Blogia
mQh

colombia

jorge 40 asesinó a sindicalistas


Tovar es enjuiciado por el asesinato de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, quienes ejercían como presidente y vicepresidente, respectivamente, del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond en Colombia.
Colombia. El ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo confesó desde Estados Unidos, adonde fue extraditado hace más de dos años, que es responsable del asesinato en 2001 de dos sindicalistas de la multinacional norteamericana Drummond Colombia, dijeron las fuentes de su defensa en Bogotá.
Tovar, más conocido con el alias de ‘Jorge 40’, admitió su relación con el doble homicidio en un testimonio que entregó al juzgado de Bogotá que le enjuicia por estos crímenes.
El abogado Hernando Bocanegra, responsable de la defensa del ex paramilitar en Colombia, dijo a la prensa que Tovar "aceptó (la responsabilidad en) el homicidio" de los sindicalistas de la Drummond "para someterse a una sentencia anticipada".
La sentencia anticipada es un procedimiento judicial en virtud del cual los sindicados que confiesen sus crímenes reciben beneficios jurídicos por colaboración con la Justicia.
Tovar es enjuiciado por el asesinato de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, quienes ejercían como presidente y vicepresidente, respectivamente, del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond en Colombia.
Los sindicalistas fueron tiroteados el 12 de marzo de 2001 en la zona rural de Bosconia, localidad del Cesar, departamento fronterizo con Venezuela en el que la compañía norteamericana explota yacimientos de carbón.
Locarno y Orcasita ocupaban un autobús que transportaba trabajadores de la minera y fueron apeados a la fuerza por los ultraderechistas, que mataron al primero en el lugar y al segundo en otro paraje de Bosconia.
El crimen lo cometieron paramilitares del desaparecido Bloque Norte (BN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 dentro de un proceso de paz con el gobierno.
El BN era comandado por Tovar, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros doce mandos de las AUC, todos ellos procesados por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
El juicio a Tovar es seguido por uno de los juzgados penales especializados creados en Colombia por un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para investigar los homicidios de sindicalistas.
En el caso de los dirigentes sindicales de la Drummond, cinco ex paramilitares han sido condenados por su responsabilidad en el doble homicidio.
El Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Cajar), organización no gubernamental (ONG) de defensa de los derechos humanos que está vinculada con este proceso judicial, informó en un comunicado que sólo un ejecutivo de la multinacional en Colombia, Jaime Blanco Maya, ha sido detenido y vinculado de manera formal con la causa.
Sin embargo, indicó que el presidente en Colombia de la minera, Augusto Jiménez, y el gerente de relaciones con la comunidad, Alfredo Araujo, son "otros presuntos responsables" de ambos homicidios.
Además, Cajar advirtió de que "el plan para ejecutar a los sindicalistas implica a Gary Drummond, presidente de la multinacional, y a Jean Jakim, jefe de seguridad de la trasnacional".
En Estados Unidos también avanza un proceso judicial por los mismos hechos contra la compañía minera, y es la causa en la que esta semana se pidió un testimonio del ahora ex presidente Álvaro Uribe.
11 de noviembre de 2010
©semana
rss

tercer testigo contra uribe


Gustavo Sierra, exsubdirector de análisis de inteligencia del DAS, se podría convertir en el nuevo testigo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.
Colombia. Para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes faltan muchas piezas para determinar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en los seguimientos ilegales que el DAS hizo a magistrados, periodistas y dirigentes políticos de oposición.
Y quienes apunten a establecer si hubo o no esa responsabilidad, serán llamados a rendir versión libre.
Esa es la idea del representante Alfredo Bocanegra, coordinador de la investigación contra Uribe, al anunciar que Gustavo Sierra, exsubdirector de análisis de Inteligencia del DAS, será el nuevo citado dentro de la investigación.
Aunque la citación se tramitará este jueves, cuando la Comisión adelante una nueva sesión de trabajo, la declaración que hizo Sierra en la Fiscalía, revelada por La F.m., llamó la atención de los investigadores.
Según esa declaración, Sierra le dijo a la Fiscalía que el DAS le entregaba información sobre actividades de magistrados y dirigentes de oposición a funcionarios del Gobierno y la Casa de Nariño como el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, el ex ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, los ex cancilleres Jaime Bermúdez y Fernando Araujo, el Alto Comisionado para la Paz en ese entonces, Luis Carlos Restrepo, y la Vicepresidencia de la República.
El actual director del DAS, Felipe Muñoz, controvirtió esa versión al señalar que la información de inteligencia recopilada es suministrada al Gobierno Nacional a través de documentos especializados según el tema (socioeconómicos, seguridad y defensa nacional, entre otros), en los cuales se hace una apreciación general y, de ser el caso, se advierten amenazas y riesgos, sobre los cuales se deben adoptar acciones de Estado.
"Un ejemplo es el documento que se elabora a través del área de análisis del Departamento, para los anteriormente denominados Consejos Comunales y hoy Acuerdos de Prosperidad, que según los temas a tratar y la región donde se desarrollan se presenta la panorámica de orden público, social y económico de dicha zona del país", explicó Muñoz en un comunicado.
Más allá de esa aclaración, Bocanegra consideró que la presencia de Sierra es indispensable para el avance de la investigación.
El exsubdirector de análisis será el tercer exfuncionario del DAS en comparecer a la Comisión de Acusaciones. Martha Leal, exsubdirectora de operaciones, compareció el pasado miércoles 3 de noviembre, mientras que William Romero, exsubdirector de fuentes humanas del DAS, está citado para este jueves 11 de noviembre.
Además de estas fuentes, la Comisión empezó la inspección de los folios que reposan en la Procuraduría, y en las próximas semanas los investigadores del CTI que colaboran con la célula judicial del Congreso harán lo propio con los archivos que están en la Fiscalía y en los juzgados.
11 de noviembre de 2010
10 de noviembre de 2010
©semana
rss

