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infiltración pinochetista de cs

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Jueces pinochetistas persisten en aplicar prescripción en casos de derechos humanos.

¿Quién debe resolver cómo se han de interpretar los tratados internacionales? Todos entendemos que el estado chileno ratificó los convenios internacionales que prohíben dictar la prescripción penal en crímenes contra los derechos humanos. A partir de ese momento, se subentiende que Chile debe aplicar las normas internacionales. Estos dos jueces pinochetistas se niegan a ello y siguen resolviendo sobre la base de criterios perimidos, que convienen a sus protegidos. El presidente podría purgar el poder judicial de estos jueces prevaricadores, si tuviese voluntad y coraje. En la CS son el principal obstáculo para la justicia. Es impresentable que Chile todavía no retire de este poder del estado a los pinochetistas infiltrados. Es como si Alemania hubiese permitido que los nazis se perpetuasen de manera encubierta en el poder y juzgasen ellos a sus compañeros de las SS. Segura y Ballesteros deben ser juzgados por prevaricación y expulsados del poder judicial.
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los muertos no hablan

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Dice el juez que no está probado que los militantes patriotas fueron asesinados.

Este es un fallo aberrante e inaceptable. Que el juez no pueda concluir que los dos militantes fueron asesinados probablemente lo demostrarían los informes forenses. En lenguaje sencillo esto se llama prevaricación, pues es una resolución de manifiesta injusticia. Lo que puede ser más monstruoso todavía es que estos asesinatos fueron cometidos dos años antes del ajusticiamiento de Jaime Guzmán, y parecería probable que hayan sido tomados en cuenta por sus autores a la hora de decidir la ejecución del político de extrema derecha, por considerársele responsable ideológico de esos crímenes. Con estos fallos no puede el presidente demostrar ante el mundo que aquí impera un estado de derecho. Lo que demuestran es que el poder judicial se encuentra infiltrado por pinochetistas y que no podemos esperar de él verdadera justicia. En lugar de poner fin a esta causa, este fallo la vuelve a abrir con un nuevo actor más.
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justificadas dudas sobre poder judicial

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Juez cierra juicio por asesinato de militantes de izquierda, sin responsables.

Estos fallos aberrantes son los que, aquí y al otro lado de la frontera, justifican la desconfianza en el poder judicial chileno. Mientras el gobierno busca furibundo la extradición de un ciudadano acusado de ser el autor intelectual del asesinato del ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, el poder judicial absuelve a los autores del asesinato de dos militantes de la resistencia, ocurrido dos años antes y que está probablemente en el origen de la conspiración para asesinar al senador. La obscenidad ideológica de esta situación es evidente. Por otro lado, la CS condenó a los encubridores del homicidio en Colonia Dignidad a un año y medio de prisión remitida, pero con el voto en contra de los jueces Segura y Ballesteros, que preferían aplicar la prescripción penal, pese a los tratados que los jueces borran tan frecuentemente con el codo. Nuestro poder judicial no ha sido purgado. Lo demuestra este fallo.
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asesinato de schneider sigue impune

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El Ejército de Chile rinde homenaje a general Schneider, asesinado en 1970 por un comando de extrema derecha financiado por la embajada norteamericana.

Una versión más completa del asesinato del general Schneider diría que un comando terrorista formado por civiles y oficiales de extrema derecha (Patria y Libertad) atentó contra el general en concierto con la embajada estadounidense en Santiago y que recibieron 50 mil dólares por el encargo. El asesinato sería atribuido a la extrema izquierda para crear un clima de inseguridad que impidiese que el candidato Allende, la primera mayoría, fuera ratificado por el Congreso y se creasen las condiciones para una intervención militar. El asesinato es la prueba más contundente de que desde antes de la ratificación de Allende, la derecha había empezado a conspirar para crear las condiciones para un término violento del gobierno socialista y no dudaba en servir los intereses de un país extranjero. Es un crimen que debería investigarse, pues sigue impune.
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democracia, una promesa inconclusa

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Editorial de La Nación subraya que principal problema político es el sistema electoral binominal.

