara el resumen y un audio de esas grabaciones y que se lo llevara el domingo al apartamento, en horas de la tarde. Yo le dije que le acataba la orden, pero que partía de la buena fe que esas grabaciones las habían obtenido con orden judicial. La doctora María del Pilar nos atendió en el sofá de su oficina y le preguntó al funcionario Eric cuánto llevaba en el DAS, y lo felicitó por la labor que estaba cumpliendo. Entonces le entregamos el resumen y el audio, y ella manifestó que se los iba a mostrar al gobierno".

William Romero
El ex subdirector de Fuentes del DAS coordinó la operación ilegal que incluyó infiltrar una detective en la Corte Suprema de Justicia y reclutar fuentes en esa institución que grabaron ilegalmente las sesiones privadas de los magistrados. Ha dicho que esas grabaciones ilegales eran autorizadas por la directora del DAS y conocidas por el propio Presidente de la República. Entregó tres cajas con decenas de videos, audios y documentos de seguimientos ilegales efectuados durante varios años. Está a la espera de que la Fiscalía decida si le otorga el principio de oportunidad.
"Con lo que yo leí en algunos de los documentos que están en las cajas que entregué puedo decir que son pruebas contundentes… Dos carpetas tienen la recolección de información sobre la Corte, que constan de 152 folios, incluidos expedientes y los abonados telefónicos de los magistrados. No lo entregué antes porque tenía miedo, pero he decidido dejar el miedo y colaborar con la justicia".

Martha Leal
La ex subdirectora de Operaciones confesó haber seguido instrucciones para participar en un montaje contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez. También aceptó que con el fin de buscar información para atacar y desprestigiar a varios magistrados siguió instrucciones de la directora del DAS y se reunió con paramilitares. Por su confesión y colaboración, la Fiscalía le concedió el principio de oportunidad y será uno de los testigos más importantes con los que contará la Fiscalía en los juicios contra los ex directores del DAS y funcionarios de la Casa de Nariño.
"No tuve claridad de saber históricamente cuál es el problema que existe de fondo entre el presidente Uribe y la Corte y, por el contrario, y debo decirlo con tristeza, creo que yo y la institución terminamos siendo utilizados en esta lamentable circunstancia por ser el organismo de inteligencia del Estado, pero nunca porque me asistiera algún interés personal de adelantar una labor que pudiera afectar a los señores magistrados… sentí un deber moral personal con la sociedad y el mismo DAS de decir la verdad, porque considero que la verdad es el camino para resarcir las faltas y para tender puentes que permitan un día componer las relaciones que hoy se encuentran tan afectadas entre las mismas entidades del Estado".
15 de noviembre de 2010
14 de noviembre de 2010
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denuncias sepultan a uribe