declaró ex das sobre espionaje


La declaración de Gustavo Sierra, ex subdirector de Análisis de Inteligencia del DAS, revelada por La F.m., vincula a ex directores del organismo en la práctica de un modelo tomado de la CIA.
Colombia. La F.m. reveló este martes detalles del testimonio que rindió ante la Fiscalía el ex subdirector de Análisis de Inteligencia del DAS, Gustavo Sierra, quien entregó a los investigadores documentos que respaldarían sus afirmaciones sobre el escándalo de las chuzadas.
Sierra es abogado y trabajó desde 1987 hasta el año 2003 como oficial de investigaciones de la Dirección de Inteligencia del DAS. Fue subdirector del DAS en Pereira, director de la seccional en Risaralda, subdirector de Bolívar, director del DAS en Riohacha, y jefe de la división de inteligencia y externa del DAS.
El ex funcionario del DAS buscó durante meses los documentos que hoy reposan en la Fiscalía y que este martes reveló La F.m.
Sierra vincula con las labores de espionaje a la ex subdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y a varios funcionarios de la Casa de Nariño.
Según los documentos revelados por La F.m., el ex funcionario del DAS dice: "Todos los días por orden de la Dirección del DAS a las cuatro de la tarde había que pasar la información más importante (...) entonces bajé donde la directora (María del Pilar Hurtado) y le manifesté que la Subdirección de Fuentes Humanas estaba grabando las secciones plenarias de la Corte y le pregunté que ’si lo estaban haciendo con orden judicial’".
Agrega La F.m. que ante la pregunta de Sierra, Hurtado le manifestó que iban a hablar con William Romero y le ordenó que le presentara esas grabaciones. Sierra le dijo a Hurtado que lo hacía de buena fe y se las entregó a las cinco de la tarde "porque ella las iba a presentar al Gobierno nacional".
"La doctora María del Pilar dijo que esos trabajos se iban a seguir haciendo con William Romero y yo le dije que me parecía muy riesgoso y se disgustó y me dijo que yo era un miedoso", dice Gustavo Sierra, según lo citado por la emisora La F.m.
Sierra también se refirió al caso de la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez. Según Sierra, María del Pilar Hurtado les dijo que ella requería los expedientes de las investigaciones sobre la ex congresista Nancy porque "era cercana al Gobierno y le tenían que colaborar, además, porque era compañera de estudios de ella".
Sierra también denunció los seguimientos ilegales a la ex senadora Piedad Córdoba y a Gustavo Petro y reveló documentos donde se evidencia el seguimiento a sus viajes y agendas.
En un documento fechado el 4 de mayo de 2007, entregado por Sierra, se dice que "Gustavo Petro viajará a España" y se habla de su itinerario durante tres días y de una supuesta estrategia para relacionar a Álvaro Uribe con los paramilitares.
Sierra dice que fue enviado al Palacio por la ex directora del DAS para rendir informes sobre Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
El ex funcionario del DAS afirmó también que entregó información sobre quién iba a hablar mal del gobierno en los Consejos Comunales "para que así el gobierno estuviera preparado".
La F.m. dijo que en su poder tiene los documentos que prueban el ingreso de Gustavo Sierra a la Casa de Nariño en varias ocasiones. La emisora dice que las entradas registran el ingreso de Sierra a varias oficinas como la de Regiones -donde lo recibía Miguel Peñalosa, actual alto consejero presidencial para las regiones- y la del alto comisionado de paz.
Según La F.m., el testimonio de Gustavo Sierra concuerda con el de William Romero. La emisora asegura que en los documentos entregados por Sierra a la Fiscalía, se comprueba que sí existió una casa clandestina que servía para guardar los documentos que se tenían sobre el seguimiento a la Corte.
Sierra dijo que Jaime Polanco y María del Pilar Hurtado ordenaron que toda la información sobre la Corte pasará a la Oficina de Fuentes Humanas y luego a la casa clandestina. En ese entonces, según Sierra, se envió esa información tras conocerse que "la Fiscalía iba a realizar una inspección ordenada por la doctora Ángela María Buitrago, que se realizaba para el tema del Palacio de Justicia".
La F.m. reveló que sobre los documentos que se entregaban tenían conocimiento el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, el ex ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, los ex cancilleres Jaime Bermúdez y Fernando Araujo, el Alto Comisionado para la Paz en ese entonces, Luis Carlos Restrepo y la Vicepresidencia de la República en el gobierno anterior.
Sierra también dijo que el espionaje del DAS se realizó siguiendo el modelo de la CIA.
"Este sistema, según el doctor Andrés Sáenz y Andrés Peñate, (ex director del DAS), fue aprendido de la CIA, lo digo porque cuando yo llegué a trabajar ya estaba este sistema". Sierra aseguró ante la Fiscalía, que la información entregada era inicialmente revisada por Peñate, quien "fue el que implementó el sistema tratando de emular a la CIA".
Hoy Gustavo Sierra, al igual que otros testigos en el caso de las chuzadas, se encuentra negociando el principio de oportunidad a cambio de contar lo que sabe sobre ese escándalo.
9 de noviembre de 2010
©semana
rss

gil se reunió con ernesto báez


Gil aceptó que se reunió dos veces con ’Ernesto Baéz’. El ex senador santandereano aceptó durante el inicio de su juicio por ‘parapolítica’ que se reunió dos veces con ‘Ernesto Báez’, uno de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar. Pero negó que fuera para beneficiarse electoralmente.
Colombia. Durante el primer día de juicio ante la Corte Suprema, el ex senador Luis Alberto Gil Castillo aceptó que, a finales de diciembre de 2001 y en enero de 2002, se reunió con Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, uno de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar. Sin embargo, aclaró que el encuentro sólo obedeció para asegurarse de que no corría peligro, ya que él había sido militante del M-19.
La declaración hace parte del juicio que se le adelanta por nexos con grupos paramilitares, después de que el 11 de octubre de 2007 la Corte lo llamó a indagatoria por sus presuntos vínculos con los paramilitares. Ese día, Gil renunció a su investidura como senador del movimiento Convergencia Ciudadana, y desde el 24 de noviembre de 2008, se encuentra recluido en la cárcel La Picota.
La Sala de Casación Penal y la Procuraduría le preguntaron sobre sus reuniones con los paramilitares y la posible relación con las votaciones que obtuvo Convergencia Ciudadana.