En AL, Chile es uno de los dos países que no es una democracia representativa en el sentido en que define la OEA el sistema político de sus miembros. El otro es Cuba. En ambos, el voto del ciudadano ha sido reducido a la mitad, pues los ciudadanos sólo eligen propiamente, si acaso se lo puede describir así, a la mitad de sus representantes; la otra mitad la designa, en el caso cubano, los diputados de la asamblea nacional; en Chile, las cúpulas de los partidos. La mitad de los representantes políticos son, pues, designados. Curiosamente, y a diferencia de Cuba, el sistema electoral chileno se inspiró en una estratagema de la dictadura comunista polaca, que inventó el binominal. La ausencia de legitimidad del sistema es patente y explica tanto el desprestigio de la clase política como la falta de interés ciudadano por participar en un sistema torcido. La recuperación de la democracia sigue siendo una promesa inconclusa.
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asesinos de schneider siguen impunes

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El 22 de octubre un grupo de extrema derecha compuesto por civiles y militares asesinó al general Schneider. Todavía no son juzgados. Entre los criminales se encuentra el que fue abogado del dictador Pinochet, Rodríguez Grez. Cuentas pendientes con Estados Unidos.

Este es ciertamente uno de los aspectos más desdeñados de la reciente historia política de Chile. Está probado más allá de toda duda que el general Schneider fue víctima de una conspiración dirigida y financiada por la embajada estadounidense en Santiago, con el objetivo de impedir la ratificación del presidente Allende. La ejecución de Schneider quedó en manos del grupo fascista Patria y Libertad, que recibió la suma de 50 mil dólares por el asesinato. Los autores, todavía vivos, nunca fueron juzgados, ni por delitos terroristas ni por traición a la patria y pese a que es un delito que no prescribe. De hecho, pese a haber actuado por órdenes de una potencia extranjera, ningún militar pinochetista ha sido juzgado por traición a la patria, que es el único delito por el que pueden ser condenados a muerte. Fue el primer acto terrorista contra el gobierno socialista, el 22 de octubre de 1970, antes de la asunción de Allende.
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calles con nombres de criminales

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La cápsula del rescate ya se encuentra en Plaza de la Constitución en Santiago.

Una celebración más trascendente del rescate de los mineros sería rebautizar los espacios e instituciones públicas (calles, plazas, escuelas, regimientos) que llevan nombres de políticos y militares que han pasado a nuestra historia como criminales innobles y sanguinarios. Ciertamente, en primerísimo lugar debiésemos rebautizar esos espacios que lleven los nombres de personas como el general Roberto Silva Renard, el ministro Rafael Sotomayor o el presidente Pedro Montt, que son algunos de los responsables e implicados en la Matanza de Santa María de Iquique, una de las masacres de mineros más horripilantes de que tengamos memoria. Como en Argentina, debiésemos prohibir que funcionarios responsables de estos crímenes, y funcionarios de facto, presten sus nombres a nuestras instituciones. No son héroes, sino criminales, y deben desaparecer de nuestros espacios públicos.
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denuncia que uribe la quería muerta

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Ex detective del DAS denuncia que funcionarios de Uribe la buscaban para matarla e impedir que confesara.

La revista colombiana Semana publicó este 15 de octubre una entrevista con Marta Leal, ex subdirectora de operaciones del DAS, el servicio secreto colombiano, en la que esta confiesa que la campaña de interceptaciones ilegales de jueces de la Corte Suprema, políticos de oposición y periodistas fue ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe. Otros ex funcionarios del gobierno de Uribe han denunciado la participación directa del presidente en el espionaje, cuyo fin último era reunir informaciones sobre la posición de los funcionarios espiados sobre el proyecto de reforma constitucional de Uribe para posibilitar su segunda o tercera reelección. En última instancia, la idea central extorsionar o comprar a los jueces y políticos renuentes, y hacer callar a los opositores.
Al periodista Coronell lo mandó a espiar para saber qué fuentes consultaba porque el presidente "estaba muy molesto por los artículos que éste venía publicando en la revista Semana".
Un episodio espeluznante deja ver el tipo de persona que es el ex presidente. Funcionarios de Casa de Nariño se acercaron a un paramilitar encarcelado (alias Tasmania) con el fin de que este declarara que un juez de la CS conspiraba contra la familia Uribe, montaje que fue denunciado por la Fiscalía.
Pero Uribe no se queda ahí y existen serias presunciones de que es él quien ordenó los asesinatos de periodistas y activistas cometidos por el jefe del DAS, Jorge Noguera, que se encuentra hoy en prisión.
En otra entrevista sobre el caso con una ex detective del DAS implicada en el caso, Alba Luz Flórez cuenta que temía que funcionarios del DAS la mataran para impedir que confesara en tribunales. Llegó a vivir en la calle disfrazada de indigente para eludir a los asesinos a sueldo del ex presidente.
Este es el político que el presidente Piñera dice que admira.