Uribe vive complicado momento tras reveses y denuncias en su contra. El ex presidente de Colombia enfrenta en varios países demandas judiciales por casos de derechos humanos.
[Alejandro Tapia C.] Colombia. Desde que dejó la Casa de Nariño y le entregó la Presidencia a su "delfín" Juan Manuel Santos, en agosto pasado, hace 100 días, Álvaro Uribe se ha refugiado en el deporte, además de su habitual afición por el yoga. También ha mostrado su lado familiar al afirmar que sueña con ser abuelo. Al mismo tiempo, se ha descargado a través de su cuenta en Twitter y ha dedicado parte importante de su tiempo a las clases que imparte en la Universidad de Georgetown, en EE.UU. Pero hace algunos días su rutina se vio interrumpida cuando una estudiante le lanzó un papel que contenía una citación a declarar como testigo en un caso relacionado con paramilitares. El hecho puso en evidencia el complicado momento de Uribe, quien ha aparecido en distintos procesos en varios países.
El ex jefe de Estado de Colombia está siendo acusado en Estados Unidos por un grupo de familiares de 111 personas asesinadas por paramilitares en Colombia. Este grupo presentó una demanda civil contra la carbonera Drummond, que supuestamente apoyó a paramilitares a partir de 2001. Los acusadores sostienen que Uribe tenía "conocimiento directo en este caso". Por otro lado, una ONG demandó a Uribe por presuntas violaciones a los DD.HH. ante tribunales europeos. Además, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió la demanda que la Procuraduría de Ecuador puso en contra de Colombia por la muerte de Franklin Aisalla durante el bombardeo al campamento de las Farc, donde murió Raúl Reyes, en Ecuador.
Como si fuera poco, Uribe enfrenta también duras acusaciones en un caso de supuesto espionaje a jueces, periodistas y opositores en su país. Según la revista colombiana Semana, "como testigo o inculpado, el nombre de Uribe aparece en procesos en otros países. Aunque es poco probable que prosperen, el bochorno es inevitable". "Ahora se multiplicarán las denuncias en su contra, tanto a nivel interno como externo, y su imagen se verá tan afectada o fortalecida como siempre", dijo a La Tercera el analista político colombiano Vicente Torrijos.
En medio de este clima, Uribe decidió esta semana romper su silencio y dio su primera entrevista a la cadena venezolana Globovisión, conocida por su fuerte oposición a Hugo Chávez, con quien el ex mandatario colombiano llegó incluso a romper relaciones. En la entrevista no sólo desmintió todas las acusaciones en su contra, sino que también habló sobre su relación con Santos, que la prensa colombiana sostiene que es tensa. Ello, debido al estilo pragmático del nuevo presidente, quien, además, se ha alejado de varias de las políticas de su antecesor, llegando incluso a decir que Chávez es su "nuevo mejor amigo". Uribe descartó calificar al actual gobierno como una continuidad del suyo y evitó eludir directamente a Chávez. Sin embargo, no fue casual el hecho de que el ex mandatario eligiera Globovisión para la entrevista.
"La imagen de Álvaro Uribe siempre ha sido ambivalente. Desde los 90, como gobernador de Antioquia, y luego como candidato presidencial o presidente, siempre ha sido señalado por sus detractores como ’promotor del paramilitarismo’ y por sus seguidores como ’libertador de la patria frente al terrorismo’. Por eso, es apenas natural que como ex presidente, la tendencia continúe, más aún si se sabe que, lejos de retirarse, proseguirá en la lucha política", concluyó Torrijos.

¿Alcalde de Bogotá?
En las últimas semanas, tanto la prensa de Colombia como los círculos políticos de ese país no han dejado de comentar la posibilidad de que Alvaro Uribe postule a la alcaldía de Bogotá en 2011. Si bien el ex presidente ha dicho que todavía es temprano para regresar a la política activa, los medios locales han publicado varias encuestas en las que Uribe aparece como amplio favorito como eventual candidato a alcalde de la capital. El más reciente sondeo le dio a Uribe una intención de voto de 43%, seguido por el ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial del Partido Verde, Antanas Mockus, quien posee apenas un 16% de respaldo. Los analistas afirman que Bogotá es vista como un foco de corrupción, algo propicio para que Uribe despliegue nuevamente su "imagen mesiánica" de "liberador".
14 de noviembre de 2010
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paramilitar confiesa masacre


Ex paramilitar acepta responsabilidad en masacre de El Placer. Uno de los ex paramilitares del frente Sur del Putumayo aceptó su responsabilidad en la masacre cometida el 7 de noviembre de 1999, con diecisiete asesinados.
Colombia. Jorge Iván Betancour aceptó ante un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que participó en la masacre de El Placer, corregimiento de San Miguel (Putumayo), ocurrida el 7 de noviembre de 1999.
Según la Fiscalía, el ex paramilitar reconoció su responsabilidad en el múltiple crimen para recibir sentencia anticipada. Betancour fue integrante del frente Sur del Putumayo, que delinquió en el Putumayo primero a cargo de los hermanos Carlos y Vicente Castaño y luego de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, del Bloque Central Bolívar.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, la masacre de El Placer fue cometida el 7 de noviembre de 1999, el día en el que el frente tuvo su ‘bautizo de fuego’ tras sostener combates con la guerrilla para tomarse los pueblos de La Dorada y El Placer.  Ese día, los paramilitares asesinaron en El Placer a 11 personas, entre ellas a una mujer embarazada, y en La Dorada masacraron a otras seis personas.
Betancour había sido señalado en varias versiones libres de Justicia y Paz por sus ex compañeros del frente. Por su participación en las masacres, aceptó los cargos de homicidio agravado homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir agravado. El ex paramilitar está recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.
12 de noviembre de 2010
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quién mató a los sindicalistas