Las Reuniones
Luis Alberto Gil reconoció que la primera reunión con ‘Báez’ fue en Medellín a mediados de diciembre de 2001. Según explicó, fue el diputado antioqueño Leonardo Zapata quien lo recogió en el aeropuerto y lo llevó hasta el sitio donde se reunieron con el jefe paramilitar, primero en un apartamento ubicado cerca del Centro Comercial El Tesoro y luego en un restaurante en la vía Las Palmas. "Yo conocí a Leonardo Zapata por medio del dirigente gremial Carlos Higuera", dijo.
Higuera llegó al Senado para el período 2002-2006. Era el segundo renglón en la lista después de Carlos Clavijo, quien renunció a la curul luego de que la Justicia le abriera una investigación por sus presuntos vínculos con ‘Báez’. Luego, en septiembre de 2008, la Fiscalía también le dictó medida de aseguramiento por la misma razón, pero después, la justicia lo absolvió. Gil dijo que conoció a Higuera en una reunión que hizo la Cámara de Comercio de Bucaramanga durante el primer semestre de 2001, cuando ganaderos y finqueros de Santander y del Magdalena Medio hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que rechazara la propuesta de Andrés Pastrana, de instalar una zona de despeje en el sur de Bolívar para las negociaciones de paz con el Eln.
Gil dijo que la segunda reunión con ‘Ernesto Báez’ fue en enero de 2002 en Puerto Berrío, Antioquia. "Viajé con el diputado de Barranca Luis Francisco Guarín a esa reunión, que también fue programada por Leonardo Zapata. Eso fue al mediodía, como a 10 minutos del municipio, y  recuerdo que fue en una mansión. Los concejales de Barrancabermeja estaban reunidos desde por la mañana con ‘Ernesto Báez’".
Según Gil, "las citas las definían ellos (paramilitares) y fui para saber si me podía lanzar porque era tachado de pertenecer a la izquierda. El encuentro fue para hablar de seguridad. Supe que Báez estaba hablando con los concejales de formar una lista (al Congreso) por el Movimiento Alternativo Regional (MAR), pero supe por los concejales que no aceptaron", comentó.
El ex senador santandereano dijo que se reunió al menos cinco veces con los concejales de Barrancabermeja, para llegar a un posible acuerdo entre Convergencia y el MAR en la apuesta por las elecciones. "Ellos querían encabezar la lista al Senado y no llegamos a un acuerdo porque para ese año había voto preferente. Fue cuando ellos postularon a Juan Martín Caicedo como cabeza de lista al Senado", dijo Gil. Para ese período el MAR postuló a Rubén Darío Sánchez a la Cámara.

Las Listas
Cuando un magistrado le preguntó a Gil si las reuniones con los paramilitares incidieron en la conformación para las listas al Congreso en 2002, el ex político negó que las autodefensas hubieran incidido en la conformación de las listas, argumentando que las fechas de las reuniones con ‘Baez’ no coinciden con las de la selección de los candidatos.
Según el relato de Gil, en julio de 2001, el movimiento planteó que él encabezaría la lista de Convergencia al Senado, y que a la Cámara lo harían los periodistas Juan Manuel González y José Manuel Herrera Cely. Sin embargo, para agosto de 2001 el movimiento acordó que Juan Manuel González sería el segundo renglón de Gil y que la lista de Cámara sería presidida por Herrera Cely.
Finalmente, Convergencia conformó dos listas a la Cámara: una, cuyo primer renglón fue Herrera Cely, seguido por los candidatos "Nelson Naranjo y Rafael Castillo, que fueron nombrados por el diputado de Barrancabermeja Luis Francisco Guarín, y Alexánder Ariza, que fue nombrado por el diputado Alfonso Riaño". La otra lista estuvo liderada por Jaime Durán Barrera, que renunció a la Asamblea de Santander para aspirar a la Cámara. Según Gil, las listas a Cámara fueron respaldadas por los diputados Guarín, Riaño, Durán, así como por Hugo Heliodoro Aguilar y José Nelson Franco, y no por ‘Ernesto Báez’, como lo sostiene la Fiscalía. Por eso, la Corte citará a ‘Báez’ para que declare en el juicio al dirigente santandereano.
Según los datos de la Registraduría, Luis Alberto Gil resultó elegido en 2002 como senador con 82.053 votos siendo un novato en su aspiración al Congreso. Su anterior cargo fue como diputado de Santander, elegido en 1997, con 17.764 votos. Para el período 2002-2006, Convergencia logró elegir como representantes a sus dos cabezas de lista: Durán con 34.495 y Herrera Cely con 36.006 votos, quien renunció a su curul por investigaciones por parapolítica, abriéndole el espacio a sus siguientes renglones.
En 2006, Convergencia alcanzó más curules: Gil mantuvo la del Senado con 73.742 votos, acompañado por Óscar Josué Reyes Cárdenas, con 55.556 votos. En la Cámara por Santander lo hicieron Alfonso Riaño con 52.678 votos, José Manuel Herrera Cely con 25.369 y Édgar Gómez Román (ex presidente de la Cámara y militante del liberalismo) con 19.126 votos.
Cuando la Sala Penal de la Corte le preguntó si sostuvo una tercera reunión con los paramilitares, esta vez en el Hotel Chicamocha de Bucaramanga, en marzo de 2006, Gil lo negó. "Eso es falso. A mí se me despojó en enero de 2006 del derecho a hacer campaña en la región", dijo.
Luego, un magistrado le preguntó sobre si recibió 1.000 millones de pesos por parte de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’, otro de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar. "No hay lógica que en 2006 yo estuviera preguntando por un señor que no conocía y no dejó hacer campaña. ¿Por qué tenía que financiar mi campaña con recursos ilegales? Ojalá el testigo que dijo eso sea capaz de sostener semejante  infamia", respondió el acusado.

Las ‘Llaves’ del Poder
En su narración, Luis Alberto Gil contó que la candidatura de Hugo Heliodoro Aguilar (investigado también por parapolítica), obedeció en 2003 a un resquebrajamiento del liberalismo tradicional en Santander. "Para 2002, Convergencia tenía una curul en el Senado y dos en Cámara y en vista de eso, Aguilar dijo que iría a la Gobernación. Para ese año, Juana Yolanda Bazán y Jorge Gómez Celis se separaron de Jorge Gómez Villamizar y se adhirieron a Hugo Aguilar.  La crisis liberal eliminó su propia candidatura y por eso Convergencia apoyó a Aguilar", dijo.
Gil aseguró que eso también explica "los ataques" que luego recibieron de caciques liberales, como el ex senador Hugo Serrano. "Después de ser los mejores amigos de Hugo Serrano para las elecciones de 2002, nos convertimos en sus enemigos por ser competencia. Los caciques no soportaron que naciera un nuevo pensamiento".
Aunque la Sala Penal aún no ha definido una nueva fecha para continuar con el juicio, la defensa de Gil consideró que el proceso se extenderá hasta mediados de 2011. "Yo era de la otra ‘orilla’. Yo no iba a arriesgar mi vida, pero yo no denuncié esas reuniones porque no había seguridad. El Estado estaba indexado en esa acción criminal", con estas palabras Gil pretendió revertir el argumento de que hizo alianzas con ‘paras’, y en su lugar, intentó defenderse de estos y de su alianza con el Estado.

¿Quién Es Luis Alberto Gil Castillo?
Nació en Cite, corregimiento de Barbosa (Santander), en una familia campesina. Creció en Piedecuesta, donde desde muy joven comenzó a ser reconocido como uno de los líderes del magisterio. Estudio química en la Universidad Industrial de Santander y fue integrante del M-19 como urbano de esa guerrilla para el nororiente colombiano. Recién graduado como profesional, el ‘Eme’ lo envió a la Libia de Omar Khadafi donde se entrenó durante seis meses en acción político-militar. A su regreso, siguió vinculado al magisterio de educadores del cual fue presidente y donde conoció a su esposa, Doris Clemencia Vega. Después de la desmovilización del ‘Eme’, Gil se lanzó a la política y fue elegido diputado de Santander en 1992 y 1997.
Según el acta de creación, el 25 de febrero de1997 en Bucaramanga, Gil Casillo y 26 personas más fundaron el movimiento Convergencia Ciudadana que, en las elecciones al Congreso de 2010 y como una estrategia a su mala imagen por tener varios integrantes investigados por parapolítica, pasó a llamarse Partido de Integración Nacional, PIN. Por este partido, su esposa intentó aspirar al Senado pero no alcanzó una curul. En cambio, sí lo hicieron Nerthink Mauricio Aguilar, al Senado, y Didier Tavera, a la Cámara, hijo y antiguo secretario de Gobierno, de forma respectiva, del ex gobernador Hugo Heliodoro Aguilar.
Desde el 24 de noviembre de 2008, Gil Castillo, conocido como el ’Tuerto Gil’, se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, después de que la Corte lo llamó a indagatoria en medio del escándalo de la parapolítica.
8 de noviembre de 2010
7 de noviembre de 2010
©verdad abierta
rss

uribe en tribunales


El ex presidente Uribe rendirá testimonio el 22 de noviembre en el proceso civil que 500 personas entablaron contra la Drummond. Como testigo o inculpado, el nombre del ex presidente Álvaro Uribe aparece en procesos en otros países. Aunque es poco probable que prosperen, el bochorno es inevitable.
Colombia. Muchos pensaron que el molesto incidente que le ocurrió al ex presidente Álvaro Uribe la semana pasada en la Universidad de Georgetown, en Washington, era el comienzo de las demandas internacionales por violaciones de derechos humanos que le han prometido las ONG. El episodio ocurrió al final de una de sus clases como profesor invitado, cuando una estudiante que no pudo acercársele le lanzó un papel que contenía un citatorio a declarar como testigo ante la oficina de abogados Conrad & Scherer. Este bufete representa a los familiares de 111 personas, asesinadas por los paramilitares, en una demanda civil contra la empresa carbonera Drummond que lleva un juez federal de Estados Unidos. El testimonio que Uribe dará el 22 de noviembre es preliminar y todavía no se sabe si llegará a la Corte. Los abogados de Conrad & Scherer le preguntarán a Uribe qué sabe sobre las actividades de los paramilitares, si conocía de los nexos de varias multinacionales con estos grupos y qué hizo para combatirlos, así como los vínculos del DAS con la serie de crímenes cometidos.
Aunque el episodio puede no tener consecuencias jurídicas para el ex mandatario, es bochornoso y muestra que la pelea entre Uribe y las ONG seguirá en muchos tribunales. De hecho, esta semana también se conoció que un grupo de estudiantes de Georgetown, agrupados en la organización Adiós Uribe, le habría entregado un paquete de documentos al Departamento de Justicia en el que acusan al ex presidente de violaciones a los derechos humanos y cuestionan su ingreso al país. Así mismo, han lanzado una campaña permanente de denuncia e información en su contra.
Pero si lo de Estados Unidos tiene más de propaganda anti-Uribe, otro grupo de ONG está demandando a Uribe ante tribunales de Europa, en un contexto en el que no es descabellado que prosperen. Aunque muchos activistas de derechos humanos sueñan con ver a Uribe en la Corte Penal Internacional, se sabe que es muy poco probable que esta termine asumiendo el caso colombiano. En cambio, en los tribunales de algunos países europeos podría ser distinto.
En España cursa desde el 30 de abril una demanda contra Uribe, el ex director del DAS Jorge Noguera y el ex director de Fuentes Humanas de esa entidad Germán Villalba Chávez. La demanda se basa en la investigación que adelanta la Fiscalía colombiana por el espionaje ilegal del DAS, en la que habría indicios de que esta entidad seguía los pasos de varios defensores de derechos humanos en España y otros países europeos. En varias ocasiones la justicia española se ha apoyado en la jurisdicción universal de crímenes internacionales, y ha llevado a juicio a extranjeros. Así ocurrió con el general Augusto Pinochet, en el caso de los vuelos clandestinos de la CIA, y con violaciones a los derechos humanos en Guatemala y El Salvador. Sin embargo, el experto Alejandro Valencia Villa advierte que, en 2009, esa jurisdicción se limitó a casos en los que el autor esté en España o haya españoles involucrados. De todos modos, los agraviados dicen haber sido seguidos ilegalmente en territorio español, y existe por lo menos un caso que involucra a una española. Las dudas sobre la validez de estas demandas se basan en que las ’chuzadas’ no han sido calificadas como un crimen internacional. No obstante, no se sabe si los tribunales locales lo admiten y se declaran competentes, algo que no ha ocurrido hasta ahora. La de Madrid es apenas una de las varias demandas que están en proceso de ser entabladas.
El abogado Luis Guillermo Pérez, director de la Federación Internacional de Derechos Humanos, confirmó que instaurará otra demanda ante los tribunales de Bruselas y se instará al Parlamento Europeo para que designe una comisión especial que investigue los seguimientos que les hizo el DAS a miembros del organismo, con fines de desprestigio, según versa en algunos documentos.
Y aunque no involucra a Uribe sino al Estado colombiano en su conjunto, esta semana también se supo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió la demanda que la Procuraduría de Ecuador puso contra Colombia por la muerte de Franklin Aisalla en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, en Ecuador. Según las autoridades ecuatorianas, Aisalla no habría muerto por el bombardeo sino que habría sido ejecutado posteriormente. Que la Cidh acepte el caso es histórico, pues es la primera demanda entre Estados en 50 años de historia del sistema interamericano. Con el agravante de que las demandas aceptadas por la Comisión con frecuencia terminan por pasar a la Corte Interamericana, cuya jurisdicción es obligatoria para Colombia, donde podría terminar en condena contra los acusados.
Respecto a los mismos hechos del bombardeo a Reyes, la justicia ecuatoriana ha vinculado formalmente a toda la cúpula militar colombiana y al actual presidente Juan Manuel Santos. Aunque todavía no lo ha hecho, pocos dudan de que tarde o temprano el ex presidente Uribe también sea vinculado a estos hechos y termine siendo llamado por un tribunal de Sucumbíos, en la selva de Ecuador.
Así las cosas, los abogados del ex presidente Uribe tienen trabajo para rato. Y aunque muchas de estas demandas son más mediáticas que realistas, la imagen del ex presidente en el exterior es cada vez más controvertida.
8 de noviembre de 2010
6 de noviembre de 2010
©semana
rss