Versiones enfrentadas sobre crimen de sindicalistas de Drummond. Contrario a lo dicho por ‘Samario’, los paramilitares ‘Tolemaida’ y ‘Yuca’ negaron que agentes del Estado y funcionarios de la multinacional minera estuvieran comprometidos en el asesinato de dos sindicalistas.
Colombia. Un nuevo episodio apareció en el juicio que se adelanta contra el ex jefe paramilitar Rodrigo Pupo Tovar alias ‘Jorge 40’, por el asesinato de dos sindicalistas de la transnacional Drummond. En declaración ante el Juzgado 11 del Circuito Especializado de Bogotá, Óscar José Ospino Pacheco alias ‘Tolemaida’ y Óscar David Pérez Bertel alias ‘Yuca’ contaron una versión distinta a la narrada por Alcides Manuel Mattos Tabares alias ‘Samario’ el 10 de noviembre de 2010.
Mientras alias ‘Samario’ señaló que hubo participación de agentes del Estado y de funcionarios de la multinacional minera en el crimen contra los dos sindicalistas, alias ‘Tolemaida’ y ‘Yuca’ negaron que eso fuera así. Indicaron que el objetivo "fue darle un golpe a la subversión", por orden de alias ‘Jorge 40’ y que contaron con el apoyo no de funcionarios directos de la Drummond, sino de los contratistas que les proporcionaban los alimentos a los trabajadores de la mina. Además hicieron un relato diferente al de alias ‘Samario’, respecto a cómo se cometió el asesinato.

El Otro Relato sobre el Crimen
Según alias ‘Tolemaida’, ex jefe del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, y de su subalterno alias ‘Yuca’, alias ‘Samario’ no participó en el crimen porque los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2001 y ellos aseguran que ‘Samario’ llegó al frente sólo en agosto de ese año, proveniente del Bloque Central Bolívar.
Con este argumento, ‘Tolemaida’ y ‘Yuca’ comentaron que son ellos los que conocen la verdad sobre este crimen, que no se cometió en la mañana sino en la tarde "porque no teníamos certeza de los buses en que se movilizaban los sindicalistas". Alias ‘Tolemaida’ dijo que las indicaciones de los buses fueron suministradas por un hijastro de Jairo de Jesús Charris alias ‘Viejo Charris’, quien era uno de los encargados de suministrarles los alimentos a los trabajadores y que a su vez, era subalterno de Jaime Blanco Maya, medio hermano del ex procurador Edgardo Maya Villazón.
En la declaración, ‘Tolemaida’ dijo que los sindicalistas Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita fueron bajados de dos buses en una trocha conocida como Casa de Zinc, entre la mina de Drummond y el corregimiento Cuatro Vientos, y después de ser señalados por un tercer hombre fueron asesinados. "Los dos sindicalistas fueron ejecutados en el sitio", dijo el ex paramilitar, negando que Orcasita fuera llevado en una camioneta hasta una bodega de Badelco y luego encontrado muerto en Loma Linda o Loma Colorada, como lo sostuvo alias ‘Samario’. Sin embargo, el Juzgado 11 dijo que según el acta de levantamiento del cadáver, Orcasita fue encontrado en la zona referenciada por alias ‘Samario’.
Entre otras diferencias de las declaraciones, alias ‘Samario’ dijo que para cometer el crimen los paramilitares se movilizaron en dos camionetas. Otro es el testimonio de alias ‘Tolemaida’ y ‘Yuca’, que sólo se refirieron a una camioneta doble cabina de color verde. Mientras ‘Samario’ dijo que él llevó a Orcasita hasta una bodega de Badelco y se lo entregó a ‘Tolemaida’; el ex jefe del frente aseguró que en Badelco para esa época no tenían base militar porque todavía no había llegado alias ‘Cebolla’, que fue jefe de los ‘urbanos’ en esa zona.
Sobre los hombres que participaron de los asesinatos también hay diferentes versiones. Alias ‘Samario’ dijo que además de él, estuvieron alias ‘Dinael’, ‘Lucas’, ‘El Boca’ y ‘Venado’. En su declaración, ‘Tolemaida’ dijo que los responsables fueron ‘Dinael’, ‘Yuca’, ‘Borris o Borracho’, ‘Chepe’, ‘Paisa’, ‘Pacho’, ‘Chacal’ y ‘Peinado’. Alias ‘Yuca’ además de él, se refirió a ‘Dinael’, ‘Pacho’, ‘El Boca’, ‘Borry o Borracho’ y ‘Cejas’.