la masacre de niños en arauca


Cientos de personas asistieron en Tame al funeral de Yenny Torres Jaimes, de 14 años, y sus hermanitos Jimmy y Jeferson, de 9 y 6. SEMANA revela quién fue el responsable y cómo fueron los detalles del atroz asesinato de tres niños que conmocionó al país.
Colombia. El pasado lunes, el general Rafael Alberto Neira, comandante de la Brigada 18 del Ejército, y dos de sus hombres de confianza tuvieron la reunión más tensa de su vida. Era el mediodía cuando los oficiales se reunieron a puerta cerrada con el subteniente Raúl Muñoz Linares, para decirle que sobre él recaían todas las sospechas de la violación de dos niñas y el asesinato de tres menores en Arauca, un crimen espeluznante que tiene a la institución militar en la picota pública y sumida en una vergüenza de envergadura internacional.
Después de exhaustivas indagaciones que duraron dos semanas, todos los indicios lo comprometían. Después de escuchar a sus superiores, Muñoz estuvo en silencio por unos minutos. Después admitió: "Pido disculpas, mi mayor. Ese día, el 2 de octubre pasado, sí tuve relaciones con una niña, pero con consentimiento de ella". Se refería a una menor cuya violación fue denunciada por su madre en la Fiscalía de Tame. La confesión les produjo escalofrío. Más aún cuando a renglón seguido el teniente admitió que también había tenido relaciones con la niña de 14 años que fue violada y asesinada a punta de machete junto a sus dos hermanos de 6 y 9 años, y que fueron enterrados en una fosa cerca de su casa. Todo empezó cuando el subteniente Muñoz llegó a Arauca el 10 de agosto pasado, procedente de Caquetá, como comandante de la patrulla Buitres, adscrita a la Brigada Móvil 5. Desde finales de agosto, esta unidad militar está desplegada por la zona rural de Arauca, especialmente en Tame, un municipio donde a pesar de la ofensiva del Ejército, la presencia de guerrilla sigue siendo importante. En la patrulla que comandaba Muñoz había problemas evidentes. El 2 de octubre, en la vereda Caño Limón, exactamente a las 12:19 del día, un centinela que cuidaba el perímetro del campamento observó que Muñoz salió a hacer -supuestamente- "una necesidad", según le dijo a otro soldado. Pero solo lo vieron regresar dos horas después. "Venía mojado, con el fusil y el machete". Y le ordenó al peluquero de la unidad que le cortara el cabello hasta quedar rasurado.
Al día siguiente, una mujer increpó a los militares para denunciar que su hija de 14 años había sido violada por alguno de ellos. La madre afirmó que iría hasta Tame para hacer la denuncia formal ante las autoridades. Y así lo hizo. Le contó al fiscal que su hija había sido sacada a empujones por un militar que tenía una pañoleta y que se metió a la casa aprovechando que no había ningún adulto. El hombre intimidó a los otros niños de la casa y se llevó a la menor hasta un matorral cercano, junto a unas charcas. Allí se quitó la pañoleta con que se cubría la cara y con esta vendó a la niña. Luego, la obligó a desnudarse y abusó de ella. "Después de que él hizo lo que quiso conmigo, me dijo ’báñese con esa agua’; le dije que no porque esa agua estaba sucia, y agarró el fusil con señas de golpearme. Entonces, le hice caso", le dijo la menor a la Fiscalía. Según la niña, se trataba de un militar armado, con radio y unos binoculares. En medio del terror, la niña alcanzó a ver que la identificación del hombre en el uniforme empezaba por una ’R’.
Días después, los investigadores encontraron que el lapso en que ocurrió la violación coincide con los momentos de ausencia del teniente Raúl Muñoz del campamento, así como la ubicación exacta de la zona. Y que, contrario al "consentimiento" que argumenta el militar, lo que hubo fue una agresión carnal sin matices.
Las tropas continuaron su patrullaje durante los días siguientes hasta el domingo 10 de octubre, cuando una semana después de la primera violación la patrulla acampó en inmediaciones de la vereda Flor Amarillo. Allí, algunos militares visitaron algunas casas campesinas para intercambiar víveres. Una de las viviendas donde estuvieron los militares es la de don Álvaro José Torres, un humilde jornalero separado, que vivía con sus tres hijos: una niña de 14 años y dos niños de 9 y 6. Los tres menores permanecían gran parte del tiempo solos en la casa, porque la escuela de la vereda estaba de vacaciones.
El fatídico jueves 14 don José almorzó con ellos y salió para continuar con un corte en el que estaba trabajando. Sus hijos le habían informado que en los días pasados un uniformado del Ejército los visitó y preguntó por él en dos ocasiones. Pero José ni siquiera se inquietó, porque, dice, "el que nada debe, nada teme". Fue la última vez que vio a sus hijos. Ese día los tres niños desaparecieron.
Al final de la tarde, cuando regresó, encontró la casa desolada y empezó a buscarlos. Lo hizo hasta entrada la noche. Dio aviso a sus vecinos y pidió que le informaran si sabían algo, sin importar la hora. Al siguiente día continuó la búsqueda con la ayuda de los habitantes de la vereda, pero sin resultados. Lo único que encontraron fue algunos empaques de víveres que la patrulla militar había dejado botados por ahí. Pero de los tres pequeños, nada. Desesperado, José decidió ir a Tame para dar aviso a las autoridades, mientras los otros campesinos y amigos seguían indagando.
El sábado, los vecinos de la vereda decidieron profundizar la búsqueda y se metieron a lo más profundo de los matorrales. Fue así como encontraron dos extraños montones de chamizos. Los quitaron y la tierra recién removida fue para todos una imagen de la peor barbarie. Escarbaron un poco y dieron con un codo a medio sepultar. No había duda de que se trataba de una fosa con restos humanos.
De inmediato buscaron la forma de dar aviso a las autoridades y de notificarle a don José, en Tame. Dos campesinos recorrieron varios kilómetros de colinas hasta encontrarse con una patrulla del Ejército. Preguntaron por el jefe de la unidad y les informaron que desde el jueves tres niños habían desparecido y que posiblemente estaban en una fosa que acababan de hallar. El militar, sin perder ni por un segundo la compostura, les dijo que él no podía hacer nada porque no tenía funciones de Policía Judicial. Simplemente se limitó a tomar los datos completos de los campesinos. Estos hicieron lo mismo: se trataba del subteniente Raúl Muñoz.
Varios militares que escucharon a los dos campesinos hablando con el subteniente empezaron a sospechar de este al recordar algo extraño que ocurrió en el campamento el mismo jueves, cuando los niños desaparecieron.
Los testimonios de esos uniformados de distintos grados, que están en poder de la Fiscalía, dejan pocas dudas sobre lo que ocurrió. Uno de ellos afirmó: "Ese jueves, desde mi cambuche, vi salir al teniente Muñoz con un fusil y un machete como a las 12 del día. Se fue solo, pero no salió por el lado del centinela sino por el lado de mi cambuche, que era el último del campamento. Luego, recibí turno de guardia y a las 3:30 p.m. lo vi entrar: llegó con el machete y el fusil, venía todo lavado del cuello para abajo, como cuando uno se mete a una piscina".
La Cruz Roja Colombiana exhumó a los tres niños el sábado 16 entrada la noche. Aunque se trata de una zona de conflicto no se sabía de una escena tan bárbara: tres niños estrangulados y enterrados en dos fosas de 60 centímetros de profundidad. Los cadáveres fueron transportados en la madrugada hasta Medicina Legal de Arauca en donde se les practicó la necropsia y se tomaron distintas muestras. Allí se verificó que se trataba de Yenny Torres Jaimes, de 14 años, y sus hermanos Jimmy y Jeferson, de 9 y 6, respectivamente. Las necropsias indican que la niña fue violada y asesinada. Murió por un "shock hiperbólico" producido por una serie de lesiones contundentes en el cuello y el tórax perpetradas con arma cortopunzante. Los niños sufrieron traumas "de un arma cortocuntundente (sic) en cráneo, tórax y abdomen", según señalan las necropsias hechas por Medicina Legal de Arauca.
La población de Arauca, indignada por semejante crimen tan atroz, acompañó masivamente el funeral de los tres niños. El padre de los pequeños y sus vecinos señalaban como responsables a los militares que patrullaron sus veredas cuando ocurrió la tragedia. A medida que la indignación nacional crecía como espuma, las investigaciones del Ejército y de la Fiscalía hacían todo lo posible por aclarar lo ocurrido. Los altos mandos ordenaron desde el primer momento el retiro y la concentración de los militares que patrullaban la zona. Sacaron 60 uniformados y los aislaron, para dejarlos a completa disposición de la Fiscalía en la guarnición de Arauca.
El 19 de octubre, la Brigada XVIII entregó a la Fiscalía un informe, resultado de indagaciones internas, que detalla las inconsistencias en que había incurrido el subteniente Muñoz Linares y le pidió al ente investigador que recaudara como material probatorio "los machetes y equipos de campaña" de los militares aislados.
La Fiscalía entrevistó a los uniformados e incautó los equipos de varios de ellos para analizarlos. Una prueba química preliminar arrojó que siete presentaban rastros de sangre. Uno de estos correspondía al de Muñoz.
A medida que el círculo se cerraba, las indagaciones se concentraban en un grupo menor de militares sospechosos y, al cabo de unos días, prácticamente todos los indicios apuntaban directamente al subteniente. Varios soldados de la compañía Buitre narraron a los investigadores las extrañas ausencias del subteniente Muñoz. Un perito de Medicina Legal le practicó a este un examen integral el 21 de octubre y encontró que tenía en los brazos y antebrazos un conjunto de arañazos recientes, "compatible con hojas de maleza, espinas, u otro objeto delgado de consistencia dura". Ningún militar comentó acerca de una pelea o alguna situación que pudiera explicar las raspaduras en los brazos de Muñoz.
Luego de haber admitido ante sus superiores las relaciones sexuales con menores, el subteniente Ruiz fue trasladado a la Fiscalía especializada de Arauca para rendir indagatoria. Allí hizo un extenso relato sobre sus actuaciones entre el 10 y el 14 de octubre, cuando el pelotón bajo su mando rondaba la vivienda de los tres niños asesinados. Dijo que efectivamente había conocido a la pequeña Yenny y que había tenido dos encuentros fugaces con ella antes de sostener supuestamente una relación sexual consentida. "Éramos novios", dijo. Nadie le creyó.
Contó que el 14 de octubre llegó a la casa de la menor a la 1:30 de la tarde y que ella lo saludó cuando lo vio en la platanera. Allí se sentaron y empezaron a besarse. Narró así el encuentro sexual que tuvo con la menor ese día: "Le pregunté si ella había tenido relaciones y manifestó que no. Pasó una lloviznita ligera y escampamos los dos en el poncho. Le dije que quería estar con ella y dijo que le daba miedo. Le dije que siempre hay una primera vez (…) en eso trascurrieron como unos cuarenta minutos". Finalmente dijo que se despidió de la niña hacia las 4:00 de la tarde y que luego se enteró de que había sido asesinada.
Dentro de las indagaciones hechas por la Fiscalía a los militares hay varios testimonios que desdicen la versión del subteniente y su supuesto noviazgo. "El terreno no se presta para eso, por el enemigo", afirmó un soldado que explicó que por tratarse de una zona con presencia guerrillera histórica las precauciones son extremas. Ningún militar intenta entablar relaciones con los moradores, por seguridad.
Es obvio que Muñoz contó que había tenido relaciones con la menor porque sabía que negarlo era imposible: las pruebas de Medicina Legal en el cuerpo de la menor, lo delatarían sin remedio. Efectivamente el informe que coteja su ADN con las muestras de semen hallados en el cuerpo de la niña indican que es "554 trillones de veces más probable" que los espermatozoides provengan del teniente que de cualquiera de los otros uniformados a los que se les tomó muestra.
Con este informe anexo a la investigación, la Fiscalía decidió librar orden de captura el miércoles pasado y acusar al uniformado de la violación de dos niñas y del crimen de tres menores. En la audiencia pública, Muñoz insistió que no violó ni mató a los niños. Pero todos los hechos lo desmienten. Hasta ahora, todos los testimonios, los exámenes de Medicina Legal y las pruebas circunstanciales apuntan a que él fue el asesino.
Frente a este lamentable episodio, las Fuerzas Armadas han actuado de manera ejemplarizante. Pusieron la cara, asumieron la gravedad de los hechos, no descartaron a priori que un militar pudiera estar involucrado, abanderaron la investigación, dieron sendas ruedas de prensa para informar a la opinión y una vez se dieron cuenta de que todo apuntaba a que había sido un desadaptado del Ejército, le pidieron perdón al padre de los niños por el infortunio de haber acogido dentro de la institución a un criminal capaz de hacer semejante daño. Pero el desconsolado campesino ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable.
Para la institución militar este amargo episodio deja dos lecciones: que si se abren las puertas a la justicia y se aclaran los hechos, las responsabilidades individuales afloran y no tienen que cargar con la culpa de estos actos todos los militares, con lo que eso significa para su dignidad y legitimidad. Y la segunda lección es que una institución que ha crecido tanto en los últimos años requiere refinar los métodos de selección de sus miembros, pues no solo son una autoridad sino que viven con la fuente de poder que les brinda el uniforme que llevan y las armas que portan.
Episodios como el de Arauca, que han estremecido a toda Colombia durante varios días, no solo son irreparables para la familia, sino que deben ser irrepetibles para la sociedad. Y de eso debe encargarse el alto mando. Lamentablemente, a pesar de la reacción digna de la cúpula militar, nadie podrá devolverle los tres hijitos a don José.
8 de noviembre de 2010
7 de noviembre de 2010
©semana
rss