Sobre Motivos y Nexos con Drummond
Aunque en su testimonio alias ‘Samario’ dijo que las causas del crimen de los sindicalistas estuvo relacionada con agentes del Estado y funcionarios de la Drummond, pero que no puede dar detalles mientras no se le brinde seguridad a su familia; alias ‘Tolemaida’ y alias ‘Yuca’ aseguraron que los motivos para cometer el crimen sólo obedecieron a eliminar "un foco de la guerrilla".
Según ‘Tolemaida’, "teníamos el prontuario guerrillero de esos señores que vivieron en La Guajira, a los cuales se les hizo un allanamiento en Valledupar y se reunieron en El Caguán con alias ‘Simón Trinidad’. El sindicato era manejado por ‘Trinidad’. Luego, incluso, asesinamos al nuevo presidente del sindicato (que reemplazó a Valmore Lorcano)", dijo el ex jefe paramilitar.
Cosa muy distinta mencionó alias ‘Samario’ en su testimonio, quien explicó que el asesinato de los sindicalistas fue planeado en una reunión y que en un segundo encuentro, donde felicitaron a ‘Tolemaida’ por los asesinatos, estuvieron presentes algunos funcionarios de la Drummond.
Sin embargo, el nexo con la multinacional de carbón fue negado por ‘Tolemaida’. En el testimonio, dijo que las instalaciones de la transnacional eran inaccesibles y que "a mis arcas jamás ingresó dinero de la Drummond, porque esa era una empresa multinacional que no negociaba con organizaciones terroristas".
Lo que sí reconoció fue haberle cobrado ‘impuesto’ a la firma contratista de Drummond que suministraba la alimentación a los trabajadores, razón por la cual conoció a Jaime Blanco Maya, preso desde hace un mes por presuntos nexos con los paramilitares. "Sí lo conocí. Me reuní con él. Era un hombre muy difícil que se movía en avioneta. A él le retuvimos varios camiones con alimentos para obligarlo a que hablara con nosotros. Era serio, prestante y conocido como el distribuidor de alimentos de la Drummond, y como ganadero", dijo ‘Tolemaida’.
El ex jefe paramilitar negó  que se hubiera reunido con Blanco Maya en la finca Las Américas como lo dijo alguna vez en declaración Jairo de Jesús Charris. "Charris es uno de los grandes mentirosos de este proceso… Lo que acordamos con Blanco Maya fue el pago como de 25 millones de pesos anuales, que a veces se pagaban en efectivo y otras veces, en especie como alimentos". Después de trabajar para Blanco Maya, Charris se unió a los paramilitares como coordinador de logística del frente que dirigió alias ‘Tolemaida’.

La Pelea de la ‘Verdad’
Aunque no lo hará de forma temporal mientras se le brinde seguridad, alias ‘Samario’ dijo que está dispuesto a contar los detalles sobre el crimen de los sindicalistas. Para ‘Tolemaida’ y ‘Yuca’, alias ‘Samario’ miente en su declaración, porque según el ex jefe paramilitar del frente, "de pronto se dejó llevar por una influencia negativa, como haber recibido una extorsión’.
Alias ‘Tolemaida’ dijo que un ‘negocio’ similar le intentaron proponer a él, unos días después de ser capturado en Venezuela. "Un abogado me ofreció declarar contra la Drummond y que si lo hacía, yo y mi familia recibiríamos beneficios". Al respecto, la Juez preguntó que por qué no hizo esa denuncia recién lo capturaron, y ‘Tolemaida’ respondió que "de pronto se me olvidó".
En su testimonio, alias ‘Yuca’ contó que de forma reciente recibió una carta de su ex jefe ‘Tolemaida’,  en la que decía que contara la verdad sobre los sindicalistas "porque ‘Samario’ estaba mintiendo". Para la defensa de las víctimas, a cargo de Dora Lucy Arias, eso explica por qué alias ‘Yuca’ cambió repentinamente su declaración respecto a la primera, que era similar a la de alias ‘Samario’.
Por el cambio en las declaraciones y por considerar que existen pruebas que indican que los hechos ocurrieron de otra forma a lo narrado por ‘Tolemaida’ y ‘Yuca’, la defensa de las víctimas le solicitó al Juzgado 11 que compulse copias a la justicia ordinaria y a Justicia y Paz, contra los dos ex paramilitares, por el delito de falso testimonio. "Consideramos que los victimarios están procurando un desvío de la verdad sobre el proceso y que se están volviendo a victimizar a las víctimas", advirtió Arias ante el despacho.
El Juzgado 11 indicó que las declaraciones que se adelantan contra el juicio de alias ‘Jorge 40’ continuarán el 6 de diciembre de 2010.