desertor condenado a 31 años


Condenan a guerrillero que mató y cercenó mano de su comandante. Alias Rojas fue condenado a 31 años de cárcel por los delitos de secuestro y rebelión por el plagio de un finquero, hace nueve años.
Colombia. Un juez condenó a 31 años de prisión por secuestro y rebelión al guerrillero Pedro Pablo Montoya, quien en marzo de 2008 se presentó en un batallón del Ejército con una mano que le cercenó a su comandante en las filas de las Farc y al que asesinó mientras dormía.
 Montoya, alias ‘Rojas’, fue condenado a 31 años de cárcel por el Juez Penal del Circuito de Manizales, por los delitos de secuestro y rebelión por el plagio de un finquero hace nueve años, informó RCN Radio.
El 15 de diciembre de 2001, alias ‘Rojas’ ordenó el secuestro del finquero de Pácora, en el departamento de Caldas, José Daniel Serna Suaza, quien fue liberado dos años después de cancelar una millonaria suma de dinero, de acuerdo con la versión radial.
El guerrillero, actualmente preso en una cárcel de Bogotá, también deberá pagar a su víctima alrededor de 170.000 dólares por perjuicios.
Montoya se entregó al Ejército luego de asesinar a alias ‘Iván Ríos’, el jefe del bloque guerrillero José María Córdova, de quien era responsable de seguridad.
‘Ríos’ era uno de los siete miembros del Secretariado de las FARC y tenía como área de operaciones varias regiones del noroeste del país.
Después de asesinarlo junto a su compañera sentimental, Montoya cortó la mano derecha del jefe insurgente y se apoderó de su computador portátil.
El gobierno colombiano ofreció pagarle a ‘Rojas’ más de 1,5 millones de dólares, suma que se corresponde con una parte de la recompensa que por ese entonces ofrecía por informes que permitieran detener o dar muerte a líderes guerrilleros.
6 de noviembre de 2010
©semana
rss


paras paralizarán colaboración


Paramilitares paralizan colaboración con la justicia colombiana. Varios ex jefes paramilitares aseguraron que no colaborarán más con la justicia colombiana mientras el gobierno no resuelva varias inquietudes sobre sus procesos, entre ellas la lentitud.
Colombia.  La decisión de Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘el Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso) de no colaborar con la justicia ordinaria y con Justicia y Paz, ha sido seguida por otros desmovilizados en varias regiones del país y tiene en vilo varios procesos judiciales en los que venían colaborando.
En una carta del 14 de octubre de 2010, los ex jefes paramilitares Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘El Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso), indican en siete puntos "los tropiezos" de la Ley. Entre ellos, que hay un limbo jurídico para quienes se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, que el proceso judicial es lento y que por eso "la pena alternativa (de 5 a 8 años de prisión) es una expectativa cada vez más improbable". Además rechazaron las condiciones de "reclusión, hacinamiento y seguridad de una gran mayoría de desmovilizados presos".
Desde que la carta fue emitida los cronogramas de Justicia y Paz se han ido alterando. Según Hernando Aníbal García, procurador nacional delegado para la Justicia y Paz, algunos ex paramilitares recluidos en las cárceles de Palmira, Ibagué, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta se han negado varias veces a participar de las diligencias judiciales.
El pasado 8 de octubre alias ’el Alemán’ había anunciado su decisión de no colaborar más con la justicia colombiana señalando entre sus razones que no había claridad jurídica, las condiciones carcelarias, las restricciones al trabajo de recopilación de hechos perpetrados durante las operaciones contrainsurgentes y las amenazas e intimidaciones lo llevaron a anunciar que él y los hombres no volverán a las versiones libres ante Justicia y Paz ni ante la justicia ordinaria.
"Hoy es a la última versión que estos hombres y yo venimos", le dijo alias ‘el Alemán’ al Fiscal Delegado 48 para la Justicia y la Paz durante una diligencia conjunta de versión libre realizada el miércoles 6 de octubre en Medellín, en la que participaron Juan Pablo López Quintero, alias ‘Gabriel’; Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Mazo’; Bernardo Díaz Alegre, alias ‘el Burro’; Libardo Alonso Calle Calle, alias ‘Cumbamba’; Javier Morales Estrada; Diego Vélez Trujillo, alias ‘el Tío’; y Javier Ocaris Correa Alzate, alias ‘Fredy’, quienes respaldaron la decisión de Rendón Herrera.
"Llevamos cuatro años y hemos hecho un trabajo durante este tiempo que muestra avances, pero hoy nos toca decir que hay que hacer un alto en el camino porque el Estado colombiano no nos está posibilitando nada e incumple todo lo acordado", afirmó alias ‘el Alemán’, quien anunció, además, que otros miembros de bloques paramilitares tomarán en próximos días la misma decisión.
Uno de los motivos de esta decisión fue la restricción impuesta al parecer por el Gobierno Nacional a determinadas visitas y encuentros con personas que les están ayudando a recopilar información de los doce años del Bloque Élmer Cárdenas en una vasta región del Urabá, tanto antioqueño como chocoano, así como en Cundinamarca.
El viceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo, después de que el Ministerio del Interior y de Justicia fuera informado que varios ex paramilitares se han negado a participar de las versiones libres de Justicia y Paz, y a declarar en juicios contra políticos dijo que el Gobierno les responderá a los paramilitares inconformes. "Ya nos reunimos y tomamos la decisión de darle respuesta a sus inconformidades", dijo Robledo.
Mientras que Miguel Samper, director de Justicia Transicional, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, indicó que crearon una mesa de concertación técnica, que buscará salidas jurídicas a las inquietudes planteadas por los ex paramilitares. "Estamos trabajando con la Alta Consejería para la Reinserción para darles una respuesta lo más pronto posible", dijo.
Por esta razón, su despacho radicó el pasado 4 de noviembre de 2010 un informe ante la Procuraduría General. "Si bien consideramos que se les debe escuchar y atender este tipo de debates, rechazamos que los postulados generen una especie de chantaje con el Gobierno porque su responsabilidad es con las víctimas, la sociedad y el Estado. Es una medida extrema que paralicen el proceso de Justicia y Paz", indicó el Procurador.
Verdad Abierta.com consultó sobre la situación al jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, pero el funcionario afirmó que no podía pronunciarse hasta tanto no conocer la postura del fiscal General, Guillermo Mendoza Diago.