Los ‘No’ de ‘Tolemaida’
Estas fueron algunas de las preguntas a las que alias ‘Tolemaida’ le respondió de forma negativa al Juzgado 11:

-¿Alguien del Ejército estuvo involucrado en el crimen?
-¿Tuvieron relación con el jefe de seguridad de la Drummond?
-¿Recibió dinero de la Drummond?
-¿Sabía que el sindicato estaba en una huelga relacionada con los alimentos?
-¿Conoció a Luis Carlos Rodríguez?
-¿Conoció a Alfredo Araújo?
¿Usted practicó la tortura?

¿Quién Era Alias ‘Tolemaida?
Óscar José Ospino Pacheco alias ‘Tolemaida’ fue el jefe del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte, que delinquió en San Miguel (Magdalena). Según lo narrado en la declaración ante el Juzgado 11, ingresó a las filas paramilitares en 1995 con el fin de combatir a las Farc y el Eln "que tenían azotados a los finqueros y empresarios de La Guajira, Magdalena y Cesar". Su bautizo de fuego fue en las Autodefensas del Sur del Magdalena, de ‘Chepe Barrera’, y luego en el Bloque Norte, bajo el mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’.
Para llegar a ser comandante de frente, recibió entrenamiento en las escuelas de los ‘paras’ donde aprendió a manejar "fusiles, armas cortas y largas, explosivos, y tuve instructores extranjeros de Israel, Venezuela y Nicaragua". El 10 de marzo de 2006 se desmovilizó.
12 de noviembre de 2010
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amenazan a congresistas


Congresistas que investigan relación de Uribe con chuzadas denuncian amenazas. Según Gonzalo Pinzón, secretario de la Comisión de Acusaciones, los congresistas Alfredo Bocanegra y Augusto Posada "han manifestado el recibo de amenazas y no han encontrado receptividad".
Colombia. Dos miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigan si el ex presidente Álvaro Uribe ordenó los seguimientos ilegales a magistrados, opositores y periodistas denunciaron que han recibido amenazas.
Los congresistas Alfredo Bocanegra y Augusto Posada "han manifestado el recibo de amenazas y no han encontrado receptividad", dijo a Caracol Radio el secretario de la Comisión de Acusaciones, Gonzalo Pinzón.
Agregó que los esquemas de seguridad de esos dos congresistas "son muy débiles", especialmente en el caso de Bocanegra, que no dispone de vehículo blindado.
Según Pinzón, el asunto será analizado el próximo martes con el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y la dirección de la Policía Nacional.
Uribe siempre ha negado haber ordenado el espionaje ilegal que el DAS hizo a opositores, periodistas, magistrados y activistas durante su gobierno.
Sin embargo, la Comisión de Acusaciones determinó abrir una investigación sobre el escándalo, luego de que la ex subdirectora de Operaciones del DAS Martha Leal asegurara ante la Fiscalía que el ex director de ese organismo Andrés Peñate le ordenó hacer seguimientos a miembros de la oposición por solicitud expresa del ex mandatario.
Una veintena de funcionarios y ex funcionarios del DAS han sido detenidos y procesados por su relación con los seguimientos ilegales del DAS, uno de los mayores escándalos del gobierno de Uribe.
Esta misma semana la emisora la F.m. reveló que Gustavo Sierra, ex subdirector de Análisis de Inteligencia del DAS, sostuvo ante la Fiscalía que la información sobre seguimientos se enviaba a altos funcionarios de la Casa de Nariño.
Según el testimonio de Sierra, en la lista de oficinas que debían recibir la información estaban la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Cancillería, la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
12 de noviembre de 2010
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