La Exclusión, una Posibilidad
Pese a la cancelación de varias versiones libres, algunos fiscales comentaron que el paro no es general, porque los postulados a la Ley de Justicia y Paz saben que pueden ser excluidos del proceso. Una de las causales para perder el beneficio de la pena alternativa, que es de 5 a 8 años de prisión, es precisamente no colaborar con la justicia en la reconstrucción de la verdad. Ese es el ejemplo de Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ y Luis Arnulfo Tuberquia alias ‘Memín’, que ahora son juzgados por la justicia ordinaria que impone penas de hasta 40 años.
El 15 de septiembre de 2010, por ejemplo, 27 ex integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), a cargo del entonces jefe paramilitar Ramón Isaza, fueron citados a una audiencia en Bogotá para imputarles 555 crímenes. Al segundo día, menos de la mitad asistieron a la diligencia argumentando inconformidad "con los tratos del Inpec". Sin embargo, en la actualidad los postulados de este grupo paramilitar seguirán participando del proceso, según algunos de sus abogados.
"Estuve en La Picota hablando con algunos ex integrantes de las Acmm y sus apoderados, y los desmovilizados de este grupo no están solidarizados con el paro. Según lo que expresaron, ellos no quieren entorpecer el proceso porque ya están citadas las víctimas", dijo Omar Lemus, abogado de Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’. Lo mismo aseguró Mario Díaz, abogado de Oliverio Isaza alias ‘Terror’. "Creo que la situación de las Acmm es diferente. El proceso va a avanzado. La nueva a audiencia de imputación parcial de cargos comenzará en ocho días", comentó Díaz.
Cosa muy distinta sucede con algunos ex jefes paramilitares como alias ‘Julián Bolívar’, del Bloque Central Bolívar, que según información publicada por El Espectador.com, expresaron que no declararán en el juicio contra Luis Alberto Gil Quintero, investigado por parapolítica. "Esto es grave porque puede afectar todo el cronograma de este juicio y de los procesos que se llevan contra políticos", dijo Ramón Ballesteros, abogado del ex senador y fundador del movimiento Convergencia Ciudadana.
Defensores de víctimas como Félix Orlando Vargas rechazaron la postura de los desmovilizados e hicieron un llamado de responsabilidad sobre el proceso de reconstrucción de la verdad. "Desde el punto de vista de las víctimas, los postulados a la Ley de Justicia y Paz no pueden estar exigiéndole nada al Gobierno. Si bien están cobijadas por una Ley, tiene una responsabilidad es con los colombianos", dijo el defensor.

Los Cuestionamientos
Para otros defensores víctimas y organizaciones de derechos humanos la carta elaborada por algunos ex jefes paramilitares es sólo un punto de la inconformidad que hay frente al proceso de Justicia y Paz. Según ellos, las víctimas también han expresado desesperanza frente a la puesta en marcha de la Ley, que ya cumplió 5 años.
"A veces pareciera que este proceso no es penal sino más administrativo. Para los defensores es cada más complicada nuestra situación con las víctimas, porque ellas cada vez son más apáticas al proceso. A la fecha no hay una condena en firme y muchas ni siquiera sienten que han conocido la verdad", comentó Álvaro Ballesteros, abogado de víctimas en los Llanos.
Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), indicó que a su juicio, lo anterior demuestra que "la Ley de Justicia y Paz no sólo fracasó sino que agotó la posibilidad de reivindicar la verdad y de hacer justicia. De los 31.600 paramilitares que se desmovilizaron, 28.000 quedaron por fuera del cualquier proceso y no sabemos qué pasó con ellos. Los otros 2.500 se sometieron a la Ley y varios de ellos están expresando todos estos problemas. Es una vergüenza que el gobierno presente ante la comunidad internacional una Ley, que no ha dado una sola sentencia en firme".
Otro de las preguntas que están por resolver es qué sucederá jurídicamente con los ex paramilitares que dentro de dos años cumple los ocho años de prisión. Algunos abogados aseguran que el tiempo de la pena cuenta desde el momento en que fueron recluidos en una cárcel, mientras otros consideran que ésta cuenta desde el momento en que comienza la etapa de imputación. La Corte Suprema de Justicia será la que tenga la última palabra en este tema.
Según Justicia Transicional, el Gobierno Nacional postuló a 4.205 ex paramilitares a la Ley de Justicia y Paz. A la fecha, sólo 2.800 de ellos están activos en el proceso, 434 de ellos renunciaron a los beneficios de la Ley de forma voluntaria y dos de ellos, alias ‘Ernesto Báez’ y alias ‘Memín’, fueron excluidos por seguir delinquiendo desde los sitios donde estaban presos.
6 de noviembre de 2010
5 de noviembre de 2010
©verdad abierta
rss